La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 07/2021 destinado a la provisión de materiales para recambio de luminarias a tecnología LED en Plaza de los Próceres, Plaza de los Inmigrantes y Plaza La Estación.
La fecha de apertura de las propuestas será el 10 de agosto a las 11 horas en el Departamento de Compras. Las ofertas se recibirán en sobre cerrado en Mesa de Entradas de la Municipalidad, hasta la fecha y hora de apertura.
El sábado 17 de mayo de 2025 a las 18:00 horas, en la sede de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Villa Regina, ubicada en Monseñor Esandi 44, se realizara la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) para considerar la aprobación de los Ejercicios N° 88 (2022-2023) y N° 89 (2023-2024). Difunde esta nota
La muerte de la enfermera Mariela Romero del Hospital de Villa Regina comenzará a ser investigada, tal como lo pidieron los gremios ATE y Upcn, para determinar responsabilidades en la atención que recibió. Al momento de escribir este artículo el ministro de salud Fabián Zgaib no brindó precisiones del caso encontrándose a la espera del informe oficial del Hospital…
Las justificaciones de Manuel Adorni respecto de su patrimonio siguen generando polémica, en particular sobre cómo repartió el Jefe de Gabinete los dólares que encontró en la casa que recibió como herencia de su padre.
Aunque el Jefe de Gabinete nunca precisó cuántos dólares encontró, se entiende a partir de sus afirmaciones, que ese dinero -junto a sus ahorros- sirvieron de base para los 200.000 dólares iniciales que luego invertiría con notable éxito en la criptomoneda Bitcoin.
Quienes siguen el caso sostienen que el 50% de los dólares hallados correspondían a la madre de los Adorni y el resto, en partes iguales a Manuel y a su hermano, el diputado provincial Francisco Adorni.
Agregan además, que la parte que recibió el Jefe de Gabinete puede haber sido un gran porcentaje de esos 200.000 dólares que sirvieron para apostar el mundo cripto. Se entiende que si ese hallazgo representó una parte ínfima, no hubiese sido necesario mencionar una historia tan improbable.
Mientras tanto, Francisco Adorni, ya rectificó dos veces su declaración jurada luego que le abrieran una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En su primera rectificación incluyó una herencia de 21 millones de pesos que no había dado a conocer anteriormente ante la Oficina Anticorrupción.
Ese monto supone poco más que unos 14.000 dólares, un número quizás demasiado bajo para que corresponda al 25% que se distribuyeron los miembros de la familia Adorni. El diputado provincial incluyó esa herencia en la documentación un ítem que figura como «dinero efectivo en el país» y no precisa su origen.
LPO contó que tres días antes de que Manuel revelara el fortuito hallazgo de dólares, su hermano Francisco volvió a rectificar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. En esta nueva presentación, Adorni argumenta una menor valuación del 50% de su casa en City Bell. En la documentación anterior afirmaba que el valor fiscal de la propiedad era de 67.500.000 y ahora afirma que es de 52.600.000.
Florencia Retamoso, Francisco Adorni, Florencia Arietto y Diego Valenzuela.
Además, agregó cinco cajas de ahorro en las que tiene repartido poco más de 2 millones de pesos. Antes sólo había declarado dinero en efectivo.
Adorni es investigado por el fiscal Guillermo Marijuan por presunto enriquecimiento ilícito tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El fiscal requirió información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito.
En el nuevo escenario político energético mundial el consumo de energía se expande en un 30% hacia 2040, lo que equivale a sumar una nueva India y China a la demanda energética mundial actual. La población mundial crece a más de 9.000 millones en 2040, a modo de ejemplo el proceso de urbanización agrega una…
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
Alberto Weretilneck perdió dos legisladores y podría ser el inicio de una sangría en el oficialismo que incluya a otros legisladores, a concejales e intendentes en todo Río Negro.
La partida de Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti es algo inédito en los 15 años de gobierno de Juntos Somos Río Negro. Ambos abandonaron el bloque oficialista en la legislatura provincial el mismo día que Weretilneck lanzaba la renovación del partido.
El elegido para liderar Juntos Somos Río Negro fue Rodrigo Buteler, el intendente de Cipolletti que Weretilneck ve como su sucesor en 2027 si las encuestas no lo favorecen. En caso de pasar el filtro, el gobernador tiene decidido «abrir la fórmula» al PRO, como le confesó hace poco a Horacio Massaccesi.
El problema de Weretilneck es que son pocos los que imaginan al oficialismo gobernando la provincia otros cuatro años. «Después de 15 años, hay un desgaste muy grande y una crisis de representación», explicó un funcionario que abandonó el espacio.
El gobernador delega las cuestiones energéticas en su esposa, Andrea Confini y no abre el juego a otros actores. Ese manejo hizo que Weretilneck se ganara varios enemigos, como su vice gobernador Pedro Pesatti, que terminó rompiendo como antes lo había hecho Arabela Carreras, ex gobernadora.
Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027.
El ex intendente de Bariloche Gustavo Genusso también se distanció de Weretilneck y logró que el gobierno nacional lo designara al frente de la prestigiosa Fundación Intecnus. A los pocos días la Justicia reactivó una causa contra él que estaba dormida.
El ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.
«Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027», dijo a LPO un legislador provincial.
María Emilia Soria, del peronismo, y Aníbal Tortoriello, ahora cercano a LLA, aparecen como los principales contendientes.
Sin pertenencia partidaria marcada y con orientación socialcristiana, Tortoriello perteneció al PRO y luego desembarcó en LLA. Años antes había estado en conversaciones para ser candidato a intendente de Cipolleti por el peronismo, pero terminó ganado con la lista del PRO.
Soria, intendenta de General Roca, también será candidata el año próximo. El apellido tiene peso en la provincia: su hermano Martín se impuso en 2025 en la boleta de senadores, mientras que Tortoriello ganó en diputados.
«Hay otros intendentes, legisladores y concejales de Juntos Somos Río Negro que están esperando una señal de Tortoriello para irse. Hay clima de fin de ciclo», le dijo a LPO un ex funcionario que se alejó del oficialismo.
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