Política

 

La propia justicia estadounidense reconoció en las últimas horas que el llamado “Cártel de los Soles” nunca fue una organización real. La admisión dinamita uno de los pilares con los que Washington justificó la captura de Nicolás Maduro y deja en evidencia el seguidismo acrítico del Gobierno argentino, que llegó a declarar “terrorista” a un ente que hoy EE.UU. reconoce como inexistente.

Por Roque Pérez para NLI

Durante años, Estados Unidos construyó una narrativa judicial y mediática alrededor del supuesto Cártel de los Soles, presentado como una estructura narcoterrorista organizada, jerárquica y liderada por Nicolás Maduro. Esa figura fue utilizada para imponer sanciones, escalar la confrontación con Venezuela y, finalmente, respaldar la detención del mandatario venezolano.

Sin embargo, esa construcción empezó a derrumbarse desde adentro. En una acusación judicial revisada y difundida tras la captura de Maduro, el Departamento de Justicia de EE.UU. eliminó la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización real, reconociendo de manera tácita lo que especialistas vienen señalando desde hace décadas.

Un invento periodístico reciclado como causa judicial

Según expertos en crimen organizado y narcotráfico en América Latina, el “Cártel de los Soles” nunca describió una organización concreta, sino que fue un término coloquial surgido en Venezuela en los años 90, utilizado por medios locales para aludir de manera genérica a funcionarios militares o civiles sospechados de corrupción vinculada al narcotráfico.

La nueva acusación estadounidense abandona la idea de un cartel estructurado y pasa a definirlo como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción”, sostenida por el dinero de las drogas. Ya no hay jefes, ni organigrama, ni comando criminal: solo una descripción política y difusa, muy lejos de la figura de organización terrorista que se vendió durante años.

El contraste es brutal: donde antes el expediente mencionaba decenas de veces al Cártel de los Soles como entidad real, ahora apenas aparece como una referencia secundaria, sin entidad jurídica ni criminal autónoma.

El silencio incómodo tras la detención de Maduro

La rectificación llega después de la detención de Maduro, lo que expone la fragilidad del andamiaje legal con el que se justificó la operación. Aunque los fiscales estadounidenses mantienen acusaciones por narcotráfico y conspiración, el eje central que presentaba a Maduro como líder de una organización terrorista directamente se desmoronó.

En otras palabras: primero capturaron al presidente venezolano y después admitieron que la organización terrorista que decían combatir no existía.

Bullrich y el seguidismo automático

En este contexto, el papel del Gobierno argentino roza el bochorno. En 2025, la Argentina incluyó al “Cártel de los Soles” en su registro oficial de organizaciones terroristas, siguiendo casi de manera calcada la línea discursiva de la administración Trump.

La decisión fue impulsada por Patricia Bullrich, que se subió sin matices a la narrativa estadounidense y declaró terrorista a un “cartel” que hoy EE.UU. admite que nunca fue tal. No hubo investigación propia, ni evaluación independiente, ni fundamentos jurídicos sólidos: solo copia y obediencia.

Con la admisión del Departamento de Justicia estadounidense, la designación argentina queda completamente vaciada de sustento, dejando expuesta una política exterior subordinada, más preocupada por agradar a Washington que por sostener criterios legales serios.

Un precedente peligroso

El episodio abre interrogantes graves. ¿Cuántas decisiones en materia de seguridad, terrorismo y política internacional se toman en la Argentina replicando construcciones ajenas sin verificación propia? ¿Qué valor tienen las listas de “organizaciones terroristas” si se basan en conceptos que ni siquiera el país que los impulsó sostiene?

Mientras algunos funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio, siguen repitiendo el libreto viejo, los propios documentos judiciales desmienten esa narrativa. La contradicción es evidente y deja al descubierto el uso político del derecho penal internacional.

Cuando la realidad alcanza al relato

La admisión de que el “Cártel de los Soles” no existe como organización real no limpia las acusaciones que EE.UU. mantiene contra dirigentes venezolanos, pero sí desnuda una construcción discursiva inflada, funcional a la geopolítica y carente de rigor.

Para la Argentina, el saldo es claro: otro papelón internacional, otra muestra de alineamiento automático y otra decisión que hoy queda en ridículo por haber seguido, sin chistar, una ficción que ya ni sus propios autores sostienen.

