El gobernador bonaerense acompañó la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo y cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo, al que calificó como una avanzada contra el trabajo, la producción y las condiciones de vida.
Axel Kicillof participó este jueves de la masiva marcha convocada por la Confederación General del Trabajo en la Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno nacional. En diálogo con C5N, fue categórico: “No va a mejorar nada con esta ley. No tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador”.
“Una ley contra el trabajo y la producción”
Durante la cobertura televisiva, Kicillof sostuvo que la iniciativa oficial “le quita derechos a quienes hoy tienen condiciones dignas y le impide alcanzarlas a quienes no las tienen”. Para el mandatario bonaerense, el discurso de que la reforma beneficiará a trabajadores y pymes es “una gran mentira” que encubre intereses del poder económico.
En esa misma línea, describió la movilización como “gigantesca” y afirmó que el Gobierno “está de espaldas a la producción, al trabajo y a las condiciones de vida”. El mensaje apuntó directamente al rumbo económico que impulsa Milei, al que responsabilizó por profundizar la crisis social y productiva.
Pymes ignoradas y crisis en marcha
Kicillof reveló además que, horas antes de la movilización, encabezó una reunión en el Salón Dorado de la Gobernación con más de 80 dirigentes de pymes bonaerenses. “No fueron consultados, no están de acuerdo y están atravesando una crisis terminal”, remarcó, y advirtió que la reforma laboral no solo no resolverá ese escenario sino que “lo va a empeorar con la política económica que están aplicando”.
Desde el escenario central, el triunvirato de la CGT dejó abierta la puerta a profundizar el plan de lucha. En ese marco, Octavio Argüello fue contundente: si el Gobierno insiste con avanzar sin escuchar a los trabajadores, el conflicto podría escalar hasta un paro nacional.
Advertencia sindical y clima de conflicto
Para el gobernador bonaerense, la situación que se vive en las calles contrasta con la narrativa oficial que intenta “invisibilizar” el impacto real de las medidas. “Estamos acá por lo que está pasando hoy y por lo que quieren ocultar”, afirmó, en respaldo explícito a la protesta sindical.
La marcha en Plaza de Mayo volvió a mostrar un límite político y social a la agenda de Milei: sindicatos, gobernadores y sectores productivos confluyeron en un rechazo que, lejos de diluirse, amenaza con escalar si el oficialismo insiste en avanzar sin consensos.
Mientras el discurso oficial insiste con la “eficiencia” y la “modernización del Estado”, una resolución firmada en silencio por la Jefatura de Gabinete reorganiza el poder interno para acelerar despidos, recortes y sanciones al personal público, sin pasar por el máximo nivel político.
Por Roque Pérez para NLI
La Resolución 162/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Manuel Adorni, no ocupará titulares ni abrirá debates parlamentarios. Sin embargo, su alcance es profundo: redistribuye facultades clave sobre el empleo público, habilitando un ajuste administrativo más rápido, fragmentado y menos visible. En otras palabras, el ajuste avanza, pero con firma delegada.
Delegar para ajustar sin costo político
El núcleo de la norma es claro: el Jefe de Gabinete se desprende de la mayoría de las decisiones sensibles vinculadas al personal y las traslada a secretarías, subsecretarías y áreas de Recursos Humanos. Designaciones transitorias, prórrogas, promociones, sanciones disciplinarias, licencias, comisiones de servicio y, sobre todo, rescisión de contratos, pasan a resolverse en niveles inferiores.
Este esquema permite que las decisiones más conflictivas —no renovar contratos, mover empleados, sancionar o disciplinar— ya no requieran una firma central, diluyendo responsabilidades políticas y acelerando los tiempos del recorte.
La motosierra administrativa, sin conferencia de prensa
Lejos de la épica discursiva, esta resolución funciona como el engranaje técnico del ajuste. Al descentralizar las decisiones, se reduce el “ruido” político: no hay anuncios, no hay debates, no hay interpelaciones. Cada secretaría gestiona su propio achique.
El resultado es una motosierra burocrática, más silenciosa pero igual de efectiva, que permite ejecutar el ajuste por goteo, expediente por expediente.
Más poder para sancionar, menos control político
Otro punto sensible es la delegación de facultades disciplinarias. Las secretarías ahora pueden aplicar sanciones previstas en la Ley de Empleo Público sin intervención directa del Jefe de Gabinete. Esto refuerza un clima de control interno y disciplinamiento laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo estatal está bajo constante amenaza.
