La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes.
Esta herramienta fue creada por ordenanza a partir de una iniciativa impulsada por la Directora de Cultura Silvia Alvarado y resulta una información esencial para la programación de espectáculos públicos y de consulta para producciones privadas.
Esta plataforma permite la carga de datos y también la consulta pública.
Siguiendo con el plan de recambio de luminarias, iniciado el 7 de diciembre por la Dirección de Obras Públicas, esta vez fue el turno de la Calle Pioneros desde Avenida Cipolletti hasta la Ruta 22, y sobre la Calle Florencio Sánchez desde la Avenida Cipolletti hasta Pioneros. En total se hizo un recambio de 35…
Este año el tema para el Día Mundial de la Diabetes es «Familia y Diabetes», los objetivos de esta campaña mundial son: Aumentar la conciencia del impacto que la diabetes tiene en la familia y la red de apoyo de los afectados; y estimular el papel de la familia en la gestión,cuidado, prevención y educación…
Las violaciones, abusos y acosos sexuales son denominadas con frecuencia como una Epidemia Silenciosa Global con consecuencias colosales, que han inundado el panorama social desde hace algunos pocos años, aunque hagan sombra hace muchísimo tiempo. Es una epidemia por los efectos devastadores en una gran parte de la sociedad. Es silenciosa porque la mayoría de…
El Slack llega a Villa Regina de la mano de innovadores, de curiosos; hace cinco años Polo Alencastre, trajo consigo desde Neuquén una cinta e invitó a sus amigos a la plaza a conocer el Slack. “Hace 5 año miraba como caminaban la cuerda y no entendía cómo podían dar dos pasos seguidos, ninguno de…
Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.
La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan
Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.
En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.
El reparto de poder entre Aduana y Economía
El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.
Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.
Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado
Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.
El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.
Un DNU con destinatarios claros
El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.
Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.
En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.
Patricia Bullrich anunció este martes que el proyecto de reforma laboral mantiene la eliminación de la ultraactividad, invierte la prelación de las negociaciones colectivas colocando los acuerdos por empresa encima de los que se hagan por rama y deroga los estatutos. Esos tres puntos formaban parte del listado de artículos que la CGT pretendía voltear, pero la jefa del bloque libertario los expuso, entre otros, como «un cambio estratégico en las relaciones laborales argentinas».
En conferencia de prensa, la exministra de Seguridad defendió la «prelación de convenios de empresa». «Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional», explicó.
Ese cambio debilita a los sindicatos en las negociaciones paritarias por salario y condiciones laborales, acrecentando el peso de la patronal sobre las comisiones internas.
Bullrich aclaró también que se mantendrá tal como está previsto en el dictamen firmado en diciembre el artículo referido a la ultraactividad, el concepto que garantiza la continuidad de los convenios hasta que aparezca uno nuevo en cada actividad. Tanto la CGT como la CAC, la CAME y ADIMRA peleaban porque no cayera esa cláusula porque, tal como informó LPO, la necesidad de volver a conveniar todos los años se torna inoperativa en términos administrativos y productivos hasta para los dueños de las firmas.
La argumentación de la senadora fue que «en la redacción del artículo sobre ultraactividad se aclara que los convenios pueden seguir siempre que las partes acuerden eso», una manera ingeniosa de habilitar la disolución del instrumento salvo que empresarios y delegados pacten sistemáticamente la vigencia de los convenios.
Por otro lado, se pavoneó con la derogación de los estatutos de profesionales, como el del periodista o el viajante de comercio. «Los estatutos son previos a los convenios y no va a quedar ninguno», dijo con tono marcial.
Bullrich, junto a senadores del PRO, la UCR y LLA.
Alrededor suyo se ubicaron senadores aliados en representación de la UCR, el PRO y la bancada de La Libertad Avanza. Estaban los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri, Martín Göerling en representación del partido amarillo y Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta, entre otros, por los libertarios.
Las únicas dos concesiones a la CGT anunciadas por Bullrich fueron la continuidad de las patronales como «agentes de retención» de los aportes para la «cuota sindical», con un tope de 2 por ciento, y el sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, cuando el dictamen original reducía esa cifra a 5 puntos y le comía a los sindicatos alrededor de 800 millones de pesos. «Lo dejamos en 6 puntos porque consideramos que la salud es importante», dijo la senadora.
Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional.
Los anuncios de Bullrich contra las conquistas del movimiento obrero no fueron conversados con representantes de la central de la calle Azopardo, pese a que fuentes del gobierno le anticiparon a LPO que el gobierno no daría el brazo a torcer en esos puntos. «Todo eso que dijo Bullrich habrá que verlo, está muy rosqueado», contestaron desde la CGT en medio de los preparativos para la marcha de este miércoles al Congreso.
La exministra había dicho que «una ley no es la imposición de una parte sobre la otra sino un acuerdo», cuando tuvo que explayarse sobre las razones que llevaron al gobierno a declinar el capítulo de ganancias por la resistencia de los gobernadores. «No hay ganadores y perdedores, sino un acuerdo y en ese acuerdo se respetan las miradas», abundó para justificar un entendimiento que no se estaría produciendo con la CGT.
No asistieron los senadores provinciales que comprometieron su respaldo a la reforma, como la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo, los dos misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, y los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano. En total, serían 10 legisladores determinantes para que salgan los artículos durante la votación en particular o no pero, al cierre de esta nota, el oficialismo confiaba que rondaría los 40 votos por la afirmativa.
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