El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de ultraderecha. Fue aprobado el año pasado pero se mantiene en secreto, a pesar de que contiene varios artículos de carácter inconstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática. La revista Crisis accedió a una copia del Plan de Inteligencia Nacional 2025 y constató la gravedad que reviste, por lo que consideramos imprescindible dar a conocer los artículos que resultan contrarios a los intereses nacionales y la vigencia de la democracia. Por Colectivo Editorial Crisis / Ilustraciones: Azul Blaseotto, Julieta Farfala y Nicolás Daniluk.
Luego de la publicación de los fragmentos más significativos del Plan de Inteligencia Nacional 2025, cinco destacados especialistas en materia de seguimiento y control del espionaje estatal aportaron sus miradas críticas. El jurista Alberto Binder, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), centró su lectura en la reaparición del “infraestado mafioso”. El analista Juan Gabriel Tokatlian junto al ex canciller Rafael Bielsa examinaron con lupa “la dimensión internacional del PIN”. Mientras les integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky y Manuel Tufró, pusieron la lupa en las violaciones de derechos que nos ubican en un estado de “libertad vigilada”. El resultado es un dossier imperdible, que cuestiona los postulados del espionaje libertario y constituye un insumo de primer orden para que actúen aquellos contrapoderes que deberían ponerle límite a la prepotencia del gobierno de ultraderecha.
El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de ultraderecha. Fue aprobado el año pasado pero se mantiene en secreto, a pesar de que contiene varios artículos de carácter inconstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática.
En notas posteriores, el cronista del diario La Nación agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Por otra parte, a finales de octubre de 2024 varios legisladores nacionales que integran la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fueron convocados a las oficinas de la SIDE para discutir el PIN y esa reunión “terminó mal”.
La periodista Irina Hauser, del diario Página 12, informó sobre la existencia de un documento elaborado por la Comisión Bicameral donde se explicitan “las inconsistencias y peligros” del PIN y extiende una citación al actual titular del organismo de inteligencia estatal, Sergio Neiffert, para ofrecer las explicaciones del caso. El informe de la Bicameral también permanece oculto.
La revista crisis accedió a una copia del Plan de Inteligencia Nacional 2025 y constató la gravedad que reviste, por lo que consideramos imprescindible dar a conocer los artículos que resultan contrarios a los intereses nacionales y la vigencia de la democracia.
Arrodillamiento estratégico
El PIN 2025 presenta las amenazas y oportunidades del denominado “Actor Nacional”, en una estructura compuesta por 10 Lineamientos Estratégicos (LE), que coinciden con otros tantos Objetivos Generales de Inteligencia (OGI), para cada uno de los cuales se despliegan diferentes Objetivos Particulares de Inteligencia (OPI). Por su parte, cada OPI se desagrega en varias Necesidades de Inteligencia (NI).
El LE #1 se titula “Disputa de poder en el escenario de Política Exterior” y sus tres primeras NI son, desde nuestro punto de vista, las más intolerables pues conllevan la subordinación de la soberanía a manos de dos potencias genocidas.
A partir de esta definición, el resto de las naciones y en particular las que forman parte de nuestra región pasan a ser consideradas amenazas, contradiciendo el más básico sentido común geopolítico.
Vigilar al soberano
El tercer Lineamiento Estratégico lleva por nombre “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.
Nos detendremos en el primer Objetivo Particular de Inteligencia (OPI), que alude al “Orden Económico y Financiero” y se propone producir conocimiento sobre “la evolución de actores, hechos, factores y procesos con potencial impacto en la situación económica y financiera argentina”. Veamos las NI 03 y 11.
No es muy difícil entrever que cualquier sujeto social que luche por sus derechos dentro de los marcos habituales de la conflictividad sindical o ciudadana, podrá ser considerado una amenaza y ser objeto de espionaje.
Idéntico riesgo se observa en el OPI 3 del mismo LE, dedicado a vigilar “la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios que pudieran afectar el desarrollo de la infraestructura estratégica nacional”.
Si avanzamos hacia el OPI 5 de dicho Lineamiento Estratégico, que ordena seguir de cerca “la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios con potencial impacto negativo sobre el orden constitucional, el funcionamiento institucional, la gobernabilidad democrática y la plena vigencia de los derechos constitucionales”, la inteligencia estatal se vuelca decididamente al accionar político, como leemos en las NI 02, 03 y 04.
Dentro del mismo LE, la OPI 6 apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podrían ser organismos de derechos humanos e incluso las instancias jurídicas internacionales.
En la misma línea, la NI 04.01.08.11 pone en el blanco a los promotores científicos que abogan por la conservación de la biodiversidad.
El Lineamiento Estratégico 5 se ocupa de los “Recursos naturales estratégicos e incidencias en la Biósfera con efectos de interés nacional” y, con esa facilidad que tiene la ultraderecha para dar vuelta cualquier lógica, incluye entre las amenazas a las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios.
