Política

 

Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.

Por Bruno A. Monteverde para NLI

El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.

La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.

Un puerto intervenido en nombre de la soberanía

Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.

La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.

El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.

Malvinas no es una consigna para los actos oficiales

La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.

Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.

La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.

El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.

El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio

La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.

Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.

La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.

Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.

Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.

El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.

El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.

 

 

Un enorme dintel de piedra con referencias a Ramsés II y al dios Horus, junto con restos de un templo, caminos y estructuras defensivas, acaba de aportar una de las pistas más importantes para identificar a la antigua ciudad de Mesen, un asentamiento perdido que habría ocupado un lugar estratégico en la frontera oriental de Egipto. El descubrimiento también permite comprender mejor la llamada Vía de Horus, la gran ruta militar que durante siglos conectó el valle del Nilo con el Mediterráneo oriental y el Levante.

Por Alcides Blanco para NLI

La arqueología egipcia acaba de abrir una puerta hacia uno de esos lugares que durante siglos sobrevivieron solamente en los textos antiguos. En Tell Abu Saifi, cerca de Qantara Oriental, en la gobernación de Ismailía, las excavaciones realizadas durante la actual temporada arqueológica encontraron nuevos elementos que fortalecen una hipótesis largamente discutida: que bajo ese sitio se encuentran los restos de Mesen, una antigua ciudad del este egipcio cuya ubicación exacta nunca había podido establecerse con certeza. No se trata todavía de una identificación definitiva —los propios investigadores mantienen la cautela y señalan que serán necesarias nuevas excavaciones—, pero las evidencias acumuladas comienzan a formar un cuadro extraordinariamente consistente.

La pieza que cambió la dimensión de la investigación es un enorme dintel de arenisca, encontrado partido en dos fragmentos y con inscripciones en tres de sus lados. Allí aparecen los títulos reales de Ramsés II, uno de los faraones más poderosos del Imperio Nuevo, pero hay algo todavía más importante: el texto registra trabajos de restauración realizados sobre una estatua de Horus, identificado como “Señor de la ciudad de Mesen”. Esa referencia es particularmente significativa porque los textos egipcios ya hablaban de una ciudad llamada Mesen ubicada en la región fronteriza oriental, mientras que hasta ahora los arqueólogos no habían podido demostrar de manera concluyente dónde estaba. La inscripción encontrada en Tell Abu Saifi establece, por primera vez con una fuerza documental mucho mayor, una conexión directa entre el lugar excavado, el culto a Horus y aquella ciudad perdida.

La frontera donde Egipto se defendía del mundo exterior

Para comprender la importancia del hallazgo hay que abandonar por un momento la imagen clásica de Egipto como una civilización concentrada alrededor del Nilo, las pirámides y las grandes tumbas reales. La potencia egipcia también necesitaba fronteras, caminos, fortificaciones, depósitos, tropas y centros administrativos, especialmente hacia el este, donde el territorio egipcio se encontraba conectado con el Sinaí, Canaán y el resto del Mediterráneo oriental. Allí funcionaba la denominada Vía de Horus, una ruta estratégica que comunicaba el delta del Nilo con el Levante y que servía simultáneamente como corredor militar, comercial y administrativo. Tell Abu Saifi aparece ahora como una pieza especialmente importante de ese sistema.

La ruta no era simplemente un camino trazado sobre el desierto. Formaba parte de un sistema defensivo mucho más amplio, compuesto por estaciones, asentamientos, templos y puntos militares destinados a proteger el acceso oriental a Egipto. Por allí podían desplazarse soldados, funcionarios, comerciantes y caravanas, pero también ejércitos enteros cuando los faraones emprendían campañas hacia Asia. En ese contexto, una ciudad como Mesen no habría sido un asentamiento periférico sin importancia: su posición podía convertirla en una pieza del dispositivo mediante el cual Egipto controlaba su frontera más vulnerable y, al mismo tiempo, proyectaba su poder hacia el exterior.

Los nuevos trabajos también permitieron corregir la interpretación que los arqueólogos tenían de algunas estructuras descubiertas anteriormente. Una enorme muralla de ladrillos de barro que había sido interpretada como parte del propio templo ahora es entendida como el recinto exterior del complejo sagrado, con accesos, habitaciones interiores y diferentes etapas de construcción. Dentro del área delimitada aparecieron además dos caminos empedrados superpuestos: el más antiguo corresponde al período ptolemaico y posteriormente fue cubierto por una vía romana más estrecha. Esa superposición resulta particularmente reveladora porque demuestra que el lugar no desapareció simplemente con el final de los faraones, sino que continuó siendo utilizado y transformado durante siglos.

Un lugar que sobrevivió a los faraones

El sitio ofrece, en realidad, una pequeña historia de Egipto condensada en un único territorio. Las excavaciones encontraron parte de una estatua de esquisto correspondiente a la dinastía XXVI, representando a un escriba del ejército que sostenía un santuario; también aparecieron una estatua decapitada y sin pies, el torso de una estatua real de basalto y fragmentos de representaciones de halcones realizados en basalto y piedra caliza. Son piezas diferentes, pertenecientes a distintos momentos, pero juntas muestran la persistencia de funciones militares, religiosas y administrativas.

Más adelante, durante la época ptolemaica, el templo alcanzó una importante etapa de desarrollo arquitectónico, mientras que en el siglo III de nuestra era los romanos reutilizaron parte del complejo como un castrum, es decir, un campamento militar. Finalmente, durante la etapa romana tardía, el antiguo espacio sagrado sufrió una transformación todavía más radical: se convirtió en una cantera destinada a la producción de cal. Los arqueólogos encontraron grandes hornos circulares construidos sobre sectores del antiguo santuario y restos de piedra calcinada, evidencia de cómo un espacio que alguna vez había sido considerado sagrado terminó convertido en una instalación industrial.

