Política

 

José de San Martín no pensaba la independencia como un proyecto aislado para cada territorio. Su estrategia militar y política apuntaba a una América del Sur libre y capaz de decidir su propio destino.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay una imagen de José de San Martín que la escuela argentina repitió durante generaciones: el general sobre su caballo, cruzando los Andes, espada en mano, conduciendo al Ejército de los Andes hacia la liberación de Chile y, después, del Perú. Es una imagen verdadera, pero incompleta. Porque detrás de aquella extraordinaria operación militar existía una concepción política mucho más amplia que la simple independencia de las Provincias Unidas. San Martín no estaba pensando solamente en liberar un territorio; estaba pensando en impedir que América del Sur quedara nuevamente sometida a una potencia extranjera y en construir las condiciones para que los nuevos Estados pudieran sostener su propia soberanía. Su proyecto no puede separarse de la idea de una independencia continental, de la necesidad de coordinación entre los pueblos americanos y de su permanente preocupación por evitar que las disputas internas destruyeran aquello que la guerra contra España había permitido conquistar.

Por eso, cuando hoy utilizamos la expresión Patria Grande para interpretar el pensamiento sanmartiniano, no estamos diciendo que San Martín utilizara ese término en el sentido político contemporáneo. Estamos empleando una categoría posterior para describir una idea que aparece de manera reiterada en su actuación: las nuevas repúblicas americanas no podían pensarse completamente aisladas unas de otras. La frontera entre los proyectos independentistas no era para él una frontera política definitiva, sino una circunstancia dentro de una lucha mucho más amplia contra el dominio colonial. El Ejército de los Andes, la liberación de Chile y la expedición al Perú forman parte de una misma estrategia porque, desde su perspectiva, la independencia de una provincia o de un solo país no servía de mucho si el poder español conservaba capacidad militar suficiente para reconquistar el resto del continente.

La independencia como proyecto continental

San Martín había comprendido algo que resulta fundamental para entender su estrategia: España podía perder una batalla y seguir siendo una potencia capaz de recuperar territorios. Mientras el centro del poder colonial permaneciera intacto en el Perú, la independencia de los territorios del sur continuaría amenazada. Por eso su plan no consistió en avanzar directamente hacia Lima atravesando el Alto Perú, sino en buscar una vía alternativa: organizar el Ejército de los Andes, cruzar la cordillera, liberar Chile y desde allí avanzar por el Pacífico hacia el corazón del poder español en Sudamérica.

La operación implicaba una concepción política antes que militar. No se trataba simplemente de ganar batallas; se trataba de modificar el mapa estratégico de todo el continente. San Martín necesitaba que Chile fuera independiente porque necesitaba sus puertos, sus recursos y su posición geográfica para continuar la campaña hacia Perú. Necesitaba que Perú dejara de ser el principal bastión realista porque mientras allí existiera un poder español organizado, la independencia sudamericana permanecería incompleta.

La correspondencia de San Martín muestra que esta preocupación por la dimensión continental de la guerra era permanente. En sus comunicaciones con otros dirigentes insistía en la necesidad de coordinar esfuerzos y concentrar recursos para terminar con el poder español. Su famosa frase acerca de que la independencia del Perú era necesaria para asegurar la de Chile y la de las Provincias Unidas sintetiza una lógica que atraviesa toda su estrategia: la libertad de cada territorio dependía también de la libertad de los demás.

Por eso resulta difícil encerrar su pensamiento dentro de las fronteras nacionales que terminarían consolidándose décadas después. San Martín fue argentino, por supuesto, pero su actuación política y militar fue esencialmente americana. Combatió por las Provincias Unidas, pero también organizó la liberación de Chile y condujo la campaña libertadora del Perú. Su horizonte político era necesariamente mayor que el territorio de las Provincias Unidas.

Contra España, pero también contra cualquier dominación extranjera

Existe otro aspecto menos difundido de su pensamiento: para San Martín, la independencia no podía reducirse a cambiar una bandera por otra. Una nación que expulsara a un poder colonial para quedar inmediatamente sometida a otra potencia no habría conquistado una verdadera soberanía.

La cuestión era especialmente delicada porque las guerras de independencia sudamericanas coincidieron con una profunda transformación del equilibrio internacional. Gran Bretaña había adquirido una enorme importancia económica y naval; Francia mantenía ambiciones internacionales; España intentaba recuperar sus antiguas posesiones y Estados Unidos comenzaba a proyectar con mayor fuerza su influencia sobre el continente. Las nuevas repúblicas americanas nacían, por lo tanto, en un escenario internacional en el que su debilidad podía convertirlas rápidamente en objetos de disputa entre potencias.

San Martín observaba ese escenario con preocupación. Su correspondencia demuestra una permanente atención hacia la situación europea y hacia las posibilidades de intervención extranjera en América. La independencia política debía estar acompañada por capacidad para defenderla. De poco servía proclamar una república si no existían fuerzas capaces de proteger su territorio, sus recursos y sus decisiones.

En este punto aparece una idea profundamente moderna: la soberanía no consiste solamente en tener un gobierno propio, sino en disponer de la capacidad material para sostener las decisiones propias. Un país políticamente independiente pero económicamente vulnerable, militarmente indefenso o completamente dependiente de potencias extranjeras podía convertirse nuevamente en un territorio subordinado, aunque ya no existiera un virrey español.

