Política

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    Una independencia que no quería cambiar de dueño: Malvinas, Milei y la paradoja de enfrentar a Londres bajo el paraguas de Washington

     

    Milei volvió a reivindicar Malvinas y anunció sanciones contra empresas que operen allí, mientras acelera la base naval de Ushuaia. La historia de 1816 plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía.

    Por Roque Pérez para NLI

    Bandera de Estados Unidos flamenado en Ushuaia (2024)

    En 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron romper formalmente con la monarquía española, había una cuestión que iba mucho más allá de la ruptura con Fernando VII. La independencia no podía significar simplemente dejar de obedecer a Madrid para comenzar a obedecer a otra capital. Por eso, diez días después de aquella declaración del 9 de julio, el Congreso de Tucumán incorporó una precisión que tiene una vigencia política sorprendente dos siglos más tarde: las Provincias Unidas serían una nación libre e independiente «del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli» y «de toda otra dominación extranjera». El agregado no fue decorativo ni una corrección de estilo. Pedro Medrano pidió incorporarlo expresamente para despejar los rumores sobre posibles proyectos destinados a colocar al nuevo país bajo la autoridad de otra potencia, en particular frente a las especulaciones relacionadas con Portugal.

    Ese detalle histórico adquiere otra dimensión después del discurso que Javier Milei pronunció ayer en cadena nacional, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la escena política argentina. El Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina y anticipó medidas destinadas a reforzar las capacidades defensivas en Tierra del Fuego, incluyendo la aceleración de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Según explicó, esa infraestructura debería convertirse en un polo estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur.

    La reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, por supuesto, no constituye ninguna novedad ni pertenece a un gobierno determinado: es una política de Estado respaldada por décadas de diplomacia argentina y por la propia Constitución Nacional. Lo que vuelve políticamente particular el discurso de Milei es el contexto internacional en el que aparece y la arquitectura de alianzas que el Gobierno construyó desde su llegada al poder. Porque mientras el Presidente vuelve a confrontar discursivamente con el Reino Unido por la ocupación de las islas, su estrategia geopolítica ha colocado a Estados Unidos en un lugar privilegiado, precisamente en materia militar, logística y estratégica.

    La frase de 1816 que vuelve como una pregunta incómoda

    La historia del agregado del 19 de julio tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. El Congreso no se conformó con declarar la ruptura con la Corona española. Quiso dejar escrito que la emancipación no habilitaba el reemplazo de una dependencia por otra. La documentación histórica conservada por el propio Estado argentino señala que aquella fórmula adicional buscaba sofocar los rumores sobre una eventual dominación extranjera, mientras otras reconstrucciones históricas explican que existían especulaciones sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.

    La idea de fondo era mucho más profunda que la disputa circunstancial entre distintas facciones políticas. Ser independiente significaba conservar la capacidad de decidir el propio destino, incluso cuando el escenario internacional obligara a negociar, establecer alianzas o convivir con potencias mucho más poderosas. San Martín, Belgrano y buena parte de los dirigentes de aquel proceso entendían que la emancipación debía ser continental y que la supervivencia de las nuevas naciones dependía, en buena medida, de no quedar sometidas a los intereses de las grandes potencias de la época. El propio Estado argentino reconoce que el Congreso de 1816 rechazó fórmulas intermedias que pudieran desembocar en alguna forma de protectorado.

    Dos siglos después, la pregunta puede formularse de otra manera: ¿se puede hablar de soberanía plena sobre Malvinas mientras la estrategia para defender esa soberanía queda estrechamente asociada a una potencia extranjera?

    No se trata de equiparar automáticamente una base militar contemporánea con un protectorado colonial del siglo XIX. Sería históricamente incorrecto. Una cooperación militar no implica por sí misma pérdida de soberanía. Pero sí resulta legítimo discutir qué intereses estratégicos persigue esa cooperación, quién define sus objetivos y qué margen conserva la Argentina para establecer una política autónoma en el Atlántico Sur.

    Y ahí aparece un antecedente que resulta particularmente incómodo para el relato actual.

