Política

 

YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.

Por Roque Pérez para NLI

Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?

De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado

Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.

La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.

El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.

Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.

El comprador no es un actor cualquiera

La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.

El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.

Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.

Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.

La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.

Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia

La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.

Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.

Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?

No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.

La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.

Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.

La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.

En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.

Y quizás allí esté la verdadera noticia.

Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.

La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.

 

 

El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.

Por Roque Pérez para NLI

Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.

La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina

La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.

La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.

La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.

Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.

La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.

La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano

El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.

Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.

No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.

La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.

El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente

La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.

Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?

¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?

Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.

En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.

Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.

Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.

La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.

El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.

La eficiencia como nueva forma de deshumanización

Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.

Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.

Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.

La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.

La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.

El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.

La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.

No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.

Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?

 

 

El 10 de agosto de 1957, Martín Karadagián y José María “El Mono” Gatica protagonizaron en La Bombonera un insólito enfrentamiento entre un luchador de catch y uno de los grandes boxeadores populares de la Argentina. Lo que había sido pensado como un espectáculo y una ayuda económica para Gatica terminó, apenas 18 minutos después, con una lesión que marcaría para siempre al ídolo del boxeo.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay historias deportivas que parecen inventadas por un guionista. Y hay otras que, justamente por haber ocurrido de verdad, resultan todavía más extraordinarias. La que protagonizaron Martín Karadagián y José María “El Mono” Gatica pertenece a esa segunda categoría. Hace exactamente 69 años, el 10 de agosto de 1957, un campeón del catch y una de las máximas figuras del boxeo argentino se subieron a un ring montado en La Bombonera para protagonizar un combate que pretendía combinar espectáculo, deporte y solidaridad. Terminó siendo otra cosa.

La primera aclaración es importante porque con el paso del tiempo la historia quedó asociada al Luna Park, escenario mítico del boxeo argentino y lugar donde Gatica había construido buena parte de su leyenda. Pero aquella tarde el enfrentamiento se realizó en la cancha de Boca. El Archivo General de la Nación conserva incluso el registro fílmico de aquel acontecimiento y confirma la fecha y el escenario: 10 de agosto de 1957, estadio de Boca Juniors.

El protagonista del catch era Martín Karadagián, un armenio nacido en Buenos Aires que había convertido la lucha profesional en un espectáculo de masas mucho antes de que aparecieran en televisión los inolvidables “Titanes en el Ring”. Karadagián era un personaje extraordinario: atleta, empresario, luchador y, sobre todo, un hombre que entendía como pocos el valor del espectáculo. Sabía que para triunfar no alcanzaba con pelear: había que construir personajes, historias y rivalidades capaces de atrapar al público.

Del otro lado estaba José María Gatica, el “Mono”, uno de los grandes ídolos populares que produjo el boxeo argentino. Había sido una figura gigantesca en el Luna Park, donde sus combates convocaban multitudes, y había construido una relación particularmente intensa con los sectores populares. Pero en 1957 su situación era muy diferente a la de sus años de gloria.

Gatica: del Luna Park y la gloria a una Argentina que había cambiado

Para comprender aquella pelea hay que mirar más allá del ring. Gatica había sido una figura estrechamente vinculada al peronismo y, después del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, quedó atravesado por el nuevo clima político. Su carrera ya no era la misma, sus mejores años deportivos habían quedado atrás y sus problemas económicos se habían profundizado.

El “Mono” había ganado mucho dinero durante su carrera, pero también había gastado buena parte de aquella fortuna. Para colmo, el contexto político posterior a la caída de Perón complicó todavía más sus posibilidades de volver a ocupar el lugar que había tenido en el boxeo argentino. En ese escenario apareció la propuesta de Karadagián.

La idea era sencilla en apariencia: realizar un espectáculo que enfrentara a dos figuras de disciplinas diferentes y, al mismo tiempo, generarle un ingreso a Gatica. El encuentro fue promocionado como una especie de combate extraordinario, una rareza deportiva que permitía poner frente a frente al campeón del catch y al célebre boxeador.

