La expresidenta habló en la sede del Partido Justicialista.
La expresidenta Cristina Kirchner sostuvo esta tarde que “la casualidad no es una categoría política e histórica, y los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea”, al trazar una comparación entre el homenaje a los militantes peronistas fusilados en José León Suárez y su situación particular ante el inminente fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad.
Así se expresó la ex mandataria al brindar un discurso en la sede del PJ, donde miles de militantes se reunieron para brindarle respaldo. «Soy una fusilada que vive», aseguró, en clara referencia al atentado del que fue víctima.
También advirtió esta tarde que “el Poder Judicial es un partido, es otro PJ, y bastó para que hace una semana anunciáramos una candidatura para que se destaran los demonios”. «es la Guardia Pretoriana del poder económico», resaltó.
“Este modelo tiene fecha de vencimiento, se agota, es una copia de lo que hizo Martínez de Hoz y lo que hizo la convertibilidad en los ’90, y que se sostiene un tiempo con dólar barato”, dijo en la sede del PJ y añadió que el Poder Judicial está “buscando cómo desarmar y desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir”.
Si soñabas con una casa propia no va a ser con este gobierno. Milei, quien sigue beneficiando a unos pocos, avanzó en la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) con la publicación de los mecanismos para tal fin y el pase de la administración de los préstamos vigente a un banco privado.
La medida se efectivizó con la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, firmada por el endeudador Luis «Toto» caputo, publicada hoy en el Boletín Oficial, que detalla los pasos operativos tras el Decreto 1018/2024 del 12 de noviembre de 2024 que dispuso la disolución.
Según los considerandos del Decreto 1018/2024, la disolución se fundamenta en varios puntos en que el programa se había convertido en una «pesada carga» para las cuentas públicas. Por otra parte, se señaló que existían dificultades para fiscalizar y controlar su ejecución, con lo que manifiestan abiertamente su incapacidad para gobernar.
A su vez, se argumenta que la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia de los bancos comerciales, privados y públicos, no justificándose la intervención estatal directa en esta materia.
Para los amigos
Si bien el fondo se disuelve, la gestión de los créditos ya otorgados continuará a través de un contrato, totalmente a dedo, que el Ministerio de Economía celebrará con el Banco Hipotecario S.A., uno de cuyos principales accionistas es el grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, de estrecha relación con Milei, siendo el presidente de la institución.
Elsztain, presidente de IRSA y dueño del Hotel Libertador, donde Milei pasó sus últimos meses de campaña y comenzó su gobierno, parece ser uno de los mayores beneficiados por las políticas de la actual administración.
Evidentemente, en el mundo Milei, el Estado no está para que consigas un techo propio sino para darle negocios a los amigos.
El Instituto Patria convocó para este lunes a las 15 a una reunión de urgencia que a última hora se decidió realizar en la sede del PJ con legisladores nacionales, partidos políticos aliados, movimientos sociales y gremios para organizar una gran movilización al momento en que la Corte Suprema confirme el fallo contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad que la deje al borde de la presión y afuera de las elecciones.
En el entorno de Cristina comenzaron a recibir un apoyo masivo de distintos sectores sociales y políticos que le vuelve a dar centralidad a la ex presidenta. Este domingo por la noche, recibieron la notificación que hay gremios que ya hablan de un paro nacional en repudio al fallo.
Los sindicatos que adelantaron que se plegarían a la medida son ATE Capital, la UOM y SMATA, sectores que vienen sufriendo cesantías masivas por los recortes en el Estado y los industriales afectados por la recesión, las consecuencias de la apertura de importaciones y los topes en las paritarias que dejan a la mayoría de los trabajadores formales por debajo de la línea de pobreza.
En ese sentido, el secretario general de la UOM, Abel Furlan adelantó que se suma al paro en rechazo a la proscripción y la persecución política de Cristina, le dijo a
Tuni Kollmann
en una entrevista en Radio 10 este domingo.
La amenaza de inhabilitación a la ex presidenta sacudió los cimientos del peronismo al punto tal que se rumorea que el gobernador de Catamarca Raúl Jalil enviaría representantes a la sede del PJ en apoya a Cristina. El mandatario fue uno de los dialoguistas con Milei pero empezó a despegarse cuando el gobierno nacional le recortó recursos como al resto de las provincias.
Según una importante dirigente de La Cámpora que habló con LPO, adelantó que se va a organizar una gran movilización cuando se conozca el fallo que habría filtrado a la prensa Ricardo Lorenzetti, enfrentado a los otros jueces de la Corte Suprema.
Uno de los gremios que confirmaron su participación es la UOM. Su secretario general Abel Furlan no descartó convocar un paro en rechazo a la proscripción y la persecución política
En principio, como adelantó LPO, se esperaba que el Máximo Tribunal resuelva el próximo martes en contra de Cristina Kirchner en la causa Vialidad confirmando la prisión y la inhabilitación de ser candidata.
Luego de la filtración a la prensa la confirmación del fallo no se produciría el día martes cuando está estipulado la reunión de acuerdo de los jueces del Tribunal sino que podría aparecer en cualquier momento aunque en el kirchnerismo no creen que pase de esta semana.