 

 

Una frase grosera de Donald Trump a una periodista volvió a poner en escena un lenguaje de dominación que no es casual: dialoga con los exabruptos de Javier Milei y con un modo de ejercer el poder donde la agresión verbal, la referencia anal y la violencia simbólica funcionan como marca ideológica.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La escena que encendió la mecha
En una respuesta que recorrió el mundo, Donald Trump le dijo a una periodista que el presidente de Colombia “se cuide el culo”, una expresión brutal, misógina y colonial que excede el insulto ocasional. No es un desliz: es una forma de interpelar desde el poder, apelando a la humillación corporal como mensaje político.

La referencia anal como método
Ese tipo de lenguaje no aparece aislado. La derecha autoritaria contemporánea recurre una y otra vez a metáforas sexuales y anales para marcar jerarquías, someter al adversario y construir una escena de dominación. El insulto no busca argumentar: busca penetrar, degradar, disciplinar.

Milei y el espejo local
En Argentina, Javier Milei convirtió el exabrupto en identidad política. Sus intervenciones públicas están plagadas de referencias sexuales, insultos escatológicos y amenazas verbales que apuntan a deshumanizar al otro. No es espontaneidad: es performatividad del poder, una estética de la violencia verbal que se presenta como “antisistema” pero reproduce el autoritarismo más clásico.

Del insulto al abuso
En el caso de Trump, el lenguaje no puede separarse de su historia pública. El magnate estadounidense enfrenta una causa judicial por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el financista acusado de una red de explotación sexual. En ese marco, Trump fue señalado en denuncias por presuntos abusos y violaciones, acusaciones que él niega pero que forman parte del expediente público que rodea su figura.

Cuando el cuerpo del otro es territorio
La conexión no es forzada. Quien concibe la política como un acto de sometimiento simbólico del cuerpo ajeno —a través del insulto, la amenaza o la humillación— suele moverse con comodidad en entornos donde el abuso real también encuentra justificaciones. La palabra precede al acto: deshumanizar habilita a violentar.

Derecha, perversión y espectáculo
Trump y Milei comparten una lógica perversa del liderazgo: provocan para dominar, insultan para marcar territorio, y convierten la violencia verbal en espectáculo. El agravio no es un exceso, es el mensaje. La grosería no es un error, es programa.

El daño político
Este tipo de discursos no “rompen con lo políticamente correcto”: rompen el pacto democrático básico. Naturalizan el desprecio, habilitan la crueldad y preparan el terreno para políticas de exclusión, ajuste y represión. Cuando el presidente insulta, el Estado aprende a pegar.

Una advertencia que no es moral
No se trata de pudor ni de corrección lingüística. Se trata de entender qué tipo de poder se está ejerciendo cuando un presidente habla del cuerpo del otro como objeto de amenaza. La historia reciente demuestra que, detrás de la risa cómplice, suele venir el daño concreto.

 

 

Mientras el Gobierno insiste en celebrar el ajuste como virtud moral, en silencio desarmó uno de los programas de salud más sensibles del país: el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública que durante más de una década permitió salvar miles de vidas de recién nacidos con malformaciones cardíacas graves.

Por Alina C. Galifante para NLI

La decisión, ejecutada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, no solo implicó el despido del equipo técnico especializado que coordinaba el programa, sino que rompió de un día para el otro la red federal que garantizaba diagnóstico, derivación y cirugía oportuna a bebés de todo el país. No hubo anuncio oficial, no hubo plan alternativo y, lo más grave, no hubo ninguna consideración por las consecuencias humanas.

La periodista Nora Bar, que investigó el tema en profundidad, reconstruyó cómo incluso profesionales que seguían atendiendo casos urgentes se enteraron después de haber sido desplazados, en una escena que resume el nivel de improvisación y desprecio con el que se tomó la medida. No se trató de una reestructuración técnica: fue una decisión política de ajuste brutal.

Un programa que no era gasto, era vida

Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil en Argentina. Cada año, miles de bebés nacen con afecciones cardíacas que requieren detección temprana, derivación inmediata y cirugías complejas. El programa nacional articulaba hospitales públicos, equipos médicos y provincias, evitando que el lugar de nacimiento definiera quién vivía y quién no.

Gracias a esa política, Argentina logró reducir drásticamente la mortalidad neonatal por estas patologías, alcanzando estándares comparables con países desarrollados. Todo eso fue puesto en riesgo por una decisión tomada desde un escritorio, con lógica contable y sin respaldo sanitario.

Lugones ejecuta, Milei avala

Nada de esto ocurre en el vacío. El cierre del programa se inscribe en una línea clara del gobierno de Milei: desmantelar el Estado incluso cuando eso implica dañar derechos básicos, como el acceso a la salud de bebés recién nacidos.

Lugones actuó como ejecutor obediente de esa doctrina. Despidió al equipo sin transición, sin protocolos de continuidad y sin ofrecer una estructura alternativa. La consecuencia es un sistema fragmentado, donde cada provincia queda librada a sus recursos, profundizando desigualdades y dejando a muchas familias sin respuesta.

