Inconsistencias ponen el ojo en la fortuna del candidato libertario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Las declaraciones juradas de José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, muestran un patrón de inconsistencias difíciles de justificar. El legislador valuó su sociedad Varianza SA en apenas un peso, a pesar de haber declarado el año anterior un valor de $50.000.
La anomalía llega en un momento políticamente explosivo para el economista, salpicado por el escándalo de la renuncia de Diego Spagnuolo en la ANDIS y por sus conocidos vínculos con Federico «Fred» Machado, detenido en Estados Unidos por narcotráfico.
Una empresa de $1 y propiedades que cambian de tamaño
El repaso de las declaraciones juradas de Espert en los últimos tres años revela un verdadero festival de datos insólitos que, según especialistas en ética pública, “no pueden atribuirse a simples errores de carga”.
Varianza SA: en 2023 se declaró con un valor de $50.000; en 2024 pasó a valer mágicamente $1. Un recurso que, en los papeles, implica que la firma carece totalmente de valor, en abierta contradicción con criterios contables y normativos.
Propiedades elásticas: su vivienda en Beccar pasó de 250 m² en 2023 a 472 m² en 2024. Más escandaloso aún es lo de una propiedad en Pergamino: de figurar con 1 m² en 2023, saltó a 212 m² en 2024.
Movimientos de dólares: sus depósitos bancarizados se desplomaron de US$34.000 en 2023 a solo US$281 en 2024, aunque los US$15.000 en efectivo que declaró siguen intactos.
Un contexto de escándalos y vínculos polémicos
La lupa sobre las finanzas de Espert no llega sola. Su cercanía con Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, es otro frente que lo complica. Spagnuolo renunció envuelto en un presunto esquema de coimas, y se lo vinculaba con el diputado de LLA en más de una oportunidad.
El pasado de Espert también vuelve a escena con fuerza. El empresario rionegrino Federico «Fred» Machado, detenido y acusado de narcotráfico a gran escala en los Estados Unidos, fue uno de los principales financistas de sus campañas políticas.
El combo es explosivo: un diputado oficialista al frente de la estratégica Comisión de Presupuesto, con patrimonios inflados y desinflados a gusto, propiedades de geometría variable, dólares que desaparecen y un historial de amistades peligrosas. No sorprende entonces que la Oficina Anticorrupción ya haya puesto el ojo en el legislador, cuya credibilidad se desmorona a la par de sus balances.
Voy a compartir una advertencia*. Una alarma sobre los peligros de permitir que el poder estatal, esta vez utilizando herramientas tecnológicas y discursos de odio junto a estereotipos de género, se manifieste contemporáneamente como dispositivo de disciplinamiento, censura y violencia institucional.
Me voy a valer de una imagen que remite a un grabado europeo del siglo XVII. Allí se puede observar a una mujer sometida por un casco de hierro que lleva una tenaza del mismo material, con el que se le presionaba la lengua para humillarla públicamente y silenciar a las “lenguas afiladas”. Conocido como “Brida” o “Regañona”, se le colocaba a las personas que eran consideradas una molestia pública por sus opiniones (en general, emparentado con mujeres a las que se denominaba con el mismo nombre que el artefacto: regañonas). Este montaje de castigo humillante guardaba la clara intención de silenciarlas a través del escarnio público.
La imagen nos permite comprender el fenómeno que abordamos en los días que corren, porque aunque las tecnologías han cambiado, la historia del castigo de las disidencias muestra un continuum que nos lleva al motivo concreto que hoy nos vincula: el trato punitivo a aquellas personas que critican o disienten con el poder, que se torna especialmente humillante cuando se trata de la disidencia de una mujer, en razón de la sempiterna ligazón en el poder punitivo y el poder patriarcal.
El hecho concreto sufrido por nuestra colega Julia Mengolini, públicamente atacada por diversas cuentas en redes sociales, profundizada por la viralización de videos generados con inteligencia artificial, noticias falsas, las cuales fueron compartidas y/o avaladas a través de comentarios por distintos funcionarios estatales; la campaña de descrédito que sufre, el feroz ataque de que es blanco, no es en nada casual, ni aislado.
Se trata de un acto de violencia punitiva, y también política, dirigido contra una mujer crítica, con la clara intención de silenciarla, de modo de dar un mensaje a otras y otros que se sienten disidentes: “Mirá lo que te puede pasar si hablás”, «Ojo, tené miedo», “No te metas”.
