Comenzó ‘Coctelería en casa’

 

En entrevistas recientes, el presidente Javier Milei volvió a descartar cualquier medida para aliviar a los deudores, mientras la morosidad de las familias argentinas alcanza niveles récord. En diálogo con LN+, planteó la cuestión como un simple problema contractual entre partes privadas: si alguien no puede cumplir un compromiso asumido libremente con un banco o una financiera, dijo, no le corresponde al Estado «pasarle la cuenta a todos los demás». Preguntó, retóricamente, si a esos deudores «alguien les puso una pistola en la cabeza» para tomar el crédito, y atribuyó buena parte del deterioro a los «ataques del kirchnerismo». Días antes, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, había usado casi la misma fórmula -«un acuerdo entre privados»- para explicar por qué el Gobierno no contempla ningún rescate a las familias endeudadas.

La secuencia de datos que motivó esas declaraciones es contundente. Según el Banco Central, la mora del sector privado no financiero alcanzó en mayo de 2026 su nivel más alto en veinticuatro años, tras diecinueve meses consecutivos de aumento; recién en junio se registró una leve baja, del 7,7% al 7,6%, con la mora de las familias cediendo apenas de 12,8% a 12,7%. Frente a esos números, la respuesta oficial no fue de política pública sino de filosofía moral: la deuda, para el Gobierno, es un asunto que se dirime entre dos privados y en el que el Estado no tiene por qué intervenir.

Sin embargo, esta respuesta -y el fastidio que generó- no es un exabrupto aislado. Es la expresión más nítida de una inflexión profunda de las democracias contemporáneas: cada vez más las deudas de los hogares enlazan la política y la sociedad, y, por lo tanto, se han convertido con el tiempo en una de las arenas centrales donde se juzga el apoyo de los gobiernos. 

La filosofía moral de Milei (“acuerdo entre privados”) choca con esta realidad sociológica de la deuda.

La deuda de las familias no se limita a organizar el consumo o el presupuesto doméstico: también organiza la percepción y el juicio políticos. La capacidad -o la incapacidad- de honrar los pagos se vuelve una prueba cotidiana de la credibilidad del Estado, de la competencia del gobierno y del valor de las promesas colectivas. En ese sentido, las familias endeudadas no reproducen simplemente lógicas financieras: interpretan y evalúan el desempeño político de los gobiernos democráticos a través de sus obligaciones financieras.

En Una Historia de Como Nos Endeudamos (Siglo XXI editores) muestro que la deuda de las familias ha sido una arena fundamental a través de la cual los ciudadanos le atribuyeron crédito o culpa a los gobiernos democráticos de la Argentina desde 1983, mediando la relación entre ciudadanos y Estado y moldeando tanto las condiciones materiales como las expectativas morales y políticas con que los argentinos evaluaron a sus sucesivos gobiernos.

Cada ciclo político desde el retorno de la democracia puede leerse en esa clave -incluido el que llevó al gobierno al actual presidente.

Democracia indexada (1983-1989). La crisis de la deuda externa y la alta inflación marcaron el comienzo de los años ochenta en América Latina. En Argentina, la redemocratización ocurrió en ese contexto, tras la dictadura de 1976-1983. El gobierno de Raúl Alfonsín fue puesto a prueba por una ola creciente de endeudamiento hipotecario: las familias no lograban sostener los pagos a causa de la inflación, y las clases medias entraban en una espiral sin precedentes de descenso social.

Democracia neoliberal: deuda y promesa de estabilidad (1991-2001). El plan de convertibilidad del gobierno peronista de Carlos Menem unió deuda familiar y deuda soberana: mientras la primera crecía, la segunda garantizaba la estabilización y las reformas neoliberales que ampliaron el consumo —inmuebles, electrodomésticos, autos, viajes—, financiado externamente por el Estado. La crisis de 2001 cerró el ciclo: ambos tipos de deuda se volvieron impagables y las calles se llenaron de protestas.

Democracia posneoliberal: deuda y promesa de inclusión (2003-2015). Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y los Kirchner en Argentina prometieron corregir los efectos del neoliberalismo, apoyados en el boom de las materias primas. La tarjeta de crédito se convirtió en pasaporte de consumo para sectores históricamente excluidos: mientras el Estado argentino pagaba su deuda soberana, nuevas deudas familiares sostenían la promesa de inclusión —un ciclo dependiente de condiciones volátiles.

