Sociedad

La metalúrgica Cramaco, ubicada en Sastre (Santa Fe) dedicada a la fabricación de generadores y alternadores eléctricos anunció que frena su producción y despedirá a 35 obreros. Se dedicará a importar.

Cramaco es, en realidad, DBT, ya que tras un cambio de dueños en 1999, adoptó su nombre actual en referencia a los apellidos Druetta, Bearzotti y Talano. En 2003 se asoció con la multinacional española Himoinsa, consolidándose como líder del mercado local, con una participación del 85%, y exportaciones a América, Europa y Asia.

El martes la empresa anunció el despido de 35 trabajadores, lo que representa cerca del 90% de su grilla de empleados. Fuentes gremiales explicaron que la lista de despedidos incluye a personas con décadas de dedicación, incluyendo personal con 40, 37 y 28 años de antigüedad. La empresa se comprometió a pagar indemnizaciones.

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En la planta santafecina se fabricaban íntegramente los alternadores, que ahora, se estima, pasarán a importarse. La reducción es un nuevo golpe para Sastre, una ciudad de alrededor de 6.000 habitantes donde la planta de DBT era uno de los principales motores económicos.

La primera reacción llegó desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo personal resultó afectado por la medida. «De los 57 trabajadores, ayer (por el martes) fuimos despedidos 35. De ese total, 33 integran en el sector de producción y los dos restantes son administrativos. Quedan solo 22 empleados pero nadie de producción. Esto refleja la intención de la empresa», sostuvo en diálogo con la prensa Jorge Herrador, delegado de la UOM en la firma, con más de 25 años de antigüedad en la fábrica.

Herrador no ahorró calificativo hacia la medida: «Nos echaron a todos a la calle, una situación muy fea», resaltó. E insistió que la firma dejará de producir en la Argentina.

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No es la primera vez que la empresa recorta personal. A fines de septiembre del año pasado ya había despedido a 16 trabajadores por la caída en las ventas y la paralización de la actividad. En aquel momento, los empresarios advirtieron que la apertura de importaciones ponía en riesgo la producción local.

Según La Nación, la planta llegó a tener, en septiembre de 2024, un stock de 120 grupos electrógenos, mientras las ventas mensuales apenas alcanzaban entre 10 y 12 unidades, un desfasaje que anticipaba la crisis.

«Ahora se venderá la importación; no se va a producir más nada acá», confirmó un allegado a la empresa. Agregó que «la firma no cerrará, sino que operará como un depósito y centro de ensamblaje. Solo quedarían dos o tres empleados de logística, que son los que bajan las cosas que vienen de China, las limpian y se las cargan al camión», destacó.

El Indec que conduce Marco Lavagna quedó en el centro de una nueva polémica por una sugestiva corrección de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para evitar que la economía entre en recesión técnica.

El organismo difundió este martes el EMAE y reveló que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento de 0,5% en comparación con agosto, un dato mucho mejor que el estimado por las consultoras privadas que preveían una caída de entre 0,1% y 0,3%.

La sorpresiva suba de septiembre llamó la atención de los analistas, pero mucho más impactó la corrección al alza de los datos de los dos meses previos con lo que el gobierno logró que el tercer trimestre termine en terreno positivo. 

Julio había terminado con un negativo del 0,1% y agosto con una suba del 0,3%. Sin ninguna explicación, el Indec informó ahora que en julio la actividad creció 0,1% y en agosto 0,7%.

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Los analistas y las consultoras privadas anticipaban una leve baja en septiembre que sumada a los datos de julio y agosto concretaban un tercer trimestre en rojo. Como el segundo trimestre también estuvo en baja, la economía hubiera caído en recesión técnica.

El gobierno logró evitar ese título negativo pese que el tercer trimestre fue el más afectado por la inestabilidad económica consecuencia de las elecciones. Es decir que el «riesgo kuka» que agitó el gobierno no golpeó en la actividad, al menos según el Indec.

La sorpresiva suba de septiembre llamó la atención de los analistas, pero mucho más impactó la corrección al alza de los datos de los dos meses previos sin ninguna explicación del Indec

Esta llamativa corrección del EMAE se suma a las dudas que existen sobre los índices de inflación y pobreza ya que Lavagna se resiste a actualizar los indicadores que se utilizan. Todas las mediciones privadas que utilizan las canastas actualizadas arrojan cifras más altas a las que informa el organismo que conduce el ex massista.

