Política

 

Los bailes de los clubes de barrio fueron una tradición argentina que reunió música, familias, jóvenes y comunidad durante décadas. Una mirada a aquella vida social.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo un tiempo en que para salir un sábado a la noche no hacía falta conocer la cartelera de una discoteca, reservar una mesa ni cruzar media ciudad buscando el lugar de moda. En buena parte de la Argentina, alcanzaba con caminar unas pocas cuadras hasta el club del barrio, donde podía haber baile, orquesta, buffet, pista, rifas, juegos, partidos, reuniones y, sobre todo, gente conocida. Durante décadas, esas instituciones fueron mucho más que espacios deportivos: funcionaron como verdaderos centros comunitarios en los que distintas generaciones compartían buena parte de su tiempo libre. En los años 60 y 70, los grandes bailes de carnaval y las fiestas organizadas por clubes llegaron a convocar multitudes, con artistas populares, orquestas y precios accesibles.

El sábado empezaba mucho antes del baile

La preparación para el baile también formaba parte del ritual. Había que decidir qué ponerse, arreglarse un poco más de lo habitual y, en el caso de los adolescentes, negociar con los padres la hora de regreso. Para muchos jóvenes, el club era además uno de los pocos lugares donde podían encontrarse con amigos y compañeros fuera de la escuela, el trabajo o la familia. La pista se convertía así en un territorio de sociabilidad donde se cruzaban generaciones y grupos que durante la semana tenían rutinas completamente diferentes. En algunos barrios, además, el baile estaba directamente vinculado con la identidad de la institución: el club organizaba la fiesta, vendía las entradas, contrataba a los músicos y convertía sus instalaciones deportivas en un salón de celebraciones.

La escena podía ser muy sencilla: mesas alrededor de la pista, familias conversando, parejas jóvenes esperando que empezara la música y chicos que entraban y salían del salón. En otros casos, especialmente cuando llegaban artistas reconocidos, el acontecimiento adquiría una dimensión mucho mayor. Boca Juniors, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y otros clubes fueron escenario de grandes bailes populares, en los que podían presentarse figuras de enorme convocatoria. En los años 60 tuvieron presencia artistas como Los Cinco Latinos y Los Gatos, mientras que durante los 70 los bailes de clubes porteños llegaron a reunir a figuras como Sandro, Palito Ortega, Leonardo Favio y Joan Manuel Serrat.

La música también contaba la transformación de una sociedad que estaba cambiando rápidamente. El tango seguía presente, pero convivía con la música tropical, el folklore, el pop y el naciente rock nacional. En una misma década podían coexistir una orquesta de tango, una banda de música tropical y un conjunto juvenil que tocaba canciones eléctricas. Esa mezcla no era solamente musical: expresaba el encuentro entre generaciones y la incorporación de nuevas formas de vestirse, bailar y relacionarse. El baile era uno de los lugares donde los cambios culturales podían verse en vivo, sin necesidad de que nadie los explicara.

El club como segunda casa

El fenómeno no apareció de la nada. Los clubes de barrio se habían consolidado durante las décadas anteriores como organizaciones sociales profundamente arraigadas en los barrios populares y de clase media, vinculadas al deporte, la educación física, las actividades culturales y la vida comunitaria. Investigaciones sobre la historia de estas instituciones destacan precisamente su papel en la formación de la cultura popular argentina durante las décadas de 1930 y 1940.

Por eso el club podía ser, para una familia, una especie de segunda casa. Allí se jugaba al fútbol, al básquet o al baby fútbol, se practicaba gimnasia, se organizaban campeonatos de cartas, se festejaban cumpleaños y se realizaban reuniones sociales. También estaban el buffet, el salón, las comisiones de vecinos y las actividades de las distintas categorías deportivas. En algunos lugares había biblioteca, teatro o cine. La institución pertenecía al barrio porque el barrio participaba activamente de su funcionamiento, una diferencia importante respecto de buena parte de los espacios de entretenimiento posteriores, cada vez más organizados alrededor del consumo.

Los bailes tenían además una dimensión económica. Para muchos clubes, las fiestas constituían una fuente de ingresos que permitía financiar actividades deportivas y mantener las instalaciones. No era extraño que una noche de gran convocatoria sirviera para recaudar fondos destinados a comprar equipamiento, reparar el techo del gimnasio o sostener alguna disciplina infantil. El espectáculo y la vida comunitaria se mezclaban entonces de una manera que hoy puede resultar extraña: la diversión del sábado podía contribuir a pagar el funcionamiento cotidiano de una institución del barrio.

Hacia fines de los 70 y durante las décadas siguientes, ese mundo comenzó a transformarse. Las nuevas formas de entretenimiento, la expansión de las discotecas, los cambios en las pautas de consumo y las modificaciones en la vida urbana fueron quitándole centralidad a los grandes bailes de club. Una mirada retrospectiva sobre aquella época señala justamente que hasta los años 70 los clubes podían concentrar una vida social intensa que luego comenzó a fragmentarse.

