Victoria Villarruel empezó a preparar el terreno para su eventual candidatura presidencial y confirmó sus intenciones de competir en 2027 en una desinhibida conversación con dirigentes peronistas durante su visita a La Rioja, con motivo de la Fiesta Nacional de la Chaya.
La Vicepresidenta atrajo todas las miradas en las celebraciones, donde se prestó para que la rociaran con harina según la tradición y hasta se dejó poner una hoja de albahaca en la oreja derecha, signo de su soltería. Pero también fue el centro de atención en una cena política que mantuvo el domingo por la noche, en la Casa de Gobierno provincial, con el gobernador Ricardo Quintela como anfitrión.
Uno de los comensales le dijo a LPO que el intercambio fue «muy relajado» y «la charla generó un clima informal».
Sin embargo, no faltó el atrevimiento de un riojano que le preguntó a Villarruel si creía que Javier Milei tenía chances de ser reelecto en 2027. «No creo porque lo eligieron para que gobierne él pero gobierna la hermana», dijo sin vacilar su compañera de fórmula en el 2023.
La respuesta endulzó los oídos de sus interlocutores, acaso dispuestos a saltarse hasta el postre. «¿Y vos no querés ser candidata?», consultó otro. «¿Y por qué no?», respondió Villarruel con la misma soltura con la que bailó en los festejos.
La tensión entre Milei y Villarruel se produjo al inicio del gobierno, cuando Karina Milei y su entorno más cercano detectaron la autonomía que podía cultivar la vice y la proyección política que le atribuían empresarios y dirigentes políticos como Mauricio Macri, que mantuvo una serie de encuentros con ella.
¿Vos no querés ser candidata?, consultó un dirigente peronista. ¿Y por qué no?, respondió Villarruel con soltura.
La confrontación entre el Presidente y su vice escaló sin parar, al punto que desde ambos lados están convencidos que no hay retorno.
Tal vez por eso, Villarruel ya habla como candidata. Este viernes recurrió a un posteo de X para reivindicar la política proteccionista de Donald Trump ante la decisión de la Corte norteamericana contra los aranceles y aprovechó para marcar sus diferencias con la apertura indiscriminada a las importaciones que promueve la Casa Rosada.
La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx
Según la Vicepresidenta, «la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos». «Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina», barriendo con la política de importaciones libertaria.
Además, indicó que «la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales». «Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios», completó.
Desde el entorno de Villarruel le bajaron el tono a las interpretaciones acerca de su eventual postulación, alegando que las únicas dos figuras instaladas para pelear por la Presidencia son el propio Milei y Axel Kicillof.
En el peronismo, por lo demás, hay sectores que imaginan que para derrotar a los libertarios en primera vuelta se necesita la candidatura de alguien que divida ese electorado. Villarruel podría cumplir esa función, estiman, pero sería la misma especulación que le sirvió el gobierno en bandeja a Milei en 2023, cuando el Frente de Todos creyó que alimentando el crecimiento de La Libertad Avanza se reducían las posibilidades de ganar que palpitaba Horacio Rodríguez Larreta.
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump, deja al líder republicano sin su herramienta fundamental para ejercer el liderazgo internacional.
Desde que asumió su segundo mandato, el jefe de la Casa Blanca amenazó con impuestos a los países europeos que se opusieron a la idea de comprar Groenlandia y los impuso en Brasil como represalia al gobierno de Lula a la detención de Jair Bolsonaro, por citar algunos ejemplos.
Por eso, el interrogante por estas horas está relacionado con el impacto de este fallo histórico a esa estrategia de liderazgo dado que se evalúa que los países que recibieron los aranceles pidan reembolsos.
En ese contexto, LPO consultó a especialistas en Estados Unidos para que explique de forma detallada el escenario que puede abrirse a partir de ahora. La especialista en historia de Estados Unidos, Vakeria Carbone, dijo que «Trump utilizó los aranceles como una herramienta geopolítica y estrategia pero a efectividad podemos discutirla, más allá de los objetivos económicos puntuales que tienen que ver con, desde su punto de vista, reducir el déficit fiscal que Estados Unidos tiene con determinados países en relación a las importaciones y las exportaciones».
