Política

 

La Independencia no terminó el 9 de julio de 1816. Al día siguiente, las Provincias Unidas seguían rodeadas por guerras, divisiones internas, amenazas externas y un futuro completamente incierto. La historia del verdadero «día después».

Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable

Durante generaciones, la historia argentina enseñó a imaginar el 9 de julio de 1816 como una especie de punto de llegada, una jornada en la que un grupo de congresales reunidos en Tucumán declaró la Independencia y, desde ese momento, nació la Argentina tal como hoy la conocemos. Sin embargo, la investigación histórica desarrollada durante las últimas décadas permite reconstruir un escenario muy diferente, mucho más complejo y profundamente humano, porque el verdadero desafío comenzó precisamente al día siguiente, cuando aquella declaración solemne debía convertirse en una realidad política, militar, económica y diplomática en un territorio atravesado por guerras, disputas internas y enormes incertidumbres.

Lo que ocurrió el 10 de julio de 1816 fue, justamente, el comienzo del trabajo más difícil. La emoción de haber proclamado la ruptura con la monarquía española convivía con una pregunta inevitable que nadie podía responder con certeza: ¿cómo sostener esa independencia frente a un imperio que todavía conservaba ejércitos poderosos, frente a provincias enfrentadas entre sí y frente a un mundo que, lejos de celebrar las revoluciones americanas, buscaba restaurar el viejo orden monárquico?

Una declaración que todavía debía hacerse realidad

La sesión del 9 de julio no había resuelto los principales problemas de las Provincias Unidas. El Congreso seguía reunido porque quedaban por discutir cuestiones fundamentales como la forma de gobierno, la organización institucional, la administración de los recursos públicos, la representación política de los distintos territorios y la estrategia diplomática para obtener reconocimiento internacional, un aspecto indispensable para garantizar la supervivencia del nuevo Estado.

En otras palabras, existía una declaración de independencia, pero todavía no existía una nación plenamente organizada. No había Constitución, tampoco un consenso definitivo sobre el modelo político, y las diferencias entre proyectos centralistas y federales seguían atravesando toda la vida pública.

La imagen de un país unido detrás de un mismo objetivo pertenece mucho más a la construcción posterior de la memoria nacional que a la realidad de aquellos días, porque el Congreso de Tucumán representaba solamente a una parte de las antiguas jurisdicciones del Virreinato del Río de la Plata, mientras otras regiones permanecían alejadas del proceso político o directamente enfrentadas con el Directorio instalado en Buenos Aires.

Una independencia rodeada por todos los frentes

Si el mapa político resultaba complejo, el militar era todavía más preocupante.

Al norte, las tropas realistas continuaban ocupando buena parte del Alto Perú y mantenían capacidad suficiente para intentar una nueva invasión sobre el actual territorio argentino. La resistencia dependía casi exclusivamente de la extraordinaria guerra de recursos organizada por Martín Miguel de Güemes, cuyos gauchos sostenían una frontera militar mediante tácticas de desgaste que impedían el avance español, aunque a un costo humano enorme para la población del noroeste.

Mientras tanto, en Mendoza, José de San Martín aceleraba la preparación del Ejército de los Andes, consciente de que la defensa permanente resultaba insuficiente y de que la única posibilidad estratégica consistía en trasladar la guerra hacia Chile y posteriormente hacia el Perú, donde se encontraba el principal centro del poder español en Sudamérica. Aquella expedición todavía era un proyecto que demandaba recursos, hombres, armamento, animales, alimentos y una organización logística sin precedentes para la región.

En simultáneo, la Banda Oriental se encontraba sometida a la invasión portuguesa iniciada meses antes, mientras las tensiones entre el Directorio y la Liga de los Pueblos Libres encabezada por José Gervasio Artigas impedían construir una estrategia común frente a los enemigos externos. Paradójicamente, el mismo territorio que acababa de proclamarse independiente enfrentaba conflictos militares tanto contra las fuerzas de la Corona española como entre los propios proyectos políticos surgidos de la Revolución de Mayo.

La independencia, entonces, no eliminó los peligros. Simplemente cambió la naturaleza de la lucha.

El mundo tampoco jugaba a favor

A menudo se olvida que la declaración de Tucumán ocurrió en uno de los momentos más adversos para cualquier revolución americana.

Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, las principales potencias europeas impulsaban la restauración de las monarquías tradicionales mediante el Congreso de Viena y la posterior Santa Alianza, un sistema internacional diseñado precisamente para impedir la expansión de los movimientos revolucionarios que habían sacudido Europa y América durante las décadas anteriores.