La desaparición de aquellos bailes no significó solamente el reemplazo de un tipo de música por otro. También representó la pérdida progresiva de un espacio de encuentro territorial, donde era posible conocer a personas de distintas edades sin que existiera necesariamente una finalidad comercial detrás. El club seguía siendo club, pero algunas de las funciones sociales que había concentrado comenzaron a repartirse entre gimnasios, centros comerciales, discotecas, restaurantes, televisión y, mucho después, las nuevas formas de comunicación digital.

Quizás por eso, cuando alguien recuerda aquellos sábados de baile, no está evocando únicamente una canción o una pista. Está recordando una forma de vivir el barrio. La entrada podía costar poco, la orquesta podía tocar durante horas y alguien podía terminar la noche sentado en una mesa conversando con personas que conocía desde hacía años. En tiempos en que buena parte del entretenimiento se consume de manera individual y a través de una pantalla, aquellos salones representan una experiencia diferente: la de una comunidad que se reunía físicamente para divertirse, encontrarse y, de paso, sostener la institución que consideraba propia.

Los clubes de barrio todavía existen y muchos continúan cumpliendo funciones sociales fundamentales. Lo que cambió fue el lugar que ocupan dentro de la vida cotidiana. Aquellas pistas de baile llenas durante los sábados y carnavales forman parte de una Argentina que ya no existe de la misma manera, pero que dejó una huella profunda en la memoria de varias generaciones. Y quizá la mejor forma de entender aquellos bailes no sea preguntarse solamente qué música sonaba, sino qué clase de sociedad necesitaba reunirse en un club para bailar hasta la madrugada.

 

 

La muerte de Alberto Iribarne cierra la trayectoria de un dirigente peronista que ocupó responsabilidades en distintos momentos de la democracia argentina: fue diputado nacional, convencional constituyente en 1994, ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner y embajador en Uruguay durante la presidencia de Alberto Fernández.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La noticia de la muerte de Alberto Juan Bautista Iribarne atravesó este sábado al peronismo y a buena parte de la dirigencia política argentina. El exministro de Justicia y exembajador argentino falleció tras una extensa trayectoria vinculada a la función pública y a la vida interna del Partido Justicialista, en un recorrido que comenzó mucho antes de su llegada al gabinete de Néstor Kirchner y que continuó, con distintos roles, durante varios gobiernos de signo peronista. La familia comunicó su fallecimiento y eligió poner el acento no solamente en los cargos que ocupó, sino también en la dimensión personal de quien definieron como un hombre afectuoso, solidario y de profundas convicciones.

Una trayectoria que atravesó distintas etapas del peronismo

Iribarne nació en Buenos Aires en 1950, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde joven estuvo ligado al peronismo. Su carrera política y administrativa se desarrolló durante décadas y lo llevó a ocupar responsabilidades tanto partidarias como institucionales, incluyendo funciones durante las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, antes de convertirse en una figura relevante del gobierno de Néstor Kirchner. También tuvo una participación particularmente significativa en la vida constitucional argentina al integrar la Convención Constituyente de 1994, que produjo una de las reformas más importantes de la Constitución Nacional desde la recuperación democrática.

Esa trayectoria explica, en buena medida, el lugar que ocupó Iribarne dentro del universo político justicialista: no fue una figura construida alrededor de una única elección o de una coyuntura electoral, sino un dirigente formado en la administración pública y en las estructuras políticas del peronismo, con vínculos que atravesaron distintas generaciones y sectores internos. Su perfil estuvo más asociado a la construcción política y a la gestión que a la exposición permanente, una característica que varios de sus contemporáneos destacaron al recordarlo después de conocerse su muerte.

Su llegada al Ministerio de Justicia se produjo en julio de 2005, después de la salida de Horacio Rosatti. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 905/2005, publicado en el Boletín Oficial, y convirtió a Iribarne en el tercer ministro que tuvo Néstor Kirchner en esa cartera durante su presidencia. Permaneció al frente del área hasta el final del mandato presidencial, en diciembre de 2007.

Justicia, derechos humanos y la etapa de Néstor Kirchner

El paso de Iribarne por el Ministerio de Justicia se produjo en una etapa particularmente significativa para la política argentina. El gobierno de Néstor Kirchner había colocado la cuestión de los derechos humanos y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en un lugar central de su agenda, y durante la gestión de Iribarne continuaron desarrollándose políticas vinculadas con la protección de testigos y víctimas y con los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

La documentación oficial permite observar parte de esa orientación. En 2007, por ejemplo, una resolución firmada por Iribarne como ministro estableció medidas destinadas a fortalecer la protección de personas involucradas en procesos judiciales vinculados con graves violaciones a los derechos humanos y contempló la intervención de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado.