Había, además, un acuerdo. No se trataba de una pelea convencional. Los dos hombres habían ensayado y se suponía que el enfrentamiento debía mantener ciertos códigos del espectáculo. El público debía disfrutar de la mezcla de boxeo y lucha sin que aquello terminara convirtiéndose en una verdadera batalla.

Pero algo salió mal.

Dieciocho minutos que cambiaron la historia

Aquella tarde de invierno el clima tampoco acompañó. El cielo gris y el frío conspiraron contra la expectativa de una multitud. La cancha de Boca no se llenó como habían imaginado los organizadores y el escenario distó bastante de convertirse en el gigantesco acontecimiento popular que se había proyectado.

Aun así, cuando comenzó el combate, el espectáculo rápidamente adquirió otro tono.

Gatica era boxeador. Su instinto estaba asociado al combate cuerpo a cuerpo, a la competencia, a imponerse sobre el rival. Karadagián, en cambio, pertenecía a otro universo: el de las tomas, las llaves, las caídas y la teatralidad del catch. Lo que debía ser una demostración controlada comenzó a endurecerse.

Según los relatos posteriores, Gatica se tomó la pelea más en serio de lo acordado. Karadagián respondió desde su propio terreno y utilizó una toma que terminó provocándole una grave lesión en una de las piernas al boxeador. El enfrentamiento duró apenas 18 minutos. Lo que había comenzado como espectáculo terminó con Gatica lesionado y con una consecuencia que lo acompañaría durante el resto de su vida.

La versión más difundida sostiene que la lesión fue producto de una acción deliberada de Karadagián ante la pérdida de control del combate. Pero también existen relatos que ponen el acento en que Gatica había roto previamente las reglas acordadas y que el luchador simplemente respondió dentro de la lógica de su disciplina. Lo que sí permanece fuera de discusión es el desenlace: Gatica quedó con una lesión permanente en una de sus piernas y caminó rengo hasta su muerte, seis años después.

Y allí aparece uno de los elementos más trágicos de la historia. Gatica no era simplemente un boxeador lesionado. Era un ídolo popular que ya atravesaba una etapa de decadencia. Aquella tarde, el hombre que alguna vez había llenado el Luna Park terminó protagonizando un espectáculo que pretendía ayudarlo y que, paradójicamente, terminó agregando otra herida a una vida que ya venía golpeada.

Dos leyendas populares frente a frente

Con el paso del tiempo, la pelea adquirió una dimensión casi mitológica. En buena medida porque Karadagián y Gatica representan dos maneras diferentes de entender el deporte popular argentino.

Gatica era el boxeo como ascenso social, como identidad de barrio, como orgullo de los sectores populares. Su figura estaba profundamente vinculada con el público que encontraba en sus peleas una representación de sus propias luchas y aspiraciones. Karadagián, por su parte, fue uno de los grandes constructores de la cultura del espectáculo deportivo argentino. Años después convertiría esa capacidad en un fenómeno televisivo gigantesco con Titanes en el Ring.

Por eso aquella tarde en La Bombonera fue mucho más que una pelea extraña. Fue el encuentro de dos mundos que, en la Argentina de los años 50, podían convivir perfectamente: el deporte y el espectáculo, la competencia y la ficción, el ídolo deportivo y el personaje popular.

También quedó como una muestra de que detrás de los grandes nombres existen seres humanos atravesados por sus propias circunstancias. Karadagián quería montar un espectáculo y ayudar a un colega. Gatica necesitaba dinero y buscaba mantenerse cerca del mundo que lo había convertido en famoso. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella tarde gris terminaría convertida en uno de los episodios más recordados de sus vidas.

Karadagián todavía tendría por delante décadas de gloria y terminaría transformándose en uno de los personajes más reconocibles de la televisión argentina. Gatica, en cambio, tendría un final mucho más doloroso. El 12 de noviembre de 1963, a los 38 años, murió luego de ser atropellado por un automóvil en Avellaneda.

Pero la imagen de ambos sobre aquel ring permanece.

El 10 de agosto de 1957, en La Bombonera, Martín Karadagián y José María Gatica protagonizaron una pelea que debía ser una fiesta y terminó convertida en tragedia. No fue en el Luna Park, aunque el mítico estadio porteño estuvo presente simbólicamente durante todo el episodio: era el lugar donde Gatica había construido su leyenda y el escenario que, inevitablemente, aparecía en la memoria de todos cuando se hablaba del “Mono”.

