Mientras Luis Caputo admite que no tiene los dólares para afrontar los vencimientos de deuda del año que viene, en el campo salieron a advertir que en 2026 dejarán de ingresar 2.000 millones de dólares por las inundaciones que golpean al centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires.
En la Confederación de Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carbap, calculan que alrededor de 1.5 millones de hectáreas quedarán improductivas en esta campaña frente al avance del agua, que atribuyen directamente a la falta de obras hidráulicas, sobre todo en la Cuenca del Salado.
En la entidad alertan que «la ventana de siembra de soja y maíz se cierra aceleradamente» y que si la superficie afectada tenía previsto sembrar un 60% de soja y un 40% de maíz, «están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026».
Además del impacto que tendría directamente en los productores y la cadena de pago, en Carbap señalaron que también golpeará a la recaudación estatal. «La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer», acusaron.
Como contó LPO, en la región afectada crece el malestar de productores inundados con el gobierno de Javier Milei, no solo por las obras frenadas en la Cuenca del Salado, sino también por la escasa ayuda en materia de maquinaria y recursos, mucho menor a la prometida por Patricia Bullrich cuando visitó la zona.
Ahora, la bronca se expande porque el presupuesto nacional 2026 no incluye obras hidráulicas en el Salado. En Carbap señalaron que, sólo en la región de esa cuenca, Nación recauda más de 1.000 millones de dólares anuales en retenciones.
Además, recordaron que Milei sigue cobrando el impuesto a los combustibles creado justamente para financiar obras de control de inundaciones. «Sin embargo, el Presupuesto Nacional 2026 no asigna ni un peso para las obras del Salado. Una omisión incomprensible y de un impacto económico gigantesco», acusó Carbap.
En Carbap alertan que «la ventana de siembra de soja y maíz se cierra aceleradamente» y que si la superficie afectada tenía previsto sembrar un 60% de soja y un 40% de maíz, «están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026».
Y agregaron: «Frente a quienes repiten que ‘no hay plata’, la respuesta es simple y contundente: En esta cuenca sí hay plata: la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años».
Estimaciones realizadas por la entidad a partir de imágenes satelitales tomadas la semana pasada, exponen que, en la actualidad, hay 2 millones de hectáreas inundadas y casi 3.8 millones afectadas, o sea, que quedaron fuera de producción.
Bolívar es el distrito más golpeado, con casi 170 mil hectáreas afectadas por el agua. Le siguen 9 de julio (con más de 136 mil hectáreas), Pehuajó (casi 110 mil), 25 de mayo, Lincoln y Casares (los tres distritos con cerca de 105 mil hectáreas afectadas).
Carbap también le reclamó a los intendentes por la falta de mantenimiento de los caminos rurales a pesar de cobrar «la tasa vial -crecientemente onerosa-, las guías de traslado y además reciben el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural».
Al gobierno bonaerense, en tanto, le cuestionaron que el presupuesto 2026 «propone un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario (mas de 70 millones de dólares adicionales), pero destina poco mas de 4 millones de dólares al Plan Maestro». «La desproporción es evidente y, sobre todo, inaceptable», acusaron.
Frente a eso, en Carbap exigieron como «objetivo concreto, urgente e innegociable» que, para 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado «deben estar terminadas en su totalidad». «No se trata de un slogan ni de una expresión de deseo. Es una obligación moral, productiva y social», señalaron.
El Gobierno celebró un superávit financiero de $517.672 millones en octubre. Pero al mirar el número de cerca, el truco simple: esconde debajo de la alfombra los intereses de la deuda, justo la partida que más crece.
Los números oficiales muestran que el Sector Público Nacional mantiene las cuentas en terreno positivas, incluso con superávit financiero, el más difícil de conseguir.
Pero la fachada se vino abajo en seguida. Los especialistas advierten que el gobierno cuenta del gasto total, solo aquello que efectivamente se pagó, sin sumar la deuda flotante. Y que, además, esconde intereses de deuda debajo de la alfombra.
«Si salimos de la medición caja de las cuentas fiscales, y a los intereses pagados le sumamos los intereses capitalizados que se traducen en más deuda, el resultado financiero acumulado a octubre es un déficit de 2,3% del PIB», publicó en el economista Nicolas Gadano en X.
El planteo de Gadano es aceptado por propios y ajenos. «No había forma de mostrar una foto robusta sin reordenar los devengados. La contabilidad no miente, pero permite ciertos encuadres», justificó un ex funcionario del ministerio de Economía y agregó «el superávit es la joya de la corona del oficialismo; si falla, se cae todo el andamiaje discursivo».
