Sociedad

  • Los gobernadores de Provincias Unidas enojados porque Milei los dejó afuera de la negociación amenazan con no votar el presupuesto

     

    Los gobernadores de Provincias Unidas hicieron este lunes un zoom de urgencia para advertirle a la Rosada que no votarán el Presupuesto porque los dejaron afuera de las negociaciones en el Congreso.

    LPO anticipó que empujado por los Menem, Javier Milei cerró con el tucumano Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Hugo Passalacqua. En la primera quincena de diciembre, la Rosada giró 20 mil millones a Tucumán, 6 mil millones a Salta, 10.500 millones a Catamarca y 12 mil millones a Misiones.

    Además, les otorgaron lugares en la comisión de Presupuesto que trata la Ley de Leyes y por ende diseña el reparto de fondos a las provincias. En Provincias Unidas advirtieron rápidamente que esa tendencia no los favorecía: no sólo no recibieron ATN como los gobernadores peronistas dialoguistas sino que tampoco les dieron los cuatro lugares que pedían en la comisión.

    Por eso este lunes se reunieron de manera virtual el jujeño Carlos Sadir, el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maxi Pullaro, el chubutense Nacho Torres y el correntino Juan Pablo Valdés.

    Según anticiparon a LPO fuentes al tanto de la reunión, los gobernadores manifestaron su preocupación por la falta de diálogo con el gobierno. «No hay instancias de negociación ni de diálogo con el gobierno. Sabemos de la importancia para el gobierno y para las provincias que el presupuesto sea aprobado. Pero desconocemos la letra chica y vamos a defender los recursos e intereses de nuestras provincias», coincidieron los gobernadores en el zoom.

    «En este contexto, es muy dificil acompañar el presupuesto», amenazaron los gobernadores. Sin el apoyo de Provincias Unidas, el gobierno podrá conseguir dictamen de todas maneras en la comisión, pero podría tener complicaciones para aprobar la ley si se le caen los bloques aliados.

     

  • El Gobierno planea rematar 42 mil hectáreas del Inta y eliminar más de 80 programas

     

     El gobierno de Javier Milei avanza en un plan integral de ajuste del Inta y entre sus objetivos centrales está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, centros y agencias.

    Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo que circula en las entidades del campo y al que tuvo acceso LPO, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.

    Ante eso, los gremios del Inta protestarán frente a la sede central este jueves, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que -creen en los sindicatos- «se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación».

    El texto que alarma a los trabajadores y técnicos del organismo plantea modificaciones del Reglamento de Estructura del Inta a partir del recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.

    En noviembre de 2024, LPO reveló un documento que especificaba la intención de vender 24 campos experimentales que, en total, sumaban 27 hectáreas. Ahora, ese número creció, semanas después de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizara mediciones en predios del Inta.

    Se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar

    En concreto, la avanzada inicial sería sobre 17 hectáreas que califican «en desuso, sin fines de experimentación ni producción». En tanto que se analizarán otras 25 mil hectáreas «en uso pero pasibles de ser desafectadas».

    Como había contado LPO, buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puan y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).

    El Gobierno mandó a medir terrenos del INTA y los gremios alertan por inminentes remates

    Por otro lado, se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre.

    Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que el Gobierno los considera de «escaso impacto productivo».

    También se planifica derogar los dos programas que se desarrollaban en la Estación del AMBA, que el Gobierno decidió cerrar y donde envió técnicos de AABE a medir terrenos.

     

  • El peronismo en la Legislatura le pide a Magario que asuma su banca en Diputados

     

    Las candidaturas testimoniales y las diferencias hacia el interior del peronismo conducen a la Legislatura bonaerense hacia algunas desprolijidades institucionales. Un grupo de diputados del peronismo le envió una nota a Verónica Magario para que asuma su banca en la Cámara Baja, en medio de las indefiniciones de la vicegobernadora.