Desde esa perspectiva, la independencia declarada en Tucumán no contaba con un escenario internacional favorable. España pretendía recuperar sus colonias y buena parte de Europa compartía ese objetivo, mientras las Provincias Unidas carecían todavía del reconocimiento diplomático necesario para consolidarse como un Estado soberano.

No resulta casual que apenas diez días después, el 19 de julio de 1816, el Congreso decidiera ampliar el texto original agregando la expresión «y de toda otra dominación extranjera», una aclaración destinada a despejar cualquier sospecha de que la ruptura con España pudiera desembocar en la dependencia respecto de otra potencia europea.

Aquella modificación demuestra que los diputados seguían pensando la independencia como un proceso abierto, susceptible de ajustes conforme evolucionaban las circunstancias políticas y diplomáticas.

Lejos de la imagen de una obra terminada, el Congreso trabajaba casi diariamente para fortalecer una construcción institucional que todavía era extremadamente frágil.

La historia suele recordar el 9 de julio como el día en que nació la Independencia argentina, pero el 10 de julio de 1816 recuerda algo igualmente importante y quizá más cercano a la experiencia humana: las grandes transformaciones nunca concluyen con una firma ni con una proclamación solemne, sino que recién empiezan cuando llega el momento de sostenerlas frente a la realidad. Aquellos hombres salieron de la histórica casa de Tucumán sabiendo que no habían llegado a la meta, sino que acababan de asumir una responsabilidad inmensa cuyo resultado todavía era incierto, porque la libertad recién declarada debía defenderse en los campos de batalla, consolidarse en las instituciones, financiarse con una economía devastada y legitimarse ante un mundo que todavía no estaba dispuesto a reconocerla.

 

 

Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.

Por Roque Pérez para NLI

La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.

De combatir la «casta» a conservar sus privilegios

Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.

La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.

Una decisión que también genera preguntas judiciales

El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.

En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.

Los recursos del Estado vuelven al centro del debate

Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.

La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.

 

 

El Gobierno oficializó este martes el ascenso de Rodrigo Sbarra como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Se trata de un exfuncionario de Mauricio Macri cuyo nombre quedó asociado a uno de los episodios más llamativos de aquella gestión: el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en efectivo dentro de un escritorio de su despacho, dinero que aseguró haber «olvidado».

Por Roque Pérez para NLI

La designación de Rodrigo Alberto Sbarra quedó formalizada mediante el Decreto 579/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, en el marco de la reestructuración de la cartera que conduce Mario Lugones tras la salida de Guido Giana. Hasta ahora, Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa y pasó a ocupar uno de los cargos de mayor peso dentro de la estructura administrativa del ministerio.

El nombramiento vuelve a colocar en el centro de la escena a un funcionario cuya trayectoria política quedó marcada por un escándalo que estalló durante el gobierno de Mauricio Macri. En septiembre de 2018, cuando se desempeñaba como subsecretario de Coordinación del entonces Ministerio de Producción, una empleada encontró un sobre con 10.000 dólares guardado dentro de un escritorio que había pertenecido a Sbarra. El episodio dio lugar a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial.

El sobre con dólares que nunca pudo explicar del todo

Tal como informó oportunamente NLI en 2020, Sbarra sostuvo ante la Justicia que el dinero era de su propiedad y que simplemente se lo había «olvidado» dentro del mueble al dejar el cargo. Sin embargo, esa explicación no disipó las dudas, ya que los dólares no figuraban declarados en su patrimonio y la causa avanzó para determinar si existía un posible delito vinculado a la omisión de bienes.

Se complica la situación en la justicia del ex funcionario macrista Rodrigo Sbarra

La investigación judicial puso bajo la lupa la consistencia de su patrimonio, empresas y offshores y abrió interrogantes sobre el origen de ese dinero en efectivo. Aunque el exfuncionario intentó justificar la existencia de los dólares como un ahorro personal, el caso quedó instalado como uno de los símbolos de las contradicciones del discurso anticorrupción que Cambiemos exhibía durante su gestión.

Un viejo funcionario del PRO reciclado por Milei

Lejos de quedar relegado tras el cambio de gobierno, Sbarra fue reincorporado a la administración nacional por Milei. Primero ocupó cargos en la Jefatura de Gabinete y posteriormente desembarcó en el Ministerio de Salud, donde ahora fue promovido para administrar una de las áreas más sensibles de la cartera sanitaria.

Desde el Gobierno sostienen que el cambio responde a una reorganización administrativa y que Sbarra continuará impulsando las políticas de modernización y desburocratización del ministerio. Sin embargo, su designación inevitablemente reactiva el recuerdo de un episodio que nunca dejó de generar cuestionamientos públicos y que, para muchos, simboliza las inconsistencias de una dirigencia que hizo bandera de la transparencia mientras algunos de sus funcionarios debían explicar la aparición de miles de dólares sin declarar.