Sesenta y nueve años después, aquella tarde sigue siendo una de esas historias que explican por qué el deporte argentino no puede entenderse solamente a través de resultados, campeonatos y estadísticas. Porque a veces, detrás de una pelea, hay una época entera.

 

 

En muchos lugares del interior argentino, el cierre del ferrocarril significó mucho más que perder un servicio de transporte. Algunas localidades quedaron sin tren, sin trabajo y, con el tiempo, prácticamente sin habitantes. Pero hubo pueblos que llegaron a tener una vida cultural sorprendente: clubes, cines, bibliotecas, bailes y comercios que hoy cuesta imaginar cuando se observan sus calles silenciosas.

Por Redacción de NLI

Hay una Argentina que no aparece en los grandes mapas turísticos. Está formada por pequeños pueblos que alguna vez tuvieron estación ferroviaria, almacén, escuela, club social, iglesia, taller mecánico y una plaza donde se conocían todos. Algunos llegaron a tener una actividad cultural que hoy asociamos exclusivamente con las grandes ciudades: proyectaban películas, organizaban bailes, recibían compañías teatrales y tenían sociedades de fomento que funcionaban como verdaderos centros comunitarios. Después, lentamente, muchas de esas localidades comenzaron a vaciarse. El tren dejó de pasar, las oportunidades laborales desaparecieron y las nuevas generaciones se marcharon. Lo que quedó fueron edificios abandonados y una memoria que todavía sobrevive entre quienes nacieron allí.

Cuando el tren llevaba también cultura

Durante buena parte del siglo XX, el ferrocarril fue mucho más que una infraestructura destinada a trasladar pasajeros y mercancías. Para cientos de pueblos argentinos representaba el vínculo cotidiano con el resto del país. Por sus vías llegaban diarios, cartas, medicamentos, herramientas, alimentos y visitantes. Pero también llegaban músicos, compañías teatrales, proyectores cinematográficos y películas.

El desarrollo del cine ambulante tuvo una importancia especial en esos lugares. Antes de que existieran salas modernas y antes de que la televisión ingresara masivamente a los hogares, una función cinematográfica podía convertirse en el acontecimiento de la semana. En algunos pueblos la proyección se realizaba en salones de clubes, sociedades de fomento o edificios improvisados como salas de espectáculo.

La experiencia tenía algo que hoy resulta difícil de reproducir. Ver una película no era una actividad doméstica: implicaba salir de casa, encontrarse con vecinos, comprar una entrada y compartir durante un par de horas una misma historia con toda la comunidad. El cine era entretenimiento, pero también era una forma de sociabilidad.

En muchos pueblos, además, el club cumplía funciones que excedían ampliamente al deporte. Allí funcionaban bibliotecas, salones de baile, comisiones de ayuda, espacios para reuniones políticas y sociales, canchas y, en algunos casos, verdaderas salas culturales.

El edificio podía ser modesto, pero su importancia para la comunidad era enorme.

El pueblo que desaparece cuando desaparecen sus instituciones

El problema comenzó cuando cambió la estructura económica que había permitido crecer a aquellas localidades. La mecanización de las tareas rurales redujo la necesidad de trabajadores, mientras las rutas comenzaron a desplazar progresivamente al ferrocarril como principal medio de comunicación.

La situación se profundizó con las sucesivas políticas de cierre de ramales ferroviarios aplicadas durante distintas etapas de la historia argentina. Cuando una estación dejaba de funcionar, el impacto se multiplicaba. El almacén vendía menos, el hotel recibía menos pasajeros, el taller perdía clientes y la escuela comenzaba a tener menos alumnos.

El proceso no ocurría de un día para otro. Era una especie de erosión demográfica. Primero se iba una familia; después otra. Los jóvenes viajaban a las ciudades para estudiar y muchos ya no regresaban. Los comercios reducían sus horarios y finalmente cerraban. El club comenzaba a tener menos socios. La biblioteca perdía lectores. El cine dejaba de proyectar películas.

