La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes.
Esta herramienta fue creada por ordenanza a partir de una iniciativa impulsada por la Directora de Cultura Silvia Alvarado y resulta una información esencial para la programación de espectáculos públicos y de consulta para producciones privadas.
Esta plataforma permite la carga de datos y también la consulta pública.
Les presentamos la ZONA 1 de los Premios Digitales Deportivos ETAPAS 2022. El formato de esta segunda edición comprende dos zonas de 10 deportistas, una vez finalizada la votación se re ordenarán los 20 deportistas por cantidad de votos recibidos y los 8 con más votos pasarán a la instancia FINAL independientemente de la zona…
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En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Intendente Marcelo Orazi procedió a realizar el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de los Próceres. Estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Como consecuencia de las nuevas…
Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires fueron al ministerio de Capital Humano a reclamar fondos para planes alimentarios, pero Sanda Pettovello les dejó un cartel con chicanas y críticas a Axel Kicillof.
«Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que se deje paso a quienes saben», decía un cartel enorme con letras blancas y un fondo azul ubicado en uno de los accesos a la cartera.
La movida buscó replicar la acción que días atrás los propios intendentes hicieron en el ministerio de Economía. Esta vez, la decisión surgió en la última reunión del PJ bonaerense, donde también se acordó actualizar y ampliar el padrón de afiliados.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, viene planteando que la deuda de la Nación a la provincia es de 220.000 millones de pesos por el Servicio Alimentario Escolar (SAE).
El reclamo se da en un contexto en el que el gobierno provincial cortó los fondos del Módulo Extraordinario para Seguridad Alimentaria (MESA)
Unos 70 intendentes de distintos sectores políticos se movilizaron junto a funcionarios del gobierno de Kicillof primero a la sede de la Federación Argentinos Municipios (FAM) y desde allí a la cartera que comanda Pettovello.
Al llegar se encontraron con el cartel con chicanas y un operativo de la Policía Federal que blindaba la entrada. En ese momento, la ministra participaba de la exposición de Manuel Adorni ante el Congreso.
Kicillof no estuvo en el ministerio de Pettovello, pero sí se reunió con los intendentes en la sede de la FAM. «El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles», dijo.
La actividad también buscó calmar algunas diferencias hacia el interior del peronismo. La semana pasada Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses.
El proyecto surgió cuando los intendentes se enteraron del recorte del programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
De la actividad participaron la vicegobernadora Verónica Magario y los jefes comunales Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), cercanos a Kicillof.
En tanto, por el cristinismo estuvieron Juani Ustarroz (Mercedes), Juan Mancini (Suipacha), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Eva Mieri (Quilmes), Nelsón Sombra (Azul) y Waldermar Giordano ( Colón).
Marisa Fassi (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Juan Mantegazza (San Vicente), Juan De Jesús (partido de la Costa), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Cecilio Salazar (San Pedro) son otros líderes que dijeron presente.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro N° 3777, por lo cual se implementan en la ciudad las siguientes medidas a partir de hoy 31 de mayo y hasta el 4 de junio. *Se restringe la circulación entre las 20 y las 6 horas. La infracción…
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