La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 07/2021 destinado a la provisión de materiales para recambio de luminarias a tecnología LED en Plaza de los Próceres, Plaza de los Inmigrantes y Plaza La Estación.
La fecha de apertura de las propuestas será el 10 de agosto a las 11 horas en el Departamento de Compras. Las ofertas se recibirán en sobre cerrado en Mesa de Entradas de la Municipalidad, hasta la fecha y hora de apertura.
Al mismo tiempo en que comenzaba la conferencia de prensa brindada por agrupaciones que conforman el Frente de Todos (FdT) en las puertas del “Hogar Municipal La Esperanza” en defensa de ese espacio municipal destinado al cuidado de adultos mayores, prensa del municipio reginense confirmaba mediante la palabra de Luisa Ibarra responsable del área de…
Los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio le hicieron un gesto al círculo rojo y acordaron una medida conjunta para amortiguar el impacto del tarifazo energético sobre las industrias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El tema del costo energético fue uno de los reclamos de la Unión Industrial Argentina en el acto por el Día de la Industria a la que el gobierno libertario vació y no mandó a ningún funcionario. La tirantez dejó a la entidad al borde de la ruptura.
Tras el choque, las tres provincias anunciaro que financiarán en ocho cuotas los cargos retroactivos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista que deben afrontar los Grandes Usuarios de la Distribuidora, conocidos como GUDI. El beneficio será voluntario y alcanzará a las empresas que adhieran al mecanismo.
«Esto es posible porque ninguna de las tres provincias privatizó la energía», explicó un alto funcionario santafesino a LPO. En efecto, el mecanismo se instrumentará a través de la EPE de Santa Fe, EPEC de Córdoba y Enersa de Entre Ríos, las distribuidoras que permanecen bajo control provincial.
Las empresas eléctricas emitirán una nota de crédito por la totalidad del cargo que debería pagar cada industria al vencimiento original. A partir del mes siguiente, incorporarán en las facturas las notas de débito correspondientes a cada una de las ocho cuotas.
Por ejemplo, en septiembre vencen cargos correspondientes al consumo de junio. La distribuidora dejará sin efecto ese pago mediante una nota de crédito y comenzará a cobrarlo en ocho cuotas mensuales desde octubre, explicaron desde Economía de Santa Fe.
Pullaro en el acto por el Día de la Industria
A su vez, el costo financiero quedará a cargo de las provincias. Como las distribuidoras deben pagarle de contado a Cammesa por la energía consumida, los tesoros provinciales cubrirán el descalce mediante una asistencia financiera reembolsable a sus respectivas empresas eléctricas.
La decisión marca una diferencia básica con el gobierno de Milei: Pullaro, Llaryora y Frigerio utilizarán recursos propios para sostener a las industrias y el tejido productivo de sus provincias, en esta oportunidad, para afrontar el fuerte incrementode tarifas eléctrica dispuesta por Cammesa.
«Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista», anunció Pullaro. El gobernador sostuvo que la medida busca dar previsibilidad al ecosistema productivo.
Esto es posible porque ninguna de las tres provincias privatizó la energía. Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista
Los gobernadores de la Región Centro venían reclamándole al gobierno nacional una solución para los grandes consumidores industriales. Ante la falta de una respuesta de la Casa Rosada, resolvieron avanzar con un esquema propio para aliviar la situación financiera de las fábricas y contener el impacto del tarifazo sobre la producción y el empleo.
En paralelo, Pullaro aprovechó el acto por el Día de la Industria en la Unión Industrial de Santa Fe para profundizar sus diferencias con Milei: «para este Gobierno, la industria es el principal aliado, porque genera valor agregado y empleo», afirmó el gobernador, que advirtió que una fábrica que cierra no puede reemplazarse porque detrás existen años de inversión, conocimiento acumulado y puestos de trabajo.
El santafesino cuestionó tanto al populismo como a las posiciones que proponen «liberalizarlo todo y dejar que el mercado regule». «No creo en ninguno de los dos», sostuvo Pullaro, que reclamó un modelo de desarrollo basado en mejores rutas, infraestructura energética, financiamiento y políticas públicas que acompañen al sector privado.
El gesto contrastó con la decisión de Milei de vaciar el acto de la Unión Industrial Argentina, donde no participó ningún funcionario nacional de primera línea. Mientras la Casa Rosada profundiza la apertura económica y el ajuste sobre la producción, Pullaro buscó mostrarse junto a los empresarios y reivindicó una identidad productivista: «Para generar igualdad, no hay que distribuir plata; hay que generar desarrollo productivo».
ALIVIO PARA EL SECTOR INDUSTRIALLos gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe acordaron una medida conjunta para seguir acompañando a quienes producen, invierten y generan trabajo en la región.Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias…
El Intendente Marcelo Orazi acompañó en la mañana del jueves al Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro Carlos Banacloy en un encuentro con empresarios del sector frutícola de Villa Regina. La reunión se realizó en el Salón Comahue de la Cámara de Comercio, Industria y Producción local y se analizaron temas como el…
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 de junio), la Municipalidad de Villa Regina recuerda que la ciudad cuenta con ‘Puerta a la Vida’, un espacio de abordaje integral de las adicciones. Se trata de un lugar donde toma contacto la familia…
El Intendente Marcelo Orazi firmó un convenio con el Instituto Crecer que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios. En el caso de las becas se…
Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal.
La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor.
La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares.
Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.
La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal.
El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse.
Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión.
Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía.
La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción.
La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires.
El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía.
Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno.
Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.
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