No es eficiencia. Es abandono.

Cuando el ajuste baja a terapia intensiva

El discurso oficial repite que “el Estado no puede hacerse cargo de todo”. Pero lo que no dicen es de qué se hace cargo ahora cuando un bebé nace con una cardiopatía grave en una provincia sin capacidad quirúrgica. Tampoco explican quién asume la responsabilidad si una derivación no llega a tiempo o si una familia queda atrapada en la burocracia.

Este no es un recorte más. Es una decisión que puede traducirse en muertes evitables. Y eso marca un límite político y ético.

Desarmar un programa que salvaba vidas no es una discusión ideológica: es una definición de prioridades. Y el gobierno de Milei ya dejó claro cuáles son las suyas.

 

 

Dos monedas de oro celtas de más de 2.300 años fueron encontradas en un pantano de Suiza y abren nuevas preguntas sobre rituales, poder y circulación de riqueza en la Europa pre-romana. Lejos de un simple “tesoro perdido”, el hallazgo apunta a prácticas sagradas deliberadas y a una temprana conexión entre los pueblos celtas y el mundo mediterráneo.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante una excavación arqueológica en la región de Bärenfels, cerca de Arisdorf, en el noroeste de Suiza, investigadores dieron con un descubrimiento excepcional: dos monedas de oro celtas extremadamente raras, datadas entre mediados y fines del siglo III antes de Cristo. Se trata de un estater completo de aproximadamente 7,8 gramos y un cuarto de estater de 1,86 gramos, piezas que integran un conjunto ínfimo dentro del registro arqueológico europeo.

El hallazgo no fue aislado ni casual. En el mismo sitio ya se habían encontrado, entre 2022 y 2023, 34 monedas de plata celtas, lo que llevó a intensificar las tareas de excavación. La zona corresponde a un pantano formado por sumideros naturales, un detalle clave para comprender el verdadero significado histórico del descubrimiento.

Monedas de oro que no eran para comprar pan

Los especialistas coinciden en un punto central: estas monedas no circulaban como dinero cotidiano. Su valor era demasiado alto para transacciones comunes. En sociedades celtas de la Edad del Hierro, piezas de este tipo cumplían funciones simbólicas, políticas y rituales: eran signos de prestigio, instrumentos de alianza entre élites o elementos de culto.

El contexto del hallazgo refuerza esta hipótesis. En la cosmovisión celta, los pantanos, lagunas y zonas húmedas eran espacios sagrados, considerados portales entre mundos. En toda Europa se han documentado armas, joyas y objetos de alto valor depositados deliberadamente en estos lugares como ofrendas a las divinidades. Nada indica que estas monedas hayan sido extraviadas: todo apunta a un depósito ritual consciente.

Influencia griega y adaptación celta

El diseño de las monedas revela una trama histórica aún más profunda. En una de sus caras aparece la cabeza del dios Apolo, y en la otra un carro tirado por caballos, una iconografía claramente inspirada en las monedas de oro acuñadas durante el reinado de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno.

Sin embargo, no se trata de simples copias. Los grabados presentan adaptaciones propias del arte celta, como el uso de la triskele, símbolo espiral asociado al movimiento, la vida y lo sagrado. Esto demuestra que los pueblos celtas no solo recibían influencias del Mediterráneo, sino que las resignificaban según su propia cultura y espiritualidad.

Un hallazgo que cuestiona el relato clásico

Durante siglos, la historia oficial presentó a los pueblos celtas como sociedades primitivas frente a las “civilizadas” Grecia y Roma. Descubrimientos como este desmienten ese relato simplificador. La presencia de oro, iconografía compleja y prácticas rituales sofisticadas muestra sociedades con redes de intercambio, pensamiento simbólico profundo y estructuras de poder consolidadas.

Además, el hecho de que solo existan poco más de veinte monedas de oro celtas similares registradas en toda Suiza convierte a este hallazgo en una pieza clave para entender la economía, la religión y la política de la Europa pre-romana.

Del pantano al museo

Las autoridades del cantón decidieron que las monedas sean exhibidas públicamente a partir de marzo de 2026 en el Museo Histórico de Basilea, junto a los hallazgos de plata del mismo sitio. Allí podrán verse no como “tesoros”, sino como testimonios materiales de una civilización que la historia oficial intentó borrar o minimizar.

En tiempos donde la arqueología sigue desmontando mitos eurocéntricos y jerarquías culturales heredadas, este oro celta emerge desde el barro para recordar una verdad incómoda: Europa también tuvo civilizaciones complejas antes de Roma, y muchas de ellas eligieron el ritual antes que la acumulación.