Anarco autoritarismo
El Lineamiento Estratégico #8 está dedicado al ítem “Terrorismo” y en su Objetivo Particular de Inteligencia 2 ingresa, si se tiene en cuenta el lugar de enunciación, a una zona delirante. Se trata de un gobierno autodenominado anarco-capitalista cuyo propósito explícito consiste en destruir al estado, pero cataloga como terrorista a los “actores cuyo propósito manifiesto sea promover la ausencia de autoridad estatal como modelo de sociedad organizada”. El peligro de criminalizar a una ideología de larga tradición resulta inadmisible.
Hay otros pasajes de discutible legalidad, pero los hasta aquí expuestos son suficientes para evidenciar que estamos ante un Plan de Inteligencia Nacional que abre las puertas al atropello, en consonancia con la vocación represiva de la administración Milei. Cuando el estado se escuda en el secreto para cometer actos inconstitucionales, el periodismo debe cumplir su función primera, que consiste en informar al soberano. El pueblo tiene que saber.
El infraestado mafioso vuelve a la carga
por Alberto M. Binder
Hace varios años que sabemos que nuestro país debe reorganizar con audacia y profundidad el servicio de inteligencia, cuya construcción en el contexto de la guerra fría no pudo ser revertida durante los primeros años de la democracia. La Ley 25.520 no logró modificar sus bases culturales, y a partir del gobierno del presidente Menem comenzó a jugar el juego de otras agencias de inteligencia, provocando guetos, grupos descontrolados, operaciones judiciales y una serie de prácticas totalmente alejadas de la producción de la inteligencia estratégica propia de un país democrático, inserto en un mundo complejo, lleno de desafíos, riesgos y oportunidades. Esta situación fue aceptada por todos los gobiernos posteriores y no fueron problemas específicos de inteligencia, sino crisis internas o, más bien, la autonomía creciente de ciertos sectores del aparato respecto de la utilización política, las que provocaron en 2015 unas primeras reformas y un agravamiento, en tanto se aumentó el sesgo de la preocupación hacia fenómenos criminales propios también de los nuevos esquemas de seguridad internacional (como el narcoterrorismo).
El gobierno de Alberto Fernández proclamó la necesidad de un cambio profundo y estructural, que llevó a la intervención del organismo y a la promesa del dictado de una nueva ley de inteligencia nacional, que nunca se presentó, y finalmente todo se fue diluyendo en temas menores y en la prórroga de las intervenciones. Quedó eso sí la prohibición absoluta de la intervención de los agentes de inteligencia como auxiliares de las investigaciones judiciales, práctica que había corrompido a la justicia federal y provocado graves distorsiones en muchos casos penales.
La falta de fuerza, de claridad y la manipulación o el oportunismo de los últimos gobiernos impidió la reconstrucción del sistema de inteligencia y así llegamos a la situación actual en la que el gobierno, de un modo ilegal (por DNU) vuelve al modelo repudiado por casi la totalidad de la dirigencia política y los organismos dedicados al seguimiento y control de la inteligencia nacional, volviendo a sembrar de zonas grises y ambigüedades las actividades de inteligencia, investigación de delitos y prevención de actos graves.
En este marco se conoce el plan Lineamientos Estratégicos del Esfuerzo de Inteligencia Nacional, realizado con una vaguedad y tosquedad que no deja de llamar la atención. Perfectamente se podría haber reducido toda la jerga “inteligentiosa” con una sola frase: “Anticipar, identificar, reconocer, monitorear y analizar riesgos, amenazas y oportunidades materializados por actores y/o escenarios relevantes que afecten los intereses nacionales” y “producir conocimiento anticipatorio que favorezca esos intereses”. No constituye un plan estratégico realizar un listado de todo lo que debe hacer el sistema. Los efectos prácticos de los Lineamientos hubieran sido los mismos: ninguno para orientar el accionar de la Dirección y ninguno para facilitar el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Estamos ante un documento burocrático, falsamente profesional, lleno de terminología aparentemente importante, y que, además, produce un permanente solapamiento de los temas de la Inteligencia Militar con la Inteligencia Estratégica Nacional.
Contrainteligencia extendida
Frente a esto uno podría decir que no vale la pena prestarle demasiada atención porque, de hecho, estos Lineamientos o planes nunca han servido para nada y menos aun para que la sociedad puede ejercer un control. Pero contiene algunos signos que sí son preocupantes. Uno de ellos es la aparición del verbo “neutralizar” que no se corresponde con las actividades de inteligencia, que siempre implican la construcción de un sistema de alertas de distinto tipo pero nunca, acciones policiales de prevención o de represión, para las cuales tenemos divisiones especiales dentro de las fuerzas de seguridad federales, con sus propios sistemas de control, entre ellos el judicial.
En segundo lugar, abre el peligrosísimo campo de la acción de sabotaje informativo, realizada por redes, medios masivos de comunicación, etc., copiando realidades que existen en otros países (normalmente en guerra o con conflictos análogos), pero que trasladado a nuestro país evoca una tradición de manipulación y persecución que nos debe poner en alerta. Este es el país del Proyecto X de Gendarmería, de la manipulación judicial por parte de los servicios de inteligencia, de la infiltración en movimientos sociales, de la fabricación de “terroristas indígenas” para ser presentados en los medios de comunicación, y tantos otros peligros extremos.