La deuda en la democracia promercado (2015-2019). Mauricio Macri sucedió ese ciclo con créditos hipotecarios e inclusión financiera como banderas promercado. Tras una fuerte devaluación del peso —que no evitó un nuevo préstamo del FMI—, los ingresos se evaporaron y las deudas aumentaron; pedir prestado a familiares y usar la tarjeta para comida, remedios y alquiler se volvió cada vez más habitual. El estrangulamiento de la deuda soberana y familiar catalizó el cambio de gobierno.

Democracia bajo la pandemia y la alta inflación (2019-2023). La deuda de la pandemia y el retorno de la inflación por encima del 100% anual explican el descontento social y el apoyo creciente a la extrema derecha. A diferencia de otros países, que ampliaron la deuda pública para financiar la emergencia sanitaria, el gobierno argentino tuvo que negociar la deuda soberana heredada, lo que limitó su política asistencial —y empujó el crecimiento de la deuda familiar, orientada apenas a preservar la vida cotidiana. En ese escenario de fatiga económica y cansancio moral emergió Javier Milei, canalizando el resentimiento contra la clase política y prometiendo la liberación de la inflación y de la deuda.

Tu deuda no es tu culpa

En diciembre de 2023, Javier Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo marcado por el agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación aislada, ni la devaluación -era la sensación de haber hecho todo bien (trabajar, ahorrar, sacrificarse) y aun así no alcanzar; la percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo diera frutos.

Mis investigaciones de 2023 mostraban ese estado de ánimo difundido transversalmente: quien había pedido prestado para comer y la clase media que no llegaba a fin de mes compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional -de que las deudas no eran el precio de algo, ni el escalón hacia ningún lugar, sino simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.

Argentina no está sola en este cuadro. Basta mirar a Brasil, donde en abril de 2026, por primera vez desde que el indicador se mide, más de cuatro de cada cinco familias declararon tener algún tipo de deuda. El 80,9% marcó el máximo histórico de la serie de la Encuesta de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic), realizada por la Confederación Nacional de Comercio, y no fue un pico aislado: fue el quinto mes consecutivo de récords, con el índice avanzando aún más en mayo, al 81,6%. Según el Banco Central brasileño, la porción del ingreso familiar comprometida con el pago de deudas saltó de cerca del 22% en 2019 al 29,7% a fines de 2025 —casi un tercio del presupuesto doméstico ya reservado antes de llegar a la heladera, al alquiler o a la factura de luz. Frente a ese cuadro, el gobierno federal relanzó en mayo el Novo Desenrola Brasil, un programa de renegociación de deudas para familias, estudiantes y pequeños negocios asfixiados por el crédito caro —una respuesta, se podría decir, en las antípodas de la que ensaya el gobierno argentino.

La deuda de las familias volvió a infiltrarse en la disputa electoral brasileña, como seis años antes ya había atravesado la elección que llevó a Lula a su tercer mandato -y reaparece ahora que busca la reelección. Las finanzas domésticas ocupan un lugar cada vez más central en la política contemporánea, los ejemplos se acumulan más allá de Argentina y Brasil: difícilmente se entienda el ascenso de Gabriel Boric en Chile sin el malestar del endeudamiento exorbitante de las familias chilenas, herencia de un modelo que privatizó la educación, la salud y la previsión social y empujó al crédito a llenar el vacío dejado por el Estado. Del mismo modo, la crisis política española que proyectó a Podemos al gobierno no se explica sin las movilizaciones de hipotecados, cuya indignación contra los desalojos le dio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca una centralidad que ningún partido tradicional supo anticipar.

La democracia no se manifiesta solo en las instituciones, los partidos o las elecciones, sino también en la vida monetaria íntima de las familias. Es allí, en la frontera donde los significados morales y políticos del endeudamiento se encuentran con las expectativas dirigidas al Estado, donde la confianza —o la desconfianza— en la promesa democrática se decide día tras día.

La sociología de la deuda enseña algo que la economía suele olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero, sino el momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa, el deudor que no supo administrarse, el gobierno que no controló la inflación, o el sistema que prometió lo que no podía cumplir?

En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible: los hogares que se endeudaron para sobrevivir, que esperaron que el ajuste de Milei trajera estabilidad y ven acumularse la morosidad sin que el horizonte se abra, están en ese umbral moral en el que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político. Que el propio Presidente responda a esa pregunta diciendo que no es asunto del Estado sino «un acuerdo entre privados» no cierra la discusión: la reabre, porque son millones de hogares los que, todos los días, deciden si esa respuesta les resulta creíble o buscaran devolver a esas palabras un rechazo tan profundo como el que llevo al propio Milei a la presidencia. 