    En abril de 2024, Milei había dicho que la instalación de una base estadounidense en Ushuaia constituía «el primer paso» para recuperar las Malvinas. En aquella oportunidad sostuvo que Estados Unidos era su aliado y vinculó explícitamente la presencia militar norteamericana en Tierra del Fuego con el reclamo argentino sobre las islas y la Antártida. También había destacado la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, y presentado la cooperación militar con Washington como parte de una estrategia de integración con Occidente.

    La cuestión, entonces, no es solamente qué dijo Milei ayer sobre Malvinas. Es qué relación existe entre lo que dijo ayer y aquello que había dicho en 2024.

    Malvinas, Trump y una oportunidad que no necesariamente es argentina

    El otro elemento que vuelve especialmente significativo el discurso presidencial es Donald Trump. Apenas unos días antes, el mandatario estadounidense había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la cuestión Malvinas. Consultado en el Salón Oval sobre si Estados Unidos podía modificar su postura histórica, Trump respondió que revisa todas las posiciones y que esa era «solo una» entre muchas. No anunció un cambio concreto de política, pero dejó deliberadamente abierta una puerta.

    El contexto importa. La declaración de Trump apareció en medio de sus fuertes presiones sobre el Reino Unido para que aumente su gasto militar y acompañe más decididamente la estrategia internacional de Washington. Por eso, una parte importante del análisis internacional interpreta la carta Malvinas no como un repentino descubrimiento de la causa argentina por parte de la Casa Blanca, sino como una herramienta de presión de Trump sobre Londres.

    Y esto modifica considerablemente la lectura. Porque si Trump utiliza Malvinas como una ficha en su negociación con el Reino Unido, la causa argentina corre el riesgo de convertirse nuevamente en una pieza dentro del tablero estratégico de una potencia que tiene sus propios intereses globales.

    Milei, naturalmente, puede considerar que esa circunstancia representa una oportunidad histórica. Y desde una perspectiva diplomática, cualquier modificación de la posición de una potencia como Estados Unidos puede resultar relevante para la Argentina. Pero existe una diferencia sustancial entre aprovechar una oportunidad internacional desde una posición autónoma y hacerlo subordinando la estrategia nacional a los intereses de quien ofrece esa oportunidad.

    El problema se vuelve todavía más evidente cuando la misma potencia que eventualmente podría modificar su postura sobre Malvinas es presentada por el Gobierno argentino como su principal aliado estratégico y cuando la presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego fue reivindicada por el propio Milei como parte del camino para recuperar las islas.

    ¿Contra Inglaterra con una mano y abrazados a Estados Unidos con la otra?

    El discurso presidencial tiene, entonces, una paradoja difícil de esquivar. Milei endurece su posición frente a las empresas que explotan recursos naturales en Malvinas, cuestiona al Reino Unido y reivindica la soberanía argentina, pero al mismo tiempo acelera una infraestructura militar en el extremo sur cuyo desarrollo está inserto en una relación de cooperación estratégica con Estados Unidos.

    Incluso las sanciones anunciadas ayer tienen un componente concreto que merece atención: el Gobierno apunta al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y pretende ampliar las herramientas para impedir que empresas vinculadas con esa explotación puedan operar en territorio argentino. La decisión coloca nuevamente los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la disputa, justamente cuando el petróleo de Malvinas empieza a adquirir una importancia económica y geopolítica cada vez mayor.

    Pero la soberanía no se reduce a quién puede o no perforar un pozo. Soberanía también significa decidir con quién se establecen alianzas militares, qué fuerzas extranjeras participan de la arquitectura estratégica del territorio nacional, qué intereses se protegen y cuál es el grado de autonomía con el que se toman esas decisiones.

    Por eso la frase incorporada al Acta de Independencia en 1816 vuelve a resultar incómodamente actual. Aquellos congresales no escribieron solamente que querían dejar de pertenecer a España. Escribieron que no querían pertenecer a ninguna otra dominación extranjera. Y lo hicieron precisamente porque conocían el riesgo de que una revolución emancipadora pudiera terminar cambiando de dueño.

    La Argentina del siglo XXI no es la Argentina de 1816 y Estados Unidos no es Portugal. Las circunstancias son completamente diferentes. Pero la pregunta de fondo conserva una vigencia extraordinaria: ¿para recuperar una parte de nuestro territorio nacional necesitamos apoyarnos militarmente en otra potencia extranjera?

