Política

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    De La Forestal a las apps: cien años después, la explotación laboral cambió de tecnología, pero no de dueños

     

    Mientras los peones rurales y los hacheros de principios del siglo XX eran obligados a comprar en las proveedurías de las empresas que los empleaban mediante vales y fichas, miles de repartidores argentinos del siglo XXI terminan endeudados con las propias plataformas para las que trabajan. Separados por un siglo de historia, ambos modelos revelan una misma lógica: trabajadores cada vez más dependientes de empresas extranjeras que convierten el salario en un mecanismo de control.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Cuando el salario dejó de ser libertad

    Hay escenas de la historia argentina que parecen haber quedado definitivamente enterradas en los libros escolares. La Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1922, y las huelgas de La Forestal, entre 1919 y 1922, suelen recordarse por la brutal represión que sufrieron los trabajadores. Sin embargo, detrás de aquella violencia existía un sistema económico cuya esencia resulta sorprendentemente familiar para la Argentina de 2026.

    Los peones rurales patagónicos trabajaban jornadas que podían extenderse entre 10 y 16 horas, mientras que los hacheros que desmontaban los quebrachales para la compañía británica The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, conocida simplemente como La Forestal, sobrevivían con salarios miserables y condiciones de vida extremadamente precarias. En ambos casos, la dependencia respecto del empleador iba mucho más allá del trabajo cotidiano.

    En numerosos establecimientos, especialmente en La Forestal, una parte importante del salario no se entregaba en dinero sino mediante vales, bonos o fichas emitidos por la propia empresa. Aquellos papeles solamente podían utilizarse en las proveedurías de la compañía, donde los productos solían venderse a precios superiores a los del mercado o donde los vales eran reconocidos por un valor inferior al nominal. El trabajador cobraba de su patrón y, casi inmediatamente, ese mismo dinero regresaba al patrón.

    Aquella práctica no solo reducía el poder adquisitivo de los obreros. También impedía que pudieran ahorrar, elegir dónde comprar o abandonar fácilmente el empleo. El salario dejaba de representar independencia para convertirse en un instrumento de subordinación.

    La tecnología cambió, pero la lógica permanece

    Un siglo después, la Argentina vuelve a exhibir un fenómeno que, aunque adopta formas digitales, reproduce mecanismos sorprendentemente similares.

    Miles de repartidores que trabajan para plataformas de delivery comenzaron a recurrir masivamente a préstamos ofrecidos por las propias aplicaciones o por empresas financieras asociadas, en un contexto de caída del poder adquisitivo, precarización laboral y escasez de crédito tradicional.

    Según un informe difundido en los últimos días, la deuda promedio ya ronda el millón de pesos, mientras que algunos créditos alcanzan costos financieros equivalentes a tasas cercanas al 700% anual, cifras que transforman el préstamo en una pesada carga para trabajadores cuyos ingresos dependen de jornadas cada vez más extensas.

    El mecanismo presenta diferencias formales respecto del sistema de fichas de hace cien años, pero comparte un rasgo fundamental: el trabajador vuelve a quedar económicamente atado a la empresa para la que presta servicios.

    Ya no recibe un vale de papel para comprar alimentos en la proveeduría. Ahora obtiene un préstamo digital cuyo cobro suele descontarse directamente de los ingresos que genera trabajando para esa misma plataforma. La dependencia deja de materializarse en una ficha de cartón y pasa a expresarse mediante algoritmos, aplicaciones móviles y débito automático.

    En ambos casos, el empleador no solamente organiza el trabajo. También condiciona el modo en que el trabajador administra su economía personal.

    Truck System

    En la historia del trabajo existe incluso un nombre específico para este tipo de mecanismos: el truck system. Así se conocía al sistema mediante el cual los empleadores pagaban total o parcialmente los salarios no con dinero, sino con vales, fichas, mercancías o créditos que únicamente podían utilizarse en comercios pertenecientes a la propia empresa o vinculados a ella. Muy extendido durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña y luego replicado en distintos países, este esquema permitía a los patrones recuperar buena parte de los salarios abonados mediante la venta de productos con sobreprecios, generando un círculo de dependencia económica que impedía a los trabajadores disponer libremente del fruto de su trabajo.

