El INDEC pierde confianza: casi 70% rechaza sus cifras de inflación

El INDEC pierde confianza: casi 70% rechaza sus cifras de inflación

 

Una nueva encuesta nacional revela un alto nivel de desconfianza de la población hacia los datos oficiales de inflación. Según un sondeo de la consultora Zentrix, casi siete de cada diez argentinos consideran que las cifras que informa el INDEC no reflejan adecuadamente la variación real de su costo de vida.

La desconfianza general alcanza al 67,4% de los encuestados, frente a un 29,9% que sí confía en las mediciones del organismo estadístico. Esta percepción está fuertemente atravesada por la identidad política.

Una brecha marcada por la política

El estudio muestra que la credibilidad de las estadísticas oficiales está fuertemente politizada, funcionando más como un reflejo de la alineación electoral que de una valoración técnica. La diferencia entre los votantes del oficialismo y la oposición es abrumadora.

  • Entre los votantes de Sergio Massa, la desconfianza en el INDEC trepa hasta el 94,4%.
  • En contraste, entre los electores de Javier Milei, la desconfianza se reduce al 43,8%, mientras que un 52,2% respalda los números oficiales.

Esta marcada polarización en la percepción de un dato técnico como la inflación se da en un contexto de malestar económico general. El mismo sondeo revela que el 64% de los argentinos considera que la situación económica del país es negativa, y más del 40% califica su situación personal como mala o muy mala, lo que alimenta el escepticismo sobre las cifras oficiales.

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  • Frenan la apertura de la barrera sanitaria por 30 días: qué pasará después

     

    El debate por la barrera sanitaria en la Patagonia sumó un giro clave luego de que la Justicia Federal de Río Grande ordenara la suspensión inmediata de la resolución que permitía el ingreso de carne con hueso desde el norte del Río Colorado.

    La jueza Mariel Borruto resolvió frenar la Resolución 460/2025 del Senasa al considerar que la medida podía generar un daño irreparable en la economía regional y en la industria ganadera.

    Sin embargo, para que la restitución de la barrera se haga efectiva por 30 días, la Asociación Rural de Tierra del Fuego —que presentó el amparo— deberá abonar un seguro de caución de 5 millones de pesos dentro de un plazo de 48 horas.

    En su fallo, la magistrada remarcó que la apertura del mercado podía afectar no solo la producción local, sino también el estatus internacional de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, un sello que le abrió puertas a mercados de exportación.

    Incluso recordó que Chile suspendió ese reconocimiento y prohibió el ingreso de carne argentina tras la decisión del Senasa, desmintiendo además que ese país y la Unión Europea hubieran dado su “conformidad” a la medida.

    La Asociación Rural había planteado que el levantamiento de la barrera ponía en riesgo a la fauna silvestre y que se había tomado sin consulta pública ni evaluación ambiental. Desde el Senasa, en cambio, defendieron que la resolución buscaba “modernizar el sector” y que no había peligro sanitario porque el virus de la aftosa no circula en el país desde 2006.

    Tras evaluar ambas posiciones, el Tribunal entendió que existía “verosimilitud en el derecho” y justificó la cautelar. La jueza sostuvo que el regreso de la barrera sanitaria protege el interés público y previene daños económicos y sanitarios de difícil reversión. Si la Asociación Rural cumple con el pago del seguro de caución, la suspensión de la medida del Senasa se hará efectiva por un mes.

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  • Clausuraron otro laboratorio por irregularidades en sueros y ampollas

     

    El laboratorio Rivero y Compañía S.A. fue clausurado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tras detectarse graves incumplimientos en la fabricación de envases medicinales, como sueros y ampollas. Según fuentes del organismo, si bien no hubo víctimas ni denuncias, las fallas advertidas en los procesos de producción representaban un riesgo sanitario de magnitud.

    La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, luego de más de un año de inspecciones y auditorías realizadas en la planta ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y en su fábrica de Junín, provincia de Buenos Aires. Los controles revelaron deficiencias en la esterilización, documentación técnica y mantenimiento de equipos, por lo que finalmente se dispuso la inhibición y clausura del establecimiento, tras varios antecedentes de advertencias y conciliaciones incumplidas.