La entrada La deuda como pregunta política se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

En menos de 72 horas, la relación transatlántica cambió de naturaleza y todo parece indicar que los ucranianos han perdido la guerra. El 12 de febrero de 2025, el flamante secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio inicio a las negociaciones de paz en Ucrania. Ya desde un comienzo cedió ante las dos principales exigencias de Moscú: la no adhesión de Kiev a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ratificación de las “nuevas realidades territoriales”, es decir, la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia, así como también de Crimea. Al día siguiente, tras una larga conversación telefónica con Vladimir Putin, el presidente Donald Trump anunció su intención de reunirse con su par ruso en Arabia Saudita –sin los ucranianos ni los europeos– y expresó su deseo de que pronto se organicen elecciones en Ucrania. Finalmente, el 14 de febrero, en un discurso pronunciado en una conferencia en Munich, el vicepresidente estadounidense, más que abordar la cuestión ucraniana, reprochó a los dirigentes europeos el hecho de que deshonraran las aspiraciones de sus propios pueblos restringiendo la libertad de expresión en las redes sociales o anulando las elecciones en Rumania por supuestas injerencias rusas (1).

Semanas antes, Trump había lanzado una ofensiva comercial al aumentar los aranceles a las importaciones de Canadá, México y la Unión Europea, y también había expresado sus intenciones anexionistas sobre Groenlandia (2). Sin embargo, de ahora en adelante, ya no se trata tan sólo de manipular a sus “aliados” para que compren más armas o para equilibrar la balanza comercial. Al declarar que Estados Unidos no les concedería garantías de seguridad ni a Ucrania ni a las tropas europeas que pudieran desplegarse para hacer cumplir un eventual alto el fuego, Trump inevitablemente sembró dudas sobre la solidaridad estadounidense en caso de un ataque al territorio de un miembro de la OTAN. Sin su contrapartida de seguridad, el vínculo transatlántico se parecería más bien a una completa relación de dependencia.

No obstante, desde 2022, Estados Unidos ha “invertido” un promedio de 35.300 millones de dólares por año en Ucrania (3). Mucho más que los 3.000 a 5.000 millones de dólares que Washington destinó cada año a Israel antes del ataque del 7 de octubre de 2023 y el equivalente a casi la mitad de los gastos militares anuales para Afganistán entre 2001 y 2019 –un esfuerzo para financiar una ocupación militar y operaciones directas–. El nivel de apoyo a Ucrania se sitúa, por lo tanto, en algún punto intermedio entre la ayuda brindada a un aliado histórico en Medio Oriente y el compromiso de una intervención directa en el campo de batalla en su propio nombre. Pero a Trump poco le importa todo eso: la guerra en Ucrania no es la de Estados Unidos, sino la de su antiguo rival Joseph Biden…

Errores de cálculo

Evidentemente, la magnitud de la ayuda occidental llevó a Kiev a cometer un error y la alentó a rechazar la negociación. En la primavera boreal de 2022, incluso antes de que Occidente le proporcionara su apoyo militar, la resistencia ucraniana podía enorgullecerse de haber frustrado la operación de cambio de régimen fomentada por el Kremlin y de haber minimizado las pérdidas territoriales. Después de cuatro semanas de combates, los beligerantes estaban cerca de llegar a un acuerdo. En Estambul, Kiev aceptó un estatus de neutralidad –es decir, renunció a adherirse a la Alianza Atlántica– y confirmó su intención de no dotarse de armas nucleares. A cambio, buscaba conseguir la retirada voluntaria de Moscú de los territorios que había ocupado desde el 24 de febrero. Sin embargo, Kiev necesitaba garantía de seguridad por parte de los líderes occidentales, quienes se la negaron. Boris Johnson se convirtió en el portavoz de la posición occidental durante una visita a la calle Bankova, sede de la Presidencia ucraniana. El Primer Ministro británico afirmó que nunca firmaría un acuerdo con Putin. Por eso, lo que ofrecían no eran garantías, sino armas (4).

Europa deberá pagar la reconstrucción de Ucrania y, al mismo tiempo, afrontar los costos de su seguridad.

Por un tiempo fue posible creer que dicha apuesta resultaría exitosa. Tras una primera contraofensiva, en noviembre de 2022, Kiev recuperó la ciudad de Jersón, ubicada en la orilla derecha del río Dnieper. Se desató la euforia. La palabra “negociaciones” se volvió tabú. No alinearse con los objetivos ucranianos –es decir, recuperar por la fuerza las fronteras de 1991– equivalía a firmar un pacto con el diablo. Los grandes medios de comunicación occidentales respaldaron el decreto ucraniano de octubre de 2022 que prohibía las negociaciones con Putin, a quien buscaban llevar ante la justicia internacional por crímenes de guerra (5).

