Política

 

El DNU 34/2026 no es una reforma administrativa neutra: es la llave que le permite a Carlos Presti poblar el Ministerio de Defensa con personal militar en actividad sin que eso tenga costo para sus carreras. Un cambio legal hecho a medida de una nueva conducción, que diluye el límite entre mando civil y estructura castrense.

Por Roque Pérez para NLI

Desde hpy, con la publicación del Decreto 34/2026, el gobierno de Milei modificó por DNU la Ley para el Personal Militar N° 19.101. El cambio central es claro: los militares designados para cumplir funciones dentro del Ministerio de Defensa pasan a ser considerados en “servicio efectivo”, algo que hasta ahora no ocurría.

Hasta este decreto, cualquier oficial superior que aceptara un cargo en Defensa que no fuera estrictamente operativo veía afectada su carrera: quedaba en situación de disponibilidad o pasiva, el tiempo no computaba plenamente para ascensos y se resentía el cálculo del haber de retiro. En los hechos, ir al Ministerio era un freno profesional.

Ese obstáculo acaba de ser removido.

Un decreto funcional a una nueva conducción

La modificación legal encaja de manera perfecta con el desembarco de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa. Con origen militar y sin una estructura civil propia consolidada, Presti necesitaba una herramienta concreta para traer oficiales en actividad al corazón del Ministerio sin que eso implicara sacrificar trayectorias ni generar resistencias internas.

El DNU hace exactamente eso: convierte al Ministerio de Defensa en una extensión válida de la carrera militar, permitiendo que oficiales del cuadro permanente ocupen cargos clave —secretarías, subsecretarías, direcciones estratégicas— sin perder antigüedad, posibilidades de ascenso ni futuro previsional.

El propio texto del decreto reconoce el problema y lo justifica: habla de “incongruencia” en castigar la carrera de quienes son designados por el Poder Ejecutivo y de la necesidad de cubrir cargos “de manera inmediata”. Traducido: Presti necesitaba traer gente ya, y el andamiaje legal anterior se lo impedía.

Militarización de la gestión civil

El cambio no es menor desde el punto de vista institucional. Se reduce de hecho la frontera entre conducción civil y estructura militar, una línea que fue cuidadosamente trazada en la Argentina desde el retorno democrático.

Aunque el decreto aclara que no se pueden ejercer cargos simultáneos en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio, el efecto político es evidente: militares en actividad pasan a ocupar funciones administrativas y políticas dentro de Defensa como parte normal de su carrera.

Esto altera el equilibrio histórico del Ministerio, donde los cuadros civiles especializados —en planificación, presupuesto, control democrático y política de defensa— pierden peso frente a una conducción cada vez más castrense. El Ministerio deja de ser un espacio de control civil fuerte para convertirse en una zona de circulación interna del poder militar.

El DNU como atajo

No es casual que la reforma se haya hecho por Decreto de Necesidad y Urgencia. El texto invoca la “urgencia” de cubrir cargos y evitar perjuicios en las carreras militares. Lo que se evita, en realidad, es el debate parlamentario sobre un cambio sensible en la relación entre Fuerzas Armadas y poder civil.

El Congreso queda relegado a una revisión posterior, mientras la nueva estructura ya está en marcha.

Una reforma con nombre y apellido

El DNU 34/2026 no responde a una demanda histórica del sistema de defensa ni a un reclamo generalizado del personal militar. Responde a una necesidad política concreta de esta etapa: permitir que Carlos Presti arme su equipo con personal de las Fuerzas Armadas sin pagar costos internos.

En síntesis, el decreto no solo protege carreras militares: reconfigura el Ministerio de Defensa, fortalece el peso castrense en su conducción y consolida una decisión política de Milei que va mucho más allá de una corrección técnica.

 

 

Con un DNU firmado en pleno ajuste, el Gobierno modificó el Plan Gas.Ar para “aplanar” las tarifas durante el año. El cambio garantiza el cobro de las petroleras y traslada al Estado —y al presupuesto— el costo completo de la variación estacional del gas.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Decreto 26/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, introduce una modificación clave en el Plan Gas.Ar para hacerlo compatible con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo el argumento de evitar saltos tarifarios en invierno, el Gobierno de Milei resolvió que el precio del gas que pagan los usuarios se calcule como un promedio anual, eliminando el diferencial estacional visible en las boletas. Sin embargo, el trasfondo del cambio deja una certeza: el Estado pasa a absorber íntegramente las diferencias de precio, garantizando la renta del sector hidrocarburífero.

