Política

 

Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.

Por Roque Pérez para NLI

La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.

Una modificación que despertó sospechas

La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.

Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.

La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Los nombres que complican al relato libertario

Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.

Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.

La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?

El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.

El choque entre discurso y realidad

La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.

La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.

Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.

 

 

Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.

La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.

La mira puesta sobre los sindicatos

Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.

La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.

Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.

La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.

Convenios colectivos bajo presión

Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.

El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.

Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.

La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.

Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores

La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.

La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.

Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.

La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.

Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.

 

 

El Gobierno nacional reglamentó una nueva modificación en el Impuesto a las Ganancias que, bajo el argumento de incentivar la oferta de viviendas en alquiler, elimina la carga tributaria sobre los ingresos obtenidos por locaciones destinadas a vivienda. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 406/2026 y, aunque fue presentada como un estímulo para el mercado inmobiliario, abre un fuerte debate político y económico: la norma no establece límites de patrimonio, cantidad de inmuebles ni niveles de ingresos para acceder al beneficio, por lo que alcanza tanto a pequeños propietarios como a grandes rentistas con decenas de unidades alquiladas.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La decisión aparece en un contexto particularmente sensible. Mientras Milei sostiene una política de ajuste sobre el gasto público, con recortes que impactan en universidades, investigación científica, programas sociales y jubilaciones, el Estado renuncia a una porción de la recaudación proveniente de quienes obtienen ingresos por alquileres de vivienda. La contradicción no pasó inadvertida para especialistas y referentes opositores, que ven en la medida una nueva señal de la orientación económica del Gobierno.

Un beneficio sin límites patrimoniales

La reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que las rentas obtenidas por alquileres de inmuebles destinados a vivienda quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias. Lo llamativo es que el texto no diferencia entre escalas patrimoniales ni introduce topes que permitan distinguir entre un pequeño ahorrista y un gran propietario inmobiliario.

En términos prácticos, una persona que heredó un departamento y obtiene un ingreso complementario por su alquiler recibirá el mismo tratamiento fiscal que quien posee una cartera de decenas de inmuebles distribuidos en distintos puntos del país. La norma no fija un máximo de propiedades alcanzadas por la exención ni condiciona el beneficio al nivel de ingresos del contribuyente.

Ese aspecto es precisamente el que alimenta las críticas. Si el objetivo oficial era favorecer a pequeños propietarios o ampliar la oferta de viviendas para alquiler permanente, el decreto podría haber establecido mecanismos de segmentación. Sin embargo, la reglamentación optó por una exención amplia que también alcanza a quienes concentran una importante cantidad de activos inmobiliarios.

La promesa oficial y las dudas del mercado

La explicación del Gobierno se apoya en una idea que Milei y sus funcionarios vienen repitiendo desde el inicio de la gestión: reducir impuestos para generar incentivos económicos. Según esa lógica, al disminuir la carga tributaria sobre los propietarios habría más viviendas disponibles en el mercado formal de alquileres.

El problema es que esa relación está lejos de ser automática. Nada obliga a los propietarios a trasladar el beneficio fiscal a una reducción de los precios que pagan los inquilinos. Un dueño puede continuar cobrando exactamente el mismo alquiler y simplemente incrementar su rentabilidad gracias a la eliminación del impuesto.

La experiencia reciente del mercado inmobiliario argentino muestra además que los valores de los alquileres responden principalmente a factores como la inflación, la evolución de los salarios, la escasez de crédito hipotecario y las expectativas económicas generales. Por eso, numerosos analistas consideran que el alivio tributario podría terminar mejorando los ingresos de los propietarios sin generar un impacto significativo sobre el acceso a la vivienda.

Ajuste para unos, alivio para otros

La discusión adquiere una dimensión política inevitable. Desde que asumió, Milei justificó buena parte de sus decisiones más controvertidas en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Esa explicación fue utilizada para defender recortes presupuestarios, paralización de obras públicas, reducción de programas estatales y licuación de ingresos sociales.

Sin embargo, el nuevo decreto avanza en sentido contrario para un sector específico de la economía. Mientras el Gobierno sostiene que no hay margen para aumentar partidas destinadas a educación, ciencia o asistencia social, sí encuentra espacio fiscal para eximir de Ganancias a quienes obtienen rentas inmobiliarias.

