Sociedad

 

Axel Kicillof elevó un pedido de informes al ministerio de Defensa de la Nación para conocer detalles del Ejercicio Tridente, un entrenamiento militar conjunto entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Armada Argentina, que no cuenta con la autorización del Congreso.

El ejercicio militar se realizará en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano (Bahía Blanca) entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025.

La autorización del gobierno libertario genera polémica, no solo por las implicancias geopolíticas que este movimiento pueda tener, sino también porque lo hizo sin el aval del Congreso Nacional.

El permiso que se concede al Ejército de Estados Unidos se da mediante un instrumento administrativo, pese a que, según la Constitución argentina, una medida de esa naturaleza requiere previa autorización del Poder Legislativo.

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«Se trata de una habilitación totalmente irregular, ya que la Constitución establece que es el Congreso el que debe habilitar el ingreso y egreso de tropas extranjeras al país», dijo Bianco durante una conferencia de prensa brindada este lunes en La Plata.

Se trata de una habilitación totalmente irregular, ya que la Constitución establece que es el Congreso el que debe habilitar el ingreso y egreso de tropas extranjeras al país.

El ministro de Gobierno dijo que Milei contaba con tiempo para tramitar la autorización en el Congreso, sin embargo optó por la vía del decreto. «Creemos que esto establece un precedente bastante riesgoso», dijo.

En ese marco, el funcionario más cercano al gobernador sostuvo que «dos de las tres localizaciones son en nuestra provincia (Puerto Belgrano y Mar del Plata) y eso puede tener impactos ambientales, logísticos y en materia de seguridad».

Luis Petri y Alvin Holsey, jefe del SOUTHCOM.

En el texto que el gobierno provincial envió a Petri, se solicita «una copia de los antecedentes administrativos (documentación) que dieron origen al DNU 697/2025 mediante el cual se autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para la participación del Ejercicio Tridente».

Bianco también denunció el ejercicio militar Cape Sword al que consideró «ilegal». La maniobra se lleva adelante en estos momentos en las Islas Malvinas, en cercanías de Puerto Argentino. De acuerdo a un comunicado del gobierno de las islas, se desplegó la 1° compañía del 2° batallón de Rifles.

Se trata de una unidad de infantería ligera con alta movilidad y despliegue rápido. El Rifles, es el regimiento más numeroso del Reino Unido con operaciones y misiones en el extranjero, entre ellas Irak y Afganistán.

Según trascendió, las maniobras comienzan con una «inserción» por tierra y mar en proximidades de Puerto Argentino. En terminología militar la inserción es el despliegue de una fuerza o elemento en una zona de operaciones, hostil, para cumplir una misión específica. 

 

 

Lejos de terminar con los registros automotores, el gobierno ahora manejará la recaudación de los trámites y luego les derivará el dinero.

Mariano Cúneo Libarona dispuso dos meses atrás que a partir del 1 de noviembre se implemente una Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA). La resolución 572/2025 se publicó el 13 de octubre, pero fue escrita el 28 de agosto pasado.

Desde el gobierno explicaron que hace falta que las provincias o municipios adhieran al nuevo régimen para poder ponerlo en funcionamiento.

Aún no se conoce el nombre de la plataforma que administrará el dinero que pagan los ciudadanos por los trámites necesarios para inscribir los autos en los registros de propiedad automotor.

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Federico Sturznegger fue uno de más críticos de los RNPA y aseguró que eran «una de las principales cajas de la política desde el regreso de la democracia» y prometió eliminarlos.

Hace un año y medio, el gobierno había anunciado la el fin del 40% de los registros para cortar con el «curro» y «reducir costos y eliminar trámites burocráticos». En teoría iban a eliminarse aquellos que estaban intervenidos, pero aún subsisten 120 registros solo en la Ciudad, por lo cuál los trámites están concentrados en menos manos.

Sin embargo, algo cambió en la visión del gobierno, que se ocupará de percibir todos los aranceles por los trámites que antes cobraban los registros.

La medida complica a los registros que siguen en funcionamiento: no queda claro con qué demora el gobierno les enviará el dinero y además los registros deberán seguir corriendo con sus gastos fijos como salarios, alquileres, impuestos , compra de documentación.

«Los emolumentos que correspondan por las sumas recaudadas en concepto de aranceles a través de la VUPRA deben ser transferidos en forma mensual a los encargados e interventores de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor», explican en la resolución. 