A propósito de los usos del poder punitivo
Desde siempre se utilizó el poder punitivo para homogeneizar, eliminar por distintos medios las voces disidentes; claro está, desde que su origen fue la propia persecución de –principalmente- brujas y herejes.
A veces opera con mecanismos formales -persecución penal oficial, es decir, criminalización conspicua y estricta-, en tanto otras con mecanismos informales -difamación, desacreditación, aplicación de violencias directas que, tal como enseñan Zaffaroni, Alagia y Slokar, lo que también constituye trato punitivo.
La violencia que se canaliza punitivamente no es sólo individual sino también colectiva: cualquiera que ingrese a ese grupo (el disidente) podrá sufrirlas. Y siempre es importante recordar que la violencia a la que se recurre para alcanzar dicho objetivo es una violencia ilícita, que suele valerse de mecanismos informales o incluso agencias del sistema penal formal, pero mediante prácticas ilegales.
¿Por qué el Estado recurre a la violencia ilícita para sancionarla? Porque cuando no alcanza el poder punitivo legal (que también se utiliza, como sabemos en el transcurso de los últimos días), la violencia ilícita, que infunde un terror mayor sobre el sujeto en concreto y sobre el resto del grupo de disidentes, siempre resulta más efectiva. En estos casos produce un proceso de represivización – que opera a través de un sistema penal informal o subterráneo – porque le da ventajas al poder, que lo hace a través del ejercicio de una pedagogía del miedo.
Por eso, al agredir a Julia, se procura disciplinar a muchas, y también muchos. La violencia que viene del Estado busca una función ejemplificadora: castigar para que otras/os observen y callen. No se trata de otra cosa que de un dispositivo de control social. Y por eso es parte del poder punitivo. Pero es ilícito porque utiliza medios no legales, hasta humillantes, crueles y odiantes para constituir ese castigo.
Sobre el poder patriarcal
Pero el caso en análisis reúne un componente más en este cúmulo de violencias punitivas: El poder punitivo se une a su complementario: el poder patriarcal. ¿Cómo lo hace? Jerarquizando vidas o inferiorizándolas: en las vidas y cuerpos a quienes busca domesticar/dominar.
La tácticas utilizadas para inferiorizar en el caso testigo son agresiones denigrantes, pero que se constituyen además atacando los roles que el propio patriarcado y la sociedad han impuesto a las mujeres: la sexualización, el cuestionamiento de las maternidades, la lisa y llana difamación ¿Por qué? Porque si primero la inferioriza, luego se puede construir un ser a quien ver como otredad, a quien se puede odiar.
Estas técnicas sirven al poder punitivo y al poder patriarcal para castigar o disciplinar a cualquier grupo al que se señale como enemigo. Si es por motivos raciales, culturales o políticos, siempre lo hace del mismo modo: primero denigrándolos, luego maximizando el ataque y finalmente habilitando la violencia explícita. Los ejemplos son múltiples y nos vienen rápidamente a la vista.
Esa violencia resulta, precisamente, por la modalidad disciplinante y atemorizante, una forma de mordaza (brida) encubierta. El mensaje que está detrás parece prístino: no se prohíbe cuestionar, pero se castiga a quien cuestiona. Y eso alcanza para generar miedo, luego silencio y censura. La pedagogía del miedo opera disciplinarmente obturando, entre otras cosas, el básico presupuesto democrático de comunicar e informar.
El odio algoritmizado
La novedad de este tiempo es que ahora esa violencia no necesita de regañonas ni bridas. Basta con una red social, una cuenta (mejor, oficial) y un software de inteligencia artificial.
Cuando el Estado -o sus funcionarios- replican, masifican, se valen de la IA para fabricar o reproducir falsedades, y lo hace desde un lugar privilegiado de poder. No es una broma, no es un error, no es un exceso: se trata de una planificada estrategia de hostigamiento algorítmico. Y cuando ese hostigamiento se dirige a mujeres, o disidentes en términos políticos, estamos hablando de violencia tecnológica institucional.
Aunque obvio, hoy presenciamos lo que Byung-Chul Han llama un régimen de «infocracia»: una forma de gobierno basada en el exceso de información, en el que los datos sustituyen a la verdad -la posverdad- y donde la comunicación pública ya no promueve el pensamiento crítico, sino la polarización emocional. Las redes sociales y sus algoritmos no favorecen el debate democrático, sino la viralización del escándalo y la erosión del juicio colectivo. En la infocracia, la información se fragmenta, se acelera, se simplifica y termina por sustituir el razonamiento por reacción.
