Política

 

El Gobierno oficializó este martes el ascenso de Rodrigo Sbarra como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Se trata de un exfuncionario de Mauricio Macri cuyo nombre quedó asociado a uno de los episodios más llamativos de aquella gestión: el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en efectivo dentro de un escritorio de su despacho, dinero que aseguró haber «olvidado».

Por Roque Pérez para NLI

La designación de Rodrigo Alberto Sbarra quedó formalizada mediante el Decreto 579/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, en el marco de la reestructuración de la cartera que conduce Mario Lugones tras la salida de Guido Giana. Hasta ahora, Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa y pasó a ocupar uno de los cargos de mayor peso dentro de la estructura administrativa del ministerio.

El nombramiento vuelve a colocar en el centro de la escena a un funcionario cuya trayectoria política quedó marcada por un escándalo que estalló durante el gobierno de Mauricio Macri. En septiembre de 2018, cuando se desempeñaba como subsecretario de Coordinación del entonces Ministerio de Producción, una empleada encontró un sobre con 10.000 dólares guardado dentro de un escritorio que había pertenecido a Sbarra. El episodio dio lugar a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial.

El sobre con dólares que nunca pudo explicar del todo

Tal como informó oportunamente NLI en 2020, Sbarra sostuvo ante la Justicia que el dinero era de su propiedad y que simplemente se lo había «olvidado» dentro del mueble al dejar el cargo. Sin embargo, esa explicación no disipó las dudas, ya que los dólares no figuraban declarados en su patrimonio y la causa avanzó para determinar si existía un posible delito vinculado a la omisión de bienes.

Se complica la situación en la justicia del ex funcionario macrista Rodrigo Sbarra

La investigación judicial puso bajo la lupa la consistencia de su patrimonio, empresas y offshores y abrió interrogantes sobre el origen de ese dinero en efectivo. Aunque el exfuncionario intentó justificar la existencia de los dólares como un ahorro personal, el caso quedó instalado como uno de los símbolos de las contradicciones del discurso anticorrupción que Cambiemos exhibía durante su gestión.

Un viejo funcionario del PRO reciclado por Milei

Lejos de quedar relegado tras el cambio de gobierno, Sbarra fue reincorporado a la administración nacional por Milei. Primero ocupó cargos en la Jefatura de Gabinete y posteriormente desembarcó en el Ministerio de Salud, donde ahora fue promovido para administrar una de las áreas más sensibles de la cartera sanitaria.

Desde el Gobierno sostienen que el cambio responde a una reorganización administrativa y que Sbarra continuará impulsando las políticas de modernización y desburocratización del ministerio. Sin embargo, su designación inevitablemente reactiva el recuerdo de un episodio que nunca dejó de generar cuestionamientos públicos y que, para muchos, simboliza las inconsistencias de una dirigencia que hizo bandera de la transparencia mientras algunos de sus funcionarios debían explicar la aparición de miles de dólares sin declarar.

Con este nuevo nombramiento, Milei vuelve a apoyarse en cuadros provenientes del macrismo para ocupar puestos estratégicos de la administración nacional. En este caso, la decisión adquiere una carga política adicional porque recae sobre un funcionario cuyo nombre quedó asociado a una causa judicial que puso en duda la transparencia patrimonial de uno de los hombres de confianza del gobierno de Mauricio Macri.

 

 

El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.

Por Tomás Palazzo para NLI

Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.

La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.

Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables

La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen

La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.

En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.

La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.

Una excepción que amenaza con convertirse en regla

Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.

La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.

Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.

 

 

A casi un año y medio del estallido del caso $LIBRA, la investigación judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. Sin testigos citados, sin indagatorias, con la fiscalía admitiendo que carece de recursos técnicos y ahora con los querellantes apartados del expediente, la causa que salpica a Milei parece ingresar en un preocupante callejón sin salida.

Por Roque Pérez para NLI

Lo que comenzó como una investigación sobre la presunta estafa vinculada al lanzamiento y derrumbe del memecoin $LIBRA, promocionado por Milei, hoy exhibe un escenario que preocupa incluso a especialistas en derecho penal económico. Después de casi dieciocho meses de trámite, el expediente pasó por varios magistrados y fiscales, pero todavía no hubo declaraciones testimoniales relevantes, ni llamados a indagatoria para los principales involucrados, mientras continúan acumulándose cuestionamientos sobre el ritmo de la investigación.

Una resolución que cambió el escenario

La situación se agravó con la reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió excluir de la causa a todos los querellantes particulares al considerar que no acreditaron suficientemente haber sido damnificados por el colapso de $LIBRA.

La resolución generó fuertes críticas porque, según distintos especialistas, el magistrado habría avanzado sobre cuestiones de fondo que todavía deberían investigarse, al sostener que las pérdidas sufridas por los inversores podrían responder simplemente a la volatilidad propia del mercado de los llamados «memecoins» y no necesariamente a una maniobra fraudulenta.

Esa interpretación también llamó la atención porque el propio expediente reconoce que todavía no pudo reconstruirse completamente el recorrido del dinero ni identificarse a todos los titulares de las billeteras virtuales involucradas, una tarea indispensable para determinar si existió o no una operatoria fraudulenta.

Sin recursos, sin avances y con advertencias de impunidad

Otro dato que agrava el panorama es el reconocimiento formulado por el propio Ministerio Público Fiscal respecto de las dificultades para investigar operaciones complejas con criptomonedas.

Según consta en el expediente, la fiscalía admitió que no dispone del presupuesto, del software especializado ni de las licencias tecnológicas necesarias para reconstruir adecuadamente las transacciones realizadas mediante blockchain, una limitación que viene demorando medidas consideradas centrales para esclarecer los hechos.

Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa como amicus curiae, advirtieron que la combinación entre la exclusión de los querellantes y la demora en impulsar medidas clave incrementa seriamente el riesgo de impunidad.

Su director ejecutivo, Pedro Biscay, sostuvo que las demoras en ordenar indagatorias y avanzar sobre las máximas responsabilidades debilitan el proceso penal y comprometió que la organización continuará impulsando medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.

Una causa cada vez más cuestionada

La decisión de apartar a quienes se presentan como presuntas víctimas tampoco parece alinearse plenamente con criterios adoptados anteriormente por la Cámara Federal, que había permitido su participación mientras avanzaban diversas pericias técnicas sobre blockchain y trazabilidad de fondos.

Ahora, esos damnificados anticiparon que apelarán la resolución, mientras crecen las dudas sobre el futuro de una investigación que continúa sin definir responsabilidades pese a la enorme repercusión política e institucional que tuvo el caso desde febrero de 2025.

Con el expediente prácticamente estancado, sin avances sustanciales sobre los principales imputados y con limitaciones reconocidas por los propios investigadores, el caso $LIBRA se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la Justicia argentina para investigar presuntos delitos económicos cometidos mediante activos digitales, al tiempo que continúa proyectando una sombra política sobre Milei y su entorno.