    La gravedad de este mecanismo fue tal que numerosos países comenzaron a prohibirlo desde fines del siglo XIX mediante las denominadas Truck Acts británicas y otras legislaciones similares, que establecieron como principio básico que el salario debía abonarse en dinero y quedar bajo el control exclusivo del trabajador. Más de un siglo después, las plataformas digitales no pagan en fichas ni obligan a comprar en una proveeduría, pero cuando el trabajador termina financiándose con créditos otorgados por la propia empresa o por entidades asociadas, cuyos descuentos se realizan directamente sobre sus futuros ingresos, vuelve a aparecer una lógica muy parecida: el empleador deja de limitarse a organizar el trabajo y pasa también a controlar, en buena medida, la economía personal de quien trabaja para él. La tecnología cambió, pero el principio que el truck system buscaba imponer —mantener cautivo al trabajador mediante la dependencia económica— encuentra hoy nuevas formas de manifestarse.

    De los capitales británicos a las plataformas globales

    Existe otro elemento que vuelve especialmente sugestivo el paralelismo histórico.

    La Forestal era una empresa de capitales británicos que llegó a controlar millones de hectáreas, ferrocarriles, pueblos enteros, puertos y hasta fuerzas parapoliciales propias para defender sus intereses económicos. Su poder excedía ampliamente la producción de tanino: construía un verdadero Estado dentro del Estado argentino.

    Las principales plataformas de reparto que hoy dominan el mercado argentino también responden a grandes corporaciones internacionales, cuyos centros de decisión se encuentran fuera del país y cuyos modelos de negocios son diseñados para maximizar rentabilidad a escala global.

    Naturalmente, las diferencias históricas son enormes y nadie podría equiparar mecánicamente las condiciones de violencia física que caracterizaron a La Forestal o a la Patagonia Rebelde con la realidad contemporánea. Sin embargo, la comparación permite observar una continuidad inquietante: la subordinación económica de trabajadores argentinos frente a grandes empresas extranjeras que concentran el poder de fijar condiciones laborales, ingresos y mecanismos de dependencia financiera.

    El escenario tecnológico cambió radicalmente. Donde antes había obrajes, hoy existen aplicaciones. Donde antes había fichas impresas, hoy aparecen créditos digitales. Donde antes un capataz vigilaba el rendimiento, hoy lo hace un algoritmo que asigna pedidos, califica desempeños y determina ingresos.

    Pero la concentración del poder económico conserva una estructura reconocible.

    Las luchas obreras de comienzos del siglo XX surgieron precisamente para cuestionar un modelo que transformaba al trabajador en un engranaje completamente dependiente de la empresa. Cien años después, el desafío parece regresar bajo nuevas formas, impulsado por la economía de plataformas, la financiarización del trabajo y la pérdida progresiva de derechos laborales conquistados durante décadas.

    Quizá la mayor diferencia entre ambas épocas sea que la explotación ya no necesita alambrados ni fichas de cartón. Ahora cabe en el bolsillo, dentro de un teléfono celular, y puede administrarse mediante una aplicación que promete flexibilidad mientras convierte el salario futuro en garantía de una deuda cada vez más difícil de cancelar.

     

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    El 86% de los argentinos asegura que su salario pierde contra la inflación

     

    Un relevamiento nacional de junio revela que el 86,1% de los argentinos considera que su sueldo no le gana a la inflación. También crece el pesimismo económico y cae la aprobación del gobierno de Javier Milei.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El relato de la baja de la inflación no alcanza: un informe sostiene que el 86% de los argentinos siente que su salario sigue perdiendo

    Mientras el Gobierno nacional insiste en mostrar la desaceleración de la inflación como su principal logro económico, la percepción social parece ir por otro camino. Un informe nacional realizado durante junio revela que ocho de cada diez argentinos consideran que su salario continúa perdiendo frente al aumento de los precios, evidenciando una fuerte desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de millones de trabajadores.

    El dato surge del Monitor de Opinión Pública de junio de 2026, elaborado por Zentrix Consultora sobre una muestra nacional de 1.297 casos relevados entre el 15 y el 22 de junio. El estudio muestra que el 86,1% de los consultados afirma que su salario no le está ganando a la inflación, mientras apenas el 10,3% sostiene que sí logra superar el aumento de los precios.

    Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, el trabajo sostiene que este indicador permanece prácticamente sin cambios desde marzo y se mantiene en uno de los niveles más elevados de toda la serie histórica que releva la consultora.

    El bolsillo sigue siendo el principal termómetro de la economía

    El informe pone en cuestión uno de los principales argumentos del Gobierno de Javier Milei: que la desaceleración inflacionaria por sí sola alcanza para mejorar las condiciones de vida.

    Según los investigadores, la percepción social ya no está determinada únicamente por cuánto aumentan los precios, sino por la capacidad real de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. En otras palabras, la inflación puede mostrar una tendencia descendente, pero si los salarios permanecen rezagados, la sensación de deterioro económico continúa siendo dominante.

    En ese contexto, el 68,8% de los encuestados además considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que experimenta en su vida cotidiana, una cifra que refleja un persistente nivel de desconfianza hacia los datos oficiales.

    Para la consultora, esto demuestra que la estabilización macroeconómica todavía no logra traducirse en una mejora concreta de la economía familiar, principal preocupación de buena parte de la población.

    El deterioro atraviesa incluso a votantes oficialistas

    Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que la pérdida del poder adquisitivo no aparece únicamente entre quienes se identifican con la oposición.

    Entre quienes votaron al oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, el 70,2% reconoce que su salario no le gana a la inflación, mientras que entre los votantes opositores esa cifra asciende al 96,6%.

    La diferencia, sostiene el informe, no radica tanto en la experiencia económica sino en la interpretación política de esa situación. Mientras parte del electorado libertario continúa considerando que el sacrificio forma parte de una etapa de transición, entre la oposición predomina la idea de que el deterioro constituye una evidencia del fracaso del modelo económico.

    El mismo patrón aparece cuando se analiza hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos familiares. Una proporción significativa de los hogares declara llegar con dificultades a fin de mes, reforzando la percepción de pérdida sostenida del poder adquisitivo.

    El malestar económico vuelve a impactar en la imagen del Gobierno

    El trabajo también detecta que el clima económico comienza a reflejarse nuevamente en la evaluación política de la gestión nacional.

    Tras varios meses de recuperación durante el segundo semestre de 2025 y comienzos de 2026, la aprobación del gobierno de Milei volvió a retroceder hasta ubicarse en torno al 32-33%, mientras la desaprobación escaló al 56,6% durante junio, según los datos del relevamiento.

    Además, el 55,1% de los consultados cree que «lo peor está por venir», un indicador que refleja un predominante pesimismo respecto de la evolución económica de los próximos meses.

    Aunque el Gobierno continúa exhibiendo la desaceleración de la inflación como el principal éxito de su programa económico, la encuesta sugiere que el verdadero examen sigue estando en el bolsillo de los trabajadores. Mientras la mayoría perciba que los salarios continúan perdiendo capacidad de compra, la mejora de los indicadores macroeconómicos difícilmente alcance para modificar el humor social o consolidar el respaldo político al oficialismo.

     

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    Argentina firmó acuerdo con Israel para que nos provea armas para el Ejército

     

    El Gobierno de Javier Milei rubricó un contrato con Israel para comenzar el reemplazo de los históricos fusiles FAL por modernos ARAD. La operación, presentada como parte de la modernización de las Fuerzas Armadas, también profundiza el alineamiento político y estratégico de la Casa Rosada con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

    Por Roque Pérez para NLI

    La relación entre Javier Milei e Israel acaba de sumar un nuevo capítulo. El Ministerio de Defensa firmó un acuerdo con su par israelí para la adquisición de los primeros fusiles ARAD, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), que comenzarán a reemplazar de manera progresiva a los tradicionales FAL, utilizados por el Ejército Argentino desde hace casi seis décadas. El convenio constituye uno de los contratos militares más importantes de los últimos años y vuelve a poner en evidencia el acercamiento del Gobierno argentino hacia el Estado israelí.

    Un contrato millonario que abre la puerta a nuevas compras

    El convenio fue firmado bajo la modalidad de cooperación entre Estados y contempla una primera adquisición de 700 fusiles ARAD 7, junto con 167 dispositivos de fogueo y diversos accesorios, por un monto cercano a 1,73 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo tiene un horizonte mucho más amplio: durante los próximos tres años podrá ampliarse hasta alcanzar 12 millones de dólares en compras de armamento.