Esa sucesión resulta casi tan interesante como el posible descubrimiento de Mesen. Un templo no es solamente un edificio: es también una cápsula del tiempo. Sus muros permiten seguir las transformaciones de una sociedad, sus cambios religiosos, sus conquistas, sus crisis y hasta las nuevas formas en que generaciones posteriores aprovecharon las construcciones de sus antepasados. En Tell Abu Saifi, la arqueología está encontrando precisamente eso: un lugar que pasó de desempeñar funciones vinculadas al poder faraónico a integrarse en el mundo helenístico y posteriormente en la estructura militar romana.

Mesen, una ciudad que vuelve desde los textos

La gran pregunta ahora es si Tell Abu Saifi puede ser identificado definitivamente con Mesen. La respuesta científica, por el momento, es todavía prudente. Las autoridades egipcias y los investigadores consideran que las nuevas evidencias fortalecen considerablemente la hipótesis, pero todavía no presentan la identificación como una certeza absoluta. El dintel con la referencia a Horus y Mesen constituye una evidencia especialmente poderosa porque no se trata simplemente de un objeto egipcio encontrado en el lugar: es una inscripción que vincula explícitamente al dios con “la ciudad de Mesen”.

La importancia de esta distinción no es menor. Durante décadas, una de las dificultades para identificar ciudades antiguas consistió precisamente en determinar si una pieza encontrada en un sitio pertenecía originalmente a ese lugar o había sido trasladada posteriormente. En Tell Abu Saifi ya existían hallazgos que habían alimentado el debate, pero algunos investigadores habían planteado la posibilidad de que determinadas piedras hubieran sido llevadas desde otros asentamientos cercanos. El nuevo descubrimiento, al aparecer integrado dentro del contexto arquitectónico excavado y al vincular directamente a Horus con Mesen, proporciona un argumento considerablemente más sólido para la identificación.

Y allí reside el verdadero valor histórico de esta noticia. No se está encontrando solamente una ciudad enterrada bajo la arena: se está reconstruyendo el mapa político y militar de un Estado que hace más de tres milenios ya comprendía la importancia estratégica de controlar sus fronteras. Cada camino, cada recinto y cada inscripción permiten volver a dibujar sobre el territorio moderno la geografía de una potencia antigua que organizaba sus desplazamientos, protegía sus rutas y establecía una cadena de posiciones defensivas para controlar el acceso hacia Asia.

La Vía de Horus, en ese sentido, deja de ser una referencia abstracta de los documentos arqueológicos para convertirse en un paisaje concreto, compuesto por caminos que todavía pueden seguirse, estructuras que vuelven a emerger y ciudades cuyo nombre reaparece después de permanecer durante milenios en los textos. Si las próximas campañas confirman definitivamente que Tell Abu Saifi es la antigua Mesen, el descubrimiento no solamente permitirá colocar una ciudad perdida en el mapa: permitirá comprender mejor cómo funcionaba la frontera oriental del Egipto faraónico, cómo se movían sus ejércitos y cómo aquella civilización organizaba su relación con el mundo que se encontraba más allá del desierto.

Porque, al final, la arqueología no consiste únicamente en encontrar objetos antiguos. Consiste en devolverles un lugar dentro de la historia. Y en las arenas de Tell Abu Saifi, una ciudad que durante siglos fue apenas un nombre podría estar recuperando, piedra por piedra, su territorio, su función y su memoria.

 

 

En 1880, la guerra entre Nicolás Avellaneda y Carlos Tejedor terminó con la federalización de Buenos Aires y cambió para siempre la organización política argentina.

Por Alcides Blanco para NLI

El 24 de agosto de 1880, mientras la Argentina todavía intentaba cerrar las heridas abiertas por décadas de guerras civiles, la ciudad de Buenos Aires no era todavía exactamente la ciudad que conocemos hoy. Era, al mismo tiempo, capital de la Nación y capital de la provincia más poderosa del país, una superposición que escondía un conflicto mucho más profundo: quién controlaba el principal puerto, quién administraba las rentas aduaneras y, sobre todo, dónde debía residir el poder efectivo de un Estado nacional que todavía no había conseguido imponerse completamente sobre los intereses de las provincias y sobre el enorme poder económico y político de Buenos Aires. Aquel problema había atravesado buena parte del siglo XIX y volvió a estallar violentamente en 1880, cuando el gobernador bonaerense Carlos Tejedor se levantó contra el proyecto de federalización impulsado por el presidente Nicolás Avellaneda. La confrontación terminó con combates en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, el traslado del gobierno nacional al entonces pueblo de Belgrano y, finalmente, con una decisión que cambió para siempre la geografía política argentina: Buenos Aires dejó de pertenecer institucionalmente a la provincia y pasó a ser la Capital de la República.

Una capital que pertenecía a dos poderes

El problema venía desde la organización nacional posterior a la caída de Juan Manuel de Rosas. En 1853, las provincias habían sancionado una Constitución que establecía un régimen federal y disponía que la capital debía ser una ciudad federalizada, pero Buenos Aires se mantuvo separada de la Confederación durante casi una década. La reunificación producida después de Pavón no resolvió completamente la cuestión porque la provincia porteña conservaba un peso económico excepcional derivado de su puerto y de las rentas aduaneras. Durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado nacional fue construyendo instituciones comunes, un Ejército nacional y un aparato administrativo cada vez más importante, pero la cuestión de la capital continuó pendiente. El conflicto no era meramente administrativo: detrás de la discusión sobre dónde debía funcionar el gobierno se encontraba la disputa por el control de los recursos que permitían financiar al Estado.