    Fuentes de ANMAT consultadas por TN explicaron que, si bien no hubo que lamentar víctimas, las irregularidades que se advirtieron en el laboratorio podrían haber desencadenado una tragedia sanitaria, como la que ocurrió con el fentanilo contaminado.

    “No hubo muertos ni denuncias, pero pudimos corroborar que la empresa produce de manera errónea productos médicos, como ampollas y envases que deben ser estériles y cerrados”, explicaron las fuentes.

    Advertencia por desvío de calidad

    Según la información oficial, la última notificación fue el 11 de marzo, cuando el laboratorio fue advertido por un desvío de calidad de la “Solución isotónica de cloruro de sodio 0,9 gr/100ml, por 500ml, Certificado N° 39.014, Lote 70313108 Vto: 12/27 y Lote 70413108 Vto: 12/27″, en el que se informó que los sachets presentaban pérdida de solución.

    Por esto, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), sugirió la inhibición y clausura del laboratorio, y la conformación de los sumarios correspondientes.

    Los antecedentes

    La firma Rivero y Compañía S.A. fue fundada en 1932 por Pedro Luis Rivero. Su planta está ubicada en Av. Boyacá N° 411/19, de la Ciudad de Buenos Aires, pero también tiene una fábrica en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.

    Desde el 2019, estaba habilitada como “elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de inyectables de pequeño y gran volumen, con esterilización terminal por calor húmedo, y soluciones no estériles; en todos los casos, sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales”.

    También tenía habilitación como elaboradora de bolsas para recolección de sangre, e importadora y exportadora de especialidades médicas.

    El laboratorio ya contaba con varios antecedentes de incumplimientos, según informó la ANMAT. Durante enero del 2022, se realizó una inspección en la cual surgió que no cumplía las “Buenas Prácticas de Fabricación”, por lo que se emitió una carta de advertencia y se le indicó que no podía continuar con su actividad productiva hasta no resolver las deficiencias.

    “De la evaluación de la respuesta de Laboratorio se advirtió la falta de documentación que demostrara la adquisición de los equipos para el monitoreo continuo de partículas no viables y del equipo muestreador de aire por impacto, entre otras deficiencias”, detallaron desde el organismo.

    Asimismo, en la sala de envasado N°1 para bolsas de sangre, se verificó una dosificadora de operación manual, con los operarios que se ubicaban debajo de grado para realizar el proceso crítico.

    “Observado todo esto, se indicó que la empresa no había dado respuesta a la totalidad de las observaciones críticas y mayores”, añadieron.

    Esto llevó a una conciliación que se llevó a cabo en octubre del 2022, donde se autorizó a la empresa a producir soluciones parenterales de pequeño volumen y de irrigación glicina, intimando a la empresa a presentar el plan de acciones preventivas y correctivas en un plazo máximo de 5 días hábiles.

    Sin embargo, durante los días 6 al 15 de julio de ese mismo año, se hizo una nueva inspección, en la que se verificó que la mayoría de las acciones correctivas y preventivas para las deficiencias críticas y mayores no se encontraron resueltas.

    Comunicado de la ANMAT

    En un comunicado desde la ANMAT explicaron que “como resultado de la inspección se verificó deficiente cumplimiento de la planificación para el mantenimiento de las instalaciones, de la programación de los trabajos de calificación/validación y mantenimiento del estado calificado/validado de los equipos, procesos y servicios de apoyo crítico y la falta de un diseño adecuado de las áreas productivas para productos estériles, resultando comprometidas las líneas de manufactura para los productos y Soluciones Parenterales de Gran Volumen (SPGV) en frascos de vidrio, en bolsas flexibles, bolsas de sangre y solución parenteral de pequeño volumen”.

    Casi un mes después, el 2 de agosto del 2022, se realizó una segunda audiencia de conciliación en la cual el Ministerio de Salud de la Nación autorizó a la empresa a producir Soluciones Parentales (SPGV), con el compromiso de “resolver las deficiencias críticas y mayores en un plazo máximo de abril de 2023″.

    Antes del cumplimiento de esa fecha, se realizó el 20 de marzo una nueva inspección, en la que se verificó que la mayoría de las acciones correctivas y preventivas para las deficiencias críticas y mayores no se resolvieron.

