El segundo de Guillermo Francos fue ascendido a ministro del Interior

 

Del 3 al 5 de octubre, la Chacra Municipal de Centenario acogerá el Biofestival Patagonia 2025, un evento que invita a la comunidad a ser parte de un movimiento hacia un futuro más sustentable. “Es una celebración donde nos encontramos productores agroecológicos, empresas de energías renovables, música y talleres, todo enfocado en el cuidado del medio ambiente”, explica Ezequiel Muguillo, organizador del festival, en una entrevista con AM Cumbre 1400.

Tras ediciones exitosas en El Bolsón (2023) y General Roca (2024), esta tercera entrega promete ser un espacio de conexión y acción colectiva. El Biofestival no se encasilla en una sola categoría. “No es solo un festival de música o una expo de energías renovables; es un todo”, aseguró Muguillo.

Los asistentes encontrarán charlas sobre alimentación saludable, permacultura y cannabis medicinal, talleres de biocosmética, espacios para infancias y un patio gastronómico con opciones saludables. Además, se exhibirán tecnologías sostenibles como paneles solares y biodigestores, destacando soluciones prácticas para el cuidado del planeta. La escenografía, elaborada con materiales reciclados, refleja el compromiso con la sostenibilidad.

El festival pone el foco en la comunidad regional. “Buscamos artistas y productores locales para reducir la huella de carbono y darles un espacio para brillar”, declaró Muguillo. Entre los confirmados está el grupo Pachamama, cuya trayectoria de 46 años resuena con los valores del evento.

La entrada será libre y gratuita, con una contribución voluntaria mediante sorteos para financiar costos, asegurando que el acceso sea inclusivo. “Esto es una construcción colectiva; el impacto es mayor si somos muchos”, destaca el organizador.

Educación y conciencia ambiental

Este festival tendrá talleres de reciclaje, construcción natural y agroecología, junto con actividades como yoga y baños de gong para el bienestar. “Queremos que la gente venga, aprenda y se divierta en un ámbito familiar”, señala Muguillo. Además, la colaboración con la consultora Huella de Carbono permitirá medir el impacto ambiental del evento, reforzando su enfoque en la sostenibilidad y la innovación.

Las inscripciones para emprendedores están abiertas a través de @biofestival
.patagonia en Instagram. “Priorizamos productores locales, artesanos y proyectos alineados con la sustentabilidad, como recicladores o agroecólogos”, explica Muguillo. Con un espacio de 7 mil metros cuadrados, el festival organiza cuidadosamente los puestos para que cada participante destaque. “No queremos que nadie se quede afuera por cuestiones económicas; todos deben poder mostrar sus propuestas”, agrega.

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Desde las 5 de este sábado, el barrio Costa Sur de la ciudad de Cipolletti se encuentra convulsionado, tras el hallazgo de un adolescente de 17 muerto con un fuerte golpe en la cabeza. A esa hora, los vecinos alertaron a la Comisaría Cuarta y al sistema de emergencia rionegrino SIARME sobre el joven desangrado en plena calle, frente al Centro Comunitario de ese barrio.

 A partir de allí se inició la investigación sobre qué pudo haber pasado, en medio de un gran hermetismo por parte del vecindario que no aportó datos sobre ruidos extraños, indicios de peleas o disparos de arma de fuego.

Tras la primera intervención de los médicos del sistema de emergencia se descartaron heridas de bala en el cuerpo del joven mientras que sí se alertó sobre un fuerte golpe en la cabeza que podría ser la causal de muerte.

Una fuente cercana a la investigación policial señaló a Alerta Digital que se trataría del joven Bruno Antical, conocido en el barrio cipoleño por algunas actividades ilícitas, entre los que se mencionaron varios robos.

Trascendió que habría sido sorprendido robando en una vivienda de las inmediaciones y al ser descubierto habría huido por la calle hasta ser alcanzado y ultimado con un fuerte piedrazo en la cabeza.

La operación de autopsia se realizará en la morgue judicial de General Roca en las próximas horas y allí se develará la causa de muerte, mientras que se avanza en la investigación sobre la hipótesis mencionada de un ataque por parte de vecinos.

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La situación judicial del ex diputado neuquino Edgardo Della Gáspera se complicó en las últimas horas en Chile. La Corte de Apelaciones de Temuco dictó prisión preventiva en su contra luego de que fuera sorprendido con 50 balas calibre .22 sin declarar en el paso fronterizo Pino Hachado, lo que derivó en una imputación por contrabando aduanero e internación ilegal de municiones.

El hallazgo en el paso internacional

El hecho ocurrió el viernes 29 de agosto por la mañana, cuando Della Gáspera viajaba en una camioneta Toyota Hilux. En el control aduanero, aseguró no llevar objetos prohibidos e incluso presentó una declaración jurada sin observaciones. Sin embargo, la inspección del vehículo reveló una caja con proyectiles en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor.

Las municiones eran de marca Orbea, calibre .22 largo, destinadas a rifles. El ex legislador reconoció de inmediato que le pertenecían y aceptó su responsabilidad, aunque igualmente fue denunciado conforme a la Ley de Armas y Explosivos de Chile y al Ordenamiento Aduanero.

En un primer momento, Della Gáspera había quedado bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, lo que le impedía abandonar el país. Pero el Ministerio Público chileno solicitó la prisión preventiva argumentando la gravedad del caso, y el tribunal de Temuco hizo lugar al pedido el lunes 1 de septiembre.