La medida también incluye beneficios vinculados a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, reforzando una orientación que distintos economistas identifican como favorable a los sectores patrimonialmente más consolidados.

El debate recién comienza, pero el contenido de la norma deja pocas dudas sobre un aspecto central: lejos de tratarse exclusivamente de una ayuda para pequeños propietarios, la exención alcanza igualmente a quienes concentran una importante cantidad de viviendas y perciben ingresos millonarios por alquileres. En un país donde acceder a una vivienda propia resulta cada vez más difícil y donde millones de inquilinos destinan una porción creciente de sus ingresos al pago del alquiler, la decisión promete convertirse en uno de los nuevos focos de discusión sobre las prioridades económicas de la gestión de Milei.

 

 

La Revolución de Mayo suele narrarse a través de una galería de próceres cuyos rostros, biografías y trayectorias fueron moldeados por la historiografía clásica argentina durante más de un siglo. Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Cornelio Saavedra o Juan José Paso forman parte de un panteón cívico construido desde el siglo XIX que privilegió determinadas figuras y determinados relatos. Sin embargo, detrás de aquellos nombres célebres existieron hombres cuya influencia resultó decisiva para el triunfo de la revolución y cuya memoria quedó parcialmente relegada. Uno de ellos fue Agustín Ramón José Donado Bohórquez.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

La historia recuerda a Donado como miembro de la Asamblea del Año XIII, colaborador de los revolucionarios de Mayo y administrador de la imprenta que difundió las ideas del nuevo gobierno. Sin embargo, una revisión cuidadosa de la documentación familiar y de los registros sacramentales permite advertir un aspecto prácticamente ausente de la historiografía tradicional: la existencia de una ascendencia materna afrodescendiente que rara vez fue incorporada a los relatos sobre su vida.

La figura de Donado resulta particularmente valiosa porque permite observar dos fenómenos simultáneos. Por un lado, el papel fundamental que desempeñó en la organización material de la Revolución de Mayo. Por otro, los mecanismos mediante los cuales la historiografía argentina tendió a invisibilizar la presencia afrodescendiente en la formación de las élites políticas rioplatenses.

Agustín Donado nació en Buenos Aires en 1768, hijo de Miguel Donado y Olivera, identificado en los registros como español, y de Petrona Bohórquez. Diversas partidas bautismales de los hijos del matrimonio conservadas en los registros parroquiales porteños califican a Petrona como «parda libre». La expresión poseía un significado preciso en el lenguaje jurídico y social del siglo XVIII. El término «parda» era utilizado para designar a personas de ascendencia africana mezclada con otros grupos poblacionales, mientras que la condición de «libre» indicaba que no se encontraba sometida a esclavitud.

La constatación documental de este dato resulta particularmente significativa porque las principales biografías de Donado producidas durante los siglos XIX y XX omitieron sistemáticamente cualquier referencia al origen de su madre. La ausencia no parece casual. Como han señalado numerosos estudios sobre la construcción de la memoria nacional argentina, la historiografía liberal tendió a presentar la Revolución de Mayo como una empresa protagonizada casi exclusivamente por hombres blancos de origen europeo, minimizando la participación de indígenas, afrodescendientes y sectores populares.

Buenos Aires clandestina

La Buenos Aires en la que nació Donado distaba mucho de la imagen posterior de una ciudad homogéneamente europea. Durante el siglo XVIII era un puerto periférico del Imperio español cuya economía dependía en gran medida del comercio atlántico y de un intenso tráfico clandestino que burlaba las restricciones impuestas por la Corona. La ciudad constituía además uno de los principales puntos de ingreso de población africana esclavizada hacia el interior sudamericano.

Numerosos trabajos han demostrado que la presencia africana y afrodescendiente en el Río de la Plata colonial fue mucho más importante de lo que suele reconocerse. A fines del período virreinal, los afroporteños constituían una proporción considerable de la población urbana. Eran artesanos, cargadores, lavanderas, músicos, soldados, pequeños comerciantes y trabajadores especializados. También existían numerosos negros y pardos libres integrados a la vida económica y social de la ciudad.