La medida se adoptó por Decreto de Necesidad y Urgencia, sin debate previo en el Congreso, y redefine uno de los puntos centrales del esquema creado en 2020 para asegurar producción local de gas y reducir importaciones.

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Precio “plano” para el usuario, cobertura total para las petroleras

El núcleo del decreto es la sustitución del punto 13 del Plan Gas.Ar, que habilita explícitamente a la Secretaría de Energía a fijar un Precio Anual Uniforme del gas. Ese valor será el que llegue a los usuarios residenciales, independientemente de la época del año.

En la práctica, esto implica que:

• En verano, cuando el gas es más barato, el usuario pagará un precio más alto que el de mercado.
• En invierno, cuando el gas es más caro, el usuario pagará menos que el precio real de abastecimiento.

La diferencia —ya sea a favor o en contra— queda siempre a cargo del Estado nacional. El decreto es explícito: el Tesoro cubrirá cualquier desfasaje entre el precio anual uniforme y el precio que surge de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustadas por estacionalidad.

De este modo, las empresas productoras cobran el precio pleno comprometido, sin asumir riesgos por la nueva modalidad de facturación al usuario.

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Subsidios “focalizados”, pero garantizados

El Gobierno presenta la medida como parte del ordenamiento de los subsidios energéticos. Sin embargo, lejos de reducirlos, el decreto consolida un esquema donde el Estado actúa como amortiguador absoluto del sistema. No solo subsidia cuando el precio es alto, sino que también administra compensaciones inversas cuando el precio de mercado es menor.

Para ello, el DNU ordena modificar el régimen de cálculo de compensaciones del Plan Gas.Ar, admitiendo que:

• En algunos meses el Estado deba pagar montos adicionales a los productores.
• En otros meses, se realicen deducciones.
• El balance cierre siempre a favor de la estabilidad del negocio energético.

El objetivo declarado es evitar cortes en la cadena de pagos y garantizar previsibilidad al sector, aun en un contexto de ajuste fiscal severo sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales.

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Ajuste para abajo, blindaje para arriba

Mientras Milei sostiene un discurso de “déficit cero” y poda del gasto público, el Decreto 26/2026 muestra otra cara de la política energética: cuando se trata del gas y de las petroleras, el Estado sigue siendo garante de rentabilidad. El riesgo del mercado no se traslada a las empresas, sino al presupuesto público.

En términos concretos, el usuario puede ver boletas más estables a lo largo del año, pero el costo estructural del sistema sigue recayendo sobre el Estado, en un esquema que posterga cualquier discusión de fondo sobre tarifas, renta energética y soberanía sobre los recursos.

El DNU ahora deberá ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso. Pero, como ya es habitual, el modelo queda en marcha: precios “suavizados” para el consumo, negocios asegurados para arriba y un Estado que paga la cuenta.

 

 

Un artículo de Science traza un panorama inquietante sobre cómo ciertas intervenciones políticas profundas en el ámbito científico de Estados Unidos podrían dejar huellas duraderas en su ecosistema de investigación. Aunque gran parte del texto se centra en el contexto estadounidense, sus conclusiones ofrecen un espejo útil para analizar la situación de la ciencia en Argentina bajo el gobierno de Milei.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Una tormenta política sobre la ciencia estadounidense

Un artículo de Science titulado “Which of Trump’s upheavals in U.S. science are likely to stick”, destaca que, tras la asunción de Donald Trump, el sistema científico de Estados Unidos entró en una fase de “sacudidas” que afectan estructuras, financiación y la libertad académica. Aunque algunos cambios pueden revertirse con futuros gobiernos, varias medidas profundas tienen potencial para arraigarse —como la reorientación de la financiación y la politización de los procesos de evaluación de proyectos científicos— lo que podría transformar la manera en que se hace ciencia en ese país.