    Magario fue elegida diputada en las elecciones de septiembre (encabezó la lista por la Tercera Sección) sin embargo no fue a jurar su banca, ni tampoco pidió licencia. Si esta situación se sostiene, el peronismo está perdiendo una banca en la Cámara Baja.

    El planteo de un grupo de diputados referenciados con el kirchnerismo tiene que ver con que la ausencia de Magario en la sesión de mañana deja al peronismo con una banca. La vicegobernadora no participó el 2 de diciembre de la jura de los nuevos diputados. Ese día podría haber jurado y pedido licencia inmediatamente para que asuma su reemplazante en la lista. Sin embargo, al no asumir deja al bloque con una banca menos por varias sesiones. Quien sigue en la lista es Silvina Nardini, una referente que responde a Mario Secco.

    Por reglamento, el bloque puede corregir a sus miembros recién luego de la inasistencia a tres sesiones consecutivas o cuatro alternadas durante el transcurso de un mes. Es decir que la banca de Magario en Diputado podría caer con su ausencia durante varias tres sesione. Sin embargo, el peronismo deberá atravesar esas sesiones con una banca menos.

    No hubo acuerdo en el peronismo y Kikuchi se queda hasta marzo con la vice del Senado bonaerense

    Quienes entienden los vericuetos del reglamento en la Legislatura sostienen que esa situación sólo es viable si ella antes asume su banca. El problema es que para asumir su banca en Diputados, Magario debería antes pedir licencia como vicegobernadora.

    Esto genera una crisis porque al no haber autoridades en el Senado, quien quedará automáticamente como presidente del Senado y en segundo lugar en la línea de sucesión es Carlos Kikuchi.

    Si Magario pide licencia en el Senado para asumir y renunciar automáticamente a su banca en Diputados, durante algunas horas la Cámara Alta quedará a cargo de Carlos Kikuchi quien ocupará además el segundo lugar en la línea de sucesión.

    Otra opción es que Magario renuncie a través de una nota dirigida al presidente de Diputados. Con esa jugada esquivaría pedir licencia a su cargo como vicegobernadora, pero por algún motivo eso no sucedió.

    Carlos Kikuchi y Sergio Vargas.

    LPO adelantó la pelea entre La Cámpora y Axel Kicillof por la vicepresidencia primera del Senado. La semana pasada no hubo acuerdo y ese cargo quedó temporalmente para Kikuchi, el único de los seis vicepresidentes que continúa en ejercicio. Los cinco restantes terminaron sus mandatos.

    La vicepresidencia primera supone el tercer lugar en la línea de sucesión detrás de Kicillof y Magario. Además se suman recursos y estructura en la Cámara Alta.

    Kicillof quiere quedarse con la vicepresidenta del Senado y vuelve a chocar con La Cámpora

    Esa pelea por la vicepresidencia sigue viva. El viernes pasado los senadores kirchneristas irrumpieron con un pedido de sesión dirigido a Magario para convocar a una sesión la semana próxima. En la nota, La Cámpora puso sobre la mesa dos proyectos que para Kicillof son clave: la empresa de Emergencias Médicas y el Centro de Industria Farmacéutica. Ambos ya fueron aprobados en Diputados y si no se aprueban antes de fin de año vuelven al archivo.

    Al momento, Magario no respondió al pedido de sesión del kirchnerismo. Para el axelismo quedarse con la vicepresidencia del Senado es importante, pero también lo son los dos proyectos que el kirchnerismo se compromete a votar en el Senado.

    La vicegobernadora tiene que convocar a sesionar con 72 horas de anticipación y en el peronismo entienden que si esa sesión no sucede esta semana será muy difícil sesionar en los días festivos que siguen, repletos de asuetos administrativos y feriados. 

     

  • Los tecno-oligarcas colonizan Washington

     

    Las soluciones digitales que ofrece la empresa Palantir Technologies son, de hecho, el sistema operativo del poder militar en Estados Unidos. Esto representa una inédita cesión de soberanía operativa del sector público en favor de agentes privados a través de un modelo de externalización que resignifica infraestructuras y procesos que constituyen los fundamentos mismos del Estado.

