La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 07/2021 destinado a la provisión de materiales para recambio de luminarias a tecnología LED en Plaza de los Próceres, Plaza de los Inmigrantes y Plaza La Estación.
La fecha de apertura de las propuestas será el 10 de agosto a las 11 horas en el Departamento de Compras. Las ofertas se recibirán en sobre cerrado en Mesa de Entradas de la Municipalidad, hasta la fecha y hora de apertura.
Los problemas para los trabajadores de la reginense son de larga data, ni la intervención provincial a cargo de Jose Perez, ni la nueva comitiva con la misma persona como encargado más algunos empresarios de la fruta reginense como nuevos socios no han podido solucionar los problemas en la icónica cooperativa de Villa Regina. Los…
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios Nº 3/2021 para la provisión de materiales para mantenimiento del alumbrado público. La apertura de las propuestas será el 26 de marzo a las 11 horas en el Departamento de Compras y las mismas se podrán presentar en sobre por Mesa de Entradas…
El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti fue denunciado en el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.
Pinarello acusó al juez Inchausti de difundir información de la causa cuando regía el secreto de sumario, aplicar tratos diferenciados a distintos imputados y la manera en que se ejecutó una resolución de la Cámara Federal que le había concedido la prisión domiciliaria a un imputado.
También recusó al juez y solicitó formalmente que sea apartado de la causa en la que lo investiga, al considerar que existen elementos como «enemistad manifiesta» y «pérdida objetiva de la imparcialidad» que ponen en duda su competencia para continuar interviniendo en el expediente.
Pinarello está siendo investigado de ser el presunto organizador de una asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir las ganancias en el circuito financiero mediante distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales.
Entre los principales ejes que justifican el pedido de recusación, se destaca un episodio que, según Pinarello, se remonta a 2016 y tuvo como protagonistas al magistrado y al padre del imputado, Elías Guillermo Pinarello, quien por entonces se desempeñaba como Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Según el escrito, ambos mantuvieron una fuerte discusión durante una reunión en el despacho de Inchausti por diferencias de criterio institucional.
Pinarello asegura que en aquel encuentro el magistrado le manifestó a su padre que en la ciudad se investigaría aquello que él dispusiera y que, si no se adecuaba a sus directivas, «duraría poco tiempo en el cargo», con una referencia expresa a las consecuencias que podría sufrir su carrera profesional.
La recusación sostiene que aquel conflicto nunca fue superado y que terminó proyectándose sobre la causa que actualmente involucra a Pinarello. Como elementos para fundamentarlo, la presentación enumera distintas medidas adoptadas contra su padre, entre ellas una inhibición general de bienes ordenada en noviembre de 2025 que se extiende hasta el día de hoy y el bloqueo temporal de la cuenta sueldo en la que percibía sus haberes, pese a que hasta el 6 de agosto de 2026 no había sido citado a indagatoria.
Pinarello también cuestionó el tratamiento que recibió en comparación con otro de los imputados en la misma causa, Joaquín Otero Cao. Según señala la recusación, Inchausti había concedido en primera instancia la prisión domiciliaria a Otero Cao y rechazado la suya, decisión que posteriormente fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que terminó otorgándole ese beneficio.
Asimismo, Pinarello sostiene que, mientras Otero Cao había podido salir del penal sin que previamente le colocaran una tobillera electrónica, en su caso el juzgado condicionó la salida a la instalación del dispositivo. Esa situación provocó que permaneciera casi diez días adicionales en prisión pese a que la Cámara ya había dispuesto su domiciliaria. Además, denuncia que se le impuso una caución de $100 millones, el doble de los $50 millones establecidos para su coimputado.
Otro de los puntos cuestionados está vinculado a las circunstancias en las que Pinarello quedó a disposición de la Justicia. Él afirma que se entregó voluntariamente al tomar conocimiento del pedido de captura y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, sostiene que desde el Juzgado y la Fiscalía se construyó una narrativa según la cual había sido capturado cuando intentaba darse a la fuga, versión que luego fue reproducida por distintos medios de comunicación.
Las filtraciones periodísticas constituyen uno de los principales capítulos de la denuncia que Pinarello realizó ante el Consejo de la Magistratura. Allí señaló que el secreto de sumario fue levantado el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero que antes de ese momento distintos medios ya habían publicado detalles sobre la investigación, las hipótesis acusatorias y circunstancias personales de quienes estaban vinculados al expediente. Por ese motivo, pidió que se investigue específicamente el origen de esas filtraciones.