Sin embargo, la segunda contraofensiva ucraniana de junio de 2023 resultó en una derrota. En los medios de prensa, los estadounidenses expresaron su descontento: Kiev habría escatimado demasiado sus hombres para privilegiar ataques tácticos dispersos a lo largo del frente en lugar de enviar soldados en masa a los campos de minas rusos con la esperanza de traspasar las defensas del adversario y cortar el puente terrestre entre Rusia y Crimea (6). Bajo la presión de Washington, Kiev redujo la edad de reclutamiento de 27 a 25 años en abril de 2024, pero en diciembre se negó a bajarla a los 18 años. Así, la apuesta hecha en base a las exhortaciones occidentales fracasó trágicamente. Tanto el costo humano –cientos de miles de muertos y heridos– como los sacrificios exigidos a la sociedad fueron en vano (7).

Como lógica consecuencia, durante el mismo período, Rusia experimentó una suerte inversa. El inicio de su “operación militar especial” resultó un fiasco. Los servicios de inteligencia rusos sobrestimaron los apoyos con los que contarían tanto por parte de la población como dentro de las élites ucranianas. El Ejército se estancó en los barrios periféricos de la capital ucraniana y fracasó en su intento de tomar el control del país. El Kremlin decidió entonces concentrar su dispositivo militar en el Donbass y Crimea. Concebida inicialmente como una expedición relámpago, la guerra fue cambiando de escala y de naturaleza. La movilización forzada decretada en septiembre de 2022 provocó una ola de protestas y exilios.

Atrapada en su propia guerra, Rusia agravó su situación en materia de seguridad. Su “operación militar especial” tenía como objetivo, por un lado, prevenir que Ucrania se rearmara –antes de que Kiev recuperara por la fuerza las regiones separatistas prorrusas– y, por otro lado, poner un freno a la expansión de la OTAN hacia el Este. No obstante, unos meses después del inicio del conflicto, Rusia enardeció el patriotismo de un adversario que recibía un flujo continuo de armas y que contaba con el respaldo de una Alianza Atlántica reforzada con dos nuevos miembros: Suecia y Finlandia, que limitan con la zona ártica, estratégica para Moscú. Los dirigentes europeos reforzaron los batallones enviados al flanco oriental de la alianza, incluida Francia, que hasta entonces se oponía a una presencia permanente. La fuerza de reacción rápida de la OTAN cuadruplicó su número de efectivos; también continuó la construcción de la nueva base antimisiles estadounidense en Polonia, en donde los norteamericanos elevaron su presencia militar a 10.000 soldados. Lejos de calmarse, en Rusia las preocupaciones respecto de la seguridad se intensificaron por no haber previsto la fuerza y la unidad de la reacción occidental. Empero, al apostar por la consolidación de sus defensas detrás del Dnieper, Rusia logró estabilizar el frente. Los avances territoriales, como la toma de Bajmut en mayo de 2023, se consiguieron a costa del sacrificio de numerosas tropas, en un país ya golpeado por su crisis demográfica.

El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada.

Si bien Rusia mostró debilidades militares, la resiliencia de su economía resultó sorprendente. El Banco Central había acumulado suficientes reservas para asumir una confrontación financiera con Occidente. Logró sostener eficazmente el rublo y salvar su sistema bancario a pesar del congelamiento de sus activos en Europa y Estados Unidos. En cuanto a las sanciones energéticas, terminaron volviéndose en contra de los propios impulsores europeos: el aumento de los precios del gas compensó la pérdida de los volúmenes enviados al Viejo Continente, dando tiempo a Rusia para reorientar sus exportaciones de hidrocarburos hacia Asia (8). El fracaso de la estrategia de aislamiento se volvió evidente porque, si bien Moscú se vio obligada a recurrir a “Estados parias”, como Corea del Norte o Irán, para obtener armas o soldados, la realidad es que no le faltaron socios económicos interesados en sus descuentos energéticos. Los países que forman el núcleo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) vieron con preocupación la ofensiva punitiva financiera de Washington contra uno de sus miembros y profundizaron de forma preventiva su cooperación para reducir el uso del dólar en sus intercambios. En 2024, BRICS acogió a cinco miembros nuevos, entre los que destacan los Emiratos Árabes Unidos, un actor clave en las nuevas rutas del petróleo ruso (véase el artículo de págs. 12-14).

¿Acercamiento al hermano menor?