Las nuevas metodologías están listas desde hace tiempo para aplicarse pero Lavagna no quiso aplicarlas en el año electoral por temor a un salto en los índices. En agosto pasado, el Indec se sacudió por las renuncias de los encargados de medir la inflación y la pobreza.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se sumó a su par salteño Gustavo Sáenz y marcó distancia con el diálogo que promueve la Casa Rosada, a la que exigió respuestas para que avancen las negociaciones.

«Quisiera sinceramente que nos den respuestas», afirmó Pullaro sobre las conversaciones con el gobierno nacional y explicó por qué hasta ahora no aceptó reunirse con Diego Santilli como hicieron la mayoría de los gobernadores «dialoguistas».

«Con Santilli tengo buena relación. Él fue candidato a gobernador en la lista que encabezaba Horacio Rodríguez Larreta y yo fue candidato a gobernador también, con lo cual tenemos buena relación desde hace mucho tiempo», explicó el santafesino en una conferencia de prensa.

«No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver», agregó Pullaro respecto al vínculo con el ministro del Interior.

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Los dichos de Pullaro y de Sáenz parecen confirmar que a pesar de que Santilli logró restablecer el diálogo con los gobernadores, los hermanos Milei siguen las promesas de fondos y obras para concretar los acuerdos. Se trata de una constante de toda la gestión libertaria.

No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver

Entre los temas pendientes, Pullaro mencionó las obras en las rutas nacionales 34, 11, 33, 168 y 178. «Son rutas que están en muy mal estado, que la gente muere, que cada veinte días nosotros tenemos un siniestro vial en esas rutas y hay que invertir», dijo el gobernador, que remarcó que la Provincia reparó 3.400 kilómetros.

Pullaro también mencionó los recortes por parte de Nación a los fondos educativos, a las partidas de alimentos y medicamentos, y la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El gobernador también aclaró que apoyará la reforma laboral, la impositiva y la del Código Penal que impulsa Milei.

Martín Llaryora empieza a jugar las fichas para 2027 y manda a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a cerrar filas con la agenda penal de Patricia Bullrich y de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ex titular de esa cartera en Córdoba durante al gestión de De la Sota, de la que salió eyectada por un motín policial en 2013.

En estos dos años de gestión, Quinteros empoderó a la Policía, se puso al frente de varios operativos impactantes y, audaz en el manejo de la simbología, hasta persiguió a un motochorro que había despojado de un celular a una joven. Ahora, va por el cambio de legislación cordobesa para acompañar la agenda penal de Bullrich en el Congreso.

Intenta así secar una de las fuentes libertarias: la que reclama mano dura contra motochorros y «naranjitas», el mote cordobés para los «trapitos». Este año, casi 300 «naranjitas» ilegales fueron detenidos por intimidar o amenazar a conductores. Están en zonas comerciales y en grandes eventos, por lo que su clientela es la clase media alta, justo el sector que le dio la espalda al Gobierno provincial en la última elección.

Con la consigna de «ordenar la calle» y el latiguillo de «la paz social y el orden no se negocia», Quinteros se apresta a iniciar su tercer año con su agenda enfocada en estás demandas y en sintonía con Monteoliva. De hecho, ya invitó a la futura ministra a que realice su primera actividad fuera de Buenos Aires en Córdoba.

Con la consigna de «ordenar la calle» y el latiguillo de «la paz social y el orden no se negocia», Quinteros se apresta a iniciar su tercer año con una agenda en sintonía con Monteoliva y Bullrich

«La crisis policial de 2013 fue porque el kirchnerismo la alentó e impidió que los gendarmes de Jesús María restablecieran el orden. Fue una decisión política de Cristina Kirchner en contra de Córdoba», dicen cerca de Quinteros. Ese será el discurso del ministro cuando reciba a Monteoliva en Córdoba.

La alianza con Monteoliva-Bullrich blinda a Quinteros de las críticas de los libertarios, que hoy están aliados con Luis Juez. Quinteros fue un fundamentalista juecista hasta que en 2019 renunció a su banca de legislador y se alejó para siempre de Juez.

Quinteros advierte que «el tejido social está roto» y agrega que la crisis de la salud mental generará más violencia. Por eso advierte que «sin empleo, sin proyecto de vida y sin familias haciéndose cargo de sus hijos» los hechos de inseguridad no podrán neutralizarse.