«Para él, los aranceles se convirtieron en la forma o una parte de su política para meter presión sobre otros gobiernos en temas no solamente de comercio, sino poner otros temas sobre la mesa. Por ejemplo, con países fronterizos como Canadá y México, utilizó los aranceles como una puerta para hablar de cuestiones migratorias. Definitivamente utiliza esta suerte de estrategia como una palanca para negociar concesiones en otras áreas que no solo son comerciales. Ahora, el problema de esa herramienta geopolítica tiene que ver con que se utilizó también esto mucho retóricamente porque los que pagan los aranceles son los sectores que importan, los países exportadores no pagan el arancel», agregó.
Carbone planteó que «la utilización de aranceles terminó perjudicando a los sectores importadores en los Estados Unidos. Otros países, por ejemplo, el ejemplo clásico es Brasil, directamente decidieron buscar otros mercados para suplantar lo que estaba pasando entre el comercio entre Estados Unidos y Brasil. Trump lo que hizo fue utilizar esta herramienta geopolítica como una estrategia de golpear primero y negociar después. No necesariamente considero que esa haya sido una estrategia efectiva para los Estados Unidos».
La especialista pone en duda que Trump esté perdiendo la herramienta, y destaca que «la Corte Suprema lo que hizo fue una declaración. Las cuestiones que define la Corte Suprema lo que crean es precedente legislativo y determinan si una determinada medida, en este caso una orden ejecutiva, es constitucional o anticonstitucional o si es legal o es ilegal, si siguen los parámetros legales del sistema legislativo norteamericano».
«En el caso de que pierda esta herramienta, lo que lo fuerza es a no utilizar los aranceles como represalia económica, pero puede utilizar otras. No puede necesariamente imponer represalias sin la aprobación del Congreso. Puede recurrir a otras leyes o elaborar un proyecto de ley que le permita que esto sea aprobado por el Congreso en el cual tiene mayoría», remarcó.
La especialista afirmó que «Trump intentó usar los aranceles como forma de liderazgo internacional y se posicionó como una suerte de mandatario que está dispuesto a usar el poder económico de Estados Unidos como un instrumento de política global, pero ya lo ha hecho antes con países que considera enemigos, la diferencia ahora es que usa la coerción contra los aliados estratégicos».
Trump intentó usar los aranceles como forma de liderazgo internacional y se posicionó como una suerte de mandatario que está dispuesto a usar el poder económico de Estados Unidos como un instrumento de política global, pero ya lo ha hecho antes con países que considera enemigos, la diferencia ahora es que usa la coerción contra los aliados estratégicos
«Me parece que el mensaje que da la Corte Suprema es que Estados Unidos está haciendo un uso indebido del poder unilateral o del liderazgo unilateral, que hay una suerte de extralimitación del poder ejecutivo y que esto tiene que pasar por el Congreso. Lo que va a hacer ahora Trump es hacerlo pasar por el Congreso», detalla.
Por otra parte, el consultor político y especialista en Estados Unidos, Joaquin Harguindey, asegura que «el impacto económico de los aranceles a nivel global y en el caso estadounidense en particular no es inmenso, aunque sí han contribuido a empeorar la situación inflacionaria en Estados Unidos. No es un efecto muy grande justamente porque se encontraron muchos espacios de excepción dentro de los aranceles o se extendieron plazos para que se continuaran negociando o en algunos casos no se aplicaron muchísimo».