Su gestión también estuvo atravesada por discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia y por proyectos destinados a modificar aspectos del sistema penal. En esos años se impulsaron debates sobre reformas procesales, tiempos de los procesos, situación de las víctimas y funcionamiento de los organismos judiciales, en un contexto en el que el gobierno kirchnerista buscaba dejar atrás buena parte de las características que habían marcado la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia durante décadas anteriores.

El propio Iribarne reivindicaría años después una característica que atribuía a la relación de Kirchner con el Poder Judicial. En 2013, ya alejado del Gobierno, sostuvo que el expresidente había sido respetuoso de la independencia judicial y marcó diferencias con otras discusiones posteriores sobre el funcionamiento de la Justicia.

Después de abandonar el Ministerio de Justicia, Iribarne continuó vinculado a la política y a la actividad pública. Su nombre llegó incluso a ser considerado para la representación argentina ante la Santa Sede, aunque aquella designación finalmente no prosperó. Más de una década después, durante la presidencia de Alberto Fernández, regresó a la diplomacia y fue designado embajador argentino ante Uruguay, cargo que ejerció entre 2020 y 2023.

La despedida de un dirigente de perfil bajo

La noticia generó rápidamente mensajes de dirigentes peronistas que habían compartido con Iribarne diferentes etapas de su recorrido político. Agustín Rossi lo recordó como un defensor de la causa peronista, mientras que Aníbal Fernández expresó públicamente su pesar y lo despidió como amigo. Las palabras elegidas por ambos reflejaron una característica que aparece recurrentemente en las semblanzas publicadas tras su muerte: la de un dirigente que mantuvo una presencia política sostenida, pero sin convertir la exposición personal en el centro de su actividad.

La familia, por su parte, decidió resumir su legado desde un lugar diferente al de los cargos ocupados. En el mensaje difundido tras su fallecimiento, sus hijas Florencia e Inés señalaron que Iribarne fue un “hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones” y que hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio. También remarcaron que, más allá de los honores y las responsabilidades institucionales, permanecían su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella dejada en quienes compartieron su camino.

La muerte de Alberto Iribarne deja así el registro de una generación de dirigentes que atravesó buena parte de la historia política argentina posterior a la recuperación democrática, desde la reorganización institucional de los años ochenta hasta la reforma constitucional de 1994, pasando por los gobiernos justicialistas de los noventa, la crisis de 2001 y la reconstrucción política iniciada en 2003. Su recorrido fue, en ese sentido, el de un hombre que hizo de la función pública una parte central de su vida y que permaneció ligado al peronismo aun cuando cambiaron los gobiernos, las alianzas y las internas del movimiento.

 

 

El endurecimiento del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas tuvo una reacción inmediata en uno de los dirigentes más representativos del nacionalismo británico. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido y hombre que hasta hace poco elogiaba públicamente a Javier Milei, reclamó que Londres envíe refuerzos militares al archipiélago, incluyendo cazas, tropas y unidades navales. La respuesta expone una paradoja incómoda para el Gobierno argentino: la afinidad ideológica con figuras de la derecha británica no modifica, cuando se trata de Malvinas, la defensa cerrada que esas mismas figuras hacen de la ocupación colonial.

Por Luis Bulnes Valdez para NLI

Durante años Javier Milei hizo de su admiración por Margaret Thatcher uno de los aspectos más provocadores de su construcción política, aun cuando la ex primera ministra británica fue quien condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982. También cultivó relaciones con referentes conservadores británicos y fue presentado por el propio Boris Johnson como una suerte de emblema internacional de la batalla contra el Estado y el intervencionismo económico. Pero el conflicto de soberanía demostró una vez más los límites concretos de esas afinidades: cuando Buenos Aires elevó el tono sobre Malvinas, Johnson abandonó cualquier camaradería ideológica y pidió incrementar la capacidad militar británica frente a la Argentina.

De los elogios a Milei al pedido de militarización

Johnson publicó una columna en el Daily Mail después de la cadena nacional en la que Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda argentina. El dirigente conservador reclamó al gobierno británico de Andy Burnham que actúe con rapidez y envíe refuerzos a las islas, planteando explícitamente la posibilidad de sumar aviones de combate, efectivos militares o unidades navales. Su artículo fue presentado bajo una consigna inequívoca: Londres debía “tomar el control” de la situación y reforzar inmediatamente el archipiélago.

El pedido no surge en el vacío. Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área de Malvinas sin autorización argentina, anticipó modificaciones legales para ampliar la capacidad punitiva del Estado y ratificó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El principal foco económico es Sea Lion, el gigantesco proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación proyectada volvió a transformar el conflicto territorial en una disputa inmediata por recursos estratégicos.

En su intervención, Johnson también vinculó el cambio de clima diplomático con las recientes declaraciones de Donald Trump, quien admitió que Washington está revisando su posición sobre Malvinas. Estados Unidos mantiene históricamente una posición formalmente neutral respecto de la disputa de soberanía, aunque en 1982 el gobierno de Ronald Reagan terminó dando apoyo decisivo al Reino Unido durante la guerra. Trump no anunció todavía una modificación concreta de esa política, pero la sola posibilidad de una revisión fue interpretada por sectores británicos como una señal que obliga a Londres a extremar precauciones.