Ricardo Lorenzetti
Como sea, la confirmación de la sentencia dejará afuera de competencia a Cristina que anunció que iba a ser candidata a legisladora por la Tercera Sección de Provincia de Buenos Aires donde las encuestas le dan ganadora con más de 50% de los votos traccionando al peronismo en el resto de las seccionales.
Hay sectores del kirchnerismo que sostienen que en el entorno del Milei preocupa un fallo contra Cristina pero hay quienes hacen otra lectura y creen que las versiones que aseguran que a Milei no le conviene la condena se preparó en la usina de Santiago Caputo: “con Cristina en la cancha es imposible que La Libertad Avanza gane”, señalan.
Los más memoriosos recuerdan que en la presidencia de De la Rúa el gobierno apuró la detención y prisión de Carlos Menem para intentar tapar el ajuste y el crecimiento de la deuda externa para sostener la convertibilidad. La estrategia no le salió bien al radical y eso que Menem tenía menos apoyo popular que el que conserva Cristina.
El tema tomó trascendencia internacional y como adelantó LPO, el Grupo de Puebla inició una campaña internacional contra la detención de Cristina: “Es una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política”, sostuvo el grupo que integran ex presidentes de la región y adelantaron que acompañarán a Cristina en un reclamo ante la Corte Interamericana si se confirma la condena.
El Consejo de la Magistratura de la Nación pondrá en marcha la modernización del sistema de gestión judicial del Poder Judicial de la Nación que permitirá incorporar videos y transcripciones dentro de las causas judiciales.
La reforma permitirá mejoras frente a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal que prevé poner en marcha el sistema acusatorio prevaleciendo las audiencias orales y dejando atrás los viejos expedientes escritos que acumulaban cientos y cientos de fojas en cada causa.
“La iniciativa encuadra en el plan de modernización que incluye la digitalización de procesos, el fortalecimiento de la infraestructura y la mejora de los recursos informáticos del sistema judicial”, dijeron desde el Consejo de la Magistratura.
Además, señalaron que esta actualización se nutre de los lineamientos y propuestas elevadas por el presidente de la Corte y el Consejo, Horacio Rosatti, y miembros del organismo: los jueces Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetevaña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones; los abogados Jimena De la Torre, María Fernanda Vázquez, Alberto Maques y Cesar Grau; los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los legisladores Luis Juez, Álvaro González, Roxana Reyes, Eduardo Vischi, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara; y el representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio.
El sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal Federal (2019) ya está operativo en varias jurisdicciones de la justicia federal. Fue instaurado en 2019 en la jurisdicción federal de Salta (que comprende la provincia de Jujuy) y su implementación se reactivó en 2024 en las jurisdicciones federales de Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia. En abril de este año se inició en la jurisdicción federal de Mar del Plata y el 11 de agosto está previsto que entre en funcionamiento en los tribunales federales criminales y correccionales y penal económico con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, explicaron desde el Consejo.
El LEX 100 es el sistema de gestión judicial a través del cual se tramitan las causas en el ámbito del Poder Judicial de la Nación (PJN) y desde allí se permite el acceso y la visualización de los expedientes judiciales para los operadores judiciales.
La reforma permitirá guardar y ver desde el mismo ecosistema, archivos de audio-video (por caso de las audiencias judiciales), sin la necesidad de descargarlos o usar otra aplicación, como sucede actualmente y será de suma importancia en las audiencias orales.
Actualmente el sistema sólo está preparado para mostrar archivos PDF en formato de resoluciones o escritos que suben los litigantes. Por ello constituye una novedad la herramienta en la que se está trabajando, en tanto permitirá guardar y ver desde el mismo ecosistema, archivos de audio-video (por caso de las audiencias judiciales), sin la necesidad de descargarlos o usar otra aplicación, como sucede actualmente y será de suma importancia en las audiencias orales.
Sesión del Consejo de la Magistratura
La tarea para desarrollar y adaptar esta herramienta informática al sistema LEX 100 está siendo encarado dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación por el área de Desarrollo a cargo de Francisco Perrone, que a su vez dependen de la Dirección General de Tecnología liderada, por Hernán Rondinella. Se trata del mismo sector que desarrolló un sistema de consultas básicas en el Poder Judicial a través de inteligencia artificial que se estrenó la semana pasada, y que se encuentra explorando diversos proyectos con la misma tecnología orientados al litigante y los empleados judiciales.
Estas modificaciones de la primera etapa quedarán implementadas en agosto próximo, indicaron fuentes judiciales mientras que una segunda ronda de actualizaciones buscará incorporar inteligencia artificial para la transcripción de esos contenidos audiovisuales.
Tal como consta en la resolución que puso en vigencia la creación del asistente virtual de inteligencia artificial, “la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito judicial resulta un elemento esencial a los fines de asegurar un ‘eficaz servicio de justicia’, conforme lo previsto en el inciso 6 del artículo 114 de la Constitucional, por su capacidad de transformar y mejorar los servicios ofrecidos por el Poder Judicial de la Nación a la ciudadanía en general y hacia adentro de su organización”.