No se trata solo de eficiencia: se trata de control.
Decisiones legales sin pasar por arriba
La resolución también habilita a subsecretarías a autorizar allanamientos, desistimientos de juicios, conciliaciones y transacciones legales en causas donde la Jefatura de Gabinete tenga interés. Son decisiones de alto impacto jurídico y económico que, desde ahora, no requieren la validación política más alta.
Un esquema que agiliza trámites, sí, pero que también reduce instancias de control y responsabilidad institucional.
El ajuste que no se discute
La norma deroga resoluciones anteriores y consolida un nuevo mapa de poder interno. No hay ahorro cuantificado ni evaluación pública del impacto social de estas medidas. Lo que hay es una arquitectura administrativa diseñada para ejecutar el ajuste sin debate, lejos del Congreso y del escrutinio público.
Como ya viene advirtiendo NLI en sus coberturas sobre el vaciamiento del Estado, el ajuste no siempre llega con anuncios rimbombantes. A veces se cuela en resoluciones técnicas, firmadas al final del día, que reorganizan el poder para que la motosierra no se trabe.
Un día como hoy, 17 de diciembre, pero de 1903, en una playa ventosa de Estados Unidos, un vuelo de apenas 12 segundos cambió para siempre la historia de la humanidad y abrió una nueva era tecnológica, política y militar.
Por Alcides Blanco para NLI
Un experimento que parecía imposible
Durante siglos, volar había sido un anhelo humano más cercano al mito que a la ciencia. Desde los bocetos de Leonardo da Vinci hasta los planeadores del siglo XIX, la idea de elevarse del suelo siempre chocaba con un límite técnico insalvable: el control. El 17 de diciembre de 1903 ese límite fue finalmente superado.
En Kitty Hawk, una zona costera elegida por sus fuertes vientos y dunas blandas, los hermanos Orville Wright y Wilbur Wright lograron hacer despegar una aeronave más pesada que el aire, propulsada por motor y, lo más importante, controlada por el piloto.
El Wright Flyer, construido en madera, tela y alambre, recorrió apenas 36 metros a una altura mínima. Orville estuvo a bordo durante 12 segundos. Puede parecer insignificante desde los parámetros actuales, pero en ese instante el mundo cambió para siempre.
El verdadero secreto: el control del vuelo
Muchos inventores habían logrado antes pequeños saltos o planeos impulsados por motores rudimentarios. Lo que distinguió a los hermanos Wright fue haber resuelto el problema central de la aviación: cómo controlar un avión en el aire.
Su sistema de control tridimensional —alabeo, cabeceo y guiñada— permitió que el piloto gobernara la aeronave de manera estable. Ese principio, con variaciones tecnológicas, sigue siendo la base de la aviación moderna hasta hoy.
Lejos de los grandes laboratorios o del apoyo estatal, los Wright trabajaron de forma casi artesanal, financiándose con su pequeño taller de bicicletas. La historia oficial suele olvidar que este avance clave no nació del complejo militar-industrial, sino del ingenio individual y la experimentación persistente.
De hazaña científica a herramienta de poder
El impacto del primer vuelo controlado no fue inmediato. Durante varios años, los Wright enfrentaron el escepticismo de gobiernos y científicos. Sin embargo, cuando las potencias comprendieron el potencial estratégico del avión, la historia tomó otro rumbo.
En pocas décadas, la aviación pasó de curiosidad científica a instrumento central de la guerra, el comercio y la dominación global. Las dos guerras mundiales demostraron hasta qué punto aquel vuelo de 1903 había modificado el equilibrio del poder internacional.
Pero también abrió la puerta a la integración de territorios, al transporte civil masivo y a la posibilidad concreta de acortar distancias entre pueblos y naciones, un aspecto que suele quedar relegado frente al relato bélico.
Un legado que sigue volando
Hoy, a más de un siglo de aquel despegue precario, millones de personas vuelan cada día sin pensar en ese origen humilde. Sin embargo, todo avión comercial, militar o experimental sigue siendo heredero directo del Wright Flyer.
Recordar el primer vuelo controlado no es solo un ejercicio de nostalgia tecnológica. Es también una oportunidad para reflexionar sobre cómo los avances científicos pueden servir tanto a la humanidad como a los intereses de dominación, según quién los controle y con qué fines.
