El viernes 25 comenzó el curso ‘Alfabetización Digital’ destinado al Consejo Local de Discapacidad local.
Desde la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina, a través de Punto Digital, se informó que “este programa de inclusión digital busca brindar herramientas en la introducción a los conceptos básicos y fundamentales de la informática, a fin de comprender el funcionamiento general de una computadora y familiarizarse con su uso”.
Esta capacitación es fruto del trabajo conjunto entre el Municipio y el Consejo de Discapacidad que ha tenido muy buena repercusión y aceptación. Atento a la demanda de interesados, el mismo se replicará a lo largo de este año.
Las familias reginenses y de alrededores vuelven a encontrarse este domingo 21 de noviembre desde las 20:30 hs en el Anfiteatro Cono Randazzo de Villa Regina para vivir una noche inolvidable. Más de cuarenta años de trayectoria tiene el FOGÓN ESTUDIANTIL en nuestra ciudad y muchos de nosotros siendo estudiantes del Instituto Nuestra Señora del…
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La Secretaría de Obras y Servicios informa que a partir del día de la fecha se estarán colocando los divisores en calle Cipolletti y Chacabuco por lo que el carril en dirección oeste – este permanecerá cortado aproximadamente dos semanas. Difunde esta nota
Desde el jueves 6 de enero la Secretaría de Estado de Cultura llevará adelante una diversa agenda de actividades artísticas y culturales. La agenda cultural se puso en marcha el jueves 6 de enero en Las Grutas y El Cóndor, y prevé durante la temporada diversas actividades en Bariloche, General Roca, Jacobacci, Río Colorado, Dina…
Hace un año y medio el Gobierno celebraba que los instrumentos de deuda en pesos como el dólar linked no tuvieran demanda, porque lo interpretaba como una señal de confianza en el ancla cambiaria del programa económico.
Bueno esa situación cambió. La demanda de cobertura cambiaria obligó a Toto Caputo a convalidar esa preferencia para poder financiarse. En julio, Economía colocó $8,1 billones en instrumentos atados al dólar oficial -entre bonos dólar linked y duales-, el mayor volumen desde el inicio de la gestión y más del doble del récord anterior, registrado en septiembre de 2025 con $3,9 billones.
El dato marca un cambio en el humor del mercado. Mientras durante buena parte de 2025 la mayor parte del financiamiento se concentraba en instrumentos en pesos, en los últimos meses los inversores comenzaron a privilegiar activos que los protegen frente a una eventual aceleración del tipo de cambio oficial, que anunció el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando dijo que «en unos meses» el dólar cotizará en torno a los $1.800.
También coincide con la afirmación de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que en su encuentro con empresarios argentinos dijo que el dólar debería estar mas alto, como reveló en exclusiva LPO.
La situación contrasta con el mensaje que el propio Gobierno transmitía al comienzo de su programa económico. En febrero de 2025, luego de una licitación en la que el Tesoro ofreció un bono dólar linked con vencimiento en enero de 2026, el ministro Caputo, celebró que el instrumento prácticamente no hubiera tenido demanda. «Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda», escribió.
En julio, Economía colocó $8,1 billones en instrumentos atados al dólar oficial -entre bonos dólar linked y duales-, el mayor volumen desde el inicio de la gestión y más del doble del récord anterior, registrado en septiembre de 2025 con $3,9 billones.
El presidente Javier Milei reforzó aquella lectura con una respuesta que rápidamente se viralizó: «No apto para econochantas». Poco después, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, agregó: «Hoy ofrecimos dólar linked a enero 2026… y no vino casi nadie. Adjudicamos 80.000 palos pesos a devaluación +5%. Una cosa son los que opinan, otra el mercado».
Un año y medio después, ese mismo mercado parece haber cambiado de postura. Las colocaciones de deuda atada al dólar crecieron de manera sostenida durante 2026 hasta alcanzar en julio un máximo histórico. El informe que sigue la evolución de las licitaciones sostiene que el fenómeno responde a una mayor demanda de cobertura cambiaria y a un menor interés por los instrumentos tradicionales en pesos.
«El mensaje no es necesariamente que el mercado espere una devaluación brusca en el corto plazo. Lo que muestra es que aumentó la necesidad de cubrir riesgos. Muchos inversores prefieren resignar algo de rendimiento antes que quedar totalmente expuestos a una corrección cambiaria», explicó a LPO un operador financiero que participa habitualmente de las licitaciones del Tesoro.
El analista sostuvo que la estrategia también tiene beneficios para el Gobierno. «Mientras logra renovar los vencimientos ofreciendo cobertura cambiaria, evita tener que convalidar tasas en pesos todavía más altas. El problema es que va acumulando una deuda cuyo costo aumenta automáticamente si el dólar oficial acelera su ritmo de suba», señaló.
Los números muestran con claridad esa tendencia. Después de varios meses con emisiones reducidas de deuda dólar linked, el volumen comenzó a incrementarse desde mayo y terminó explotando en julio. La colocación de $8,1 billones no sólo duplicó el máximo anterior sino que consolidó a estos instrumentos como uno de los principales vehículos de financiamiento del Tesoro.
En paralelo, las expectativas del mercado también comenzaron a reflejar un sendero de depreciación más pronunciado para los próximos meses. Tanto las curvas de futuros como las proyecciones de distintas consultoras descuentan un deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial, lo que aumenta el atractivo de los bonos que ajustan por esa variable.
Tanto las curvas de futuros como las proyecciones de distintas consultoras descuentan un deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial, lo que aumenta el atractivo de los bonos que ajustan por esa variable.
Para el Gobierno, el esquema permite mantener el financiamiento en pesos sin generar una presión inmediata sobre las reservas o sobre el mercado cambiario. Sin embargo, la contracara es que crece la exposición del Estado a una eventual aceleración del dólar. Cuanto mayor sea la deuda indexada, mayor será también el costo financiero de cualquier corrección cambiaria.
La paradoja es evidente. En febrero de 2025 el oficialismo exhibía la escasa demanda por un bono dollar linked como una prueba de la confianza del mercado en su estrategia económica. Dieciocho meses después, el récord de colocaciones muestra exactamente lo contrario: para seguir financiando al Tesoro, los inversores vuelven a exigir una cobertura frente al riesgo cambiario. Esa transformación, más que cualquier declaración, refleja cómo cambió la percepción del mercado sobre el dólar.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
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