 

 

Sam Altman es uno de los creadores de la marca ChatGPT. Mira a cámara con los ojos tan abiertos como puede, delante de un pequeño escaparate iluminado por LEDs tenues y cuidadosamente arreglado para el anuncio institucional que está haciendo. Promete una revolución tecnológica sumando a Argentina a su proyecto llamado “Stargate”. En el anuncio elogia a Milei y al pequeño fondo que será su socio local en la instalación de un megacentro de datos en la Patagonia, que podrá usar hasta 500 MW y que requerirá una inversión publicitada de hasta US$ 20–25 mil millones. Detrás suyo se ve una serie de libros. El más legible es Anthem, la novela corta de Ayn Rand, en la cual imagina el futuro más distópico que los techbros y libertarios pueden concebir: uno en que el colectivismo ha triunfado completamente y la intervención estatal es total. En su historia, cualquier forma de la individualidad es ilegal y no hay forma del pronombre “yo”, solo hay “nosotros”. La cara de Sam Altman parece retocada. Como las cuentas de OpenAI y Altman no hacen eco del anuncio, en twitter la gente duda de si es un video real o si está hecho con IA.

Demian Reidel llora. Vuelve a apretar play y vuelve a llorar. Ve el anuncio varias veces, y una y otra vez, se vuelve a emocionar. El actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, compañía estatal a cargo de las centrales nucleares locales, es físico egresado del Instituto Balseiro. Los dos años que se desempeñó como asesor presidencial de Javier Milei impulsó esta agenda. Es su primer hito de gestión, y viene de la mano de uno de los magnates estrella de Silicon Valley. Acaba de lograr una pequeña victoria en la agenda que impulsa hace dos años: convertir a la Patagonia en un nodo regional de datacenters. O sea, entregar la mayor cantidad posible de territorio, energía y aguas disponibles a nivel nacional para que grandes centros de procesamientos de datos se instalen en nuestro país. El sueño es lejano, fantasioso e irreal. Incluye una ciudad nuclear, con reactores alimentando el complejo. Pero Reidel logró una carta de intención y un anuncio de Altman en persona. Es el primer resultado que el gobierno de La Libertad Avanza logra a pesar de todos sus viajes, reuniones y declaraciones de alineamiento con los magnates del sector. 

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La compañía de Altman se ha convertido rápidamente en uno de los gigantes tecnológicos. Este año, la creadora de ChatGPT lanzó, en alianzas con otras empresas del sector, el proyecto Stargate. Un despliegue a nivel global de datacenters que representa un incremento en su capacidad de procesamiento de datos, específicamente orientados a estar a la altura de  la demanda que la inteligencia artificial genera. Esta demanda no solamente es en poder de cómputo y procesamiento, sino que también ha empujado la utilización de energética e hídrica de la infraestructura digital. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumieron el 1.5% de la electricidad mundial en 2024 y se espera que esa cifra se duplique para 2030. Las incertidumbres sobre cómo, y sí estos cambios pueden darse al ritmo esperado son enormes. 

Los anuncios oficiales se refieren a enormes cantidades de “energía renovable, líneas de alta tensión, fibra óptica y acceso a agua fría”. Pero hablar de semejante  disponibilidad de agua en una zona de estrés hídrico tiene implícito una noción fundamentalmente violenta: si la garantía es que habrá agua para enfriar servidores ¿qué pasará con las personas? ¿Y con el resto de actividades humanas, agrarias, productivas que dependen de una manera u otra de la disponibilidad del agua? Una investigación de Bloomberg reveló que a nivel global los datacenters ya consumen 560 mil millones de litros de agua, y que dos tercios de los centros de datos son construidos en zonas de estrés hídrico.

Lejos de un sueño digital de ciencia ficción, los enormes galpones con miles de filas de servidores (al fin y al cabo la vieja CPU, pero optimizada) poco beneficio dan a las poblaciones cercanas o regionales. Si bien durante la etapa de construcción se requieren algunos empleos, la mano de obra que insume un centro de datos de estas características es escasa. La lógica del sector intenta realizar la mayor cantidad de operaciones de forma remota, por lo cual dependiendo del nivel de automatización la cantidad de empleo estable puede variar entre 50 y 150 personas. Por otro lado, la producción de insumos necesarios está localizada en Asia y la transferencia tecnológica y formación de técnicos nacionales es casi nula en este tipo de centros de datos. Es más lo que requieren del territorio que lo que dejan. 