Johnson reconoció precisamente esa incomodidad. Según sostuvo, Milei habría aprovechado el nuevo escenario internacional para intensificar el reclamo argentino. El dato resulta particularmente significativo porque el ex premier británico conoce bien al Presidente argentino y anteriormente había destacado su admiración por Thatcher. Aquella simpatía política, sin embargo, termina exactamente donde comienza la cuestión territorial: para Johnson, Malvinas sigue siendo una posición británica que debe preservarse incluso mediante una ampliación de su despliegue militar.

Una ocupación sostenida por una estructura militar permanente

El reclamo de nuevos refuerzos tampoco parte de una presencia militar simbólica. El Reino Unido mantiene desde hace décadas una infraestructura permanente en las islas cuyo eje es el Mount Pleasant Complex, construido después de la guerra de 1982. La propia Royal Air Force informa actualmente que allí se encuentran desplegados cuatro cazas Typhoon FGR4, además de un avión cisterna Voyager y un transporte militar Atlas A400M. Londres define oficialmente a las British Forces South Atlantic Islands como una estructura destinada a realizar una “demostración visible” de su soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El Ministerio de Defensa británico evita informar públicamente la cantidad exacta de efectivos actualmente destinados en el Atlántico Sur alegando razones de seguridad operativa. En marzo de este año, ante una pregunta formal presentada en el Parlamento británico sobre el nivel de fuerzas existente en Mount Pleasant, el gobierno se negó expresamente a proporcionar las cifras. Lo que sí sostiene Londres es que revisa periódicamente el despliegue y que su presencia militar posee, según su interpretación, carácter “defensivo”.

Esa caracterización resulta inevitablemente discutible desde la perspectiva argentina. Para Buenos Aires, las islas forman parte del territorio nacional ocupado ilegalmente por una potencia extranjera desde 1833, mientras que la disputa de soberanía permanece reconocida en el sistema de Naciones Unidas y la Argentina sostiene constitucionalmente que su recuperación debe realizarse respetando el derecho internacional y los intereses de los habitantes. Londres, en cambio, fundamenta su posición en el principio de autodeterminación y en el referéndum celebrado entre los habitantes de las islas en 2013. La existencia de esas posiciones contrapuestas es precisamente la razón por la que Naciones Unidas ha reclamado históricamente negociaciones entre ambos Estados.

El elemento nuevo es que la disputa dejó nuevamente de ser exclusivamente diplomática. La próxima explotación de hidrocarburos convierte al Atlántico Sur en un espacio donde se cruzan soberanía, petróleo, rutas marítimas, proyección antártica y presencia militar. El yacimiento Sea Lion tendría recursos estimados en alrededor de 1.700 millones de barriles, una dimensión suficiente para modificar estructuralmente la economía de las islas y consolidar todavía más la ocupación británica mediante ingresos provenientes de recursos cuya explotación la Argentina considera ilegítima.

El límite de las afinidades ideológicas

La reacción de Johnson deja además una enseñanza política que excede la coyuntura. Durante buena parte de su carrera, Milei subordinó numerosas definiciones internacionales a afinidades ideológicas y personales: su cercanía con Trump, su admiración por Thatcher o su identificación con dirigentes conservadores europeos y británicos fueron presentadas como herramientas capaces de mejorar la inserción argentina. Pero los Estados actúan primordialmente según intereses nacionales, y Malvinas vuelve a ofrecer una demostración difícilmente más gráfica.

Johnson puede elogiar el programa económico de Milei, compartir su discurso contra el Estado y celebrar su admiración por Thatcher. Nada de eso impide que, frente al reclamo argentino, pida más cazas, más soldados y más barcos británicos en territorio cuya soberanía reclama la Argentina. La afinidad partidaria desaparece allí donde Londres considera comprometido un interés estratégico propio.

El episodio también obliga a administrar cuidadosamente el nuevo giro discursivo del Gobierno argentino. Milei aseguró en su cadena nacional que la Argentina no busca una resolución militar y que su estrategia continuará dentro de los canales diplomáticos. La respuesta británica, sin embargo, demuestra cómo cualquier escalada retórica puede ser utilizada por los sectores más duros de Londres para justificar una mayor militarización del Atlántico Sur. Johnson cerró su planteo recuperando una máxima de tradición militar: la paz, sostuvo, exige estar preparado para la guerra.

Para la Argentina, el desafío es exactamente el inverso: fortalecer el reclamo soberano sin entregar argumentos para consolidar la ocupación militar que pretende cuestionar. Eso supone recuperar capacidad diplomática, construir apoyos internacionales, impedir jurídicamente la explotación unilateral de recursos y sostener una política de Estado consistente en el tiempo. Porque la respuesta de Boris Johnson acaba de recordarlo con una claridad brutal: detrás de las sonrisas, los elogios y las coincidencias ideológicas, cuando Londres escucha la palabra Malvinas, responde todavía pensando en términos de poder, recursos y control territorial.

