Política

 

Mientras el discurso oficial insiste con la “eficiencia” y la “modernización del Estado”, una resolución firmada en silencio por la Jefatura de Gabinete reorganiza el poder interno para acelerar despidos, recortes y sanciones al personal público, sin pasar por el máximo nivel político.

Por Roque Pérez para NLI

La Resolución 162/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Manuel Adorni, no ocupará titulares ni abrirá debates parlamentarios. Sin embargo, su alcance es profundo: redistribuye facultades clave sobre el empleo público, habilitando un ajuste administrativo más rápido, fragmentado y menos visible. En otras palabras, el ajuste avanza, pero con firma delegada.

Delegar para ajustar sin costo político

El núcleo de la norma es claro: el Jefe de Gabinete se desprende de la mayoría de las decisiones sensibles vinculadas al personal y las traslada a secretarías, subsecretarías y áreas de Recursos Humanos. Designaciones transitorias, prórrogas, promociones, sanciones disciplinarias, licencias, comisiones de servicio y, sobre todo, rescisión de contratos, pasan a resolverse en niveles inferiores.

Este esquema permite que las decisiones más conflictivas —no renovar contratos, mover empleados, sancionar o disciplinar— ya no requieran una firma central, diluyendo responsabilidades políticas y acelerando los tiempos del recorte.

La motosierra administrativa, sin conferencia de prensa

Lejos de la épica discursiva, esta resolución funciona como el engranaje técnico del ajuste. Al descentralizar las decisiones, se reduce el “ruido” político: no hay anuncios, no hay debates, no hay interpelaciones. Cada secretaría gestiona su propio achique.

El resultado es una motosierra burocrática, más silenciosa pero igual de efectiva, que permite ejecutar el ajuste por goteo, expediente por expediente.

Más poder para sancionar, menos control político

Otro punto sensible es la delegación de facultades disciplinarias. Las secretarías ahora pueden aplicar sanciones previstas en la Ley de Empleo Público sin intervención directa del Jefe de Gabinete. Esto refuerza un clima de control interno y disciplinamiento laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo estatal está bajo constante amenaza.

No se trata solo de eficiencia: se trata de control.

Decisiones legales sin pasar por arriba

La resolución también habilita a subsecretarías a autorizar allanamientos, desistimientos de juicios, conciliaciones y transacciones legales en causas donde la Jefatura de Gabinete tenga interés. Son decisiones de alto impacto jurídico y económico que, desde ahora, no requieren la validación política más alta.

Un esquema que agiliza trámites, sí, pero que también reduce instancias de control y responsabilidad institucional.

El ajuste que no se discute

La norma deroga resoluciones anteriores y consolida un nuevo mapa de poder interno. No hay ahorro cuantificado ni evaluación pública del impacto social de estas medidas. Lo que hay es una arquitectura administrativa diseñada para ejecutar el ajuste sin debate, lejos del Congreso y del escrutinio público.

Como ya viene advirtiendo NLI en sus coberturas sobre el vaciamiento del Estado, el ajuste no siempre llega con anuncios rimbombantes. A veces se cuela en resoluciones técnicas, firmadas al final del día, que reorganizan el poder para que la motosierra no se trabe.

 

 

Un día como hoy, 17 de diciembre, pero de 1903, en una playa ventosa de Estados Unidos, un vuelo de apenas 12 segundos cambió para siempre la historia de la humanidad y abrió una nueva era tecnológica, política y militar.

Por Alcides Blanco para NLI

Un experimento que parecía imposible

Durante siglos, volar había sido un anhelo humano más cercano al mito que a la ciencia. Desde los bocetos de Leonardo da Vinci hasta los planeadores del siglo XIX, la idea de elevarse del suelo siempre chocaba con un límite técnico insalvable: el control. El 17 de diciembre de 1903 ese límite fue finalmente superado.

En Kitty Hawk, una zona costera elegida por sus fuertes vientos y dunas blandas, los hermanos Orville Wright y Wilbur Wright lograron hacer despegar una aeronave más pesada que el aire, propulsada por motor y, lo más importante, controlada por el piloto.

El Wright Flyer, construido en madera, tela y alambre, recorrió apenas 36 metros a una altura mínima. Orville estuvo a bordo durante 12 segundos. Puede parecer insignificante desde los parámetros actuales, pero en ese instante el mundo cambió para siempre.

El verdadero secreto: el control del vuelo

Muchos inventores habían logrado antes pequeños saltos o planeos impulsados por motores rudimentarios. Lo que distinguió a los hermanos Wright fue haber resuelto el problema central de la aviación: cómo controlar un avión en el aire.