Así, el disciplinamiento promovido desde el poder se vuelve casi inevitable: es el algoritmo el que hace circular el odio, lo alimenta, y lo convierte en poder punitivo informal. Este régimen de información promueve una nueva tecnología para el control social, ya no solo sobre los cuerpos sino sobre la psique a través de una aparente libertad: compartir en redes sociales.
Suele decirse que el dataismo de la infocracia no necesita ideología. Aunque debemos advertir que eso no significa que no sea utilizada por ideologías con sesgos autoritarios para señalar con sus mensajes: los relatos pueden ser sustituidos por los recuentos algorítimicos, pero la creación de la falsedad o el odio es realizado por alguien hasta su viralización reproductora.
En ese universo la lengua del odio encuentra el terreno perfecto para multiplicarse. No porque sea verdadera, sino porque es rentable, porque genera likes, viralidad. Y cuando ese discurso proviene o es reproducido por el Estado, se vuelve doblemente peligroso. Primero porque es performativo por esencia, y porque además no encuentra resistencias cognitivas en una sociedad saturada de información, aunque vaciada de verdad.
Y los discursos de odio tienen una función precisa en la maquinaria del castigo: preparan el terreno para la violencia real, a veces hasta letal.
Como señalamos previamente, primero se deshumaniza, se niega que esa persona tenga valor, derechos, voz. Se transforma en “enemiga”, en “anómala”, en “mentirosa”. Después, ya no cuesta tanto investigarla, amenazarla, callarla, agredirla, o incluso eliminarla.
El Estado necesita justificar para castigar. Por eso los perpetradores utilizan las técnicas de neutralización de valores, al trivializar el daño, culpar a la víctima y apelar a lealtades superiores.
Responder a las violencias, responsabilizar a las violencias
Frente al escenario gruesamente simplificado, cabe preguntar acerca del rol del Derecho (con mayúscula), y qué consecuencias conllevan estas prácticas violentas.
Necesitamos una respuesta urgente. Jurídica en tanto el derecho debe ser constitutivo de paz y verdad. Por ello debemos preguntarnos por la respuesta: el responder, en términos de responsabilidad.
En primer término, podemos decir que existirá frente a toda violencia institucional -formal o ilícita- una responsabilidad que debe ventilarse en el plano político partidario.
En segundo lugar, sin dudas, de acuerdo al marco normativo supranacional internacional, en especial los instrumentos de DD HH y los compromisos asumidos en el orden universal y regional, estas prácticas y acciones concretas constituyen un ilícito del orden internacional.
Finalmente, basta repasar – al menos- el art. 3 segundo párrafo de la Ley Antidiscriminatoria N.º 23.592, para verificar que nuestro sistema penal criminaliza especialmente “a quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Los estándares legales y jurisprudenciales permiten considerar que la acción estatal que se examina —desde el momento en que reproduce desde cuentas oficiales, con contenido falso y elementos estigmatizantes de género y políticos— no sólo repugna a un entendimiento democrático básico, sino que puede encuadrarse típicamente como incitación al odio político, prohibido por la legislación vigente.
El rol del Estado
No puede haber neutralidad institucional frente al odio.
El Estado debe abstenerse de discriminar, pero también prevenir y sancionar las conductas que así lo realicen, incluyendo las violencias en redes sociales.
El Estado no puede ser un emisor de odio ni convertirse en un agresor que utiliza herramientas tecnológicas para disciplinar. Porque cuando lo hace, no sólo ataca a una persona o un grupo de personas, sino que erosiona el soporte democrático. Peor: convierte la expresión libertad en un acto peligroso.
Hoy, más que nunca, debemos defender el derecho a hablar, disentir y ocupar el espacio público sin miedo a ser destruidas. No hay democracia posible si el precio de la mera disidencia es la humillación pública.
No puede haber retorno a la regañona.
*Este texto es la adaptación de la participación de la autora en la conferencia “Inteligencia Artificial y violencia estatal: el caso testigo de Julia Mengolini” en la Facultad de Derecho de la UBA, el 15 de julio de 2025.