Y entonces ocurría algo fundamental: el pueblo no solamente perdía habitantes. Perdía lugares de encuentro.

Esa diferencia es importante para comprender por qué muchas localidades terminaron convirtiéndose en pueblos fantasma. Una comunidad puede sobrevivir con pocos habitantes si conserva instituciones, servicios y vínculos. Pero cuando desaparecen simultáneamente la estación, el comercio, la escuela, el club y los espacios culturales, mantener una población estable se vuelve cada vez más difícil.

Las ruinas de una Argentina que todavía vive en la memoria

Hoy pueden encontrarse en distintas provincias edificios que alguna vez fueron centros de una intensa vida comunitaria. Antiguos cines con sus fachadas deterioradas, estaciones convertidas en museos, clubes sostenidos por unos pocos socios y viejas bibliotecas donde los libros permanecen como testigos de una época distinta.

Para quienes recorren esos lugares, resulta difícil imaginar que allí alguna vez hubo cientos de personas esperando el tren, familias caminando hacia el cine o multitudes reunidas para un baile.

Pero las ruinas no cuentan toda la historia.

En muchos pueblos, antiguos habitantes regresan periódicamente para fiestas, aniversarios o reuniones familiares. Los clubes recuperan actividades. Algunas estaciones ferroviarias son restauradas. Viejas salas vuelven a utilizarse para eventos culturales. La memoria se convierte así en una forma de resistencia frente al abandono.

Hay algo profundamente argentino en esa relación con los pueblos ferroviarios. La nostalgia no se explica solamente por el deseo de recuperar un pasado idealizado. También existe el reconocimiento de que aquellas pequeñas localidades representaban una forma de integración territorial en la que el desarrollo no estaba concentrado exclusivamente en las grandes ciudades.

Un cine de pueblo podía parecer insignificante frente a las grandes salas de Buenos Aires o Rosario. Una biblioteca con unos pocos cientos de libros podía parecer modesta frente a una universidad. Un club con una cancha de tierra difícilmente podía competir con las grandes instituciones deportivas. Pero para quienes vivían allí, esos espacios eran el centro de la vida social.

Por eso, cuando desaparecieron, desapareció algo mucho más grande que un edificio.

La historia de esos pueblos permite pensar qué significa realmente desarrollar un territorio. No alcanza con construir una ruta o inaugurar una obra aislada. Una comunidad necesita transporte, escuelas, hospitales, trabajo, conectividad y también lugares donde encontrarse.

Quizás por eso las viejas estaciones, los clubes y los cines abandonados producen una sensación tan particular. No son solamente edificios viejos. Son las huellas materiales de una sociedad que alguna vez tuvo otra distribución territorial y otra relación con el tiempo.

Y detrás de cada fachada descascarada existe una historia que merece ser contada: la de las personas que llegaron, trabajaron, formaron familias, fueron al cine, bailaron, viajaron en tren y construyeron una vida en lugares que hoy muchas veces apenas aparecen en un mapa.

Porque un pueblo no desaparece solamente cuando deja de tener habitantes. También desaparece cuando dejamos de recordar para qué existió.

 

 

La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.

Por Redacción de NLI

Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.

La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.

Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.

El problema no es solamente cuánto cuesta un libro

La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.

Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.

Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.

El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.

Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?

Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.

La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.

Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado

El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?

La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.

Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.

Ese ecosistema es frágil.

Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.

El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.

Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.

No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.

Una discusión que recién comienza

El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.

La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.

La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.

No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.

La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.

Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.

El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.

 

 

Milei volvió a atacar a Lula y profundiza la crisis con Brasil. La política exterior argentina, cada vez más subordinada a la batalla ideológica de la ultraderecha.

Por Roque Pérez para NLI

El Presidente volvió a atacar a Lula y esta vez decidió amplificar las acusaciones de un congresista estadounidense aliado de Donald Trump. Mientras Brasil reclama terminar con las agresiones y ya rebajó el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires, la política exterior argentina parece cada vez más subordinada a las disputas ideológicas de la ultraderecha internacional.