    Milei parece haber encontrado en Malvinas una causa capaz de recuperar una bandera política que durante buena parte de su gobierno había quedado relegada detrás de su alineamiento incondicional con Washington y de sus elogios a Margaret Thatcher. Ahora el Presidente habla de soberanía, sanciona empresas que explotan recursos en las islas y anuncia mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

    Pero justamente por eso la discusión merece ser mucho más profunda que una consigna. Malvinas no puede convertirse en una bandera que se agita contra Londres mientras se entrega el mapa estratégico del Atlántico Sur a Washington. Defender la soberanía argentina sobre las islas implica, también, discutir la soberanía sobre el territorio continental, los recursos naturales, el mar, la Antártida y las decisiones estratégicas que afectan a toda la región.

    En 1816, los hombres reunidos en Tucumán entendieron que la independencia no consistía en elegir cuál sería la próxima potencia a obedecer. La independencia consistía en no tener amo. Dos siglos después, esa diferencia sigue siendo demasiado importante como para dejarla flotando en una cadena nacional.

     

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    SÚPER RIGI: El país que quiere convertirse en potencia de inteligencia artificial: ¿negocio tecnológico o nuevo enclave energético?

     

    El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?

    Por Ignacia Fratelint para NLI

    La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.

    La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.

    La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad

    Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.

    Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.

    El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.

    La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.

    Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.

    Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.

    El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?

    Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.

    La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?

    La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.

    Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.

    Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.

    La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.

    Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.

    El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros

    Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?

    La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.

    Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.

    Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.

    En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.

    Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.

    El espejismo de medir el éxito solamente en dólares

    El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.

    La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.

    El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.

    Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.

    La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.

    Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.

    Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.

    La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI

    El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.

    Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.

    Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.

    El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.

    La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.

    Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.

    La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.

    El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.

    Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.

     

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    Vientos de cambio… y agua: se inunda el Hotel Sheraton donde Milei cerrará el foro libertario

     

    Un caño roto provocó una filtración y el desprendimiento de paneles en el Sheraton, donde Milei cerrará el foro libertario “Vientos de Cambio”.

    Por Lola Santacreta para NLI

    Una inesperada complicación alteró este miércoles la actividad en el Hotel Sheraton de Retiro, donde se desarrolla el foro liberal “Vientos de Cambio” y está previsto que el presidente Milei encabece el acto de cierre. Una rotura de un caño provocó una importante filtración de agua y el desprendimiento de paneles en las inmediaciones de la sala de prensa, obligando a los trabajadores del establecimiento a intervenir para contener la situación mientras se esperaba la llegada del mandatario.

    El episodio ocurrió precisamente en el escenario elegido por la Fundación Libertad y Progreso para reunir durante dos jornadas a dirigentes políticos, economistas, empresarios y referentes internacionales del universo liberal. La cumbre comenzó el martes y tiene como sede al Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, en Retiro, con una agenda que incluye exposiciones de funcionarios del Gobierno nacional y figuras vinculadas al pensamiento económico y político que reivindica el oficialismo.

    Una filtración en medio del encuentro libertario

    Mientras los organizadores avanzaban con los preparativos para la jornada de cierre, el desperfecto obligó a los trabajadores del hotel a desplegar baldes y elementos de contención ante el ingreso de agua. La filtración, además, derivó en el desprendimiento de paneles en una zona próxima al espacio destinado a la prensa, generando una escena inesperada en medio de uno de los principales encuentros políticos del oficialismo y su entorno internacional.

    La situación adquirió rápidamente un particular valor simbólico por el contexto en el que ocurrió: el foro lleva por nombre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas” y fue presentado por sus organizadores como una cumbre destinada a debatir la transformación económica y política de la región. En su página oficial, Libertad y Progreso señala que el encuentro reúne a más de 700 líderes de más de 20 países y lo define como una oportunidad para impulsar una nueva etapa regional basada en sus postulados de libertad económica.

    La postal de trabajadores intentando contener el agua dentro del hotel terminó contrastando, inevitablemente, con el discurso de eficiencia, transformación y reducción del Estado que atraviesa las exposiciones del encuentro. Sin necesidad de convertir el desperfecto edilicio en una cuestión política en sí misma, la escena no deja de resultar llamativa: mientras en los salones se discute cómo modificar estructuras enteras de la economía y el Estado, en los pasillos del mismo edificio se trabaja contrarreloj para contener una filtración y evitar que el incidente genere mayores inconvenientes.

