Política

 

Mientras La Libertad Avanza repite el discurso contra la “casta” y el empleo público, uno de sus referentes marplatenses registra antecedentes como empleado estatal en el Concejo Deliberante local.

Por Roque Pérez para NLI

David Urbani, presentado hoy como referente libertario en Mar del Plata y todo el partido de General Pueyrredón, construyó su perfil político con un libreto conocido: rechazo al Estado, demonización del empleo público y exaltación del “mérito individual”. Sin embargo, los archivos oficiales muestran una historia bastante menos disruptiva.

Según consta en el Decreto N.º 268 del 11 de diciembre de 2003, Urbani fue designado Auxiliar Administrativo en el Bloque de Concejales de CREAR MÁS LIBERTAD dentro del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Es decir, un cargo rentado en el Estado municipal, sostenido con fondos públicos.

El dato resulta incómodo para un espacio político que convirtió la crítica al “vivir del Estado” en una bandera identitaria. Más aún cuando se trata de un dirigente que hoy se muestra como parte de una supuesta renovación antipolítica, pero que inició su recorrido precisamente dentro de la estructura institucional que ahora denosta.

El doble discurso libertario

El caso de Urbani no es una excepción, sino un patrón que se repite en La Libertad Avanza: dirigentes que construyen discurso contra el sector público mientras registran antecedentes laborales en organismos estatales, legislaturas o bloques políticos. El problema no es haber trabajado en el Estado, sino ocultarlo o negarlo mientras se estigmatiza a otros trabajadores.

En sus apariciones públicas y en redes sociales, Urbani suele apuntar contra el “gasto político”, los “ñoquis” y la supuesta ineficiencia estatal. Sin embargo, su designación como auxiliar administrativo demuestra que su vínculo con el Estado no fue solo retórico, sino también contractual y concreto.

El contraste se vuelve todavía más marcado si se tiene en cuenta que ese tipo de cargos —auxiliares administrativos en bloques— forman parte del engranaje básico de la actividad legislativa, la misma que el libertarismo califica de parasitaria cuando se trata de otros espacios políticos.

La casta siempre es el otro

En Mar del Plata, La Libertad Avanza intenta consolidarse como fuerza “antisistema”, aunque muchos de sus cuadros locales, como Urbani, muestran trayectorias que desmienten ese relato. El paso por el Concejo Deliberante no es un pecado, pero sí deja en evidencia la hipocresía de un discurso que señala con el dedo mientras esconde su propio prontuario administrativo.

La pregunta que queda abierta no es si Urbani trabajó o no en el Estado —los documentos lo confirman—, sino por qué ese pasado desaparece cuando se construye el personaje libertario. Tal vez porque, una vez más, la casta no es una categoría política real, sino un recurso discursivo que siempre se aplica a los demás.

 

 

Mientras el Gobierno insiste con el discurso del ajuste, el equilibrio fiscal y la motosierra, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incluye una partida millonaria para remodelar y mantener la residencia oficial argentina en Washington. No se trata de un consulado ni de un edificio de atención pública, sino de una vivienda de representación política, ubicada en uno de los barrios más caros de la capital estadounidense.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Presupuesto 2026, presentado como una hoja de ruta guiada por el “equilibrio fiscal” que impulsa Milei como ancla inflacionaria, vuelve a exhibir sus contradicciones. Entre recortes, prórrogas y reasignaciones que afectan áreas sensibles del gasto público, aparece una de esas perlitas que no pasan desapercibidas: una obra millonaria en el exterior, financiada por el Estado argentino, en plena era del ajuste permanente.

La iniciativa figura en el artículo 11 del proyecto, que habilita la contratación de obras y adquisiciones con incidencia en ejercicios futuros. Allí se incluye el proyecto 40, denominado “Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington”, bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dentro del Programa 2: Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales.

Millones para una residencia, no para la comunidad

Según el texto presupuestario, el costo total de la obra asciende a 9.429 millones de pesos, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares al tipo de cambio actual. El gasto está planteado como un esquema plurianual que se extenderá entre 2026 y 2028.

Para el ejercicio 2026 se prevé una partida inicial de 5.388 millones de pesos, destinada a bienes de uso, lo que representaría un avance físico del 57,14% del proyecto. En 2027 se sumarían 3.852,4 millones de pesos, alcanzando un progreso acumulado del 98%, y finalmente en 2028 se asignarían 188,6 millones de pesos para completar el 100% de la obra.

Sin embargo, los fundamentos del Presupuesto no detallan los alcances concretos de la remodelación, ni desagregan los costos, los plazos específicos o las etapas técnicas del proyecto. Tampoco se explicita si la cifra corresponde a un único contrato o a varias intervenciones sucesivas. El número aparece consolidado, sin mayor desarrollo ni información pública complementaria.

Sin informes, sin urgencias, sin explicaciones

Desde la Cancillería no se difundieron informes oficiales que expliquen el estado edilicio actual del inmueble ni la supuesta urgencia de una intervención de esta magnitud. No hay antecedentes recientes de advertencias sobre riesgos estructurales, incumplimientos normativos o situaciones de emergencia que justifiquen un desembolso millonario en dólares.