¿Y qué pasa con toda esta energía? Se procesan enormes cantidades de datos y bits. Operaciones matemáticas complejas, en fracciones de un nanosegundo, que atraviesan placas de sílice, arena y minerales que mentes brillantes de la humanidad supieron refinar y optimizar en la suma del conocimiento técnico. De todo ese pequeño aleph de potencia, finalmente sale exportado el video de un perrito, una receta de avocado toast, o el meme de un presidente de extrema derecha.  De toda esa potencia, de toda esa energía concentrada, los circuitos se sobre calientan y es para la refrigeración necesaria que se utilizan volúmenes de agua realmente masivos. Agua que se usa para bajar la temperatura a la cual llegan los procesadores después de ser atravesados por toda la actividad digital. 

Fue durante la última tendencia global de imitar a Studio Ghibli que OpenAI chocó con su capacidad de operación. Comenzó a rechazar peticiones para evitar que “se derritan los chips”, ya que había récord de usuarios solicitando copiar el estilo que el estudio japonés supo construir con los años. En simultáneo, OpenAI lanzó Sora, una aplicación destinada a crear una red social exclusivamente utilizada para videos generados por IA. La empresa espera competir así con TikTok y Meta, que ya había anunciado que en Facebook se permitió que los bots controlados por IA interactúen entre ellos. La tendencia es avanzar hacia más feeds, más contenido, más remix. Niveles cada vez más altos y acelerados de recombinación de elementos existentes para derivar en destellos de atención. 

Estos centros de datos utilizan en todo el mundo miles de millones de litros al año, y generan enormes tensiones sociales allí donde se instalan. La otra red que atraviesa la Patagonia está hecha de cuencas y ríos. Ríos andinos muchos, que bajan desde los glaciares y van hasta el mar, garantizando la vida a lo largo de su recorrido. Estas cuencas de bajo estrés incluyen ríos que en los últimos años han tenido bajantes históricas y ciudades que compiten por caudales. El confuso anuncio del proyecto Stargate no aclara ni menciona el origen del agua, la energía o dónde se posicionará. Nada sabemos de concesiones hídricas existentes, o si el agua será la misma que usan las personas y poblaciones de la Patagonia. Cuando la nube deja de ser digital, se puede llevar el agua de nuestros ríos y glaciares.

Esta tensión no es solamente propia de nuestro país. Las ciudades de Estados Unidos donde están alojados un cuarto de los servidores del mundo enfrentan las mismas tensiones. En Los Dalles, Oregon, las comunidades llevaron a Google a tribunales para que revelara cuánta agua estaba usando. Algo similar pasó a nuestros vecinos de Uruguay: allí Google quiso instalarse durante la peor crisis hídrica de los últimos 74 años. Mientras las personas tenían que comprar bidones de agua mineral para no beber agua de baja calidad y salinizada, el propio Ministerio de Ambiente admitió que el proyecto de Google iba a insumir 7,6 millones de litros por día, aproximadamente el consumo de 202.898 hogares.

La investigadora Yawei Zhao acaba de estudiar lo que llamó “la frontera digital urbana”. Provincias empobrecidas de China que recibieron repentinamente centros de datos que cambiaron las dinámicas locales y el comportamiento urbano. Energía barata y tierras subsidiadas que abrían las puertas a nodos que reproducen desigualdades socioambientales donde se instalaron. Nuevas versiones de viejas dinámicas, en las cuales las poblaciones de centros urbanos se benefician de los costos ambientales que son sacrificados en áreas rurales. Zhao identifica que los lugares donde se instalan estos centros de datos se convierten en “vehículos metabólicos” para la infraestructura digital.

Esto se da mientras el actual gobierno se encuentra en pleno desguace del Estado. A medida que la estructura de instituciones que otorgaba algún tipo de regulación se demuele, hay una creciente privatización del agua de hecho. Concesiones laxas, privatizaciones, permisos y otras regresiones ambientales de importancia. Las tensiones sobre el uso del agua no se resuelven o gestionan, sino que se tercerizan hacia el mejor comprador. Reducir al mínimo la cantidad de resistencia social, política y regulatoria para privatizar la mayor cantidad de agua de hecho.