    El plan incluye tanto el modelo ARAD 7, calibre 7,62 milímetros, como el ARAD 5, de 5,56 milímetros, según las necesidades operativas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además, desde el Ministerio de Defensa adelantaron que el programa de reequipamiento no se limitará únicamente a los fusiles, sino que también contempla futuras incorporaciones de pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, sistemas ópticos y municiones para renovar el equipamiento individual de las Fuerzas Armadas.

    El histórico FAL, fabricado originalmente por la firma belga FN Herstal y producido durante décadas en el país bajo licencia, fue una de las armas emblemáticas del Ejército argentino y acompañó a las tropas durante la Guerra de Malvinas. Su reemplazo será gradual y convivirá durante varios años con el nuevo armamento mientras se realizan pruebas y adaptación doctrinaria.

    Más que un cambio de fusiles: otra señal del alineamiento con Israel

    Más allá del aspecto estrictamente militar, el contrato representa un nuevo gesto político del gobierno de Milei hacia Israel, país con el que la actual administración mantiene una relación privilegiada desde el inicio de su mandato.

    El Presidente convirtió ese vínculo en uno de los ejes de su política exterior. Sus reiterados viajes a Jerusalén, el respaldo incondicional al gobierno israelí en los distintos conflictos internacionales, la decisión de trasladar la embajada argentina y la cercanía personal con el primer ministro Benjamin Netanyahu marcaron una ruptura respecto de la tradicional posición diplomática argentina en Medio Oriente.

    En ese contexto, el acuerdo para adquirir armamento israelí no aparece como un hecho aislado sino como una profundización de una alianza política, militar y tecnológica que el Gobierno busca consolidar.

    La defensa como eje de la nueva política exterior

    Desde la Casa Rosada sostienen que la operación forma parte del proceso de modernización financiado mediante el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), orientado a recuperar capacidades que consideran deterioradas durante las últimas décadas.

    Sin embargo, el convenio también abre interrogantes sobre la creciente dependencia tecnológica y militar respecto de proveedores extranjeros y sobre el rumbo que está tomando la política internacional argentina, cada vez más alineada con Estados Unidos e Israel en materia estratégica.

    La incorporación de los ARAD marca así el inicio del fin para el histórico FAL, pero también simboliza una nueva etapa en la política de defensa impulsada por Milei, donde las decisiones sobre equipamiento militar aparecen estrechamente vinculadas con la redefinición de las alianzas geopolíticas del país.

     

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    Del abrazo al garrote: Jorge Macri saludó los festejos por la Selección y horas después mandó a la Policía a reprimir

     

    Mientras miles de argentinos celebraban el triunfo de la Selección sobre Suiza y el pase a las semifinales del Mundial 2026, la noche terminó con un fuerte operativo policial en el Obelisco. Hubo heridos, detenidos y una nueva polémica por la respuesta del Gobierno porteño frente a una concentración popular.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, luego del 3 a 1 frente a Suiza, volvió a convertir al Obelisco en el escenario natural de los festejos populares. Como ocurre desde hace décadas, miles de personas se acercaron espontáneamente para celebrar un nuevo triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

    Sin embargo, lo que comenzó como una fiesta terminó envuelto en gases, corridas, balas de goma y detenciones. La Policía de la Ciudad, bajo la órbita del jefe de Gobierno Jorge Macri, desplegó un importante operativo para desalojar la zona, generando escenas de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

    Una celebración que terminó con represión

    Las imágenes difundidas por distintos medios y por los propios asistentes muestran a efectivos avanzando sobre grupos de hinchas en las inmediaciones del Obelisco. El operativo incluyó motos, camiones hidrantes y un importante despliegue de personal para dispersar la concentración cuando todavía continuaban los festejos por el pase argentino a la próxima instancia del Mundial.

    De acuerdo con la información difundida tras los incidentes, el saldo fue de 21 personas heridas y 19 detenidas, mientras la circulación quedó completamente interrumpida durante varios minutos.

