El Intendente Marcelo Orazi hizo referencia a las medidas y restricciones contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente de la Nación que, indicó, “nos deja sin la posibilidad tanto a la Gobernadora como a los intendentes de flexibilizar algunas medidas”.
En este sentido, Orazi señaló que durante la semana pasada el Comité de Crisis de la Provincia hizo una ronda de consultas en distintas ciudades, entre ellas Villa Regina, para analizar alternativas con los diferentes rubros comerciales, entendiendo que el gobierno nacional iba a aplicar restricciones a la circulación y a la atención en los comercios.
“De esas consultas, sale el plan de la Gobernadora Arabela Carreras que iba a ser comunicado el jueves por la tarde a los intendentes. Pero sorpresivamente el gobierno provincial recibió la orden de Nación de que el DNU era de orden público, de obligatorio acatamiento, lo que no permitió ni a gobernadores ni a intendentes tener un margen de modificar algunos artículos”, precisó el Intendente.
Orazi agregó que “en el zoom que tuvimos en la mañana del viernes, la Gobernadora fue clara: había que esperar la letra chica del DNU pero, de todas maneras, su cumplimiento era obligatorio”.
“En otras oportunidades, el decreto nacional dejaba abierta a los gobernadores y los gobernadores a los intendentes alguna posibilidad de flexibilizar de acuerdo a como estaba cada ciudad epidemiológicamente”, recordó Orazi.
“Me pongo en el lugar de los comerciantes, siempre lo hice, hemos flexibilizado en relación a otras localidades, hemos mantenido un orden, se han cumplido los protocolos. Hoy, la única explicación que puedo darles es lo que acabo de mencionar anteriormente”, indicó.
Finalmente, el Intendente pidió a los vecinos que “nos sigamos cuidando, cumpliendo con las medidas que todos conocemos, como el uso de tapabocas, el distanciamiento social, higiene de manos. Si se baja la circulación en las calles, baja la circulación del virus”.
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Mientras crecen las denuncias, los pedidos de renuncia y las iniciativas parlamentarias contra Manuel Adorni, una pregunta empieza a recorrer los pasillos del Congreso: ¿conviene impulsar su destitución o es el propio Gobierno el que necesita que alguien le resuelva un problema que no sabe cómo enfrentar? La paradoja es que una victoria opositora podría terminar siendo un salvavidas para Milei.
Por Roque Pérez para NLI
El oficialismo quedó atrapado en una contradicción de difícil salida. Durante meses construyó un discurso basado en la superioridad moral y en la supuesta diferencia ética respecto de la «casta». Sin embargo, las revelaciones sobre el patrimonio, las declaraciones contradictorias y la admisión de fondos no declarados por parte de Manuel Adorni convirtieron a quien debía ser uno de los principales defensores del Gobierno en su mayor dolor de cabeza.
Milei decidió sostenerlo públicamente, incluso cuando el costo político comenzó a crecer dentro y fuera del Congreso. La estrategia parece clara: mostrar fortaleza, denunciar una persecución política y evitar que una renuncia sea leída como una admisión de culpa. Pero esa misma decisión lo deja atado a un funcionario cuya permanencia desgasta todos los días un poco más el discurso anticorrupción libertario.
Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política
Una salida que el Gobierno no puede ejecutar
En política muchas veces el problema no es saber qué hacer sino quién paga el costo.
Si Milei le pide la renuncia a Adorni, reconocerá implícitamente que la oposición tenía razón al denunciar irregularidades y que el relato de la transparencia absoluta era mucho más frágil de lo que prometía. Además, quedaría expuesto frente a su propia base electoral, después de haber defendido al funcionario en reiteradas oportunidades.
Pero existe otro escenario mucho más conveniente para la Casa Rosada: que sea el Congreso el que resuelva el problema.
Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política, denunciar un supuesto intento de desestabilización y, al mismo tiempo, desprenderse de un funcionario cuya continuidad complica cada negociación legislativa y cada aparición pública.
Paradójicamente, aquello que hoy aparece como una derrota institucional podría convertirse en una oportunidad para relanzar la gestión con un nuevo jefe de Gabinete y sin asumir el costo directo de haber desplazado a uno de sus hombres de confianza.