El impacto económico de los aranceles a nivel global y en el caso estadounidense en particular no es inmenso, aunque sí han contribuido a empeorar la situación inflacionaria en Estados Unidos. No es un efecto muy grande justamente porque se encontraron muchos espacios de excepción dentro de los aranceles o se extendieron plazos para que se continuaran negociando o en algunos casos no se aplicaron muchísimo
Sobre el mecanismo de reembolso de parte de los países que recibieron los aranceles, Harguindey dice que «es muy difícil de establecer porque no existe ni siquiera para compañías estadounidenses en este momento. Si no hay mecanismo ni siquiera interno dentro de Estados Unidos veo muy difícil que haya ya preparado un mecanismo para cada uno de los distintos países en base a cómo se procesan los pagos quién lo pago exactamente, todo eso como se ve hasta ahora es algo que está listo para un sinfín de demandas judiciales y algo que se puede extender en el tiempo durante años en base a lo que dijo la Corte Suprema».
Valeria Carbone considera en relación a esto que «la comparación que yo hago, como para que se entienda lo que puede pasar poniéndolo en perspectiva, es lo que sucedió en la Argentina con el fallo contra los aumentos de las prepagas. La justicia determinó que los aumentos fueron demasiados y que supuestamente se tiene que reembolsar. Lo que pasa que ahora queda en cada afectado individual en hacer el reclamo y que sentencia mediante se haga un reembolso a los países que sufrieron los aranceles. Y para revisar bien el lenguaje, los que sufren los aranceles no son los países, son los productos que vienen de un determinado país. Y el arancel no lo paga el país que exporta, sino la empresa o la entidad que importa. No es una distinción menor».
«La sentencia abre la posibilidad para que se pida un reembolso pero la sentencia tampoco establece un procedimiento para eso de cómo se van a devolver estas sumas cobradas de forma ilegal, que es lo que plantea la sentencia, y termina dejando, como siempre, este aspecto en manos de tribunales inferiores o de procesos administrativos o de gestiones de las empresas particulares, y se va a resolver como caso por caso. Debe haber un montón de empresas importadoras que se están organizando para presentar sus demandas, para recuperar el dinero por estos aranceles pagados, y lo que podría abrirse es un proceso amplio que también va a tomar tiempo. Así y todo, no creo que a Trump le importe demasiado», concluye.
Por último, el analista Martín Schapiro afirmó que «el escenario geopolítico está abierto, aún cuando la Corte Suprema la da este golpe a Trump, que me parece que tiene como primer foco más los equilibrios de poder interno que los equilibrios de poder político, social, exterior y el uso extensivo de los aranceles como herramienta punitiva».
«Creo que la Corte, en todo caso, ese efecto de política exterior es colateral y por lo tanto es probable que Trump busque conseguirlo con otras herramientas. Por supuesto, nada está dicho. Es muy preliminar esto con un fallo que está fresco en sus efectos pero me parece que hoy por hoy están más claros los efectos internos como un límite al poder presidencial que no se venía dando hasta ahora que los efectos externos y en ese sentido no me parece casual que aparezca en un momento en el cual la popularidad de Trump está en baja y junto con eso también los efectos sobre la producción manufacturera de los aranceles se han hecho más evidentes y no son buenos», culmina.
El intendente de La Plata, Julio Alak, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y su par en la cartera de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron este viernes la apertura de una ronda de negocios con empresarios chinos en el Palacio Municipal.
«Esta ronda de negocios es una muestra concreta de la articulación público-privada que impulsamos para ampliar mercados y generar más trabajo en la ciudad», dijo Alak, que estuvo acompañado por la secretaria de Producción Mercedes La Gioiosa.
Por su parte, Costa señaló: «Las rondas son una marca registrada del Gobierno de Axel Kicillof para generar oportunidades, y esta es la primera vez que encaramos una actividad con la comunidad comercial china, que viene teniendo un crecimiento enorme dentro del comercio minorista».
Y agregó: «A diferencia de lo que manifiesta sistemáticamente el Gobierno nacional, reafirmamos la importancia de estos ámbitos de articulación público-privada y de mantener una relación estratégica e inteligente con China a partir de una mirada geopolítica del mundo actual».