    Desde el Ministerio de Seguridad porteño justificaron el procedimiento señalando que se habían registrado robos, consumo de alcohol y agresiones contra el personal policial. Según la versión oficial, algunos manifestantes arrojaron piedras y botellas, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

    La contradicción que encendió las críticas

    La represión generó cuestionamientos porque se produjo pocas horas después de que el propio Jorge Macri saludara públicamente la concentración de hinchas y celebrara el entusiasmo generado por la clasificación de la Selección.

    Para numerosos usuarios en redes sociales, organismos y dirigentes políticos, la imagen resultó contradictoria: mientras desde el discurso oficial se exaltaba la alegría por el triunfo argentino, en la práctica la respuesta estatal fue un fuerte operativo para desalojar a quienes habían salido a festejar.

    Los videos registrados desde distintos ángulos muestran corridas, disparos de postas de goma y el avance de efectivos sobre grupos de personas que intentaban retirarse del lugar. Las imágenes circularon masivamente durante la madrugada y reabrieron el debate sobre la utilización de la fuerza en manifestaciones y concentraciones populares.

    Un nuevo episodio en una política de seguridad cada vez más cuestionada

    El operativo se suma a una serie de intervenciones policiales impulsadas por la administración porteña en distintas movilizaciones durante los últimos meses, en un contexto en el que la estrategia de seguridad del Gobierno de la Ciudad aparece cada vez más alineada con el endurecimiento promovido desde la administración nacional.

    Mientras Argentina celebraba una clasificación histórica rumbo a las semifinales del Mundial, la postal que terminó recorriendo el país no fue únicamente la de las banderas celestes y blancas flameando frente al Obelisco. También quedaron registradas las imágenes de una noche en la que los festejos populares concluyeron con sirenas, corridas y detenciones, alimentando una nueva controversia sobre los límites de la actuación policial frente a concentraciones masivas.

     

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    El 10 de julio de 1816: cuando empezó el trabajo más difícil de la Independencia

     

    La Independencia no terminó el 9 de julio de 1816. Al día siguiente, las Provincias Unidas seguían rodeadas por guerras, divisiones internas, amenazas externas y un futuro completamente incierto. La historia del verdadero «día después».

    Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable

    Durante generaciones, la historia argentina enseñó a imaginar el 9 de julio de 1816 como una especie de punto de llegada, una jornada en la que un grupo de congresales reunidos en Tucumán declaró la Independencia y, desde ese momento, nació la Argentina tal como hoy la conocemos. Sin embargo, la investigación histórica desarrollada durante las últimas décadas permite reconstruir un escenario muy diferente, mucho más complejo y profundamente humano, porque el verdadero desafío comenzó precisamente al día siguiente, cuando aquella declaración solemne debía convertirse en una realidad política, militar, económica y diplomática en un territorio atravesado por guerras, disputas internas y enormes incertidumbres.

    Lo que ocurrió el 10 de julio de 1816 fue, justamente, el comienzo del trabajo más difícil. La emoción de haber proclamado la ruptura con la monarquía española convivía con una pregunta inevitable que nadie podía responder con certeza: ¿cómo sostener esa independencia frente a un imperio que todavía conservaba ejércitos poderosos, frente a provincias enfrentadas entre sí y frente a un mundo que, lejos de celebrar las revoluciones americanas, buscaba restaurar el viejo orden monárquico?

    Una declaración que todavía debía hacerse realidad

    La sesión del 9 de julio no había resuelto los principales problemas de las Provincias Unidas. El Congreso seguía reunido porque quedaban por discutir cuestiones fundamentales como la forma de gobierno, la organización institucional, la administración de los recursos públicos, la representación política de los distintos territorios y la estrategia diplomática para obtener reconocimiento internacional, un aspecto indispensable para garantizar la supervivencia del nuevo Estado.

    En otras palabras, existía una declaración de independencia, pero todavía no existía una nación plenamente organizada. No había Constitución, tampoco un consenso definitivo sobre el modelo político, y las diferencias entre proyectos centralistas y federales seguían atravesando toda la vida pública.

    La imagen de un país unido detrás de un mismo objetivo pertenece mucho más a la construcción posterior de la memoria nacional que a la realidad de aquellos días, porque el Congreso de Tucumán representaba solamente a una parte de las antiguas jurisdicciones del Virreinato del Río de la Plata, mientras otras regiones permanecían alejadas del proceso político o directamente enfrentadas con el Directorio instalado en Buenos Aires.