Los lineamientos, que parecen típicos de una serie de espías, nos deben poner en alerta, para saber qué directivas de operaciones concretas se fundan en ellos y qué tipos de control interno y externo se irán desarrollando. Nada mejor para ocultar la discrecionalidad que realizar un plan que dice que se va a ocupar de todo, de un modo repetitivo, de tal manera que parece que hubiera un pensamiento complejo detrás del listado de obviedades. Una vez más, Contrainteligencia aparecerá como el lugar más apetecido porque es el que permite el trabajo permanente dentro del territorio nacional, no para desactivar el accionar de otros servicios de inteligencia, sino para proteger las instituciones y a los gobernantes, tareas que no son específicamente de contrainteligencia. Se trata del viejo departamento de acción política de las fuerzas federales, sólo que más subterráneo y provisto de recursos.
En fin, no vale la pena detenerse más en el análisis del plan. El objeto central del cuestionamiento debe ser el decreto del Gobierno que ha restructurado ilegalmente al servicio de Inteligencia. Hacia allí deben orientarse las acciones institucionales de control y la Comisión Bicameral, que a lo largo de los años no sirvió de mucho, debe ser hoy interpelada permanentemente para tratar de mitigar los efectos de esta nueva central de comando del infraestado mafioso, que con astucia el gobierno reviste de un lenguaje banal y burocrático para esconder las verdaderas intenciones. Fortalecer las acciones de control de la sociedad, a través de las organizaciones específicas (por ejemplo, las que se nuclean en la Iniciativa Ciudadana para el control de los Servicios de Inteligencia), y una acción decidida de presión sobre la Bicameral de control del Parlamento son las acciones que debemos desarrollar con tenacidad y compromiso.
Relaciones peligrosas: la dimensión internacional del PIN 2025
por Rafael Bielsa y Juan Gabriel Tokatlian
Desde la restauración de la democracia hasta hoy, ninguna autoridad civil argentina recibió información de inteligencia internacional que le haya resultado dirimente. Cuando fue solicitada, ha sido excepcional que la contestación excediera lo ya publicado en medios públicos. Cuando el pedido se realiza en el exterior lo más frecuente es que la réplica ni siquiera contenga información de personas de la nacionalidad del país en donde se la requirió (o que habiten en él). Esta comprobación hace que las autoridades civiles piensen que se trata de una colaboración improductiva o que los agentes de inteligencia obtienen información, analizan los datos y elaboran informes referidos a quienes hicieron el pedido y no sobre quienes era útil tener asesoramiento estratégico. Por ello, los subsidios por discapacidad o las mejoras para los jubilados que se discuten en el Congreso nacional perfectamente podrían ser financiados con una reducción en los fondos para la SIDE, si es verdad que lo que se busca es solvencia fiscal y eficiencia.
El nuestro es un país con peculiaridades marcadas. Una economía fuertemente endeudada en moneda extranjera, prácticamente sin crédito externo, y con los bancos locales sin ofrecer préstamos en dólares porque las reservas propias están recortadas. Así, carecemos de un sistema de monedas capaz de eclipsar el riesgo de corridas y crisis de deudas.
La comunidad asiste al aumento de las desigualdades vinculado con la precarización del trabajo (en el centro de la crisis de endeudamiento que se produjo en 2018 estuvo el cúmulo de los asalariados); con la atrofia del Estado de bienestar (la mejora del nivel de vida empieza por un cambio de los ingresos frente a los precios); y con la imposibilidad de ascenso social (insuficiencia de ingresos frente a las aspiraciones que, según lo muestran algunas encuestas, están presentes en la conciencia de los argentinos).
Las debilidades en el funcionamiento de la democracia conviven con la incertidumbre sobre qué pasará con el trabajo a partir de la inteligencia artificial, o cómo cuajará el escenario de tensiones geopolíticas pronunciadas en el contexto internacional.
En ese sentido, la Argentina necesita una política exterior que sea armónica con sus posibilidades y expectativas, y una inteligencia nacional coherente con ellas. Vive controversias que no puede evitar, sino que debe resolver: una de ellas son las Islas Malvinas y el Reino Unido. Otra, las tensiones diplomáticas con Irán relacionadas con el atentado a la AMIA. La generación de retos y bretes adicionales sería difícil de explicar.
El Shin Bet, la agencia de espionaje interno de Israel, y la Lahav 433, una unidad de élite dentro de la Policía que se encarga de investigar delitos graves a nivel nacional, relataron que habían detenido a dos personas jóvenes. Reclutados como informantes de Irán en plataformas digitales dedicadas al swinging, los apresados habían adquirido cámaras de circuito cerrado de televisión y trataron de instalarlas frente a la entrada de la casa del ministro de Defensa. Pareciera haber una tendencia creciente de espionaje iraní en Israel, donde los servicios de inteligencia persas han identificado a ciertos grupos como objetivos potenciales. Los reclutados comparten características: dificultades financieras, falta de solidaridad, falta de cohesión y una menor identificación nacional.
