Educación inclusiva: 31 equipos de apoyo acompañarán a estudiantes en Neuquén

Educación inclusiva: 31 equipos de apoyo acompañarán a estudiantes en Neuquén

 

Con la firma del decreto 1149/25, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, oficializó la creación de los Equipos de Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Socioeducativas, que permitirán reforzar los procesos de aprendizaje en estudiantes de nivel Primario y acompañar el trabajo pedagógico que se desarrolla dentro de las escuelas.

La medida ratifica la resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobada a principios de septiembre, mediante la cual se constituyen 31 equipos de apoyo en distintas localidades de la provincia.

Objetivos y enfoque

Los equipos de apoyo tienen como propósito garantizar una educación inclusiva y de calidad, adoptando un enfoque pedagógico y metodológico que impulse transformaciones profundas en el sistema educativo. Su función principal será generar políticas institucionales que aseguren los recursos y acompañamientos necesarios para los trayectos escolares de cada estudiante.

Cada equipo se conformará con maestros de Educación Primaria y Especial, psicopedagogos y trabajadores sociales, profesionales que permitirán identificar barreras para la enseñanza y fortalecer la intervención pedagógica en colaboración con los docentes de cada institución.

Estos equipos actuarán como herramientas de diagnóstico y acompañamiento, asegurando que cada estudiante reciba el soporte adecuado para superar dificultades de aprendizaje y avanzar en su trayectoria escolar.

Impacto en la educación provincial

La creación de estos cargos docentes también permitirá adecuar las plantas funcionales de las escuelas y fortalecer la estructura educativa existente. La iniciativa se enmarca en la política provincial de mejorar la calidad educativa, promover la inclusión y garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de Neuquén.

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    En 2016, un joven de 18 años fue brutalmente golpeado a la salida del bar “El Copetín” en La Plata. Tras años de recuperación y tratamientos, la Justicia resolvió que uno de los agresores, un rugbier de un club de Gonnet, deberá pagar $110.112.276 a la víctima, mientras que otro implicado abonará $317.800 por lesiones leves.

    El ataque y sus consecuencias

    Ivo, la víctima, relató el momento del ataque: “Me pegaron adentro y fuera del bar. Luego de la golpiza pude escapar, pero después de dos minutos, alguien me dio otra piña. Caí al piso y me levanté mareado”. Como resultado de la agresión, debió ser operado por una fractura maxilar y actualmente cuenta con cuatro placas y 18 tornillos en la mandíbula, además de sufrir estrés postraumático y limitaciones físicas y sociales.

    Es difícil levantarse a la mañana cargando con todo eso, además del peso psicológico”, afirmó Ivo en diálogo con Telenoche, destacando que los traumas físicos y emocionales persisten años después del hecho.

    Fallo judicial

    La jueza Sandra Nilda Grahl, titular del Juzgado N°17 de La Plata, determinó que no hubo provocación por parte de la víctima. Testigos y grabaciones confirmaron que se trató de una golpiza planificada, y no de un enfrentamiento recíproco.

    El fallo establece un mensaje claro: “Es un hecho que se puede evitar. Las personas agresivas deben saber que este tipo de actos tienen consecuencias graves”, concluyó Ivo, acompañado de su abogado, Marcelo Szelagowski.

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  • Crimen en Misiones: hombre escapó tras asesinar a su ex esposa durante disputa patrimonial

     

    Un nuevo femicidio conmociona Misiones. Marisa Acuña, de 47 años, fue asesinada a tiros el jueves al mediodía en el barrio Ceferino de San Vicente, durante una discusión con su pareja por la división de bienes tras el proceso de divorcio.

    El principal sospechoso, Marcelo Da Rosa, de 52 años, escapó del lugar en un automóvil inmediatamente después del hecho. Las fuerzas policiales activaron un operativo de búsqueda que incluye la colaboración de Paraguay y Brasil, ante la sospecha de que el hombre podría haber cruzado la frontera.

    Reconstrucción del hecho

    Según los testimonios recabados por los investigadores, la discusión se produjo en una vivienda de Pasteur 130. Luego del enfrentamiento, Marisa Acuña fue hallada asesinada de varios disparos. Los testigos indicaron que los conflictos previos de la pareja estaban relacionados con la administración de propiedades y la división de bienes.

    Da Rosa, que trabaja como remisero y administrador de alquileres de locales y viviendas en San Vicente, se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la policía.