En la misma línea, Rodríguez sostuvo: «Generar estos espacios de vinculación es todavía más importante en momentos como los que estamos atravesando».
Esta ronda de negocios es una muestra concreta de la articulación público-privada que impulsamos para ampliar mercados y generar más trabajo en la ciudad
Además, agregó que «es una herramienta concreta para fortalecer el mercado interno, pero sobre todo para cuidar la producción y el trabajo bonaerense», y remarcó: «Es un objetivo claro de nuestro gobernador seguir trabajando junto a la producción, acompañando a cada emprendimiento y a cada empresa».
La actividad se realizó en el marco del Año Nuevo Chino, organizada por la Fundación Pro Humanae Vitae, y estuvo a cargo de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica del Municipio, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas con el objetivo de fortalecer a las pymes de diversos sectores mediante la posibilidad de colocar sus productos finales en góndolas de nuevos clientes.
En ese sentido, contó con la participación de más de 230 empresas dedicadas a alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, textiles, calzado, artículos del hogar y ferretería de 62 municipios de la provincia, entre los que se destacan La Plata con 26 inscriptas, General San Martín con 17, La Matanza con 16 y Tres de Febrero con 12.
Además, estuvieron presentes representantes de la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata de Argentina, la Cámara de Comercio Chino – Argentina de Florencio Varela, la Asociación de Comerciantes Chinos de Lanús, la Asociación de Comerciantes Chinos de Avellaneda, la Cámara de Comerciantes Supermercadistas Chinos de Quilmes y la Cámara de Supermercadistas Chinos de La Matanza.
La ronda de negocios abrió con palabras alusivas del intendente Julio Alak, el ministro Augusto Costa y el presidente del Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, Chen Xin; continuó con la entrega de las agendas de entrevistas y el desarrollo de los intercambios y finalizó con un almuerzo.
También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes bonaerense, Mariela Bembi; y el secretario General del Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, Rafael Velázquez.
En materia productiva, la gestión del intendente Alak avanza en torno a tres ejes fundamentales: la regularización y el ordenamiento territorial, la promoción y el desarrollo de actividades económicas que impulsen el empleo local y la articulación público-privada y con otros organismos estatales.
Con ese objetivo, el Municipio impulsa diversas líneas de acción, entre ellas el Plan de Regularización de Establecimientos Platenses; la puesta en valor del Parque Industrial I y la regularización del Parque Industrial II; el Observatorio de Datos Productivos y la Primera Encuesta de Industrias Manufactureras; el fortalecimiento de los centros comerciales; la gestión de líneas de financiamiento y fondos de garantía; y la organización de rondas de negocios, entre otras.
El modelo social, como se ha conceptualizado en la literatura, no es solo una estructura económica, sino una arquitectura institucional históricamente consolidada que gestiona las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad. Refleja cómo se coordina el mercado laboral con los sistemas de protección social a los cuales Argentina ha llegado por varias vías institucionales, a veces con mayor éxito y otras con mayores desgracias.
Este pacto institucional parece estar cambiando de forma estructural.
Estudios recientes de nuestro equipo en el Instituto Gino Germani muestran dinámicas preocupantes en el mercado laboral, caracterizadas —de manera deliberada o no— por lo que podría definirse como un (no) modelo. Más allá del cierre de fábricas y la aceleración de quiebras, cuyo caso más emblemático es Fate, los datos oficiales —técnicamente cuestionables y objeto de una profunda deslegitimación académica— muestran una tendencia regresiva: el empleo formal cayó a su mínimo histórico (45%), con 407 mil puestos destruidos y apenas 226 mil precarios creados. El 72% de los ocupados gana menos que la canasta básica y uno de cada cinco trabajadores con jornada completa es pobre, lo que genera casi como humorada la desaceleración del divorcio y padres y madres que pasan un mayor tiempo en casa. El pluriempleo afecta al 12%, mientras la industria y la construcción se contraen frente a servicios precarios. La pobreza bajó al 31,8% por ingresos informales frágiles, no por empleo de calidad: dos tercios de la fuerza laboral padece precariedad o desocupación.