Fue en ese contexto donde se desarrolló la familia Donado Bohórquez.

La imprenta

La importancia histórica de Agustín Donado no provino inicialmente de la política sino de la imprenta. Para comprender su relevancia es necesario recordar que una imprenta en el Río de la Plata de comienzos del siglo XIX equivalía a un recurso estratégico de enorme valor. Buenos Aires carecía de universidades importantes, poseía escasas instituciones culturales y contaba con una circulación limitada de libros y periódicos. La capacidad de imprimir documentos, proclamas, reglamentos y periódicos constituía una herramienta de poder comparable a la posesión de una infraestructura crítica de comunicación en el mundo contemporáneo.

La principal instalación tipográfica de la ciudad era la Imprenta de los Niños Expósitos. Creada a partir de materiales procedentes de antiguas imprentas jesuíticas, fue durante décadas la herramienta fundamental para la difusión de impresos en el Virreinato del Río de la Plata. Por sus prensas circularon periódicos, documentos administrativos, publicaciones religiosas y disposiciones gubernamentales.

Donado ocupó una posición central dentro de esa estructura. Su cercanía con los sectores revolucionarios le permitió convertirse en uno de los hombres de confianza encargados de garantizar el funcionamiento de la imprenta en los años decisivos de la revolución.

La importancia de esta tarea suele ser subestimada. En una época en la que la comunicación dependía de documentos impresos distribuidos a caballo o por correo, controlar la imprenta equivalía a controlar la difusión de las decisiones políticas. Sin imprenta no había proclamas. Sin imprenta no había decretos. Sin imprenta no existía la posibilidad de construir legitimidad para un gobierno revolucionario que buscaba reemplazar a las autoridades virreinales.

Cabildo abierto

El episodio más conocido de la actuación de Donado ocurrió durante los días previos al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810.

Las invitaciones para participar de aquella reunión debían ser impresas y distribuidas entre los vecinos considerados con derecho a intervenir en el debate sobre el futuro político del virreinato. La tradición historiográfica sostiene que Donado tuvo un papel destacado en la impresión de esas esquelas. Diversos autores han señalado además las sospechas surgidas inmediatamente después de los acontecimientos respecto de la impresión de invitaciones adicionales que habrían favorecido la concurrencia de partidarios de la revolución.

Aunque los detalles continúan siendo objeto de debate entre los historiadores, existe consenso en que Donado se encontraba en una posición estratégica. Su acceso a la imprenta y a la producción material de las invitaciones lo ubicaba en uno de los puntos neurálgicos de la organización revolucionaria.

La cuestión no era menor. La Revolución de Mayo no se decidió únicamente mediante grandes discursos. También dependió de quiénes pudieron ingresar al Cabildo y participar de la votación que terminó cuestionando la continuidad del poder virreinal. En ese aspecto, la labor de Donado fue tan silenciosa como decisiva.

Después de la Revolución

Tras el triunfo de la revolución, la importancia de la imprenta aumentó todavía más. Las nuevas autoridades comprendieron rápidamente que debían explicar sus decisiones a la población y consolidar su legitimidad política. Desde las prensas vinculadas a la administración revolucionaria comenzaron a circular proclamas, reglamentos y periódicos fundamentales para la construcción del nuevo orden político.

La Gazeta de Buenos Ayres, impulsada por Mariano Moreno, se convirtió en la principal voz pública de la revolución. Detrás de los textos y las ideas se encontraba el trabajo cotidiano de quienes garantizaban la existencia material de la imprenta. Entre ellos sobresalía Agustín Donado.

Su trayectoria política continuó durante los años siguientes. Participó de la Asamblea del Año XIII, uno de los cuerpos deliberativos más importantes del período revolucionario, y mantuvo una activa presencia en la vida pública rioplatense. Sin embargo, la memoria histórica terminó privilegiando a figuras más visibles mientras relegaba a quienes habían desempeñado tareas organizativas esenciales.