El riesgo de una victoria táctica
No sería la primera vez que una oposición consigue un triunfo parlamentario que termina fortaleciendo al oficialismo.
Si la salida de Adorni se produce por presión del Congreso, Milei podría reconstruir el relato afirmando que respetó las instituciones mientras denuncia que los sectores tradicionales impidieron que su funcionario continuara en funciones. La discusión dejaría de concentrarse en las inconsistencias patrimoniales y pasaría a girar alrededor de una presunta persecución política.
El foco se desplazaría del escándalo hacia el conflicto institucional, un terreno donde el oficialismo ha demostrado capacidad para movilizar a su electorado.
Por eso algunos sectores opositores empiezan a preguntarse si una destitución inmediata es la mejor estrategia o si resulta más conveniente mantener abierto el caso, impulsar investigaciones, exigir explicaciones y dejar que el desgaste siga acumulándose sobre el Gobierno.
El dilema de la oposición
La discusión ya no pasa solamente por la responsabilidad política de Adorni sino por las consecuencias de cada movimiento.
Destituirlo significaría obtener una victoria simbólica importante contra un funcionario cuestionado, pero también podría liberar a Milei de una carga que hoy consume buena parte de su capital político.
Mantenerlo en el cargo, en cambio, obliga al Presidente a seguir justificando contradicciones, responder nuevas denuncias y sostener un discurso anticorrupción cada vez más difícil de defender.
En ese contexto, la oposición enfrenta una decisión compleja: castigar a un funcionario o dejar que el propio Gobierno continúe pagando el costo de sostenerlo. Porque a veces, en política, el golpe más efectivo no es derribar una pieza sino obligar al adversario a seguir cargándola.
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En un duro revés político para Donald Trump, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución que busca restringir la capacidad de la Casa Blanca para continuar las operaciones militares contra Irán sin autorización expresa del Congreso.
La medida fue aprobada por 215 votos a favor y 208 en contra, convirtiéndose en la primera iniciativa legislativa exitosa contra la estrategia bélica de Trump desde el inicio del conflicto hace más de tres meses.
La resolución, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por un pequeño grupo de republicanos, invoca la War Powers Resolution de 1973, una ley diseñada para limitar el poder presidencial de involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Congreso.
El texto exige que Estados Unidos cese las hostilidades contra Irán salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica del Poder Legislativo. La votación representa un cambio significativo respecto de intentos anteriores que habían fracasado por estrecho margen. En marzo, una iniciativa similar fue derrotada por 219 a 212 votos, mientras que en mayo otra propuesta terminó empatada 212 a 212.
Esto confirma el creciente desgaste político del capital de Trump por una guerra que dijo que duraría 4 o 5 semanas y ya lleva tres meses sin indicios de resolución. Además, generó un aumento de los costos de combustibles y un repunte de la inflación.
La resolución, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por un pequeño grupo de republicanos, invoca la War Powers Resolution de 1973, una ley diseñada para limitar el poder presidencial de involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Congreso
El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, había postergado previamente el debate para evitar una derrota de la Casa Blanca. Sin embargo, la presión bipartidista y el deterioro del apoyo al conflicto hicieron inevitable la votación.
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó la iniciativa y advirtió que podría ser interpretada por Teherán como una señal de debilidad estadounidense. Rubio sostuvo ante el Congreso que limitar las opciones militares de Washington podría fortalecer la posición negociadora iraní en medio de las conversaciones diplomáticas que continúan paralelamente al conflicto.
Pese al impacto político de la votación, el futuro de la resolución sigue siendo incierto. La medida deberá ser considerada por el Senado, donde ya existen señales de creciente descontento con la guerra, aunque todavía no está garantizada su aprobación definitiva. Incluso si superara ese obstáculo, enfrentaría la probable oposición de Trump mediante un veto presidencial.
Más allá de sus efectos prácticos inmediatos, la votación marca uno de los mayores cuestionamientos institucionales a la política exterior de Trump en su segundo mandato y reabre el histórico debate sobre quién debe tener la última palabra cuando Estados Unidos entra en una guerra: el presidente o el Congreso.
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