Economistas acusan a Caputo de dibujar el superávit financiero: «esconden los intereses de la deuda»

Economistas acusan a Caputo de dibujar el superávit financiero: «esconden los intereses de la deuda»

 

El Gobierno celebró un superávit financiero de $517.672 millones en octubre. Pero al mirar el número de cerca, el truco simple: esconde debajo de la alfombra los intereses de la deuda, justo la partida que más crece. 

Los números oficiales muestran que el Sector Público Nacional mantiene las cuentas en terreno positivas, incluso con superávit financiero, el más difícil de conseguir. 

Pero la fachada se vino abajo en seguida. Los especialistas advierten que el gobierno cuenta del gasto total, solo aquello que efectivamente se pagó, sin sumar la deuda flotante. Y que, además, esconde intereses de deuda debajo de la alfombra. 

Caputo reconoció que no tiene los dólares para pagar los vencimientos y dijo que podía usar el swap con China

 «Si salimos de la medición caja de las cuentas fiscales, y a los intereses pagados le sumamos los intereses capitalizados que se traducen en más deuda, el resultado financiero acumulado a octubre es un déficit de 2,3% del PIB», publicó en el economista Nicolas Gadano en X. 

 El planteo de Gadano es aceptado por propios y ajenos. «No había forma de mostrar una foto robusta sin reordenar los devengados. La contabilidad no miente, pero permite ciertos encuadres», justificó un ex funcionario del ministerio de Economía y agregó «el superávit es la joya de la corona del oficialismo; si falla, se cae todo el andamiaje discursivo». 

Si salimos de la medición caja de las cuentas fiscales, y a los intereses pagados le sumamos los intereses capitalizados que se traducen en más deuda, el resultado financiero acumulado a octubre es un déficit de 2,3% del PIB.

La frase expone el corazón del problema: el relato del superávit parece fuerte, pero se apoya en una arquitectura contable que exige cada vez más creatividad con los números, forzados por una realidad que no acompaña.   

Ocurre que la recaudación cae mientras los intereses de deuda aumentan por encima de la inflación. Según el IARAF, el superávit primario nacional cayó 16% interanual en términos reales. La recaudación de octubre fue de $11,9 billones, bajó un 2,4% real respecto de 2023. 

Y el superávit financiero se derrumbó 25%. No hay magia: hay menos recaudación y más intereses. Por eso, bien calculado el déficit financiero volvió con fuerza.

El golpe vino por los dos frentes: por un lado Bienes Personales, que mostró la mayor caída, efecto del blanqueo del año pasado y de la rebaja del régimen especial que todavía impacta en la base imponible. Y por el otro, retenciones, debido a la liquidación anticipada de divisas para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones, que dejó un bache que ahora se nota. 

Mientras tanto, el gasto en intereses de la deuda, contabilizados sin los capitalizados que se esconden «debajo de la línea», subieron 4,3% real. 

Es por eso que lo analistas remarcan que el ajuste empieza a encontrar sus límites. Con una recaudación que afloja, intereses que suben, retenciones que recortan su aporte y un enfriamiento de la actividad que ya se siente en varios rubros, la narrativa del superávit limpio empieza a enfrentar nubarrones. 

 

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    Milei desregula el mercado yerbatero: un golpe directo a pequeños productores y vía libre para la concentración

     

    El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, que desmantela las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y libera completamente el mercado. La medida, presentada bajo el argumento de «modernización», abre un escenario crítico: favorece a los grandes molinos, deja a miles de pequeños productores sin protección y anticipa subas en góndola ante la concentración del negocio.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Un decreto que cambia todo

    El flamante Decreto 812/2025, publicado esta mañana, modifica de raíz el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. A partir de ahora, el INYM tiene prohibido intervenir en precios, cupos de plantación, regulaciones de oferta, normas que ordenen la cadena productiva o cualquier decisión que pueda “distorsionar el mercado”.