    Operativo policial

    Desde el jueves, efectivos de la Unidad Regional VIII y demás unidades de Misiones realizan rastrillajes en colonias, costas de los ríos Uruguay y Paraná, caminos vecinales y zonas de difícil acceso. Además, se montaron controles en rutas nacionales y provinciales, especialmente en las fronteras, y se utilizan drones para cubrir áreas boscosas y ribereñas.

    Las autoridades también emitieron alertas rojas internacionales, ante la posibilidad de que Da Rosa haya ingresado a Brasil por pasos no autorizados, donde tiene familiares.

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  • Hito en la industria: YPF usó gas de Vaca Muerta para una operación de fractura

     

    YPF alcanzó un nuevo logro en Vaca Muerta con una iniciativa inédita: realizó la primera fractura integral abastecida con gas natural comprimido (GNC) producido, despachado y transportado íntegramente por la compañía.

    La operación tuvo lugar en el área La Amarga Chica, un bloque que YPF opera junto a Vista Energy. Allí se utilizó un set de fractura bifuel, diseñado para funcionar con una combinación de diésel y gas natural, lo que permitió reducir costos y avanzar en eficiencia.

    Ahorro y sustentabilidad

    Desde la compañía destacaron que esta innovación reduce de manera significativa el costo pozo, gracias al ahorro generado por el uso del gas propio. Además, la iniciativa se enmarca en los objetivos de sustentabilidad, al incorporar una fuente de energía más limpia en comparación con el diésel.

    El gas comprimido utilizado provino directamente de la operación de YPF en Vaca Muerta y fue industrializado en una nueva estación de carga a granel en Añelo, diseñada para el despacho continuo y seguro del recurso. Posteriormente, fue transportado al campo donde se ejecutó la fractura.

    Con esta innovación, YPF no solo se posiciona como referente en transformación energética dentro de la industria petrolera, sino que también abre nuevas oportunidades a través de YPF Directo GNC. Este servicio permitirá abastecer no solo a la propia operación, sino también a otras petroleras, industrias sin acceso a gasoductos y camiones que operen con GNC.

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  • Presuntas coimas en Discapacidad: secuestran teléfonos y avanzan con peritajes en Nordelta

     

    La investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes nuevos allanamientos en el complejo Nordelta. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía ingresó a los barrios La Isla y El Golf para obtener registros de accesos y revisar las grabaciones de cámaras de seguridad.

    El operativo apunta a reunir pruebas contra Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber alertado al empresario Jonathan Kovalivker sobre un procedimiento policial. Según la investigación, esa advertencia habría permitido que se retirara de su vivienda antes de que los agentes ingresaran.

    Sospechas sobre el jefe de seguridad

    De Vicentis, con más de una década en su cargo, declaró ante Casanello y negó las acusaciones, aunque sus teléfonos celulares fueron secuestrados y ahora son analizados por la Dirección General de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. La hipótesis de los investigadores es que, aunque se encontraba de vacaciones el día del operativo, intervino para proteger a los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada por el pago de sobornos a la ANDIS.

    Al ingresar a la casa de Jonathan Kovalivker, los agentes constataron que se había retirado y encontraron una caja fuerte abierta con banditas elásticas en el piso, indicios de que pudo haber existido una salida apresurada de dinero.

    La detención de los hermanos Kovalivker

    Ese mismo día, la Policía interceptó a Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan, cuando intentaba salir del barrio privado. En su vehículo se hallaron 266.000 dólares en sobres identificados, 7 millones de pesos en efectivo, su celular y su pasaporte. Estas pruebas reforzaron la sospecha de obstrucción de la investigación.

    El pedido de indagatoria contra De Vicentis y los nuevos allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi. Fuentes cercanas a la causa señalaron: “El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia”.

    En paralelo, expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron extraer la información del teléfono celular del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a pesar de que no brindó la clave de acceso. La pericia busca confirmar la autenticidad de un audio en el que se lo escucha mencionar posibles pedidos de coimas.

    Además, se prevé avanzar con los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, así como con el dispositivo de Daniel Garbellini, ex funcionario de la ANDIS, quien sí entregó su clave. También se aguarda la declaración de Eduardo Kovalivker, padre de los empresarios e integrante de la firma Suizo Argentina.