Estos cambios no surgen de manera aislada. En 2025, miles de científicos firmaron cartas de advertencia señalando la erosión de la ciencia independiente y la creciente interferencia política en decisiones académicas y de investigación; advierten que esta politización amenaza con “aniquilar” el ecosistema científico tal como ha existido en las últimas décadas.

Algunas de las principales transformaciones incluyen recortes y congelamientos en la financiación de organismos clave, revisión ideológica de proyectos de investigación, despidos masivos y purgas de datos científicos relacionados con temas como cambio climático, diversidad y salud pública.

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¿Qué cambios podrían “pegar” y no revertirse?

Según la reflexión de Science y del seguimiento de analistas internacionales, algunos efectos de estas políticas podrían perdurar incluso si cambian las administraciones:

• Reconfiguración de prioridades científicas: al condicionar financiamiento o investigación a criterios políticos, Estados Unidos corre el riesgo de institucionalizar sesgos que privilegian ciertos temas sobre otros, afectando la capacidad para generar conocimiento básico a largo plazo.
• Daño institucional: agencias con décadas de historia y estructuras robustas como la National Science Foundation (NSF) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) enfrentan transformaciones que —si se consolidan— podrían debilitar su independencia científica.
• Clima de incertidumbre académica: la politización del proceso de financiamiento y la inseguridad en el futuro de las investigaciones pueden desalentar a nuevas generaciones de científicos e impulsar la “fuga de cerebros”, un fenómeno ya observado en datos recientes de encuestas al personal científico.

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La situación de la ciencia en Argentina bajo Milei

En Argentina, la ciencia también ha estado bajo tensiones crecientes desde la llegada de Javier Milei al poder. Aunque el contexto es distinto al estadounidense (diferente estructura institucional, financiamiento y cultura política), existen paralelos preocupantes:

1. Financiamiento en retroceso: la ciencia argentina viene enfrentando años de subejecución presupuestaria, depreciación de subsidios y pérdida de competitividad para atraer y retener talento investigador.
2. Politización y recortes: decisiones gubernamentales recientes han priorizado ajustes fiscales por sobre la inversión sostenida en investigación y desarrollo, debilitando programas estratégicos en áreas como energía, salud y agricultura.
3. Fuga de cerebros acentuada: jóvenes científicos y técnicos han emigrado para buscar oportunidades más estables en Europa y América del Norte, un fenómeno que recuerda a las preocupaciones expresadas por científicos estadounidenses frente al panorama de Trump.

A diferencia de Estados Unidos, donde una parte de la comunidad científica aún puede apoyarse en redes y fondos privados o institucionales amplios, en Argentina la ciencia pública tiene un rol central y fiscalizaciones orientadas por prioridades macroeconómicas pueden resultar en daños estructurales difíciles de revertir si no se sostienen políticas claras de apoyo a largo plazo.

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¿Lecciones compartidas?

El análisis de Science nos recuerda que la ciencia no es un sector aislado: es una infraestructura social e intelectual que requiere estabilidad, financiamiento adecuado y autonomía respecto de ciclos políticos. La evidencia internacional —tanto en Estados Unidos como en Argentina— sugiere que cuando el conocimiento se subordina a lógicas exclusivamente ideológicas o de ajuste cortoplacista, el impacto no se siente solo en laboratorios, sino en generaciones de innovación, salud pública y soberanía tecnológica.

Si los cambios impulsados bajo administraciones como la de Trump o la de Milei arraigan profundamente, el retorno a prácticas de apoyo estable a la ciencia puede demandar años de reconstrucción y reconfiguración institucional.

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El artículo de Science sobre las sacudidas en la ciencia estadounidense no es solo una advertencia sobre la situación de Estados Unidos, sino también un llamado de atención global: cuando la política invade la ciencia sin resguardar su independencia y sustentabilidad, las sociedades enteras pierden capacidad para enfrentar sus propios desafíos técnicos, sociales y productivos. Argentina, con una comunidad científica valiosa pero frágil frente a recortes y restricciones, debe tomar nota de que la defensa de la ciencia es también la defensa del futuro colectivo.