Esa concepción ayuda a comprender por qué San Martín otorgó tanta importancia a la organización militar, a los recursos propios y a la coordinación entre los territorios americanos. La independencia debía poder defenderse.

El encuentro con Bolívar y el sueño que quedó incompleto

El episodio que mejor permite observar la dimensión continental del pensamiento sanmartiniano es, probablemente, su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, en julio de 1822.

Ambos habían llegado a conclusiones estratégicas similares desde caminos diferentes. Bolívar había impulsado la independencia del norte de Sudamérica y San Martín había construido la campaña desde el sur. Los dos entendían que la derrota definitiva del poder español exigía terminar con el último gran bastión colonial en el Perú.

Lo que ocurrió exactamente durante aquellas conversaciones sigue siendo objeto de debate histórico. No existe una transcripción completa del encuentro y muchas de las versiones posteriores fueron construidas a partir de cartas, testimonios y reconstrucciones. Pero existe un dato que no necesita de ninguna leyenda: San Martín decidió retirarse del escenario peruano y dejó a Bolívar la conducción militar que terminaría derrotando definitivamente a las fuerzas españolas en Ayacucho en 1824.

La decisión es extraordinaria porque San Martín no abandonó Perú después de una derrota. Se retiró después de haber construido las condiciones para la independencia y cuando todavía podía aspirar a conservar una enorme influencia política.

La explicación se encuentra también en su concepción de la independencia. No quería transformar la guerra libertadora en una disputa personal por el liderazgo continental. Había diferencias políticas entre ambos dirigentes y existían cuestiones complejas respecto del futuro institucional del Perú, pero San Martín terminó priorizando una cuestión que consideraba superior: que la independencia pudiera completarse aunque él dejara de ser el protagonista.

Ese gesto tiene una dimensión política enorme. La historia suele recordar a los grandes líderes por su voluntad de poder. San Martín ofrece una imagen diferente: un dirigente que, después de haber construido una campaña militar extraordinaria, aceptó abandonar el centro de la escena cuando consideró que su permanencia podía dificultar el objetivo principal.

La Patria Grande que aparece en su pensamiento, entonces, no era solamente una consigna sentimental de unidad latinoamericana. Era también una estrategia concreta de supervivencia política frente a las potencias coloniales y frente a la fragmentación interna.

Una América unida, pero no necesariamente idéntica

Hablar del proyecto continental de San Martín tampoco significa convertirlo retrospectivamente en defensor de un único Estado sudamericano. Esa interpretación sería tan simplificadora como la visión puramente nacionalista que lo presenta exclusivamente como héroe argentino.

San Martín entendía que los territorios americanos tenían realidades políticas diferentes. Su preocupación principal era que pudieran constituirse como naciones soberanas y evitar el retorno del dominio colonial. El objetivo era la independencia, no necesariamente la desaparición de las identidades políticas particulares.

Por eso su pensamiento puede ser leído como una tensión entre unidad estratégica y diversidad política. Los pueblos americanos podían organizar sus propios gobiernos, desarrollar sus propias instituciones y mantener sus particularidades, pero necesitaban comprender que compartían intereses fundamentales frente a las potencias extranjeras.

Esa concepción resulta particularmente interesante porque anticipa una discusión que atravesaría toda la historia latinoamericana: ¿cómo construir soberanía nacional sin caer en un aislamiento que vuelva vulnerable a cada país por separado?

San Martín parecía haber entendido que una América fragmentada podía ser más fácil de dominar que una América capaz de coordinar sus intereses.

El legado que quedó después de su muerte

San Martín murió en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850, cuando las nuevas repúblicas sudamericanas ya llevaban varias décadas de vida independiente. Para entonces, sin embargo, el proyecto continental que había contribuido a construir estaba atravesado por profundas divisiones. Las guerras civiles, las disputas territoriales y las rivalidades entre las nuevas dirigencias habían reemplazado al enemigo colonial como principal fuente de conflicto.

Aquello que San Martín había intentado evitar se convirtió en una de las grandes tragedias políticas del siglo XIX americano: la independencia no produjo automáticamente unidad, desarrollo ni soberanía económica.

Las nuevas repúblicas quedaron insertas en un sistema internacional profundamente desigual y muchas de ellas desarrollaron economías orientadas hacia la exportación de materias primas y la dependencia de mercados y capitales extranjeros. La ruptura política con España no significó el final de todas las formas de subordinación.

Allí es donde el pensamiento sanmartiniano adquiere una dimensión que excede la efeméride.

Su proyecto no puede ser utilizado como una doctrina política cerrada para el presente, porque San Martín perteneció a otro tiempo, enfrentó otros problemas y no dejó un programa económico moderno en el sentido actual. Pero sí dejó una serie de principios que permiten discutir la idea de soberanía: la independencia como condición indispensable, la defensa de los recursos propios, la coordinación entre los pueblos americanos y el rechazo a que las nuevas naciones fueran simples piezas de las disputas entre potencias.

Por eso la expresión Patria Grande puede resultar útil si se utiliza con rigor histórico. No para inventarle a San Martín pensamientos que pertenecen al siglo XXI, sino para describir una dimensión real de su acción política: nunca entendió la emancipación americana como una colección de pequeñas independencias completamente desconectadas entre sí.