Su sistema de control tridimensional —alabeo, cabeceo y guiñada— permitió que el piloto gobernara la aeronave de manera estable. Ese principio, con variaciones tecnológicas, sigue siendo la base de la aviación moderna hasta hoy.

Lejos de los grandes laboratorios o del apoyo estatal, los Wright trabajaron de forma casi artesanal, financiándose con su pequeño taller de bicicletas. La historia oficial suele olvidar que este avance clave no nació del complejo militar-industrial, sino del ingenio individual y la experimentación persistente.

De hazaña científica a herramienta de poder

El impacto del primer vuelo controlado no fue inmediato. Durante varios años, los Wright enfrentaron el escepticismo de gobiernos y científicos. Sin embargo, cuando las potencias comprendieron el potencial estratégico del avión, la historia tomó otro rumbo.

En pocas décadas, la aviación pasó de curiosidad científica a instrumento central de la guerra, el comercio y la dominación global. Las dos guerras mundiales demostraron hasta qué punto aquel vuelo de 1903 había modificado el equilibrio del poder internacional.

Pero también abrió la puerta a la integración de territorios, al transporte civil masivo y a la posibilidad concreta de acortar distancias entre pueblos y naciones, un aspecto que suele quedar relegado frente al relato bélico.

Un legado que sigue volando

Hoy, a más de un siglo de aquel despegue precario, millones de personas vuelan cada día sin pensar en ese origen humilde. Sin embargo, todo avión comercial, militar o experimental sigue siendo heredero directo del Wright Flyer.

Recordar el primer vuelo controlado no es solo un ejercicio de nostalgia tecnológica. Es también una oportunidad para reflexionar sobre cómo los avances científicos pueden servir tanto a la humanidad como a los intereses de dominación, según quién los controle y con qué fines.

Aquel 17 de diciembre de 1903 no solo nació la aviación. Nació, también, una nueva dimensión del poder moderno, una que aún hoy sigue definiendo el rumbo del mundo.

 

 

Mandatarios provinciales denunciaron un fuerte desfinanciamiento de las provincias, cuestionaron el retiro del Estado nacional y anunciaron que avanzarán con una agenda parlamentaria común para frenar el ajuste territorial del Gobierno.

Por la Redacción de NLI

Seis gobernadores alineados en el peronismo difundieron este martes un documento conjunto en el que reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron que las provincias atraviesan un proceso creciente de desfinanciamiento por parte del Gobierno de Javier Milei.

El texto lleva las firmas de Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, quienes coincidieron en cuestionar de manera directa la orientación económica y fiscal del Ejecutivo nacional.

Recuperar la Argentina federal e inclusiva

El Federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero es sobre todo la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. pic.twitter.com/9SsAGCA6SJ

— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 16, 2025

En el documento, los mandatarios subrayaron que el federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno argentino y advirtieron que su debilitamiento no es una cuestión abstracta, sino una política concreta que profundiza desigualdades territoriales y sociales. Para los gobernadores, sin un esquema de distribución equitativa de recursos, no hay desarrollo posible ni cohesión nacional.

Uno de los puntos más duros del texto apunta al retiro progresivo del Estado nacional de funciones esenciales. Según señalaron, las provincias debieron hacerse cargo “casi en soledad” de la prestación de servicios públicos indelegables, sin que esa transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos necesarios para sostenerlas.

A esa situación se suma, remarcaron, una larga lista de incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización casi total de la obra pública en todo el país. Para los gobernadores, esta combinación no solo asfixia a las administraciones provinciales, sino que consolida un modelo de país cada vez más desigual, con regiones condenadas al atraso.

El documento también pone el foco en un dato estructural: desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación de las provincias en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%. En ese marco, alertaron que nuevas iniciativas oficiales, como la reforma laboral que impulsa el Gobierno, podrían agravar aún más el desfinanciamiento federal.

Agenda común en el Congreso

La posición conjunta fue consensuada en una reunión realizada en la Casa de la Provincia de La Pampa, donde los gobernadores coincidieron en que resulta imprescindible rediscutir el federalismo como una verdadera estrategia de desarrollo e inclusión, y no como una consigna vacía.

En ese sentido, anunciaron que avanzarán con una agenda política e institucional común en el Congreso Nacional, con el objetivo de construir mayorías legislativas que frenen el ajuste sobre las provincias. Según expresaron, buscarán acuerdos transversales, más allá de pertenencias partidarias, para defender el bienestar general.

Asimismo, anticiparon que respaldarán todas las iniciativas que fortalezcan la producción, el trabajo y la educación, y que rechazarán aquellas que impliquen quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a los productores y trabajadores del interior del país.

“Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, afirmaron los mandatarios, y cerraron el documento con una definición política de fondo: sin federalismo real, sin igualdad de oportunidades y sin respeto por los derechos fundamentales, no hay democracia que se sostenga ni proyecto de país que incluya a todos.