    La empresa es la nave nodriza del nuevo complejo militar industrial digital. Pero, además, y principalmente, es un caso testigo en el sostenido proceso de colonización de capacidades del Estado que llevan adelante los tecno-empresarios de Silicon Valley, protagonistas de una dinámica, extraordinaria por escala y profundidad, de hibridación de poder.

    A través de un contrato con el Pentágono a fines de julio de 2025 y por un monto total de 10 mil millones de dólares —de los más gravosos de la historia en el área de Defensa—, Palantir gestionará decisiones militares fundamentales sobre objetivos, movimientos de soldados e inteligencia. El mantra de la eficiencia, que se articula en función de relatos que consagran los efectos redentores del solucionismo digital y la inteligencia artificial, es el argumento para la operación política de captura de los actores privados de áreas y prácticas que históricamente fueron exclusivas del Estado.

    El control operativo de Palantir sobre el Pentágono representa un salto cardinal de reconfiguración política en Washington: legitima y pondera el protagonismo en el gobierno de lo público de una nueva élite, la de los CEOs de Silicon Valley, que gestionan los procesos de innovación a través de la IA, una tecnología que conlleva capacidades performativas de alcance civilizatorio porque en sus efectos redefine los patrones políticos, económicos y culturales que significan la vida.

    Es una élite que actúa cada vez más como una oligarquía: en su hacer despliega una metapolítica que se asienta sobre postulados anarco-libertarios y una irrefrenable pulsión tecno-utópica al servicio de la progresiva construcción de una hegemonía de clase dominante. “No son solo innovadores, sino los arquitectos del orden posmoderno que está emergiendo a través de la IA, la disrupción digital y el capital tecnológico”, dijo el filósofo Alessandro Aresu.

    Agentes de las grandes corporaciones tecnológicas controlan o inciden en sectores relevantes de la administración del presidente Donald Trump: en Defensa, en la gestión de la información, en el régimen monetario (criptomonedas), en Comunicaciones y en Energía. Incluso el Ejército está incorporando formalmente a ejecutivos de Silicon Valley a través de la denominada “Unidad 201”. En junio pasado designó con el grado de tenientes coroneles a Shyman Sankar, director de tecnología de Palantir, a Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, a Kevin Weil, director de productos de OpenAI, y a Robert McGrew, exdirector de investigación de OpenAI. La distinción entre el actor (y el interés) público y el contratista (y el interés) privado se ha vuelto deliberadamente borrosa.

    Entre estos tecno-oligarcas se destaca el presidente de Palantir, el empresario  Peter Thiel, quien cree que Estados Unidos vive un proceso de declive que pone en juego su hegemonía y pregona que el Estado debe reconvertirse en una startup para superar el estancamiento. Su empresa es omnipresente en Washington: Michael Kratsios, inversor en Palantir, dirige la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología; Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas y asesor de Seguridad Nacional, posee unos 250 mil dólares en acciones de Palantir; David Sacks, socio de Thiel, está a cargo del área de criptomonedas e IA del Gobierno.

    Palantir ofrece soluciones para realizar una interpretación inteligente de la información y sus dispositivos se han vuelto primordiales para el Pentágono, pero también para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

    Arquitectos de un nuevo orden

    La exitosa trayectoria de construcción de poder y de adquisición de capacidades soberanas de las grandes compañías tecnológicas enuncia la consumación de un régimen digital que se vuelve hegemónico a medida que redefine los términos en los que se crea y administra el poder. El proceso advierte de una crisis sistémica que implica la pérdida de centralidad estratégica del Estado y la emergencia de un mundo de soberanías porosas e identidades fragmentadas, de un gran escenario político de dominios en construcción. En medio de esta perplejidad, la élite de los tecno-oligarcas acciona con fuerza y determinación y está dispuesta a imprimir las señas de un nuevo orden existencial.