Milei volvió a elegir la confrontación como instrumento de política exterior. Lejos de intentar bajar la tensión con Brasil, el Presidente decidió replicar en sus redes sociales las críticas del congresista estadounidense Carlos Giménez, un dirigente republicano de origen cubano y cercano a Donald Trump, quien atacó públicamente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y lo calificó de “delincuente”. Milei hizo propio el mensaje y volvió a colocar al principal socio regional de la Argentina en el centro de su batalla política.

El episodio podría parecer, a primera vista, una nueva disputa discursiva en redes sociales. Pero ocurre después de una sucesión de ataques que ya produjo consecuencias concretas para la relación bilateral. Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una decisión extraordinaria entre dos países que, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos, mantienen una relación económica, comercial, social y estratégica que excede largamente a sus presidentes de turno.

La pregunta que debería hacerse la Argentina, entonces, no es qué tan fuerte fue el insulto de Milei contra Lula, sino qué beneficio obtiene el país de esta política exterior basada en agravios personales y alineamientos ideológicos. Porque mientras el Presidente parece encontrar en cada conflicto internacional una nueva oportunidad para reforzar su identidad política ante sus seguidores, los costos de esas decisiones recaen sobre el conjunto del país.

Una diplomacia diseñada para la batalla ideológica

Desde que llegó al poder, Milei modificó de manera sustancial la tradición diplomática argentina. La política exterior dejó de estar planteada fundamentalmente alrededor de los intereses permanentes del Estado para quedar cada vez más vinculada a una particular concepción ideológica del mundo.

En ese esquema, Estados Unidos, Donald Trump, Israel y las derechas radicalizadas de distintos países aparecen como aliados naturales, mientras que los gobiernos que Milei identifica con la izquierda o el progresismo son tratados como adversarios políticos. Brasil, por su peso regional y por la presencia de Lula en la conducción del país, ocupa un lugar central en esa disputa.

El problema es que una cosa es que el Presidente tenga diferencias políticas con Lula y otra muy distinta es transformar esas diferencias en una política de Estado. La Argentina no tiene por qué compartir las posiciones del gobierno brasileño para entender que Brasil es su principal socio regional, una de las mayores economías del mundo y un actor indispensable para cualquier estrategia de integración sudamericana.

Sin embargo, Milei parece haber decidido que la relación con Brasil debe estar condicionada por la pelea entre la derecha y la izquierda. Incluso su respaldo político a dirigentes brasileños enfrentados con Lula forma parte de ese esquema. La diplomacia tradicional entiende que un Presidente representa a todos los argentinos incluso cuando habla con gobiernos que no le gustan. La lógica de Milei parece funcionar al revés: cada escenario internacional es convertido en una extensión de su propia interna política.

Y allí aparece una de las principales contradicciones de su discurso. El Gobierno suele presentar su política exterior como una defensa de la libertad, del comercio y de los intereses argentinos. Pero una política exterior verdaderamente pragmática debería preguntarse primero qué necesita la Argentina y no quién comparte la misma ideología que el Presidente.

El dato que Milei omite cuando habla de Lula

En sus ataques, Milei suele presentar a Lula como un dirigente que fue condenado y posteriormente liberado. La formulación, sin embargo, omite un dato jurídico fundamental: las condenas contra Lula fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En marzo de 2021, el ministro Edson Fachin determinó que la Justicia Federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos contra Lula porque los hechos investigados no tenían relación directa con los desvíos de Petrobras. El Plenario del Supremo Tribunal Federal confirmó posteriormente esa decisión por 8 votos contra 3.

Pero hubo además otro elemento decisivo. El Supremo Tribunal Federal reconoció la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro en el proceso del triplex de Guarujá y anuló las decisiones adoptadas por él en esa causa.

Esto no significa que una discusión política deba convertirse en una defensa automática de Lula ni que las acusaciones de corrupción puedan ser borradas de la historia. Significa algo mucho más sencillo: un Presidente argentino no debería presentar como verdad absoluta una caracterización jurídica que omite las decisiones posteriores de la máxima instancia judicial brasileña.

Y mucho menos utilizar esa caracterización para justificar una escalada diplomática con el gobierno de un país vecino.