 

 

Mientras Donald Trump vuelve a mostrar el rostro más brutal del imperialismo norteamericano sobre Venezuela, vale recuperar a un Carlos Calvo que no es el recordado actor; nos referimos al jurista que, desde el siglo XIX, explicó con una lucidez asombrosa por qué estas invasiones no son errores ni excesos, sino parte constitutiva del poder imperial. La Doctrina Calvo no solo ayuda a entender lo que pasa hoy en Caracas: desnuda el ADN de la política exterior de Estados Unidos.

Por Alcides Blanco para NLI

El otro Carlos Calvo: jurista, diplomático y antiimperialista antes del antiimperialismo

Carlos Calvo nació en Buenos Aires en 1824 y fue uno de los juristas internacionales más influyentes de América Latina. Diplomático, historiador y especialista en derecho internacional, desarrolló su pensamiento en un contexto marcado por intervenciones militares europeas y presiones extranjeras sobre los países latinoamericanos recién independizados.

Calvo observó un patrón que se repetía una y otra vez: potencias extranjeras que utilizaban reclamos de ciudadanos, empresas o acreedores como excusa para intervenir política o militarmente en Estados soberanos. Frente a eso, formuló una doctrina que hoy resulta incómodamente actual.

Qué plantea la Doctrina Calvo

La Doctrina Calvo se apoya en principios simples pero revolucionarios para su época:

• Igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros, sin privilegios especiales
• Obligación de someterse a la justicia local del país donde surja el conflicto
• Rechazo absoluto a la intervención extranjera, diplomática o militar

En términos claros: ningún Estado extranjero tiene derecho a intervenir en otro país para defender intereses privados, mucho menos usando la fuerza. La soberanía no se negocia.

Del siglo XIX a Trump: la doctrina frente al imperialismo moderno

Lo sucedido en Venezuela con la invasión estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro es una violación directa y deliberada de la Doctrina Calvo y de todo el derecho internacional moderno.

Estados Unidos actuó por fuera de cualquier jurisdicción, desconociendo al Estado venezolano, ignorando la legalidad internacional y utilizando la fuerza militar como herramienta política. Exactamente el tipo de conducta que Calvo denunció hace más de 150 años.

Nada de esto es nuevo: cambia la excusa, pero no la lógica. Ayer era la “protección de ciudadanos”, hoy es la “defensa de la democracia”.

El petróleo como motor real de la agresión

Calvo entendió algo clave: las intervenciones nunca son ideológicas, son económicas. Venezuela concentra las mayores reservas de petróleo del planeta, y desde su nacionalización se convirtió en un obstáculo estructural para los intereses de las grandes corporaciones energéticas.

Cada vez que el Estado venezolano reafirmó el control sobre sus recursos, la respuesta fue escalando: bloqueos, sanciones, sabotajes, intentos de golpe y finalmente invasión directa.

La Doctrina Calvo anticipó este conflicto: cuando un país periférico ejerce soberanía real, el imperialismo responde con violencia.

El secuestro de Maduro y la negación de la soberanía

El secuestro del presidente venezolano no es solo un hecho político: es un acto colonial. Supone que Estados Unidos se arroga el derecho de decidir quién gobierna y quién no, anulando la autodeterminación de los pueblos.

Para Calvo, este tipo de acciones no eran anomalías sino el funcionamiento normal del sistema imperial, que necesita disciplinar a quienes se salen del libreto.

Carlos Calvo versus el orden mundial actual

El “otro” Carlos Calvo —el jurista— pensó un mundo donde los países latinoamericanos no fueran patios traseros, sino sujetos plenos de derecho. Por eso su doctrina fue combatida, invisibilizada y reemplazada por mecanismos favorables al capital extranjero.

Hoy, frente a Trump y la ofensiva sobre Venezuela, Calvo vuelve a ser actual porque demuestra que el problema no es Maduro, ni el chavismo, ni Venezuela, sino la negativa de un país a ser colonia.

Conclusión

La Doctrina Calvo no es una reliquia académica: es una herramienta para entender el presente.
La invasión estadounidense y el secuestro de Maduro confirman que el imperialismo sigue actuando como en el siglo XIX, solo que con un discurso más cínico.

Mientras Trump ejecuta la política del garrote, Carlos Calvo sigue recordando que la soberanía no se pide permiso: se ejerce.

