Sociedad

 

Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.

El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.

Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.

La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.

Los jueces santafesinos se sublevan contra la ley jubilatoria de Pullaro con una protesta inédita 

En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.

Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. 

Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.

El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.

Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido. 

Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.

«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.

En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.

Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.

Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.

Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario. 

 

 

Este viernes, juezas y jueces de distintos fueros participaron de una visita a la casa comunitaria Madre del Pueblo, un espacio territorial llevado adelante por el padre Damián, dedicado al acompañamiento de mujeres solas con sus hijos en un momento de profundo desgaste político judicial. 

De la actividad formaron parte las juezas Jimena Monsalve y Ángela Ledesma, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar y el camarista laboral Gabriel de Vedia y la presidenta de la Fundación AS, Anita Sicilia, quien regaló libros para las mujeres y niños que están transitando su vida en la casa comunitaria, como hacen en todo el país. 

La visita tuvo una fuerte carga simbólica y política. En un momento de creciente cuestionamiento al Poder Judicial, el gesto puso en primer plano una de las deudas más profundas del sistema judicial argentino: la protección efectiva de las mujeres y las infancias, los sectores más expuestos cuando la Justicia se vuelve distante, selectiva o desconectada de la realidad social.

El nombre del espacio tampoco resultó casual. Madre del Pueblo volvió a interpelar una agenda de género y derechos que recobró centralidad tras la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, leída por amplios sectores como una decisión atravesada por sesgos políticos, con impactos que exceden lo individual y alcanzan a millones de mujeres que sienten que la justicia no las cuida ni las representa.

Desde ese marco, Slokar volvió a advertir sobre una «pandemia silenciosa» dentro del Poder Judicial: la desconexión social. Según planteó, existe hoy una fuerte expansión de la conectividad digital, pero un deterioro del contacto real con el sufrimiento concreto de la sociedad. 

En ese sentido, remarcó que la tecnología y la inteligencia artificial no pueden reemplazar la presencia territorial, la escucha directa ni el compromiso humano.

Durante la visita, se insistió en la necesidad de reconstruir el vínculo comunitario y recuperar una justicia cercana. Frente a un tejido social fragmentado, se planteó una prioridad ética clara: los niños y las mujeres primero.

La actividad se inscribe en una línea de trabajo que viene sosteniendo desde hace más de dos años un amplio grupo de funcionarios judiciales desde la Pastoral Judicial, donde participan jueces como Cassanello, Ledesma, Erbetta y Slokar, con énfasis en la inclusión, la fraternidad y la presencia en las periferias. Esa postura está en sintonía con la idea de una «Justicia madre», promovida por el Papa Francisco y orientada a cuidar, reparar y acompañar a los sectores más vulnerables, en lugar de profundizar las desigualdades.

 

 

Cristina Kirchner se quedó con lugares estratégicos en la AGN y el Consejo de la Magistratura, dos organismos de control institucional clave para la oposición, y se activaron las alarmas entre los gobernadores peronistas que se reunieron el martes pasado en la Casa de La Pampa. Por allí pasaron Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Elías Suárez, Gildo Insfrán y Gustavo Melella para coordinar «la agenda parlamentaria» con alrededor de 20 legisladores, un encuentro que ilusionó a los que aspiran a construir oposición con autonomía de La Cámpora.

Los movimientos de la ex Presidenta, tal como informó LPO, son producto de las conversaciones que sus emisarios mantienen con el entorno de Karina Milei para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que van desde los más de 200 cargos en los juzgados federales hasta la Procuración General y los dos lugares vacantes en la Corte Suprema.

En ese contexto, Máximo Kirchner fue uno de los negociadores que pactó con Martín Menem los nombres de los tres auditores que se votaron a las tres de la madrugada de este jueves, en una escandalosa sesión y juraron luego de esperar escondidos atrás de las cortinas.

Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

«Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por los lugares en la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte», afirmó a LPO el jefe de uno de los estudios de abogados más importantes del país.

Ese acuerdo, que implicó sacarle un auditor al PRO, terminó con la designación de la polémica Rita Mónica Almada por LLA, Pamela Calletti por Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte y Juan Ignacio Forlón por el cristinismo, lo que causó malestar entre los sectores del peronismo que discuten el liderazgo de Cristina.

Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte.

La irritación se monta, además, sobre la reciente designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las embajadoras de San José 1111 en la Cámara Alta, como miembro del Consejo de la Magistratura. Esa designación produjo una concentración de dos cuatro sillas que le corresponden al PJ en manos de Cristina: además de la mendocina, ocupa un lugar en representación del Senado su colega Mariano Recalde, mientras que por Diputados asisten los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

Por eso, los jefes provinciales del peronismo volcaron su bronca en el grupo de WhatsApp que comparten este viernes. «Los kirchneristas se reparten los lugares entre ellos, sin apertura de diálogo ni ningún tipo de consenso», afirmó a LPO el asesor de uno de los gobernadores.