La contradicción resultaba evidente. Buenos Aires era la sede de las autoridades nacionales, pero también era territorio de la provincia de Buenos Aires y estaba gobernada por autoridades provinciales que respondían a intereses propios. En una Argentina donde el puerto porteño concentraba buena parte del comercio exterior, esa situación otorgaba a la provincia una capacidad de presión que ninguna otra jurisdicción poseía. Por eso la federalización de la ciudad significaba mucho más que cambiar un domicilio: implicaba separar el centro político de la Nación del poder territorial de la provincia, otorgando al Gobierno nacional jurisdicción directa sobre el lugar donde funcionaban sus instituciones.

Cuando Avellaneda avanzó decididamente hacia esa solución, encontró la resistencia del autonomismo porteño. Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se convirtió en el principal opositor al proyecto y comenzó a organizar fuerzas militares, mientras el Gobierno nacional también reforzaba su capacidad defensiva. El enfrentamiento fue adquiriendo una intensidad que hacía cada vez más probable una salida armada. La disputa por la capital, que podía parecer una cuestión jurídica para los historiadores posteriores, estaba a punto de convertirse nuevamente en una guerra entre argentinos.

Belgrano, capital de emergencia

La situación llegó a un punto crítico en junio de 1880. Tejedor se preparó para resistir la federalización y el Gobierno nacional decidió trasladar temporalmente sus autoridades fuera de la ciudad. Avellaneda y el Congreso se instalaron en Belgrano, que por entonces era un pueblo ubicado en las afueras de Buenos Aires y que hoy forma parte de la Ciudad Autónoma. El edificio donde funcionaba la municipalidad de Belgrano se convirtió en sede de las instituciones nacionales y allí sesionó el Congreso que terminaría sancionando la ley de federalización. El lugar es actualmente el Museo Histórico Sarmiento y conserva la memoria de aquellos meses en los que un barrio porteño fue, literalmente, el centro político de la República.

Mientras las autoridades nacionales se refugiaban en Belgrano, la tensión se transformaba en combate. Las fuerzas de Tejedor se enfrentaron con tropas nacionales en distintos puntos del área metropolitana, entre ellos Puente Alsina, Corrales y Barracas, mientras la escuadra nacional bloqueaba Buenos Aires. La magnitud de los enfrentamientos demostró que la cuestión de la capitalización no podía resolverse mediante una simple negociación entre dirigentes: los sectores enfrentados estaban dispuestos a utilizar la fuerza para imponer sus respectivos proyectos de organización nacional.

La derrota de Tejedor selló el desenlace. El gobernador bonaerense renunció y el proyecto de federalización quedó finalmente liberado de la resistencia armada que había impedido concretarlo durante décadas. El 20 de septiembre de 1880, el Congreso sancionó la Ley 1029, que declaró capital de la República al municipio de Buenos Aires bajo sus límites existentes. La norma estableció además que los establecimientos y edificios públicos situados en la ciudad quedarían bajo jurisdicción nacional, aunque mantuvo determinadas propiedades provinciales y dispuso mecanismos para resolver la transferencia de bienes y competencias.

El proceso no fue simplemente una victoria militar de Avellaneda sobre Tejedor. Fue la resolución de una disputa que había acompañado prácticamente toda la organización constitucional del país. La ley convirtió una cuestión largamente discutida en una realidad institucional: la Nación tendría por fin una capital que no dependiera políticamente de una provincia.

El nacimiento de una ciudad que ya no pertenecía a la provincia

La federalización produjo una consecuencia que muchas veces queda escondida detrás de la fecha y del texto de la ley: Buenos Aires tuvo que dejar de ser la capital de la provincia que llevaba su mismo nombre. La provincia necesitaba entonces construir una nueva sede administrativa y política. El gobernador Dardo Rocha impulsó la creación de una nueva capital y en 1882 fue fundada La Plata, concebida desde el comienzo como una ciudad planificada y monumental destinada a reemplazar a Buenos Aires como capital bonaerense.

La creación de La Plata demuestra hasta qué punto la federalización alteró el territorio argentino. No se trataba solamente de una modificación de jurisdicciones sobre un mapa: implicaba crear una nueva capital provincial, reorganizar oficinas públicas, trasladar instituciones y redefinir las relaciones entre la provincia y la Nación. Buenos Aires, mientras tanto, comenzó a desarrollar una identidad política propia como capital federal, aunque durante mucho tiempo seguiría siendo también el centro económico, financiero, cultural y demográfico de todo el país.

La nueva situación exigió además la creación de estructuras específicamente nacionales para administrar el territorio federalizado. En diciembre de 1880, por ejemplo, la Nación recibió la Policía de Buenos Aires y creó la Policía de la Capital, destinada a garantizar el ejercicio de la autoridad nacional sobre la ciudad. El primer jefe fue Marcos Paz, designado por Julio Argentino Roca, quien había asumido la Presidencia el 12 de octubre de ese año.

La federalización también abrió una nueva etapa política. El Estado nacional pudo consolidar su presencia institucional y avanzar durante las décadas siguientes en la construcción de una administración centralizada, mientras el país ingresaba en un período de crecimiento económico, expansión ferroviaria, inmigración masiva y desarrollo del modelo agroexportador. La etapa que comenzó alrededor de 1880 suele ser presentada como la consolidación del Estado nacional, aunque esa consolidación tuvo también sus contradicciones: el poder político quedó concentrado en una elite estrecha y el Partido Autonomista Nacional dominó durante décadas la estructura institucional.

