Crisis en Ciencia y Tecnología: renunció un funcionario de Milei tras denunciar maltratos y falta de respaldo

Crisis en Ciencia y Tecnología: renunció un funcionario de Milei tras denunciar maltratos y falta de respaldo

Una renuncia que duró apenas cinco semanas volvió a dejar al descubierto las internas del Gobierno de Javier Milei. César Oscar Lencina abandonó la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y, en su carta de dimisión, denunció falta de respaldo institucional, problemas de comunicación y situaciones de destrato hacia el personal por parte de su superiora, Adriana Baravalle. La salida se produce en medio del ajuste sobre el sistema científico argentino y de los cuestionamientos que rodean a la conducción del área.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Crisis en Ciencia y Tecnología: renunció un funcionario de Milei tras denunciar maltratos y falta de respaldo

La crisis dentro de la estructura científica del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. César Oscar Lencina presentó su renuncia indeclinable a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, con efecto desde el 29 de octubre, después de haber asumido el 22 de septiembre. En poco más de un mes, el funcionario dejó un cargo estratégico y acompañó su salida con una carta que expone problemas de funcionamiento interno y fuertes cuestionamientos a la conducción del organismo.

La nota estuvo dirigida a Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, con copia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, de cuya órbita depende el área. No se trató de una dimisión presentada como un simple cambio de funciones: Lencina dejó por escrito que las condiciones de trabajo le impedían desarrollar adecuadamente sus responsabilidades y apuntó contra el trato recibido por el personal.

“Las dificultades persistentes que me han impedido llevar a cabo las funciones correspondientes a mi cargo de manera adecuada”, sostuvo el ahora exsubsecretario al fundamentar su decisión. Entre los motivos enumeró la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”, además de situaciones de “destrato y desconsideración” hacia los trabajadores.

El planteo resulta especialmente significativo porque no se limita a una diferencia de criterios administrativos. Lencina cuestionó las condiciones concretas en las que debía ejercer sus funciones y dejó asentado que las conductas observadas no coincidían con su experiencia en la conducción de organizaciones y equipos de trabajo. La renuncia, de ese modo, se convirtió en una señal pública de las tensiones que atraviesan la gestión científica del oficialismo.

Una conducción bajo cuestionamiento

La salida vuelve a poner en el centro de la escena a Baravalle, cuya designación ya había generado controversias en el ámbito científico y político. Presentada por el Gobierno como especialista en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos, la funcionaria enfrenta cuestionamientos sobre las credenciales académicas vinculadas con su supuesto doctorado en Inteligencia Artificial.

La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente presuntas irregularidades relacionadas con ese título y afirmó haber realizado una consulta y una compra de prueba ante la American Andragogy University, institución estadounidense que, según su denuncia, habría ofrecido un doctorado por 400 dólares. De acuerdo con lo informado por Página/12, Pagano sostuvo que recibió documentación en pocos días, sin cursar estudios ni rendir exámenes. Esos señalamientos forman parte de una denuncia y no deben confundirse con una resolución judicial que los haya probado.

La controversia académica y la renuncia de Lencina son episodios diferentes, pero confluyen sobre una misma estructura de conducción: una dependencia encargada de articular políticas públicas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, en un país donde el sistema científico atraviesa una fuerte reducción de recursos y una creciente incertidumbre institucional.

Por el momento, no se conoce una respuesta pública de Baravalle a las acusaciones incluidas en la carta de renuncia. Tampoco se informó oficialmente quién ocupará la Subsecretaría tras la salida de Lencina. La ausencia de explicaciones públicas deja abiertas preguntas sobre el funcionamiento interno del área y sobre las condiciones en las que trabajan sus equipos.

La motosierra también golpea a la ciencia

La crisis no ocurre en el vacío. La gestión de Milei mantiene una política de ajuste que afecta a los organismos científicos, tecnológicos y de investigación, con consecuencias para la continuidad de proyectos, la capacidad de los institutos públicos y las posibilidades de desarrollo productivo del país.

Según los datos publicados por Página/12 a partir de las proyecciones presupuestarias para 2027, los recursos de la función Ciencia y Tecnología acumularían una caída real del 40,3% respecto de 2023. El ajuste proyectado también alcanza a organismos centrales del sistema: el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Agencia de Investigación y Desarrollo.

Las consecuencias van mucho más allá de una disputa entre funcionarios. Menos presupuesto significa menos capacidad para sostener investigaciones, desarrollar tecnología propia, fortalecer la industria nacional y retener profesionales formados en universidades públicas. La ciencia no es un gasto aislado de la economía: constituye una herramienta estratégica para agregar valor a la producción, mejorar la competitividad y reducir la dependencia tecnológica del exterior.

En ese contexto, los problemas de conducción y la inestabilidad de los cargos jerárquicos agregan incertidumbre a una estructura que necesita continuidad, planificación y equipos capaces de sostener políticas de largo plazo. Una renuncia no demuestra por sí sola el colapso de un organismo, pero cuando llega acompañada de denuncias explícitas sobre falta de respaldo y destrato, el Gobierno tiene la obligación política de dar explicaciones.

La salida de Lencina también deja una pregunta sobre la responsabilidad de la Jefatura de Gabinete. Santilli recibió copia de la carta y quedó formalmente informado de los cuestionamientos. Corresponde ahora saber si habrá una respuesta institucional, si se investigarán las condiciones denunciadas y qué medidas se tomarán para garantizar un ámbito de trabajo adecuado.

En la Argentina de Milei, la ciencia enfrenta el ajuste presupuestario y, ahora, una nueva señal de turbulencia en su conducción. Mientras se recortan recursos para investigar, innovar y producir conocimiento, una subsecretaría vuelve a quedar vacante y un funcionario se va denunciando que no podía trabajar en condiciones adecuadas. La crisis excede el nombre de quien renuncia: pone en discusión las prioridades, la capacidad de gestión y el lugar que el Gobierno le asigna al desarrollo científico nacional.

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  • Por decreto, Milei y Bullrich amplían autonomía de la PFA para vigilar redes, requisar, allanar y detener personas sin orden judicial

     

    Imagen: El Diario.

    Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.


    Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

    «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

    Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

    Imagen: iProfesional.

    Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

    Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

    En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

    También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

    Imagen: El Destape.

    El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

    Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

    «Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

    Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

    Imagen: iProfesional.

    Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

    Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

    «Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

    Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

    Foto: NA.

    En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

    El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

    Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

    «Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.