Congreso de Nieve y Montaña: un evento clave en San Martín de los Andes

 

La investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes nuevos allanamientos en el complejo Nordelta. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía ingresó a los barrios La Isla y El Golf para obtener registros de accesos y revisar las grabaciones de cámaras de seguridad.

El operativo apunta a reunir pruebas contra Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber alertado al empresario Jonathan Kovalivker sobre un procedimiento policial. Según la investigación, esa advertencia habría permitido que se retirara de su vivienda antes de que los agentes ingresaran.

Sospechas sobre el jefe de seguridad

De Vicentis, con más de una década en su cargo, declaró ante Casanello y negó las acusaciones, aunque sus teléfonos celulares fueron secuestrados y ahora son analizados por la Dirección General de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. La hipótesis de los investigadores es que, aunque se encontraba de vacaciones el día del operativo, intervino para proteger a los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada por el pago de sobornos a la ANDIS.

Al ingresar a la casa de Jonathan Kovalivker, los agentes constataron que se había retirado y encontraron una caja fuerte abierta con banditas elásticas en el piso, indicios de que pudo haber existido una salida apresurada de dinero.

La detención de los hermanos Kovalivker

Ese mismo día, la Policía interceptó a Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan, cuando intentaba salir del barrio privado. En su vehículo se hallaron 266.000 dólares en sobres identificados, 7 millones de pesos en efectivo, su celular y su pasaporte. Estas pruebas reforzaron la sospecha de obstrucción de la investigación.

El pedido de indagatoria contra De Vicentis y los nuevos allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi. Fuentes cercanas a la causa señalaron: “El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia”.

En paralelo, expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron extraer la información del teléfono celular del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a pesar de que no brindó la clave de acceso. La pericia busca confirmar la autenticidad de un audio en el que se lo escucha mencionar posibles pedidos de coimas.

Además, se prevé avanzar con los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, así como con el dispositivo de Daniel Garbellini, ex funcionario de la ANDIS, quien sí entregó su clave. También se aguarda la declaración de Eduardo Kovalivker, padre de los empresarios e integrante de la firma Suizo Argentina.

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El Gobierno nacional decidió dar un nuevo golpe en materia económica y eliminó 71 regulaciones que regían el comercio interno. El objetivo, según explicaron, es aliviar la carga de trámites, terminar con controles que quedaron en desuso y ordenar un esquema de reglas que, lejos de ayudar, habían pasado a trabar la actividad de empresas y consumidores.

La medida se concretó con la Resolución 357/2025 y puso fin a disposiciones que llevaban décadas en vigencia. Entre ellas, había normas que obligaban a las compañías a producir al límite de su capacidad, fijaban precios máximos en combustibles, imponían valores durante la pandemia y hasta pedían información a sectores productivos que nunca se utilizaba. Desde el Ejecutivo remarcaron que muchas de estas exigencias solo generaban costos y retrasos.

También quedaron sin efecto regulaciones sobre programas ya dados de baja, como Precios Justos, la Ley de Góndolas, El Mercado en tu Barrio y planes de estímulo para pequeños productores. Incluso se eliminaron reglas que buscaban controlar al COPREC, un sistema de conciliación con consumidores que ya había sido desarticulado. Para el oficialismo, se trataba de un entramado burocrático sin sentido que debía terminar.

Con esta limpieza normativa, el Gobierno acumula más de 170 derogaciones desde que inició la gestión. Entre las más resonantes se cuentan la baja de licencias automáticas y no automáticas, el fin del SIRA y de otros regímenes informativos de precios.

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Un estudio del portal de empleos Bumeran reveló que el salario pretendido por quienes buscan trabajo en Argentina alcanzó en julio un promedio de $1.680.843 mensuales, lo que implica un incremento de 5,18% respecto a junio. La investigación mostró además que las expectativas salariales superaron ampliamente el índice inflacionario, tanto en la comparación mensual como en la interanual.

El relevamiento corresponde al mes de julio de 2025 y fue elaborado a partir del Index del Mercado Laboral de Bumeran. Según el informe, en lo que va del año el salario requerido acumula una suba de 30,71%, frente a una inflación del 17,3% en el mismo período. 

El estudio también destacó la persistencia de la brecha de género en las remuneraciones pretendidas —10,85%— y marcó diferencias según los niveles de puesto y sectores económicos, con la ingeniería y veterinaria en la franja más alta, y mantenimiento, hotelería y servicios gastronómicos en la más baja.