La guerra que terminó dibujando el mapa político argentino

La historia de la federalización de Buenos Aires permite entender que la construcción del Estado argentino estuvo lejos de ser un proceso pacífico y lineal. Durante décadas, la disputa entre Buenos Aires y las provincias había enfrentado proyectos económicos y políticos diferentes, y la cuestión de la capital condensaba todos esos conflictos. Quién controlaba Buenos Aires tenía una importancia que excedía ampliamente a la ciudad, porque significaba controlar el principal centro económico del país, el puerto y buena parte de las herramientas materiales necesarias para ejercer el poder nacional.

Por eso resulta significativo que la ley que finalmente convirtió a Buenos Aires en Capital Federal haya sido sancionada después de una guerra interna. El edificio donde hoy funciona el Museo Histórico Sarmiento recuerda justamente esa circunstancia: durante algunos meses, el Estado argentino tuvo que abandonar su sede habitual porque la ciudad que debía ser capital era, al mismo tiempo, el territorio de un gobernador que se rebelaba contra el poder nacional.

A partir de entonces, la relación entre Buenos Aires y la Nación quedó definitivamente transformada, aunque no desapareció la tensión entre el poder concentrado en la capital y el resto del territorio. La Argentina que surgió de 1880 consiguió construir un Estado nacional mucho más fuerte, pero también consolidó una estructura territorial profundamente centralizada alrededor de Buenos Aires, una característica que continuaría generando debates durante todo el siglo XX y que todavía forma parte de las discusiones sobre federalismo, distribución de recursos y concentración económica.

La paradoja histórica es que la federalización buscaba resolver el problema de Buenos Aires como poder autónomo y terminó convirtiendo a la ciudad en el centro indiscutido de la Nación. La provincia perdió su capital histórica y recibió una nueva; el Estado nacional obtuvo jurisdicción sobre la ciudad, pero Buenos Aires comenzó a concentrar una influencia política, económica y cultural todavía mayor. La guerra de 1880 puso fin a una etapa de enfrentamientos por la organización territorial del país, pero también dejó instalada una pregunta que la Argentina nunca terminó de resolver completamente: cómo construir un verdadero federalismo cuando la capital concentra una parte tan extraordinaria del poder.

Aquel 24 de agosto de 1880, por lo tanto, no debe recordarse solamente como una fecha dentro de la larga lista de efemérides nacionales. Fue uno de los momentos en que la Argentina terminó de decidir dónde estaría su corazón político y, al hacerlo, también definió buena parte de su estructura territorial para el siglo siguiente. Buenos Aires dejó de ser la capital de una provincia para convertirse en la capital de todos, pero el precio de aquella solución fue una concentración que todavía hoy marca la vida nacional. La historia de la federalización no es solamente la historia de cómo se resolvió una vieja disputa entre porteños y provincianos: es la historia de cómo nació una Argentina políticamente unificada que, desde entonces, nunca dejó de discutir cuánto poder debía vivir en su capital y cuánto debía regresar al resto del país.

 

 

Más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales quedaron en manos de consorcios privados bajo concesiones de dos décadas. La resolución publicada este lunes formaliza la tercera etapa del programa de privatización de Corredores Viales S.A. y habilita a las empresas a explotar, mantener y cobrar peajes en corredores estratégicos de buena parte del país.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno de Javier Milei dio este lunes un nuevo paso en su programa de privatizaciones y concesiones al adjudicar ocho corredores de la Red Federal de Concesiones por un plazo de 20 años, una decisión que afecta a más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y que, por su duración, alcance territorial y mecanismo de financiamiento, constituye una de las transformaciones más profundas de la infraestructura vial argentina de los últimos años. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de un proceso que comenzó con la declaración de Corredores Viales S.A. como empresa sujeta a privatización y continuó con la decisión de avanzar hacia un sistema basado en concesiones de obra pública por peaje.

La magnitud de la operación permite entender por qué la discusión excede largamente la cuestión de quién se hará cargo del mantenimiento de una ruta. Lo que se está definiendo es quién administra durante las próximas dos décadas una porción estratégica de la red vial nacional, bajo un régimen que contempla no solamente la conservación y reparación de las trazas, sino también su explotación, la prestación de servicios a los usuarios, las ampliaciones y la posibilidad de realizar “nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”. Es decir, las empresas adjudicatarias no reciben únicamente la responsabilidad de mantener caminos: reciben una concesión de largo plazo sobre corredores que constituyen infraestructura esencial para la circulación de personas, mercancías y producción.

De Corredores Viales a la concesión privada

El camino hacia esta nueva estructura comenzó con la Ley Bases 27.742, que incluyó a Corredores Viales S.A. entre las empresas sujetas a privatización. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para avanzar con la privatización total de la compañía mediante concesiones de obra pública por peaje, mientras que durante 2026 el Ministerio de Economía fue completando las distintas etapas administrativas de la licitación. La resolución publicada ahora reconoce expresamente ese recorrido y aprueba la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0001-LPU26, con la adjudicación definitiva de los ocho renglones que componen esta tercera etapa.

El Gobierno presenta el nuevo esquema como una ruptura con el modelo anterior y sostiene que la operación permitirá mantener la red sin subsidios del Estado Nacional, trasladando a los privados la inversión y el costo de operación a través del sistema de peajes. Vialidad Nacional, según la explicación oficial, continuará teniendo funciones de supervisión mediante indicadores de desempeño y niveles de servicio. La administración nacional sostiene además que, una vez completadas las distintas etapas, serán más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales los incorporados al nuevo sistema y que por esos corredores circula aproximadamente el 80% del tránsito del país.