Si salimos de la medición caja de las cuentas fiscales, y a los intereses pagados le sumamos los intereses capitalizados que se traducen en más deuda, el resultado financiero acumulado a octubre es un déficit de 2,3% del PIB.
La frase expone el corazón del problema: el relato del superávit parece fuerte, pero se apoya en una arquitectura contable que exige cada vez más creatividad con los números, forzados por una realidad que no acompaña.
Ocurre que la recaudación cae mientras los intereses de deuda aumentan por encima de la inflación. Según el IARAF, el superávit primario nacional cayó 16% interanual en términos reales. La recaudación de octubre fue de $11,9 billones, bajó un 2,4% real respecto de 2023.
Y el superávit financiero se derrumbó 25%. No hay magia: hay menos recaudación y más intereses. Por eso, bien calculado el déficit financiero volvió con fuerza.
El golpe vino por los dos frentes: por un lado Bienes Personales, que mostró la mayor caída, efecto del blanqueo del año pasado y de la rebaja del régimen especial que todavía impacta en la base imponible. Y por el otro, retenciones, debido a la liquidación anticipada de divisas para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones, que dejó un bache que ahora se nota.
Mientras tanto, el gasto en intereses de la deuda, contabilizados sin los capitalizados que se esconden «debajo de la línea», subieron 4,3% real.
Es por eso que lo analistas remarcan que el ajuste empieza a encontrar sus límites. Con una recaudación que afloja, intereses que suben, retenciones que recortan su aporte y un enfriamiento de la actividad que ya se siente en varios rubros, la narrativa del superávit limpio empieza a enfrentar nubarrones.
Arrancó en la sede de la CEPAL la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina, un espacio de trabajo convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El encuentro reúne a autoridades provinciales, especialistas, organismos multilaterales y representantes de gobiernos subnacionales de la región.La apertura de la jornada estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. La agenda de actividades prevé una mesa internacional sobre tendencias globales en políticas productivas, una sesión dedicada a los avances de la Hoja de Ruta Federal para el Desarrollo Productivo y un diálogo con gobernadores y autoridades de la región en el marco de REDEPRO.Salazar-Xirinachs destacó que «el mundo atraviesa una etapa marcada por tensiones geopolíticas y una competencia global por el liderazgo tecnológico. En este contexto, la banca de desarrollo es más necesaria que nunca: es el instrumento capaz de transformar ahorro en inversión productiva y de sostener estrategias industriales de largo plazo. América Latina ya vivió dos décadas perdidas y hoy enfrenta el riesgo de una tercera si no impulsa políticas productivas ambiciosas, territoriales y coherentes. O iniciamos un camino decidido de desarrollo o retrocedemos. Espacios como este son fundamentales para diseñar instituciones más sólidas, fortalecer capacidades provinciales y construir una agenda que permita que nuestras economías generen empleo, innovación y oportunidades para toda la región.»
Jornada de la CEPAL en Chile.
Por su parte, Lamothe señaló: «Para el desarrollo de Argentina es fundamental cooperar entre provincias y compartir saberes que están distribuidos de manera diversa en todo el territorio. Uno de los principales desafíos que enfrentan nuestras pymes es el acceso al financiamiento, y por eso venimos trabajando junto a las provincias en desarrollar instrumentos que acompañen ese proceso. Pero el propósito de fondo es más amplio: necesitamos una agenda de desarrollo productivo que impulse nuevas capacidades, que fortalezca sectores estratégicos y que genere oportunidades en cada región. Instancias como esta nos permiten pensar colectivamente cómo diseñar mejores políticas productivas y cómo articular a todo el país para agregar valor, innovar y ampliar la base productiva de la Argentina.»
El encuentro reúne a especialistas de FAO, CORFO, CAF y BID, quienes compartirán miradas internacionales sobre innovación, gobernanza productiva, financiamiento y experiencias comparadas de bancos de desarrollo. También está prevista la participación de autoridades de Ecuador, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú para fortalecer el intercambio regional. Asimismo, en el marco de REDEPRO, gobernadores y referentes subnacionales participarán de un espacio de intercambio orientado a fortalecer capacidades, promover agendas regionales conjuntas e impulsar proyectos de alto impacto.
