La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete dejó a Pablo Quirno en un lugar de extrema incomodidad. El canciller estaba seguro que sería el reemplazante, así se lo hizo saber a su entorno y los colaboradores mas cercanos que lo acompañan en el ministerio.
«Estaba agrandado, seguro que era él», dijo a LPO un funcionario de la Cancillería que lo frecuenta a diario. Quirno es un hombre experimentado, pero la vanidad pudo más que el análisis político y terminó siendo un peón en el juego grande de Karina y los Menem.
Este medio adelantó en abril que volvió de la visita oficial al Estado de Israel en estado de éxtasis porque estaba convencido que había logrado asegurarse el apoyo de Karina Milei para ser el próximo jefe de Gabinete.
Quirno andaba agrandado, estaba seguro que era el elegido para la Jefatura de Gabinete.
El buen vínculo de Quirno con Karina es real pero difícilmente el Canciller hubiese el elegido. La razón es que para la hermana de Milei y los Menem, Quirno juega con Santiago Caputo, que al final del día es aliado de Santiago Caputo.
Lo que terminó de cerrarle toda posibilidad fue el affaire Rufus en donde el ministro tuiteó en favor de las Fuerzas del Cielo. Ruffus es Martín Menem, que es Karina Milei.
Además, Quirno es de los funcionarios que entregó el manejo de su red social X al equipo de Santiago Caputo, lo que explica su estilo por momentos agresivo -ahora moderado- tan distante de su personalidad afable.
Con la decisión tomada, el funcionario sumó otro enojo con los que empezaron a probarse el traje de Canciller ante una eventual salida. Uno de ellos es Guillermo Nielsen, actual embajador en Paraguay que se ofreció para reemplazarlo.
La crisis de imagen de Flavia Bolsonaro ya es motivo de análisis en el mercado financiero. Según una columna del periodista Lauro Jardim, publicada en O Globo, empresarios, banqueros y gestores de inversión de la avenida Faria Lima -el corazón del mercado financiero brasileño- empezaron a considerar a Lula como el principal favorito para las elecciones presidenciales de octubre.
El artículo aclara que «el cambio de percepción no responde a un acercamiento ideológico del mercado al gobierno del Partido de los Trabajadores, sino a una evaluación pragmática sobre el escenario electoral».
De acuerdo con la publicación, el desgaste político de Flávio Bolsonaro y las dificultades que enfrenta para consolidarse como candidato competitivo llevaron a muchos actores del sector financiero a revisar sus pronósticos».
La columna sostiene que, hasta hace pocas semanas, una parte importante del mercado apostaba por una disputa más equilibrada. Sin embargo, la difusión de audios vinculados al banquero y CEO del Banco Master, Daniel Vorcaro, habría deteriorado la confianza de inversores y empresarios en la viabilidad de su candidatura.
El cambio de percepción no responde a un acercamiento ideológico del mercado al gobierno del Partido de los Trabajadores, sino a una evaluación pragmática sobre el escenario electoral
En ese contexto, las conversaciones reservadas entre referentes del mercado comenzaron a reflejar una nueva lectura: si la oposición no logra reorganizarse o presentar un candidato con mayor capacidad de ampliar su base electoral, Lula aparece hoy como el dirigente con mayores posibilidades de obtener la reelección.
La evaluación resulta significativa porque Faria Lima ha mantenido históricamente una relación compleja con el líder brasileño. Si bien existen diferencias con la política económica del gobierno, el mercado suele priorizar la previsibilidad política y la estabilidad institucional al momento de proyectar escenarios de inversión.
La nota de O Globo aclara que este cambio no implica un respaldo explícito a Lula, sino una modificación en las expectativas sobre el resultado electoral. En otras palabras, la percepción dominante entre numerosos operadores financieros es que, con la oposición debilitada, el presidente brasileño parte con ventaja rumbo a los comicios de 2026.
El movimiento refleja cómo la evolución de la campaña comienza a influir no solo en el debate político, sino también en las expectativas de los principales actores económicos del país, que ya ajustan sus proyecciones ante un escenario en el que Lula aparece, por ahora, como el candidato más fuerte para mantenerse en el poder.
El RIGI fue presentado como la gran autopista de las inversiones. El Súper RIGI, como su carril rápido. Pero en las primeras escenas aparece otra postal: caños de la India, módulos de China, grúas, excavadoras y equipos importados con beneficios fiscales. La industria mira la lista de compras y pregunta cuánto de esa fiesta queda en el país.