El punto político de fondo aparece precisamente allí: el Estado deja de ser el financiador directo de la infraestructura y pasa a ocupar principalmente un papel regulador y de control, mientras que las empresas privadas asumen la explotación de los corredores y recuperan sus costos e inversiones mediante el esquema de peajes previsto en los contratos. La transformación no es solamente contable. Implica modificar quién decide sobre el mantenimiento, las prioridades de inversión, la prestación de servicios y la estructura económica que sostiene una parte fundamental de la red vial argentina.

Quiénes se quedaron con las rutas

La resolución permite poner nombres concretos detrás del proceso de privatización. El Tramo Centro, que comprende 681,92 kilómetros y atraviesa rutas nacionales como la 9, 19 y 34, fue adjudicado al consorcio integrado por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una oferta de $1.399 sin IVA y una concesión de 20 años. El Centro Norte, de 536,43 kilómetros y principalmente vinculado con la Ruta Nacional 34, quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., que ofertó $2.175 sin IVA.

En el Tramo Mesopotámico, de 276,11 kilómetros y correspondiente a las rutas nacionales 12 y 18, la adjudicación fue para IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., con una oferta de $3.564,99 sin IVA. El Tramo Noroeste, de 596,52 kilómetros, que comprende sectores de las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., VAPEU S.R.L. y Guigivan S.R.L., por $2.285 sin IVA.

El Tramo Litoral, de 546,74 kilómetros y compuesto por sectores de las rutas 12 y 16, quedó a cargo de JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., que ofrecieron $2.876,04 sin IVA. En el Noreste, que comprende 456,22 kilómetros de las rutas 12 y 105, ganó Carlos E. Enriquez S.A. y Hormi S.A., con una oferta de $2.950. El Chaco-Santa Fe, de 497,18 kilómetros de la Ruta Nacional 11, fue adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., por $3.520. Finalmente, el Tramo Cuyo, de 329,09 kilómetros de la Ruta Nacional 7, quedó en manos de Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., con una oferta de $3.090,2462 sin IVA. Todas las concesiones tienen el mismo plazo: 20 años.

La propia licitación muestra además que no se trató de un proceso sin competencia ni controversias administrativas. Hubo ofertas declaradas inadmisibles, propuestas desestimadas y empresas que quedaron fuera del orden de mérito. Entre ellas aparece CPC S.A., cuya presentación fue desestimada en todos los tramos en los que había participado, mientras que una UTE integrada por INMAC, Tecnoedil y Rowing quedó excluida después de reconocer errores en sus ofertas económicas, situación que la Comisión Evaluadora consideró incompatible con la seriedad e inalterabilidad exigidas en el proceso.

Veinte años que cambian el mapa vial

El dato que debería concentrar buena parte del debate público es la combinación entre duración, escala y mecanismo de explotación. Veinte años representan un período extraordinariamente extenso para una concesión de infraestructura estratégica: implica que los contratos atravesarán varias administraciones nacionales, distintos ciclos económicos y probablemente más de una etapa de cambios en las necesidades de transporte y producción. Durante ese período, los consorcios tendrán a su cargo corredores por los que circula una parte sustancial del movimiento económico nacional y contarán con un sistema de ingresos asociado al cobro de peajes.

El Gobierno sostiene que las tarifas ofertadas fueron uno de los elementos centrales para seleccionar a los adjudicatarios y que el nuevo modelo busca establecer reglas claras, promover inversiones y mejorar las condiciones de circulación. Según la información oficial, las concesionarias deberán alcanzar determinadas condiciones de transitabilidad antes de aplicar la tarifa ofertada y el esquema prevé mecanismos de actualización tarifaria basados en índices oficiales, además de la incorporación progresiva de tecnologías como TelePASE y sistemas de cobro sin barreras.

Pero la discusión que queda abierta es mucho más amplia que la tarifa inicial. ¿Cuánto terminará pagando un transportista que atraviese varios corredores? ¿Cuánto se trasladará ese costo al precio de los alimentos y de los bienes? ¿Qué nivel de inversión deberán realizar efectivamente las empresas? ¿Cómo se controlará que las obras se ejecuten? ¿Qué sucederá si una concesionaria incumple? ¿Qué ingresos adicionales podrán obtener mediante las explotaciones complementarias previstas en los contratos? Son preguntas que adquieren todavía mayor relevancia cuando se trata de concesiones que permanecerán vigentes durante dos décadas.

La privatización de las rutas tampoco puede analizarse aislada de la política general del Gobierno hacia las empresas públicas y la infraestructura estatal. La administración Milei sostiene que el Estado no debe utilizar recursos públicos para sostener estructuras deficitarias y que el sector privado puede administrar determinados servicios de manera más eficiente. En materia vial, esa concepción se traduce en un modelo donde la ruta deja de ser concebida prioritariamente como una infraestructura financiada por el Estado y pasa a funcionar como una unidad económica concesionada, con ingresos vinculados a quienes utilizan el corredor.

Y ahí aparece la verdadera dimensión de la decisión publicada hoy: no se trata simplemente de cambiar quién repara el asfalto. Se está modificando el modelo económico mediante el cual Argentina construye, mantiene y financia una parte de sus caminos estratégicos. Las rutas nacionales fueron históricamente una herramienta de integración territorial, de desarrollo productivo y de presencia federal; ahora, una parte cada vez mayor de esa red quedará organizada alrededor de contratos privados de largo plazo y de la capacidad de generar ingresos mediante el tránsito que circula por ellas.