    Milei prepara el cierre ante el núcleo libertario

    El episodio se produjo horas antes de la llegada de Javier Milei, prevista para las 18:15, cuando el Presidente será el encargado de cerrar formalmente la cumbre. Su participación concentra buena parte de la expectativa de la segunda jornada, después de que el martes distintos referentes del espacio expusieran sobre desregulación, economía y políticas públicas.

    Entre los participantes estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió el rumbo económico del Gobierno y llegó a bromear con que su cartera podría ser considerada un “ministerio de la felicidad” debido a los efectos que, según sostuvo, provocan las desregulaciones. También afirmó que el Gobierno lleva acumuladas 17.000 millones de desregulaciones y destacó las cifras de crecimiento que atribuyó a la gestión.

    La jornada de este miércoles contempla además la participación de funcionarios y referentes económicos como el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el viceministro José Luis Daza, además de especialistas y dirigentes vinculados al liberalismo regional. La presencia inicialmente anunciada del empresario tecnológico Peter Thiel, sin embargo, finalmente no se concretó y fue retirada del programa.

    Por ahora, el incidente en el Sheraton aparece como un contratiempo logístico que los trabajadores del hotel intentan resolver antes del momento central del encuentro. El agua podrá ser contenida, los paneles reemplazados y la actividad continuar normalmente, pero la imagen de los trpos en el piso, los techos cayendo y la filtración quedó instalada como una inesperada escena previa al discurso presidencial.

    A las 18:15, Milei buscará cerrar el foro ante el núcleo más cercano del universo libertario con la defensa de un modelo basado en la desregulación, la reducción del Estado y la libertad de mercado. Mientras tanto, a pocos metros de donde se prepara el escenario político, los trabajadores del Sheraton tienen una misión bastante más concreta: que los “vientos de cambio” no terminen convertidos en una inundación.

     

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    Un Ministro que no confía en su propia gestión: Caputo declaró el 95% de su dinero en el exterior

     

    Luis “Toto” Caputo es el funcionario encargado de administrar los dólares, las reservas y el sistema financiero argentino, pero cuando se trata de su propio dinero parece elegir otro destino: el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

    Por Roque Pérez para NLI

    La nueva declaración jurada patrimonial de Luis “Toto” Caputo dejó una fotografía difícil de pasar por alto: mientras el ministro de Economía conduce una gestión que insiste en que los argentinos deben recuperar la confianza en el peso, llevar sus dólares al sistema financiero y apostar por el rumbo económico del Gobierno, el 95,3% de los depósitos bancarios que declara personalmente está fuera de la Argentina. Al cierre de 2025, Caputo informó un patrimonio total de $19.509 millones, frente a los $11.851 millones declarados un año antes, mientras que sus depósitos bancarios alcanzaron aproximadamente $13.030 millones, de los cuales $12.422 millones estaban radicados en el exterior.

    El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la evolución del patrimonio completo. Entre el inicio y el cierre de 2025, la fortuna declarada por Caputo aumentó nominalmente un 64,6% en pesos, de acuerdo con la comparación de sus declaraciones juradas. La estimación difundida en dólares ubica el crecimiento en torno al 37%, aunque el porcentaje exacto depende del tipo de cambio utilizado para convertir los valores patrimoniales de cada período. En cualquier caso, hay una certeza que no depende de ninguna metodología: el patrimonio declarado por el ministro creció con fuerza durante su segundo año al frente de Economía, y una proporción abrumadora de sus activos líquidos continúa colocada fuera del país.

    Una fortuna líquida mirando hacia afuera

    El detalle de los depósitos permite entender mejor la magnitud del fenómeno. De los aproximadamente $13.030 millones que Caputo declara en el sistema bancario, sólo unos $608 millones corresponden a depósitos en la Argentina, mientras que los restantes $12.422 millones están en el exterior. Dentro del país figuran cinco plazos fijos en pesos que en conjunto rondan los $584 millones, una caja de ahorro en dólares valuada en aproximadamente $23 millones y pequeñas cajas de ahorro en pesos cuyos saldos resultan prácticamente insignificantes frente al volumen de su patrimonio financiero. También declaró unos $122.000 en efectivo.