    El futuro que imaginan asume, visibiliza, sus sesgos ideológicos porque, como advirtió el escritor Alessandro Baricco, la de Silicon Valley es, primero, una revolución de ideas y creencias y, recién después, tecnológica. Su imaginario reseña la consumación de un ethos de extrema individuación que los hace percibirse como profetas de un destino inevitable, el de un orden liberal tecnocrático, jerárquico y elitista. Su proyecto político parte de una premisa: salvar el capitalismo en la nube (el modelo de negocios de las plataformas digitales) y la IA de los riesgos socializantes de la democracia. hiperliberalismo, pero sin democracia.

    Los siguientes párrafos, tomados del libro El individuo soberano (1997), de Lord William Rees-Mogg y James Dale Davidson, uno de los textos de referencia para este universo, permiten entrever el perfil de su ideología: “El nuevo Individuo Soberano operará como los dioses del mito en el mismo ambiente físico que el ciudadano común y corriente, pero en un reino separado políticamente. Comandando vastos recursos y más allá del alcance de muchas formas de compulsión, rediseñará los gobiernos y reconfigurará las economías en el nuevo milenio”. O, con más detalle: “La nueva organización de la sociedad está implícita en el triunfo de la autonomía individual, y en la verdadera igualdad de oportunidades basada en el mérito (…) La tecnología hará que los individuos sean más autónomos que nunca (…) Los centros locales de poder se reafirmarán a medida que el Estado se transforma en unidades fragmentadas y superpuestas”.

    También resulta útil repasar algunas de las afirmaciones previstas en el Manifiesto tecno-optimista (2023), de Marc Andreessen, uno de los portavoces más activos del ecosistema Silicon Valley: “Creemos que el libre mercado es la forma más eficaz de organizar una economía tecnológica. (…) Creemos que los mercados son una forma inherentemente individualista de lograr resultados colectivos superiores. (…) Nuestros enemigos son la visión sin restricciones de Thomas Sowell (el hombre es por naturaleza defectuoso, egoísta y limitado y las instituciones le sirven como recurso para confrontar sus defectos y excesos), el Estado universal y homogéneo de Alexander Kojeve (que iguala amos y esclavos) y la utopía de Tomás Moro (abolición de la propiedad privada, educación y salud universal, libertad religiosa, ausencia de clases sociales)”.

    Thiel y Andreessen, pero también Alex Karp, Sam Altman, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, David Sacks, Palmer Luckey, Balaji Srinivasan, Timothy “Tim” Cook, Sundar Pichai, Jensen Huang, son los nombres propios que esta nueva clase dirigente, que atesora inmenso poder económico (sus empresas superan en volumen a la mayoría de las economías nacionales), son decididamente influyentes porque construyen y facilitan conectividad (infoesfera) y lideran los desarrollos de IA, según sus patrocinadores, la tecnología definitiva.

    Thiel, el jefe

    El presidente de Palantir utiliza la potencia de su patrimonio corporativo para influir sobre el poder político. No crea fundaciones, sino que financia directamente a emprendedores y líderes que expresan sus ideas. Es uno de los principales donantes del partido Republicano con el fin de vigorizar el liderazgo de Donald Trump y apadrinar candidatos que consolidan la prevalencia del ideario MAGA. Su gran apuesta es el vicepresidente, J.D. Vance, a quien empleó en el fondo Mithril Capital y apoya con dinero en sus campañas electorales.