El tablero político y económico argentino está al rojo vivo. La recesión, el malestar industrial y las elecciones de octubre encendieron las alarmas no sólo en los despachos empresarios sino también en la Embajada de Estados Unidos. Como señala el periodista Leandro Renou en Página/12, la relación entre el establishment local, Milei y los enviados de Washington atraviesa un momento de máxima tensión.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Crisis fabril y silencio calculado
Los alfiles de Paolo Rocca, desde Techint hasta la propia Unión Industrial Argentina (UIA), ya no ocultan la gravedad de la situación. En la última mesa chica, Martín Rappallini, titular de la central fabril y hombre de Rocca, habló de “devastación” productiva y advirtió que la industria está 10 puntos por debajo del 2023. Aun así, transmitió la orden política: “mantenernos al margen de opiniones políticas, al menos hasta noviembre”.
La UIA, otrora complaciente con los ajustes, cambió el tono. Pide un ajuste con crecimiento para evitar que el gomón ya pinchado termine de hundirse. El dato es letal: los metalúrgicos de ADIMRA tienen hoy un salario promedio de apenas 900 mil pesos, un número que refleja con crudeza la parálisis fabril.
El mapa electoral que teme Milei
Los industriales hacen sus propias encuestas y el panorama no es alentador para el oficialismo. En provincias productivas como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, la expectativa es de derrota para Milei, con un rojo especialmente duro en San Nicolás y Villa Constitución, donde la destrucción industrial arrasa. En cambio, esperan que el libertario conserve votos en Mendoza y Chaco.
El deterioro económico y el cierre de empresas golpean a los distritos más fabriles del país, un déjà vu de lo que ya se vive en los municipios industriales del Conurbano bonaerense. La bronca social se acumula y amenaza con traducirse en las urnas.
Washington en modo “perfil bajo”
La Embajada estadounidense también ajustó su libreto. Tras el aterrizaje torpe de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, y la presión sobre Caputo para acelerar la liquidación de dólares, Washington decidió enfriar gestos de respaldo público a Milei. El enojo de los farmers norteamericanos por la pulseada sojera dejó en evidencia la torpeza de esa jugada.
Incluso, según reconstruyó Renou, circuló un video de Peter Lamelas, nuevo embajador designado, donde cargaba contra Cristina Fernández de Kirchner y defendía intervenciones directas en provincias argentinas. El material fue ocultado: en la Embajada saben que la sociedad argentina rechaza la intromisión extranjera y que cualquier gesto fuera de lugar puede encender más resistencias.
El círculo Caputo-Pazo y las coincidencias PRO
En este tablero aparece también Juan Alberto Pazo, titular de la ex AFIP (hoy ARCA), empresario agropecuario y viejo socio de Caputo. Pazo no sólo negocia con los ruralistas; también figura en la red de sociedades armadas con el propio Caputo, Santiago Bausili y otros exfuncionarios del macrismo, como Mariano Federici.
La trama converge en Invernea, un fondo que concentra inversiones en agro y ganadería y que hoy tiene entre sus socios a Pazo y familiares directos de Caputo. Un esquema calcado de los negocios y favores cruzados que ya habían montado en tiempos de Macri.
Agua al cuello
La combinación de recesión, salarios pulverizados, elecciones inciertas y presión extranjera dibuja un escenario crítico para Milei. En los círculos de poder, tanto locales como internacionales, empieza a calar la idea de que el gobierno libertario se queda sin aire antes de tiempo.
Como ironizó un industrial en la reunión de la UIA, cuando se hablaba de un eventual rescate de Trump: “No te salva ni Obama de esto”.
El mismo Espert confesó su relación con Fred Machado
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, encabezado por Germán Martínez, pidió la remoción de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tras quedar expuesto su vínculo con el empresario Federico Andrés Fred Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.
Martínez fue categórico en redes sociales: “José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, disparó en X.
José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR
Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo.
No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión.
El propio Espert reconoció públicamente su relación con Machado. En una entrevista con TN, admitió: “En enero del 2019 agradecí a una persona que me habían presentado, que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Ahora, si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”.
En la misma línea, se victimizó acusando al kirchnerismo de “campaña sucia” y recordó supuestos casos anteriores: “Pasó en 2005 con Enrique Olivera, en 2009 con De Narváez, en 2017 a Patricia Bullrich. No se renuevan, siempre vuelven con lo mismo”.