El contexto es el aumento de las tensiones en torno al programa nuclear iraní, que los líderes israelíes consideran una amenaza existencial, el aparente freno que Estados Unidos aplicó a un ataque israelí a instalaciones nucleares iraníes, y la ejecución de Pedram Mdani, la segunda en 2025, acusado de “declarar la guerra a Dios” y de “corrupción en la tierra” por trabajar con el Mossad. Antes del arresto de los dos jóvenes, Israel aprisionó a dos reservistas de las Fuerzas de Defensa (IDF), acusados de enviar a Irán información sobre el sistema misilístico de defensa Iron Dome a cambio de un poco de dinero.
Lo dicho es lo que pareciera haber. Lo que pareciera no haber, para los intereses fundamentales de nuestro país, son informes que establezcan qué es importante conocer de este entramado de episodios. Lo que obliga a analizar cuáles son los planes al respecto.
Inteligencia unipolar
El borrador del documento que contiene el Plan de Inteligencia Nacional (PIN 2025) del gobierno del presidente Javier Milei, divulgado en medios públicos, es una pieza relevante que merece un análisis profundo debido a su contenido y a las potenciales consecuencias internas y externas. Si se asume que el propósito doméstico del mandatario es reordenar por completo la política, la economía y la sociedad y, asimismo, replantear plenamente la política exterior y de defensa de la Argentina, entonces resulta consecuente que procure el rediseño sustancial de la inteligencia del país.
En lo que hace específicamente al plano internacional el PIN 2025 no modifica sustantivamente el conjunto de asuntos y problemáticas que demandan atención, anticipación, seguimiento, monitoreo, ponderación, disuasión y neutralización. Por ejemplo, una sencilla comparación con el Plan de Inteligencia Nacional de 2015-2016 contribuye a identificar cierta continuidad: presencia militar extra-regional, recursos estratégicos naturales, ciberdefensa, terrorismo, criminalidad organizada, negocios ilícitos de diverso tipo, ciberseguridad, contrainteligencia, entre otros. A ello hay que sumar temas vitales en momentos en que se revalorizan los estrechos, archipiélagos, océanos y polos tales como, en el caso argentino, Magallanes, Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Con un lenguaje algo distinto a planes previos, sin embargo, se preserva la relevancia y gravitación de cuestiones esenciales para la seguridad y la defensa del país.
No obstante, hay una materia donde se manifiesta un cambio primordial e inédito. El documento afirma en su Lineamiento Estratégico N° 1, en el marco geopolítico vigente, la centralidad de lo que sigue: a) “Situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el relacionamiento estratégico con Estados Unidos de América”; b) “Situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el normal relacionamiento estratégico con Israel”; y c) “Posibles escenarios de conflicto para el Actor Nacional, derivados del afianzamiento de relaciones estratégicas con Estados Unidos de América e Israel”. Subsiguientemente, se señala lo que debiera ser el análisis de “posicionamientos” y “conductas” de los entornos europeo, asiático y latinoamericano “respecto del alineamiento estratégico del Gobierno Nacional”. Todo es meridiano; no hay lugar para la confusión.
Es inusitado que en un plan de inteligencia se explicite categóricamente el tipo y alcance de vínculo internacional que tendrá el país. Es un anuncio hacia la burocracia interna en el campo de la diplomacia, la defensa y la seguridad, así como hacia las contrapartes mundiales de diverso orden que, básicamente, la Argentina tiene un “relacionamiento estratégico” solo con dos países. Las otras 191 naciones de Naciones Unidas parecen intrascendentes, insignificantes o incómodas. Argentina padece un largo proceso de declive, es muy vulnerable, está políticamente fragmentada, ha perdido cohesión social y carece de capacidades materiales y militares potentes y autosuficientes como para optar por alinearse solamente con Washington y Tel Aviv en un mundo que ha dejado de ser incierto para tornarse peligroso.