Vivimos un momento particular.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cambia las reglas de juego entre empleados y empresas, entre el trabajo y el capital; y el árbitro —el Estado— comienza a ser profundamente parcial.
Un punto crítico del proyecto es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, donde se reemplaza el esquema tradicional por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización individual, similares a los vigentes en la construcción. La propuesta legislativa contempla ampliar el período de prueba más allá de los tres meses, estableciendo una duración variable que podría extenderse hasta seis u ocho en función del tamaño de la empresa.
Para los contratos antiguos, la nueva ley marca un quiebre: si un trabajador con muchos años de servicio es despedido tras su promulgación, el cálculo de su liquidación se regirá íntegramente por las nuevas reglas, sin considerar su antigüedad previa. Además, la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas.
La reconfiguración global de las economías, marcada por el desarrollo tecnológico, la modernización de los procesos productivos y el crecimiento exponencial del sector de servicios, ha actuado como un poderoso motor de cambio social. En nuestra particular economía, un grueso de la misma está despojada de la protección, la tecnología, la mayor productividad y de un potencial bienestar. Más allá de las métricas puramente económicas, estos fenómenos han contribuido decisivamente a la erosión de las solidaridades colectivas tradicionales y al ascenso de un individualismo contemporáneo que redefine las expectativas de los ciudadanos frente al mercado, el Estado y la comunidad.
El núcleo de esta transformación reside en una mutación profunda de la estructura laboral y social. La modernización ha propiciado la emergencia de nuevas clases medias de servicios, cuyo espacio de trabajo difiere radicalmente del de la fábrica fordista. Estos profesionales ya no se agrupan en grandes plantas industriales; sino que trabajan en pequeñas oficinas, microempresas o de forma autónoma, en entornos donde la interacción social es débil y fragmentaria. Este proceso de socialización frágil y atomizado fomenta estrategias de desarrollo estrictamente personales e individuales. La antigua lealtad a una gran compañía, que ofrecía una carrera vitalicia y un sentido de pertenencia colectiva se desvanece frente a la lógica del proyecto personal, la empleabilidad y la marca individual.
Paralelamente, la atomización del tejido industrial —con la externalización de servicios, la deslocalización y el auge de las plataformas digitales— ha quebrado los comportamientos colectivos que antes surgían de la experiencia compartida en el espacio de trabajo. Este fenómeno es, en gran medida, un efecto directo de la segmentación de los mercados laborales, que divide a los trabajadores entre un núcleo estable y cualificado y, por otro lado, una periferia precaria y desprotegida.
La consecuencia más visible de este proceso es el declive histórico de las tasas de afiliación sindical. Los sindicatos, diseñados para representar a masas de trabajadores homogéneos en industrias concentradas, encuentran enormes dificultades para organizar a una fuerza laboral dispersa, diversa y a menudo individualista en sus aspiraciones. Y no fueron solamente los baluartes de las conquistas sociales de los más débiles, sino que, incluso fuera de Argentina, pudieron conseguir, en sus procesos de demanda, mejores resultados distributivos.
En lugar del antiguo “obrero-masa”, colectivo y con identidad de clase, hoy emerge una figura laboral más aislada. Este vacío no ha quedado desierto, sino que ha sido ocupado por formas de microcorporativismo. El individuo negocia de forma aislada sus condiciones con su empleador o, en el mejor de los casos, busca soluciones privadas a riesgos que antes eran colectivos (seguros de salud, planes de pensiones privados, horas extras, vacaciones). Este proceso de transformación, incubado desde la década de 1980, encontró en el pensamiento neoliberal su principal soporte ideológico. Su prédica a favor de la flexibilidad, la desregulación y la responsabilidad individual ha proporcionado el marco intelectual que justifica y acelera estas dinámicas.