La pregunta histórica que queda planteada no es, entonces, si el Estado o las empresas privadas pueden mantener una ruta en mejores condiciones, sino qué modelo de país termina expresándose en la infraestructura que conecta sus territorios. La decisión de entregar ocho corredores durante veinte años convierte esa discusión en algo concreto: miles de kilómetros de caminos nacionales, cientos de localidades conectadas por ellos y millones de viajes que durante las próximas dos décadas estarán atravesados por un nuevo esquema de concesiones, peajes e inversión privada. El tiempo dirá si el modelo logra la prometida modernización de la red o si termina consolidando, como siempre pasa, sobre el territorio nacional, un nuevo negocio privado alrededor de una infraestructura que durante generaciones fue considerada una herramienta estratégica del Estado argentino.

 

 

Germán Díaz, integrante del bloque de La Libertad Avanza en Bragado, fue detenido tras un allanamiento en su vivienda de O’Brien, donde la Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte. La Justicia lo imputó por presunta comercialización de estupefacientes y deberá declarar ante la fiscalía.

Por Lola Santacreta para NLI

La noticia sacudió a Bragado y rápidamente trascendió las fronteras de la política local: Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza, fue detenido en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento se realizó el sábado en una vivienda de la localidad de O’Brien, partido de Bragado, y terminó con el dirigente libertario a disposición de la Justicia. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, podrían haber sido utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias.

El caso tiene una particularidad que excede el expediente penal: Díaz no es un ciudadano cualquiera sino un funcionario elegido por el voto popular e integrante del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bragado. El dirigente, de 52 años, asumió su banca en diciembre de 2023, en el escenario político que acompañó el crecimiento nacional del espacio encabezado por Javier Milei. Ahora, su situación quedó atravesada por una causa que deberá determinar si los elementos encontrados durante el procedimiento tienen relación con una actividad de comercialización de drogas y cuál fue, eventualmente, el alcance de esa conducta.

Un allanamiento que terminó con un concejal detenido

La investigación está radicada en el Departamento Judicial de Mercedes, con intervención de la UFI N.º 7 y del Juzgado de Garantías N.º 3. La orden judicial permitió avanzar sobre el domicilio ubicado en Rivadavia al 400, en O’Brien, donde se desarrolló el operativo policial que terminó con la detención de Díaz. Según la información publicada a partir de fuentes judiciales y policiales, entre los elementos secuestrados aparecieron restos de cocaína, una balanza de precisión y materiales presuntamente vinculados con el corte de sustancias.

La diferencia entre una sospecha y una condena es fundamental y debe ser preservada: Díaz se encuentra imputado y detenido en el marco de una investigación, pero su responsabilidad penal todavía debe ser establecida por la Justicia. La acusación de presunta comercialización de estupefacientes no equivale jurídicamente a una sentencia y será el proceso judicial el que determine qué valor tienen las pruebas reunidas y si alcanzan para sostener la imputación. En ese sentido, la cobertura del caso requiere evitar tanto el encubrimiento político como la condena anticipada, dos deformaciones frecuentes cuando una investigación penal involucra a un dirigente partidario.

La situación procesal del concejal avanzó este lunes con su traslado a sede judicial en Mercedes, donde debía prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola. Ese paso será relevante para conocer la versión del propio acusado y para que la fiscalía avance en la determinación de las circunstancias que rodearon el procedimiento.

La Libertad Avanza tomó distancia

El impacto político de la detención fue inmediato. El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Bragado difundió un comunicado en el que buscó despegarse de la investigación y sostuvo que cualquier responsabilidad de Díaz deberá ser determinada exclusivamente por la Justicia. Al mismo tiempo, los concejales plantearon que la situación deberá ser analizada institucionalmente dentro del Concejo Deliberante, de acuerdo con el reglamento interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La reacción resulta significativa porque muestra hasta qué punto un episodio individual puede convertirse en un problema institucional cuando el acusado ocupa una banca legislativa. El bloque libertario no puede resolver una causa penal ni reemplazar a la Justicia, pero tampoco puede ignorar que uno de sus integrantes se encuentra detenido e imputado en una investigación por drogas. Por eso, además de remarcar las garantías procesales, el espacio expresó su disposición a discutir dentro del Concejo cuáles son los pasos institucionales que correspondan.

En el comunicado, el bloque también manifestó un “enérgico repudio” a cualquier hecho relacionado con la venta y comercialización de estupefacientes, al considerar que se trata de un flagelo con consecuencias sobre las familias y la comunidad. La posición busca establecer una frontera entre la organización política y la conducta que se investiga, aunque la dimensión institucional del episodio inevitablemente obliga a revisar cómo llegó Díaz a ocupar una banca y cuál será el tratamiento político de su situación mientras avance el expediente.

El problema que trasciende a Germán Díaz

Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente determine la Justicia, la detención de un concejal por una causa vinculada con la presunta comercialización de drogas representa un golpe político para el espacio que integra, especialmente porque La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad pública alrededor de la denuncia de la corrupción, la inseguridad y la necesidad de aplicar con mayor dureza la ley. En este caso, la consigna política deberá enfrentarse con una realidad concreta: uno de sus representantes territoriales quedó involucrado en una investigación penal de extrema gravedad.