    La diferencia no es menor ni puede explicarse diciendo simplemente que el ministro posee “algunos ahorros afuera”. La mayor parte de su dinero bancarizado está fuera de la Argentina. Según las conversiones realizadas sobre la declaración, sus depósitos exteriores equivalen a unos US$8,6 millones, mientras que sus depósitos locales representan una fracción muy pequeña de ese total. Si se toma el patrimonio completo, incluyendo inmuebles y participaciones societarias, aproximadamente dos tercios de sus bienes están radicados en el exterior.

    El corazón de esa fortuna exterior aparece en una cuenta que tuvo un movimiento extraordinario durante 2025. Una cuenta corriente en dólares, identificada en los análisis de la declaración como radicada en Estados Unidos, pasó de estar valuada en $4.018.483.336 al comienzo del ejercicio a $11.738.447.944 al cierre. Es decir, la valuación declarada aumentó en aproximadamente $7.720 millones durante el año. La DDJJ pública no permite identificar el banco donde está radicada esa cuenta, por lo que no corresponde adjudicar esos fondos a una entidad financiera específica sin documentación adicional.

    El movimiento de esa cuenta resulta todavía más significativo cuando se observa el conjunto de los depósitos exteriores. Al comenzar 2025, Caputo declaraba aproximadamente $5.937 millones en depósitos fuera del país; al finalizar el ejercicio, la cifra había trepado hasta $12.422 millones. Expresado en dólares mediante el tipo de cambio oficial correspondiente a cada fecha, el crecimiento fue de aproximadamente US$5,6 millones a US$8,3 millones, un incremento cercano al 48%. Es decir, no se trata exclusivamente de una ilusión contable producida por la evolución del tipo de cambio: también hubo un aumento de los fondos financieros exteriores medidos en dólares.

    Creció la fortuna, pero no todo fue dinero nuevo

    Hay, de todos modos, una precisión fundamental para no convertir una información patrimonial en una acusación que los documentos no permiten sostener. Que el patrimonio de Caputo haya aumentado 64,6% en pesos no significa que durante 2025 haya recibido ingresos equivalentes a ese porcentaje. Una parte importante del incremento está explicada por diferencias de valuación de bienes que ya estaban incorporados a su patrimonio. El análisis de la declaración identifica aproximadamente $4.530 millones de aumento asociados a esas diferencias de valuación.

    La distinción es importante porque una propiedad que vale más al final del ejercicio incrementa el patrimonio declarado aunque su dueño no haya vendido el inmueble ni embolsado un solo peso adicional. Lo mismo puede suceder con participaciones societarias u otros activos. Por eso, decir que “Caputo ganó 64,6%” sería incorrecto. Lo que sí puede afirmarse es que su patrimonio declarado valía 64,6% más al terminar 2025 que al comenzar el año, y que dentro de esa evolución hubo además un crecimiento considerable de sus depósitos exteriores.

    Las participaciones societarias también registraron movimientos. Caputo declara el 89% de Palmeral Chico, participación valuada en más de $2.288 millones, y el 33,33% de Sacha Rupaska, valuado en aproximadamente $459,5 millones. También conserva el 50% de Anker Latinoamericana, participación declarada en unos $61,2 millones. En sentido contrario, Ancora Investments LP, otro activo exterior, pasó de aproximadamente $1.870 millones a unos $889 millones, una caída cercana al 52,5%. La fotografía patrimonial, por lo tanto, no muestra un crecimiento homogéneo: hay activos que se valorizan, otros que pierden valor y una concentración especialmente fuerte de liquidez en el exterior.

    El resultado final es una estructura patrimonial en la que los dólares y los activos financieros exteriores ocupan un lugar central. No estamos hablando solamente de propiedades, campos o participaciones empresarias cuyo valor puede resultar difícil de realizar de inmediato. Una parte sustancial de la riqueza declarada por Caputo está constituida por dinero depositado en cuentas bancarias fuera de la Argentina, con una cuenta corriente en dólares que concentra una porción extraordinariamente importante del total.

    La paradoja del ministro de Economía

    Aquí aparece la dimensión política inevitable del dato. Caputo no es un funcionario cualquiera: es el hombre que ocupa el Ministerio de Economía y que tiene bajo su responsabilidad buena parte de las decisiones vinculadas con el dólar, las reservas, el régimen cambiario, las tasas de interés, el crédito y las condiciones generales del sistema financiero argentino. Durante la gestión de Javier Milei, además, el Gobierno convirtió la recuperación de la confianza y el retorno de los dólares al circuito económico local en una de sus principales banderas.