Desinteligencia estratégica
A su turno, ese principio de abrazarse a dos países en materia de inteligencia es confuso. ¿Significa que solo se vinculará el sistema de inteligencia nacional a esas dos naciones? ¿El resto del universo será objeto de evaluación por sus “posicionamientos” y “conductas” con relación al “alineamiento estratégico” que optó la administración de La Libertad Avanza (LLA)? El artículo 13, inciso 4 de la Ley de Inteligencia Nacional dice que la agencia encargada de las labores de inteligencia tiene como misión “dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, así como también las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados”. Esto implica que es prioritario tener vínculos con el mayor número posible de contra-partes de acuerdo con los objetivos y necesidades del país. ¿Resulta productivo o improductivo para la Argentina desplegar más nexos y mejores contactos en el área de inteligencia con las naciones vecinas y de América Latina en la medida que se comparten retos y dificultades bastante semejantes? En el PIN 2025 no se mencionan las palabras cooperación y colaboración: únicamente pareciera ser útil y primordial el lazo con dos países y el reforzamiento de un plegamiento in toto a ambos que de ninguna manera se justifica o explica en el documento. Es llamativo que a la persistente y pertinente invocación de la defensa del interés nacional jamás se la fundamenta: ¿la opción elegida refuerza o debilita tal interés? Además, ¿qué significa, en el fondo, el “relacionamiento estratégico” con solo dos países en las actuales circunstancias políticas de cada uno de ellos? ¿La Argentina emprenderá tareas o asumirá compromisos para respaldar enteramente a los gobiernos de turno en ambos casos, así debiliten los pilares del derecho internacional y de las instituciones correspondientes?Junto a este notorio viraje en el ámbito de la inteligencia, el documento tiene problemas serios que se derivan, en buena medida, de su sesgo dogmático. Por ejemplo, con justificada razón se manifiesta una inquietud respecto a las acciones, alianzas, despliegues y avances del Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. Ahora bien, el debilitamiento de la posición de la Argentina obedece cada día más a lo que dice y hace Buenos Aires. El gobierno de Milei rechazó la invitación a ser parte de BRICS, no tiene interés alguno en las resoluciones y las citas de CELAC y vota consistentemente contra asuntos sobre Palestina granjeándose el malestar de naciones de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). En su conjunto, BRICS original, CELAC y OCI suman 93 países de los 193 de la ONU. En general, las posiciones bilaterales y multilaterales de LLA alienan a gobiernos que no alcanzan a entender si son considerados oponentes, antipáticos o insufribles para la Casa Rosada. Y todo ello le viene de perillas al Reino Unido.Más todavía, la adhesión sin límites a los hábitos de estadounidenses e israelíes en materia de inteligencia podría conspirar contra la reivindicación de la política exterior argentina consistente en la recuperación pacífica del territorio insular ocupado por el Reino Unido. El reclamo por las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur podría, eventualmente, no ser ratificado por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas ni por la Asamblea General de la OEA, como ya ocurrió en la cumbre de MERCOSUR de julio de 2024 y la cumbre de la CELAC de 2025.
El Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24), está compuesto por 29 países miembros, entre otros Bolivia, Chile, China, Cuba, Irán, Rusia, Siria y Venezuela; Uruguay participa como observador, al igual que España. ¿Qué opina nuestra inteligencia de las relaciones con esos países a los fines del tema Malvinas?También por motivos justificados el PIN 2025 se propone “producir conocimiento anticipatorio y desarrollar el seguimiento sobre la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios con potencial impacto negativo” sobre la democracia en el país. Uno de los fenómenos más preocupantes en ese frente lo constituye los dichos y las acciones del gobierno del presidente Donald Trump y el auge de una extrema derecha antisistema democrático en Estados Unidos, país identificado como el más importante para el “relacionamiento estratégico” de la Argentina. El país se está alineando activa y visiblemente con una de las principales fuentes del deterioro de la democracia en Occidente.
Adicionalmente, el documento destaca la preocupación por los “actores, hechos o circunstancias que influyen en el debilitamiento de la confianza en las autoridades sanitarias, el conocimiento científico del área y/o eficacia de ciencia aplicada en la jurisdicción nacional”, así como por todo aquello que genere “angustia en la población” respecto a la “propagación de enfermedades, considerando el espectro desde la vacunación hasta el tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas”. En realidad, el “debilitamiento” social proviene de las políticas internas de salud de la administración, así como de la no suscripción del llamado tratado internacional contra la pandemia de mayo de este año y el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud.
Cortarse solos
En breve, estamos ante un Plan de Inteligencia Nacional extravagante. Se le anuncia a la comunidad internacional y se ordena a los funcionarios locales que la Argentina se alineará abiertamente con dos naciones, y que ese es su propósito vital en tanto se entiende que así se defiende, a plenitud, el interés nacional del país. Nada indica la existencia de un diagnóstico sesudo y equilibrado sobre el estado real del mundo en medio de una turbulencia global que ya no es fuente de incertidumbre sino motivo de peligrosidad. No pareciera existir motivación política alguna para estimular una mayor cooperación regional en el frente de la inteligencia, ni un reconocimiento del valor de América Latina en tantos y distintos vínculos que históricamente ha tenido el país. Pareciera que la Argentina fuese hoy una nación en auge y con capacidades formidables que se puede “cortar sola” en política exterior, en defensa y en inteligencia; una presunción que puede resultar muy costosa para el país en un futuro no muy distante.
La libertad vigilada
por Paula Litvachky y Manuel Tufró – CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
El Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN) se conoció de manera fragmentaria a partir de publicaciones periodísticas. La lectura de esos fragmentos alcanza para entender que el nivel de secreto que lo rodeó (y que solo se quebró por la lógica de la filtración a la prensa) tiene que ver con su carácter inconfesable. En pocas ocasiones los planes de inteligencia se hicieron públicos, y por lo tanto se pudo discutir su doctrina, prioridades y contenidos. Hoy tampoco conocemos la política nacional de inteligencia que define el presidente. La decisión de no hacerla pública responde a diversos objetivos: no discutirla, no rendir cuentas, ocultar su orientación. Y que para hacerlo se tensionan o directamente se transgreden la Ley de Inteligencia y la Constitución. Usar al sistema de inteligencia para hacer política es incompatible con la vida democrática.