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la imparcialidad del juzgador no sólo debe existir en los hechos, sino que también debe ser objetivamente perceptible para los justiciables, de manera que no exista duda razonable sobre su ausencia. Los hechos descriptos constituyen, en su conjunto, una secuencia de circunstancias objetivas y verificables que revelan una continuidad de conductas que se proyectan desde el conflicto personal de 2016 hasta las decisiones adoptadas en la presente causa», expresó Pinarello en la presentación.
Los cuestionamientos se producen sobre un magistrado que ya había sido objeto de otras denuncias y críticas a lo largo de su trayectoria. Inchausti es titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y también se desempeña como subrogante del Juzgado Federal N° 1 (son los únicos 2 juzgados penales federales en Mar del Plata, es decir, tiene el monopolio de la justicia penal federal de la ciudad). A lo largo de sus 15 años como magistrado, ha sido blanco de acusaciones por abuso de autoridad, mal desempeño e imparcialidad, y se lo conoce como «el juez encarcelador» por su fama de primero encarcelar y luego investigar.
En esta oportunidad, Pinarello solicitó que Inchausti sea apartado de la causa «en resguardo de la garantía constitucional del juez imparcial». En caso de que el propio magistrado no considere procedente su apartamiento, el acusado pidió que las actuaciones sean elevadas inmediatamente al tribunal superior para que resuelva el planteo.
Casi cuatro millones de personas quedaron fuera del subsidio para comprar garrafas tras el reemplazo del Programa Hogar por el nuevo esquema de subsidios focalizados del Gobierno.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno de Javier Milei decidió reemplazar el Programa Hogar por un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados y, en el proceso, dejó a casi cuatro millones de personas sin poder acceder al beneficio para comprar garrafas, según el reclamo formulado por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO). El problema no es solamente administrativo: detrás del reempadronamiento obligatorio y de la exigencia de completar nuevamente los datos aparece una transformación profunda de la política energética, en la que un derecho que alcanzaba a millones de hogares pasó a depender de un registro digital, de la evaluación individual de cada familia y de mecanismos de pago que no todos los usuarios están en condiciones de utilizar.
La situación adquiere una dimensión particularmente grave porque la garrafa no es un consumo suntuario ni una alternativa elegida por comodidad, sino la única fuente de energía disponible para millones de hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. De acuerdo con datos difundidos por DEUCO, existen alrededor de 4,8 millones de hogares sin acceso al gas por redes, mientras que el antiguo Programa Hogar tenía aproximadamente 3,9 millones de inscriptos que recibían una asistencia para afrontar la compra de garrafas. La sustitución del programa por un sistema de inscripción y evaluación focalizada convirtió, así, un universo de beneficiarios previamente identificado en una población que debe volver a demostrar que merece recibir una ayuda estatal.
Del Programa Hogar al laberinto del reempadronamiento
El cambio fue formalizado dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado después de la eliminación del Programa Hogar. La normativa establece que los usuarios de garrafas deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y ser admitidos para recibir el reintegro correspondiente. El mecanismo contempla una bonificación de $9.593 por garrafa de 10 kilos, con un máximo de dos unidades mensuales durante el período invernal y una durante los meses restantes.
Sobre el papel, el Gobierno presenta el nuevo sistema como una herramienta de mayor eficiencia y focalización. En la práctica, el cambio supone que miles de familias que ya estaban identificadas dentro del Programa Hogar deben atravesar nuevamente un proceso administrativo para acceder a una ayuda que, además, ya no funciona como el esquema anterior. El propio presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, reclamó que el trámite pueda realizarse presencialmente, justamente porque la digitalización obligatoria puede transformarse en una barrera adicional para quienes tienen dificultades de conectividad, acceso tecnológico o manejo de plataformas digitales.
La propia reglamentación muestra hasta qué punto se sofisticó el mecanismo burocrático. Para determinar quién recibe el beneficio, la Secretaría de Energía cruza información con ANSES sobre los ingresos de los integrantes del hogar, mientras que la inscripción y actualización de datos se realiza mediante el ReSEF. Una vez admitido, el usuario debe efectuar la compra utilizando mecanismos de pago vinculados a billeteras digitales interoperables, entre ellas BNA+ y MODO, para recibir posteriormente el reintegro.