Salteándose a la Justicia, el ejecutivo confirmó que cada vez estamos más lejos de la democracia.
El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rolle, expresó que la detención del dirigente Juan Grabois fue parte de «las directivas del presidente Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich» por permanecer durante varias horas dentro del Instituto Perón, en el barrio porteño de Recoleta.
«Son directivas del señor presidente, Javier MIlei, y de la ministra Patricia Bullrich», dijo Rolle durante la conferencia de prensa en la que dio detalles de la detención de Grabois. El jefe de la Policía, babéandose, celebraba así que «hacía»años» que no se llevaba adelante un operativo similar y que la Federal «no actuaba para recuperar un bien del Estado».
Si tiene cuatro patas y ladra, es un perro. Si es un presidente que dicta una detención arbitraria sin orden judicial sobre un dirigente opositor, es un autoritario.
La ministra de Seguridad había sido justamente quien confirmó desde sus redes la detención del dirigente con un duro mensaje: «Se terminó el vale todo». La funcionaria elogió a los efectivos por haber actuado «con firmeza y eficacia», durante el operativo realizado en el inmueble ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y que incluyó el posterior desalojo de los manifestantes.
Lo único cierto es que, todos, se saltearon al Poder Judicial.
El Grupo de Puebla activó la campaña internacional para defender a Cristina ante un inminente fallo de la Corte Suprema que confirmará su condena en la Causa Vialidad y dispondrá en consecuencia su detención y la imposibilidad de presentarse como candidata a diputada bonaerense por el peronismo, como anticipó en exclusiva LPO.
El Grupo de Puebla tiene decidido además acompañar a la ex presidenta en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empezar el camino internacional del reclamo.
A través de un comunicado firmado en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), el Grupo Puebla denunció “el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política contra Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que se consume la filtración interesada de una sentencia condenatoria en una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política”.
“La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri”, agregaron en el texto.
Este espacio fundado por el chileno Marco Enriquez Ominani, denunció que “la formulación de teorías (como la de la imputación objetiva) en su construcción para poder responsabilizar a la presidenta por hechos decididos por inferiores jerárquicos en virtud de la delegación de funciones propia del derecho administrativo. Esta decisión supuso una peligrosa tendencia hacia el derecho penal de autor y de consumarse ahora un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático”.
En efecto, en la Causa Vialidad la ex presidenta fue condenada pese a no haber firmado ninguna de las concesiones de obra pública impugnadas, en base a su responsabilidad “objetiva” por ser como Presidenta la responsable última de la administración pública, lo que sienta un peligroso antecedente para todos los presidentes argentinos.
La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas.
“Ningún tribunal y mucho menos la Corte Suprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido, tal como CFK ha anunciado para las próximas elecciones. Consideramos que el objetivo de expulsarla de la política obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina”, agregó el comunicado, calcando la argumentación de Cristina en el acto que encabezó este jueves en Corrientes.
“La sentencia, caso de pronunciarse en el sentido publicado, no es solo contra CFK sino contra el peronismo en Argentina, buscando el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos y puede determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina”, apuntó el texto.
Grupo de Puebla en una de sus últimas reuniones en México.
LPO reveló en exclusivo en marzo que Cristina había activado sus contactos internacionales ante la posibilidad que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Vialidad y la justicia ordenara su detención. El primero de esos contactos fue con el Grupo Puebla, un grupo político que integran ex presidentes progresistas de la región como Dilma Rouseff, Rafael Correa y Ernesto Samper.
En ese momento, una fuente del Grupo Puebla explicó a LPO que es el Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia, que conducen la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, quienes viene siguiendo el expediente contra Cristina desde sus inicios. Este grupo está en contacto permanente con el Instituto Patria.
El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que “el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal”.
Hay mucha preocupación internacional porque a lo de Cristina hay que agregarle la detención de Juan Grabois
La decisión de Cristina de empezar su campaña internacional por el Grupo Puebla tiene su lógica. Ante la falta de organismos políticos regionales como supo ser la Unasur, este grupo empezó a ocupar ese vacío. Coordinado por Ominani, ests grupo intervino en la crisis de Luis Arce y Evo Morales en Bolivia y formaron parte de la estrategia de Lula para elegir un candidato propio en la OEA.
La situación actual emparenta a Cristina con la de Lula en 2018, detenido en una prisión más de 500 días luego de un votación clave de la Corte Suprema. La diferencia es que la ex presidenta, si se confirma su condena, quedaría detenida en prisión domiciliaria.
No es la primera vez que Cristina busca respaldo internacional ante sus problemas judiciales. En 2022, tuvo un importante apoyo regional cuando los entonces presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Petro, firmaron una declaración junto a Alberto Fernández en la que denunciaron “persecución judicial” a Cristina por la causa Vialidad.
Fuentes del Puebla afirmaron a LPO que “hay mucha preocupación internacional porque a lo de Cristina hay que agregarle la detención de Juan Grabois”.