Además, este martes continuará el trabajo con una agenda centrada en los desafíos de la banca de desarrollo, la gobernanza de los instrumentos de financiamiento productivo y la presentación de la estrategia del CFI en materia de financiamiento para el desarrollo. La jornada concluirá con una mesa de ministros y ministras donde cada provincia expondrá sus compromisos y próximos pasos en el marco de una hoja de ruta hacia el desarrollo federal.
Paolo Rocca aprovechó un viaje de Sandra Pettovello a Dubai para forzar al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a presentar un proyecto sobre «Libertad Educativa» este lunes, en una reunión de asesores del Consejo de Mayo, el ámbito creado por Javier Milei para darle forma al insustancial Pacto de Mayo.
La iniciativa de Rocca y Torrendell, a la que accedió LPO en exclusiva, es un mamotreto de 34 páginas y 136 artículos que barre brutalmente con la Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, y transfiere a las familias el poder de decisión para definir la oferta educativa para sus hijos.
El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como logró colar a Julio Cordero como secretario de Trabajo, también impuso al ex director de la Escuela Técnica Rocca, Ludovico Grillo, como director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).
Con un secretario de Estado y un director nacional, le sobran bíceps para tomarle a Pettovelo el ministerio de Capital Humano. Pero la jugada de Rocca con Torrendell acaso avance sobre terreno firme por la bronca de Karina Milei contra Pettovello, tal como reveló LPO después del escándalo de las coimas de la Andis, cuando la secretaria general de la Presidencia sospechó de la ministra y quiso correrla para poner al secretario de Educación.
El borrador del proyecto fue circulado por Torrendell y cuenta con anotaciones formuladas al margen del archivo por el director nacional de Gestión Universitaria, Matías Zubiría, un funcionario ubicado bajo el paraguas del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez. Zubiría apunta, sobre todo, contra dos artículos que tocan la ley de Educación Superior y pondrían en pie de guerra, otra vez, a las universidades.
El proyecto Techint modifica a través del artículo 126° el artículo 6° de la ley de Educación Superior, atacando la autonomía universitaria con definiciones de actividades formativas «sincrónicas» y «asincrónicas». «Hablar de qué es cada cosa es limitar lo creativo que podría venir del propio sistema», avisó.
Pettovello.
También modifica los parámetros para pautar el presupuesto, un tema explosivo. «El aporte estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo, la actividad científica y tecnológica y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional, aplicando estos criterios para asignar montos incrementales», dice el artículo 128°.
El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como metió a Julio Cordero en Trabajo, impuso a Ludovico Grillo en el INET.
Zubiría advierte que ese tópico se cambió en el artículo 58° de la ley vigente, fijando que «el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional».
Como sea, fuentes del Consejo de Mayo reconocieron ante LPO que también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, tenía prevista una reunión con algunos de sus miembros, para explicar la importancia del proyecto que debería pasar por el Congreso. «Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger», comentaron.
LPO consultó tanto al entorno de Torrendel como de Pettovello. Cerca del secretario de Educación no brindaron explicación alguna mientras que en el equipo de la ministra alegaron desconocimiento sobre la agenda del Consejo de Mayo. Nada respondieron sobre las vacaciones en Dubai.
Rocca viene de lanzar duras críticas al gobierno de Milei en el encuentro de empresarios de la semana pasada. «Con la política monetaria no alcanza», dijo, y reclamó la intervención del Estado para el desarrollo: «Argentina necesita una estructura industrial fuerte. No puede irse solo con recursos naturales».
En efecto, Rocca mencionó las falencias del sistema educativo la semana pasada en la convención de la UIA, tal como informó LPO. «El sistema educativo debe volver a la esfera nacional», planteó el dueño de Techint, y criticó la provincialización de los 90′ que fragmentó el sistema: «Hay algo que no está funcionando como debería», dijo.
Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger.
Sin embargo, el título III del proyecto se mete con criterios de financiamiento previstos en la Ley de Financiamiento Educativo promulgada en 2005 y vuelve a desmontar la responsabilidad del Estado nacional en el sostenimiento de las escuelas y el salario de los docentes. Si bien el expediente Techint establece una responsabilidad compartida entre el gobierno central y las provincias en su artículo 67°, también fija la «complementariedad» entre las jurisdicciones para que «el Estado apoye a las instituciones educativas y actores sociales cuando éstos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación, sin reemplazar su iniciativa ni limitar su autonomía».
El rumor de la existencia de este proyecto puso en alerta a los sindicatos docentes, porque propondría un retorno a etapas de fin del siglo pasado. De hecho, la desregulación de los 90′ atendía a desligar al Estado nacional de la responsabilidad para sostener a las escuelas en las provincias, con los salarios de los docentes y sus auxiliares.