En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 67,56%, superando la inflación interanual del 36,6%. La brecha positiva de 30,96 puntos porcentuales refleja un aumento en las expectativas salariales que supera el ritmo inflacionario”, indica el informe. 

Brecha de género  

La brecha de género en el salario requerido, en tanto, alcanzó el 10,85% en julio. Los valores pretendidos por los hombres en búsqueda laboral promediaron $1.758.210 mensuales, mientras el solicitado por las mujeres fue de $1.586.061 al mes.

Salario pretendido según los puestos laborales en julio 

En julio, la remuneración pretendida promedio alcanzó $1.680.843 y representó un alza de 30,71% desde enero.

Con respecto a los puestos laborales, los sueldos fueron los siguientes:

• Supervisor y jefe: el sueldo pretendido fue de $2.257.992 en julio;
• Semi senior y senior: la remuneración solicitada alcanzó $1.742.773.;
• Junior: el salario requerido fue de $1.181.296.

Los sectores con los salarios pretendidos más altos y bajos

Los salarios promedios requeridos por quienes buscan empleo más altos registrados durante julio se observaron en los siguientes rubros:

• Ingeniería Electromecánica con $3.700.000 por mes para las posiciones de supervisor o jefe;
• Ingeniería Eléctrica y Electrónica con $3 millones por mes para los niveles semi senior y senior;
• Veterinaria con $2.525.000 mensuales para el segmento junior.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos:

• Mantenimiento y Limpieza con $750.000 por mes en el sector junior;
• Camareros con $850.000 mensuales para los niveles semi senior y senior;
• Hotelería con $912.500 por mes para el segmento de supervisor o jefe.

Remuneraciones pretendidas de este año

En los primeros siete meses de 2025, la remuneración pretendida por quienes se postulan a un empleo acumuló un incremento de 30,71%. A continuación, el recorrido de los salarios pretendidos durante el período enero-julio:

• Enero 2025: $1.379.808;
• Febrero 2025: $1.427.606;
• Marzo 2025: $1.503.863;
• Abril 2025: $1.573.440;
• Mayo 2025: $1.588.986;
• Junio 2025: $1.598.091.
• Julio 2025: $1.680.843.

El informe de Bumeran subrayó que el mayor aumento del sueldo solicitado respecto al mes anterior se registró en enero, con un incremento de 7,30%. Seguido por marzo, con un ajuste buscado de 5,34%; y julio con 5,18%.

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Lo que comenzó como una divertida idea para redes sociales terminó en una situación de riesgo. La influencer y modelo brasileña Karol Rosalin, conocida como la “Mujer Fitness Perfecta” por Playboy, fue hospitalizada en Bariloche tras realizar una sesión de fotos en bikini sobre la nieve, a temperaturas cercanas a los -5 °C.

El hecho ocurrió el 25 de agosto en el Cerro Catedral, uno de los destinos turísticos más visitados de la Patagonia. En medio de un paisaje invernal, Rosalin buscaba retratar una producción llamativa para sus casi dos millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, el reto se complicó por las condiciones extremas del clima.

El relato de la influencer

En sus redes sociales, la modelo de 26 años compartió lo ocurrido: “El viento era tan frío que la sensación térmica era aún más baja que la temperatura real. Fue como estar dentro de un refrigerador… sin ropa”, relató en sus historias.

Según explicó, al inicio la situación fue tomada como un juego, pero con el paso de los minutos comenzó a perder sensibilidad en su cuerpo, especialmente en los glúteos, lo que la obligó a interrumpir la producción y buscar ayuda.

Rosalin fue trasladada a un centro de salud con síntomas de hipotermia y entumecimiento severo. Los médicos confirmaron que había permanecido demasiado tiempo expuesta al frío intenso con escasa protección. Luego de recibir atención, logró estabilizarse y quedó fuera de peligro.

Ya recuperada, Karol reapareció en Instagram para calmar la preocupación de sus seguidores: “Mis hermosos, ya estoy bien. ¡Gracias por el cariño! Hacemos locuras en internet, ¿verdad? Jaja, ¡pero no pasa nada!”.

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El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 

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La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

Salud y educación

Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

Cambios en residencia y ciudadanía

La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

Ingreso, permanencia y expulsiones

También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

 

 

Lisandro Catalán, quien hasta el momento secundaba al jefe de Gabinete Guillermo Francos, fue ascendido a ministro del Interior y será el encargado del diálogo con los gobernadores. La información se dio a conocer luego de una reunión del presidente Javier Milei, Francos, el titular de Economía Luis Caputo y el nuevo titular de la cartera de Interior.

«Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, informó Francos.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó.

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