El problema aparece cuando se observa la distancia entre la lógica administrativa del sistema y la realidad cotidiana de las familias que necesitan una garrafa para cocinar o calefaccionarse. Una política social puede ser perfectamente focalizada en sus objetivos y, al mismo tiempo, fracasar en su implementación si convierte el acceso en una carrera de obstáculos. La vulnerabilidad económica no siempre viene acompañada de conectividad permanente, dispositivos adecuados, cuentas bancarias, billeteras virtuales o capacidad para completar trámites digitales, y precisamente por eso los sistemas de protección social históricamente combinaron mecanismos automáticos con canales presenciales.
Una ayuda que además perdió poder de compra
Hay otro aspecto que no debería quedar oculto detrás de la discusión administrativa: el monto del subsidio también merece ser observado frente al precio real de la garrafa. El Gobierno fijó el reintegro en $9.593 para cada unidad de 10 kilos y estableció que ese valor podrá actualizarse tomando como referencia determinados costos vinculados al butano.
Sin embargo, estimaciones difundidas por organizaciones vinculadas al sector ubican actualmente el precio de una garrafa de 10 kilos en torno de los $30.000 en algunos puntos del Gran Buenos Aires, lo que significa que el reintegro puede representar apenas una fracción del costo que debe afrontar una familia. Incluso antes de la actual discusión, el esquema había sido cuestionado porque el nuevo subsidio no acompañaba necesariamente la evolución del precio final que pagan los consumidores.
La comparación histórica permite dimensionar todavía mejor el cambio. El Programa Hogar había sido diseñado para subsidiar de manera directa la compra de garrafas en hogares de menores ingresos que no contaban con gas de red. El nuevo esquema abandona esa estructura y la reemplaza por una modalidad en la que el Estado primero identifica, registra, evalúa y finalmente reintegra, siempre que el usuario cumpla con todas las condiciones establecidas. El discurso de la eficiencia puede esconder, en este caso, algo mucho más concreto: una reducción del universo efectivo de personas que logran llegar hasta el beneficio.
Cuando el ajuste llega a la cocina
La discusión sobre las garrafas permite observar una de las dimensiones menos visibles del programa económico de Milei: el ajuste no solamente aparece en grandes partidas presupuestarias, organismos estatales o programas nacionales, sino también en decisiones que determinan cuánto le cuesta a una familia cocinar, calefaccionarse o sostener las condiciones mínimas de una vivienda.
Para quienes tienen gas natural por red, la discusión sobre una garrafa puede parecer lejana. Para millones de argentinos que viven sin infraestructura de gas, en cambio, se trata de un gasto cotidiano e inevitable. Por eso la eliminación del Programa Hogar y la posterior creación de un sistema de subsidios focalizados no puede analizarse solamente como una modificación técnica de los mecanismos de asistencia: implica redefinir qué responsabilidad asume el Estado frente a quienes quedaron fuera de la infraestructura energética básica.
El dato de los casi cuatro millones de personas que hoy no consiguen acceder al subsidio expone precisamente esa contradicción. El Gobierno puede afirmar que el beneficio continúa existiendo, y formalmente es cierto: existe un reintegro de $9.593 por garrafa para quienes logren ingresar al nuevo esquema. Pero una política pública no se mide únicamente por su existencia normativa, sino también por su capacidad efectiva para llegar a quienes la necesitan. Cuando millones de personas que antes estaban dentro de un programa deben atravesar un nuevo proceso de inscripción y una parte importante queda afuera, el problema deja de ser burocrático y pasa a ser político.
Porque detrás de cada formulario incompleto, cada usuario que no consigue registrarse y cada familia que debe pagar una garrafa a precio completo hay una escena mucho más sencilla y brutal: una persona intentando encender la cocina de su casa. Allí es donde las palabras “eficiencia”, “focalización” y “reordenamiento” encuentran su verdadera medida. Si el resultado del ajuste es que millones de hogares vulnerables tienen más dificultades para acceder a una fuente básica de energía, entonces el debate ya no es sobre la modernización de un subsidio, sino sobre qué modelo de Estado está dispuesto a garantizar las condiciones materiales de una vida digna.
En menos de dos semanas, un movimiento cívico histórico, con dosis de reggaetón, creatividad al tope, mucho de indignación y pacifismo activo acabó con la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Un movimiento revolucionario sin precedentes en la isla. Revolución pura, sin quitarle una sola letra, solo agregándole ritmo afrocaribeño. Ver esta publicación…
Los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán conocer mediante un cronograma de consulta en base a la terminación del DNI, a través de la página web www.anses.gob.ar si reúnen o no los requisitos para el cobro de la ayuda. Los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán conocer, a partir de esta medianoche, si…
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