José Antonio Kast representará a la derecha chilena en la segunda vuelta. Con esa ecuación despejada, el resultado de las elecciones de este domingo parece anecdótico: la comunista Jeanette Jara se impuso con el 26,8 por ciento de los votos, pero sus chances de llegar a la presidencia ahora son mínimas.
El 23,9 por ciento que obtuvo Kast se ve a simple vista como un resultado magro, un piso menor al que obtuvo en la elección de 2021, cuando también accedió a segunda vuelta, pero en el Chile de hoy es casi una hazaña: no sólo logró mantener su vigencia, sino que aumentó su caudal de votos, evitó el sorpasso del otro candidato de ultraderecha –Johaness Kaiser, un ex diputado de su partido, que alcanzó el 13,9 por ciento– y volvió a doblegar a la centroderecha, esta vez representada por Evelyn Matthei, que se quedó en 12,4 por ciento. Ambos candidatos se trasladaron al comando de Kast casi inmediatamente después de que se conocieran las primeras tendencias, y le confirmaron su apoyo.
Visiblemente cansado, con el mismo tono seco y apagado con el que dirigió su campaña, Kast agradeció la foto de unidad de las derechas y volvió al guión que ejecutó prolijamente durante todos estos meses.
–Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país, pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico.
Kast: de pinochetistas nostálgicos a liderar la derecha
El Partido Republicano, la fuerza con la que Kast quebró la unidad de la derecha hace menos de una década, se convirtió ayer en la bancada más grande del Congreso. Fue gracias a ese armado territorial que Kast pasó de ser un candidato de pinochetistas nostálgicos (que en 2017 le dieron el 8 por ciento de los votos) a superar a todo el resto de sus competidores y protegerse de los vaivenes cada vez más agresivos de la política chilena y su electorado, experto en triturar liderazgos y expectativas en tiempo récord. Kast había perdido el aura de novedad y cierto impulso anti establishment, pero cultivó un despliegue y una disciplina partidaria que lo recompensaron.
Militante ultracatólico, perteneciente al movimiento apostólico Schoenstatt, de origen alemán, Kast es uno de los pocos políticos chilenos que ha recorrido todo el país. Aunque ahora aparenta un perfil más moderado, cuando en esta campaña le preguntaron por sus posiciones sociales –como su oposición, tan temprana como reaccionaria, a la distribución de la píldora del día después– decía que él “sigue siendo el mismo”. Que no ha cambiado. Sus seguidores sostienen que es un hombre de “convicciones firmes”; sus detractores, algunos de derecha, dicen que es esta rigidez ideológica la que lo vuelve peligroso.
En 2016 abandonó la UDI, el partido heredero del pinochetismo, alegando que el partido se había alejado de sus valores fundacionales, el legado de Jaime Guzmán, un abogado del Opus Dei que fue el cerebro político del régimen de Pinochet y el ideólogo de la Constitución de 1980, todavía vigente. Kast conoció a Guzmán cuando entró a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica a principios de los ochenta, todavía en dictadura, y se considera su discípulo. Guzmán, el arquitecto del sistema político de la transición que se reventó en el estallido, postulaba que la derecha tenía que tener cuadros jóvenes formados, que prediquen la moral y las ideas conservadores en terrenos adversos.
El derrumbe de la esperanza
“Esta vez Chile sí despertó”, dijo Kast anoche. Fue una de las pocas alusiones al estallido social de 2019: el léxico de la revuelta se extinguió en el discurso de la izquierda, y ahora sólo aparece en forma de war flashbacks, invocados por la derecha. La relación entre Kast y el estallido es directa: el Republicano aprovechó la parálisis del gobierno de Sebastián Piñera y la coalición de centroderecha para ser el primer opositor al proceso de reformas, una posición marginal que luego capitalizó con el fracaso del primer proceso constituyente, el 4 de septiembre de 2022.
La derrota que sufrió la izquierda aquella noche amortizó en cierta forma el resultado de ayer, el peor desde el retorno a la democracia. Casi todas las esperanzas de cambio depositadas en el gobierno de Gabriel Boric fueron sepultadas el día del plebiscito. Los partidos de izquierda, los viejos y los nuevos, asumieron la derrota como un punto de inflexión, el fin de un largo ciclo de movilización social que había comenzado en 2011. El descrédito, la rabia y la desafección seguían ahí, pero ya no la representaba la izquierda. Con la pandemia como prólogo, las calles se vaciaron.