 

 

Venezuela no es un problema: es un botín. Con las mayores reservas de petróleo del planeta, valuadas en entre 17 y 18 billones de dólares, el país concentra un volumen de riqueza energética que explica décadas de presiones, sanciones, intentos de disciplinamiento y ahora, abiertamente, proyectos de recolonización. Detrás del discurso de la “democracia” y la “transición”, lo que está en juego es el control del petróleo.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Las mayores reservas del planeta y un crudo incómodo para el imperio

Venezuela posee alrededor de 303 mil millones de barriles de petróleo probados, lo que representa cerca del 17 % de todas las reservas mundiales. No existe otro país con semejante volumen bajo su subsuelo.

La mayor parte de ese petróleo se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponde a crudo extra-pesado, un tipo de petróleo más denso y costoso de procesar que el liviano. Su explotación requiere tecnología avanzada, inversiones constantes y capacidad de refinación específica, especialmente diseñada para este tipo de crudo.

Ese dato técnico no es menor: explica por qué históricamente las grandes petroleras norteamericanas y europeas estuvieron tan interesadas en Venezuela, y también por qué las refinerías del Golfo de México fueron adaptadas durante décadas para procesar crudo venezolano. No es un petróleo cualquiera: es estratégico.

A precios actuales del crudo, el valor bruto de esas reservas se calcula en unos 17 a 18 billones de dólares. Para dimensionarlo: equivale a entre el 76 y el 81 % de toda la masa monetaria M2 de Estados Unidos, o dicho de otro modo, a tres cuartas partes de todo el dinero que circula y se deposita en el sistema financiero estadounidense.

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Antes de la nacionalización: Venezuela producía, pero no mandaba

Durante gran parte del siglo XX, el petróleo venezolano estuvo controlado por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. Desde las décadas de 1920 hasta los años 60, compañías como Exxon, Mobil y Gulf Oil dominaron la exploración, extracción y exportación del crudo.

En ese período, Venezuela llegó a producir más de 3,7 millones de barriles diarios, ubicándose entre los principales productores del mundo. Sin embargo, el control real del negocio, las decisiones estratégicas y una porción sustancial de las ganancias quedaban fuera del país.

El esquema era simple y conocido en América Latina: Venezuela ponía el recurso, las multinacionales se llevaban la renta.

Ese modelo empezó a resquebrajarse cuando el petróleo dejó de ser visto solo como mercancía y pasó a ser comprendido como recurso estratégico y herramienta de soberanía.

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La nacionalización, PDVSA y el límite al saqueo

En 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela nacionalizó su industria petrolera y creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). A partir de ese momento, el Estado venezolano pasó a controlar la producción, refinación y comercialización del crudo.

La nacionalización no fue una rareza: formó parte de una ola global de nacionalismo energético que recorrió el mundo en los años 70. Pero para Estados Unidos fue una señal clara de alerta: uno de sus principales proveedores de energía decidía no obedecer más.

Décadas después, con Hugo Chávez, ese control estatal se profundizó. Desde 2007, las empresas extranjeras fueron obligadas a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse. Algunas aceptaron —como Chevron—, otras se fueron denunciando “expropiaciones”.

Lo que para Venezuela fue soberanía energética, para Washington fue y sigue siendo un “robo”. Desde entonces, el petróleo venezolano quedó en el centro de una guerra económica: sanciones, bloqueos, asfixia financiera y operaciones políticas.

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Un botín que explica todo: FMI, Argentina y el contraste brutal

El valor de las reservas petroleras venezolanas permite entender la magnitud del conflicto.

Con 17 a 18 billones de dólares (calculado ya extraído y en barriles), ese petróleo equivale a:

• Entre 380 y 400 préstamos del FMI como el que sostiene Milei, de unos 45 mil millones de dólares.
• Entre 26 y 28 PBI completos de la Argentina.
• Siete u ocho veces todo el efectivo físico que circula en Estados Unidos.

Mientras Argentina es disciplinada por el FMI por decenas de miles de millones, Venezuela es acosada por una riqueza que vale cientos de veces más. La diferencia no es moral ni ideológica: es material.

Por eso Estados Unidos no negocia con Venezuela como con un país cualquiera. La discute, la sanciona, la amenaza o directamente intenta administrarla. No por su sistema político, sino por su subsuelo.

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El remate que incomoda

Venezuela no es pobre: es demasiado rica para que la dejen en paz.
Y la Argentina de Milei no es castigada por rebelde, sino por obediente y endeudable.

Cuando se entiende que el petróleo venezolano equivale a décadas enteras de producción argentina, a cientos de acuerdos con el FMI y a una porción sustancial del dinero estadounidense, se cae el relato.

No es democracia contra autoritarismo.
Es saqueo contra soberanía.