    El propio Caputo fue protagonista de políticas destinadas a estimular la utilización de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema formal. El Gobierno llegó incluso a promover mecanismos para que esos fondos ingresaran al circuito económico sin que sus titulares tuvieran que explicar el origen de cada peso gastado dentro de determinados límites. En ese contexto, la declaración patrimonial del ministro ofrece una paradoja difícil de ignorar: quien administra la política económica destinada a que los argentinos confíen en el rumbo del país mantiene aproximadamente 95 de cada 100 pesos bancarizados de su patrimonio fuera de la Argentina.

    Eso, por sí mismo, no constituye una irregularidad ni demuestra que Caputo desconfíe personalmente de su propia gestión. Una persona puede mantener legalmente activos en el exterior por múltiples razones, particularmente alguien cuya trayectoria profesional estuvo durante décadas vinculada con los mercados financieros internacionales. Tampoco la DDJJ permite conocer cuáles fueron las operaciones concretas que explican cada movimiento entre cuentas. Pero desde el punto de vista político y simbólico, la composición patrimonial de un ministro de Economía es un dato relevante: las decisiones públicas que toma afectan al mismo sistema financiero en el que él decide mantener apenas una pequeña parte de su liquidez.

    La cuestión tampoco es cuánto dinero tiene Caputo. Su patrimonio previo a ocupar cargos públicos ya era considerable y la existencia de activos en el exterior es anterior a su actual gestión. El punto está en observar qué ocurrió mientras estuvo al frente de Economía. Y allí los números son contundentes: entre el comienzo y el cierre de 2025, sus depósitos exteriores pasaron de unos $5.937 millones a $12.422 millones, mientras que una sola cuenta corriente en dólares pasó de aproximadamente $4.018 millones a $11.738 millones en la valuación declarada. Al mismo tiempo, su patrimonio total pasó de $11.851 millones a $19.509 millones.

    La declaración jurada no permite saber si cada dólar que terminó en esas cuentas provino de rentas, inversiones anteriores, ventas de activos, transferencias entre cuentas, resultados financieros u otras operaciones. Tampoco demuestra que el crecimiento patrimonial tenga relación causal con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía. Pero sí permite saber dónde está el dinero declarado por el ministro: mayoritariamente afuera.

    Y esa es quizás la imagen más potente que deja la DDJJ 2025. Mientras el Gobierno reclama confianza en su programa económico, mientras Caputo administra el mercado cambiario y mientras Milei insiste en que los argentinos deben sacar los dólares “del colchón” para ponerlos a trabajar en la economía, el propio ministro de Economía declara que el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

    No es una prueba de delito. No es, por sí sola, una demostración de conflicto de intereses. Pero sí es un dato político imposible de ocultar detrás de una planilla contable: el ministro que pide confianza en su modelo económico tiene la mayor parte de su dinero fuera del país que ese mismo modelo pretende transformar.

     

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    Por qué la Revolución Rusa de octubre fue en realidad en noviembre

     

    La fecha que quedó grabada en la historia responde a un calendario que Rusia ya no utiliza. La insurrección bolchevique comenzó el 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, pero esa misma jornada correspondía al 7 de noviembre en el calendario gregoriano. La diferencia de 13 días explica por qué la Revolución de Octubre ocurrió, para buena parte del mundo, en noviembre.

    Por Alcides Blanco para NLI

    La historia suele quedar atrapada en los nombres con los que fue bautizada. La Revolución de Octubre es uno de los ejemplos más famosos. Durante generaciones, millones de personas aprendieron que el 25 de octubre de 1917 los bolcheviques encabezados por Vladimir Lenin tomaron el poder en Rusia y pusieron en marcha uno de los procesos políticos más trascendentales del siglo XX. Sin embargo, si alguien viajara hasta aquella misma fecha utilizando el calendario que actualmente rige en la mayor parte del mundo, descubriría algo aparentemente desconcertante: el 25 de octubre ruso era el 7 de noviembre para el resto de Europa.