 

 

La historia de SIAM durante el peronismo y el cierre de Whirlpool bajo Javier Milei exponen dos estrategias económicas enfrentadas. Mientras el Estado peronista impulsó crédito, producción y consumo, Whirlpool abandonó la fabricación local y convirtió su negocio argentino en un esquema 100% importador.

Por Walter Onorato gentileza EnOrsai

Hay una imagen que permite resumir buena parte de la discusión económica argentina: una heladera SIAM fabricada en el país y una moderna planta de Whirlpool en Pilar que, apenas tres años después de su inauguración, terminó cerrada y puesta en venta.

No son historias idénticas ni pertenecen al mismo momento histórico. Pero permiten observar dos decisiones políticas y económicas radicalmente diferentes frente a la industria: qué hace el Estado cuando una empresa produce en Argentina y qué ocurre cuando las condiciones favorecen la importación por encima de la fabricación local.

La comparación adquiere particular fuerza porque ambas historias están vinculadas con bienes que ingresaron profundamente en la vida cotidiana de las familias: heladeras y lavarropas.

SIAM y Perón: cuando el Estado apostó a producir

Cuando Juan Domingo Perón llegó a la Presidencia en 1946, SIAM ya era una empresa industrial importante. Sin embargo, durante el primer peronismo encontró un escenario en el que el crédito estatal, la protección industrial, el crecimiento del mercado interno y la expansión del consumo favorecieron su desarrollo.

El Banco de Crédito Industrial Argentino se convirtió en una herramienta fundamental para financiar la industria. SIAM estuvo entre las empresas que recibieron una participación particularmente importante de esos créditos durante el período 1946-1955.

La investigación citada en nuestra nota anterior registra que los préstamos destinados a SIAM-SIAT llegaron a representar aproximadamente el 10% en 1946, el 12% en 1947, el 13% en 1948, el 14% en 1951, el 18% en 1952 y el 19% en 1953 de los créditos considerados en los sectores correspondientes.

No se trató simplemente de regalar dinero a una empresa. El esquema combinó financiamiento estatal, protección industrial, regulación de importaciones y estímulo a la producción nacional.

El Estado también construyó mercado

La otra cara de esa política fue la expansión del consumo.

El crecimiento de los ingresos y las ventas en cuotas permitieron que sectores cada vez más amplios pudieran acceder a bienes durables. En el caso de las heladeras, la investigación histórica señala que la redistribución del ingreso, las restricciones a las importaciones y la generalización de los sistemas de venta a plazos impulsaron la demanda.

El resultado fue extraordinario. La producción argentina de heladeras eléctricas pasó de 6.967 unidades en 1946 a 151.200 en 1955.

SIAM fue una de las empresas centrales de esa expansión. Sus ventas de heladeras eléctricas pasaron de 11.693 unidades en 1948 a 73.928 en 1955.

La diferencia con el presente no está solamente en cuántas heladeras se fabricaban. Está en la concepción económica que había detrás: la industria debía producir, los trabajadores debían poder consumir y el Estado debía intervenir para que ambas cosas fueran posibles.

La heladera que cambió la vida cotidiana

El impacto no quedó encerrado en las estadísticas industriales.

En 1947 apenas el 3,4% de los hogares argentinos tenía una heladera eléctrica. El 20,4% utilizaba todavía heladeras alimentadas con barras de hielo.

La llegada de la refrigeración eléctrica modificó las rutinas familiares. Permitió conservar durante más tiempo carne, leche, verduras y otros alimentos perecederos, redujo la necesidad de realizar compras cotidianas y transformó la organización del trabajo doméstico.

La heladera pasó así de ser un objeto excepcional a convertirse progresivamente en un bien asociado al confort y a una nueva calidad de vida.

Según la investigación sobre la evolución de los bienes durables, en 1946 había una heladera por cada 28 familias. En 1950 era una por cada 14 y en 1955 una por cada seis.

La industrialización podía medirse entonces también dentro de las cocinas.

Whirlpool: tres años después, la fábrica cerró

La historia de Whirlpool en Pilar presenta un recorrido muy diferente.

En 2022, la multinacional estadounidense inauguró una fábrica de lavarropas en Fátima, Pilar, después de invertir 52 millones de dólares. La planta tenía una superficie de 30.453 metros cuadrados cubiertos y había sido concebida como una de las instalaciones más modernas de la compañía a nivel mundial y como plataforma regional de producción.

El proyecto contemplaba una capacidad de hasta 300.000 unidades anuales, con aproximadamente el 70% de la producción destinada a la exportación, principalmente hacia Brasil.

En 2023, primer año completo de funcionamiento, Whirlpool incorporó incluso un segundo turno y retomó las exportaciones de lavarropas hacia Brasil después de más de dos décadas.