La inclusión de determinados fenómenos o asuntos en la lista de temas de interés implica que se los considera un riesgo o una amenaza para la defensa nacional, la seguridad interior o, desde la última reforma por decreto de necesidad y urgencia de Milei, para los intereses estratégicos de la nación. Este PIN maximiza la intervención de la SIDE para la defensa del interés nacional, definido de una manera tan vaga que permite incluir cuestiones defensivo militares o criminales, pero también ordenar tareas de recolección de información en casi cualquier área de gobierno. Además, cuando entre esos asuntos se incluyen las manifestaciones públicas, la conflictividad social, el ambientalismo, o la imagen pública de los funcionarios y de las políticas de gobierno, queda claro que esos “riesgos” no se están evaluando desde el punto de vista de la protección de la sociedad y del orden constitucional, sino más bien en función de la reinstauración explícita de la lógica de la seguridad del Estado y del uso del aparato de inteligencia para la defensa de un programa político específico: el libertario, que venía a destruir el Estado pero que usa sus herramientas más duras para blindarse de críticas, a través de la vigilancia e intimidación de quienes piensan diferente.
Espionaje y propaganda
Una parte sustancial de los objetivos y necesidades de inteligencia incluidos en lo que se conoce del PIN ponen a la estructura de inteligencia a vigilar, analizar y caracterizar distintos aspectos de la conversación pública, es decir, medios de comunicación, plataformas, redes sociales. Espacios en los que se ejerce una libertad de expresión que, para la SIDE, empieza a tener contornos de amenaza cuando haya mensajes que “promuevan la conflictividad” (01.01.08.06), la táctica más utilizada por todos los sectores políticos (incluidos los libertarios) en los últimos años; o cuando las críticas apunten contra el sistema financiero (a “erosionar la confianza” en las instituciones económicas, 02.01.03.01), e incluso cuando se denuncien situaciones ligadas a grandes empresas (mensajes que “erosionen la reputación, prestigio, imagen y legitimidad de las empresas asentadas en territorio nacional”, 02.01.03.05).
¿Quiénes son los actores alcanzados por esta vigilancia de la opinión? Se utilizan diferentes fórmulas. Por ejemplo, “actores de interés” o “actores estratégicos”, tan amplia que habilita operaciones de todo tipo, en tanto no se establecen criterios para delimitar qué es lo que hace que un actor sea “de interés” o “estratégico”. Esta fórmula es especialmente grave en tanto incluye también a “actores no estatales” (01.01.08.01). Se habla también de actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas (02.01.01.02) o de actores que promocionen la fragmentación social o el uso de la violencia para la resolución de conflictos (02.01.02.02) o la desestabilización institucional (02.01.01.03).
La presencia de todas estas formas ambiguas (¿qué es manipulación, qué es violencia, desestabilización, qué es erosión de imagen?) deja en manos de los propios funcionarios de la SIDE la definición concreta y operativa de quiénes encarnan estas amenazas que se expresan en la comunicación pública, es decir, en narrativas. Se habilita así la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, periodistas, artistas y cualquier voz crítica.
En el aspecto comunicacional la SIDE se arroga funciones que deberían tener otras áreas del Estado, incluidos los medios públicos que fueron desmantelados, y que están expresamente prohibidas por la ley de inteligencia. El “Objetivo Particular de Inteligencia N.9” ordena producir conocimiento para apoyar la formulación de mensajes y evaluar la efectividad de la comunicación estratégica oficial. Esto implica armar un aparato secreto de propaganda para, entre otras cosas, identificar y segmentar audiencias (01.01.09.01), identificar aliados o adversarios de la propia narrativa (01.01.09.03) y analizar el impacto de la comunicación oficial (01.01.09.05 y 01.01.09.07). Este tipo de acciones está prohibido por la ley de inteligencia, en su art. 4 inciso 3, que señala que ningún organismo de inteligencia podrá influir en cualquier modo en la situación del país, ni en la opinión pública, personas o medios de difusión.
Cuando el año pasado la revista crisis publicó la investigación del Equipo de Investigación Política (EDIPO) sobre las milicias digitales de la ultraderecha y su funcionamiento convergente con las estrategias comunicacionales del gobierno en el doxeo y hostigamiento a periodistas y activistas, sobrevolaron las sospechas sobre un financiamiento estatal y encubierto de esos trollcenters. El aumento desmedido de fondos reservados para la SIDE apuntaló estas sospechas. Hoy hay un PIN cuyas órdenes parecen reflejar la incorporación de estas prácticas a la estrategia general de la inteligencia nacional.