El individualismo de mercado es pragmático y radical. Concibe al individuo como un agente autónomo que compite en una esfera mercantil con reglas mínimas. Su referencia jurídica, como plantea el investigador Antonio Martín Artiles, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el “common law”, flexible y basado en la jurisprudencia, que refleja esta concepción de un orden espontáneo y descentralizado. El Estado es visto con recelo y su rol queda relegado a garantizar contratos de carácter asimétrico, pero no el de un proveedor activo.
El individualismo institucionalizado, en cambio, se desarrolla dentro de un marco de instituciones robustas. Propio de culturas corporativistas, este modelo concibe al individuo como un titular de derechos y deberes precisos, garantizados por un Estado fuerte y un sistema de negociación colectiva. Su tradición jurídica es el derecho corporativo germánico, codificado y sistemático. Aquí, la autonomía individual no se opone a la solidaridad institucional, sino que se ejerce a través de ella.
Frente al avance de un espectro individualista, la cultura colectivista —cuyo principal exponente es la organización sindical— responde a una lógica sustancialmente distinta. Este paradigma ancla las expectativas de protección social en la ley, el Estado y la autoridad pública, configurando una visión jerárquica del orden social en la que el individuo se integra y es resguardado por marcos colectivos definidos desde arriba: la familia, el gremio, la nación, el partido. Sin embargo, este enfoque retrocede de manera constante ante la expansión de la modernización capitalista, la mercantilización de las relaciones sociales y el avance de la ideología del mérito individual.
El período actual de restauración conservadora y neoliberalismo extremo puede interpretarse sociológicamente como una reacción a la desestabilización de los órdenes tradicionales acelerada por la globalización y las crisis económicas. Se observa una lucha por la imposición de un nuevo “sentido común” que naturaliza la mercantilización de la vida (biopolítica neoliberal) y restaura jerarquías sociales y culturales percibidas como amenazadas, como los privilegios de la elites, la expectativa de ganancia empresarial y un mundo a ser vívido en su plenitud por los más ricos. Se manifiesta como una recomposición de alianzas de clase, donde élites económicas aprovechan el malestar social (precariedad, pérdida de identidad) para promover un individualismo competitivo radical y desmantelar estructuras de solidaridad colectiva.
Este período encarna la paradoja del neoliberalismo como orden antipolítico: al reducir a la ciudadanía a la mera gestión empresarial de sí misma, vacía la esfera pública y socava los fundamentos de la democracia deliberativa. Sobre ello se intenta desmantelar la protección de trabajadores y trabajadoras, pero sobre el propio proceso de desmantelamiento a la luz de los resultados sociales, parece iniciarse una lenta corrosión de un modelo hierático.
Los Bolsonaro están en guerra. Michelle Bolsonaro decidió hacer campaña por Flavio en una demostración de enojo hacia su marido por elegirlo como candidato a presidente para las elecciones de octubre.
Según la periodista Bianca Gomes de Estadão, Michelle comunicó a sus allegados que no hará campaña a favor de su hijastro, pero que tampoco tiene intención de atacarlo públicamente.
Según estas fuentes, la estrategia es mantener una presencia discreta en las elecciones, a diferencia del papel destacado que desempeñó en las de 2022, sobre todo en los sectores evangélicos.
Fuentes cercanas al bolsonarismo afirmaron a LPO que la decisión se produjo tras un mensaje enviado por Flávio el mes pasado, en el que supuestamente insinuó que Michelle estaba trabajando en contra de su candidatura. «Sus aliados afirman que ella se sintió insultada», revelaron.
La ex primera dama especuló con una candidatura presidencial con apoyo del Centrao y era bien vista por sectores del establishment que la consideran más moderada que su marido pero el clan consideró que no era una buena opción por ser mujer.
Fuentes cercanas al bolsonarismo afirmaron a LPO que la decisión se produjo tras un mensaje enviado por Flávio el mes pasado, en el que supuestamente insinuó que Michelle estaba trabajando en contra de su candidatura
Antes de la definición de Bolsonaro en favor de Flavio, Michelle envió mensajes en favor de Tarcisio Gomes da Freitas y Romeu Zema, dos gobernadores que querían llevarla como compañera de fórmula.