    “A la fecha del presente informe el laboratorio no aportó documentación complementaria que permita evidenciar la subsanación de las deficiencias señaladas, ni inició los expedientes correspondientes a las modificaciones de estructura necesarias para dar cumplimiento al plan de acciones preventivas y correctivas, incumpliendo con los plazos establecidos en la Disposición ANMAT 1340/2022 y en los acuerdos de conciliación celebrados”, cerraron el comunicado.

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  • Narcotráfico internacional: secuestran 510 kilos de cocaína camuflados en maquinaria

     

    El operativo, bautizado LUSITANIA, se inició a partir de información compartida por la Fiscalía Especial Antidrogas Algeciras (España) a través de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI). La investigación reveló que la banda ocultaba cocaína peruana en cargamentos comerciales, simulando operaciones legítimas de comercio internacional.

    La maniobra se originaba en Perú, atravesaba Argentina como puente trasatlántico y tenía como destino final España, con células operativas también en Colombia, Portugal y Panamá. La red contaba con 16 estructuras societarias y sofisticados métodos de ocultamiento, que incluían maquinaria industrial para camuflar la droga.

    La maniobra en Argentina

    El torno industrial marca ZMAT, modelo VMC 600E, ingresó a Argentina el 22 de octubre de 2024 desde Perú, a través de Villazón-La Quiaca (Jujuy), transportado en un camión boliviano. Aunque su peso declarado era de 4.000 kilos, la máquina ya contenía cocaína en su interior, distribuida en 444 paquetes con un total de 510 kilos.

    El contenedor fue trasladado a un depósito en Villa Soldati, de la empresa LOGÍSTICA RJ BS AS SRL, y posteriormente al depósito fiscal GEMEZ SA, antes de su salida por el Puerto de Buenos Aires hacia España. La droga permaneció sellada y oculta detrás de una plancha de metal con plomo y grasa, eludiendo controles de scanners y canes detectores.

    Detenciones y allanamientos

    Tras meses de seguimiento, los fiscales argentinos y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) ordenaron 18 allanamientos en Orán, Morón, Villa Soldati, CABA, Jujuy y otros puntos, resultando en la detención de:

    • Ulises Matías Curá, operador de la importación del torno, primo del senador salteño Juan Cruz Curá
    • Ramiro Franco Ureña y Maximiliano Ovando, vinculados a empresas de exportación
    • Un cuarto sospechoso de una empresa de mensajería involucrado en la maniobra

    Simultáneamente, la Policía española intervino para abrir el torno en Algeciras y confirmar el hallazgo de la cocaína.

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  • Trabajo híbrido: la modalidad ideal para los argentinos

     

    Un estudio de la consultora Randstad reveló una marcada diferencia entre la modalidad de trabajo que los argentinos prefieren y la que efectivamente tienen. Mientras el 51% de los trabajadores en el país considera ideal un esquema híbrido que combine oficina y home office, el 83% desarrolla su actividad de manera totalmente presencial, según explicó la CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, Andrea Ávila.

    Los resultados se difundieron en el marco de un relevamiento regional realizado en Argentina, Chile y Uruguay, en el que se analizaron las preferencias laborales actuales. El sondeo mostró que, aunque los argentinos se inclinan mayoritariamente por un esquema con dos días de trabajo remoto y tres presenciales, las condiciones de las empresas en la actualidad los obligan a desempeñarse, en su mayoría, bajo un modelo 100% en oficina.

    Al analizar el formato de trabajo ideal de manera regional, el formato híbrido lidera las preferencias de los trabajadores. Así lo aseguran el 63% de los chilenos, el 60% de los uruguayos y el 51% de los argentinos, que, en caso de poder elegir, optarían por un esquema laboral híbrido.

    Sin embargo, en Argentina la proporción de trabajadores que elegirían el formato presencial a tiempo completo (41%) es bastante más alta que en Chile (20%) y Uruguay (31%). Con respecto a la preferencia del trabajo full remoto, es minoritaria en los tres mercados, alcanzando apenas un 8% en Argentina y Uruguay, y un 17% en Chile.

    Sobre estos resultados, Ávila, afirmó que «el experimento masivo forzado por la pandemia en todo el mundo mostró que el trabajo remoto sí funciona, por lo que en gran medida llegó para quedarse, ya sea con esquemas 100% a distancia o con formatos híbridos que combinan días en la oficina y días de home office».

