Cuarta edición del FAN: cine, inspiración y encuentros que no te podés perder

 

El Cementerio Central, la primera necrópolis construida en la ciudad de Neuquén, está siendo completamente renovado sin perder su valor patrimonial e identidad arquitectónica. Fundado en 1915 —aunque con tumbas previas a 1910—, el predio quedó ubicado en el centro urbano por el crecimiento de la capital provincial, lo que impulsó la necesidad de repensar su uso y su integración con el entorno.

El proyecto incluye la creación de un espacio multiconfesional, mejoras estructurales y paisajísticas, y un nuevo sistema de iluminación sustentable que garantiza seguridad durante toda la noche.

“Los cambios son respetuosos y analizados entre arquitectos e historiadores, para conservar la esencia del lugar”, explicó Leticia Vázquez Torres, directora de Análisis Ocupacional, Mejoras y Capacitación.

Inclusión y diversidad

Uno de los gestos más simbólicos de esta nueva etapa fue la remoción de la Cruz Mayor y la construcción de un paredón con símbolos de distintas religiones, en línea con la política del intendente Mariano Gaido de promover la inclusión y el respeto por la diversidad.

“El Cementerio Central es un lugar de descanso y también de encuentro, donde la diversidad religiosa y cultural se representa con respeto”, señaló Vázquez Torres.

La modernización del espacio se destaca por la instalación de luminarias solares inteligentes, capaces de regular su intensidad mediante sensores de movimiento.

“Las luces permanecen encendidas toda la noche, con baja intensidad, y aumentan cuando detectan movimiento. No es una plaza, pero queríamos un entorno seguro y cálido”, explicó la funcionaria.

Además, se sumará iluminación en todos los pasillos y galerías, lo que mejorará las condiciones de trabajo del personal y la experiencia de los visitantes.

Restauración y obras estructurales

Desde comienzos de año se avanza en la puesta en valor de los nichos y sus galerías. Los trabajos incluyen pintura, reparación de techos, tratamiento de humedades, nueva numeración y restauración de bordes deteriorados por el paso del tiempo.

También se están acondicionando veredas internas con puzolana, material que permite demarcar senderos sin alterar el carácter verde del predio.

“Queremos que los deudos perciban el lugar como un espacio cuidado, digno y armónico”, expresó Vázquez Torres, quien destacó además la presencia de “mármoles divinos” que las familias incorporan para honrar a sus seres queridos

Uno de los ejes centrales de la renovación es la parquización integral del cementerio. Para ello, se implementará un sistema de riego automatizado que garantice el mantenimiento del verde durante todo el año.

El diseño contempla dos modalidades: riego por aspersión en los sectores con sepulturas y riego subterráneo en la zona de los panteones.

“Por la magnitud del predio contratamos una empresa especializada. El objetivo es conservar el verde sin alterar la tranquilidad del espacio”, explicó la funcionaria.

Arte y memoria

La renovación también incluye un proyecto artístico coordinado por Arte Capital, que intervendrá un paredón detrás del sector de cremaciones con obras de arte contemporáneo vinculadas simbólicamente a la memoria y el duelo.

“El arte dialogará con la historia funeraria neuquina, aportando una mirada moderna y respetuosa”, adelantó Vázquez Torres.

En paralelo, se lleva adelante la remodelación de la red de gas del crematorio, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los tres hornos existentes y adaptarlos a la normativa vigente. Las oficinas del crematorio también serán completamente renovadas, con nuevos pisos, iluminación y espacios de trabajo.

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Una mujer de 36 años fue acusada de haber realizado una serie de compras por más de 13 millones de pesos utilizando tarjetas de crédito que no le pertenecían. Según la investigación, las maniobras ocurrieron en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti entre septiembre de 2023 y junio de 2025.

Durante una audiencia realizada el sábado, la fiscal Valeria Panozzo detalló que la acusada, identificada como R.E.M., realizó 13 compras en apenas 24 horas —entre el 24 y 25 de septiembre de este año— en locales de indumentaria, electrodomésticos, farmacias, supermercados y hasta una tienda de porcelanatos. En total, las operaciones alcanzaron los $13.260.000.

Pero no fue la primera vez que la mujer utilizó este tipo de maniobras. De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, ya había sido condenada por delitos similares y está siendo investigada en otras causas. En una de ellas, compró ropa por $184.600 con una tarjeta adicional a nombre de otra persona; en otra, defraudó a un comercio neuquino por $803.800 usando el mismo método.

Ante estos antecedentes, la fiscal pidió que se le imponga prisión domiciliaria por dos meses, con custodia policial hasta la colocación de una tobillera electrónica. Luego, el control pasará a realizarse mediante rondines. La solicitud fue aceptada por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien además otorgó cuatro meses de plazo para finalizar la investigación.

La mujer enfrenta tres causas activas por estafas con tarjetas, y la Justicia analiza su posible participación en otros hechos similares ocurridos en la región. Por ahora, permanecerá en su domicilio mientras avanza la investigación que busca determinar el alcance total del fraude.

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Sin precisar horarios ni lugares, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones en 17 provincias. Puntualmente, reclaman por aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil; ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares. También, señalan que «migrar no es delito» y reclaman «basta de persecución a los que luchan». «A casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones. El trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía», denuncian. Por ANRed.