    No se trata de un error histórico ni de una modificación posterior de los acontecimientos. La explicación está en una cuestión aparentemente menor, pero fundamental para comprender cómo se registraban las fechas en la Rusia de comienzos del siglo XX: el Imperio ruso todavía utilizaba el calendario juliano, mientras que la mayoría de los países europeos ya se regían por el calendario gregoriano, establecido en 1582 por iniciativa del papa Gregorio XIII. Entre ambos calendarios existía entonces una diferencia de 13 días.

    Por eso, cuando los bolcheviques avanzaron sobre los principales puntos estratégicos de Petrogrado durante la noche del 24 al 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, en los países que utilizaban el calendario gregoriano ya era la noche del 6 al 7 de noviembre. La revolución que Rusia llamó “de Octubre” ocurrió, entonces, en noviembre según el calendario que hoy utilizamos.

    Dos calendarios para una misma revolución

    Para entender el asunto hay que retroceder algunos siglos. El calendario juliano había sido introducido por Julio César en el año 46 antes de Cristo y durante muchísimo tiempo fue utilizado como referencia en Europa. El problema era que su cálculo del año solar contenía una pequeña diferencia que, acumulada durante siglos, provocaba un desplazamiento progresivo de las fechas respecto de las estaciones.

    En 1582 se introdujo el calendario gregoriano para corregir ese desfasaje. Los países católicos comenzaron a adoptarlo rápidamente, aunque otros Estados europeos lo hicieron mucho después. Rusia, vinculada además a la tradición de la Iglesia ortodoxa, mantuvo durante siglos el calendario juliano.

    Así, mientras Francia, España, Italia y otros países europeos ya utilizaban el calendario gregoriano, Rusia continuaba registrando oficialmente sus acontecimientos con el sistema anterior. La diferencia, que durante buena parte de la historia había sido de 10 u 11 días, llegó a 13 días en los siglos XX y XXI.

    Eso significa que un acontecimiento fechado oficialmente en Rusia como 25 de octubre de 1917 debe convertirse en 7 de noviembre de 1917 al trasladarlo al calendario gregoriano.

    La confusión se vuelve todavía mayor porque los propios protagonistas de la revolución utilizaron las fechas del calendario vigente en Rusia. Para ellos, aquella jornada era efectivamente octubre. El nombre Revolución de Octubre no fue una equivocación: era la denominación correcta dentro del sistema de fechas que utilizaba el Estado ruso.

    La revolución que cambió el siglo XX

    Pero detrás de esos 13 días existe una historia mucho más profunda. La revolución no surgió de la nada ni comenzó y terminó en una única jornada. 1917 fue el resultado de una crisis acumulada durante años, agravada por la Primera Guerra Mundial, la pobreza, el hambre, las enormes desigualdades sociales y el agotamiento de un régimen autocrático que tenía en el zar Nicolás II su máxima autoridad.

    Rusia había ingresado en la Primera Guerra Mundial en 1914 y el conflicto tuvo consecuencias devastadoras. Millones de soldados murieron, resultaron heridos o fueron tomados prisioneros. La economía se deterioró, las ciudades comenzaron a sufrir problemas de abastecimiento y la población campesina soportó enormes sacrificios.

    En febrero de 1917 —también aquí hay que hacer la conversión de calendario— una oleada de huelgas, protestas y movilizaciones terminó provocando la caída del zar Nicolás II, que abdicó el 15 de marzo según el calendario gregoriano, correspondiente al 2 de marzo del calendario juliano.

    La monarquía había caído, pero la crisis estaba lejos de resolverse.

    Se formó un Gobierno Provisional, mientras paralelamente se fortalecían los soviets, consejos integrados por trabajadores y soldados. Se produjo así una situación de poder dual: por un lado, las instituciones del Gobierno Provisional; por otro, una estructura política nacida de la movilización popular.

    El problema fundamental era que el nuevo gobierno decidió continuar la guerra. Para una población exhausta, esa decisión resultó cada vez más difícil de aceptar.

    En ese escenario crecieron los bolcheviques, encabezados por Lenin, que sintetizaron buena parte de sus consignas en demandas que podían ser comprendidas fácilmente por una sociedad atravesada por la crisis: paz, pan y tierra.