El video publicado por Altman para anunciar el proyecto menciona como socio local a la compañía Sur Energy. El fondo, descrito por Altman como empresa líder en el sector energético, no tiene proyectos de energía vigentes ni conocidos en el futuro. El “joint venture con un cloud developer” no tiene historial o experiencia en la construcción u operación de proyectos energéticos o informáticos de esta magnitud. De hecho al momento del anuncio, periodistas ya habían descubierto que la empresa no tiene ni página web, ni cuenta de Linkedin. 

Aún así el anuncio contempla dos fases de construcción e implementación de entre uno y dos años, para un proyecto de 100 MW. El despliegue de infraestructura para así incluiría líneas de alta tensión, subestaciones, transformadores o torres de enfriamiento. A su vez, obra civil especializada y puesta en marcha de alta complejidad en cada etapa. El sector de los datacenters ni siquiera cuenta con un marco regulatorio para la actividad. Los plazos californianos parecen tener poco realismo local.

Una palabra clave en todo esto parece ser “hasta”. Anunciar una inversión de hasta veinticinco mil millones de dólares permite hacer crecer las acciones de OpenAI y la credibilidad en un gobierno en crisis sobre su capacidad de atraer inversión extranjera. La promesa que hace dos años Reidel mantiene sobre una Patagonia digital parece tener al menos un mínimo producto viable. La probabilidad es que menos sea “una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina” sino sea una promesa vacía para generar valor accionario por un lado y porotos electorales por el otro. Los memoriosos recordarán anuncios similares, como las megainversiones en hidrógeno verde en la Patagonia. 

Dentro del ámbito de la especulación digital también recuerda más a 2022, una granja de bitcoin prometió prosperidad y criptoriquezas a la ciudad de Zapala. El proyecto, a cargo de FMI Minecraft Mining, iba a funcionar con energía del megaproyecto de fracking Vaca Muerta. Mientras quienes viven en la zona continúan sin tener energías seguras en sus hogares,  1000 MW de energía iban a ser utilizados. El proyecto nunca se llevó a cabo y no hay evidencias públicas ni anuncios que expliquen el destino del proyecto.  

A pesar de lo poco realista del proyecto, la realidad es que esto puede sentar un precedente peligroso en el desembarco de emprendimientos de enorme consumo hídrico en zonas donde el agua no abunda. La probable tensión social que un proyecto de estas características en la Patagonia, el costo hídrico y energético que debería asumir estructuras tan complejas.

El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aparece como factor clave en esta ofensiva. Es el andamiaje legislativo y jurídico que garantiza a estas inversiones que las tensiones en torno al agua serán resueltas hacia su lado. De acuerdo a investigaciones del Observatorio del RIGI, el mismo estructura una arquitectura legal que no sólo otorga enormes exenciones fiscales, financieras y soberanas, sino que también elimina cualquier tipo de regulación que limite, desde una perspectiva ambiental, el acceso al agua que pueden tener estos proyectos netamente extractivos. En ese sentido, el RIGI también considera insumos esenciales para los proyectos como “no susceptibles a restricciones regulatorias previas”. O sea declara al agua, la energía el transporte o el procesamiento como más allá de otras leyes  o normativas. 

Esto se combina con los ataques directos y frontales a las instituciones estatales que daban asesoramiento técnico y político sobre la gestión del agua. El ataque frontal contra la Ley de Glaciares, el desguace del Instituto Nacional del Agua, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, de ACUMAR, o las intenciones de privatizar AySA, la nueva licitación para las represas hidroeléctricas estatales y la nueva licitación para el control del Río Paraná, se combinan con la criminalización de la protesta y de quienes defienden al agua y al ambiente en este contexto.  

Mientras tanto, a nivel local, hay más preguntas que certezas. La fuente hídrica, el caudal concesionado, la estacionalidad, los vertidos y las salmueras derivadas— bajo criterios posibles de “cero agua” y su alto costo energético derivado. Si efectivamente habrá trazabilidad para garantizar el origen renovable de la energía o si se le irá bajando el compromiso ambiental a medida que avance el tiempo, así como la capacidad real de la red o el almacenamiento posible. Que incorpore límites por sequía y priorización de usos; y, finalmente, una revisión sobre la soberanía de los datos cuando el datacenter y la plataforma operan bajo control transnacional.