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Sin precisar horarios ni lugares, para mantener el factor sorpresa dado la agudización de las políticas represivas del gobierno nacional, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones conjuntas en 17 provincias.

Los reclamos principales de la jornada de lucha serán:

Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.

Ampliación del programa.

Continuidad del Monotributo Social.

Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

Migrar no es delito.

Basta de persecusión a los que luchan.

También, reclamarán, una vez más, a las centrales sindicales «una huelga general que una todas las luchas qué se están llevando a cabo contra el ajuste de Milei y la represión de Patricia Bullrrich».

En un comunicado conjunto, expresaron: «los trabajadores no aguantamos más las políticas de hambre, falta de trabajo, salarios y jubilaciones de miseria, represión, criminalización y persecución política La situación no puede ser peor en los barrios populares: a casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones», señalan.

En la misma línea, agregan: «el trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía. Necesitamos una gran acción unitaria de los trabajadores para frenar a Milei y su política criminal», finaliza el comunicado.

 

 

El gobernador de la provincia Rolando Figueroa declaró el Estado de Emergencia Hídrica, Social y Productiva en toda la provincia del Neuquén por un período de 180 días, con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía que afecta a las principales cuencas. La medida busca asistir al sector agropecuario, especialmente a los pequeños y medianos productores ganaderos que enfrentan dificultades por la falta de agua.

El decreto, firmado el pasado viernes, abarca todo el territorio provincial, con excepción de las zonas de valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia, donde las actividades agropecuarias cuentan con acceso a riego.

La normativa dispone beneficios fiscales, suspensión de ejecuciones impositivas y asistencia interministerial, a través de un Comité de Emergencias encargado de coordinar acciones conjuntas para evaluar el impacto, definir estrategias y garantizar recursos del Presupuesto General Vigente. Con esta decisión, el gobierno neuquino busca anticiparse a un verano crítico, marcado por la escasez de agua y el impacto del cambio climático en las actividades productivas.

Beneficios fiscales y medidas de alivio

Los productores alcanzados por la emergencia podrán acceder a beneficios impositivos que incluyen la exención del pago del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles afectados por la sequía y la exención del Impuesto de Sellos para los contratos de arrendamiento rural.

Asimismo, se dispuso la suspensión de las ejecuciones fiscales en curso o por iniciarse para el cobro de impuestos provinciales adeudados por las explotaciones agropecuarias comprendidas en la emergencia, durante todo el período de vigencia del decreto.

Coordinación interministerial y asistencia

La normativa crea además un Comité de Emergencias integrado por los ministerios de Economía, Producción e Industria; Energía; Recursos Naturales; Infraestructura; Desarrollo Humano; Gobiernos Locales y Mujeres, junto con la Jefatura de Gabinete.

Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones conjuntas para reducir el impacto de la sequía, evaluar la situación en cada zona de la provincia y definir estrategias de asistencia directa a los productores.

El decreto prevé que los fondos necesarios serán imputados al Presupuesto General Vigente, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos para atender las problemáticas derivadas de la emergencia.

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Marina Silva, la expolicía que llegó a juicio acusada de asesinar a sus dos hijos en la provincia de San Luis, fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en perjuicio de sus los chicos menores.

El veredicto fue dictado este miércoles por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio.

El debate, en el que la expolicía llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes, se inició el pasado 13 de octubre en el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

A más de una semana del comienzo del juicio, se desarrolló la audiencia de alegatos donde la Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

A su vez, mencionó que la prueba recolectada —entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— «permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada». Al momento de solicitar pena, expuso el requerimiento de que sea prisión perpetua.

Por su parte, la querella, ejercida por el abogado Esteban Bustos, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que pidió la misma pena que la fiscal.

Por último, la defensa de Silva, a cargo de Agustina Tobares, solicitó que el Tribunal valorara la historia vital de la imputada desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico.

Cómo ocurrió en un comienzo de la causa, mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, «habrían afectado su estabilidad emocional».

Luego de leer el veredicto de culpabilidad, el Tribunal dio inmediato inicio a la cesura de juicio, y condenó a la expolicía a prisión perpetua.

El caso que estremeció a San Luis

Los crímenes de los dos menores ocurrieron el 1 de octubre de 2024 mientras dormían en una cama matrimonial. Según las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que les provocó la muerte inmediata.

Durante la investigación se pudo constatar cómo fue la metodología: abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa.

Luego de consumar el crimen, la acusada dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.

Además, colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.

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Tres hombres fueron detenidos tras tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Villa Regina.

En la ciudad de Villa Regina se realizaron una seria de allanamientos simultanees realizados por la Brigada de Investigaciones, con apoyo del COER y comisarías 5° y 35°. Los arrestos están relacionados con un ataque armado ocurrido en septiembre en el barrio Islas Malvinas, donde tres personas resultaron heridas.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía mientras se define su participación en el hecho. La investigación continúa bajo la carátula de “lesiones calificadas por el uso de arma de fuego”. A su vez, durante los operativos la policía secuestró drogas (en dos de las tres propiedades) y una importante suma de dinero, lo que derivó en la apertura de una causa paralela bajo intervención del Juzgado Federal de General Roca.

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