 

 

Un descubrimiento arqueológico en una cueva de Indonesia reveló una pintura de al menos 67.800 años de antigüedad, anterior a cualquier expresión artística conocida en Europa. El hallazgo derriba mitos eurocéntricos sobre el origen del arte y confirma que la capacidad simbólica humana es mucho más antigua y diversa de lo que se enseñó durante décadas.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante más de un siglo, la historia oficial del arte sostuvo que las primeras manifestaciones simbólicas complejas surgieron en Europa, con ejemplos emblemáticos como Altamira o Lascaux. Sin embargo, un hallazgo reciente en la isla de Sulawesi, en Indonesia, desmonta esa narrativa: científicos confirmaron que una pintura rupestre hallada en una cueva de la región tiene al menos 67.800 años, convirtiéndose en la obra de arte figurativo más antigua conocida hasta hoy.

Un hallazgo que cambia los manuales

La pintura representa una escena con figuras humanas estilizadas interactuando con un animal, posiblemente un cerdo salvaje, una especie recurrente en el arte rupestre del sudeste asiático. Lo relevante no es solo la antigüedad, sino su complejidad narrativa: no se trata de simples marcas o manos estampadas, sino de una escena con intención simbólica y social.

La datación se realizó mediante un método avanzado que analiza las capas minerales formadas sobre la pintura, lo que permitió establecer una edad mínima con alto grado de precisión. El resultado fue contundente: esta obra es miles de años más antigua que cualquier pintura rupestre europea conocida.

El mito del origen europeo del arte

Durante décadas, la arqueología dominante sostuvo que el arte surgió como un “salto cognitivo” asociado a poblaciones humanas que habitaron Europa hace unos 40.000 años. Este descubrimiento confirma lo que muchos investigadores venían señalando: la capacidad simbólica y artística no nació en un único lugar, ni fue patrimonio exclusivo de una región del mundo.

El sudeste asiático, África y otras zonas no europeas ya habían aportado indicios de arte antiguo, pero este hallazgo coloca definitivamente a Indonesia en el centro de la historia cultural de la humanidad, desplazando a Europa del lugar exclusivo que se le asignó durante años.

Arte, pensamiento y comunidad

El arte rupestre no era decoración. Estas pinturas cumplían funciones sociales, rituales y comunicacionales. Implicaban pensamiento abstracto, transmisión cultural y organización comunitaria, rasgos que definen a las sociedades humanas complejas.

Que estas capacidades estén documentadas hace casi 70.000 años obliga a replantear cuándo y cómo los seres humanos comenzaron a pensarse a sí mismos, a su entorno y a los otros. El arte aparece así como un elemento constitutivo de la humanidad, no como un lujo tardío.

Un golpe al relato colonial del conocimiento

No es un dato menor que este descubrimiento vuelva a poner en cuestión la mirada colonial que organizó el saber histórico durante siglos. La idea de que la “civilización” y la “cultura” nacen en determinados centros y luego se expanden es cada vez menos sostenible frente a la evidencia científica.

Este hallazgo confirma que las periferias del relato occidental fueron, en realidad, núcleos fundamentales de la experiencia humana, invisibilizados por una historiografía funcional al poder colonial y académico del norte global.

 

 

El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.

La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.

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Menos Estado, más castigo

Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.

La derogación implica un cambio de paradigma:
el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.

En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.

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Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie

Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.

El capítulo contemplaba:

• Diferencias de escala
• Modalidades productivas específicas
• Volúmenes reducidos
• Condiciones territoriales y sociales propias

Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.

El resultado es previsible:
más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.

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Modernización sin reemplazo

La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.

No hay:

• Nuevo régimen para agricultura familiar
• Nuevo esquema de asesoramiento digital
• Nuevas herramientas de acompañamiento técnico

Solo hay vacío normativo.

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Responsabilidad individual y retirada estatal

La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.

El mensaje es claro:
cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.

Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.

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Una decisión técnica con consecuencias políticas

Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.

No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.

Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.

 

 

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica

Por Tomás Palazzo para NLI

La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.

Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur

Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.

Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.

La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.

La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político

En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.

La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:

• encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
• participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
• la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.

Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.

Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur

La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.

Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:

1. Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
2. Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
3. Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.

Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.

Una redefinición peligrosa de soberanía

La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.

Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico

La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.

Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.