Política

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    Según el Colegio de Escribanos se derrumbaron los créditos hipotecarios (salvo para funcionarios de Milei)

     

    El relato libertario sobre el supuesto “regreso del crédito hipotecario” empezó a chocar de frente con la realidad. Según los últimos datos difundidos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, las escrituras con hipoteca se desplomaron un 48,9% interanual en abril y encendieron una alarma directa sobre la destrucción del acceso a la vivienda para la clase media. Pero el dato adquiere un tono todavía más escandaloso cuando se lo cruza con las denuncias que estallaron semanas atrás sobre créditos millonarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Mientras millones de argentinos ven cada vez más lejos la posibilidad de comprar una vivienda, sectores vinculados al poder parecían acceder a condiciones privilegiadas. La postal es devastadora para el discurso de Milei: el crédito hipotecario se derrumba para la sociedad, pero no necesariamente para quienes orbitan alrededor del Gobierno.

    Los números difundidos por el Colegio de Escribanos son contundentes. En abril apenas se registraron 609 escrituras formalizadas con hipoteca en la Ciudad de Buenos Aires. El dato implica una caída de casi el 50% respecto del mismo mes del año pasado y muestra que el “boom hipotecario” que promocionaba el oficialismo prácticamente se desinfló en pocos meses. El mercado inmobiliario volvió a frenarse y la financiación desaparece otra vez como herramienta de acceso para los sectores medios.

    La explicación económica es relativamente simple. Los salarios quedaron destruidos frente al ajuste, las cuotas UVA volvieron a generar temor por la inflación acumulada y las condiciones exigidas por los bancos se volvieron prohibitivas. En muchos casos, las familias necesitan ingresos que triplican o cuadruplican el promedio salarial argentino para acceder a una vivienda mínima. El resultado es una exclusión silenciosa pero masiva.

    El escándalo del Banco Nación que dejó expuesta la doble vara

    En ese contexto explotó semanas atrás el escándalo de los créditos del Banco Nación. Las denuncias publicadas por distintos medios revelaron que funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza habrían obtenido préstamos hipotecarios millonarios en condiciones extraordinariamente favorables. La polémica generó indignación porque coincidía exactamente con el momento en que el resto de la población comenzaba a quedar afuera del sistema financiero.

    La contradicción política fue imposible de ocultar. Milei llegó al poder denunciando los privilegios de la “casta”, pero el caso del Banco Nación terminó mostrando a funcionarios y dirigentes oficialistas accediendo a beneficios que para cualquier trabajador promedio son prácticamente inalcanzables. El mensaje que queda flotando es brutal: el mercado no funciona igual para todos.

    Lo más grave es que el derrumbe de los créditos hipotecarios no aparece como un accidente sino como una consecuencia lógica del modelo económico libertario. El Gobierno sostiene tasas altísimas, destruye el poder adquisitivo y profundiza la precarización laboral. En ese escenario, pensar en una hipoteca a 20 o 30 años se vuelve directamente imposible para gran parte de la sociedad.

    El sueño de la casa propia vuelve a convertirse en un privilegio

    Durante décadas, el acceso a la vivienda fue uno de los pilares de la movilidad social argentina. Incluso con crisis recurrentes, existía la expectativa de que una familia trabajadora pudiera aspirar a comprar su casa. Hoy ese horizonte parece romperse nuevamente.

    El desplome registrado por el Colegio de Escribanos revela mucho más que un problema inmobiliario. Expone el agotamiento de un esquema económico que favorece la especulación financiera mientras castiga ingresos y consumo. En paralelo, el escándalo del Banco Nación dejó instalada otra percepción todavía más corrosiva: que el crédito existe, pero para sectores cercanos al poder.

    En otras palabras, el “mercado libre” que prometía Milei empieza a mostrar una dinámica conocida en la Argentina: ajuste para las mayorías y privilegios para minorías bien conectadas. Mientras la clase media vuelve a alejarse del sueño de la casa propia, los funcionarios libertarios quedaron bajo sospecha por haber accedido justamente a aquello que el resto ya no puede alcanzar.

     

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    Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico

     

    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.

     

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