Su ejército cruzó los Andes porque la geografía no podía convertirse en una frontera para la libertad. Su campaña continuó hacia Chile porque la independencia argentina era vulnerable mientras existiera un poder español fuerte en el Pacífico. Avanzó hacia Perú porque allí estaba uno de los principales centros del poder colonial. Y finalmente aceptó retirarse porque entendió que la causa podía ser más importante que el hombre que la conducía.

Tal vez allí se encuentre la parte más profunda de su legado.

San Martín no imaginó una América Grande solamente porque quisiera verla unida en un mapa. La imaginó capaz de decidir su propio destino.

Y esa diferencia es fundamental.

Porque la Patria Grande, entendida desde su experiencia histórica, no significa que todos los países deban ser iguales ni que deban renunciar a sus identidades. Significa comprender que la soberanía de cada uno puede ser más sólida cuando existe cooperación con los demás y que la independencia política pierde buena parte de su sentido cuando las decisiones fundamentales continúan tomándose desde afuera.

Doscientos años después, el mapa sudamericano sigue dividido en Estados diferentes. Pero aquella pregunta que atravesó la vida de San Martín continúa abierta: si los pueblos que conquistaron juntos su independencia pueden también construir juntos las condiciones materiales para defenderla.

Ese fue, quizás, el verdadero horizonte político del Libertador.

No solamente liberar territorios.

Liberar a un continente de la idea de que su destino debía ser decidido por otros.

 

 

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix correspondiente a julio expone un deterioro sostenido de Javier Milei: su imagen positiva cayó de 47% en febrero a apenas 30,9%, mientras la negativa trepó al 58,5%. La aprobación de su gestión también tocó uno de sus niveles más bajos. El dato revela que el desgaste del Gobierno dejó de ser una contingencia y empieza a convertirse en una tendencia política.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Javier Milei atraviesa un momento político que difícilmente pueda ser explicado como un simple tropiezo. El último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, correspondiente a julio de 2026, muestra una caída sostenida de la valoración del Presidente y una ampliación considerable del rechazo hacia su gestión. En apenas cinco meses, el mandatario perdió 16 puntos de imagen positiva, mientras la valoración negativa trepó hasta el 58,5%.

El dato adquiere todavía mayor relevancia porque no se trata de una medición aislada. La encuesta permite observar una curva descendente prácticamente continua. En febrero, Milei alcanzaba alrededor del 47% de imagen positiva. Desde entonces, el respaldo comenzó a retroceder hasta llegar al 30,9% en julio, mientras el rechazo se consolidó como la posición mayoritaria. El Presidente perdió, de ese modo, una parte sustancial del capital político con el que había comenzado el año.

La pregunta que aparece entonces es inevitable: ¿qué pasó con aquel Milei que todavía podía exhibir niveles de aprobación cercanos a la mitad de la sociedad? La respuesta no parece encontrarse en un único episodio político, sino en la acumulación de problemas que comenzaron a impactar sobre la vida cotidiana y, finalmente, sobre la valoración del Gobierno.

De La Luna De Miel Al Desgaste

El recorrido de la aprobación de la gestión resulta especialmente significativo. En febrero, el Gobierno alcanzaba un 45% de aprobación, su mejor registro del año. A partir de allí comenzó una caída que no logró revertirse: 38,5% en marzo, 33,1% posteriormente, 32,2% y finalmente 31,4% en julio. Del otro lado, la desaprobación llegó al 58,8%.

Hay una diferencia política sustancial entre una administración que enfrenta una mala medición puntual y otra cuya aprobación viene descendiendo durante varios meses consecutivos. En el segundo caso, ya no se está frente a un episodio coyuntural sino ante un proceso de desgaste.

Y ese proceso resulta particularmente incómodo para un Presidente que construyó buena parte de su legitimidad sobre una idea sencilla: el sacrificio presente tendría como consecuencia una mejora futura. El argumento requería que la sociedad pudiera visualizar algún tipo de recompensa. Pero cuando el esfuerzo cotidiano se prolonga y la mejora prometida no llega a los hogares, la tolerancia comienza a erosionarse.

El propio MOP aporta algunos elementos para comprender ese fenómeno. El 61,8% evalúa negativamente la situación económica del país, mientras el 42,8% tiene una valoración negativa de su situación económica personal. A su vez, el 61,9% declara haber tomado algún tipo de deuda durante los últimos seis meses y el 66% afirma que sus ingresos se agotan antes o hasta el día 20.

No hace falta convertir esos números en una explicación mecánica del deterioro presidencial para advertir la relación. Cuando el ajuste deja de ser una consigna política y se transforma en una experiencia cotidiana, el Gobierno comienza a pagar el costo de esa política en términos de imagen.

El Rechazo Ya Supera Al Núcleo Duro

El aspecto más delicado para Milei aparece cuando se observa la composición de su imagen. El Presidente conserva un núcleo de apoyo importante, pero enfrenta también un nivel de rechazo mucho mayor.

El 30,9% mantiene una imagen positiva del mandatario frente a un 58,5% de imagen negativa, una diferencia de casi 28 puntos. En otras palabras, Milei todavía conserva una base política sólida, pero se encuentra con un problema que puede resultar mucho más complejo de resolver: su dificultad para ampliar esa base.

