La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes.
Esta herramienta fue creada por ordenanza a partir de una iniciativa impulsada por la Directora de Cultura Silvia Alvarado y resulta una información esencial para la programación de espectáculos públicos y de consulta para producciones privadas.
Esta plataforma permite la carga de datos y también la consulta pública.
Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával negocian con Milei para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional. La transferencia le permitiría al gobierno ingresar millones de pesos por año que pasarían a ser fondos coparticipables y a los empresarios extender las concesiones de las salas de juego.
Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse. Junto a Lao y Achával negociaron con el gobierno libertario un decreto para cambiar la jurisdicción a la que tributan.
Primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
En 2016, Mauricio Macri traspasó por decreto los juegos de azar a la Ciudad asesorado por Pepín Rodríguez Simón. El problema no fue la transferencia, basada en la autonomía porteña y jurisprudencia de la Corte, sino haber evitado al Congreso. «Un decreto mata otro decreto. Mauricio se equivocó», se lamentó un funcionario porteño preocupado por perder un ingreso de miles de millones de pesos mensuales por los barcos y otro tanto por los casinos en concepto de canon y de Ingresos Brutos.
La historia de los barcos comenzó con una licitación de Carlos Menem. El ex presidente decidió concesionar la explotación de dos casinos flotantes por 25 años amparado por una interpretación creativa: la jurisdicción del Río de la Plata era nacional y no provincial.
Tras varias idas y vueltas que incluyeron la transferencia de los juegos de azar de Nación a Ciudad y cautelares judiciales por la pandemia y por el cambio de reglas del juego, el casino flotante siguió funcionando, pero en los últimos años su supervivencia quedó amenazada.
Achaval y De Bendicto primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
Hace un año, la Corte revocó una cautelar que le permitió a Casinos de Buenos Aires SA continuar explotando dos barcos casino con la concesión vencida y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que decida sobre otra cautelar que está pendiente. Ese otro expediente traba la partida definitiva de los barcos ‘Estrella de la Fortuna’ y ‘Princess’.
Benedicto, Achával y la familia Lao saben que otro fallo de la Corte los dejará afuera de carrera, por eso se acercaron al gobierno nacional para buscar una salida.
Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
En juego hay miles de millones de pesos mensuales que pasaría a cobrar Nación y que entrarían en el reparto de la coparticipación, una cuestión que interesa a las provincias. De paso, Karina se daría el gusto de darle otro golpe a la gestión de Jorge Macri.
Los dueños del casino también tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.
Pero hay otra cuestión mucho más relevante. Un cambio de jurisdicción permitiría una nueva prórroga, ya que la concesión del hipódromo de Palermo vence en 2027. Esa extensión también podría aplicarse al casino flotante.
Los dueños de las salas de juego tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.
En el gobierno porteño buscan un resarcimiento en caso de que los casinos pasen a manos de Nación y el Tano Angelici, también empresario del juego, está negociando esa «indemnización» con sus colegas.
El vínculo entre la Ciudad y los dueños de los casinos porteños siempre estuvo atravesado por la tensión entre Mauricio Macri y Cristóbal López, que incluso terminó preso durante la presidencia de Macri.
Sin embargo, todo parece haber mejorado en los último tiempos. La prueba es que un influyente funcionario porteño logró hace poco que el casino flotante estampe su publicidad en la camiseta de San Lorenzo.
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Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.
El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.
Una privatización difícil de justificar
El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.
Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.
El negocio detrás del desguace
La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.
Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.
Superávit, pero igual en venta
El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.
De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.
Privatizar por definición, no por necesidad
Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.
En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.
Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.
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