Esto no significa que la pertenencia partidaria determine culpabilidades ni que una acusación contra un dirigente permita atribuir responsabilidad automática a todo un espacio político. Sería tan arbitrario como sostener que cualquier delito cometido por un funcionario convierte al partido entero en una organización criminal. Pero tampoco resulta razonable pretender que la dimensión política desaparezca simplemente porque existe una causa judicial. Cuando un representante electo queda detenido, la política tiene necesariamente una responsabilidad institucional que no puede ser reemplazada por un comunicado de ocasión.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa, además, una discusión que atraviesa a todos los partidos y no solamente a La Libertad Avanza: qué controles existen sobre quienes ocupan cargos públicos y cómo reaccionan las estructuras políticas cuando uno de sus representantes queda involucrado en una investigación penal. La respuesta no debería depender del color partidario del acusado. Las garantías judiciales deben ser iguales para todos, pero también debe ser igual la exigencia de explicaciones políticas cuando un funcionario público queda comprometido en un expediente de semejante gravedad.

Por ahora, el dato central es concreto: Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza en Bragado, fue detenido e imputado por presunta comercialización de estupefacientes luego de un allanamiento en su vivienda de O’Brien, donde se secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte. La investigación continúa y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió y cuál es la responsabilidad penal del dirigente. Mientras tanto, el Concejo Deliberante deberá afrontar una situación institucional incómoda y el espacio libertario tendrá que explicar, más allá de cualquier estrategia comunicacional, cómo piensa administrar políticamente la crisis provocada por uno de sus propios representantes.

 

 

Carola Lorenzini desafió los prejuicios de su época, batió récords, cruzó sola el Río de la Plata y se convirtió en una pionera de la aviación argentina.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo una época en la que volar no era una actividad cotidiana, ni existían aeropuertos llenos de pasajeros, ni los aviones formaban parte del paisaje habitual de las ciudades, y mucho menos resultaba sencillo imaginar a una mujer tomando los controles de una aeronave para desafiar alturas, distancias y maniobras que incluso para los hombres constituían una actividad extraordinaria. En ese mundo nació Carola Lorenzini, una bonaerense que no provenía de una familia vinculada a la aviación ni pertenecía a una elite que pudiera financiar fácilmente una pasión costosa, sino que trabajó, ahorró, insistió y terminó abriéndose paso en un ambiente dominado casi por completo por hombres. Su historia contiene todos los elementos de una aventura extraordinaria —récords, vuelos solitarios, viajes por el país, exhibiciones y una muerte trágica—, pero reducirla a la figura romántica de la “aviadora gaucha” sería quitarle buena parte de su verdadero significado: Lorenzini fue una mujer que tuvo que conquistar no solamente el cielo, sino también el derecho a ocupar un lugar en un territorio profesional que su época consideraba esencialmente masculino.

Una mujer que primero tuvo que ganarse el derecho a volar

Carola Elena Lorenzini nació el 15 de agosto de 1899 en Empalme San Vicente, localidad bonaerense que actualmente conocemos como Alejandro Korn, y fue la séptima de ocho hermanos. Desde joven desarrolló una extraordinaria inclinación por el deporte y la actividad física: practicó equitación, remo, atletismo, salto, jabalina y hockey, y en 1925 llegó a consagrarse campeona de atletismo. Esa trayectoria ayuda a comprender que la aviación no apareció en su vida como una extravagancia aislada, sino como la continuación de una personalidad marcada por la competencia, el esfuerzo físico y la voluntad de superar límites. Antes de convertirse en una figura de la aeronáutica argentina trabajó como dactilógrafa en la Unión Telefónica, un empleo muy alejado de las imágenes heroicas que después acompañarían su nombre, pero que le permitió sostenerse económicamente mientras perseguía un objetivo que requería mucho más dinero y perseverancia de los que tenía disponibles.

El acceso a la aviación no fue sencillo. En 1931, después de enviar numerosas cartas y realizar reiterados pedidos, consiguió ser aceptada en el Aero Club Argentino y comenzó su formación como piloto. El esfuerzo económico fue considerable: según los registros oficiales, el curso la llevó a gastar sus ahorros y desprenderse de sus pertenencias para poder continuar con las clases. Aquella circunstancia resulta especialmente reveladora porque muestra que su carrera no nació de una oportunidad concedida desde arriba, sino de una insistencia personal que debió vencer simultáneamente obstáculos económicos y prejuicios sociales. En 1933 obtuvo finalmente su carnet de aviadora civil y, algunos años después, se convirtió en la primera mujer en obtener el título de instructora de vuelo en América del Sur, un reconocimiento que convirtió su nombre en referencia continental.

Su popularidad creció rápidamente porque Lorenzini no se limitó a pilotear aviones: convirtió el vuelo en una forma de competencia y de exploración. El 31 de marzo de 1935 estableció el récord sudamericano femenino de altura al alcanzar los 5.381 metros en un avión Ae C-3 de cabina cerrada, una marca que le valió reconocimientos y una medalla de oro otorgada por la Aviación Militar Argentina. La prensa comenzó a seguirla con atención y El Gráfico, una de las publicaciones deportivas más influyentes de la época, la llevó a sus páginas, contribuyendo a construir una imagen pública que combinaba la aviación moderna con una estética deliberadamente criolla. De allí surgió uno de sus apodos más conocidos, “la aviadora gaucha”, que la prensa utilizó para describir a una mujer que aparecía en fotografías con bombachas criollas, botas y campera de cuero, una identidad que no era un simple detalle de vestuario sino una forma de presentarse como argentina dentro de una actividad que todavía tenía fuertes referencias culturales europeas.