Mientras las grandes empresas tecnológicas vuelven a prometer futuros de abundancia, los límites naturales y terrestres parecen volver a traerlos a la realidad. Su creciente interés en la minería del fondo marino, o en el sueño de la minería espacial, responde a una disputa por la materialidad que sostiene al mundo digital. Su alineamiento con la extrema derecha estadounidense, y ahora también argentina, es también una declaración sobre sus intenciones sobre los bienes naturales y de vida, de los cuales depende la industria, pero también la humanidad. Los tecnocapitalistas no son negacionistas de los límites terrestres y planetarios. El negacionismo climático y ecológico es una estrategia discursiva y política para avanzar en la privatización de cada vez más áreas de la vida y del sistema tierra. Pretenden avanzar sobre el control de los bienes vitales y materiales. En ese sentido no buscan frenar la crisis climática, sino gobernarla y gestionarla a su favor. 

Lejos de ser inmaterial y etérea, la inteligencia artificial y la nube intervienen de forma cada vez más directa sobre nuestro mundo. En el libro The Age of AI, el mismísimo Kissinger proponía como estrategia posible saturar la red de desinformación y contenido basura, a tal punto que fuera indistinguible para una persona promedio orientarse sobre qué es real y qué no. Y que las IAs pueden convertirse en el único mediador, que defina y distinga para nosotros lo real, y por ende en herramientas de poder. 

Entonces ¿cómo gestionar la tensión? La oferta de tercerizar trabajo cognitivo en una sociedad hiperdemandada es más que tentadora, y con argumentos morales y éticos no alcanzará para entablar una discusión real. Pero no deja de ser necesario eximirnos de un mediador que confiesa su instrumentalización política y su alineamiento con las fuerzas de la extrema derecha global. ¿Qué nociones de agua, de ecología o de vida puede llegar a reproducir un software programado por gente que piensa como Altman o Reidel? 

En contextos de sequía, y con cada vez más inestabilidad climática, hay potencia en pensar otras formas del agua. Encontrar y conectar con patrones de lo hídrico para más allá de lo instrumental. Que construyan nuevas institucionalidades, pero que también renueven las formas sociales de gestión y diálogo con nuestras cuencas. Incorporar entonces el pensamiento hídrico, la visión de cuenca, la escucha de nuestros glaciares, que hablan desde el pasado, en movimientos y ritmos de la inmanencia, y sostienen la trama de la vida en la Patagonia. Para recomponer nuestro vínculo con lo hídrico, para potenciar culturas marítimas y ribereñas, pero que puedan desbloquear otras posibilidades del porvenir y de futuros ecológicos para nuestro país. 

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A veces, las miradas comparativas son necesarias: más allá del peso de las tradiciones que forjan instituciones únicas, en algo se parece, hoy, Argentina y Francia. Las políticas económicas de sus gobiernos apuntan de una manera obsesiva a la austeridad fiscal. Recortan de manera brutal las áreas que protegen la dignidad de sus habitantes: salud, educación, el bienestar material. 

Ya lo escribió Mark Blyth en Austerity: The History of a Dangerous Idea: las políticas de ajuste fiscal logran que la austeridad opere como una pantalla que oculta un propósito estratégico: el traspaso masivo de recursos desde las arcas públicas hacia el ámbito privado. En Francia, por ejemplo, los datos sobre la evolución del destino de la renta nacional en forma de ayudas públicas son elocuentes. Si hace más de diez años  los hogares eran el principal destino de esas transferencias, en los años que siguieron el cambio fue tan radical que hoy son  las empresas las principales beneficiarias de esas partidas.

La literatura especializada las llama «Trinidad de la austeridad», así sintetizan el proyecto que consiste en  transferir continuamente recursos  del mundo del trabajo a los dueños de capital. Esta “Trinidad de la austeridad” depende de tres elementos interconectados:

La Austeridad Fiscal, que implica recortes en el gasto social (salud, educación principalmente) y reformas fiscales regresivas, favoreciendo al 1% que se beneficia de las ganancias del capital.

La Austeridad Monetaria, que sube las tasas de interés, lo que perjudica a familias endeudadas, ralentiza la economía y socava el poder de negociación de los trabajadores, aumentando la pauperización y el desempleo.

La Austeridad Industrial, que se manifiesta en la intervención estatal en el mercado laboral mediante la desregulación y el desmantelamiento de derechos laborales y sindicales.

Juntas, estas políticas buscan asegurar la subordinación de los trabajadores y el dominio incuestionable del orden del capital,  “la casta”.