Aquel 17 de diciembre de 1903 no solo nació la aviación. Nació, también, una nueva dimensión del poder moderno, una que aún hoy sigue definiendo el rumbo del mundo.
Mandatarios provinciales denunciaron un fuerte desfinanciamiento de las provincias, cuestionaron el retiro del Estado nacional y anunciaron que avanzarán con una agenda parlamentaria común para frenar el ajuste territorial del Gobierno.
Por la Redacción de NLI
Seis gobernadores alineados en el peronismo difundieron este martes un documento conjunto en el que reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron que las provincias atraviesan un proceso creciente de desfinanciamiento por parte del Gobierno de Javier Milei.
El texto lleva las firmas de Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, quienes coincidieron en cuestionar de manera directa la orientación económica y fiscal del Ejecutivo nacional.
Recuperar la Argentina federal e inclusiva
El Federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero es sobre todo la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. pic.twitter.com/9SsAGCA6SJ
En el documento, los mandatarios subrayaron que el federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno argentino y advirtieron que su debilitamiento no es una cuestión abstracta, sino una política concreta que profundiza desigualdades territoriales y sociales. Para los gobernadores, sin un esquema de distribución equitativa de recursos, no hay desarrollo posible ni cohesión nacional.
Uno de los puntos más duros del texto apunta al retiro progresivo del Estado nacional de funciones esenciales. Según señalaron, las provincias debieron hacerse cargo “casi en soledad” de la prestación de servicios públicos indelegables, sin que esa transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos necesarios para sostenerlas.
A esa situación se suma, remarcaron, una larga lista de incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización casi total de la obra pública en todo el país. Para los gobernadores, esta combinación no solo asfixia a las administraciones provinciales, sino que consolida un modelo de país cada vez más desigual, con regiones condenadas al atraso.
El documento también pone el foco en un dato estructural: desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación de las provincias en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%. En ese marco, alertaron que nuevas iniciativas oficiales, como la reforma laboral que impulsa el Gobierno, podrían agravar aún más el desfinanciamiento federal.
Agenda común en el Congreso
La posición conjunta fue consensuada en una reunión realizada en la Casa de la Provincia de La Pampa, donde los gobernadores coincidieron en que resulta imprescindible rediscutir el federalismo como una verdadera estrategia de desarrollo e inclusión, y no como una consigna vacía.
En ese sentido, anunciaron que avanzarán con una agenda política e institucional común en el Congreso Nacional, con el objetivo de construir mayorías legislativas que frenen el ajuste sobre las provincias. Según expresaron, buscarán acuerdos transversales, más allá de pertenencias partidarias, para defender el bienestar general.
Asimismo, anticiparon que respaldarán todas las iniciativas que fortalezcan la producción, el trabajo y la educación, y que rechazarán aquellas que impliquen quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a los productores y trabajadores del interior del país.
“Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, afirmaron los mandatarios, y cerraron el documento con una definición política de fondo: sin federalismo real, sin igualdad de oportunidades y sin respeto por los derechos fundamentales, no hay democracia que se sostenga ni proyecto de país que incluya a todos.
En menos de 48 horas, el Boletín Oficial nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires publicaron resoluciones que, leídas en conjunto, revelan un cambio estructural en la cobertura de riesgos laborales del Estado. Bajo el rótulo técnico del “autoseguro público”, se consolida un esquema que transfiere miles de millones de pesos a un mismo grupo empresario, reduce derechos laborales y anticipa una ola de litigios que pagará, otra vez, el erario público.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Autoseguro: cuando el Estado deja de asegurar y empieza a tercerizar el riesgo
Ayer, 15 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicó la Resolución 58/2025, mediante la cual autorizó al Gobierno de la Provincia del Chubut a incorporarse al régimen de Autoseguro Público Provincial previsto en la Ley 27.348. Formalmente, el argumento es la “gestión más eficiente” de los riesgos del trabajo. En la práctica, se trata de romper el esquema tradicional de ART integrales.
Hasta ahora, una ART debía cubrir tres pilares:
Prestaciones médicas
Pago de salarios durante la licencia
Indemnizaciones o litigios por incapacidad
Con el nuevo modelo, el Estado sólo contrata servicios médicos, dejando fuera las prestaciones dinerarias. Esto no elimina el riesgo: lo traslada. Los salarios caídos y las indemnizaciones pasan a depender de partidas presupuestarias futuras o, directamente, de los tribunales laborales.