La discusión ya no es abstracta. El régimen tiene proyectos aprobados, otros en evaluación y una promesa de escala que seduce al Gobierno. Pero también dejó expuesta una grieta económica más profunda. Las grandes inversiones pueden traer divisas y empleo. Pero también pueden funcionar como campamentos cerrados, con proveedores externos, baja demanda industrial local y beneficios tributarios que paga el Estado.
El caso más ruidoso apareció en San Juan. El proyecto cuprífero Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé una inversión de unos 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para poner en marcha el yacimiento Josemaría y luego avanzar hacia Filo del Sol. El objetivo es producir unas 400.000 toneladas anuales de cobre durante 25 años.
Pero la primera gran compra encendió las alarmas. El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Por la rotación minera, podría albergar entre 3.500 y 5.000 trabajadores. Con el avance del proyecto, la demanda podría escalar hasta 12.000 personas y requerir 6.000 plazas.
La industria local puso el grito en el cielo. La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostiene que la obra implica 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Según los números que manejan los proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían unos 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Fabricarlo en la Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos, ensamblarlo apenas unos 50 puestos.
El ahorro tampoco parece mover la aguja del megaproyecto. La oferta china rondó los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. La diferencia es de 18 millones. En una inversión total de 18.000 millones, representa apenas 0,1%. «Si la minería no sirve para desarrollar la economía local, la verdad es que no tiene mucho sentido», dijo Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular.
Render del campamento Batidero que Vicuña importará completo de China.
La pelea no queda en la minería. El puerto de Timbúes en Santa Fe sumó otra señal. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó, por Resolución 37/2026, una modificación del esquema de importaciones del proyecto portuario aprobado bajo el RIGI en noviembre de 2025. La empresa podrá ampliar y actualizar el listado de bienes importados con beneficios tributarios y aduaneros.
En la lista aparecen grampas para grúas, cucharas de almejas, excavadoras y autoelevadores. El proyecto apunta a construir una terminal multimodal sobre la Vía Navegable Troncal, en una zona clave del complejo agroexportador.
«La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera», comentó a LPO el directivo de una importante constructora.
Por eso, la UIA salió a pedir cambios en el Súper RIGI. La entidad que conduce Martín Rappallini reclamó que el 20% de contenido local no sea una consigna decorativa. Quiere que se aplique a bienes con valor agregado nacional y no se diluya en servicios, movimiento de suelos, obras civiles o contrataciones que igual se harían en el mercado interno.
La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera.
El texto que logó media sanción en diputados no conformó a los industriales. La redacción habla de bienes, servicios y obras. También habilita la contratación local siempre que la oferta esté disponible y reúna condiciones de mercado en precio y calidad. En una economía con crédito caro y competencia importada subsidiada, esa cláusula parece papel mojado.
El reclamo industrial tiene un dato político adicional. Las provincias mineras vienen pidiendo bastante más que la Nación. El RIGI exige un piso nacional del 20% para compras locales. En varias jurisdicciones, las exigencias van del 50% al 90% entre compre y empleo local. Santa Cruz tiene una regla 90/10 para mano de obra en industrias estratégicas y un piso del 50% para proveedores. Salta, Jujuy y Catamarca tienen umbrales cercanos al 70%. San Juan impulsó metas del 80% para trabajadores locales y 60% para compras a proveedores provinciales.
El mapa muestra una contradicción. La Nación arma un régimen amplio para atraer dólares. Las provincias buscan que esos dólares no pasen como un tren nocturno por el territorio. Las mineras y energéticas, en cambio, piden armonización.
Mientras tanto, la dinámica de los proyectos RIGI tiene dos movimientos. Traen dólares y también los sacan. En la fase inicial ingresa capital, deuda o aportes para cumplir el plan de inversión. Pero al mismo tiempo salen divisas para importar maquinaria, módulos, caños, equipos y tecnología. El saldo de corto plazo puede ser menos virtuoso de lo que aparece en las planillas oficiales.
El recambio en la Jefatura de Gabinete vuelve a exponer la lógica de concentración política del oficialismo libertario, que ahora deposita ese cargo clave en Diego Santilli, un dirigente que atraviesa distintas etapas del poder político argentino desde hace más de dos décadas y cuya trayectoria está profundamente entrelazada con el PRO, el macrismo porteño y la estructura estatal de la Ciudad de Buenos Aires.
Por Tomás Palazzo para NLI
La salida de Manuel Adorni y su reemplazo por Santilli no solo implica un cambio de nombres: reordena el tablero interno del Gobierno y reabre el debate sobre el perfil de quienes ocupan los principales despachos del Ejecutivo. En ese contexto, el nuevo Jefe de Gabinete asume con un historial político que lo vincula a múltiples espacios de poder, siempre dentro del mismo ecosistema de gestión y negocios del Estado.