Luego llegó el miedo: ese mismo 2022, Chile vivió un pico de homicidios que instaló a la seguridad como el principal problema ciudadano. El crimen aumentó, pero lo que realmente explotó fue la victimización: hay pocos países donde la brecha entre el delito y su percepción sean tan pronunciadas, una trama que se explica en parte por una sucesión de casos de alto impacto mediático –secuestros y asesinatos a empresarios y agentes de seguridad– cometidos por bandas extranjeras. El aumento de la migración irregular, que se disparó por esos años, terminó de configurar una nueva coyuntura que favorece estructuralmente a las derechas (las cifras oficiales muestran que los ingresos se triplicaron entre 2021 y 2022, pero el Gobierno afirma que el cuadro se explica por el empadronamiento, y que la mayoría de ingresos habían sido previos a la asunción de Boric).
El abultado triunfo de Jara en las primarias del oficialismo a mediados de año expuso el descontento del resto de la izquierda con el Frente Amplio y el gobierno, al que le señalan tibieza y concesiones desmedidas a la derecha (el gobierno responde que, ante un Congreso y un clima de opinión adverso, no es mucho lo que se puede hacer). Quizás por unas semanas, pareció que el momentum con la candidatura de Jara, una veterana militante comunista bien evaluada durante su paso por la gestión, en la que ocupó la cartera de Trabajo, se iba a traducir en una buena elección en la primera vuelta (para la segunda casi nadie formulaba muchas esperanzas). Pero el resultado de ayer, en el que la candidata no logró alcanzar el 30 por ciento –el piso de aprobación de Boric– fue un balde de agua fría, apenas compensado por una performance no tan desastrosa en el Congreso, donde la derecha tendrá mayoría pero no absoluta.
Jara entra a la segunda vuelta con el lastre del gobierno, al que se le suma su militancia en el Partido Comunista, un tabú para votantes de centroderecha y afines, a pesar de las históricas demostraciones de apego partidario a la institucionalidad vigente, desde Salvador Allende hasta Boric, pasando por Michelle Bachelet. El hecho de que Jara seguramente anuncie en las próximas horas que no competirá en el balotaje como militante del PC es un testimonio de la dificultad que enfrenta, así como del devenir reciente de la izquierda.
El candidato de “la gente”
Todas las miradas ahora apuntan a Franco Parisi, el candidato que obtuvo el tercer lugar con casi el 20 por ciento de los votos. Al igual que en la elección anterior, a Parisi las encuestas lo daban cuarto o quinto, y volvió a dar la sorpresa. Es la figura que mejor representa a la desafección del electorado: con un discurso enfocado en la crítica hacia los partidos políticos, asentado en las regiones del norte –el territorio minero de donde proviene una parte significativa del PBI del país–, el líder del Partido de la Gente apela a un mundo que a la industria de encuestadores y académicos de Santiago se le sigue escapando. En la campaña anterior sacó 13 por ciento sin siquiera pisar Chile – residía en Estados Unidos a causa de una demanda por pensión alimenticia – , un flanco que suplió con una activa presencia digital. Esta vez pudo pisar el terreno y triplicó sus votos.
El destino de esos votos no está definido. En la elección anterior, la mayoría de su electorado se inclinó por Boric, aunque Parisi había apoyado a Kast luego de una encuesta online entre las bases de su partido. Ayer evitó pronunciarse por ninguno de los dos candidatos, y dijo que lo primero que tenían que hacer era bajarse los sueldos. Pero la izquierda guarda pocas esperanzas de que los votos de Parisi tuerzan los pronósticos: el clima de oposición al gobierno, sumado a una compleja sociología de sus votantes, más afín al discurso actual de la derecha, hace difícil pensar en una transposición mayoritaria a Jara.
Kast y Parisi son dos manifestaciones diferentes de la crisis de representación chilena. El primero representa la demanda por un liderazgo fuerte, la reacción conservadora que sucedió al estallido y se consolidó con la llegada de la crisis de inseguridad. Kast ya no menciona su oposición total al aborto o a la “ideología de género”, banderas que en esta elección fueron tomadas por Kaiser, el otro candidato ultra que contribuyó a “moderarlo”; se concentró en seguridad y migración, proyectando la imagen de un sheriff. La ampliación del campo de la derecha, que parecía debilitarlo al inicio de la campaña, ahora posiblemente lo ayude a alcanzar la presidencia. Pero la irrupción de Kast no se puede entender sin la crisis de la derecha tradicional.
