Empresas vinculadas a la familia Menem y al “Turco” Hazaff facturan más de $4.300 millones en contratos públicos sin experiencia previa ni competencia clara

Negocios millonarios y favores cruzados: el clan Menem-Hazaff se potencia con el aval de Milei. Con el sello de Javier Milei, compañías emergentes vinculadas a Martín Menem y un empresario enigmático ganan licitaciones millonarias en seguridad y limpieza. Una trama que deja en evidencia una política pública opaca y una cercanía dentro del nuevo poder que merece preguntas incómodas.

Por Sofía Arregui para EnOrsai

Desde diciembre de 2023, dos firmas poco conocidas en el mundo de los negocios estatales —Global Protection Service (GPS) Group y La Bizantina S.G. S.A.— empezaron a copar los contratos públicos. En total, acumulan más de 4.324 millones de pesos en servicios de vigilancia y limpieza. ¿Lo curioso? Ambas emanan de un mismo entramado familiar: por un lado, los hermanos Menem, con Martín como figura pública en la Cámara de Diputados; por el otro, los Hazaff, con “El Turco” Nicolás en el centro de la operación secreta.

Este posicionamiento empresarial impresionante coincide con la llegada del Gobierno de Javier Milei. Antes del 10 de diciembre de 2023, ninguna de estas empresas figuraba como proveedor del Estado. Ahora, GPS recibe contratos enormes y recurrentes; La Bizantina hace lo propio con obra gruesa en limpieza. Resultado: un claro beneficiario de las políticas libertarias del nuevo Ejecutivo.

GPS Group surge como un derivado de Tech Security, firma privada de seguridad fundada por Martín Menem y sus hermanos hace más de dos décadas. Al asumir como presidente de Diputados, Menem cedió formalmente su participación, pero la placa del negocio siguió brillando. Los contratos que antes llevaba Tech Security, poco a poco aterrizaron sobre GPS, que en la zaga del cambio de Gobierno se inclinó en cascada sobre la nueva firma.

• Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): 1.140 millones de pesos, más una ampliación por 290 millones.
• ENARGAS (antes Tech Security): 289,7 millones en octubre de 2024.
• Teatro Nacional Cervantes: 152,4 millones en diciembre 2023 y, tras prórroga en 2024, creció hasta 448,6 millones.
• INCUCAI: un contrato inicial de 137 millones y otro adicional de 442 millones.

A todo esto se suma un contrato menor con la ANAC (17,9 millones) y, sobre todo, la participación en seguridad aeroportuaria con Aerolíneas Argentinas, que rondaría los mil millones anuales. Con la reciente desregulación de cargas aeroportuarias, GPS Group (a través de globalhandling.com) ya se prepara para monopolizar otro nicho con riesgo de exclusividad.

El llamado «Turco» Hazaff, casi invisible en redes, pero con ascendencia bien clara en el mundo empresario, habría sido el puente clave. Fuentes señalan que mantiene relación directa con Fernando Menem, hermano menor de Martín —posiblemente el nexo para la cesión de contratos sin licitaciones claras.

Como GPS, La Bizantina debutó con el arribo de Milei, y lo hizo en grande. La firma, presidida por Claudio Oberst —cuñado de Hazaff—, ya acumuló casi 1.367 millones de pesos en contratos de limpieza:

1. Cámara de Diputados: 694,7 millones para la limpeza total del Palacio Legislativo, adjudicado en septiembre 2024, bajo la conducción de Menem.
2. Ministerio de Seguridad (Bullrich): 553 millones en diciembre 2024.
3. ANAC: 120 millones desde enero 2025, para mantenimiento en aeropuertos y aeródromos.

Nadie impulsó los bolsillos de La Bizantina tanto como los propios miembros del clan que ahora ostentan influencia directa en las estructuras de poder. Una estrategia donde la familia Hazaff – Menem aparece como co-distribuidora de negocios sin antecedentes ni competencia real.

Aquí toma fuerza una pregunta sensible para cualquier demócrata: ¿es mérito o es amiguismo? El Gobierno libertario proclamó una revolución del sector público basada en eficiencia, reducción del Estado y transparencia. Pero lo que se observa en este caso es diametralmente opuesto: creación de oligopolios privados con acceso privilegiado, contratos millonarios sin historial previo, y una cascada de beneficios atribuibles directamente a la posición política de sus titulares —Menem y Bullrich—.

Un entramado que echa por tierra el discurso oficial, permeado por el «desregulación» y la «competencia libre». Aquí se impone una reinterpretación del poder: no es libre mercado, es mercado libre solo para unos pocos.

Martín Menem intenta disfrazar su exitismo con actos simbólicos: sortea su salario como una operación de marketing bien orquestada, copiada de Milei, quien ya lo realizó públicamente. Sin embargo, la performance artístico-politica no encubre el contraste brutal entre su salario legislativo y los ingresos por contratos estatales: en montos que multiplican por varias veces esa cifra, sin dejar rastro de garantías, transparencia ni competencia pública.

Por su parte, Milei tiene ante sí un desafío: o sigue permitiendo este tipo de estructuras con olor a corrupción (porque fuentes directas vinculan a funcionarios y familiares) o se hace valer su discurso de revolución libertaria. Hasta el momento, el silencio y la continuidad de contratos les permiten a ambos seguir recaudando –y limpiando como les viene en gana.

Es necesario marcar que ninguna ley prohíbe que familiares de legisladores participen de licitaciones públicas. Tampoco el traspaso de acciones de empresas para preservar formalmente la “incompatibilidad”. Pero para quien observe desde afuera, el cuadro luce empañado por una larga urdimbre de confianza interna, conexiones familiares e influencia política cruzada: una transacción en donde los ciudadanos pagan la factura.

Observar cómo contratos por seguridad y limpieza —servicios esenciales— quedan en manos de actores con vínculos directos al poder y una historia económica menor en el sector, debería activar alarmas sobre la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control estatal. Especialmente cuando los beneficiarios pertenecen a círculos cercanos a quienes dicen querer reducir el Estado.

El relato mediático del Gobierno de Milei se deshace cuando se revelan conexiones como esta. No es la austeridad, no es la eficiencia, no es la transparencia: es una redistribución de recursos públicos hacia bolsillos afines. Una suerte de privatización encubierta, donde los favorecidos no son “emprendedores virtuosos”, sino familias que han sabido amoldarse al viento político.

El verdadero negocio no está en la desregulación de las cargas aeroportuarias, ni en el rubro de la seguridad o la limpieza. Está en construir un sistema paralelo, donde el Estado permanece disponible para quienes comparten -o abonan- afinidades ideológicas. Y eso no es casualidad, es estrategia.