De la política porteña al corazón del poder
Diego Santilli inició su recorrido político en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó distintos cargos durante los gobiernos del PRO. Fue parte del armado que consolidó la estructura política de Mauricio Macri en territorio porteño y luego vicejefe de Gobierno durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde ese lugar, no solo tuvo injerencia en áreas sensibles de la administración, sino que también quedó asociado a un entramado de decisiones políticas y administrativas que, con el correr de los años, derivaron en reiteradas observaciones sobre el modo de contratación del Estado porteño y la cercanía entre funcionarios, militancia y empresas proveedoras.
Contratos, vínculos y la lógica del Estado como ecosistema político
Uno de los casos más mencionados en investigaciones periodísticas refiere a la adjudicación de contratos a una empresa vinculada políticamente a su entorno, SOCIV SRL, que recibió múltiples licitaciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad. Se destacan millonarios contratos para servicios de mantenimiento y obras públicas, adjudicados en el marco de una licitación del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente porteño .
Otro antecedente remite a la adjudicación del servicio de mantenimiento del Campo de Golf Juan Bautista Segura, por casi 15,6 millones de pesos, también en la Ciudad, en un proceso donde la firma terminó siendo beneficiaria tras la desestimación de otros oferentes .
Estos hechos fueron señalados por distintos medios críticos como parte de una dinámica recurrente de contratación estatal en la que confluyen militancia política, vínculos personales y gestión pública dentro del mismo círculo de poder.
El entramado político y la acumulación de poder
Más allá de los contratos puntuales, el recorrido de Santilli muestra una característica constante: su permanencia dentro de los núcleos de decisión del PRO, acompañando distintas etapas del macrismo desde la Legislatura porteña hasta la Vicejefatura de Gobierno y su proyección nacional posterior.
En paralelo, su nombre ha sido mencionado en investigaciones periodísticas y denuncias mediáticas que apuntan a la existencia de estructuras societarias y vínculos empresariales asociados a su entorno político y familiar, en el marco de un sistema donde la frontera entre gestión pública y redes privadas aparece frecuentemente difusa.
El nuevo jefe de gabinete y la continuidad del poder
Su llegada a la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Adorni no introduce una figura externa ni disruptiva, sino que consolida la circulación de dirigentes dentro del mismo universo político que ha gobernado la Ciudad de Buenos Aires durante más de una década.
En ese sentido, el nombramiento de Santilli refuerza la idea de continuidad más que de renovación: un dirigente formado en la estructura del PRO, con trayectoria en la administración pública porteña y fuerte inserción en los engranajes del Estado, ahora trasladado al centro de coordinación del Gobierno nacional.
Roberto Sánchez está aferrado a la estrategia de desconocer el resultado de las elecciones en Perú. Si bien Keiko Fujimori todavía no fue proclamada de manera oficial, la diferencia de votos es casi irreversible con casi la totalidad de las actas escrutadas.
En ese marco, el candidato de Juntos por Perú lideró una marcha en el centro de Lima en el profundizó sus denuncias sobre un presunto fraude electoral.
La movilización reunió a simpatizantes que se concentraron en distintos puntos de la capital, principalmente en el Cercado de Lima, mientras las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad debido a la tensión política y la coincidencia con otras manifestaciones programadas el mismo día.
«Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia», Sánchez quien también afirmó que esta actitud fue ordenada por «el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados».
«No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad», enfatizó.
Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a Fujimori.
No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.
En el fujimorismo remarcan que ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de la disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a la capital peruana cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, cercano al fujimorismo
El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, cercano al fujimorismo.
Lo cierto es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó -en su más reciente reporte de este sábado- que, cuando ya se ha contado el 99.987 % de los sufragios, Fujimori recibe el 50,134 % de los votos, equivalente a 9.222.064 papeletas, mientras que Sánchez alcanza el 49,866 %, al sumar 9.172.820.
Estas cifras ratifican la victoria de la líder del partido Fuerza Popular, ya que la ONPE informó que solo quedan por contar doce actas de votación, equivalentes a unos 2.400 votos, que han sido enviadas con observaciones o impugnaciones a los jurados electorales especiales (JEE) del país.
En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo viernes promulgará los resultados de las elecciones presidenciales y el 15 de julio entregará las credenciales a la fórmula que ejercerá la jefatura del Estado peruano hasta 2031.