 

 

En menos de 48 horas, el Boletín Oficial nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires publicaron resoluciones que, leídas en conjunto, revelan un cambio estructural en la cobertura de riesgos laborales del Estado. Bajo el rótulo técnico del “autoseguro público”, se consolida un esquema que transfiere miles de millones de pesos a un mismo grupo empresario, reduce derechos laborales y anticipa una ola de litigios que pagará, otra vez, el erario público.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

Autoseguro: cuando el Estado deja de asegurar y empieza a tercerizar el riesgo

Ayer, 15 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicó la Resolución 58/2025, mediante la cual autorizó al Gobierno de la Provincia del Chubut a incorporarse al régimen de Autoseguro Público Provincial previsto en la Ley 27.348. Formalmente, el argumento es la “gestión más eficiente” de los riesgos del trabajo. En la práctica, se trata de romper el esquema tradicional de ART integrales.

Hasta ahora, una ART debía cubrir tres pilares:

1. Prestaciones médicas
2. Pago de salarios durante la licencia
3. Indemnizaciones o litigios por incapacidad

Con el nuevo modelo, el Estado sólo contrata servicios médicos, dejando fuera las prestaciones dinerarias. Esto no elimina el riesgo: lo traslada. Los salarios caídos y las indemnizaciones pasan a depender de partidas presupuestarias futuras o, directamente, de los tribunales laborales.

El resultado es previsible: menos cobertura real para el trabajador y más juicios contra el propio Estado.

Chubut como laboratorio: menos derechos, más juicios y un solo ganador

En Chubut, el discurso oficial de Nacho Torres habló de terminar con “el curro de los seguros” y anunció un ahorro superior a los mil millones de pesos. Sin embargo, fuentes del sector asegurador advierten que la atención médica contratada bajo el nuevo esquema es incluso más cara que la que brindaban las ART integrales.

La diferencia es otra:

• El costo inmediato baja artificialmente
• El costo judicial y fiscal se patea hacia adelante

La provincia dejó afuera a Prevención ART, del Grupo Sancor, que llevaba más de una década brindando el servicio, aun cuando había presentado una de las ofertas más económicas. En su lugar, se impuso Colonia Suiza ART, una firma vinculada al Grupo Varadero.

Chubut no es una excepción: es el ensayo general.

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CABA y los $36.000 millones: la licitación hecha a medida

Un día después, el Gobierno porteño de Jorge Macri, en un hermetismo total, amplía la jugada. Mediante la Resolución 5322/MHFGC/25, el Ministerio de Hacienda y Finanzas preseleccionó a Río Varadero S.A. para una licitación multimillonaria: $36.000 millones destinados a la “cobertura de prestaciones en especie” bajo el régimen de autoseguro.

El proceso eliminó a cuatro competidores —incluidas Provincia ART, OMINT ART y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos— por supuestas falencias contables. El único oferente que quedó en pie fue Río Varadero S.A.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede fallar toda la competencia en requisitos básicos y sobrevivir sólo una empresa?

Marcos Podestá, el hombre detrás del autoseguro

Detrás de Río Varadero aparece un nombre conocido en los pasillos del poder: Marcos Podestá. Médico de formación, construyó un holding que combina droguerías, prestadores médicos, ART, servicios financieros y empresas vinculadas a la energía y los residuos industriales.

El Grupo Varadero creció de la mano del Estado, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del PRO. Droguería Varadero, Instituto Biológico Contemporáneo, Gemepe y ahora Río Varadero S.A. aparecen reiteradamente como proveedoras públicas.

No es un actor aislado: es un engranaje estable del poder.

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Santilli, préstamos milagrosos y sociedades incómodas

La trama se vuelve más oscura cuando se revisan antecedentes patrimoniales. En 2015, el actual ministro del Interior de Milei, Diego Santilli, declaró una deuda hipotecaria de 550.000 dólares con Marcos Podestá. Un año después, la deuda desapareció sin explicación económica plausible, mientras el entonces vicejefe porteño mantenía un salario de funcionario público.

El vínculo empresarial tampoco es menor. Río Varadero S.A. fue constituida junto a Juan Carlos Loureiro, un nombre mencionado en el expediente del triple crimen de General Rodríguez. Loureiro figuró como presidente de la sociedad, con Podestá como director suplente.

Nada de esto impidió que la empresa creciera como proveedora estatal.

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Cenzón, Vaca Muerta y el mismo patrón

El esquema se repite con Edgardo Cenzón, el recaudador histórico del macrismo. Tras su salida de la función pública, apareció presidiendo empresas vinculadas al Grupo Varadero en Vaca Muerta, como Treater, denunciada por Greenpeace por malas prácticas ambientales.

