La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que las charlas de educación vial continuarán la semana que viene en el centro comunitario de barrio Villa Antártida destinadas a los vecinos de ese sector de la ciudad, 25 de Mayo y Pretto.
Las mismas se desarrollarán durante el jueves 15 y el viernes 16 en el horario de 20 a 22. Los vecinos que deban renovar su licencia o tramitarla por primera vez deberán inscribirse previamente al celular 2984-582283.
La extranjerización de las tierras es una realidad en la Argentina y varios casos prueban el riesgo que entraña la falta de controles. Pobladores que deben viajar dos horas de más para no atravesar propiedad privada, un pueblo que no puede expandirse porque una empresa compró toda la tierra o magnates que bloquean el acceso a puntos turísticos son algunos de los casos que podrían volverse más comunes con el proyecto que, por el momento, Milei puso en pausa.
El más conocido es Joe Lewis, el millonario que bloquea el acceso a Lago Escondido. En los años ’90 logró saltear la legislación que impedía la compra de tierras a extranjeros y construyó una fabulosa mansión con vista al lago. Durante años organizaciones intentaron que reabriera el camino que pasa en medio de sus 12 mil hectáreas, pero no lo consiguieron. Para visitar la zona hay que realizar una caminata que lleva varios días.
En medio de la discusión por la ley que impulsa Milei se conoció el caso del intendente de Puerto Libertad, un pueblo en Misiones donde el 80% de las tierras rurales está en manos de Arauco, una empresa chilena.
El intendente local busca desde hace años comprar 10 hectáreas de las 62 mil que posee Arauco para armar un parque industrial que de trabajo a los vecinos. Hasta ahora no tuvo mucha suerte: el proceso de adquisición lleva más de tres años, pero lo logra que la empresa firme la operación. «El problema es que el directorio no está en la Argentina», explicó Fernando Ferreira.
Baguales es otro lugar icónico para la extranjerización de tierras. El complejo de 10 mil hectáreas, ubicado en la Cordillera a 50km de Bariloche, pertenece a la realeza qatarí que incluso construyó una represa que se abastece de agua de dominio público para darle electricidad al emprendimiento. La autorización la firmó el gobierno de Río Negro.
A pocos kilómetros, sobre el Paraje el Manso, la casa real de Abu Dhabi adquirió más de 50 mil hectáreas. Los terrenos incluyen bosque nativo y ríos con vista a la cordillera, recursos naturales que son imposibles de visitar. Incluso los pobladores deben hacer un largo rodeo para trasladarse a pueblos cercanos.
Joe Lewis.
El departamento de Lácar, en Neuquén, tiene más de la mitad de sus tierras en manos extranjeras. En Collón Curá, otro departamento neuquino, el 8% de las tierras están manos de familias y empresas de EEUU, según un informe del Observatorio de Tierras.
La mayor parte de esas tierras están en los márgenes del río Collón Curá, un afluente del Limay. La familia de Ted Turner, los herederos de las papas Lay’s y la familia Sharp controlan la zona y hacen casi inaccesible el acceso al río.
«La tierra es un bien escaso y necesario para la vida. No es una mercancía, pero cuando está controlada por grandes poderes extranjeros, perdés la capacidad de desarrollar los recursos», le dijo a LPO el investigador Matías Oberlin, parte del Observatorio de Tierras.
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Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.
Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.
Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.
El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.
En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.
Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.
Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.
En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.
Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.
También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.
Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.
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