    Vance, el hijo de una familia simple que surgió de Ohio en el Rust Belt (cinturón del óxido) en el país profundo, pasó de los campos de batalla en Irak a las aulas de la prestigiosa Universidad de Yale. De allí egresó como abogado y poco después desembarcó en el entorno de Thiel. Ahora ejerce como interfaz entre el mundo de la política y Silicon Valley. Thiel, catalogado como uno de los intelectuales de derecha más influyentes de los últimos 20 años, se define como anarco-libertario. Plasmó los rasgos salientes de su ideología a través de la proclama “La educación de un libertario”, en la que puntualizó: Sigo comprometido con la fe de mi adolescencia: la auténtica libertad humana como condición previa para el bien supremo. Me opongo a los impuestos confiscatorios, a los colectivos totalitarios y a la ideología de la inevitabilidad de la muerte de cada individuo. Por todas estas razones, sigo llamándome ‘libertario’. Pero debo confesar que en las últimas dos décadas he cambiado radicalmente mi manera de pensar sobre cómo alcanzar esos objetivos. Y lo que es más importante, ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles.

    Thiel, junto con Karp, Luckey y Andreessen, son activistas comprometidos del reaccionario movimiento “tech-right”, la extrema derecha dentro de la tecno-oligarquía, que reivindica procedimientos autoritarios para organizar la vida común y promueve un orden social jerárquico, piramidal y elitista, administrado por un poder concentrado.

    Élite cognitiva

    La tech-right es el soporte de Silicon Valley para el movimiento de extrema derecha que está inundando la política en los países de Occidente y perfilando de manera creciente el sentido común de sus sociedades, que Quinn Slobodian, en el libro Los hijos bastardos de Hayek. Raza, oro, coeficiente intelectual y el capitalismo de la extrema derecha (2025), define como “nuevo fusionismo”. El autor lo describe como “un intento de desarmar la obra del humanismo liberal igualitario de los últimos 200 años y restaurar un orden jerárquico, basado en las diferencias naturales entre los seres humanos”, a medida que postula un ordenamiento social cimentado en “cuestiones de raza, inteligencia, territorio y dinero”.

    Slobodian indica que el “nuevo fusionismo” comenzó a formarse en la década de 1990, cuando “quienes discutían sobre la necesidad de defender el capitalismo y la libertad económica comenzaron a apelar a categorías científicas: en particular, la biología evolutiva, la psicología cognitiva e incluso las pseudociencias raciales”.

    En este proceso se introduce el coeficiente intelectual (CI) como mecanismo para catalogar la vida social, reemplazando los patrones económicos con los que el discurso neoliberal tradicional justificaba sus demandas meritocráticas en contra del humanismo socialmente integrador. La reivindicación del CI avisa en términos operativos, pero también ideológicos, de la emergencia de una “élite cognitiva”, el corpus que expresa al nuevo agente social de ruptura. 

    El propio Trump supo ejemplificar sin rodeos el sentimiento de superioridad que expresa este grupo cuando en 2013, por ejemplo, escribió: “Lo siento, perdedores y detractores, pero mi coeficiente intelectual es uno de los más altos, ¡y todos lo saben! Por favor, no se sientan tan estúpidos o inseguros, no es su culpa”.

    IA + eugenesia

    Los cultores de la “tech-right” se definen como “reaccionarios” porque rechazan los fundamentos de la modernidad liberal y se describen como antiilustrados, eugenistas, antidemocráticos (tecno-monárquicos) y aceleracionistas (abogan por el impacto tecnológico exponencial sobre todas las dimensiones de la vida). Sus ideólogos principales son el historiador y tecno-emprendedor Curtis Yarbin y el filósofo Nick Land.

    Yarbin vocifera su menosprecio por la democracia, “el fallido experimento democrático de los dos últimos siglos”, dice, porque, entre otras razones, permite que coexistan en los mismos espacios de decisión personas de alto CI con otras de bajo CI, e impulsa como correctivo la instauración de una “tecno-monarquía”. En una entrevista publicada a comienzos de 2025 por The New York Times dijo lo siguiente: “Cuando pido a la gente que reflexione sobre esta cuestión, los animo a que miren a su alrededor e identifiquen que todo lo exitoso que les rodea ha sido creado por una monarquía. Estas entidades que llamamos empresas son esencialmente pequeñas monarquías. Por ejemplo, si miran a su alrededor y ven una computadora portátil, esa computadora ha sido fabricada por Apple, que funciona como una monarquía”.

