Sociedad

 

 Por la crisis del hospital, renunció la máxima autoridad del Garrahan. Se trata de Soraya El Kik, que asumió como presidenta del Consejo en octubre de 2024, nombrada por los libertarios.

El Kik se tomó licencia médica y ya está en edad para jubilarse, por eso no regresará a su puesto como titular del Consejo de Administración, el órgano que maneja el hospital.

Para el miércoles estaba prevista una reunión en la Secretaría de trabajo que fue convocada por el propio gobierno. Sin embargo, ni el gobierno ni el Consejo de Administración enviaron representantes.

“Vuelven a burlarse de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan con este rechazo a cualquier negociación. Pero están a la defensiva, porque la rebelión interna se profundiza y porque el apoyo popular es enorme”, apuntó Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE en el hospital.

Ahora el conflicto estalla en el Posadas y los médicos preparan un paro 

Los trabajadores del Garrahan habían exigido la renuncia de El Kik, que será reemplazada por Mariel Sánchez, actual directora médica y también alineada con la gestión de Javier Milei.

“Lo de El Kik es una renuncia encubierta. No va a volver a su cargo. Lo que pasa es que no quieren admitir. Si no fuera una renuncia no habrían nombrado un reemplazante”, explicaron fuentes del Garrahan.

“No solo El Kik debería irse: Menehem, Dalmazzo y Pérez están llevando al Garrahan al abismo, de la mano de Milei y Lugones”, dijo Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna.

 

 

La Universidad Católica salió a repudiar a José Luis Espert por sus agresiones soeces contra Florencia Kirchner, la hija de la ex presidenta.

LPO explicó que el diputado libertario quiso hacerse el gracioso en una cumbre de comunicación política en la UCA y contó que una vez insultó a Florencia Kirchner. “Cómo no vas estar amargada si sos hija de una gran puta”, dijo Espert. En el auditorio no se rieron de su “chiste” sino que lo abuchearon y el diputado tuvo que retirarse escoltado por personal de seguridad.

Tras la nota de LPO, Espert atacó a este medio y dijo que en realidad no lo echaron de la UCA sino fue quien “cerró el panel”. El ex candidato a senador de Horacio Rodríguez Larreta mintió: luego de él hablaron Maxi Abad y Sergio Uñac.

La UCA salió a rechazar las expresiones del candidato de Milei para la provincia. “En el día de la fecha, miércoles 11 de junio, se realizó la primera jornada del XVII Congreso Internacional de Comunicación Política organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política y ASACOP (Asociación Argentina de Consultores Políticos). El mismo tuvo lugar en el auditorio San Juan Pablo II de nuestra universidad”, dijo la UCA en un comunicado.

Echaron a Espert de la UCA por decir que Florencia Kirchner es “hija de una gran puta” 

“Si bien no somos organizadores del mencionado congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina repudia las expresiones agraviantes realizadas por el diputado nacional José Luis Espert quien expuso en el panel legislativo con pluralidad de participantes”, dice el comunicado.

“Frente a lo sucedido, llamamos a la reflexión de todos, recordando la prédica de nuestro gran canciller y arzobispo de Buenos Aires Mons. Jorge Ignacio García Cuerva en el Tedeum del 25 de mayo en la catedral de Buenos Aires: ‘Venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto; y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una Patria de hermanos'”, dice el texto de la UCA. 

 

 

El mayor operador postal privado del país, OCA, entró en concurso preventivo. La Justicia Comercial abrió el concurso preventivo de la empresa dirigida por el empresario logístico Claudio Altermar Jesús Espinoza, asfixiada por los embargos de ARCA (ex AFIP).

Los nuevos dueños de OCA lograron que tenga equilibrio operativo, pero la empresa arrastra una deuda de 100.000 millones con ARCA, que bajo la nueva administración libertaria lanzó masivos embargos de cuentas de las empresas deudoras, colocando a muchas en la situación que está OCA: no puede operar.

Por eso, los actuales propietarios decidieron concursarse. “Se inicia un procedimiento que permitirá a la empresa reestructurar su pasivo actual, asegurar la continuidad operativa, preservar más de 8500 fuentes de trabajo directas e indirectas y avanzar en la elaboración de una propuesta que permita atender las obligaciones asumidas con sus acreedores”, señaló OCA a través de un comunicado.

Paralizó su producción la empresa que hace los yogures Sancor y se profudiza la crisis láctea

Después de varios cambios de manos, que incluyeron como dueños o allegados a varios nombres controvertidos -desde Alfredo Yabrán hasta Hugo Moyano, pasando por Cristóbal López y Juan Navarro (del fondo Exxel Group)-, hoy la compañía está controlada oficialmente por el grupo es NMBV, cuyo principal accionistas es Espinosa.

La nueva administración libertaria de Arca lanzó masivos embargos de cuentas de las empresas deudoras, colocando a muchas en la situación que está OCA: no puede operar.

Se trata del tercer concurso en poco más de 20 años de la empresa, creada en 1957 como Coordinadora Argentina (OCA). El primero fue en 2002, cuando pertenecía a Exxel Group. El siguiente fue en abril de 2017 cuando comandaba la empresa Patricio Farcuh. Ese expediente derivó en la quiebra de abril de 2019.

Más tarde el correo terminó en manos de su actual dueño, cuando Espinoza le compró los activos a Clear, un grupo relacionado con Cristóbal López.

El ex dueño de OCA, Cristóbal López.

“Desde 2023, la actual administración ha trabajado intensamente en mejorar la estructura operativa y comercial de la empresa, logrando hacia mediados de 2024 un superávit operativo”, dijo la empresa y agregó que “el peso acumulado de las obligaciones fiscales y las medidas adoptadas por los entes recaudadores han afectado el capital de trabajo y generado restricciones que hacen inviable la continuidad de la empresa sin una reestructuración ordenada”.