Con este nuevo nombramiento, Milei vuelve a apoyarse en cuadros provenientes del macrismo para ocupar puestos estratégicos de la administración nacional. En este caso, la decisión adquiere una carga política adicional porque recae sobre un funcionario cuyo nombre quedó asociado a una causa judicial que puso en duda la transparencia patrimonial de uno de los hombres de confianza del gobierno de Mauricio Macri.

 

 

El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.

Por Tomás Palazzo para NLI

Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.

La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.

Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables

La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen

La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.

En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.

La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.

Una excepción que amenaza con convertirse en regla

Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.

La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.

Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.

 

 

A casi un año y medio del estallido del caso $LIBRA, la investigación judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. Sin testigos citados, sin indagatorias, con la fiscalía admitiendo que carece de recursos técnicos y ahora con los querellantes apartados del expediente, la causa que salpica a Milei parece ingresar en un preocupante callejón sin salida.

Por Roque Pérez para NLI

Lo que comenzó como una investigación sobre la presunta estafa vinculada al lanzamiento y derrumbe del memecoin $LIBRA, promocionado por Milei, hoy exhibe un escenario que preocupa incluso a especialistas en derecho penal económico. Después de casi dieciocho meses de trámite, el expediente pasó por varios magistrados y fiscales, pero todavía no hubo declaraciones testimoniales relevantes, ni llamados a indagatoria para los principales involucrados, mientras continúan acumulándose cuestionamientos sobre el ritmo de la investigación.

Una resolución que cambió el escenario

La situación se agravó con la reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió excluir de la causa a todos los querellantes particulares al considerar que no acreditaron suficientemente haber sido damnificados por el colapso de $LIBRA.

La resolución generó fuertes críticas porque, según distintos especialistas, el magistrado habría avanzado sobre cuestiones de fondo que todavía deberían investigarse, al sostener que las pérdidas sufridas por los inversores podrían responder simplemente a la volatilidad propia del mercado de los llamados «memecoins» y no necesariamente a una maniobra fraudulenta.

Esa interpretación también llamó la atención porque el propio expediente reconoce que todavía no pudo reconstruirse completamente el recorrido del dinero ni identificarse a todos los titulares de las billeteras virtuales involucradas, una tarea indispensable para determinar si existió o no una operatoria fraudulenta.

Sin recursos, sin avances y con advertencias de impunidad

Otro dato que agrava el panorama es el reconocimiento formulado por el propio Ministerio Público Fiscal respecto de las dificultades para investigar operaciones complejas con criptomonedas.

Según consta en el expediente, la fiscalía admitió que no dispone del presupuesto, del software especializado ni de las licencias tecnológicas necesarias para reconstruir adecuadamente las transacciones realizadas mediante blockchain, una limitación que viene demorando medidas consideradas centrales para esclarecer los hechos.

Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa como amicus curiae, advirtieron que la combinación entre la exclusión de los querellantes y la demora en impulsar medidas clave incrementa seriamente el riesgo de impunidad.

Su director ejecutivo, Pedro Biscay, sostuvo que las demoras en ordenar indagatorias y avanzar sobre las máximas responsabilidades debilitan el proceso penal y comprometió que la organización continuará impulsando medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.

Una causa cada vez más cuestionada

La decisión de apartar a quienes se presentan como presuntas víctimas tampoco parece alinearse plenamente con criterios adoptados anteriormente por la Cámara Federal, que había permitido su participación mientras avanzaban diversas pericias técnicas sobre blockchain y trazabilidad de fondos.

Ahora, esos damnificados anticiparon que apelarán la resolución, mientras crecen las dudas sobre el futuro de una investigación que continúa sin definir responsabilidades pese a la enorme repercusión política e institucional que tuvo el caso desde febrero de 2025.

Con el expediente prácticamente estancado, sin avances sustanciales sobre los principales imputados y con limitaciones reconocidas por los propios investigadores, el caso $LIBRA se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la Justicia argentina para investigar presuntos delitos económicos cometidos mediante activos digitales, al tiempo que continúa proyectando una sombra política sobre Milei y su entorno.

 

 

Cuando la Selección Argentina enfrente el próximo viernes a Cabo Verde por un pase a los octavos de final del Mundial, no solo se cruzará con una de las grandes revelaciones del torneo. También se medirá con un país cuyo nombre aparece en uno de los documentos más trascendentales de la historia de América y, por extensión, de la propia Argentina. Mucho antes de que existieran nuestro país, Brasil o cualquiera de los actuales Estados sudamericanos, unas pequeñas islas frente a la costa occidental de África sirvieron como punto de referencia para dividir el mundo.