    El culto a la inteligencia, con el CI como parámetro, justifica en el universo ideológico de Yarbin la instrumentación de estrategias de eugenesia que redefinirán el rol de las personas en el mundo reconvertido en una gigantesca startup. En este sentido, por ejemplo, sugiere aislar a personas a las que sus presuntas carencias cognitivas las hacen menos productivas: “Encerrarlos en aislamiento permanente, como una larva de abeja en una celda cerrada, salvo en caso de emergencias. Esto volvería loco a cualquiera, salvo por el hecho de que la celda contendrá una interfaz de realidad virtual inmersiva que le permitirá vivir una vida rica y satisfactoria en un mundo completamente imaginario”.

    Land ha sistematizado estas ideas a través de su teoría de la “Ilustración oscura”, en la que argumenta sobre los fundamentos del nuevo orden: monarquismo, autoritarismo tecno-feudal y eugenismo (“abandonar el Homo sapiens como reliquia o fósil viviente”). Un orden, subraya, en el que la digitalización y la biomecánica desintegrarán las formas de soberanía y deconstruirán el sentido totalizador de lo político.

    El filósofo argumenta las condiciones que articulan la transformación en marcha:

    1. El cambio evolutivo está asociado al origen de nuevas especies (transhumanismo).

    2. Varios modos de evolución pueden operar simultáneamente, pero el más efectivo (digitalización + IA) domina el proceso.

    3. Una minoría de individuos (élite tecno-cognitiva) gestiona la evolución y la especie en su conjunto representa el laboratorio de ensayo.

    Un breviario que, aún cargado de desmesura, reseña sin eufemismos las ensoñaciones mesiánicas de la tecno-oligarquía. Sobre las formas y los fines, Evgeny Morozov explica: “No escriben sobre el futuro; lo instalan. (…) Se autoproclaman portavoces oficiales de la humanidad (…) La metamorfosis alcanza su etapa final no en manifiestos ni en hilos de tweets, sino en la colonización de los salones del poder en Washington. (…) ¿Su estrategia? Perturbar primero, eliminar después”.

    La entrada Los tecno-oligarcas colonizan Washington se publicó primero en Revista Anfibia.

     

  • Rosatti advirtió que la reforma laboral de Milei deberá pasar el filtro de la justicia

     

    El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que la reforma laboral impulsada por Javier Milei deberá pasar por el filtro de la Justicia y recordó que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma.

    En una entrevista con Jorge Fontevecchia en Perfil, Rosatti se refirió a la posibilidad de que la instrumentación final de la reforma se trabe en los tribunales y termine definiéndose en la Corte, como sucedió con el capítulo laboral de la Ley Bases.

    Rosatti explicó que el sistema judicial argentino habilita a que cualquier juez declare la inconstitucionalidad de la norma, lo que habilita a que la discusión no termine en el Congreso y se defina en los tribunales.

    Milei coló en la reforma el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, un paso clave contra la industria del juicio

    «El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso. Los controles de constitucionalidad pueden ser concentrado o difuso. Concentrado es cuando se concentra en un solo Tribunal. Difuso es cuando cualquier juez lo puede hacer. Aquí se optó por un control de constitucionalidad difuso que escala hacia el vértice del último control que realiza la Corte», detalló Rosatti. 

    «Es inevitable el control difuso, porque nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad. Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo», afirmó.

    El presidente de la Corte se refirió a la posibilidad de que el Congreso incluya algún vericueto legal para que la reforma no se empantane en los tribunales como sucedió con el capítulo laboral de la Ley Bases. » Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional? Y a partir de esa última palabra ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio», indicó.

    Rosatti también explicó que el Estado nacional utiliza a su conveniencia el control difuso que cuestiona en casos como el de la reforma laboral. «El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es. ¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo?», ironizó.