En Argentina, Milei ha enmarcado el plan de austeridad económico como la senda inevitable que el país debe afrontar tras dos décadas de “excesos fiscales”. Milei consiguió articular una coalición transversal que respaldó un ajuste sin precedentes: de la derecha clásica a los trabajadores informales. La clave del éxito momentáneo del programa residía en las consecuencias distributivas de la inflación permanente. Esto hizo que el movimiento peronista, que durante décadas ejerció una hegemonía sobre los estratos más bajos de la población, viera erosionar su base electoral. Sin embargo, los que destinan la totalidad de sus ingresos al consumo inmediato -muchos de esos trabajadores informales votantes de Milei- fueron los más castigados por la pérdida constante de su poder adquisitivo. El segmento más marginal de la sociedad quedó en gran medida excluido de estos salvavidas. Mientras tanto, la coalición peronista logró mantener el soporte electoral de los trabajadores públicos, y las clases profesionales encontraron su propio resguardo en la dolarización de sus ahorros. 

Desde este punto de vista, el escenario argentino se parece, aun en términos más extremos, al contexto europeo, por la frustración creciente de los estratos más pobres de la población (una especie de mayoría invisible). Una parte de ella se alejó de los partidos tradicionales de la izquierda en Europa o del peronismo en Argentina. 

Frente a este panorama, Milei irrumpió en la política argentina con una propuesta radical forjada en las ideas neoliberales aplicadas en Europa después de la crisis de 2008: desmantelar el aparato estatal, eliminar a los intermediarios económicos y desregular los mercados mediante un shock de austeridad. El camino fue presentado como la única vía para “aplastar” la inflación y, crucialmente, para anular la resistencia del peronismo. En este relato, el sufrimiento “de los grupos privilegiados” para los regulacionistas del Estado se transforma en una ganancia simbólica para el ciudadano común, similar a los discursos que en Europa enfrentan a la “gente común” contra las “élites”. En realidad, la ganancia es la de las grandes élites financieras y exportadoras del país. Nada de nuevo sobre el frente occidental.

Del otro lado del Atlántico, en pleno agosto, cuando Francia se sumergía en el letargo de las vacaciones, el ex primer ministro François Bayrou lanzaba un mensaje que resonó con fuerza: “Todos los responsables políticos se van de vacaciones, algo muy merecido, pero esto es algo que yo no haré”. 

Con esa declaración de intenciones, casi un juramento de austeridad, estrenó su canal de YouTube, FB Direct. Un formato inédito para él, que prometía ser un puente directo, sin filtros ni puesta en escena, con los ciudadanos. El verdadero objetivo, sin embargo, era defender el impopular paquete de recortes presupuestarios presentado un mes antes, un amargo remedio para la economía francesa.

La ley de presupuestos para 2026, con un ajuste sin precedentes de 44.000 millones de euros, no se limita a congelar el gasto. Sus medidas más polémicas sacuden la vida cotidiana: la supresión de dos días festivos y el recorte de 3.000 puestos de empleo público. El propio Bayrou lo definió como “un año en blanco”, un sacrificio necesario para reconducir la abultada deuda y el déficit que ahogan al país.

Las cifras en Francia son abrumadoras: una deuda que alcanza los 3,3 billones de euros y un déficit del 5,4% del PIB, muy por encima del objetivo del 3% marcado por la Unión Europea para 2029. Bayrou insistía en que esta montaña de deuda no representaba una amenaza futura, sino un peligro inmediato. Un presente que exige, según su narrativa, a renuncias colectivas y a una vigilancia constante, incluso en los días de descanso.

La llegada de Sébastien Lecornu como sucesor de François Bayrou no alteró el rumbo político, sino que profundizó las mismas medidas que ya habían generado descontento a tal punto que fue eyectado en tres semanas, profundizando una crisis imprevisible. Esto desencadenó una movilización larga de la sociedad francesa, articulada desde las bases bajo la consigna “bloqueamos a todos”. El movimiento, de carácter asambleario y popular, logró converger con sindicatos, colectivos juveniles pro Palestina y movimientos anti-ajuste que rechazan el impacto social de las políticas migratorias.

En este contexto, surgido directamente desde la base, lo que hoy algunos llamarían desde la red, se ha alzado un movimiento de protesta difícil de clasificar con las categorías clásicas. Es interesante constatar cómo Francia ha sido atravesada en los últimos años por movimientos sociales opuestos a las élites económicas y políticas del país. El caso de “bloqueamos a todos” es solo el más reciente en orden de tiempo y sucede a otros movimientos populares, desde Nuit Debout hasta los chalecos amarillos.