Documentos de EE.UU. que lo comprometen
Pero el intento de relativizar la situación se complica: la Justicia de Estados Unidos demostró vínculos financieros concretos entre Espert y Machado. Documentos contables revelan que el 1° de febrero de 2020, el economista libertario recibió un giro de u$s200.000 proveniente del empresario hoy detenido.
Machado, bajo prisión domiciliaria desde 2021, está acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” junto a su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de cárcel en Texas. El esquema incluía lavado de dinero mediante la compra de aviones y el uso de empresas fantasma, según registros incautados por el IRS.
Avance judicial y nuevas citaciones
El dirigente social y abogado Juan Grabois anunció que en las próximas horas presentará una denuncia formal contra Espert en la justicia federal de San Isidro. Uno de sus letrados, Nicolás Rechanik, explicó en Radio 10 que la presentación pedirá también la citación de Lilia Lemoine, Luis Rosales —compañero de fórmula de Espert en 2019— y Nazareno Etchepare, exjefe de campaña.
Escándalo en la Comisión de Presupuesto
La situación genera un terremoto político. Que el titular de la comisión encargada de discutir el Presupuesto 2026 aparezca vinculado con un financista acusado de narcotráfico en Estados Unidos no es un dato menor.
Para Unión por la Patria, la continuidad de Espert en ese cargo es insostenible. El reclamo apunta directamente a preservar la institucionalidad frente al avance del narcotráfico y sus tentáculos en la política argentina.
El silencio cómplice de Milei y La Libertad Avanza
Hasta el momento, ni Milei ni los principales refere
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Están en todas partes, aunque no lo sepamos. Desde el celular que usamos a diario hasta las turbinas eólicas que prometen un futuro energético más limpio, los Elementos de Tierras Raras (ETR) son la materia prima de la modernidad. Este conjunto de 17 metales –15 lantánidos más itrio y escandio– se encuentra en productos médicos, electrónicos, energías renovables y hasta en el desarrollo militar. Y aunque su nombre suene a exotismo, lo cierto es que la Argentina tiene mucho que decir en esta historia.
Un mapa mineral codiciado
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) ya identificó depósitos de ETR en al menos ocho provincias: Salta, Jujuy, San Juan, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires. Entre ellos figuran lugares como Rodeo de los Molles (San Luis), Valle Fértil (San Juan) o Barker (Buenos Aires). En 2022, el organismo estimó 190.000 toneladas de recursos comprobados y un potencial que supera los 3,3 millones de toneladas.
El desafío, como remarcan especialistas como Ricardo Etcheverry (Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires), está en transformar esos recursos en reservas explotables. Los procesos para extraer y separar las tierras raras son complejos y costosos, y la mayoría de los yacimientos aún están en etapas iniciales de exploración.
Potencia estratégica o saqueo anunciado
No es casual que en el tablero geopolítico global las tierras raras aparezcan como una ficha clave. China concentra el 70% de la producción mundial, seguida a distancia por Estados Unidos, Australia y Myanmar. En Sudamérica, Brasil ya avanza con políticas de Estado, centros de investigación y proyectos de explotación. La Argentina, en cambio, sigue hablando en potencial.
Pero el interés de Washington es evidente. Como recordó Noticias La Insuperable en otros casos vinculados al litio, los minerales críticos ya forman parte de las mesas de negociación con Milei y su ministro Caputo. No es casual que en su reciente encuentro en Nueva York, Donald Trump haya ratificado un respaldo político y financiero a cambio de nada, según el propio Caputo. La historia enseña que cuando EE.UU. dice “nada a cambio”, en realidad se refiere a acceso a recursos estratégicos.
Riqueza y riesgo ambiental
Los ETR son esenciales para la transición energética y la carrera tecnológica, pero su explotación trae aparejados serios riesgos ambientales. Como advirtió la geóloga Liliana Castro (UBA), cualquier explotación minera –a cielo abierto o subterránea– tiene impactos, y en el caso de las tierras raras estos son especialmente delicados por los residuos químicos que dejan los procesos de separación. La llamada “licencia social” será clave: sin el consenso de las comunidades, no habrá proyecto viable.
Además, solo uno de cada cien prospectos termina convirtiéndose en yacimiento, lo que obliga a inversiones a riesgo durante años, sin garantías de éxito. Y mientras tanto, los lobbies extranjeros avanzan para asegurarse contratos y memorandos que hipotequen el futuro.
Una ventana de oportunidad… ¿para quién?
