La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 07/2021 destinado a la provisión de materiales para recambio de luminarias a tecnología LED en Plaza de los Próceres, Plaza de los Inmigrantes y Plaza La Estación.
La fecha de apertura de las propuestas será el 10 de agosto a las 11 horas en el Departamento de Compras. Las ofertas se recibirán en sobre cerrado en Mesa de Entradas de la Municipalidad, hasta la fecha y hora de apertura.
El Gobierno de Milei autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle de la U.S. Navy a operar en aguas del Atlántico Sur para “relevar datos estratégicos”. La decisión abre un debate intenso sobre soberanía, geopolítica y alineamientos externos, con efectos potenciales en sectores vulnerables como jubilados, PAMI y el sistema sanitario nacional.
Por la Redacción de NLI
Un giro geopolítico con impacto político
El pasado 23 de febrero de 2026, el Gobierno argentino autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle, propiedad de la U.S. Navy, a ingresar y relevar información en aguas bajo jurisdicción nacional en el Atlántico Sur, bajo el argumentado propósito de una campaña científica internacional. Esta autorización, publicada por En Orsai, no sólo tuvo implicancias técnicas, sino que desató un debate político profundo en torno a la soberanía nacional y el alineamiento estratégico con Estados Unidos.
Según el artículo de En Orsai, la decisión fue tramitada a través de la Cancillería y aprobada por el Consejo Federal Pesquero, con condiciones mínimas de supervisión argentina y obligación de compartir datos antes de su publicación.
Ciencia o geopolítica disfrazada
El Gobierno presentó la autorización como un ejercicio de cooperación científica —con estudios sobre clima y monitoreo oceánico— pero la propia plataforma, diseñada para campañas de larga duración y equipada con tecnología avanzada de hidroacústica, tiene aplicaciones duales, incluso en operaciones antisubmarinas y geoestratégicas.
Este contexto no es ajeno a otros despliegues internacionales en aguas regionales: ejercicios conjuntos como UNITAS y otras maniobras navales en el Atlántico Sur han reforzado la presencia militar extranjera en la región, con participación de fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.
Alineamiento político y riesgos para la soberanía
La decisión del Gobierno se enmarca en una política exterior definida por una orientación marcadamente pro-estadounidense, con giros significativos respecto a la defensa de la soberanía marítima en áreas tradicionalmente disputadas, como el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.
Críticos de la medida señalan que, más allá de la ciencia, los datos recolectados por instrumentos de alta precisión pueden alimentar capacidades de inteligencia estratégica que exceden los supuestos fines cooperativos, y que el marco legal argentino carece de mecanismos robustos de control de contrainteligencia para proteger información sensible generada en estas campañas.
Salta, Jujuy y Tucumán presentaron en las últimas horas una denuncia conjunta sin precedentes contra la empresa transportadora Transnoa, a la que acusan de haber dejado a más de 900 mil usuarios del Noroeste Argentino (NOA) sin suministro eléctrico en los últimos tres días.
La presentación se hizo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por reiteradas fallas en el sistema de alta tensión que generaron los apagones recientes, que provocaron un efecto dominó en otros servicios básicos, como el agua potable y la atención sanitaria.
Esta acción colectiva es el resultado de un largo historial de conflictos que cada una de estas provincias mantuvo por su lado con Transnoa, a la que acusan de incumplir con el plan de inversiones comprometido para los últimos años.
Funcionarios de las tres provincias advierten que es «crítica» la situación que el sistema eléctrico regional atraviesa. Ahí, no solo apuntaron contra la desinversión y el déficit de personal técnico por parte de Transnoa.
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán
También, desde las provincias administradas por Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo acusan una deficiente supervisión por parte del gobierno de Javier Milei.
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán, que denunciaron una política empresarial que «prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio».
Transnoa tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la Red de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del NOA desde 1994, a partir de la concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem.
Más del 57% de las acciones de esta transportadora están a manos de Elecnorte S.A., propiedad de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, mientras que IATE S.A., del Grupo Taselli, tiene el 27,18% de las acciones. El resto lo posee la provincia de Catamarca (5,06%) y el Programa de Propiedad Participada (10%).
En medio de recientes denuncias por cortes y desinversión, Transnoa realizó cambios de directorio que también generaron problemas internos.
Hoy, como presidente figura Diego Héctor Castro y, como vice, Melitón Eugenio López, que tiene un pasado reciente en la función pública como presidente de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante de la gestión de María Eugenia Vidal. También dentro del directorio de Transnoa figura otro ex funcionario de Lotería en ese mismo periodo, Marcelo Oscar Mehl.