    Del 25 de octubre al 7 de noviembre

    Durante el otoño ruso de 1917, la situación política se volvió explosiva. Los bolcheviques lograron aumentar su influencia en los soviets de Petrogrado y Moscú y comenzaron a preparar una insurrección destinada a desplazar al Gobierno Provisional.

    La noche del 24 al 25 de octubre del calendario juliano, fuerzas revolucionarias ocuparon puntos estratégicos de Petrogrado: puentes, estaciones, centrales de comunicaciones y edificios fundamentales para controlar la ciudad.

    El objetivo era aislar al Gobierno Provisional y tomar los centros neurálgicos del poder.

    El episodio más simbólico fue la toma del Palacio de Invierno, sede del Gobierno Provisional. En las horas siguientes, los ministros fueron detenidos y el poder quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, encabezado por Lenin.

    Pero aquí aparece nuevamente la cuestión del calendario.

    Para los rusos de aquel momento, el asalto decisivo estaba ocurriendo el 25 de octubre de 1917. Para los países que utilizaban el calendario gregoriano, era el 7 de noviembre.

    Cuando la revolución pasó a ser estudiada internacionalmente, muchos historiadores comenzaron a utilizar las fechas gregorianas para facilitar la comparación con los acontecimientos del resto del mundo. Sin embargo, el nombre original permaneció: Revolución de Octubre.

    La paradoja quedó instalada para siempre.

    Lenin, Trotsky y una revolución que no terminó aquella noche

    Otro error frecuente consiste en imaginar la Revolución de Octubre como un golpe instantáneo que produjo inmediatamente un Estado soviético consolidado. En realidad, la toma del poder fue el comienzo de un proceso mucho más largo.

    Los bolcheviques debieron enfrentar a sus adversarios políticos, reorganizar el Estado, hacer frente a la resistencia armada y, finalmente, atravesar una guerra civil que se extendió desde 1918 hasta aproximadamente 1922.

    Entre las figuras centrales del proceso estuvieron Lenin y León Trotsky, quien tuvo un papel decisivo en la organización militar de la revolución y en la creación del Ejército Rojo. También participaron miles de dirigentes, militantes, obreros, soldados y campesinos cuyas historias quedaron muchas veces subordinadas a los nombres de los grandes líderes.

    La revolución tampoco fue un fenómeno exclusivamente urbano. La cuestión de la tierra, el poder de los terratenientes y la situación de los campesinos fueron elementos fundamentales para entender la crisis del viejo régimen.

    En 1918, el nuevo gobierno decidió adoptar oficialmente el calendario gregoriano. Rusia pasó directamente del 31 de enero al 14 de febrero de ese año, eliminando así los 13 días de diferencia que existían con el calendario occidental.

    Desde entonces, Rusia comenzó a utilizar el mismo calendario civil que gran parte del mundo.

    Pero la revolución ya había quedado bautizada.

    ¿Entonces fue en octubre o en noviembre?

    La respuesta correcta es: en ambos, dependiendo del calendario utilizado.

    El acontecimiento comenzó el 24-25 de octubre de 1917 según el calendario juliano vigente en Rusia. Esa misma fecha correspondía al 6-7 de noviembre de 1917 según el calendario gregoriano.

    Por eso, cuando hoy se conmemora la Revolución de Octubre el 7 de noviembre, no se está cambiando la historia. Se está utilizando el calendario que Rusia adoptó posteriormente.

    La paradoja tiene incluso una dimensión simbólica. La revolución que pretendía romper con el viejo orden terminó siendo recordada con una fecha perteneciente a un sistema de calendario que el nuevo poder abandonaría pocos meses después.

    La historia, como suele ocurrir, también está hecha de pequeños detalles.

    Trece días separan octubre de noviembre. Pero esos trece días también sirven para recordar algo más importante: las fechas históricas no existen aisladas del mundo que las produjo. Detrás de una jornada revolucionaria hubo una guerra, millones de personas movilizadas, una monarquía en crisis, hambre, desigualdad, luchas políticas y una sociedad que había llegado al límite.

    La Revolución de Octubre fue, entonces, una revolución de noviembre para nuestro calendario. Pero siguió siendo de octubre para quienes la hicieron.

    Y así quedó grabada en la memoria histórica: una revolución que ocurrió en noviembre, pero que la historia decidió llamar Octubre.

     

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