Como parte de las acciones tendientes a la prevención y detección temprana de casos de COVID-19, a partir de esta semana comenzaron a realizarse en el Complejo Fitosanitario Aduanero los tests de PCR solicitados en frontera a los transportistas rionegrinos. También podrán realizarlo los choferes que tengan como destino otras provincias.
El Intendente Marcelo Orazi realizó las gestiones correspondientes ante Salud Pública que permiten llevar adelante la realización de estas pruebas en este espacio estratégico.
Como resultado de esta acción se llevó adelante la capacitación en la tarde del viernes para poner en marcha la realización de las pruebas. Además es importante destacar que desde que comenzó la pandemia el Complejo cuenta con dos enfermeros profesionales en el acceso al predio para tomar la temperatura y atender cualquier tipo de situación que se genere en el aspecto sanitario.
Como se indicó esto forma parte de las medidas adoptadas en el Complejo Fitosanitario Aduanero teniendo en cuenta que se trata de un espacio de permanencia y circulación de personas de diferentes puntos del país y del extranjero.
El salteño Gustavo Sáenz no quiere que el Senado remueva a Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete porque cree que eso le serviría a Javier Milei para victimizarse y no pagar el costo político de echarlo.
El gobernador de Salta habló con sus pares de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil, para tratar de consensuar una postura común de cara al debate del pedido de interpelación en el Senado, por ahora previsto para la semana próxima.
Sáenz, Jaldo y Jalil controlan el bloque Convicción Federal, que tiene tres integrantes: el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y la tucumana Sandra Mendoza. Además el salteño tiene por fuera a Flavia Royón en el monobloque Primero Los Salteños.
La postura de Sáenz es no apoyar la remoción de Adorni porque eso le daría la posibilidad a Milei de victimizarse y acusarlos de golpistas, al mismo tiempo que le resuelve el problema político de sacarlo del gabinete. El salteño dice que hay que dejarlo que lo eche Milei.
Se trata de una postura similar a la que tenían otros sectores de la oposición, como el radical Maxi Abad que ayer afirmó que el gobierno tiene la pelota para resolver este tema y no llegar al extremo de que el Congreso remueva a Adorni. En cambio, el PRO confirmó que apoyará la remoción.
Moisés y Royón
Los senadores de Sáenz, Jaldo y Jalil fueron parte de los que pidieron al Gobierno que levante la sesión prevista para este jueves para evitar tener que pegados a la defensa de Adorni, ante la previsible embestida del peronismo. LPO contó que en las provincias dicen que nadie está defendiendo a Adorni y sospechan que la Rosada lo entregó.
Los aliados al gobierno le impusieron a Patricia Bullrich una semana de gracia para Adorni y si Milei no lo echa el próximo jueves 25 de junio tratarán el pedido de interpelación, que de aprobarse se realizaría el 2 de julio. El peronismo tiene 25 votos y
necesita sumar otros 12
de los habituales aliados del gobierno para aprobar la interpelación.
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Francisco Adorni, el hermano de Manuel, volvió a rectificar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Los nuevos cambios en su patrimonio se presentaron el 8 de junio.
El diputado provincial había presentado el 19 de mayo una primera rectificación que modificaba la presentación que había realizado a principios de año, al dejar su cargo en el Ministerio de Defensa.
En esta nueva presentación, Adorni argumenta una menor valuación del 50% de su casa en City Bell. En la documentación anterior afirmaba que el valor fiscal de la propiedad era de 67.500.000 y ahora afirma que es de 52.600.000.
Además, agregó cinco cajas de ahorro en las que tiene repartido poco más de 2 millones de pesos. Antes sólo había declarado dinero en efectivo.
Adorni es investigado por el fiscal Guillermo Marijuan por presunto enriquecimiento ilícito tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
El fiscal requirió información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito.
En su presentación anterior ante la Oficina Anticorrupción, Adorni declaró una cancelación del crédito hipotecario por un monto de 60.000.000. Esa cancelación se hizo en menos de un año. Esa inconsistencia motivó que el fiscal decidiera imputarlo.
«No fue una error, fue una omisión que ya fue subsanada. Es algo que le pasa a cualquier ciudadano», dijo el abogado Marcelo Peña, contratado por Adorni, a TN. Además dijo que la cuestión administrativa ya fue subsanada.
El gobierno de Axel Kicillof acelera la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública, proyecto que, en la última apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador adelantó que presentará para modificar la normativa que data de los 90.
Para eso, profundizó esta semana la ronda de negociaciones que abrió el mes pasado en Escobar, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso reunió a intendentes del Conurbano en Escobar.
Como contó LPO, en aquella oportunidad también hubo un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.
Como sea, la descentralización y la necesidad de mayores recursos son aspectos que cruzan la discusión de políticas de seguridad en todos los municipios.
En ese encuentro de Escobar, la Provincia reunió mayoritariamente a intendentes del peronismo, con la única excepción de Ramón Lanús que, a pesar de su extracción PRO, mantiene un diálogo fluído con la cartera de Seguridad provincial.
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el encuentro de este viernes entre intendentes de la Cuarta y funcionarios de Seguridad.
Ahora, el gobierno de Kicillof expandió en debate a intendentes de otros espacios. Esta semana, realizó encuentros en tres secciones electorales (Cuarta, Quinta y Séptima), convocando a cerca de una treintena de jefes comunales, algunos de ellos radicales, vecinalistas y del PRO.
El último de estos encuentros para debatir la reforma de la ley de seguridad pública se hizo en Chivilcoy, municipio gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, de buena relación con el gobierno provincial y que esta semana se mostró en La Plata con Julio Alak, uno de los intendentes del peronismo que piensa en la Gobernación.
En el gobierno de Kicillof señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía bonaerense dentro de una estructura de conducción provincial.
En la Provincia sostienen que la actual ley no contempla gran parte de las herramientas que los municipios desarrollaron en las últimas décadas, como Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.
En esos dispositivos y otros es que, sostienen, buscan darle un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial.
En esa línea, señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de una estructura de conducción provincial.
En los encuentros realizados esta semana en secciones electorales del interior bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de diferenciar las problemáticas que atraviesan municipios del interior con respecto a los del conurbano y que eso sea contemplado en la ley.
«Pero los pedidos son los de siempre: falta de móviles, de personal, más recursos. Cada vez que se hacen reuniones con Seguridad, llueven los pedidos de ese tipo», dijo a LPO uno de los intendentes que participó de estos encuentros.
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