El rugido de las asambleas obreras se apaga en la Francia del siglo XXI. Los sindicatos, antaño columna vertebral de la lucha laboral, navegan por un declive inexorable. La desindustrialización y un mercado laboral fracturado por la precariedad y el trabajo autónomo han mermado sus bases. La reforma de los órganos de representación del personal (CSE) diluyó su influencia, en un contexto donde las relaciones laborales se individualizan. Sus estrategias, percibidas como ancladas en el pasado, ya no resuenan en los nuevos talleres de la economía, alejándolos de los trabajadores a los que dicen representar. Un eco cada vez más tenue.

El germen de la convocatoria para bloquear Francia el pasado 10 de septiembre se remonta a mayo, cuando la pequeña asociación soberanista «Les Essentiels», dirigida por Julien Marissiaux (extraño teórico de la conspiración de ultraderecha), lanzó las primeras consignas en un canal confidencial de Telegram. Su mensaje, que abogaba por la salida de la UE y la defensa de los autónomos y las raíces cristianas, no obtuvo inicialmente una respuesta significativa.

El punto de inflexión llegó en julio con el anuncio de impopulares medidas económicas del gobierno: la eliminación de dos días festivos, recortes en servicios públicos y en franquicias médicas. Este malestar social encontró un altavoz perfecto el 24 de julio, cuando un video de TikTok de «Les Essentiels» que empleaba la retórica de los confinamientos sanitarios se viralizó bajo la etiqueta #bloquonstout.

La movilización trascendió entonces a sus creadores, adquiriendo una dimensión imprevista. El canal de Telegram «Indignémonos» se convirtió en epicentro organizativo, atrayendo a miles de usuarios. En un fenómeno político inusual, el movimiento aglutinó desde agosto a figuras de la extrema derecha e izquierda, a colectivos de la crisis COVID y antiguos chalecos amarillos. Esta coalición heterogénea y desestructurada, según los servicios de inteligencia, compartía el descontento social pero divergía en sus métodos, que iban desde el boicot económico hasta la ocupación de rotondas o la demanda de un referéndum de iniciativa ciudadana.

El surgimiento de “Bloquons tout” es una respuesta al retroceso del movimiento sindical y a la emergencia de nuevas organizaciones que reclaman derechos amenazados. Sin embargo, esta nueva forma de protesta encierra una fragilidad inherente.

Frente a la acción directa y a la indignación viral en redes, el sindicato perdura como un mecanismo institucional. Su fortaleza no reside en la efervescencia momentánea, sino en la continuidad estructural para la defensa de derechos y la negociación permanente. Mientras que la bronca puede diluirse, la institución sindical garantiza que las demandas no se abandonen, ofreciendo una protección duradera que la mera viralidad no puede sustituir. Así, el movimiento evidencia un malestar, pero su desafío es superar la fugacidad.

El debate público sobre la ‘derechización’ de la política y la sociedad francesa está abierto. Si desde un punto de vista electoral y político este desplazamiento hacia la derecha parece claro, a nivel de las demandas sociales esta situación es menos evidente, como lo demuestra el interesante análisis del sociólogo francés Vincent Tiberj en su libro La droitisation de la societe francaise? Mythe et realité (literalmente, El desplazamiento a la derecha de la sociedad francesa: ¿mito o realidad?). Si bien la generación de los baby boomers ofrece un importante apoyo a las ideas conservadoras a nivel social y económico, este no parece ser el rumbo de las generaciones posteriores. El fuerte conflicto social que está emergiendo en el país podría explicarse en parte por estas diferentes orientaciones. Con una política que, desde arriba, continúa imponiendo medidas económicas y sociales conservadoras y neoliberales, mientras que la sociedad también plantea otro tipo de demandas que quedan sin respuesta.

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El presidente Javier Milei sostiene, con su impronta impulsiva y dogmática,  que no hay alternativa al ajuste económico porque heredó un Estado en quiebra, con reservas negativas y una inflación galopante. Su gobierno debe implementar un shock fiscal —reducción del Estado, corte de subsidios y despidos públicos— como una «quimioterapia» necesaria para sanar la economía.

Argumenta que, sin este dolor transitorio, la crisis empeoraría. La meta es eliminar el déficit, bajar la inflación y generar confianza para la inversión privada. Milei insiste en que es una medida de urgencia, no ideológica, ante la falta de fondos. Sus críticos, sin embargo, señalan el alto costo social y existen posturas económicas que proponen caminos alternativos.