Desde ese día, el ex diputado permanece en reclusión efectiva mientras avanza la investigación judicial, que busca determinar las circunstancias del ingreso ilegal de las municiones.

Trayectoria política y vida personal

Edgardo Della Gáspera, con domicilio en Loncopué, fue legislador provincial en dos períodos: entre 2012 y 2015, y luego en 2016 en reemplazo del fallecido Luis Sapag. Siempre estuvo vinculado al Movimiento Popular Neuquino (MPN), particularmente a la línea azul que lideraron Jorge y Omar Gutiérrez.

Más allá de la política, su nombre alcanzó notoriedad en 2017 cuando se viralizó un video que mostraba su vínculo con un cóndor andino al que había rescatado de pequeño. La imagen del ave regresando a su estancia cada vez que lo llamaba lo convirtió en noticia nacional y reforzó su perfil público.

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Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.

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El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

 

 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.

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La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

Leer el proyecto completo

 

 

El presidente estadounidense Donald Trump envió este lunes a Los Ángeles a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional y movilizó a 700 marines para enfrentar “una rebelión” contra Estados Unidos, encabezada por manifestantes de “la izquierda radical” y “agitadores pagados” , sumando ya más de cinco mil efectivos militares que están desplegados en la ciudad, lo que intensifica las tensiones con los defensores de los derechos civiles que protestan contras las redadas migratorias. Lo que Trump califica como “izquierda radical” son manifestantes que protestan por las redadas y detenciones de migrantes. La semana comenzó con tropas militares en las calles de Los Ángeles y la llegada de decenas de tanques y otros vehículos militares a Washington, así como con amenazas de represión violenta. En realidad, fue  otro día normal bajo el nuevo régimen estadounidense. Por Mirko C. Trudeau* (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico-CLAE).

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Es la primera vez desde 1965 en la que un mandatario estadounidense ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, que sólo había ocurrido bajo órdenes de los gobernadores (la Guardia Nacional es una fuerza “híbrida” de mando compartido entre gobernadores y jefe del Ejecutivo federal). El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines, fuerza militar de élite empleada en intervenciones armadas, estaban en alta alerta para sumarse al operativo en aras de defender a la autoridad migratoria “de su propio pueblo si es necesario”.

This is the current situation in Los Angeles, United States. US seems to be preparing to deploy Marines after the National Guard was deployed and yet failed to control the violence and rioting. Situation is going out of hand. US is the new Third world. pic.twitter.com/iyZjr8BeOV

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 9, 2025

Poco después, Trump afirmó: “vamos a tener tropas en todas partes”. mientras miraba por televisión cómo se le incendiaba la casa. El asesor presidencial Stephen Miller, proclamó que la meta de aquí en adelante es la detención de por lo menos tres mil indocumentados al día. El condado de Los Ángeles, el más poblado del país, cuenta con diez millones de habitantes, de los que unos 915.100 no tienen estatus legal, según el Migration Policy Institute.

Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles continúen por al menos 30 días, advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN. “Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE”, detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

La redada migratoria del viernes pasado en al menos siete lugares de trabajo dejó unos 45 detenidos.Los operativos continuaron este lunes y los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para trasladar a los inmigrantes detenidos a diferentes puntos en vehículos sin identificación.

Las grandes ciudades que se han proclamado santuarios para migrantes, todas bajo gobiernos demócratas, son el blanco explícito del gobierno de Trump, y los operativos de alto perfil con agentes armados y sin identificación se realizaron en días recientes, no sólo en Los Ángeles, sino también en Chicago y Nueva York, entre otras.

Muchos han sido arrestados por atreverse a protestar o sólo observar, como David Huerta, presidente estatal del sindicato de trabajadores de servicios (SEIU) en Los Ángeles, quien fue herido y sigue detenido –él emitió una declaración afirmando que lo que estaba ocurriendo ahora se trata de “cómo nosotros como comunidad nos unimos y resistimos la injusticia”.

Soviet flag seen in Los Angeles protests. pic.twitter.com/2TPewPHvwG

— Clash Report (@clashreport) June 9, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, ya había advertido que Trump estaba buscando provocar el caos y confrontaciones para enviar las tropas, pero “no es la manera en la que se comporta un país civilizado”. Pero ya en su primer gobierno, Trump sugirió a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, que militares dispararan contra manifestantes no violentos del movimiento de Black Lives Matter en Washington. Por suerte, Esper se negó.

El uso de la Guardia Nacional ahora ya estaba listo. De hecho, el gobierno del republicano ha confirmado que está preparando el despliegue de 20 mil efectivos por todo el país para apoyar al ICE y a otras agencias en los operativos antimigrantes que ahora se están acelerando.

La última vez que un presidente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional fue cuando Lyndon Johnson envió tropas a Alabama para obligar a los gobiernos locales racistas a cumplir con una nueva ley de derechos civiles para los afroestadunidenses.

Mientras, empezaron a llegar a Washington decenas de tanques, vehículos blindados y lanzacohetes, como también aviones caza y helicópteros, entre otros equipos militares que Trump ha ordenado para un desfile militar (inusual en este país), supuestamente para marcar el 250 aniversario del ejército, pero que todos saben es para festejar el cumpleaños del presidente, el 14 de junio, con un costo de entre 25 a 40 millones de dólares. Mientras, todo indica que a Trump se le está incendiando la casa.

* Mirko C. Trudeau es economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2025/06/10/a-trump-se-le-incendia-la-casa-mientras-sigue-la-represion-en-los-angeles/