Los enroques societarios, las licitaciones estatales, los negocios cruzados entre salud, seguros, finanzas y residuos peligrosos muestran un patrón: privatizar ganancias, estatizar riesgos.

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El saldo real: trabajadores expuestos y un Estado rehén

El autoseguro no elimina costos: los esconde.

• Reduce prestaciones
• Aumenta litigios
• Consolida grupos empresarios amigos
• Convierte al Estado en cliente cautivo de prestadores privados

Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores estatales de Chubut y la Ciudad de Buenos Aires quedan con una cobertura fragmentada y una incertidumbre jurídica total.

El negocio ya está en marcha. La factura, como siempre, llegará después.

 

 

Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.

Por Roque Pérez para NLI

El backend del control

La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.

El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.

De la excepción a la rutina

El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.

Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.

Sin contrapesos democráticos

Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.

En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.

El Gran Hermano del siglo XXI

No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.

La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.

 

 

Mientras rechaza aranceles para proteger a la industria nacional en nombre de la “libertad”, el Gobierno acaba de aplicar una bonificación selectiva y retroactiva en un peaje clave de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, beneficia a grandes operadores del comercio exterior y expone una intervención estatal quirúrgica, lejos del discurso oficial.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó este lunes, mediante la Resolución 65/2025, una bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La decisión no solo es temporal, sino también retroactiva: se aplica desde el 5 de diciembre y rige por 30 días corridos.

El texto firmado por Iñaki Miguel Arreseygor repite, casi sin cambios, una bonificación idéntica dispuesta en noviembre, lo que deja en evidencia que no se trata de un hecho excepcional sino de una política de parche reiterada, aplicada en plena transición del esquema de concesiones.

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Una bonificación selectiva, no una política general

El primer dato político es claro: no hay una rebaja general de peajes, ni un alivio para todo el sistema portuario. El beneficio es puntual y direccionado: solo alcanza a los buques que eligen el Canal Martín García, una traza que en los últimos años perdió competitividad frente a otras rutas por mayores costos de mantenimiento y dragado.

En los hechos, el Estado absorbe parte del costo operativo para que ese canal siga siendo utilizado. El porcentaje elegido —16,7%— no es caprichoso: equivale a compensar el diferencial que hoy empuja a muchos operadores a evitar esa vía. Sin la bonificación, el tráfico tendería a desviarse.

La retroactividad agrega un elemento sensible: no incentiva conductas futuras, sino que premia operaciones ya realizadas, reduciendo ingresos que el Estado ya había devengado.

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Quiénes ganan y quiénes pierden

Los principales beneficiados por la medida son actores altamente concentrados del comercio exterior:

• Navieras internacionales de ultramar, como MSC, Maersk y CMA CGM, para quienes una baja de peaje impacta directamente en el costo por viaje y en la planificación de rutas.
• El complejo agroexportador, principal usuario estructural de la Vía Navegable Troncal, que ve reducido un costo logístico sin que eso se traduzca en mejores precios internos ni en estímulos a la producción nacional.
• El tráfico fluvial internacional proveniente de Paraguay y Bolivia, que utiliza el canal para barcazas de granos, minerales y combustibles.

Del otro lado quedan los perjudicados:

• El Estado, que resigna recaudación sin debate público ni una estrategia de largo plazo.
• El principio de neutralidad tarifaria, ya que se favorece una traza específica frente a otras.
• La industria nacional y las pymes, que no reciben ningún alivio comparable cuando compiten con importaciones.

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La contradicción: liberalismo para algunos, intervención para otros

Aquí aparece el núcleo político de la resolución. El mismo Gobierno que se niega a aplicar aranceles o medidas de protección para sectores industriales golpeados por importaciones —porque eso “distorsiona el mercado”— interviene sin pudor cuando se trata de sostener la rentabilidad y el flujo del comercio exterior concentrado.

No es ausencia de Estado: es intervención selectiva.
No es libertad económica: es priorización de intereses.

La bonificación al Canal Martín García no responde a una política industrial ni a un plan de desarrollo. Es una herramienta transitoria para llegar sin sobresaltos al nuevo esquema concesionario, aun a costa de resignar recursos públicos y de profundizar asimetrías.

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Un Estado presente, pero para los de siempre

La Resolución 65/2025 muestra que el problema no es si el Estado interviene o no. La pregunta real es para quién interviene. Mientras la industria nacional queda librada a la “libre competencia” con productos importados, los grandes jugadores del comercio exterior reciben alivios tarifarios hechos a medida, discretos y retroactivos.

Una vez más, el discurso va por un carril y las decisiones reales por otro. Y el peaje, como casi siempre, lo termina pagando el mismo de siempre.