Sociedad mestiza y diversa

La historia de Donado adquiere una dimensión adicional cuando se la observa desde la perspectiva de sus orígenes familiares y una madre identificada como «parda libre», condición omitida en todas sus biografías. El dato obliga a revisar ciertas interpretaciones tradicionales sobre los protagonistas de la Revolución de Mayo. No porque modifique el papel político de Donado, sino porque demuestra hasta qué punto la sociedad rioplatense era más diversa de lo que durante mucho tiempo se enseñó.

La presencia afrodescendiente no se limitó a los batallones de pardos y morenos ni a los sectores populares. También estuvo presente en familias que alcanzaron posiciones destacadas dentro de la vida económica, cultural y política de Buenos Aires. El caso de Donado constituye un ejemplo particularmente revelador de esa realidad.

Tal vez por eso resulte significativo que la condición de Petrona Bohórquez haya desaparecido casi por completo de las biografías posteriores de su hijo. Como ocurrió con muchos otros protagonistas de la historia argentina, la construcción del relato nacional tendió a simplificar orígenes, borrar complejidades y adaptar las trayectorias personales a una imagen idealizada de los próceres.

Más de dos siglos después, la recuperación de esas huellas documentales permite reconstruir una historia más rica y más cercana a la realidad. Agustín Donado no fue solamente un diputado revolucionario ni únicamente el administrador de una imprenta estratégica. Fue también el descendiente de una sociedad mestiza y diversa que contribuyó decisivamente a la construcción del Río de la Plata revolucionario.

Reconocer esa complejidad no disminuye su figura. Por el contrario, la vuelve más humana, más interesante y más representativa de la verdadera historia de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo.

 

 

La decisión del gobierno de Milei de avanzar sobre las históricas unidades turísticas de Chapadmalal volvió a encender un fuerte conflicto político con la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue el gobernador Axel Kicillof quien acusó directamente a la administración libertaria de esconder un “negocio inmobiliario” detrás del plan para concesionar el complejo durante las próximas décadas.

Por Roque Pérez para NLI

El conflicto gira alrededor de uno de los símbolos más reconocibles del turismo social argentino. Construidos durante el primer peronismo, los hoteles de Chapadmalal fueron pensados para que trabajadores, jubilados, estudiantes y familias de bajos recursos pudieran acceder a vacaciones a precios populares. Hoy, ese modelo histórico aparece amenazado por la intención oficial de entregar la explotación del predio a operadores privados por un plazo de hasta 30 años.

El choque entre la Provincia y la Casa Rosada

Desde el gobierno bonaerense aseguran que la administración nacional no busca únicamente reducir gastos del Estado, como sostiene oficialmente, sino avanzar sobre tierras de enorme valor económico. Kicillof sostuvo que detrás de la iniciativa existe un proyecto de carácter inmobiliario que podría modificar definitivamente el destino de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.

La Provincia volvió a reclamar formalmente que la gestión de Chapadmalal sea transferida a Buenos Aires para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y preservar las fuentes laborales vinculadas al complejo. El planteo no es nuevo, pero cobró fuerza luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas administrativas y cambios en el funcionamiento de las unidades turísticas.

En la misma línea, el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, había advertido días atrás que no permitirán que “rematen nuestra historia” ni que un derecho social termine convertido en un negocio para sectores privados. Las declaraciones reflejan una disputa que ya excede el plano administrativo y se transformó en un nuevo capítulo de la confrontación política entre la gestión provincial y la Casa Rosada.

Lo que está en juego

La discusión sobre Chapadmalal va mucho más allá de unos hoteles. Para amplios sectores del peronismo, el complejo representa una de las expresiones más concretas del concepto de justicia social impulsado durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Durante décadas, miles de familias argentinas pudieron conocer el mar gracias a un sistema de turismo accesible financiado por el Estado.

La administración de Milei, en cambio, sostiene que el esquema actual resulta deficitario y que la participación privada permitiría atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento. Sin embargo, las críticas apuntan a que una concesión de semejante magnitud podría terminar restringiendo el acceso popular y transformando un patrimonio histórico en un emprendimiento orientado al mercado.

