Educación en el norte neuquino: inauguraron la nueva sede universitaria de la UNCO

 

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se transformó, casi sin proponérselo, en uno de los ejes del debate electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre. La confirmación de que la rectora Beatriz Gentile encabezará la lista del PJ-K como candidata a diputada nacional puso a la institución en el centro de la escena política, con posiciones encontradas sobre el futuro de la educación pública en tiempos de recortes presupuestarios.

La postulación de Gentile despertó reacciones diversas: mientras reivindicó su militancia peronista y criticó la política del gobierno de Javier Milei hacia las universidades, quedó claro que su candidatura la enfrentará a sectores políticos que han respaldado con recursos y acciones concretas a la UNCo. El contraste no pasa desapercibido, sobre todo cuando se recuerda que figuras de su mismo espacio, como Oscar Parrilli y Darío Martínez, no hicieron aportes significativos a la institución durante sus gestiones.

Por otro lado, La Libertad Avanza también expresó su postura sobre las universidades nacionales: los actuales diputados Nadia Márquez y Pablo Cervi votaron en contra de las mejoras presupuestarias para el sistema de educación superior. Lo llamativo es que Cervi, empresario frutícola y candidato a senador, es egresado de la UNCo, una contradicción que no pasó inadvertida en la discusión pública.

Frente a este panorama, el gobierno provincial encabezado por Rolando Figueroa reforzó su compromiso con la universidad. Este año se inauguró una sede en Chos Malal, se implementaron programas de becas y se firmaron convenios de cooperación académica, científica y cultural. El gobernador sostuvo que “ayudar a las universidades públicas es clave porque garantiza la movilidad social”, en un momento en que Nación redujo aportes.

También el municipio de Neuquén, bajo la gestión de Mariano Gaido, acompañó con aportes concretos: financiamiento para obras en el campus, pago de facturas de servicios y la construcción de nuevas aulas. Estas acciones demuestran que, más allá de las candidaturas, la UNCo recibe el respaldo directo de la provincia y el municipio, consolidando su rol como una institución fundamental para el desarrollo educativo y social de la región.

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El deportista italiano Mattia Debertolis, de 29 años, murió este martes en Chengdu, China, tras permanecer cuatro días hospitalizado en estado crítico luego de colapsar por calor extremo durante la competencia de media distancia de orientación en los Juegos Mundiales. El atleta, integrante de la selección nacional italiana, había recibido atención médica inmediata por parte de especialistas chinos, pero no logró recuperarse.

El incidente ocurrió el 8 de agosto, cuando Debertolis disputaba la prueba bajo una temperatura de 43 °C en Chengdu en China , en un sector de difícil acceso del recorrido. Fue hallado inconsciente y trasladado de urgencia a una de las principales instituciones médicas de la ciudad, donde su estado se mantuvo crítico pese a los esfuerzos de rescate y las interconsultas médicas.

Falleció acompañado de sus familiares y su pareja, en un hecho que llevó a los organizadores a anunciar la revisión de protocolos para competencias en condiciones climáticas extremas.

Un comunicado conjunto de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de Orientación (FIO), precisó que Debertolis recibió atención médica inmediata por parte de especialistas chinos.

La FIO resumió en su web oficial que «Mattia no solo era un atleta de élite, sino también un ingeniero civil altamente cualificado, con estudios de doctorado en la universidad de Estocolmo, donde residía y formaba parte del club de orientación IFK Lidingö. Además de esta impresionante combinación con su carrera deportiva, mantenía a su familia con un hotel en su valle natal, Primiero».

Debertolis formó parte de la selección nacional italiana y participó en varios campeonatos y Copas del Mundo. El quinto puesto con el representativo de su país en la final de la Copa del Mundo de Relevos de 2022 fue uno de los logros más destacados a nivel internacional.

El calor extremo, el factor que le jugó en contra

De acuerdo con la Federación Italiana de Deportes de Orientación, Debertolis fue encontrado inconsciente en pleno recorrido, en un sitio de difícil acceso, y sin perder tiempo fue trasladado a “una de las principales instituciones médicas de China”, según dijo la Federación Internacional de esa especialidad.

De todos modos, el equipo médico que lo atendió desde el inicio aclaró que su situación clínica era “muy crítica”. Ante ese panorama, si bien se realizaron las interconsultas que creyeron necesarias, su estado no mejoró y antes de su deceso recibió el sacramento de la extremaunción.

Las condolencias hacia la familia del atleta, considerado una figura consolidada de la orientación italiana, se multiplicaron tras la confirmación de su muerte, tanto de organismos deportivos como de competidores y aficionados de la disciplina.

El presidente de la FIO, Tom Hollowell expresó «no puedo describir con palabras la profunda tristeza que siento por esta trágica pérdida. Acompañamos en el dolor de todos los que lloran a Mattia. Animo a la comunidad mundial de orientación a honrar su memoria».

Los organizadores de los Juegos Mundiales aseguraron que revisarán sus protocolos de seguridad para competencias disputadas en climas extremos, con el fin de prevenir situaciones similares en el futuro.

En qué consiste la orientación como disciplina

La orientación es una disciplina deportiva incluida en los Juegos Mundiales y originaria de los países escandinavos, con más de un siglo de tradición. Su objetivo es completar un recorrido que va desde un punto de partida hasta la meta, pasando en orden por una serie de puntos de control llamados balizas.

Para lograrlo, los competidores utilizan únicamente un mapa y una brújula, lo que exige una combinación de resistencia física y agilidad mental. Sin una ruta predeterminada, cada deportista debe decidir sobre el terreno el camino más rápido y eficiente, optimizando tiempo y energía.

Esta especialidad está regulada por federaciones nacionales e internacionales, como la Federación Española de Orientación (FEDO) y la Federación Internacional de Orientación (IOF), que definen las reglas y supervisan las competencias oficiales. En esta ocasión, la prueba formó parte de los Juegos Mundiales, un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años y reúne disciplinas que no integran de forma permanente el programa olímpico.

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Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).

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No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

(Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

CALPU

 

 

 

 

Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. «Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas», sostuvo su compañera Mirna Gómez. Por Valeria Jasper (La Izquierda Diario).

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A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.

«Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa», manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: «Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años».

Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados

 

 

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.

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El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

 

El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

«La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

«Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

«Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

 

 

Pocas horas después de despedir a Diego Spagnuolo por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el gobierno nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la «primera misión» de Vilches será «realizar una profunda auditoría en el área». Adorni agregó que las pensiones por invalidez fueron históricamente una «caja de la política» que el Gobierno está decidido a desmantelar.

La intervención, tras la salida de Spagnuolo por los audios

La intervención del organismo se produce de manera inmediata tras la destitución de Diego Spagnuolo, implicado en las grabaciones que denuncian una presunta red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos. En ese marco, Adorni adelantó que el nuevo interventor profundizará la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones con el objetivo, según el Gobierno, de «garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan». Vilches, el nuevo responsable, es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como Secretario de Gestión Sanitaria.

La rápida designación y el anuncio de una auditoría profunda son la respuesta del Ejecutivo a uno de los mayores escándalos que enfrenta, buscando mostrar una acción decidida para controlar un área sensible.

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