Al elegir negociar cara a cara con Moscú, Trump le ofrece una vía de escape al Kremlin. El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada. Las concesiones, por ahora sólo verbales, resultan vertiginosas: reanudación de las negociaciones sobre el desarme, promesa de reincorporación al G7 y, a largo plazo, levantamiento de las sanciones. Aunque el Presidente estadounidense trate de morigerar estas promesas en las próximas semanas, la solidaridad transatlántica parece estar ya profundamente deteriorada.

Estas declaraciones podrían cerrar la era geopolítica que comenzó en 1949. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó la Alianza Atlántica para imponer su influencia a la mitad de Europa, mientras que la otra mitad se alineaba primero con el bloque soviético y luego se unía al Pacto de Varsovia en 1955. Sin embargo, a fines de la década de 1980, el último líder soviético, Mijail Gorbachov, al frente de un país agotado por la carrera armamentista, se comprometió con una serie de concesiones unilaterales y desordenadas: aceptó la reunificación de Alemania y su adhesión a la OTAN sin obtener garantías escritas sobre la no expansión de la alianza occidental en Europa del Este. De este modo, el antiguo instrumento de seguridad sobrevivió a la Guerra Fría, y la Unión Europea, al expandirse, permaneció firmemente vinculada a Washington. Aunque en 1989 y 1990 se llegó a considerar por un momento la posibilidad de implementar un nuevo sistema de seguridad, no surgió ninguno alternativo tras la disolución de la URSS en 1991. Si bien el conflicto ruso-ucraniano tiene en parte su origen en esta oportunidad perdida, su resolución negociada está provocando una reconciliación ruso-estadounidense a espaldas de Europa.

En Munich, el vicepresidente James David Vance incluso señaló una nueva dirección estratégica de Estados Unidos: “A Putin no le interesa ser el hermano menor en una coalición con China” (9). ¿Se trata del regreso a la estrategia de triangulación que había puesto en marcha el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971 al acercarse al “hermano menor” (en ese entonces, China) para aislar mejor al enemigo principal (la URSS)? Si este es el “plan”, Trump tendrá dificultades para romper el eje Rusia-China. Pekín, si bien se molestó por el hecho consumado de la invasión rusa y le ha reprochado a Moscú su abuso de la amenaza nuclear, no le ha retirado su apoyo. China suministra de manera discreta tecnologías necesarias para el complejo militar-industrial ruso, al mismo tiempo que profundiza su cooperación militar con Moscú. Aunque desequilibrada, esta relación se basa en una fuerte frustración compartida respecto de un orden internacional dominado por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.

¿Y Europa?… Europa se encuentra en la peor situación posible: ya debilitada por la crisis energética que ella misma provocó al renunciar –a petición de Washington– al gas ruso barato y pronto golpeada también por la guerra comercial decretada por la Casa Blanca, ahora se ve obligada a gestionar en soledad las consecuencias del revés occidental en Ucrania. Mientras la confrontación con Rusia alcanza un nivel incandescente y sus arsenales se han vaciado en favor de Kiev, Europa se prepara para aumentar de forma urgente su gasto militar, lo que implica comprar armamento estadounidense. Washington le exigía un “reparto de la carga” de la financiación de la alianza. Ahora la carga es doble: pagar la reconstrucción de Ucrania (que, a esta altura, Rusia deja de buena gana en manos de la Unión Europea) y, al mismo tiempo, asumir su propia seguridad. El gasto parece simplemente inasumible para los presupuestos europeos y augura nuevas divisiones.

1. Benoît Bréville, “Liquidación electoral”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2025.
2. Philippe Descamps, “Affoler la meute”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2025.
3. “Ukraine support tracker”, Kiel Institute for the World, 2024.
4. Samuel Charap y Sergueï Radchenko, “¿Podría haber terminado la guerra en Ucrania?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2024. Volodimir Zelensky se esfuerza en negar el papel que habría desempeñado así Johnson; véase también Shaun Walker, “Zelensky rejects claim Boris Johnson talked him out of 2022 peace deal”, The Guardian, Londres, 12 de febrero de 2025.
5. Véase, por ejemplo, “Soutenir l’Ukraine pour assurer la paix”, Le Monde diplomatique, 10 de enero de 2023.
6. Alex Horton y John Hudson, “US intelligence says Ukraine will fail to meet offensive’s key goal”, The Washington Post, 17 de agosto de 2023.
7. Hélène Richard, “Ucrania, una sociedad dividida por la guerra”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2023.
8. Hélène Richard, “Sanciones de doble filo”, Le Monde diplomatique, noviembre de 2022.
9. Bojan Pancevski y Alexander Ward, “Vance wields threat of sanctions, military action to push Putin into Ukraine deal”, The Wall Street Journal, Nueva York, 14 de febrero de 2025.