La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 07/2021 destinado a la provisión de materiales para recambio de luminarias a tecnología LED en Plaza de los Próceres, Plaza de los Inmigrantes y Plaza La Estación.
La fecha de apertura de las propuestas será el 10 de agosto a las 11 horas en el Departamento de Compras. Las ofertas se recibirán en sobre cerrado en Mesa de Entradas de la Municipalidad, hasta la fecha y hora de apertura.
Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado. Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial,…
A la áspera interna del peronismo en Morón entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella se suma un tercero en discordia. Se trata del Ministro de Transporte bonaerense, el massista Martín Marinucci, que confirmó sus intenciones de ir por la intendencia.
«La decisión es que sí, voy a voy a ser candidato a intendente de Morón en 2027. Yo vengo planteando hace mucho tiempo mi vocación de gobernar Morón en función de que tengo mucho para aportar», dijo Marinucci al programa Primer Plano.
Aunque ya flotaba esa posibilidad, es la primera vez que el ministro de Transporte confirma su objetivo de competir por el municipio, algo para lo que ya se lanzó Martín Sabbatella, en plena guerra interna con el intendente Ghi que, de no tocarse la ley que pone tope a las reelecciones, no se podrá presentar.
«Vengo planteando hace mucho tiempo mi vocación de gobernar Morón en función de que tengo mucho para aportar», agregó Marinucci, que no ve margen para modificar la ley que limita las reelecciones de intendentes, a la vez que llamó a construir una «alternativa» con «otros actores».
Como contó LPO, la disputa interna entre el sabbatellismo y Ghi escaló al punto de ruptura de bloque en el concejo donde, más tarde, los propios concejales de Nuevo Encuentro votasen una interpelación al intendente.
El massismo viene haciendo equilibrio en esa interna en la que busca no ser absorbido por uno de los polos. La ratificación de la candidatura de Marinucci, va en esa línea.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comenzará a desarrollar los cursos para obtener ‘Mi primer licencia’ y la Renovación de licencias de conducir en distintos sectores de la ciudad para acercar este trámite a los vecinos. La iniciativa denomina ‘Curso de Educación Vial en mi barrio’ consistirá en…
De Regina a Bahía, de una villa a la otra, Federico Harina (28) logró esta temporada con el Club Villa Mitre de Bahía Blanca el ascenso al segundo escalón del básquet profesional argentino, la Liga Argentina de Basquet (anteriormente llamada TNA) luego de obtener el segundo puesto en el Torneo Federal en el que partciparon…
Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que casi la mitad de los jóvenes del país vive en condiciones de vulnerabilidad social. El estudio -elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común- alerta sobre un núcleo crítico que quedó fuera del sistema educativo y laboral, sin perspectivas de búsqueda activa.
El estudio ‘Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro’ establece que un tercio de la población juvenil que no trabaja ni estudia, ahora tampoco busca trabajo.
Sostiene además que la juventud atraviesa un escenario crítico marcado por la precariedad estructural y la falta de horizontes. Y explica que la vulnerabilidad ya no es un fenómeno marginal, sino que alcanza a casi la mitad de la población de entre 18 y 29 años (48,9%).
El estudio fue desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA) y arroja datos alarmantes sobre la desvinculación de los jóvenes respecto a las instituciones básicas de integración social: la escuela y el mundo del trabajo.
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la consolidación del segmento denominado «NI-NI». Dos de cada diez jóvenes vulnerables en Argentina no trabajan ni estudian. Sin embargo, la investigación detecta un componente aún más grave dentro de este grupo: la ausencia de horizontes.
Entre quienes no cuentan con un empleo y tampoco estudian, existe un tercio de ellos que dejó de buscar trabajo. «Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explica Juan Cruz Esquivel, director de esta investigación.
La investigación se basó en una encuesta presencial realizada a 1002 jóvenes vulnerables de entre 18 y 29 años residentes en los principales aglomerados urbanos de la Argentina. El relevamiento se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Entre los jóvenes que manifiestan no tener trabajo (30,6%), la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, evidenciando procesos de desánimo profundamente arraigados y la magnitud de la crisis social juvenil en Argentina.
Para aquellos jóvenes vulnerables que sí logran insertarse en el mercado laboral, las condiciones distan de ser óptimas. El informe destaca que el empleo se concentra en actividades de baja calificación y altísima informalidad, principalmente en el comercio, la construcción y tareas de cuidado.
En este sentido, sólo el 18,9% de los jóvenes que trabajan cuenta con un empleo registrado (en blanco) o parcialmente registrado; mientras que el 75,9% se encuentra en una relación laboral no registrada o trabaja por cuenta propia (changas, venta ambulante o por internet); el 5% manifiesta estar bajo el régimen de monotributo. «Pero más allá de la formalidad o no, que es algo importante, la realidad material muestra que para el 57% de los jóvenes, los ingresos del hogar no alcanzan para llegar a fin de mes», explica Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y codirector de la investigación de este trabajo.
Según los especialistas, esta precariedad laboral tiene un impacto directo en la cobertura de derechos básicos: el 78% de este segmento carece de obra social o prepaga, dependiendo exclusivamente del sistema público de salud para cualquier atención médica.
La vulnerabilidad social no se agota en la falta de ingresos; permea la subjetividad de los jóvenes. El malestar psicológico se ha convertido en una experiencia cotidiana. Más del 70% de los jóvenes relevados manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que el 50% reconoce sentir desgano o síntomas compatibles con la depresión. A esto se suma que un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias, una problemática que se intensifica en los sectores con menores niveles de instrucción.
A pesar del entorno hostil, el estudio rescata que la educación sigue siendo valorada: el 85,7% considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. No obstante, los obstáculos estructurales (falta de dinero y de oportunidades reales) operan como barreras que limitan estas aspiraciones.
«La vulnerabilidad social opera como un eje estructurante de desigualdades materiales y subjetivas, cuya complejidad demanda intervenciones coordinadas e integrales», concluye el informe.
La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?
Por Roque Pérez para NLI
La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.
Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos
El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.
Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.
En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.
Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas
La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.
Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.
Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.
Mucho más que una obra pública
La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.
En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.
La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.
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