Por Alcides Blanco para NLI

La historia de la conformación territorial argentina comienza, en buena medida, con una línea imaginaria que el papa Alejandro VI ordenó trazar en 1493 y que debía medirse desde las islas de Cabo Verde. Aquella decisión, plasmada en la bula Inter Caetera, marcaría durante siglos la geografía política del continente y sería el antecedente directo del Tratado de Tordesillas, uno de los acuerdos diplomáticos más influyentes de la historia moderna.

Una línea imaginaria que cambió el mapa de América

Tras el primer viaje de Cristóbal Colón, Castilla y Portugal disputaban el control de las nuevas tierras descubiertas en el Atlántico. Para evitar un conflicto abierto, los Reyes Católicos recurrieron al papa Alejandro VI, quien emitió la bula Inter Caetera el 4 de mayo de 1493.

El documento establecía una línea de norte a sur ubicada 100 leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde. Todo lo que se descubriera al oeste correspondería a Castilla; lo situado al este quedaría para Portugal. Aunque la ubicación exacta de esa línea sigue siendo discutida por los historiadores debido a las distintas formas de medir las leguas y a que Azores y Cabo Verde no comparten el mismo meridiano, el principio político quedó establecido: el océano Atlántico sería dividido utilizando a Cabo Verde como referencia geográfica.

Portugal consideró insuficiente esa delimitación y exigió renegociarla. Apenas un año más tarde, ambas coronas firmaron el Tratado de Tordesillas, desplazando la línea hasta 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Ese cambio resultó decisivo: permitió que la futura costa brasileña quedara dentro de la esfera portuguesa mientras el resto de la mayor parte de Sudamérica permanecía bajo dominio castellano. Sin esa modificación probablemente hoy Brasil hablaría español, o incluso podría no existir como el país que conocemos.

Para la futura Argentina, aquellas decisiones tuvieron consecuencias enormes. Los territorios que luego integrarían el Virreinato del Río de la Plata y, más tarde, las Provincias Unidas y la República Argentina, quedaron comprendidos dentro del espacio jurídico adjudicado a la Corona de Castilla, sobre el cual se apoyaría posteriormente el principio del uti possidetis juris utilizado durante las independencias americanas, una doctrina del derecho internacional que establece que los nuevos Estados independientes conservan las fronteras administrativas que tenían cuando eran colonias.

Las pequeñas islas que terminaron entrando en la historia argentina

El archipiélago de Cabo Verde está formado por diez islas volcánicas ubicadas a unos 600 kilómetros de la costa africana. Cuando los navegantes portugueses llegaron allí hacia 1456 encontraron un territorio deshabitado, sin población permanente. Poco después comenzó su colonización y las islas se transformaron rápidamente en un importante centro de abastecimiento para las expediciones atlánticas y en uno de los principales puertos del comercio esclavista portugués entre África, América y Europa.

Durante siglos, Cabo Verde permaneció bajo dominio portugués y recién alcanzó su independencia el 5 de julio de 1975, luego de un largo proceso anticolonial impulsado junto con Guinea-Bisáu por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC).

Actualmente es una de las democracias más estables del continente africano y una economía que ha logrado destacarse por su desarrollo institucional, el turismo y los servicios, pese a la escasez de recursos naturales.

Aunque la relación entre Argentina y Cabo Verde nunca fue particularmente intensa, existen algunos vínculos interesantes. Durante fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX llegaron al país pequeños contingentes de inmigrantes caboverdianos, muchos de ellos marinos y trabajadores portuarios que se radicaron principalmente en Ensenada, Dock Sud y Mar del Plata. Con el tiempo formaron una de las comunidades afrodescendientes organizadas más importantes del país, conservando tradiciones culturales que aún hoy perduran en asociaciones civiles y centros culturales.

Paradójicamente, muchos argentinos desconocen esa presencia histórica mientras sí conocen a Cabo Verde únicamente por su selección de fútbol.

El viernes, cuando el árbitro dé inicio al partido entre Argentina y Cabo Verde, se enfrentarán dos países separados por más de nueve mil kilómetros de océano. Sin embargo, mucho antes de que existiera la camiseta albiceleste o la nación caboverdiana, aquellas islas africanas ya figuraban en el documento que comenzó a delinear el mapa político del continente donde nacería la Argentina. En cierto modo, la historia de nuestro territorio también empezó midiendo distancias desde Cabo Verde.