Cúpula directiva de Transnoa durante una reunión reciente con el gobierno de Santiago del Estero.
En la presentación ante el ENRE, las provincias detallan los cortes sufridos en las distintas localidades. Entre el 22 y el 23 de enero, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta.
Mientras que, en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. El evento en Jujuy ocurrió entre el 23 y 24 de enero y afectó a más de 750.000 usuarios.
En tanto, el mismo 23 la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán, quedó fuera de servicio afectando la zona sur de la provincia, a unos 60.000 usuarios.
En concreto, las autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán le reclaman al ENRE que le exija a Trasnoa los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas.
También, que se obligue a la transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera, que detalle la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy y que el ente regulador informe las multas que aplicó a Trasnoa entre 2019 y 2025.
La presentación ante el ENRE fue hecha por Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán.
Lo que a fines de enero era una maniobra en ciernes, hoy quedó formalizado por decreto. El Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la norma que ordena el traslado del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión confirma, profundiza y legaliza una operación política sobre los símbolos fundacionales de la Argentina.
Por Alcides Blanco para NLI
La nota publicada por NLI el pasado 28 de enero advertía que el Gobierno avanzaba sobre el sable corvo no como un gesto administrativo menor, sino como parte de una estrategia deliberada de apropiación simbólica del pasado. A apenas días de aquella publicación, el Ejecutivo decidió blanquear la jugada y convertirla en norma.
El Decreto 81/2026, publicado este 3 de febrero, dispone de manera expresa que el sable corvo deje de estar bajo la órbita del Museo Histórico Nacional y pase a la custodia directa del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en su cuartel de Palermo. La medida no solo ordena el traslado físico del objeto, sino que deroga el decreto de 2015 que había fijado su permanencia en el museo como patrimonio histórico de acceso público.
Un decreto que confirma la maniobra
El texto oficial sostiene que el traslado se realiza por “razones de seguridad” y menciona antecedentes de hechos ilícitos ocurridos cuando el sable se encontraba en el museo. Bajo ese argumento, el Gobierno establece que la custodia, preservación y resguardo queden en manos del Regimiento de Granaderos, fuerza que históricamente actuó como guardia del Libertador.
Sin embargo, el decreto omite cualquier referencia al derecho ciudadano al acceso al patrimonio histórico, al rol de los museos nacionales como espacios de memoria colectiva o a la dimensión civil del legado sanmartiniano. La lógica es clara: militarizar el símbolo y reubicarlo en un espacio institucional alineado con el relato que Milei intenta construir.
Tal como anticipó NLI, no se trata de una decisión neutra. El sable corvo no es un objeto más: es uno de los emblemas centrales de la independencia, cargado de significados políticos, históricos y populares que exceden largamente el ámbito castrense.
De patrimonio público a símbolo regimentado
Con este decreto, el sable deja de estar en un museo nacional —espacio civil, educativo y abierto— para quedar alojado en un cuartel militar con acceso restringido. El mensaje es contundente: el pasado se ordena desde arriba y se encuadra en una narrativa de autoridad, disciplina y verticalidad.
No es casual que esta decisión se inscriba en una secuencia más amplia. Milei viene utilizando la figura de San Martín, los Granaderos y los símbolos patrios como elementos de legitimación política, vaciándolos de su complejidad histórica y resignificándolos al servicio de su propio proyecto ideológico.
La historia, así, deja de ser un campo de debate y memoria para convertirse en escenografía de poder. El decreto no hace más que confirmar que el Gobierno concibe los símbolos nacionales como piezas de un relato oficial, no como patrimonio plural del pueblo argentino.
Lo que advertía NLI y hoy se confirma
Cuando NLI publicó la nota del 28 de enero, aún no existía norma vigente. Había versiones, trascendidos y una fuerte señal política. Hoy, con el decreto ya publicado, queda claro que no era una hipótesis exagerada, sino la antesala de una decisión consumada.
La derogación del decreto de 2015, la reasignación de la custodia y la argumentación centrada exclusivamente en criterios de seguridad confirman que el Gobierno eligió avanzar sin debate público, sin consulta a especialistas en patrimonio y sin consideración por el sentido democrático de la memoria histórica.
El sable corvo, legado de San Martín al pueblo argentino, pasa así a ser una pieza más en la política de símbolos de Milei, donde el pasado se ordena, se encuadra y se utiliza como herramienta de construcción de poder en el presente.
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