Condenaron a un rugbier a pagar más de $100 millones por golpear a un joven

A partir de agosto el sistema de transporte público de la ciudad incorporó nuevas metodologías de cobro y ahora COLE se podrá pagar con código QR.

Así lo informó el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, quien expresó que “queremos contarles a los vecinos que tenemos la mayor cantidad de beneficios a la hora de hacer el pago. Ahora tenemos todo el staff de métodos de pago gracias a la tecnología existente arriba de los colectivos”.

Además del sistema SUBE que se trabaja desde el inicio de la concesión, se sumó tarjeta de crédito y débito Visa y Mastercard, SUBE Digital y ahora se incorporó también el código QR para pagar con Mercado pago y MODO. De esta manera, las y los usuarios cuentan hoy con múltiples alternativas de pago, adaptadas a distintas necesidades y tecnologías.

Por otro lado, la modernización del sistema SUBE permite acceder desde la App SUBE Digital generando un código único que se valida en el lector del colectivo y que permite abonar con el saldo de la SUBE Digital. También a través de billeteras electrónicas habilitadas como con BNA+, la billetera del Banco Nación, Mercado Pago o MODO.

“Con estas alternativas, Neuquén se suma a la modernización del sistema de transporte, brindando a vecinos y vecinas más opciones, rapidez y seguridad al momento de viajar”, finalizó el funcionario, quien aclaró que para más información sobre medios de pago y actualizaciones de SUBE, se puede consultar el sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén.

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Un neuquino de 44 años recuperó finalmente su documento de identidad tras atravesar casi una década de complicaciones administrativas que lo dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad. El hombre vivió un verdadero calvario luego de que se detectara una “duplicación” de identidad: otra persona figuraba en los registros oficiales con su mismo nombre y número de DNI.

La historia comenzó en 2015, cuando la Dirección Provincial de Registro Civil de Neuquén le informó que existía una persona con sus mismos datos. Desde entonces, sus trámites quedaron en suspenso y, tras varios reclamos, en enero de 2024 debió entregar el documento que lo identificaba. A cambio, recibió un certificado provisorio que venció sin que se emitiera otro, lo que lo dejó indocumentado por completo.

Las consecuencias fueron graves: sin DNI, el hombre perdió la posibilidad de acreditar su identidad ante cualquier organismo público o privado. Lo más crítico fue la dificultad para acceder a la medicación que requiere por una enfermedad crónica. La situación fue descripta en la Justicia como un estado de “muerte civil”, ya que se encontraba impedido de ejercer derechos básicos.

Ante el riesgo de que su tratamiento retroviral se interrumpiera, la Defensora Pública Civil N° 7, Verónica Lazzaro, presentó una medida cautelar que garantizó la provisión de medicamentos en el Hospital Castro Rendón. Paralelamente, se desarrolló un proceso judicial en el que se aportaron pruebas periciales y testimoniales que confirmaron su nacimiento en Tartagal, Salta, el 25 de diciembre de 1980.

La jueza Adriana Luna resolvió ordenar la reinscripción tardía del nacimiento en el Registro Civil de Neuquén y dispuso la emisión de un nuevo documento, asegurando además la continuidad del acceso a la medicación hasta que finalice el trámite.

De esta manera, el hombre pudo recuperar su identidad tras años de incertidumbre y dificultades, luego de convivir con un “doble” que figuraba en los registros oficiales de Buenos Aires.

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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.

La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

Foto: La Capital.

Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

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El gobierno provincial anunció una inversión superior a los 3.600 millones de pesos destinada a la ejecución de obras de infraestructura en distintas localidades de Neuquén. La medida quedó oficializada este viernes con la firma de convenios entre el gobernador Rolando Figueroa, intendentes y presidentes de comisiones de fomento.

El acto se desarrolló en Casa de Gobierno y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset. Allí se rubricaron los acuerdos que garantizan aportes no reintegrables para proyectos vinculados al riego, la mejora de canales, el tratamiento de residuos y la incorporación de equipamiento, entre otros.

El monto total de los aportes asciende a $3.629.255.000. Según lo informado, las comisiones de fomento accederán a un monto fijo, mientras que los municipios que no perciben fondos de coparticipación recibirán recursos en función de la cantidad de habitantes. Entre los principales beneficiados figuran Vista Alegre, con más de $677 millones; Barrancas, con $229 millones; y Villa Pehuenia, con más de $223 millones, además de otros aportes a Caviahue-Copahue, Las Coloradas, Los Miches y Taquimilán.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, recordó que en 2023 se distribuyeron $7.500 millones en aportes, cifra que en 2024 trepó a $23.700 millones, lo que representa tres veces más inversión. Además, llamó a valorar el esfuerzo conjunto entre Provincia y municipios, resaltando que estas inversiones responden a necesidades históricamente postergadas.

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La ONU rechazó enérgicamente el ataque aéreo israelí del domingo pasado que provocó la muerte de seis periodistas en la ciudad de Gaza, calificándolo como una grave vulneración del derecho internacional humanitario.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Israel garantizar la protección de todos los civiles, incluidos los profesionales de la prensa, y exigió acceso seguro y sin restricciones a Gaza para los medios.

Entre las víctimas, cinco eran corresponsales de la cadena Al Jazeera, quienes se encontraban trabajando frente al Hospital Al-Shifa cuando fueron alcanzados por el bombardeo. Un sexto periodista, independiente, murió horas después a causa de las heridas sufridas, según confirmaron autoridades sanitarias locales.

El gobierno de Chile emitió un comunicado en el que expresó su “enérgica condena” a lo ocurrido, señalando que se trata de un ataque directo contra la labor periodística y una amenaza al derecho internacional. Por su parte, China manifestó su rechazo a cualquier acción que cause daños a civiles y condenó los ataques contra corresponsales.

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Foto: archivo Fede Imas / @ojoobrerofotografia

Sin precisar horarios ni lugares, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones en 17 provincias. Puntualmente, reclaman por aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil; ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares. También, señalan que «migrar no es delito» y reclaman «basta de persecución a los que luchan». «A casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones. El trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía», denuncian. Por ANRed.

Sin precisar horarios ni lugares, para mantener el factor sorpresa dado la agudización de las políticas represivas del gobierno nacional, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones conjuntas en 17 provincias.

Los reclamos principales de la jornada de lucha serán:

Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.

Ampliación del programa.

Continuidad del Monotributo Social.

Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

Migrar no es delito.

Basta de persecusión a los que luchan.

También, reclamarán, una vez más, a las centrales sindicales «una huelga general que una todas las luchas qué se están llevando a cabo contra el ajuste de Milei y la represión de Patricia Bullrrich».

En un comunicado conjunto, expresaron: «los trabajadores no aguantamos más las políticas de hambre, falta de trabajo, salarios y jubilaciones de miseria, represión, criminalización y persecución política La situación no puede ser peor en los barrios populares: a casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones», señalan.

En la misma línea, agregan: «el trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía. Necesitamos una gran acción unitaria de los trabajadores para frenar a Milei y su política criminal», finaliza el comunicado.