En esa cuenta cargan la AGN, el Consejo de la Magistratura y hasta las autoridades del bloque de diputados. Al mismo tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina en la negociación por el máximo tribunal y los jueces federales, un nicho de sumo interés para cualquier gobernador.

Uno de ellos fue terminante: «Con lo de la AGN, se saltearon todo y negociaron ellos directamente con el gobierno». «Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura», agregó.

Cerca del líder de La Cámpora explicaron que «Máximo fue parte de la negociación porque representa una parte importante del peronismo, fue consensuado, no se entiende que haya gente disgustada».

Cristina quiere ser la interlocutora del gobierno en la discusión por la reforma laboral

LPO informó sobre la voluntad de los gobernadores por acordar con el gobierno los cargos judiciales vacantes. Es verdad que en el enjuague que se cristalizó en la madrugada de este jueves, los gobernadores del norte se llevaron un auditor, pero la centralidad del acuerdo la tuvo Máximo Kirchner..

Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura.

En este marco, Cristina dejó trascender que hasta marzo no se discutirán las vacantes en el Poder Judicial, una afirmación lógica porque los pliegos se analizarían cuando el Senado retome sus sesiones ordinarias.

LPO reveló que Cristina quería convertirse en la interlocutora del gobierno en el debate por la reforma laboral y la CGT habría terminado de comprenderlo esta semana, cuando José Mayans comunicó que los peronistas no integrarían la comisión de Trabajo en el Senado ante la ilegalidad de la conformación diseñada por Patricia Bullrich para despojar a sus opositores. Fuentes legislativas comentaron a LPO que los dirigentes sindicales habrían planteado que el peronismo debía dar la discusión en cada instancia para introducir modificaciones, pero el formoseño habría seguido indicaciones de Cristina, con la amenaza de preparar el terreno para impugnar el desarrollo irregular del trámite en sede judicial.

Un senador y un diputado, por caso, admitieron que la jugada de la AGN habría circulado en la conversación con los gobernadores y luego habría llegado al bloque peronista, donde discutieron el asunto Máximo, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz. Esto acaso revela que la tensión entre Cristina y los gobernadores por quedarse con la interlocución del Gobierno, no necesariamente conduce a una ruptura. 

 

 

En el final de una semana dura para el Gobierno nacional, la influyente senadora Alejandra Vigo le advirtió a Patricia Bullrich que la sanción del Presupuesto no se®ea el paseo que imaginan en la Casa Rosada.  Luego de la manera en la que Provincias Unidas marcó la cancha en Diputados a La Libertad Avanza, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti advirtió este viernes que «los números del Presupuesto no cierran».

«Con la sola voluntad de los funcionarios no alcanza. Los números no cierran y este Presupuesto está lejos de la realidad. En primer lugar, el monto previsto es claramente insuficiente para compensar la deuda que el Estado nacional mantiene con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales», dijo Vigo, marcando el punto neural del conflicto de Córdoba con Milei, la crisis de la Caja de Jubilaciones, que obligó a Llaryora a sancionar una durísima reforma previsional para sortear el déficit que le genera Milei.

«Para dimensionar: a Córdoba le adeudan alrededor de $690.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas $122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias», agregó Vigo.

Llaryora ganó en simultáneas, empujó la derrota de Milei en Diputados y logró aprobar su reforma previsional en Córdoba

La senadora por Córdoba hizo un repaso de sus críticas a la ley de leyes y objetó, no sólo la situación de las cajas previsionales de las provincias, sino que además ratificó el pedido de reactivación de la obra pública y cuestionó el desfinanciamiento universitario, como así también en discapacidad.

Con la sola voluntad de los funcionarios no alcanza. Los números no cierran y este Presupuesto está lejos de la realidad. En primer lugar, el monto previsto es claramente insuficiente para compensar la deuda que el Estado nacional mantiene con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

Así, Vigo se subió a la ola de críticas que en el llaryorismo le hicieron al gobierno de Milei, en la semana le probaron el mentón a los libertarios en el Congreso. 

Vigo integra un pequeño bloque con el correntino Camau Espínola, pero coordinan con la salteña Royón, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Avila y la chubutense Edith Terrazi. Por eso su advertencia retumbó en la Casa Rosada, potencialmente son seis senadores que podrían objetar el presupuesto de Milei.