El extractivismo en el centro
A esta altura no es novedad que para este gobierno las expresiones de la conflictividad social como manifestaciones o huelgas, lejos de ser aspectos básicos de la democracia, son situaciones cuasidelictivas que hay que impedir, desalentar, perseguir y/o castigar. Para ello establecieron una normativa de bajo rango que habilita a las fuerzas de seguridad a atacar a manifestantes cuando el gobierno lo considere conveniente. Y aprietan al poder judicial para alinearlo con esa perspectiva. El PIN coloca una pieza más en esa maquinaria, pero especialmente preocupante porque implica habilitar prácticas de espionaje sobre organizaciones sociales y políticas, movilizaciones y otras formas de protesta. Hace años que se busca desactivar la organización y el dispositivo de movilizaciones con prácticas de inteligencia política ilegal. Ahora hay un plan estratégico que las promueve en violación directa de la ley de inteligencia nacional que en el artículo 4.2 prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de sus opiniones políticas, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales, o por sus actividades lícitas en esos espacios. O de su artículo 4.3 que prohíbe que el sistema de inteligencia influya de cualquier modo en la situación política y económica del país.
Una parte de la vigilancia sobre la conflictividad responde al ya mencionado objetivo de poner al aparato de inteligencia a intervenir sobre los obstáculos que pudieran presentarse al plan de reprimarización de la economía. La “matriz productiva” y la “infraestructura” ya habían sido identificadas como bienes a proteger por el Ministerio de Seguridad en diversas resoluciones del año pasado. El PIN ordena al sistema de inteligencia vigilar a los actores y comportamientos con “potencial impacto en la matriz-económico-productiva de la Nación” (03.01.01.03) y que supongan riesgos para el “normal funcionamiento y desarrollo integral de la Nación” (03.01.03.01). También se pone como prioridad monitorear las posibles consecuencias del plan económico, como los riesgos derivados de la apertura económica, que serían oportunidad para que intervengan “actores disfuncionales al interés nacional” (03.01.01.11), y las dinámicas de pobreza, desigualdad y desocupación, caracterizadas como “riesgos para el desarrollo integral de la Nación” (03.01.02.02).
La centralidad del extractivismo en este proyecto político pone a la SIDE y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad (DNIC) a enfocarse especialmente en hacer seguimiento de la conflictividad socioambiental y vigilar al activismo ambientalista y los pueblos indígenas que motorizan la resistencia a estos intereses económicos. La mirada está puesta en situaciones y actores que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos (05.01.01.02), que “deriven en situaciones de conflictividad social” e incidan en la disponibilidad de recursos naturales (05.01.04.02) y más específicamente en los “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas”, con capacidad de incidencia política y/o de obstruir proyectos extractivos (05.01.03.03). Se ordena a la inteligencia criminal trabajar también sobre la posible “obstrucción” de proyectos extractivos por parte de grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados, es decir, comunidades indígenas (05.01.04.04), habilitando el tipo de inteligencia ilegal que ya se registró en episodios anteriores contra el pueblo mapuche, por ejemplo. También incorpora como objetivo el seguimiento de las instancias internacionales (sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada) que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad” (05.01.03.01). Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional” (05.01.03.01).
Una tercera línea que habilita la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales se enmarca en la hipótesis de que existen “amenazas para la gobernabilidad democrática y el orden constitucional” (03.01.05.02) y “tendencias de radicalización política” (03.01.05.04) a las que hay que monitorear. La vaguedad de estas fórmulas implica que hay que buscar en otras medidas o declaraciones de funcionarios las claves para entender cuáles podrían ser, para el gobierno, esas amenazas y procesos de radicalización. Durante el año pasado ese tipo de calificativos se utilizó para hablar de manifestantes, de grupos “anarquistas” o “antifascistas”, y de cualquiera que esbozara una resistencia a la violencia policial desplegada de manera sostenida en el espacio público. Sabemos que estos dos objetivos ya están siendo cumplidos, a partir de otra “filtración”, en este caso de una directiva firmada por Diego Kravetz, en la que ordena a la SIDE y al Ministerio de Seguridad (DNIC) vigilar y producir informes sobre “actores locales” que impliquen riesgos para el orden constitucional y la gobernabilidad democrática y sobre la “radicalización política y violencia extrema”.
Otras “necesidades de inteligencia” incluidas en el PIN implican directamente la vigilancia de las protestas sociales. Encuadradas en la línea estratégica de “terrorismo” aparecen órdenes de realizar inteligencia en “actividades y/o manifestaciones en vía pública y/u otros ámbitos de asistencia masiva, que pudieran ser blancos de oportunidad” de la acción de grupos catalogados por el gobierno como terroristas (08.01.02.03). Por supuesto que la clave aquí está en los criterios que se utilizan para hacer esa evaluación. En un gobierno que catalogó como “terroristas” a personas que manifestaban frente al Congreso o a comunidades indígenas que reclaman sus tierras, esta orden es una carta blanca para espiar cualquier protesta social.
Terrorismo sin bordes
Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se fue consolidando una arquitectura global para la lucha contra el terrorismo que naturalizó altos niveles de secreto y la posibilidad de violar derechos y garantías de las personas sospechadas. Por estas y otras razones, el uso de las categorías “terrorismo” y “terrorista” se fue ampliando, en la medida en que resulta útil para aquellos regímenes que quieren estigmatizar, criminalizar y desarticular a la disidencia política sin tener que rendir cuentas. Desde diciembre de 2023 Argentina se inscribe en este grupo de países, usando la categoría “terrorista” para designar a una amplia variedad de fenómenos y organizaciones, desde el narcomenudeo hasta pueblos indígenas, pasando, como ya se mencionó, por las personas que participan de manifestaciones, huelgas y otras formas de protesta social.