Casi dos años después, el escenario es otro, pero el mensaje, el mismo, pulido por el tiempo y temperado en la hoguera de la realidad. Milei, ahora con saco oscuro y corbata azul, habla con tono de médico que anuncia un diagnóstico crudo pero necesario en un mensaje grabado, insistió en que “el orden fiscal y el superávit” constituyen “el único camino” hacia la prosperidad de Argentina y “la solución definitiva” a los problemas que aquejan al país: se lo vota para avanzar o la Argentina retrocede. 

Antes de la seguidilla de desatinos políticos y de la derrota electoral frente a Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, marcó un punto de inflexión. El mensaje llegó a todos los hogares por cadena nacional: “Aumentar el gasto público es destructivo. Cuando un Estado gasta más de lo que gana, genera emisión, y eso produce inflación: un fenómeno monetario que reduce el poder adquisitivo”.

La contundencia de la afirmación era tan seductora como engañosa. En su simplicidad, escondía una visión reduccionista de la economía, una narrativa construida sobre un solo eje causal – la emisión monetaria –, ignorando deliberadamente la complejidad que caracteriza los procesos inflacionarios. No había lugar para la inflación de costos, impulsada por alzas en los precios internacionales o cuellos de botella productivos; tampoco para la inflación de demanda, ni mucho menos para el papel de las expectativas.

Y es ahí, en ese espacio de lo no dicho, donde la teoría se quiebra. Porque la inflación también es –sobre todo– un fenómeno social y psicológico. Cuando la gente espera que los precios sigan subiendo, actúa en consecuencia: negociando salarios, ajustando precios, protegiéndose con dólares. Se crea así un círculo que se autoalimenta, independientemente de la cantidad de dinero en circulación.

Reducir todo a la masa monetaria no es solo un error técnico: es una simplificación que ignora lecciones dolorosas de la historia económica de América Latina. La multicausalidad no es solo una vaga teoría: es un cálculo de hipótesis.

Bajo la lógica implacable de una ortodoxia que se proclama incuestionable, el gobierno de Javier Milei navega entre escándalos que empañan su relato de pureza La difusión nacional del Caso Libra –con sus acusaciones de un presunto sistema de coimas del 3% que involucraría a su hermana y mano derecha, Karina Milei– parecen chocar contra un muro de convicción inquebrantable.

Fiel a un rumbo fijado sin espacio para el pluralismo ni el pragmatismo, la administración insistió en impulsar el veto a los fondos recortados a universidades públicas y las asignaciones para personas con discapacidad, aún después del contundente rechazo en las urnas del 7 de septiembre, y luego negarles presupuesto aunque la búsqueda de dinero para solventar el descalabro económico no tuviera límites como el nuevo salvataje de la administración Trump. La decisión –analizada por La Nación como un paso más en el “pantano de la Provincia de Buenos Aires”– refleja una resistencia casi dogmática a revisar estrategias, incluso ante la evidencia política de un desgaste creciente.

Frente a esto, resurgen con ironía dos frases que interpelan directamente la terquedad en el poder: aquella que advierte que “solo las bestias no cambian de opinión”, y la sentencia atribuida a Francis Bacon: “Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, un idiota; quien no osa pensar, un cobarde”.

Ambas funcionan como espejos incómodos para un discurso que –atrapado en su propio enjambre de certezas– parece haber opacado su capacidad para escuchar, rectificar o, simplemente, pensar. La lengua áspera y confrontativa que lo llevó al poder ahora se enreda en sus propias contradicciones, mientras la sociedad espera señales de que la rigidez no haya eclipsado por completo la razón.

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En Argentina y en Francia resuena el mismo discurso: la promesa de un futuro próspero a cambio de un presente austero, como lo han demostrado los autores en sus investigaciones en la red INCASI financiada por la Unión Europea. Se presenta como un sacrificio necesario, un camino doloroso pero único hacia la redención económica. Sin embargo, el precio de esta apuesta recae una vez más sobre los mismos de siempre: los históricamente olvidados, aquellos condenados a nadar contra la corriente de un sistema que exige cada vez más formación para no quedar atrapados en la exclusión. Para ellos, el “santuario del progreso” parece llamado San Jamás –un lugar del que solo se oye hablar, pero al que nunca se llega–. La promesa se convierte así en un espejismo que perpetúa la brecha que dice querer cerrar.

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