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El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
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El Gobierno avanza en el diseño de un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS como fuente de financiamiento de largo plazo. La iniciativa ya comenzó a discutirse con los principales bancos del sistema y busca resolver el principal problema que enfrenta hoy el mercado: la falta de fondeo para sostener préstamos a 20 y 30 años.
El tema fue uno de los ejes de la reunión que mantuvieron la semana pasada en la sede de ADEBA el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el subdirector ejecutivo de Operación del FGS, Raúl Osvaldo Benítez; y representantes de las principales entidades financieras. Allí comenzaron a delinearse las condiciones de un esquema que permitiría reducir el costo del financiamiento para la vivienda.
La alternativa que hoy concentra el mayor consenso consiste en que el FGS licite depósitos a plazo fijo en UVA de largo plazo entre los bancos. El organismo ofrecería fondos a una tasa cercana a UVA más 4% anual, permitiendo que las entidades otorguen créditos hipotecarios alrededor de UVA más 6%, por debajo de los niveles actuales.
La utilización del FGS como herramienta para expandir el crédito hipotecario comenzó a tomar forma públicamente durante la exposición BATEV, cuando el ministro de Economía planteó ante desarrolladores y empresarios de la construcción la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para el sector. «Para los desarrollos, el crédito es fundamental y tenemos dos opciones: los bancos y el mercado de capitales. Estamos intentando con las dos», sostuvo en ese momento.
En aquella oportunidad, Caputo propuso que bancos y sociedades de bolsa conformaran un fondo destinado a financiar hipotecas y aseguró que el Gobierno buscaría potenciarlo con recursos de organismos multilaterales y del propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad. «Júntense, armen un fondo inmobiliario entre seis o siete bancos o sociedades de bolsa. Si hacen eso, puedo conseguir multiplicarlo con plata de organismos multilaterales o del FGS», les dijo a los empresarios.
El esquema que hoy negocia el equipo económico conserva ese objetivo de ampliar el financiamiento de largo plazo, aunque con una ingeniería diferente. En lugar de crear un fondo específico, la alternativa que ganó terreno consiste en que el FGS aporte directamente liquidez a los bancos mediante depósitos UVA de largo plazo, una herramienta que permitiría acelerar la implementación del programa y expandir nuevamente la oferta de créditos hipotecarios.
Federico Furiase y José Luis Daza
La discusión representa un cambio respecto de las primeras alternativas que analizaba el mercado. Meses atrás se evaluaba que el FGS comprara carteras hipotecarias ya otorgadas para devolver liquidez a los bancos. Ahora, en cambio, Economía parece inclinarse por un mecanismo más simple: fondear directamente a las entidades para que vuelvan a prestar.
El diagnóstico es compartido por el Gobierno y los bancos. El problema ya no pasa por la demanda de créditos sino por la escasez de recursos de largo plazo para financiarlos.
«El crédito hipotecario empezó a crecer con la baja de la inflación, que es una condición necesaria pero no suficiente», explicó a LPO un especialista en crédito de uno de los principales bancos privados. «Además de una inflación más baja, también tienen que disminuir las tasas de interés. Como eso no ocurrió, muchas familias dejaron de calificar para acceder al préstamo», sostuvo.
El mismo ejecutivo señaló que el principal cuello de botella es el fondeo. «Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años», resumió.
Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años
Los datos muestran que el mercado perdió dinamismo. Luego de un mayo muy flojo, en junio los desembolsos hipotecarios mostraron una leve recuperación y alcanzaron alrededor de US$150 millones, equivalentes a unos 1.850 créditos, según estimaciones privadas. Sin embargo, el volumen todavía representa menos de la mitad del registrado en junio de 2025, cuando el mercado atravesaba su mejor momento desde la reaparición de este tipo de préstamos.
El freno preocupa también por su impacto sobre la economía real. Según el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda, Argentina registra un déficit habitacional cercano a los 5,74 millones de hogares, mientras que el Gobierno considera que una recuperación del crédito podría transformarse en uno de los motores de la construcción y del empleo durante la segunda parte del año.
El proyecto, sin embargo, también abre interrogantes. Uno de ellos es por qué el FGS aceptaría colocar recursos a una tasa cercana al 26% anual cuando podría invertirlos en títulos públicos ajustados por inflación con rendimientos superiores, aunque a plazos mucho más cortos. Esa diferencia es uno de los aspectos que Economía todavía debe terminar de definir antes del lanzamiento.
Entre quienes respaldan la iniciativa aparece el economista Miguel Kiguel, quien sostiene desde hace tiempo que el FGS es prácticamente el único inversor institucional argentino con capacidad para financiar activos de largo plazo. Según sus estimaciones, un fondo del orden de los US$5.000 millones permitiría financiar unas 72.000 hipotecas de US$70.000 cada una, generando un fuerte impulso sobre el mercado inmobiliario.
No obstante, especialistas también advierten que el diseño deberá preservar el patrimonio del FGS, cuyos recursos pertenecen al sistema previsional. Cualquier esquema deberá evitar que el organismo termine absorbiendo riesgos excesivos sin una adecuada evaluación de los créditos financiados.
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