Política

 

La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.

Por Roque Pérez para NLI

La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.

El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.

Un voto que valía una embajada

El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.

Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.

Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.

La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.

La casta que no era casta

El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.

No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.

El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.

Un precedente peligroso

El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.

Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.

La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?

 

 

Un equipo internacional de investigadores logró recuperar 42 páginas perdidas de uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, en un descubrimiento que no sólo impacta en la historia religiosa, sino también en la comprensión de cómo se formaron los textos bíblicos tal como hoy se conocen.

Por Alcides Blanco para NLI

Un manuscrito destruido… y reconstruido siglos después

El hallazgo gira en torno al llamado Codex H, un manuscrito del siglo VI que contiene las cartas de Pablo. Este documento fue desarmado en la Edad Media, cuando sus páginas fueron reutilizadas como material para encuadernar otros libros en el monasterio de Gran Lavra, en el Monte Athos, Grecia.

Esa práctica —reciclar textos antiguos— era habitual en tiempos donde el pergamino era un recurso escaso. El resultado fue la dispersión del manuscrito: sus fragmentos quedaron repartidos en bibliotecas de distintos países europeos, desde Italia hasta Rusia.

Durante siglos, esas páginas parecían definitivamente perdidas.

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Tecnología del siglo XXI para leer lo invisible

La recuperación fue posible gracias a técnicas avanzadas de imágenes multiespectrales, capaces de detectar restos de tinta invisibles al ojo humano. Los investigadores identificaron lo que llaman “texto fantasma”: marcas dejadas por la tinta en páginas enfrentadas, como una especie de eco del original.

A partir de esas huellas, lograron reconstruir digitalmente las páginas desaparecidas. Además, estudios de datación por radiocarbono confirmaron que el pergamino pertenece efectivamente al siglo VI.

El resultado no es menor: cada página sobreviviente permitió recuperar múltiples páginas perdidas, ampliando considerablemente el conocimiento sobre el manuscrito original.

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Qué dicen las páginas recuperadas

Aunque los textos recuperados corresponden a pasajes ya conocidos de las cartas paulinas, el valor del hallazgo no está en “nuevos versículos”, sino en algo mucho más profundo: cómo se leía, organizaba y transmitía el Nuevo Testamento en sus primeros siglos.

Entre los descubrimientos más relevantes aparecen:

• Listas de capítulos muy diferentes a las actuales
• Correcciones y anotaciones hechas por escribas
• Evidencias del uso cotidiano del texto, con marcas y comentarios

Esto demuestra que la Biblia no fue un texto fijo desde el inicio, sino un corpus en construcción, intervenido por generaciones de lectores y copistas.

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Los copistas también escribían historia

Uno de los aspectos más reveladores del estudio es la dimensión humana detrás del manuscrito. Lejos de ser un objeto sagrado intocable, el texto era trabajado activamente: los escribas corregían errores, agregaban notas e incluso dejaban oraciones o ejercicios de escritura en los márgenes.

Es decir, el Nuevo Testamento era también un espacio de práctica, aprendizaje y devoción cotidiana.

Este dato rompe con la idea de una transmisión perfecta e inalterada. Por el contrario, muestra que la historia del cristianismo está atravesada por decisiones humanas, interpretaciones y cambios.

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Una pieza clave para entender la Biblia

Los especialistas coinciden en que el descubrimiento es “monumental”, no por cambiar el contenido del Nuevo Testamento, sino por aportar evidencia concreta sobre su evolución.

En particular, el Codex H permite observar un momento clave: cuando los textos cristianos comenzaban a organizarse en una forma más cercana a la Biblia actual, entre los siglos IV y VI.

En ese sentido, el hallazgo no reescribe la Biblia, pero sí reescribe la historia de cómo se construyó.

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Entre la fe y la historia

El descubrimiento vuelve a poner sobre la mesa una tensión que atraviesa siglos: la diferencia entre el texto religioso como objeto de fe y como documento histórico.

Lo que surge de estos estudios no invalida creencias, pero sí aporta un dato incómodo para las lecturas más rígidas: los textos sagrados tienen historia, y esa historia está llena de intervenciones humanas.

Entender eso no los vuelve menos relevantes. Al contrario, los vuelve más complejos, más ricos… y profundamente humanos.

 

 

El presidente volvió a la carga contra los miembros de la prensa.

Por la Redacción de NLI

 

 

Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.

Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.

Energía en venta, soberanía en retroceso

La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.

La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.

El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento

Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.

Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.

Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público

El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.

La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.

En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.

Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.

 

 

Ahora gana más de 7 millones.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El discurso de la “casta” vuelve a quedar en entredicho. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público, un decreto firmado por el propio Ejecutivo habilitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros duplicaran —y en algunos casos superaran— sus ingresos en pocos meses.

Lejos de tratarse de un aumento menor, los números son contundentes: los ministros pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con una escalada que los llevó a superar los $8 millones en los meses siguientes.

Un decreto que desarma el relato

La suba fue posible gracias a un decreto firmado a comienzos de 2026 que terminó con el congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión libertaria. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios, y también impactó directamente en el salario de Adorni, quien quedó equiparado a los ministros.

El incremento no fue simbólico: en apenas meses, los haberes crecieron más de un 100%, llegando en algunos casos al 123%.

La explicación oficial se apoyó en la necesidad de “recomponer” salarios que venían atrasados frente a la inflación. Sin embargo, el contexto político vuelve esa justificación difícil de sostener: el propio Milei construyó su identidad política denunciando a la “casta” por sus privilegios y sus ingresos.

Ajuste para la sociedad, beneficios para arriba

El contraste es evidente. Mientras los funcionarios de primera línea del gobierno veían duplicados sus ingresos, el promedio salarial de los trabajadores argentinos se mantiene muy por debajo, con fuertes pérdidas frente a la inflación.

El dato no es menor: la recomposición se dio en simultáneo con recortes en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, lo que profundiza la percepción de una doble vara.

En otras palabras, el ajuste no fue “para todos”. Fue selectivo.

Adorni en el centro de la escena

La figura de Adorni aparece particularmente expuesta. No solo porque su salario creció al mismo ritmo que el de los ministros, sino porque su situación patrimonial ya estaba bajo la lupa judicial en paralelo a estos incrementos.

El jefe de Gabinete, que durante meses fue la cara del discurso oficial contra los privilegios de la política, hoy queda atrapado en una contradicción difícil de explicar: defender el ajuste mientras se beneficia de una mejora salarial extraordinaria.

La pregunta incómoda

El caso abre un interrogante político inevitable: si el gobierno justificó despidos, recortes y pérdida de ingresos en nombre de combatir a la “casta”, ¿cómo se explica que sus propios funcionarios dupliquen sus sueldos por decreto?

Y aún más: ¿por qué a Adorni no se le aplica la misma vara que el propio oficialismo exige hacia otros funcionarios cuando quedan envueltos en polémicas patrimoniales o privilegios?

La respuesta, por ahora, no aparece. Pero el contraste entre el discurso y los hechos empieza a ser cada vez más evidente.

 

 

El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?

Por Roque Pérez para NLI

La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.

El escándalo que terminó en despido

La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.

El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.

Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.

En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.

La incómoda comparación con Adorni

Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.

La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.

Entonces, la pregunta es inevitable:
¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?

Discrecionalidad, relato y costo político

La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.

En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.

El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.

Un problema más profundo

El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.

La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.

Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.

La pregunta que queda abierta

El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.

Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad.
Y hoy, la sensación que queda es otra:
no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.