Pero el escenario cambió con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Del segundo turno al cierre definitivo

Durante 2024, Whirlpool comenzó a reducir turnos y personal. Según la información publicada por El Modelo, la empresa enfrentó una caída del consumo interno, mayores dificultades para competir con productos importados y la necesidad de revisar su estructura regional de producción.

Finalmente, en noviembre de 2025, comunicó el cierre definitivo de la planta y la interrupción de la fabricación de lavarropas en Argentina.

Ahora, en septiembre de 2026, la compañía puso en venta el complejo industrial.

La operación completa una transformación profunda: Whirlpool mantiene su presencia comercial en Argentina, pero abandonó la fabricación local y funciona bajo un esquema 100% importador. Los lavarropas provienen principalmente de Brasil, mientras accesorios, electrodomésticos y repuestos llegan desde plantas ubicadas en otros países.

De producir para el mundo a importar para el mercado

El contraste resulta difícil de ignorar.

En 2022, Whirlpool llegó a Argentina con una planta concebida para producir 300.000 lavarropas por año, exportar el 70% y utilizar al país como plataforma regional. Tres años después, esa fábrica estaba cerrada.

La propia información sobre la empresa establece una relación temporal directa entre el cambio de escenario y la llegada de Javier Milei: durante 2024 comenzaron las reducciones de turnos y personal y en noviembre de 2025 se produjo el cierre definitivo.

No corresponde afirmar, sin embargo, que el Gobierno haya ordenado el cierre de Whirlpool. Lo que sí permite establecer la fuente es que la empresa tomó la decisión en un contexto que cambió después de la llegada de Milei y que terminó adoptando un modelo completamente importador.

Y esa precisión es fundamental.

Porque la discusión no debería reducirse a si Whirlpool es responsable de cerrar una fábrica o si el Gobierno es responsable directo de la decisión. La cuestión de fondo es qué tipo de estructura productiva favorecen las reglas económicas vigentes.

Dos modelos frente a una misma pregunta

La comparación entre SIAM y Whirlpool no consiste en idealizar una empresa privada del pasado ni en afirmar que toda industria puede sobrevivir indefinidamente bajo cualquier circunstancia.

La diferencia aparece en otro lugar.

Durante el primer peronismo, el Estado utilizó crédito, protección industrial y herramientas económicas para fortalecer la producción local, mientras el crecimiento de los ingresos y las ventas en cuotas ampliaban el mercado interno.

En el caso de Whirlpool, una inversión industrial de 52 millones de dólares terminó con la fábrica cerrada, la producción interrumpida y el inmueble puesto en venta, mientras la compañía conserva su actividad comercial mediante importaciones.

Una Argentina buscaba fabricar el electrodoméstico que entraba en la casa de una familia. La otra terminó importándolo.

Y ahí aparece la pregunta incómoda para el presente: ¿qué sucede con el trabajo, los proveedores, las capacidades productivas y el conocimiento industrial cuando una economía deja de necesitar que esos productos se fabriquen dentro del país?

La heladera, el lavarropas y una discusión que vuelve

La historia de SIAM demuestra que una política industrial puede tener consecuencias que exceden ampliamente a una fábrica. Cuando una heladera llegaba a una vivienda, detrás había una cadena que involucraba trabajadores, máquinas, crédito, producción y consumo.

La historia de Whirlpool muestra el movimiento contrario: una planta moderna, con una inversión millonaria y capacidad exportadora, dejó de fabricar y pasó a formar parte de un esquema importador.

La comparación no permite borrar las diferencias entre 1946 y 2026. Pero sí deja planteada una discusión que el discurso libertario suele presentar como una cuestión puramente contable: ¿qué pierde una sociedad cuando producir deja de ser un objetivo económico y comprar afuera pasa a ser la alternativa dominante?

Porque una fábrica no es solamente un edificio.

Es trabajo. Es conocimiento. Es capacidad productiva. Es una cadena de proveedores. Y, sobre todo, es la posibilidad de que un país no quede condenado a ser simplemente el lugar donde se venden productos fabricados por otros.

La vieja heladera SIAM todavía puede servir para recordar algo que hoy parece incómodo: la industria nacional alguna vez fue pensada como una herramienta para transformar la vida de las familias. La fábrica de Whirlpool, vacía y en venta, obliga a preguntarse qué lugar ocupa esa idea en la Argentina de Milei.

Fuentes

Aisenberg, I., & Rein, R. (2024). Las vidas paralelas de dos emprendedores inmigrantes: Torcuato Di Tella y Ezra Teubal. Temas de Historia Argentina y Americana, 32(2), 109-128.

Belini, C. (2010). La promoción industrial durante el peronismo. Impacto y límites de la ley de industrias de interés nacional (1944-1958). Temas de Historia Argentina y Americana, 16, 59-97.

Rocchi, F. (2022). La transformación de la vida cotidiana: la evolución de los bienes durables en Argentina, 1920-1970. Historia Crítica, 84, 29-55.