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  • Discas en Lucha: «lo que exigimos es vidas dignas»

     

    Integrantes de la Asamblea Discas en Lucha levantan el puño y muestran su bandera en la puerta de la Universidad de las Madres

    Foto: Nico Ramos

    En el marco de la masiva movilización que concentró a numerosos sectores frente al Congreso para sumarse al reclamo de Jubiladas y jubilados, junto a Agrupaciones feministas, antipatriarcales y antirracistas, trabajadores de la salud pública y de otros gremios, desde la Asamblea Discas en Lucha se sumaron a la marcha el pasado miércoles. «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto» dijo Laura Alcaide en respuesta a los reiterados agravios que vienen de parte del gobierno además de las medidas de ajuste y vaciamiento de instituciones. Por ANRed. 


    El pasado miércoles durante la cobertura nos acercamos a la Universidad de las Madres. Allí estaba la Asamblea discas en lucha llevando su «ranchada» que le permita tener protección en caso de represión o situaciones complejas. Al rato salieron y pudimos conversar un rato con Laura Alcaide, una de las referentes de la asamblea antes de que se sumen a la columna de Jubilados para acompañarles en una ronda.

    «Lo interesante de hoy es que estamos muchos sectores en lucha porque los sectores solos no podemos hacer nada, y uniéndonos logramos visibilidad y fuerza en lo que estamos pidiendo. En Discapacidad lo que estamos exigiendo es que se trate el proyecto de Emergencia en Discapacidad, pero con un proyecto de ley no hacemos nada. Lo que exigimos es una vida digna y salir de la crisis en la que estamos», comenta Laura.

     

    Una persona en silla de ruedas sopla la "bubusela". Lleva un cartón con la consigna "Emergencia en discapacidad" y "Mejores sueldos para los abuelos".

    Foto: Nico Ramos

    Algunas de las denuncias que ya expresaron la semana pasada son la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y su confinamiento a la órbita del Ministerio de Salud, su vaciamiento, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan Derechos por asistencialismo; la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de “auditorías”: en la que les citan con muy poco margen de anticipación impidiendo que realicen las gestiones necesarias en el arrasado sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que les dirigen y las eternas filas inhumanas a la intemperie; el deterioro planificado de Incluir Salud que se expresa en la falta de cobertura prestacional y de medicamentos; el incumplimiento del cupo laboral del 4%; la precarización laboral de les trabajadores de “talleres protegidos” que llevan varios meses sin cobrar y por el que perciben un salario de apenas 28.000 pesos al mes; la falta de adaptaciones en los puestos laborales públicos y privados de les trabajadores con discapacidad, entre otras demandas.

    «Este gobierno logró juntarnos a todos los sectores: prestadores, instituciones, familias… pero sobre todo personas con discapacidad», agrega.

    «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto. Nos vienen pisoteando y nos vienen insultando desde todos los ángulos. Ya habían usado la imagen de una persona con síndrome de Down para insultar a un gobernador y todo el tiempo están usando nuestra imagen como un insulto. Nuestras identidades no son un insulto y exigimos participación política de personas con discapacidad para tener garantías en nuestro sector», concluyó.

     

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  • Imputan a un policía por acosar a una compañera en Roca

     

    Un oficial de la Policía de Río Negro fue acusado en Roca por intentar besar a una agente subordinada y por presionar a la misma utilizando su rol jerárquico dentro de la fuerza. El caso, denunciado el año pasado, quedó formalmente imputado tras la decisión del juez de Garantías Julio Martínez Vivot.

    El hecho ocurrió en septiembre de 2022, cuando el acusado, que entonces ocupaba el cargo de tercer jefe en la comisaría 21, intentó forzar un acercamiento físico con una compañera de trabajo. La mujer logró evitar el contacto, pero posteriormente recibió mensajes del superior en los que reconocía lo sucedido e incluso vinculaba permisos laborales con favores personales.

    La fiscalía, calificó la conducta como abuso sexual simple en grado de tentativa, señalando que el contexto laboral y la relación jerárquica agravaron la situación. A su vez, se agregó el delito de coacción, ya que el oficial tenía influencia en la asignación de licencias y en la organización del personal, lo que, según la investigación, utilizó como forma de presión hacia la víctima.

    Durante la audiencia, el magistrado dispuso una serie de medidas cautelares: el imputado no podrá acercarse a menos de 50 metros de la denunciante ni contactarla por ninguna vía, incluidas llamadas, mensajes o redes sociales. El proceso judicial tendrá un plazo de cuatro meses de investigación, hasta el 20 de diciembre.

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