El dato se vuelve todavía más contundente cuando se analiza la proyección electoral hacia 2027. El Presidente mantiene un 24% de electores que aseguran que seguramente lo votarían, pero al mismo tiempo el 57% afirma que jamás lo votaría. Es una estructura política profundamente polarizada: Milei conserva un núcleo duro considerable, pero también tiene uno de los techos de rechazo más elevados del escenario.

La segmentación social también muestra dónde se concentra el deterioro. Su mejor desempeño relativo aparece entre los menores de 40 años, mientras que la imagen negativa aumenta entre los sectores de mayor edad. Entre los mayores de 60 años alcanza el 59,6%. Por género, el contraste resulta todavía más marcado: la imagen negativa llega al 65,9% entre las mujeres. En el AMBA, además, el rechazo alcanza el 63,6%.

Es decir, la caída no se distribuye de manera uniforme. Hay territorios, edades y sectores sociales donde el desgaste presidencial resulta particularmente profundo.

El Problema De Milei No Es Solamente La Oposición

Hay, sin embargo, una paradoja que el Gobierno todavía puede utilizar a su favor. La caída de Milei no se traduce automáticamente en una oposición consolidada.

El relevamiento de Zentrix muestra también niveles elevados de rechazo hacia otras figuras. Axel Kicillof registra 51,5% de imagen negativa y 35,4% positiva, mientras Patricia Bullrich presenta 50% de valoración negativa y 36,6% positiva. La excepción es Myriam Bregman, que aparece con un saldo positivo de 43,1% contra 40% de negativa, aunque su nivel de voto seguro hacia 2027 continúa siendo reducido.

Esto genera un escenario particular. Milei pierde imagen, pero el sistema político todavía no ofrece una figura capaz de absorber automáticamente todo ese descontento. Para el oficialismo, esa situación representa un margen de supervivencia. Para la oposición, una advertencia.

Pero sería un error interpretar ese dato como una recuperación del Presidente. La ausencia de un reemplazante evidente no modifica el dato central del estudio: Milei terminó julio con una imagen negativa de 58,5%, una positiva de apenas 30,9% y una aprobación de gestión del 31,4%.

El Presidente que en febrero podía mostrar un 47% de valoración favorable perdió 16 puntos en menos de medio año. Y lo hizo mientras la percepción negativa de la economía se extendía, el endeudamiento se convertía en una herramienta de supervivencia para una parte importante de la población y cada vez más argentinos sienten que el salario no alcanza para atravesar el mes.

La conclusión política es difícil de esquivar: el problema de Milei ya no es solamente cuánto mide su rechazo, sino la dirección que tomó la curva. El Gobierno llegó a febrero con un nivel de respaldo que parecía permitirle recuperar iniciativa. Cinco meses después, la fotografía es otra.

La narrativa del sacrificio comienza a encontrarse con su límite más concreto: la paciencia de quienes sienten que el esfuerzo no se traduce en una mejora de sus condiciones de vida.

Y cuando esa percepción se instala, deja de ser solamente una discusión económica. Se transforma en una discusión sobre el poder.

 

 

En 1911, décadas antes de la ley de sufragio femenino, Julieta Lanteri consiguió votar en Buenos Aires gracias a una batalla judicial contra un sistema que había dado por sentado que las mujeres no eran ciudadanas.

Por Alcides Blanco para NLI

El 26 de noviembre de 1911, en el atrio de la parroquia San Juan Evangelista de La Boca, ocurrió algo que para la Argentina de aquel tiempo parecía sencillamente imposible: una mujer se presentó ante una mesa electoral y votó. No fue una escena preparada por el Estado ni una concesión de las autoridades. Fue el resultado de una pelea individual contra una estructura jurídica que había construido la ciudadanía en masculino y que, precisamente por no haber imaginado que una mujer pudiera reclamar sus derechos políticos, había dejado un pequeño resquicio legal. Esa mujer se llamaba Julieta Lanteri y su historia fue durante décadas mucho menos conocida de lo que merece.

Lanteri había nacido en Italia en 1873 y llegó a la Argentina siendo niña. En un país que todavía discutía qué lugar debían ocupar las mujeres en la vida pública, logró ingresar al Colegio Nacional de La Plata y posteriormente estudiar Medicina, una carrera prácticamente vedada para ellas. También obtuvo el título de farmacéutica. Su trayectoria profesional ya era, por sí misma, una ruptura con las convenciones de su época, pero Lanteri no estaba dispuesta a limitar su lucha al ámbito universitario. Entendía que la igualdad no podía existir mientras las mujeres fueran consideradas aptas para estudiar y trabajar, pero incapaces de intervenir en las decisiones políticas.

El día en que descubrió que la ley no decía que las mujeres no podían votar

La historia de su primer voto parece casi un argumento de película porque nació de una lectura minuciosa de una norma. En 1911, la Municipalidad de Buenos Aires convocó a los vecinos a actualizar sus datos para el padrón electoral destinado a las elecciones municipales. Los requisitos establecidos contemplaban edad, residencia, profesión o actividad económica y pago de impuestos, pero no establecían expresamente que el elector debiera ser hombre.

Lanteri entendió inmediatamente la importancia de aquella omisión. No se limitó a reclamar públicamente: recurrió a la Justicia y consiguió ser reconocida como ciudadana e incorporada al padrón. El 16 de julio de 1911 se convirtió en la primera mujer incorporada a un padrón electoral argentino y, meses después, pudo presentarse a votar.