     

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    El Estado que no interviene… salvo cuando le conviene

     

    Mientras rechaza aranceles para proteger a la industria nacional en nombre de la “libertad”, el Gobierno acaba de aplicar una bonificación selectiva y retroactiva en un peaje clave de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, beneficia a grandes operadores del comercio exterior y expone una intervención estatal quirúrgica, lejos del discurso oficial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó este lunes, mediante la Resolución 65/2025, una bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La decisión no solo es temporal, sino también retroactiva: se aplica desde el 5 de diciembre y rige por 30 días corridos.

    El texto firmado por Iñaki Miguel Arreseygor repite, casi sin cambios, una bonificación idéntica dispuesta en noviembre, lo que deja en evidencia que no se trata de un hecho excepcional sino de una política de parche reiterada, aplicada en plena transición del esquema de concesiones.


    Una bonificación selectiva, no una política general

    El primer dato político es claro: no hay una rebaja general de peajes, ni un alivio para todo el sistema portuario. El beneficio es puntual y direccionado: solo alcanza a los buques que eligen el Canal Martín García, una traza que en los últimos años perdió competitividad frente a otras rutas por mayores costos de mantenimiento y dragado.

    En los hechos, el Estado absorbe parte del costo operativo para que ese canal siga siendo utilizado. El porcentaje elegido —16,7%— no es caprichoso: equivale a compensar el diferencial que hoy empuja a muchos operadores a evitar esa vía. Sin la bonificación, el tráfico tendería a desviarse.

    La retroactividad agrega un elemento sensible: no incentiva conductas futuras, sino que premia operaciones ya realizadas, reduciendo ingresos que el Estado ya había devengado.


    Quiénes ganan y quiénes pierden

    Los principales beneficiados por la medida son actores altamente concentrados del comercio exterior:

    • Navieras internacionales de ultramar, como MSC, Maersk y CMA CGM, para quienes una baja de peaje impacta directamente en el costo por viaje y en la planificación de rutas.
    • El complejo agroexportador, principal usuario estructural de la Vía Navegable Troncal, que ve reducido un costo logístico sin que eso se traduzca en mejores precios internos ni en estímulos a la producción nacional.
    • El tráfico fluvial internacional proveniente de Paraguay y Bolivia, que utiliza el canal para barcazas de granos, minerales y combustibles.

    Del otro lado quedan los perjudicados:

    • El Estado, que resigna recaudación sin debate público ni una estrategia de largo plazo.
    • El principio de neutralidad tarifaria, ya que se favorece una traza específica frente a otras.
    • La industria nacional y las pymes, que no reciben ningún alivio comparable cuando compiten con importaciones.

    La contradicción: liberalismo para algunos, intervención para otros

    Aquí aparece el núcleo político de la resolución. El mismo Gobierno que se niega a aplicar aranceles o medidas de protección para sectores industriales golpeados por importaciones —porque eso “distorsiona el mercado”— interviene sin pudor cuando se trata de sostener la rentabilidad y el flujo del comercio exterior concentrado.

    No es ausencia de Estado: es intervención selectiva.
    No es libertad económica: es priorización de intereses.

    La bonificación al Canal Martín García no responde a una política industrial ni a un plan de desarrollo. Es una herramienta transitoria para llegar sin sobresaltos al nuevo esquema concesionario, aun a costa de resignar recursos públicos y de profundizar asimetrías.


    Un Estado presente, pero para los de siempre

    La Resolución 65/2025 muestra que el problema no es si el Estado interviene o no. La pregunta real es para quién interviene. Mientras la industria nacional queda librada a la “libre competencia” con productos importados, los grandes jugadores del comercio exterior reciben alivios tarifarios hechos a medida, discretos y retroactivos.

    Una vez más, el discurso va por un carril y las decisiones reales por otro. Y el peaje, como casi siempre, lo termina pagando el mismo de siempre.