La dureza de Vigo con Patricia Bullrich, que decidió asumir el rol de autito chocador de Karina Milei en el Senado, sugiere acaso también un mensaje al interior del gobierno de Llaryora.

No es un secreto la sintonía entre la exministra de Seguridad y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros -uno de los integrantes del gabinete que no digiere el schiarettismo-. Quinteror tejió una buena relación con Bullrich que ahora muy difícil de trasladar al Senado.

Se les soltó el patín

Mucho más si Bullrich necesita de Luis Juez en un rol de aliado desde el interbloque y si el senador cordobés no morigera su munición contra Llaryora.

«Acá se verá qué tiene más peso para Milei en el Congreso: si la lengua karateka, pero solitaria de Juez o el puñado de diputados y la senadora que tiene Llaryora», dijo un ministro cordobés.

Acá se verá qué tiene más peso para Milei en el Congreso: si la lengua karateka, pero solitaria de Juez o el puñado de diputados y la senadora que tiene Llaryora.

De hecho, como reveló LPO, en el entorno del gobernador había cierta euforia contenida por como lograron terminar la semana con un doble triunfo: marcarle un límire a Milei en el plano nacional y sacar en Córdoba la difícil reforma previsional.

«Creían que la tenían más larga y nos tuvieron que venir a rogar el quórum. Sin nosotros, no había sesión. Por eso acá se ve la importancia de tener un grupo de diputados, que nos es de 30 como aspirábamos, pero es de 22 y alcanza para que tengan que venir a hablar», afirmó a LPO un colaborador del gobernador de Córdoba.

La endurecimiento de Llaryora ante la falta de definiciones del gobierno nacional, tuvo una previa a la sesión del jueves, como reveló LPO, cuando el martes por la noche, buscando evitar las detonaciones que luego se produjeron, el ministro Diego Santilli llamó al gobernador.

 

 

Axel Kicillof tiene decidido a impulsar a Augusto Costa como candidato en la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Producción se mueve en las comunas porteñas como el principal delegado del gobernador y en La Plata están convencidos que puede hacer una gran elección.

Costa tiene un perfil técnico y se mueve dentro del gabinete de Kicillof con una independencia que el resto de los ministros no tiene. Desde el inicio del gobierno se instaló en oficinas del gobierno en CABA y desde allí conduce sin problemas los hilos del ministerio de Producción.

Su cartera nació como un superministerio que incluyó áreas como Cultura y Turismo. Más tarde, tras la derrota en la legislativa de 2021, perdió Cultura que quedó para La Cámpora.

Costa es además vicepresidente de Vélez, un cargo que le permite hacer política en la Ciudad por fuera de la impronta que impone el gobierno de Kicillof.

Carlos Bianco en la facultad de Exactas.

Tiene un estilo propio y ajeno a la diaria de la Casa de Gobierno. Toma distancia de los intendentes y esquiva los pedidos para visitar parques industriales. Costa envía a segundas líneas e incomoda a los jefes territoriales que quieren ganarse un favor de los empresarios al acercar al ministro.

El fin de semana pasado, el axelismo desembarcó formalmente con actos en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron dos plenarios encabezados por ministros muy cercanos a Kicillof. Carlos Bianco estuvo al frente de un acto del Frente Popular Patria y Futuro en la UBA. En tanto, el Cuervo Larroque hizo su actividad de La Patria es el Otro acompañado por Costa.

Es la primera vez que los ministros del gobernador incursionan en territorio porteño con sus armados políticos. Las actividades se dieron además, cuando la carrera por la presidencia del PJ bonaerense está casi lanzada para suceder a Máximo Kirchner.

Augusto Costa y Andrés Larroque en el acto en Caba.

Kicillof y Costa se conocieron en la UBA, donde militaron juntos en la agrupación Tontos pero No Tanto (TNT) . Se transformó en su mano derecha, reemplazó a Guillermo Moreno en Comercio Interior y diagramó Precios Cuidados.

Estos movimientos del axelismo en la Ciudad ocurrieron cuando la carrera por la presidencia del PJ bonaerense está casi lanzada para suceder a Máximo Kirchner.

El presidente del PJ CABA es Mariano Recalde, un camporista que tiene -junto con Wado De Pedro- buenos vínculos con Kicillof. Los tres conforman una tríada referenciada con un perfil académico que supo ser muy cercana a Cristina.

Otro actor importante en el peronismo porteño es Juan Manuel Olmos que se quedó con la vicepresidencia del partido a través de Kelly Olmos. Desde el axelismo ven que Olmos tiene su terminal en Cristina Kirchner.