El 26 de noviembre llegó a la mesa ubicada en la parroquia San Juan Evangelista. Los hombres que esperaban para votar observaron sorprendidos cómo aquella mujer se incorporaba a la fila. El presidente de mesa era el historiador Adolfo Saldías, quien recibió su voto. La escena quedó registrada en fotografías que hoy forman parte del patrimonio del Archivo General de la Nación: Lanteri, vestida de blanco y con sombrero, frente a una mesa electoral dominada por hombres.

La imagen tiene una fuerza extraordinaria precisamente porque no muestra una multitud de mujeres reclamando detrás de una bandera. Muestra a una sola mujer parada frente a una institución. Y eso alcanza para explicar la dimensión del desafío.

No hubo una revolución armada, ni una reforma constitucional, ni una multitud ocupando las calles. Hubo una ciudadana que leyó una norma y decidió preguntarse por qué un derecho que la ley no le prohibía expresamente debía serle negado.

La trampa del sistema: cuando cerraron el agujero

El triunfo duró poco. La reforma electoral de 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, estableció el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones y vinculó el padrón electoral con los registros militares. La nueva legislación cerró el camino que Lanteri había encontrado. El sistema había aprendido de su propia contradicción: si una mujer podía ser incorporada al padrón porque la norma no decía explícitamente que estaba excluida, entonces había que construir una exclusión más precisa.

Y Lanteri volvió a desafiarlo.

En lugar de aceptar que la puerta se había cerrado, buscó otra. Si las mujeres no podían votar, razonó, había que preguntarse si existía alguna norma que les prohibiera ser candidatas. En 1919 se presentó como candidata a diputada nacional por el Partido Feminista Nacional, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en disputar formalmente un cargo electivo en la Argentina. Su plataforma no era simbólica: proponía derechos laborales, protección de la maternidad, igualdad civil, protección de los hijos y reformas sociales.

Aquello permite comprender que Lanteri no estaba interesada solamente en conseguir que las mujeres pudieran colocar una boleta dentro de una urna. Su proyecto era mucho más amplio: quería transformar a las mujeres de sujetos pasivos de las decisiones políticas en protagonistas de esas decisiones.

En 1910 había participado además de la organización del Primer Congreso Internacional Femenino realizado en Buenos Aires y desarrolló una intensa actividad en defensa de los derechos civiles y políticos. Su militancia incluía cuestiones vinculadas con la educación, el trabajo, la maternidad, la infancia y la lucha contra la trata de mujeres.

El contraste con su época resulta notable. Mientras buena parte de la sociedad todavía discutía si una mujer debía estudiar una carrera universitaria o ejercer determinadas profesiones, Lanteri ya estaba planteando una cuestión mucho más profunda: qué sentido tenía una democracia que excluía políticamente a la mitad de su población.

Una muerte que dejó una pregunta abierta

El final de su vida agregó otra capa de misterio a una historia que ya parecía extraordinaria. Julieta Lanteri murió el 23 de febrero de 1932, cuando fue atropellada por un automóvil en la esquina de Diagonal Norte y Suipacha. Tenía 58 años. La muerte fue considerada oficialmente como un accidente, pero con el tiempo surgieron dudas y sospechas alrededor del episodio, especialmente porque Lanteri había recibido amenazas y mantenía una intensa actividad política. El conductor del vehículo fue identificado como David Klappenbach, vinculado a la Legión Cívica. Las circunstancias nunca quedaron definitivamente esclarecidas.

No corresponde convertir esas sospechas en una certeza histórica que la documentación disponible no permite demostrar. Pero tampoco es necesario borrar la existencia de esas dudas. La muerte de Lanteri quedó rodeada de interrogantes, y su desaparición contribuyó a que durante mucho tiempo su figura perdiera espacio frente a otras protagonistas de la lucha por los derechos políticos de las mujeres.

El sufragio femenino argentino llegaría finalmente décadas después. La ley que reconoció los derechos políticos de las mujeres fue sancionada en 1947 y el voto femenino se ejerció en elecciones nacionales en 1951. Para entonces, Lanteri llevaba casi veinte años muerta.

Pero hay una diferencia fundamental entre esperar a que la historia conceda un derecho y obligar a la historia a discutirlo.

Lanteri hizo lo segundo.

Su primer voto no cambió por sí solo el sistema electoral argentino. Tampoco logró convertirse en diputada. No consiguió que las mujeres votaran inmediatamente ni pudo ver concretada la conquista por la que había luchado. Sin embargo, su gesto dejó expuesta una contradicción que ya no podía ocultarse: una democracia que hablaba de ciudadanía mientras excluía a las mujeres tenía una deuda imposible de disimular.

Por eso aquella fotografía de 1911 conserva una potencia que excede largamente la anécdota. Allí está Lanteri, vestida de blanco, frente a una mesa electoral. A su alrededor, hombres que parecen observar una escena extraordinaria. Para nosotros, más de un siglo después, la situación puede parecer absurda. Pero justamente ahí reside su valor histórico.

Los derechos que hoy parecen naturales casi siempre tuvieron un momento en el que alguien tuvo que desafiar la idea de que eran imposibles.

Julieta Lanteri hizo eso mucho antes de que el Estado argentino estuviera preparado para reconocerlo.