El resultado es previsible: menos cobertura real para el trabajador y más juicios contra el propio Estado.
Chubut como laboratorio: menos derechos, más juicios y un solo ganador
En Chubut, el discurso oficial de Nacho Torres habló de terminar con “el curro de los seguros” y anunció un ahorro superior a los mil millones de pesos. Sin embargo, fuentes del sector asegurador advierten que la atención médica contratada bajo el nuevo esquema es incluso más cara que la que brindaban las ART integrales.
La diferencia es otra:
El costo inmediato baja artificialmente
El costo judicial y fiscal se patea hacia adelante
La provincia dejó afuera a Prevención ART, del Grupo Sancor, que llevaba más de una década brindando el servicio, aun cuando había presentado una de las ofertas más económicas. En su lugar, se impuso Colonia Suiza ART, una firma vinculada al Grupo Varadero.
Chubut no es una excepción: es el ensayo general.
CABA y los $36.000 millones: la licitación hecha a medida
Un día después, el Gobierno porteño de Jorge Macri, en un hermetismo total, amplía la jugada. Mediante la Resolución 5322/MHFGC/25, el Ministerio de Hacienda y Finanzas preseleccionó a Río Varadero S.A. para una licitación multimillonaria: $36.000 millones destinados a la “cobertura de prestaciones en especie” bajo el régimen de autoseguro.
El proceso eliminó a cuatro competidores —incluidas Provincia ART, OMINT ART y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos— por supuestas falencias contables. El único oferente que quedó en pie fue Río Varadero S.A.
La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede fallar toda la competencia en requisitos básicos y sobrevivir sólo una empresa?
Marcos Podestá, el hombre detrás del autoseguro
Detrás de Río Varadero aparece un nombre conocido en los pasillos del poder: Marcos Podestá. Médico de formación, construyó un holding que combina droguerías, prestadores médicos, ART, servicios financieros y empresas vinculadas a la energía y los residuos industriales.
El Grupo Varadero creció de la mano del Estado, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del PRO. Droguería Varadero, Instituto Biológico Contemporáneo, Gemepe y ahora Río Varadero S.A. aparecen reiteradamente como proveedoras públicas.
No es un actor aislado: es un engranaje estable del poder.
Santilli, préstamos milagrosos y sociedades incómodas
La trama se vuelve más oscura cuando se revisan antecedentes patrimoniales. En 2015, el actual ministro del Interior de Milei, Diego Santilli, declaró una deuda hipotecaria de 550.000 dólares con Marcos Podestá. Un año después, la deuda desapareció sin explicación económica plausible, mientras el entonces vicejefe porteño mantenía un salario de funcionario público.
El vínculo empresarial tampoco es menor. Río Varadero S.A. fue constituida junto a Juan Carlos Loureiro, un nombre mencionado en el expediente del triple crimen de General Rodríguez. Loureiro figuró como presidente de la sociedad, con Podestá como director suplente.
Nada de esto impidió que la empresa creciera como proveedora estatal.
Cenzón, Vaca Muerta y el mismo patrón
El esquema se repite con Edgardo Cenzón, el recaudador histórico del macrismo. Tras su salida de la función pública, apareció presidiendo empresas vinculadas al Grupo Varadero en Vaca Muerta, como Treater, denunciada por Greenpeace por malas prácticas ambientales.
Los enroques societarios, las licitaciones estatales, los negocios cruzados entre salud, seguros, finanzas y residuos peligrosos muestran un patrón: privatizar ganancias, estatizar riesgos.
El saldo real: trabajadores expuestos y un Estado rehén
El autoseguro no elimina costos: los esconde.
Reduce prestaciones
Aumenta litigios
Consolida grupos empresarios amigos
Convierte al Estado en cliente cautivo de prestadores privados
Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores estatales de Chubut y la Ciudad de Buenos Aires quedan con una cobertura fragmentada y una incertidumbre jurídica total.
El negocio ya está en marcha. La factura, como siempre, llegará después.
Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.
Por Roque Pérez para NLI
El backend del control
La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.
El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.
De la excepción a la rutina
El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.
Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.
Sin contrapesos democráticos
Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.
En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.
El Gran Hermano del siglo XXI
No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.
La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.