Del Río de la Plata a las catorce provincias

La dimensión de sus hazañas permite entender por qué Lorenzini terminó convertida en una celebridad. El 13 de noviembre de 1936 cruzó sola el Río de la Plata, en un vuelo que la llevó desde el aeródromo Rivadavia, en Morón, hasta Montevideo, mientras otra aviadora argentina, Isabel Gladisz, realizaba también el cruce. No se trataba solamente de una demostración de habilidad técnica: en aquellos años, atravesar el Río de la Plata en un avión pequeño implicaba enfrentarse a riesgos que la aviación contemporánea, con sus sistemas de navegación, comunicaciones y seguridad, permite dimensionar de otra manera. La aventura tenía además un componente simbólico, porque cada vuelo femenino que alcanzaba repercusión pública contribuía a cuestionar la idea de que la aviación debía ser un territorio reservado a los hombres.

Su relación con el territorio argentino también se volvió parte fundamental de su trayectoria. En 1940 realizó un viaje que unió las catorce provincias que entonces conformaban el país, una proeza que transformaba el avión en algo más que una máquina para competir: lo convertía en una herramienta para recorrer una geografía enorme y diversa. Lorenzini aterrizó en lugares donde la aviación todavía constituía un acontecimiento extraordinario y llevó su figura a distintas regiones del país, consolidando una popularidad que no se limitaba al ambiente aeronáutico. Su historia conectaba además con una Argentina que estaba atravesando una profunda transformación tecnológica, en la que el automóvil, el avión, la radio y otras nuevas formas de comunicación comenzaban a modificar la percepción de las distancias. Ella representaba, en cierta medida, a esa modernidad, pero lo hacía desde una identidad profundamente vinculada con el mundo rural y con una cultura popular que la prensa había convertido en parte de su personaje.

Ese contraste explica buena parte de su atractivo histórico. Lorenzini podía ser presentada simultáneamente como símbolo de modernidad y como figura criolla; como deportista de alto rendimiento y como mujer vinculada a las tradiciones argentinas; como pionera tecnológica y como personalidad popular. La aviación le permitió ocupar un espacio público que para muchas mujeres de su generación seguía siendo difícil de conquistar, y su éxito contribuyó a abrir un camino que posteriormente recorrerían otras pilotos. La propia Fuerza Aérea Argentina reconoce entre las pioneras de la aeronáutica a mujeres como Lorenzini, Adrienne Bolland, Alejandrina Dumont y Raquel Cabrera Bernet, destacando el papel que tuvieron en la construcción de nuevas vocaciones.

Una muerte que convirtió la hazaña en leyenda

El final de su vida tuvo una dimensión tan dramática como las hazañas que la habían hecho famosa. El 23 de noviembre de 1941, durante una exhibición aérea realizada en Morón con motivo de la visita de una escuadrilla de aviadoras uruguayas, Lorenzini realizó una maniobra acrobática que formaba parte de su repertorio, pero el vuelo terminó en un accidente fatal. Las reconstrucciones disponibles coinciden en que estaba utilizando un Focke-Wulf Fw-44 y que murió durante la maniobra, aunque las explicaciones sobre las circunstancias técnicas del accidente han sido objeto de distintas versiones históricas. El Museo Nacional de Aeronáutica señala que durante el vuelo invertido se produjo el desprendimiento de la palanca de comando, mientras otras reconstrucciones han señalado además las particulares condiciones en que se desarrolló aquella exhibición y el hecho de que el avión no fuera el que Lorenzini utilizaba habitualmente.

Tenía 42 años y había alcanzado una notoriedad extraordinaria para una mujer de su época. Su muerte no borró su figura; por el contrario, contribuyó a convertirla en leyenda, aunque esa dimensión trágica también produjo que durante mucho tiempo su historia fuera recordada principalmente por la manera en que murió y no por el largo proceso que había recorrido para llegar hasta allí. El Estado y distintas instituciones conservaron posteriormente su memoria: una biblioteca de la Fuerza Aérea Argentina lleva su nombre y custodia un archivo fotográfico digitalizado sobre su vida y trayectoria, mientras que en distintas localidades del país existen calles y espacios que recuerdan a la aviadora.

Pero quizás la mejor manera de comprender a Carola Lorenzini sea alejándose tanto de la imagen romántica de la heroína como de la tragedia final. Su verdadero legado se encuentra en la cadena de obstáculos que consiguió atravesar antes de convertirse en una pionera: una mujer que trabajaba para vivir, que tuvo que insistir para ser admitida en un club de aviación, que gastó sus ahorros para aprender a volar, que estableció récords, cruzó el Río de la Plata, recorrió las provincias argentinas y terminó ocupando un espacio que hasta entonces parecía reservado para otros. Su historia demuestra que las transformaciones culturales no siempre comienzan con grandes declaraciones políticas; muchas veces empiezan cuando alguien decide hacer algo que la sociedad de su tiempo considera impropio, improbable o directamente imposible.

Por eso, casi un siglo después de aquellos primeros vuelos, Carola Lorenzini no debería ser recordada solamente como la mujer que volaba acrobáticamente sobre Morón, sino como una figura que permite observar la Argentina desde una perspectiva mucho más amplia: la de una sociedad que comenzaba a incorporar tecnologías nuevas mientras todavía arrastraba estructuras sociales profundamente tradicionales. Lorenzini se movió exactamente en esa contradicción y logró convertirla en una oportunidad para abrir camino. Su avión podía elevarse miles de metros sobre el suelo, pero la verdadera distancia que consiguió recorrer fue otra: la que separaba aquello que una mujer podía hacer de aquello que su época estaba dispuesta a permitirle hacer. Y en esa conquista, mucho más que en cualquier récord, reside la razón por la que su nombre continúa perteneciendo a la historia argentina.