Y quizá por eso su historia no debería recordarse solamente como la de “la primera mujer que votó”. Fue también la historia de una mujer que entendió algo elemental y profundamente revolucionario: que muchas veces el poder se sostiene no solamente por las leyes que existen, sino también por aquellas prohibiciones que todos creen que existen aunque nadie se haya tomado el trabajo de escribirlas.

 

 

En 1928 un grupo de taxistas porteños encontró una solución desesperada frente a la falta de pasajeros: llevar varias personas por el mismo recorrido. Así nació el colectivo argentino.

Por Alcides Blanco para NLI

Hoy parece imposible imaginar una ciudad argentina sin colectivos. Están en los barrios, atraviesan avenidas, conectan localidades, llevan trabajadores de madrugada, estudiantes, jubilados, familias enteras y millones de pasajeros todos los días. Tienen colores, números, recorridos, terminales, empresas, sindicatos y hasta una cultura propia. Sin embargo, hubo un momento en que el colectivo no existía. Y su nacimiento no ocurrió en un laboratorio, ni en una oficina de planificación urbana, ni como resultado de una gran política estatal. Surgió de una necesidad mucho más sencilla y mucho más argentina: un grupo de trabajadores necesitaba encontrar la manera de seguir viviendo de su oficio cuando los pasajeros empezaron a desaparecer.

La historia se remonta a 1928, cuando los taxistas porteños atravesaban una situación complicada por la competencia de otros medios de transporte. Buenos Aires ya contaba con una extensa red de tranvías, una creciente oferta de ómnibus y una línea de subterráneos que desde 1913 conectaba Plaza de Mayo con Primera Junta. Para los taxistas, competir contra esos sistemas significaba ofrecer un servicio mucho más caro por pasajero. La cantidad de clientes comenzó a disminuir y el problema se convirtió en una cuestión de supervivencia económica.

Fue entonces cuando apareció una idea que, vista desde hoy, parece obvia, pero que en aquel momento significaba cambiar completamente la lógica del taxi: si una persona sola no podía pagar el viaje, podían viajar varias y compartir el costo.

De La “Malaria” Al Primer Colectivo

Los protagonistas de aquella transformación eran taxistas que acostumbraban reunirse en un café de la zona de Floresta. Las fuentes coinciden en que el punto de referencia estuvo en el área de Rivadavia y Lacarra, aunque existen distintas versiones acerca del lugar exacto y de quién fue el primero en proponer la idea. Esa incertidumbre no le quita valor a la historia; por el contrario, muestra que el nacimiento del colectivo fue menos parecido a una invención individual que a una respuesta colectiva frente a una crisis.

Aquellos trabajadores ya habían probado algo parecido en ocasiones especiales. Los fines de semana podían trasladar grupos de pasajeros hacia el hipódromo, las canchas de fútbol o distintos puntos de la ciudad. La novedad de 1928 consistió en convertir esa práctica ocasional en un servicio regular, con recorrido fijo y tarifa determinada.

El 24 de septiembre de aquel año comenzaron los primeros viajes. Los automóviles utilizados seguían siendo, básicamente, taxis modificados. No tenían la apariencia del colectivo que conocemos actualmente y su capacidad era reducida. Las primeras unidades podían transportar alrededor de cinco pasajeros, aunque rápidamente comenzaron a incorporar asientos adicionales y modificaciones en las carrocerías para aumentar la cantidad de personas transportadas.

La tarifa era parte fundamental del negocio. El viaje podía costar 10 centavos hasta Flores y 20 centavos hasta Primera Junta, bastante menos de lo que hubiera significado contratar un taxi completo. El conductor no necesitaba conseguir un único pasajero dispuesto a pagar todo el viaje: podía llenar los asientos con varios usuarios que abonaban individualmente.

Había nacido una nueva lógica económica.

Y esa lógica terminaría transformando Buenos Aires.

El Invento Que El Estado Primero Miró Con Desconfianza

Los primeros colectivos circularon en una especie de zona gris. El sistema era demasiado nuevo como para encajar cómodamente en las categorías existentes y, al mismo tiempo, competía directamente con servicios de transporte ya establecidos.

Los primeros conductores llegaron incluso a escribir con tiza sobre sus vehículos los destinos que cubrían. Era una manera improvisada de informar a los pasajeros, pero también una señal de que nadie sabía todavía exactamente qué iba a convertirse aquel experimento. Con el tiempo aparecieron carteles, colores, recorridos más definidos y unidades especialmente carrozadas.

La competencia no tardó en generar conflictos. El colectivo comenzó a disputar pasajeros con tranvías y ómnibus y enfrentó cuestionamientos, regulaciones y diferentes intentos de ordenar su funcionamiento. El Estado terminó interviniendo y, hacia fines de 1932, la Municipalidad de Buenos Aires reglamentó el servicio, estableció recorridos y comenzó a numerar las líneas.

Es un detalle importante porque muestra cómo muchas veces la innovación aparece antes que la regulación. Primero surge una necesidad, después una solución improvisada y finalmente las instituciones intentan adaptar sus normas a una realidad que ya está funcionando.

El colectivo siguió ese camino.

Primero fue un taxi que llevaba varios pasajeros. Después fue un auto-colectivo. Más tarde, una unidad carrozada específicamente para transportar personas. Finalmente, se convirtió en un sistema de transporte masivo.

Y terminó siendo parte de la identidad argentina.