    Una independencia rodeada por todos los frentes

    Si el mapa político resultaba complejo, el militar era todavía más preocupante.

    Al norte, las tropas realistas continuaban ocupando buena parte del Alto Perú y mantenían capacidad suficiente para intentar una nueva invasión sobre el actual territorio argentino. La resistencia dependía casi exclusivamente de la extraordinaria guerra de recursos organizada por Martín Miguel de Güemes, cuyos gauchos sostenían una frontera militar mediante tácticas de desgaste que impedían el avance español, aunque a un costo humano enorme para la población del noroeste.

    Mientras tanto, en Mendoza, José de San Martín aceleraba la preparación del Ejército de los Andes, consciente de que la defensa permanente resultaba insuficiente y de que la única posibilidad estratégica consistía en trasladar la guerra hacia Chile y posteriormente hacia el Perú, donde se encontraba el principal centro del poder español en Sudamérica. Aquella expedición todavía era un proyecto que demandaba recursos, hombres, armamento, animales, alimentos y una organización logística sin precedentes para la región.

    En simultáneo, la Banda Oriental se encontraba sometida a la invasión portuguesa iniciada meses antes, mientras las tensiones entre el Directorio y la Liga de los Pueblos Libres encabezada por José Gervasio Artigas impedían construir una estrategia común frente a los enemigos externos. Paradójicamente, el mismo territorio que acababa de proclamarse independiente enfrentaba conflictos militares tanto contra las fuerzas de la Corona española como entre los propios proyectos políticos surgidos de la Revolución de Mayo.

    La independencia, entonces, no eliminó los peligros. Simplemente cambió la naturaleza de la lucha.

    El mundo tampoco jugaba a favor

    A menudo se olvida que la declaración de Tucumán ocurrió en uno de los momentos más adversos para cualquier revolución americana.

    Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, las principales potencias europeas impulsaban la restauración de las monarquías tradicionales mediante el Congreso de Viena y la posterior Santa Alianza, un sistema internacional diseñado precisamente para impedir la expansión de los movimientos revolucionarios que habían sacudido Europa y América durante las décadas anteriores.

    Desde esa perspectiva, la independencia declarada en Tucumán no contaba con un escenario internacional favorable. España pretendía recuperar sus colonias y buena parte de Europa compartía ese objetivo, mientras las Provincias Unidas carecían todavía del reconocimiento diplomático necesario para consolidarse como un Estado soberano.

    No resulta casual que apenas diez días después, el 19 de julio de 1816, el Congreso decidiera ampliar el texto original agregando la expresión «y de toda otra dominación extranjera», una aclaración destinada a despejar cualquier sospecha de que la ruptura con España pudiera desembocar en la dependencia respecto de otra potencia europea.

    Aquella modificación demuestra que los diputados seguían pensando la independencia como un proceso abierto, susceptible de ajustes conforme evolucionaban las circunstancias políticas y diplomáticas.

    Lejos de la imagen de una obra terminada, el Congreso trabajaba casi diariamente para fortalecer una construcción institucional que todavía era extremadamente frágil.

    La historia suele recordar el 9 de julio como el día en que nació la Independencia argentina, pero el 10 de julio de 1816 recuerda algo igualmente importante y quizá más cercano a la experiencia humana: las grandes transformaciones nunca concluyen con una firma ni con una proclamación solemne, sino que recién empiezan cuando llega el momento de sostenerlas frente a la realidad. Aquellos hombres salieron de la histórica casa de Tucumán sabiendo que no habían llegado a la meta, sino que acababan de asumir una responsabilidad inmensa cuyo resultado todavía era incierto, porque la libertad recién declarada debía defenderse en los campos de batalla, consolidarse en las instituciones, financiarse con una economía devastada y legitimarse ante un mundo que todavía no estaba dispuesto a reconocerla.

     

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    Se fue pero le seguís pagando: el Gobierno mantiene la custodia de Adorni

     

    Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.

    Por Roque Pérez para NLI

    La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.

    De combatir la «casta» a conservar sus privilegios

    Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.

    La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.

    Una decisión que también genera preguntas judiciales

    El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.

    En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.

    Los recursos del Estado vuelven al centro del debate

    Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.

    La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.