La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes.
Esta herramienta fue creada por ordenanza a partir de una iniciativa impulsada por la Directora de Cultura Silvia Alvarado y resulta una información esencial para la programación de espectáculos públicos y de consulta para producciones privadas.
Esta plataforma permite la carga de datos y también la consulta pública.
Previo a la final del US Open último Grand Slam del año en el que el argentino Juan Martín Del Potro enfrentará al serbio Novak Djokovic me embarcó en un pseudo análisis contracultural de los huevitos de oro del fútbol argentino, deporte que despierta algo inexplicable para la mayoría de los argentinos (columna en la…
Guillermo Montenegro está analizando seriamente regresar a la intendencia de Mar del Plata. Aunque las versiones que corrieron desde principios de año siempre fueron desmentidas, en el entorno del hoy senador provincial ahora admiten en privado esa posibilidad.
A las tensiones internas que estaban subyacentes desde que Agustín Neme se hizo cargo de forma interina del municipio, se suma ahora una crisis de gestión que tiene su epicentro precisamente en la bandera del gobierno local de Montenegro: la seguridad.
Como contó LPO, desde que Karina Milei cortó su ingreso al gabinete nacional, Montenegro se volvió a encuadrar en el PRO al punto de ponerle ese sello al bloque de concejales local.
Sin embargo, Neme reforzó su acercamiento con los libertarios, a quienes les dio lugares clave en el gabinete, como Obras Sanitarias. Esa relación, desmarcada de Montenegro, empezó a mostrarlo a Neme con la intención de construir un perfil propio con vistas a una candidatura en 2027.
Para eso, Neme tiene el apoyo de parte de la estructura del PRO local que preside su mentor político, el empresario y ex titular del Ente de Turismo Emiliano Giri, con fuerte influencia en el interinato municipal.
Pero es muy corto el hilo en el carretel que tiene hoy Neme para levantar vuelo propio, ya que cualquier movimiento abrupto de desmarque o un giro fuerte en la marcha de la gestión, pueden provocar el hastío de Montenegro y su decisión de volver a tomar control del municipio. Y eso parece que está sucediendo.
Por lo pronto, fuentes cercanas a Montenegro señalaron a LPO que Neme no es el elegido del hoy senador para continuar su proyecto de municipio en 2027, sino que es el jefe del bloque de concejales PRO, Fernando Muro, quien se muestra completamente alineado al intendente en uso de licencia.
Además, cerca de Montenegro advierten que, además de su alianza con los libertarios, Neme quiere apalancarse sobre Florencio Aldrey Iglesias, uno de los empresarios más fuertes de la ciudad, dueño de medios, hoteles y hasta un shopping que bautizó con su apellido.
Según comentan en Mar del Plata, Neme estaría dispuesto a abrirle más puertas a «El Gallego», algo que no aprueba Montenegro.
«El Senado no funciona y no puede dejar que se prenda fuego la ciudad», dicen dirigentes con llegada a Montenegro.
Pero, más allá del plano político, lo que parece acelerar un regreso de Montenegro a la comuna es la marcha de la gestión. Por fuera de los datos que muestran un derrumbe del turismo y de las ventas en comercios o de las quejas por la prestación deficitaria de servicios, la crisis de la gestión Neme está en la ola de inseguridad.
En sólo días, se produjeron tres asesinatos que conmocionaron a la ciudad balnearia, al punto de realizarse el último miércoles una marcha contra la inseguridad que tuvo como uno de sus destinos el Palacio Municipal.
El sábado pasado, el chofer de Uber Alberto Rodríguez fue asesinado en ocasión de robo de su auto. También durante un asalto, se produjo el crimen del ferretero Ricardo Ruiz, quien fue atacado por dos delincuentes que le dispararon al huir.
Neme no es el elegido de Montenegro para continuar su proyecto de municipio en 2027, sino que es el jefe del bloque de concejales PRO, Fernando Muro
Luego, se produjo el femicidio de Mailén Antonich en una de las playas del sur, donde había sido citada para una falsa entrevista de trabajo.
El descontrol en materia de seguridad llevó incluso al ex intendente Gustavo Pulti a levantar el tono reclamando al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a Neme «sentarse a trabajar juntos. Coordinar, actuar y dar respuestas».
La movilización de este miércoles al Municipio en reclamo por la ola de inseguridad.
«Mar del Plata necesita decisiones serias, no un circo mediático. La seguridad se construye con gestión y resultados», lanzó Pulti en un mensaje que descolocó a sectores del axelismo por el tono crítico a una de las áreas de gestión provincial.
Como sea, lo que quedó en evidencia esta semana fue cómo trastocó al pleno del arco político el masivo reclamo por seguridad y es ahí donde Montenegro analiza apurar un regreso que antes se meditaba con mayor hermetismo y por razones políticas.
Otra de las razones que tributan a la vuelta a Mar del Plata es la cuasi nula actividad en la Legislatura bonaerense. «El Senado no funciona y no puede dejar que se prenda fuego la ciudad», dicen dirigentes con llegada a Montenegro.
Guido Sandleris puso sobre la mesa la principal paradoja que enfrenta Javier Milei rumbo a 2027: «la economía está mucho mejor que cuando asumió, pero el Gobierno está perdiendo el apoyo de la gente».