Mucho Más Que Un Medio De Transporte

Hay algo especialmente interesante en esta historia: el colectivo no nació simplemente como una innovación tecnológica. Nació como una innovación laboral.

Los protagonistas no estaban intentando revolucionar el transporte mundial. Querían trabajar.

La competencia de los tranvías y los ómnibus había reducido sus posibilidades de obtener ingresos y ellos encontraron una manera de ofrecer un servicio más barato sin abandonar su oficio. El resultado fue una transformación que excedió completamente las intenciones originales.

Con el tiempo, el colectivo permitió conectar zonas que no tenían acceso directo a los grandes sistemas ferroviarios o tranviarios. Facilitó el crecimiento de barrios, acompañó la expansión del área metropolitana y convirtió al transporte automotor en una pieza fundamental de la vida urbana.

También creó una nueva relación entre conductor y pasajero. A diferencia de otros medios de transporte masivo, el colectivo tenía una dimensión mucho más cercana: el chofer conocía las calles, los barrios, las paradas y muchas veces a los propios pasajeros. En los primeros tiempos, incluso debía anunciar a viva voz el recorrido para captar clientes.

Con los años aparecerían las empresas, los sindicatos, las regulaciones, las grandes carrocerías y las redes de líneas que conocemos actualmente. Pero en el origen estaba aquel pequeño automóvil convertido en transporte compartido.

Hay otra cuestión que tampoco debería perderse de vista. La historia oficial suele contar el nacimiento del colectivo como una simpática anécdota porteña: unos taxistas se reunieron en un café y tuvieron una idea. Pero debajo de esa postal hay una historia mucho más profunda sobre trabajo, competencia y supervivencia económica.

El colectivo nació porque había una crisis.

Nació porque un grupo de trabajadores vio caer su fuente de ingresos y decidió modificar la forma de prestar el servicio.

Nació porque había pasajeros que necesitaban viajar más barato.

Y nació porque alguien comprendió que podía convertir un problema individual —el taxi vacío— en una solución colectiva: varios pasajeros compartiendo un mismo recorrido.

Esa lógica terminaría dando nombre al invento.

Quizás por eso el colectivo sea uno de los objetos más interesantes para comprender la sociedad argentina. No es solamente un vehículo. Es una consecuencia material de la forma en que una ciudad crece, de cómo se mueve su población y de cómo los trabajadores encuentran respuestas frente a las transformaciones económicas.

Un siglo después, aquella idea improvisada sigue recorriendo las mismas calles.

La primera línea porteña inició sus viajes en 1928 desde la zona de Lacarra y Rivadavia hacia Primera Junta, pasando por Flores. Con el tiempo, ese recorrido se expandió y aquella experiencia dio origen a un sistema que terminaría multiplicándose por Buenos Aires y por todo el país.

Lo extraordinario no es solamente que los taxistas hayan inventado el colectivo.

Lo extraordinario es que una solución pensada para enfrentar una crisis laboral terminó convirtiéndose en una de las instituciones cotidianas más importantes de la vida argentina.

Cada vez que un colectivo dobla una esquina, levanta a un pasajero en una parada o atraviesa un barrio antes del amanecer, hay algo de aquella vieja historia que todavía continúa.

Porque hace casi un siglo, unos trabajadores que no querían quedarse sin trabajo decidieron que, si solos ya no podían sostener el viaje, tal vez la solución fuera viajar juntos.

Y de aquella necesidad nació el bondi.

 

 

Durante siete años Paraná fue la capital de la Confederación Argentina mientras Buenos Aires permanecía separada. La historia detrás de una disputa que definió el país.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo un momento de la historia argentina en que Buenos Aires no era la capital, ni siquiera formaba parte del Estado nacional que decía representar a la Argentina. Mientras en la ciudad porteña funcionaba un gobierno separado, en Paraná se instalaban el presidente, el Congreso y las instituciones de la Confederación Argentina. Entre 1854 y 1861, la ciudad entrerriana se convirtió en el centro político de un país todavía incompleto, atravesado por una disputa que iba mucho más allá de una cuestión administrativa: quién tendría el poder de decidir sobre la Nación y quién se quedaría con los recursos que producían sus principales puertos y su Aduana.

La escena parece extraña desde el presente porque la Argentina suele pensarse históricamente desde Buenos Aires. La escuela, los manuales y hasta buena parte de la memoria nacional construyeron un relato en el que la capital aparece como un dato casi natural, como si Buenos Aires hubiera estado destinada desde siempre a ocupar ese lugar. Pero no fue así. La Constitución de 1853 estableció a Buenos Aires como capital, aunque la separación de la provincia del resto de la Confederación hizo imposible aplicar esa disposición. El gobierno nacional terminó instalándose en Paraná, que pasó a ser la capital efectiva de la Confederación.

El problema no era solamente dónde estaba la capital

Para comprender aquella disputa hay que mirar más allá del mapa. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, la organización nacional quedó atravesada por una contradicción gigantesca. Las provincias necesitaban construir un Estado común, pero Buenos Aires conservaba una posición económica excepcional, especialmente por el control de su puerto y de la Aduana, fuente fundamental de recursos fiscales. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación no era, por lo tanto, una discusión abstracta entre unitarios y federales: detrás de las instituciones estaba también la cuestión concreta de quién manejaba la caja.

Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y vencedor de Caseros, impulsó la organización constitucional. La Constitución sancionada en 1853 buscó establecer un sistema federal y construir un Estado nacional por encima de las disputas provinciales. Pero Buenos Aires rechazó ese proceso y permaneció separada. El resultado fue una situación insólita: existían dos estructuras políticas argentinas que reclamaban legitimidad sobre el mismo territorio histórico.

En ese escenario, Paraná adquirió una importancia que hasta entonces no tenía. La ciudad fue convertida en capital de la Confederación el 24 de marzo de 1854, después de la federalización del territorio entrerriano. Allí se instaló el gobierno encabezado por Urquiza y comenzó a funcionar el Congreso nacional. Las leyes sancionadas durante aquellos años llevan consigo una prueba documental extraordinaria: el propio Estado argentino legislaba desde Paraná.

No se trataba de una capital simbólica. Había un Estado funcionando en Paraná. Había presidente, ministros, legisladores, funcionarios, diplomáticos y una burocracia nacional que intentaba darle forma concreta a una estructura institucional todavía muy frágil. La investigación histórica reciente ha señalado precisamente que el Congreso reunido en Paraná fue un espacio central para la construcción política de aquella Argentina federal y para el aprendizaje institucional de dirigentes provenientes de distintas provincias.

Una capital sin los recursos de Buenos Aires

El problema era que construir un Estado requería dinero, y allí aparecía la enorme ventaja de Buenos Aires.

La Confederación tenía territorio, Constitución e instituciones, pero no disponía de una estructura económica comparable con la de la provincia porteña. Buenos Aires controlaba su Aduana y conservaba los beneficios derivados del comercio exterior. La situación generaba una paradoja: el Estado que pretendía organizar la Nación tenía menos recursos que la provincia que se había separado de él.

Por eso la cuestión del puerto resultaba inseparable de la cuestión de la capital. No alcanzaba con instalar oficinas y funcionarios en Paraná. Había que construir una estructura económica capaz de sostener al Estado nacional. La Confederación buscó entonces fortalecer otros circuitos comerciales y promover los puertos fluviales, mientras intentaba atraer inversiones, fomentar la inmigración y desarrollar nuevas actividades productivas. Durante la presidencia de Urquiza también se impulsaron tratados comerciales y políticas destinadas a ampliar las conexiones exteriores de las provincias.

La experiencia de Paraná fue, en ese sentido, un gigantesco laboratorio de construcción estatal. No era una ciudad preparada para ser una gran capital nacional, pero debió transformarse rápidamente para cumplir esa función. Incluso su vida cultural adquirió una nueva dimensión. El Teatro 3 de Febrero, inaugurado en 1852, ganó protagonismo cuando Paraná se convirtió en capital y comenzó a recibir una actividad artística acorde con su nueva jerarquía política.

La capital entrerriana intentaba demostrar que la Argentina podía organizarse desde el interior.

El regreso de Buenos Aires y la historia que quedó

La experiencia no duró. La tensión entre la Confederación y Buenos Aires terminó desembocando en nuevos enfrentamientos militares. En 1859, las fuerzas de Urquiza derrotaron al ejército porteño comandado por Bartolomé Mitre en la batalla de Cepeda. El posterior Pacto de San José de Flores abrió el camino para la reincorporación de Buenos Aires, aunque las diferencias no desaparecieron.

Dos años después llegó Pavón. Allí se produjo el quiebre definitivo de aquel experimento federal. La Confederación quedó políticamente desarticulada y Buenos Aires recuperó una posición central en la organización nacional. En diciembre de 1861 se produjo la disolución formal de la Confederación.

Pero hay un dato todavía más revelador: la cuestión de la capital tampoco quedó resuelta inmediatamente. La federalización definitiva de Buenos Aires recién llegaría en 1880, después de nuevos conflictos políticos y militares. Recién entonces la ciudad quedó convertida formalmente en Capital Federal de la República Argentina, separada institucionalmente de la provincia de Buenos Aires.

La historia de Paraná como capital, entonces, no debería quedar reducida a una curiosidad escolar. Fue uno de los momentos en que se puso a prueba una pregunta que atraviesa toda la historia argentina: si el país debía organizarse alrededor de la ciudad-puerto o si podía construirse un verdadero poder nacional capaz de equilibrar a Buenos Aires con las provincias.

La respuesta histórica terminó inclinándose hacia Buenos Aires, pero el episodio demuestra que esa centralidad nunca fue inevitable. Fue el resultado de disputas políticas, económicas, militares e institucionales. Hubo una Argentina en la que el Congreso sesionaba en Paraná, el presidente gobernaba desde Entre Ríos y Buenos Aires era un Estado separado.

Quizás por eso aquella etapa merece ser recordada. Porque detrás de la anécdota de una capital perdida aparece una discusión mucho más profunda y todavía reconocible: cómo se distribuyen el poder, los recursos y las decisiones entre el centro y el resto del país.

Y esa pregunta, a casi dos siglos de distancia, todavía no terminó de encontrar una respuesta definitiva.

 

 

Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.

Por Roque Pérez para NLI

La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.

El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?

Un doctorado que quedó bajo la lupa

El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.

La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.

El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.

El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.

La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia

La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.

Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.

No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.

La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.

También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.

Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.

La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?

Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum

La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.

Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.

En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.

La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.

El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.

La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.

Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.

El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.

Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.

La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.