    «Para algunos trabajar desde casa parte de la semana se ha convertido en algo no negociable, mientras que para otros la expectativa sobre el trabajo remoto incide cada vez más en sus elecciones y decisiones de carrera laboral, como parte de la búsqueda de un mayor equilibrio entre vida laboral y personal«, agregó la CEO.

    Al profundizar en el esquema híbrido que preferirían los trabajadores de la región -en caso de poder elegir-, el 62% de los argentinos se inclinaría por trabajar 2 días remoto y 3 presencial. Preferencia también compartida por el 55% de los trabajadores de Uruguay y el 41% de los trabajadores de Chile.

    El formato de 3 días remoto y 2 días presencial sería la opción elegida por el 33% de los chilenos y el 30% de los uruguayos y, en menor medida, por el 20% de los argentinos.

    Finalmente, el esquema laboral de 4 días remoto y 1 día presencial sería elegido especialmente por los trabajadores chilenos (26%), con mucha menos popularidad entre argentinos (16%) y uruguayos (15%), quienes claramente muestran una inclinación por formatos laborales con mayor contacto semanal cara a cara.

    Expectativa vs Realidad

    Aunque la mitad de los trabajadores argentinos preferiría trabajar bajo un esquema híbrido, la realidad laboral es muy diferente. El 83% de los argentinos trabaja hoy en un formato 100% presencial, frente al 78% de los uruguayos y al 60% de los chilenos; y solo un 13% de los argentinos trabaja con una modalidad híbrida, proporción que asciende al 19% en Uruguay y al 26% en Chile, mientras que el trabajo full remoto alcanza solo al 5% de los argentinos, al 3% de uruguayos y al 13% de chilenos, respectivamente.

    Además, la CEO señaló que «los datos de evolución, tanto de las preferencias de los trabajadores, como de los formatos que adoptan las organizaciones nos dicen que la tendencia a trabajar a distancia a tiempo completo se está estabilizando en Argentina, mientras que disminuye el trabajo híbrido como parte de un proceso en el que, por diferentes razones, más personas vuelven a trabajar a tiempo completo de manera presencial en la oficina».

    “Frente a esta realidad, las organizaciones tienen el desafío clave de asegurar que los espacios laborales y las oficinas aseguren la conexión y el sentido de pertenencia dentro de los equipos y tengan un rol central en el compromiso y el bienestar de los colaboradores», sostuvo Ávila.

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  • Filmó a su hijo de 9 años fumando marihuana y terminó detenido

     

    Un hombre de 44 años fue detenido en Lomas de Zamora acusado de grabar a su hijo de 9 años mientras fumaba marihuana y difundir el video entre sus allegados. El operativo se realizó en su vivienda de Parque Barón, donde la Policía encontró drogas, armas de fuego, chalecos antibala y un vehículo robado.

    La investigación fue llevada adelante por la DDI de Lomas de Zamora, bajo la instrucción de la UFI 14, especializada en estupefacientes.

    El operativo y el hallazgo de drogas y armas

    Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron:

    • 69 envoltorios de cocaína
    • 650 gramos de marihuana
    • Dos chalecos antibala
    • Un revólver calibre 32 y una pistola calibre 32
    • Tres pistolas de utilería y 26 cartuchos de bala
    • Un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo

    El acusado, conocido en la zona como “el tranza de Parque Barón”, fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

    El video del horror

    La causa tomó mayor gravedad tras el hallazgo de un video grabado por el detenido, en el que se observa a su hijo sentado en una cama fumando marihuana. Mientras filmaba, el hombre decía: “Laburando se llama esto…”, y mostraba una mesa donde armaba cigarrillos de marihuana.

    En esa misma grabación, cerca del niño, se observa un arma de fuego. El imputado agrega: “Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica”.

    Con estas pruebas, el hombre quedó detenido e imputado por múltiples delitos, en una causa que continúa a cargo de la UFI 14 de Lomas de Zamora. La Justicia deberá ahora avanzar en la investigación para determinar la responsabilidad penal del acusado y la situación de vulnerabilidad del menor involucrado.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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