El viernes 25 comenzó el curso ‘Alfabetización Digital’ destinado al Consejo Local de Discapacidad local.
Desde la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina, a través de Punto Digital, se informó que “este programa de inclusión digital busca brindar herramientas en la introducción a los conceptos básicos y fundamentales de la informática, a fin de comprender el funcionamiento general de una computadora y familiarizarse con su uso”.
Esta capacitación es fruto del trabajo conjunto entre el Municipio y el Consejo de Discapacidad que ha tenido muy buena repercusión y aceptación. Atento a la demanda de interesados, el mismo se replicará a lo largo de este año.
El próximo sábado 28 las actividades en el marco del ‘Mes de la Niñez’ se desarrollarán en los siguientes barrios: *Pulmón Ecológico, CGT y Tierra del Fuego: concentración en Pulmón Ecológico *Gardín y Progreso: concentración en Gardín *25 de Mayo *Don Rodolfo Habrá juegos, sorpresas y refrigerio en los diferentes sectores entre las 15 y…
Javier Milei cuestionó al gobernador Axel Kicillof por destinar más de 58 mil millones del presupuesto bonaerense a la pauta publicitaria. La cifra trascendió por un minucioso trabajo de Chequeado, que reconstruyó el gasto que la administración de Kicillof no publica, a través de rastrear y sumar cada una de las ordenes de compra individuales.
«Si querés te lo explico con dibujitos…», posteó Milei, retuiteando un mensaje del jefe del bloque de legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza, Agustín Romo.
«Esto es un escándalo. Kicillof gasto $57.565 millones en pauta oficial repartido solo en 2025 por el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. Hay que prohibir la pauta en la provincia de Buenos Aires», posteó Romo y reprodujo un cuadro de Chequeado donde se ve a los principales beneficiados de la pauta de Kicillof.
Romo ya había presentado el año pasado un pedido de informes al gobierno de Kicillof sobre el destino de la pauta oficial, que no fue aprobado. La idea que lanzó ahora de directamente prohibir la pauta no es antojadiza. Fuentes de la Legislatura bonaerense confirmaron a LPO que de manera informar se comenzó a hablar entre integrantes del bloque de diputados libertario y sus colegas del PRO.
El trabajo de Chequeado revela que el medio que más pauta recibió fue C5N que con 6970 millones, concentró el 12% del total de la pauta distribuida en 2025. Lo sigue el Grupo Olmos con 3617 millones, una inversión llamativa porque este grupo tiene medios como Crónica TV, de menor audiencia que varios de los que están por abajo. «Olmos es un acuerdo con la UOM», explicó a LPO un dirigente del peronismo bonaerense. En efecto, los Olmos son dos hermanos que crecieron desde la gerenciación de la obra social de los metalúrgicos.
Luego aparecen los grupos Clarín y América con 3.000 millones cada uno y casi con el mismo importe El Destape, el sitio del periodista Roberto Navarro, que creció con el kirchnerismo pero cuando estalló la pelea de Máxicmo Kirchner con Kicillof se pronunció públicamente en favor del gobernador. Lo curioso es que Navarro aparece con mayor presupuesto que Infobae de Daniel Hadad, uno de los sitios más visitados del país.
Luego viene editorial Perfil con 1.800 millones y el sindicalista Víctor Santamaria que suma unos 3.400 millones, dividido entre 1.600 millones para su grupo de medios (que incluye Canal 9, Página 12 y radio Continental) y 1.800 millones para su empresa de vía pública Grupo Alter, que absorbió a Girola Publicidad y VPM.
Luego aparece Grupo Elías con 1.300 millones. Se trata del empresario Gustavo Elías, que creció de la mano de Hugo Moyano y hoy controla el estratégico puerto de esa ciudad. Desde ese nodo de poder avanzó sobre los medios: primero se asoció a sitios y radios locales y luego compró el histórico diario La Nueva Provincia, que no logró equilibrar y terminó eliminando su edición de papel.
Mucho más abajo aparecen medios de audiencias más amplias y mayor capacidad de fijar agenda pública, como La Nación que recibió apenas 500 millones y se ubica muy por debajo de distintos sellos y nombres propios poco desconocidos en el mercado.
Javier Milei sacó un decreto alevoso en la noche de este jueves para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis «Toto» Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa.
El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.
El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.
Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.
La jueza Capuchetti.
Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.
Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».
La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.
La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».
Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.
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