Parisi, en cambio, representa al Chile que está totalmente al margen de la política partidaria, y por eso sintoniza con algo del espíritu del estallido social: su componente antiélite. Es el mundo que está abajo, lejos de los centros urbanos de Santiago (aunque parte del éxito este año se debe a su mejora en la Región Metropolitana). “Los del Partido de la Gente mañana se tienen que levantar para ir a trabajar”, dijo en su discurso, replicando el lugar común tantas veces dicho por tantos votantes, que ahora tienen un candidato que repite y representa esa misma distancia con el sistema político.
Por lo mismo, ni la supervivencia de Kast ni el ascenso de Parisi se explican sin el factor más relevante en estas elecciones: la incorporación del voto obligatorio, que debutó en el plebiscito constituyente de 2022 y ahora llegó a las presidenciales. Casi seis millones de votantes nuevos, rotulados como “obligados” por los encuestadores, salieron a votar, inclinando la balanza por candidaturas de partidos no tradicionales. Por eso Kast mejoró su caudal de votos a pesar de contar con un campo más fragmentado, y el apoyo de Parisi se disparó. El comportamiento de este universo, en teoría compuesto mayormente por menores de 40 años de sectores populares, sigue siendo difícil de predecir, pero las elecciones de ayer vuelven a demostrar que el voto obligatorio desafía a los lentes con los que se miraba a la política chilena desde hace poco, y que ahora cambió para siempre.
Si hace cuatro años, cuando pasó a segunda vuelta, José Antonio Kast tenía un techo electoral, los nuevos votantes parecen haberlo derribado. Con el viento a favor y toda la derecha alineada detrás de él, Kast arranca la campaña del balotaje como el favorito indiscutido para llegar a La Moneda. Si lo consigue, se dirá que la nueva estación del famoso y citado al hartazgo péndulo chileno ahora favorece a la ultraderecha. A un ex o renovado o arrepentido pinochetista. La pregunta será la que este nuevo Chile todavía no logra resolver: ¿Cómo se gobierna este país?
Axel Kicillof teme que el presidente Javier Milei no firme las autorizaciones de endeudamiento que serán clave para gestionar sus últimos dos años de gestión. El ministro Carlos Bianco planteó la preocupación del gobierno provincial ante la negociación de la Casa Rosada con las provincias donde, según dijo, se pide la aprobación del presupuesto nacional a cambio de las autorizaciones para tomar deuda.
Bianco planteó que en el marco de las conversaciones por la aprobación del presupuesto nacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones con distintos gobernadores a quienes les ofrece, a cambio de aprobar el proyecto de ley enviado por Milei al Congreso, los avales necesarios para que las provincias puedan tomar deuda.
Sucede que cada vez que las provincias salen en busca de un financiamiento necesitan contar antes con un aval técnico por parte del Gobierno nacional. Se trata de un trámite que pasa por el Banco Central y los ministerios de Interior y de Economía.
«Ahora utilizan esto como medida de cambio», dijo Bianco en su conferencia de prensa de los lunes. «Es sólo un trámite. Históricamente se negociaban obras o recursos en la discusión del presupuesto, ahora solo te dan un papelito. Todo esto nos genera mucha preocupación».
El gobierno de Kicillof viene reclamando a Milei avanzar con reuniones para discutir puntos centrales para la provincia: el más importante tiene que ver con una deuda por casi 13 billones de pesos. Allí se incluyen transferencias discrecionales, fondos específicos que cobraban algunos sectores de la administración pública como el Fondo Educativo, también fondos de obra pública que ya habían comenzado.
Utilizan los permisos de endeudamiento como medida de cambio. Es sólo un trámite. Históricamente se negociaban obras o recursos en la discusión del presupuesto, ahora solo te dan un papelito. Todo esto nos genera mucha preocupación.
Uno de los temas que ganó relevancia en los últimos día fue el dragado del Río Salado. Las últimas lluvias pusieron en jaque al centro de la provincia y uno de los tantos motivos tiene que ver con la interrupción del dragado que se llevaba adelante con fondos del gobierno nacional.
El plan de dragado se inició en 1997 en cinco tramos. Los tramos 1, 2 y 3 desde la desembocadura hacia el noroeste están terminados. El tramo 4 tiene a su vez cuatro etapas y tres de ellas están terminadas. Sólo resta una etapa de 33 kilómetros que es responsabilidad del gobierno nacional y que se discontinuó con la llegada de Milei.