El PIN se inscribe en esta misma lógica. El objetivo de producir información sobre presuntas actividades terroristas (probablemente una de las misiones centrales de una agencia nacional de inteligencia) se derrama sobre actividades y sujetos que quedan bajo vigilancia por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos, incurriendo en las prohibiciones que establece la ley de inteligencia (art. 4 inc. 2).
Las hipótesis de terrorismo que plantea el PIN son cuatro, y el problema es que en todos los casos se establece una especie de continuidad entre protesta, acción directa, violencia y terrorismo. En todos los supuestos se habilita, como ya se mencionó, la vigilancia de manifestaciones públicas u otras formas de protesta que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. También se ordena monitorear (o infiltrarse) en conflictos sociales, en aquellas “demandas legítimas” dirigidas al Estado que pudieran ser afectadas por la “injerencia” de terroristas. (08.01.02.09). En todas las hipótesis se avanza además en la confusión entre terrorismo y crimen organizado, siguiendo la matriz ya planteada en varias intervenciones del gobierno en 2024 y también por el gobierno de EEUU.
En la primera hipótesis, vinculada a las “actividades de extremismo religioso” (eufemismo por terrorismo islámico), se ordena vigilar posibles conexiones locales de organizaciones terroristas, y se considera el “posible impacto en diásporas como entornos de blancos terrorista” (08.01.01.02), es decir, las comunidades musulmanas puede ser objeto de vigilancia. Esto ya generó problemas por el seguimiento inútil para la prevención de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994 que hizo la SIDE de la comunidad islámica en argentina y con los “falsos positivos” de los operativos promovidos por Patricia Bullrich en estos últimos años. Hay otro problema con esta primera hipótesis: la SIDE involucra aquí a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), con lo cual los militares comienzan a participar en actividades de inteligencia externa e interna. El fundamento de esto es la intencional y persistente confusión que el gobierno promueve entre temas “internacionales” y cuestiones de “defensa nacional”, sin importar si se trata de una amenaza de tipo militar o no.
La segunda hipótesis son las actividades terroristas “de raigambre anarquista”, instancia en la que involucra a la inteligencia criminal. Como esto no tiene ningún referente empírico, hay que tratar de adivinar a qué se refiere la SIDE cuando habla de vigilar a “los principales grupos anarquistas a nivel global” (08.01.02.01) o los espacios geográficos “pasibles de ser utilizados para (…) actividades de formación y capacitación en técnicas anarquistas” (08.01.02.02). Por supuesto que todo depende aquí de cómo va a utilizar la SIDE la categoría “anarquista”, pero en cualquier caso se trata de una clara persecución ideológica, ya que el mero hecho de expresar ideas anarquistas o integrar grupos autodenominados o catalogados de esa manera implica ser sospechado de terrorismo y entrar en la lista de vigilancia.
Algo similar ocurre con la tercera hipótesis, la que ordena monitorear las actividades que respondan a “ideología exacerbada”, lo que incluye la “intimidación pública” (viejo delito que en los últimos años fue arrastrado al campo semántico del terrorismo) para impulsar “propósitos ideológicos extremistas”. Se incluyen aquí cuestiones como el “nacionalismo excluyente”, el racismo, o cualquier forma de intolerancia (08.01.03.01). Salta a la vista que, si se cumplieran a la letra estas órdenes, las milicias del propio gobierno deberían estar entre los primeros vigilados. Pero más allá de ello, otra vez aparecen unos términos de enorme amplitud, sin definiciones sobre lo que se entiende por “exacerbado” o ”extremo”.
El último supuesto tampoco tiene un correlato en la realidad, pero resulta mucho más fácil interpretar a dónde apunta la SIDE ya que se trata de una caracterización que viene siendo instalada por distintos actores políticos y mediáticos en los últimos años. La hipótesis es la de actividades terroristas ligadas a “expresiones organizadas tendientes a incentivar acciones separatistas, contra el Estado Nacional, afectando su cohesión territorial” (08.01.04.01). Si bien no existe en la Argentina ningún movimiento separatista, la acusación de “atentar contra la unidad y soberanía del Estado” fue una y otra vez endilgada a comunidades indígenas, en especial mapuche, que reclaman que se cumpla la Constitución Nacional y se les reconozcan sus tierras ancestrales. Encuadrar estas reivindicaciones como terrorismo separatista habilita que el Estado haga inteligencia ilegal contra estas comunidades, como ya se registró en varias oportunidades, en especial entre 2016 y 2018.
En todos estos puntos las partes del PIN que pudimos conocer son manifiestamente ilegales y lo dejan atado a la defensa del Estado y del proyecto político libertario. La reforma de todo el sistema de inteligencia por decreto sin debate político, sin que pase por el Congreso Nacional, se llena de contenido con estas definiciones político estratégicas del gobierno nacional.
Fuente: https://informes.revistacrisis.com.ar/controlar-al-pueblo-para-entregar-la-patria/