Mientras continúan los reclamos por despidos, pases a disponibilidad y la incertidumbre sobre el futuro del predio, la disputa por Chapadmalal comienza a convertirse en un símbolo más amplio del choque entre dos modelos de país: uno que concibe determinados servicios como derechos sociales y otro que busca trasladarlos al ámbito de los negocios privados. Y en ese escenario, la pelea recién empieza.

 

 

Verdades y fantasías en torno al trabajo precario y la corrupción en obras públicas faraónicas que por más de un siglo atraviesan el imaginario histórico argentino.

Por Silvina Belén para NLI ·

Cada vez que la precarización laboral se agiganta, como ahora, asoma un viejo informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la república: el que Bialet Massé le presentó a principios del siglo pasado, en 1904, a Julio A. Roca y Joaquín V. González, presidente y ministro del interior, respectivamente, ese año.

Del interés por el apabullante informe suele pasarse a exaltar la figura de su autor, prácticamente convertida en mito tras los sucesivos redescubrimientos del texto de la investigación que realizó con tanto celo –un disgusto para los rancios González y Roca, seguramente, que se la habían encomendado- como sacrificios para su osamenta.

Incluso, a fines de los noventa, un historiador tan poco convencional como Javier Trímboli decidió emprender el mismo camino que casi cien años atrás había recorrido Juan Bialet Massé para realizar su trabajo. Trímboli plasmó su experiencia en el libro Mil novecientos cuatro. Por el camino de Bialet Massé (1999), que publicó Colihue en la colección “Puñaladas, ensayos de punta” que dirigía nada menos que Horacio González.

El historiador –fallecido tempranamente en 2025- ya en ese momento finisecular olfateaba la defunción de la política que hoy, por desgracia, debemos dar por consumada. Así, en la Presentación de su libro, Javier Trímboli decía que la obra giraría en torno a esa sospecha fúnebre y al homenaje que pretendía rendirle a Bialet Massé como hombre político.

Se refería, claro, a la faceta de político humanista que el autor del informe había mostrado a sus cincuenta y ocho años, no así a la trayectoria de empresario e inversor que este médico catalán había forjado por décadas codo a codo con la voraz élite cordobesa que reunía a personajes como Miguel Juárez Celman y Félix Funes, amigo de Bialet el primero y socio el segundo.

Este derrotero tuvo su pico más alto en fama, controversias y mito en torno al Dique San Roque, su construcción, financiamiento, puesta en marcha e intrigas palaciegas, muchas de las que hasta hoy permanecen en una obscuridad histórica teñida de polémicas entre entusiastas y detractores de la obra que dirigió el ingeniero Carlos Cassaffousth, otra figura mitificada por los panegiristas del dique.

Quienes hayan visitado San Roque como turistas seguramente habrán escuchado de boca de los guías diferentes versiones de la historia del viejo dique, todas con Bialet y Cassaffousth como héroes trágicos, adelantados a su época, envidiados, víctimas de la injusticia que los empobreció y llevó a prisión con la ayuda del peritaje de un “falso” ingeniero –el villano Federico Stavelius en el relato-.

De los tres apellidos principales relacionados con la construcción, Funes, Bialet Massé y Cassaffousth –el cuarto sería Dumesnil-, el menos mentado es Funes[i], que eludió la cárcel por fueros parlamentarios. Del legendario empobrecimiento de don Juan, se sabe que duró casi nada: recompró en remate, a precio módico, sus antiguas posesiones, quizá con un “canuto” atesorado.

El mote de “falso ingeniero” colgado como Sambenito a Stavelius, se sabe que nació del tecnicismo legal que salvó a los encarcelados y motivó la indignada renuncia del gobernador cordobés de turno: Stavelius no había revalidado su legítimo título de ingeniero obtenido en Suecia, su país de origen. No hubo, claro, ni revisión de su peritaje ni mucho menos uno nuevo…

Se habla aún de la perfidia inglesa que, con malas artes e influencia, hizo caer en desgracia a los constructores por haber usado cales hidráulicas cordobesas y no cemento portland. Pero los préstamos para financiar el costo de la obra vinieron de las islas. Haber impuesto su portland sin necesidad de complejas venganzas, por lógica, hubiese sido muy sencillo para los ingleses.