Mientras tanto, la multinacional Kimberly-Clark cerró sin previo aviso su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar e informó que trasladaría la actividad a su establecimiento en San Luis.

Desde 2023, la actual administración ha trabajado intensamente en mejorar la estructura operativa y comercial de la empresa, logrando hacia mediados de 2024 un superávit operativo. El peso acumulado de las obligaciones fiscales y las medidas adoptadas por los entes recaudadores han afectado el capital de trabajo y generado restricciones que hacen inviable la continuidad de la empresa sin una reestructuración ordenada.

En total, fueron despedidos 220 trabajadores. La medida fue comunicada a través de telegramas enviados entre el sábado y el lunes, en medio del desconcierto total del personal. El sindicato de Papeleros calificó el accionar como “una decisión arbitraria” y ya inició medidas de fuerza para revertir la situación.

La planta afectada producía toallitas húmedas y protectores diarios para marcas de consumo masivo como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud. El viernes anterior al cierre, la empresa había suspendido la actividad bajo el argumento de tareas de mantenimiento en una subestación eléctrica. Sin embargo, al día siguiente, comunicó oficialmente el cierre definitivo del establecimiento.

La empresa justificó el cierre como parte de una “estrategia de optimización y crecimiento sostenible”, y anunció que toda la producción será centralizada en su planta de San Luis. Allí, proyectan invertir 15 millones de dólares durante los próximos tres años, lo que incluye el traslado de maquinaria y recursos desde Pilar, pero sin ofrecer ningún tipo de reubicación laboral a los empleados cesanteados.

 

 

Desde hace 20 días el puerto de San Pedro está paralizado tras un episodio que puede abrir un conflicto internacional y que expone al intendente local, Cecilio Salazar, hombre fuerte del directorio, apuntado por los serios problemas de infraestructura de la terminal portuaria.

El barco Yasa Tokyo, con bandera de las Islas Marshall, zarpó del Puerto San Pedro el 23 de mayo con 33 mil toneladas de trigo valuadas en 7.8 millones de dólares, con destino al puerto de Luanda, Angola. Sin embargo, tras recorrer pocos metros, quedó atracado.

El problema fue que luego de terminado el dragado ocurrió el desastre de la tormenta que inundó la zona. La Compañía Sudamericana de Dragados había removido 80 mil metros cúbicos y ahora la contrataron para remover 200 mil metros cúbicos de sedimentos que se acumularon luego de la tormenta.

Ordenan la indagatoria del intendente de San Pedro por contaminar el río Paraná

Este nuevo dragado demandaría un desembolso de 2.1 millones de dólares, cifra que obligó a abrir negociaciones para conseguir los fondos.

El problema fue que luego de terminado el dragado ocurrió el desastre de la tormenta que inundó la zona. La Compañía Sudamericana de Dragados había removido 80 mil metros cúbicos y ahora la contrataron para remover 200 mil metros cúbicos de sedimentos.

El tema es que ahora en el sector temen que Blue Star Company, dueña del buque varado, avance con medidas que escalen en un conflicto internacional por no poder cumplir en tiempo y forma con el traslado de la carga a Angola.

El barco varado en Puerto San Pedro lleva 33 mil toneladas de trigo con destino a Angola.

Por lo pronto, solo por abastecer a su tripulación, los costos diarios rondan entre 25 y 30 mil dólares.

En el puerto de San Pedro hay quienes acusan por falta de obras al intendente Salazar, quien pisa fuerte en el directorio portuario desde la creación del consorcio por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, con quien Salazar, por entonces, tenía un alineamiento político desde el Partido FE.

Desde entonces, hay una puja entre sindicatos y cámaras por el control del puerto que -sostienen fuentes consultadas- atentó contra el avance de la infraestructura portuaria pero que nunca logró trastocar el poder de Salazar en el directorio.

Por eso, el foco está puesto en el manejo que, desde la comuna, se hace del puerto, que tiene un gasto operativo cercano a los 100 mil dólares por mes.

 “Siempre se hizo cargo de todo el sector privado, pero no se van a hacer cargo de un barco varado. Ahora el municipio no sabe qué hacer”, dijo un productor que utiliza el muelle. 

Los usuarios del puerto apuntaron contra un “Estado ausente” y un intendente “incompetente” que “no se encargan de gestionar las obras”.

“No se entiende en qué se gastan”, dijo un productor que utiliza el muelle y agregó: “Siempre se hizo cargo de todo el sector privado, pero no se van a hacer cargo de un barco varado. Ahora el municipio no sabe qué hacer”.

Al estar fuera de operatoria el puerto, las arcas municipales también se ven afectadas ya que la comuna cobra tasas por la utilización del muelle. Con esta inactividad, se generaron pérdidas por $90 millones.

En 2023, fueron las empresas que operan en el puerto las que se hicieron cargo de los costos del dragado. Pero, ahora, no harán aportes frente a los nuevos trabajos en los que, según el propio consorcio portuario, hay que refular más de 300.000 m3 de sedimento para restablecer las condiciones operativas del Puerto

“Significa la extracción equivalente a tres años de sedimentación normal del rio Paraná y triplica el volumen refulado en el reciente y último dragado”, dicen.

El conflicto ya provocó la cancelación de otro ingreso previsto para el 6 de junio y pone en duda la operatoria futura, lo que pone en jaque las cargas de porotos previstas para julio, agosto y septiembre.

Así, a Salazar se le suma un nuevo frente de conflictividad, en paralelo a la causa por la que, como contó LPO, el intendente fue llamado a indagatoria a raíz de la contaminación del río Paraná con efluentes cloacales desde una zona recreativa cercana al puerto.