El asunto adquiere todavía mayor gravedad porque el ataque ya no se limita a las declaraciones personales de Milei. Ahora el Presidente reproduce las acusaciones de un congresista estadounidense y las incorpora a su propia comunicación política. Es decir, la diplomacia argentina aparece cada vez más atravesada por una lógica de alineamiento internacional donde los adversarios políticos de Trump se convierten automáticamente en adversarios de Milei.

La pregunta inevitable es dónde queda la defensa del interés argentino.

Brasil no es un enemigo de Milei: es un vecino de la Argentina

La crisis actual debería ser observada desde una perspectiva mucho más amplia. Argentina y Brasil no son simplemente dos gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas. Existe entre ambos países una estructura económica y social construida durante décadas, con millones de personas vinculadas por comercio, inversiones, turismo, industria, energía y cadenas productivas.

El Mercosur, además, constituye uno de los principales instrumentos de inserción internacional de la Argentina. Romper puentes con Brasil por una disputa personal entre dos presidentes no es una muestra de firmeza: puede convertirse en una forma extremadamente costosa de aislamiento.

Brasil ya dio una señal concreta. El retiro de su embajador y la reducción de la representación diplomática fueron justificadas por el Gobierno de Lula como una respuesta a los “reiterados insultos y agresiones” de Milei. La Cancillería brasileña reclamó que Argentina detenga las agresiones para poder recomponer el vínculo.

La respuesta argentina debería ser sencilla: defender sus posiciones, negociar lo que corresponda y preservar los canales diplomáticos. Pero el Gobierno parece atrapado en una dinámica diferente, en la cual retroceder frente a un adversario ideológico es interpretado como una derrota política.

Ese mecanismo puede funcionar en una campaña electoral o en las redes sociales. En relaciones internacionales, puede ser desastroso.

Porque los Estados no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes: tienen intereses. Y una política exterior madura busca preservar esos intereses incluso cuando los gobiernos que están del otro lado de la mesa piensan completamente distinto.

Milei parece haber elegido otro camino.

El costo de convertir a la Argentina en una pieza de la interna de Trump

Hay una dimensión todavía más profunda en esta crisis. El nuevo ataque a Lula, producido mediante la reproducción de las palabras de un congresista estadounidense cercano a Trump, muestra hasta qué punto la política exterior argentina puede estar funcionando como una extensión de la batalla política de la derecha norteamericana.

La Argentina no debería necesitar que un congresista de Estados Unidos le indique quién es amigo y quién enemigo en América Latina. Mucho menos que la agenda internacional del país quede determinada por las disputas electorales o geopolíticas de Washington.

El alineamiento automático tiene un problema elemental: Estados Unidos cambia de intereses según sus propias necesidades y sus propios gobiernos. La Argentina, en cambio, tiene que convivir con sus vecinos todos los días. Brasil seguirá estando al lado de nuestro país cuando cambie el gobierno de Milei, cuando termine el gobierno de Lula y cuando Donald Trump deje la Casa Blanca.

Por eso una diplomacia inteligente debería construir puentes, diversificar vínculos y defender la soberanía nacional. No transformar a la Argentina en un actor secundario dentro de una pelea ideológica ajena.

La política exterior de Milei corre, en cambio, el riesgo de convertir al país en algo mucho más pequeño: un país que grita fuerte pero negocia desde una posición cada vez más débil.

Y la crisis con Brasil es la demostración más concreta.

Mientras el Presidente obtiene repercusión en las redes sociales por cada nuevo insulto, la Argentina pierde capacidad de diálogo con uno de sus socios fundamentales. Mientras Milei fortalece su imagen ante el núcleo duro que celebra sus enfrentamientos, el país paga el costo de una diplomacia que confunde firmeza con agresión, soberanía con alineamiento y liderazgo con provocación.

La política exterior no debería existir para alimentar el algoritmo presidencial. Debería existir para defender los intereses de la Argentina.

Y si para sostener una pelea ideológica con Lula el Gobierno está dispuesto a deteriorar la relación con Brasil, entonces el problema ya no es solamente el estilo de Milei.

El problema es que la Argentina puede estar empezando a pagar el precio de una política exterior diseñada para satisfacer al Presidente antes que para servir al país.