Una revisión asequible de la historia del dique es la de Lázaro Llorens, “Viejo Dique San Roque: el monumento a la corrupción de Roca y Juárez Celman”, artículo publicado en 2019. Por el contrario, la más amplia, mistificadora y encendida defensa de la obra y sus responsables en todos los aspectos puede leerse en el libro La historia del Dique San Roque (1985), de Luis Rodolfo Frías –disponible en PDF-, que el autor dedica “A la memoria venerable de mi abuelo materno Senador de la República Don Augusto Manuel Funes.”.

Los muñones del dique de 1890 todavía pueden verse con aguas bajas del lago San Roque. Se dice que resistieron la dinamita. Para algunos esta imagen es símbolo de calidad indiscutible; para otros, vestigio de corrupción inocultable. A ciento cincuenta metros hay otro paredón, el del dique nuevo, de 1944, hecho a puro portland y con el embudo gigante que le valió el sobrenombre.

Los biógrafos de Bialet Massé todavía no han logrado reconstruir totalmente su historia de vida ni aclarar cómo fueron sus últimos años en España y los primeros en Argentina, cómo a pesar de haberse cambiado el nombre para entrar al país –presumen los investigadores una interdicción política en la península- logró hacer valer su título de médico y hasta dónde llegó su responsabilidad o participación en los beneficios espurios, incluyendo negocios inmobiliarios relacionados, que los Juárez, Roca y Funes le sacaron a la construcción del dique. Misterios aún sobran.

Volviendo al  informe, motivo principal de sus cíclicas reapariciones, también hay misterios y un halo de leyenda. El contenido, por supuesto, conserva su valor incuestionable. Sin embargo, el que González y Roca se lo hayan encomendado a un hombre de cincuenta y ocho años, avanzada edad para la época, no deja de llamar la atención. Al respecto, un lapidario crítico como Llorens reflexiona:

Luego del culebrón del dique San Roque, el médico catalán siguió manteniendo estrechos lazos económicos con el “Zorro” Roca. Así fue que en 1904, durante su segunda presidencia, fue el mismísimo Roca quien contrató a Bialet Massé para que confeccionara su famoso informe “El Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República Argentina”. Informe con el que el constructor del dique fallido, se compró la buena opinión a todo el progresismo local. A pesar de haber vivido siempre comiendo de la mano de la oligarquía más agria de la República Argentina.

Tal vez Bialet Massé, previendo sospechas como esta, se apresuró a aclararles a los funcionarios que haría el informe ad honorem. Y así fue: en lo formal no hubo honorarios. Sin embargo, la suma que finalmente se le otorgó en concepto de viáticos, gastos de preparación y edición[ii] del informe fue de 25.000 pesos, una friolera para 1904, podría decirse.

A más de un siglo y con tantos ceros quitados de por medio, solo puede hacerse una comparación apelando al respaldo oro del peso en la época. Gramo más, gramo menos, serían unos once kilos de oro aproximadamente lo que el estado invirtió en gastos para un informe al que ni quienes lo encargaron le dieron importancia ni lo hicieron valer políticamente para legislar[iii] en favor de la mejora de las condiciones de trabajo en el país.

El esposo catalán de Zulema Laprida, hija del célebre Narciso, falleció en Buenos Aires en 1907 sin apuros económicos. Se llevó a la tumba no pocos secretos y dejó los mitos que se asocian a su apellido: el del hombre que a caballo y bajo la lluvia descubrió el milagro de las piedras calizas cordobesas, y el del mártir del progreso y defensor de la dignidad del trabajador, que le escupió las verdades del sufrimiento obrero en la cara a funcionarios venales de alto rango.

Si valiese definir sencillamente el mito como unión de ínfima verdad y mucha fantasía, habría que considerar si Juan Bialet Massé forma parte o no de nuestra mitología histórica, de todo aquello que nos gustaría creer sin vacilaciones ni peros.

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[i] Félix Funes, concuñado de Juárez Celman y Julio A. Roca.

[ii] Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora de Adolfo Grau, 1904.

[iii] “Su presentación, en 1904, no fue bien recibida y la Ley Nacional de Trabajo que originara este relevamiento, tampoco llegó a ser sancionada.”: https://proyectobialet.com/bio/.