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. (2021). Los primeros gobiernos peronistas. Continuemos Estudiando.

El Modelo. (3 de septiembre de 2026). Se va: Whirlpool ya no fabrica en Argentina y vende su planta de Pilar.

 

 

Milei volvió a reivindicar Malvinas y anunció sanciones contra empresas que operen allí, mientras acelera la base naval de Ushuaia. La historia de 1816 plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía.

Por Roque Pérez para NLI

En 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron romper formalmente con la monarquía española, había una cuestión que iba mucho más allá de la ruptura con Fernando VII. La independencia no podía significar simplemente dejar de obedecer a Madrid para comenzar a obedecer a otra capital. Por eso, diez días después de aquella declaración del 9 de julio, el Congreso de Tucumán incorporó una precisión que tiene una vigencia política sorprendente dos siglos más tarde: las Provincias Unidas serían una nación libre e independiente «del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli» y «de toda otra dominación extranjera». El agregado no fue decorativo ni una corrección de estilo. Pedro Medrano pidió incorporarlo expresamente para despejar los rumores sobre posibles proyectos destinados a colocar al nuevo país bajo la autoridad de otra potencia, en particular frente a las especulaciones relacionadas con Portugal.

Ese detalle histórico adquiere otra dimensión después del discurso que Javier Milei pronunció ayer en cadena nacional, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la escena política argentina. El Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina y anticipó medidas destinadas a reforzar las capacidades defensivas en Tierra del Fuego, incluyendo la aceleración de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Según explicó, esa infraestructura debería convertirse en un polo estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, por supuesto, no constituye ninguna novedad ni pertenece a un gobierno determinado: es una política de Estado respaldada por décadas de diplomacia argentina y por la propia Constitución Nacional. Lo que vuelve políticamente particular el discurso de Milei es el contexto internacional en el que aparece y la arquitectura de alianzas que el Gobierno construyó desde su llegada al poder. Porque mientras el Presidente vuelve a confrontar discursivamente con el Reino Unido por la ocupación de las islas, su estrategia geopolítica ha colocado a Estados Unidos en un lugar privilegiado, precisamente en materia militar, logística y estratégica.

La frase de 1816 que vuelve como una pregunta incómoda

La historia del agregado del 19 de julio tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. El Congreso no se conformó con declarar la ruptura con la Corona española. Quiso dejar escrito que la emancipación no habilitaba el reemplazo de una dependencia por otra. La documentación histórica conservada por el propio Estado argentino señala que aquella fórmula adicional buscaba sofocar los rumores sobre una eventual dominación extranjera, mientras otras reconstrucciones históricas explican que existían especulaciones sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.

La idea de fondo era mucho más profunda que la disputa circunstancial entre distintas facciones políticas. Ser independiente significaba conservar la capacidad de decidir el propio destino, incluso cuando el escenario internacional obligara a negociar, establecer alianzas o convivir con potencias mucho más poderosas. San Martín, Belgrano y buena parte de los dirigentes de aquel proceso entendían que la emancipación debía ser continental y que la supervivencia de las nuevas naciones dependía, en buena medida, de no quedar sometidas a los intereses de las grandes potencias de la época. El propio Estado argentino reconoce que el Congreso de 1816 rechazó fórmulas intermedias que pudieran desembocar en alguna forma de protectorado.

Dos siglos después, la pregunta puede formularse de otra manera: ¿se puede hablar de soberanía plena sobre Malvinas mientras la estrategia para defender esa soberanía queda estrechamente asociada a una potencia extranjera?

No se trata de equiparar automáticamente una base militar contemporánea con un protectorado colonial del siglo XIX. Sería históricamente incorrecto. Una cooperación militar no implica por sí misma pérdida de soberanía. Pero sí resulta legítimo discutir qué intereses estratégicos persigue esa cooperación, quién define sus objetivos y qué margen conserva la Argentina para establecer una política autónoma en el Atlántico Sur.

Y ahí aparece un antecedente que resulta particularmente incómodo para el relato actual.

En abril de 2024, Milei había dicho que la instalación de una base estadounidense en Ushuaia constituía «el primer paso» para recuperar las Malvinas. En aquella oportunidad sostuvo que Estados Unidos era su aliado y vinculó explícitamente la presencia militar norteamericana en Tierra del Fuego con el reclamo argentino sobre las islas y la Antártida. También había destacado la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, y presentado la cooperación militar con Washington como parte de una estrategia de integración con Occidente.

La cuestión, entonces, no es solamente qué dijo Milei ayer sobre Malvinas. Es qué relación existe entre lo que dijo ayer y aquello que había dicho en 2024.

Malvinas, Trump y una oportunidad que no necesariamente es argentina

El otro elemento que vuelve especialmente significativo el discurso presidencial es Donald Trump. Apenas unos días antes, el mandatario estadounidense había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la cuestión Malvinas. Consultado en el Salón Oval sobre si Estados Unidos podía modificar su postura histórica, Trump respondió que revisa todas las posiciones y que esa era «solo una» entre muchas. No anunció un cambio concreto de política, pero dejó deliberadamente abierta una puerta.