    En criollo, se le quita al INYM su razón de ser desde 2002, que era equilibrar la relación entre productores, cooperativas e industrias, y evitar abusos en un sector históricamente marcado por asimetrías brutales.


    La palabra prohibida: precios

    El nuevo artículo 8 del Decreto 1240/2002 —reemplazado por esta norma— establece que el INYM no podrá dictar normas que afecten la libre interacción de oferta y demanda.

    Esto implica que:

    • el INYM no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada;
    • tampoco podrá establecer precios mínimos para evitar que los molinos paguen valores de ruina;
    • desaparece el único mecanismo institucional que protegía el ingreso de los productores chicos.

    Hasta hoy, la fijación semestral de precios era la herramienta que impedía que los grandes jugadores impusieran la tarifa a su conveniencia. Con el decreto, esa barrera desaparece.


    El golpe silencioso: derogación masiva

    El artículo 3 del decreto deroga los artículos 9, 11 al 19 del Decreto 1240/02. O sea:

    • controles sobre plantaciones,
    • facultades de ordenamiento del mercado,
    • mecanismos de transparencia,
    • atribuciones de control económico,
    • y los procedimientos con los que el INYM equilibraba la cadena productiva.

    Se desarma toda la estructura pública que sostenía a los productores familiares.


    La concentración que viene (o que ya llegó)

    En la cadena yerbatera conviven:

    • más de 12.000 pequeños productores,
    • cooperativas y secaderos medianos,
    • y un puñado de grandes molinos que controlan buena parte del mercado.

    Sin regulaciones:

    • los pequeños productores pierden poder de negociación,
    • los molinos podrán imponer precios cada vez más bajos en tranquera,
    • y se profundiza una tendencia estructural: concentración y desplazamiento de productores familiares.

    El INYM nació precisamente para evitar este escenario después de la crisis del sector en los años 90, cuando la desregulación había generado valores de miseria y abandono de chacras. El decreto de Milei retrocede dos décadas de protección y devuelve al sector a esa lógica.


    ¿Bajarán los precios al consumidor? Todo lo contrario

    Aunque el Gobierno promueve el decreto con la promesa de “libre competencia”, la evidencia histórica del mercado yerbatero muestra lo siguiente:

    • Cuando baja el precio que reciben los productores, no baja el precio en góndola.
    • Cuando los molinos concentran el negocio, los precios suben, no bajan.
    • En los 90 —última gran desregulación— se pagaba una miseria por la hoja verde y el paquete de yerba aumentaba igual.

    La yerba es un bien cultural, de consumo masivo y con una estructura oligopólica. En mercados así, la desregulación no genera competencia: genera abuso de posición dominante.

    Por eso, el decreto no solo perjudica a quienes producen: también amenaza con nuevas subas en la góndola.


    Un organismo reducido a control de calidad

    El decreto ordena además que, en 30 días, el INYM revise y derogue toda norma que contradiga el nuevo esquema. Es decir, en un mes el Instituto quedará reducido prácticamente a:

    • certificaciones de calidad,
    • registros administrativos,
    • y funciones técnicas menores.

    La institución que equilibraba la cadena yerbatera durante más de 20 años queda convertida en un ente simbólico, sin herramientas para defender a los pequeños productores ni garantizar prácticas leales en un mercado hiperconcentrado.


    Un tiro en el corazón de las economías regionales

    La yerba mate es el motor económico de Misiones y parte de Corrientes. Miles de familias viven de chacras pequeñas que solo subsisten si existe un precio justo y reglas claras.

    Con este decreto:

    • se debilita la economía familiar,
    • se favorece a los molinos más grandes,
    • se facilita la concentración,
    • se reduce la transparencia del mercado,
    • y se abre la puerta a aumentos en góndola que pagarán los consumidores de todo el país.

    La “modernización” proclamada por Milei es, en los hechos, una desregulación feroz que profundiza desigualdades y rompe un equilibrio que llevó décadas construir.

     

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