La Argentina tiene litio, cobre, uranio y ahora tierras raras. Todo lo que las potencias industriales necesitan para sostener su “transición verde” y sus industrias militares. Sin embargo, la pregunta es si esos recursos se convertirán en palanca de desarrollo nacional o en otro capítulo del viejo saqueo de nuestras riquezas naturales.
Porque el camino no es solo tecnológico ni económico. Es también político. Defender las tierras raras como recurso estratégico significa discutir su explotación bajo control nacional, con valor agregado en el país y con una mirada ambiental que no sacrifique comunidades en nombre del progreso ajeno.
En tiempos en los que Milei se arrodilla ante Washington y habla de “hermandad” con Trump, el riesgo de que estas riquezas terminen en manos extranjeras es tan real como la oportunidad que significan.
El candidato libertario figura en los registros contables de Fred Machado.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Golpeado por el escándalo de las coimas que ya lo vinculaba a Diego Spagnuolo, ahora José Luis Espert aparece aún más complicado: documentos de la justicia de Estados Unidos prueban que recibió financiamiento del empresario rionegrino Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y fraude millonario. La transferencia, por 200 mil dólares, forma parte del expediente de tribunales federales de Texas y pone en jaque al hombre que Milei eligió como candidato en la provincia de Buenos Aires.
Un giro imposible de ocultar
La revelación fue publicada por el periodista Sebastián Lacunza en ElDiarioAR: fiscales de Texas atribuyen a Machado y a su socia estadounidense, Debra Lynn Mercer-Erwin, la contabilidad de un fideicomiso que detalla un “wire out” fechado el 1 de febrero de 2020: US$200.000 para José Luis Espert. Ese registro integra la causa en la que Mercer-Erwin ya fue condenada a 16 años de prisión y en la que Machado está procesado, detenido en Viedma a la espera de una extradición que la Corte Suprema mantiene trabada.
Vínculos desde la campaña 2019
Los lazos entre Espert y Machado no son nuevos. En 2019, el entonces candidato presidencial viajó a Viedma en un avión del empresario acusado de narcolavado. Incluso circula un video donde el propio Espert agradece públicamente a “Fred” por “los servicios prestados”. A pesar de ello, nunca declaró aportes de Machado en sus balances de campaña.
Ese mismo año, Espert se convirtió en propietario de una lujosa casa con pileta en Beccar y, poco después, de un BMW coupé valuado en más de 90 mil dólares. La Justicia ahora investiga si parte de esos bienes se financiaron con los giros provenientes del fideicomiso narco.
La denuncia de Grabois
El hallazgo de la contabilidad paralela fue realizado por el equipo de Juan Grabois, que denunció a Espert en los tribunales federales de San Isidro por lavado de activos. El expediente quedó en manos del juez Lino Mirabelli y el fiscal Rodolfo Domínguez. Según la presentación, los dólares podrían provenir tanto del esquema Ponzi con aviones como del narcotráfico.
Un fraude de escala continental
El fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, radicado en Texas, aparece como pantalla de un fraude que superaría los US$350 millones. Bajo el pretexto de registrar aviones, los fondos de supuestos compradores eran desviados para alimentar un esquema Ponzi o financiar operaciones ilegales. Varias de esas aeronaves terminaron confiscadas en Guatemala, Colombia o Venezuela, cargadas de cocaína.
Benefactor y beneficiado
Machado, defendido entre otros por el abogado Francisco Oneto —también letrado de Milei en la causa cripto $Libra—, niega los cargos de narcotráfico pero admite haber desviado fondos de inversores. En paralelo, Espert guarda silencio: ni desmiente ni explica cómo su nombre aparece en un registro secreto de la justicia norteamericana con un giro de seis cifras.
El silencio que lo condena
La relación Espert-Machado estuvo plagada de favores: vuelos de campaña, autos prestados, financiamiento en efectivo. Hasta excolaboradores como Lilia Lemoine lo acusaron de “robarse la plata de la campaña” y de tener “problemas con narcos”. Hoy, con Milei en la Casa Rosada, Espert pasó de enemigo a “profesor” y espada legislativa, pero el escándalo amenaza con dinamitar esa alianza.
Porque lo que hasta ahora era un rumor de pasillo quedó estampado en documentos judiciales: 200 mil dólares de un empresario acusado de narcolavado en las cuentas de Espert. Y eso no hay marketing libertario que pueda tapar.