El contexto importa. La declaración de Trump apareció en medio de sus fuertes presiones sobre el Reino Unido para que aumente su gasto militar y acompañe más decididamente la estrategia internacional de Washington. Por eso, una parte importante del análisis internacional interpreta la carta Malvinas no como un repentino descubrimiento de la causa argentina por parte de la Casa Blanca, sino como una herramienta de presión de Trump sobre Londres.

Y esto modifica considerablemente la lectura. Porque si Trump utiliza Malvinas como una ficha en su negociación con el Reino Unido, la causa argentina corre el riesgo de convertirse nuevamente en una pieza dentro del tablero estratégico de una potencia que tiene sus propios intereses globales.

Milei, naturalmente, puede considerar que esa circunstancia representa una oportunidad histórica. Y desde una perspectiva diplomática, cualquier modificación de la posición de una potencia como Estados Unidos puede resultar relevante para la Argentina. Pero existe una diferencia sustancial entre aprovechar una oportunidad internacional desde una posición autónoma y hacerlo subordinando la estrategia nacional a los intereses de quien ofrece esa oportunidad.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando la misma potencia que eventualmente podría modificar su postura sobre Malvinas es presentada por el Gobierno argentino como su principal aliado estratégico y cuando la presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego fue reivindicada por el propio Milei como parte del camino para recuperar las islas.

¿Contra Inglaterra con una mano y abrazados a Estados Unidos con la otra?

El discurso presidencial tiene, entonces, una paradoja difícil de esquivar. Milei endurece su posición frente a las empresas que explotan recursos naturales en Malvinas, cuestiona al Reino Unido y reivindica la soberanía argentina, pero al mismo tiempo acelera una infraestructura militar en el extremo sur cuyo desarrollo está inserto en una relación de cooperación estratégica con Estados Unidos.

Incluso las sanciones anunciadas ayer tienen un componente concreto que merece atención: el Gobierno apunta al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y pretende ampliar las herramientas para impedir que empresas vinculadas con esa explotación puedan operar en territorio argentino. La decisión coloca nuevamente los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la disputa, justamente cuando el petróleo de Malvinas empieza a adquirir una importancia económica y geopolítica cada vez mayor.

Pero la soberanía no se reduce a quién puede o no perforar un pozo. Soberanía también significa decidir con quién se establecen alianzas militares, qué fuerzas extranjeras participan de la arquitectura estratégica del territorio nacional, qué intereses se protegen y cuál es el grado de autonomía con el que se toman esas decisiones.

Por eso la frase incorporada al Acta de Independencia en 1816 vuelve a resultar incómodamente actual. Aquellos congresales no escribieron solamente que querían dejar de pertenecer a España. Escribieron que no querían pertenecer a ninguna otra dominación extranjera. Y lo hicieron precisamente porque conocían el riesgo de que una revolución emancipadora pudiera terminar cambiando de dueño.

La Argentina del siglo XXI no es la Argentina de 1816 y Estados Unidos no es Portugal. Las circunstancias son completamente diferentes. Pero la pregunta de fondo conserva una vigencia extraordinaria: ¿para recuperar una parte de nuestro territorio nacional necesitamos apoyarnos militarmente en otra potencia extranjera?

Milei parece haber encontrado en Malvinas una causa capaz de recuperar una bandera política que durante buena parte de su gobierno había quedado relegada detrás de su alineamiento incondicional con Washington y de sus elogios a Margaret Thatcher. Ahora el Presidente habla de soberanía, sanciona empresas que explotan recursos en las islas y anuncia mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

Pero justamente por eso la discusión merece ser mucho más profunda que una consigna. Malvinas no puede convertirse en una bandera que se agita contra Londres mientras se entrega el mapa estratégico del Atlántico Sur a Washington. Defender la soberanía argentina sobre las islas implica, también, discutir la soberanía sobre el territorio continental, los recursos naturales, el mar, la Antártida y las decisiones estratégicas que afectan a toda la región.

En 1816, los hombres reunidos en Tucumán entendieron que la independencia no consistía en elegir cuál sería la próxima potencia a obedecer. La independencia consistía en no tener amo. Dos siglos después, esa diferencia sigue siendo demasiado importante como para dejarla flotando en una cadena nacional.

 

 

El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?

Por Ignacia Fratelint para NLI

La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.

La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.

La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad

Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.

Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.

El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.

La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.

Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.

Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.

El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?

Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.

La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?

La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.

Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.

Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.

La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.

Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.

El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros

Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?

La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.

Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.

Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.

En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.

Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.

El espejismo de medir el éxito solamente en dólares

El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.

La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.

El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.

Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.

La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.

Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.

Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.

La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI

El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.

Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.

Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.

El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.

La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.

Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.

La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.

El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.

Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.