El expresidente del Banco Central hizo este diagnóstico en la Bolsa de Comercio de Córdoba, horas antes de la exposición de Luis Caputo, y con una mirada muy distinta sobre las chances electorales del oficialismo. Mientras el ministro de Economía se mostró este miércoles «sumamente optimista» con la reelección de Milei, Sandleris advirtió que la dinámica política del Gobierno viene siendo negativa.
«Todas las encuestas son muy inciertas a un año de las elecciones», aclaró. Pero luego se concentró en los indicadores de confianza. Según su lectura del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, «el valor tiende a ser consistente con el resultado electoral».
La conclusión es inquietante para la Casa Rosada: «Si las elecciones fueran hoy, Milei obtendría 40%». Y agregó que «la dinámica viene siendo negativa para Milei».
Sandleris comparó además la evolución de la confianza durante la actual gestión con la de Mauricio Macri. «En el mes tres de cada uno de los gobiernos están casi iguales», señaló. La incógnita, dijo, es «si va a continuar la tendencia negativa».
El problema es que el deterioro de la confianza ocurre mientras los principales indicadores macroeconómicos muestran una mejora sustancial.
«Hay equilibrio fiscal, hay superávit de balance comercial, el dólar está estable; la economía está mucho mejor», sostuvo. Y agregó que Argentina crecerá por segundo año consecutivo y que también se espera crecimiento en 2027, con una inflación sustancialmente menor.
«Es paradójico», resumió: «El Gobierno parece estar perdiendo el apoyo de la gente, pero los números de la economía son mucho mejores de los que recibió Milei».
Para Sandleris, la explicación está en que la recuperación todavía no llegó a las variables que más impactan sobre la vida cotidiana. «La mejora impactó en algunas variables, pero todavía no impactó en salarios y empleo», sostuvo.
Estimó que la economía crecerá entre 2% y 2,5% este año, pero advirtió que ese crecimiento es moderado y, además, muy heterogéneo. Los sectores que más crecieron, explicó, «son menos mano de obra intensivos».
«Hubo muy poca creación de empleo con Milei», afirmó. Y marcó un dato especialmente sensible: «El empleo registrado cayó y creció el empleo no registrado».
También señaló que los salarios reales privados están alrededor de 4% por debajo de los niveles anteriores, mientras que la caída fue todavía mayor en el sector público.
A eso se suma el aumento de las tarifas. «No sólo los salarios no crecieron sino que el gasto en servicios públicos creció. Es lógico que el consumo sufra cuando crecen las tarifas de servicios públicos», explicó.
El consumo se recuperará, según su pronóstico, pero «nada excepcional».
Sandleris también puso la lupa sobre el crédito al consumo. La mora y las situaciones irregulares alcanzaron niveles récord y, según explicó, muchos consumidores se acostumbraron durante años a que la inflación licuara sus deudas.
«Uno no ve un mercado de crédito al consumo dinámico en lo que viene», advirtió.
El diagnóstico no implica, para Sandleris, que Milei haya fracasado. Por el contrario, fue explícito en reconocer las dificultades que heredó. «Quiero ser justo con el Gobierno de Milei: pretender que en dos años y medio se resuelvan todos los problemas no era algo razonable. Milei heredó una situación explosiva», sostuvo.
Pero ahora el problema es el calendario electoral.
«El rumbo debe mantenerse», dijo, aunque reclamó acelerar el crecimiento de la actividad, el empleo y los ingresos. También pidió evitar un rebote inflacionario y un sobresalto cambiario.
En ese escenario apareció una herramienta concreta: la obra pública.
«Un elemento dinamizador inmediato es la obra pública a un año de las elecciones. Deberíamos estar viendo más movimiento ahí», planteó.
Sandleris consideró que al Gobierno «le costó comenzar con los proyectos de reparación de rutas», pero sostuvo que «hay espacio para la obra pública» sin sacrificar el equilibrio fiscal.
También reclamó encontrar alternativas para dinamizar el crédito. Y puso un límite temporal muy concreto: «Los próximos seis meses». Después, advirtió, «es tarde».
«Después del primer trimestre de 2027 será muy tarde para dinamizar la economía antes de las elecciones», sostuvo.
La advertencia de Sandleris adquiere mayor peso en un momento en que el oficialismo empieza a ordenar su estrategia electoral con un eventual acuerdo con el PRO. La coincidencia temporal no es menor: mientras el Gobierno busca ampliar su base política para 2027, uno de los economistas que mejor conoce la dinámica de las crisis argentinas advierte que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola para garantizar la reelección.
En la provincia de Río Negro entre 2005 y 2011, se contó con la vigencia de la llamada «ley anticianuro» 3981/05 que prohibía el uso de mercurio y de cianuro en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Esta ley fue el resultado de un proceso que implicó la lucha del pueblo…
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios Nº 3/2021 para la provisión de materiales para mantenimiento del alumbrado público. La apertura de las propuestas será el 26 de marzo a las 11 horas en el Departamento de Compras y las mismas se podrán presentar en sobre por Mesa de Entradas…
El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.
Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa
El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.
No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.
El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura
La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.
Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.
Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.
Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.
Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política
La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.
El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.
Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.
El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.
El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.
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