En los estados también surgieron desacuerdos. En Santa Catarina, Michelle declaró su apoyo a Caroline de Toni para el Senado. Sin embargo, el Partido Liberal supuestamente tiene un acuerdo para impulsar la candidatura de Carlos Bolsonaro y apoyar la reelección de Esperidião Amin.
Caroline informó al presidente del partido, Valdemar Costa Neto, que dejará el partido para postularse a un cargo público. En Ceará, Michelle criticó una posible alianza con Ciro Gomes (PSDB) a finales de 2025 y declaró su apoyo al senador Eduardo Girão.
Por su parte, en São Paulo, apoya la candidatura de la diputada Rosana Valle (PL) al Senado, mientras que Eduardo Bolsonaro apoya a otros candidatos, lo que pone de manifiesto las divisiones internas en bolsonarismo.
«Ella tendrá un perfil bajo y apoyará a quien considere necesario. Ella tiene un capital que Flavio perderá», afirma un dirigente del Partido Liberal que está al tanto de la interna.
Julio Zamora se quedó afuera de la pelea por el PJ de Tigre. La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense bajó la lista del intendente por irregularidades en la presentación de la nómina y los avales, aunque como anticipó LPO hubo una decisión política de excluir a los dirigentes que jugaron por fuera de Fuerza Patria en 2025.
La Junta Electoral definió el jueves por la noche las listas que fueron
oficializadas y en el caso de Tigre únicamente se avaló a la nómina liderada por el massista Luis Samyn Ducó, apoyado por el kicillofismo y La Cámpora.
En la resolución, la Junta sostuvo que en la lista encabezada por Mario Zamora, hermano del intendente, no se anotaron a tres candidatos a congresales provinciales titulares, un error que se reparó después del cierre. Pero el organismo consideró que eso fue «una falta de carácter insalvable» y suficiente para bajar la lista.
«La integración de la lista con posterioridad al día y hora del plazo, incluso considerando la prórroga oportunamente dispuesta, resulta inhábil para enmendar el incumplimiento, so pena de agraviar el derecho de igualdad entre los contendientes que debe respetarse, también como principio liminar de todo proceso electoral a fin de garantizar, debidamente, la democracia interna», sostiene el fallo.
La Junta también menciona que, como informó LPO, los apoderados de la lista massista denunciaron a Zamora por falsificar avales. El organismo interno sostuvo que «si bien es cierto que la invalidez de determinados avales no acarrea automáticamente la nulidad de una lista, se compromete la integridad de los mismos».
Más allá de las cuestiones de forma en la presentación de las listas, en el peronismo había una decisión política de impugnar las listas presentadas por dirigentes que en las elecciones legislativas del año pasado jugaron por fuera de Fuerza Patria. Zamora fue candidato a senador provincial por el frente Somos Buenos Aires, una alianza con el radicalismo, la Coalición Cívica y el Partido Socialista con la que sacó poco más de 4 puntos como candidato a senador por la Primera y con la que su lista quedó tercera en Tigre.
El intendente de Morón, Lucas Ghi
Por otro lado, la Junta Electoral del PJ bonaerense definió que habrá internas en varios distritos donde no se llegó a un acuerdo entre las distintas facciones del peronismo.
Los distritos grandes donde habrá contienda serán Morón, donde sigue la guerra entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella; San Miguel, donde se oficializaron tres listas; Tres de Febrero, donde competirán Alejandro Collia y Juan Debandi; y General Pueyrredón, donde competirán la lista camporista liderada por Daniel Di Bártolo y el kicillofismo con Adriana Donzelli.
También habrá internas en Navarro, San Antonio de Areco, Zarate, Lincoln, Balcarce, Lobería, Coronel Suárez y Tornquist, mientras que en varios distritos se postergó la oficialización de las listas.