Por el contrario, todo indica que se trata de gastos mayormente estéticos o de puesta en valor, en una residencia destinada exclusivamente a la representación política del país en Estados Unidos. Nada de atención consular, nada de servicios a la comunidad migrante, nada de funciones públicas directas.

A esto se suma un problema adicional: los mecanismos de control. Las obras en el exterior presentan dificultades extra para el seguimiento administrativo y la auditoría. Contrataciones, proveedores y certificaciones suelen regirse por una combinación de normativa argentina y regulaciones locales. Sin información pública detallada, el control queda limitado a organismos que ya operan con recursos recortados.

Antecedentes: la remodelación macrista

No es la primera vez que la residencia oficial en Washington aparece en el Presupuesto. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se incluyó una partida de 3,5 millones de dólares para la “Remodelación Embajada y Residencia en Washington – Etapa II”.

En aquel entonces, el presupuesto contemplaba un monto base de 2.964.000 dólares, más un adicional del 20% para cubrir eventuales variaciones de costos. Esa previsión generó polémica, ya que la inflación acumulada en Estados Unidos durante 2015 había sido de apenas 1,5%, lo que ponía en duda la justificación de semejante margen extra.

Desde la propia embajada argentina explicaron en ese momento que los fondos se destinarían a reformas estructurales: instalaciones eléctricas, redes de agua y cloacas, calefacción, tratamiento de humedades en cimientos, reparación integral de techos y puesta en valor general del edificio. También se argumentó que no se habían realizado obras en la residencia oficial desde la década del 60.

Un barrio top, precios que incomodan

La residencia oficial argentina se encuentra en el exclusivo barrio de Dupont Circle, una de las zonas más cotizadas de la capital estadounidense. El inmueble fue originalmente construido para George Franklin Huff, congresista republicano de Pennsylvania, y diseñado en 1906 por el reconocido arquitecto Horace Trumbauer. El Estado argentino compró la propiedad en 1913, tras el fallecimiento de Huff.

Un relevamiento básico del mercado inmobiliario en la zona muestra que casas de características similares se ofrecen hoy por valores que oscilan entre 1,7 y 1,9 millones de dólares. Es decir, montos muy por debajo de los 6,4 millones de dólares que el Presupuesto 2026 proyecta gastar en la remodelación.

Ajuste para adentro, dólares para afuera

El contraste es evidente. Mientras el Gobierno ajusta jubilaciones, salarios, universidades y políticas sociales, no escatima recursos para mantener y embellecer una residencia de lujo en el exterior. Todo en nombre de un equilibrio fiscal que, una vez más, no parece aplicarse cuando se trata de los intereses y comodidades del poder.

 

 

Así lo resolvieron los médicos luego de ser internada.

Por la Redacción de NLI

Tras ser internada en el Sanatorio Otamendi por un profundo dolor estomacal, Cristina Kirchner será operada de apendicitis.

El episodio ocurrió en su departamento de la calle San José al 1100. Ante la dolencia, un equipo médico se presentó en el lugar y, tras una primera evaluación, resolvió que era necesario su traslado a un centro de salud para realizarle estudios más exhaustivos.

Con la correspondiente autorización judicial, Cristina fue derivada al Sanatorio Otamendi, institución en la que suele atenderse y donde permanece internada para su observación. Ese centro de salud fue el mismo en el que, en 2021, se sometió a una histerectomía, última intervención quirúrgica de la que se tuvo conocimiento público.

Fuentes vinculadas a su estado, señalaron que presentaba un cuadro de apendicitis del cual será intervenida a la brevedad.

La apendicitis es la inflamación e infección del apéndice, un pequeño saco en forma de dedo unido al intestino grueso, generalmente en la parte inferior derecha del abdomen. Ocurre cuando se obstruye (por heces, objetos o tumores), lo que causa una infección bacteriana, hinchazón y dolor abdominal intenso que suele empezar alrededor del ombligo y moverse hacia la derecha, siendo una urgencia médica que requiere tratamiento para evitar que se rompa y cause complicaciones graves.

 

 

En diciembre de 1945, una decisión política cambió para siempre la relación entre el trabajo y el Estado en la Argentina. El aguinaldo no nació como beneficio ni regalo: fue una conquista obrera institucionalizada por el peronismo, resistida por el poder económico y defendida en la calle.

Por Alcides Blanco para NLI

El 20 de diciembre de 1945, fecha de la que hoy se cumplen ocho décadas, el gobierno surgido de la Revolución del ’43 firmó el Decreto N.º 33.302/45, que creó el Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida fue impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón, cuando todavía no había sido electo presidente.

Aquella decisión no fue técnica ni neutra. Fue profundamente política: reconocía que el salario no alcanzaba solo para reproducir la fuerza de trabajo, y que el Estado debía intervenir para equilibrar una relación históricamente desigual entre capital y trabajo. Por primera vez, el ingreso anual del trabajador pasaba a ser un asunto de política pública.

El decreto que desató la furia patronal

El Decreto 33.302/45 establecía el pago de un salario adicional anual, equivalente a la doceava parte de lo percibido durante el año. La reacción del empresariado fue inmediata y feroz. Las cámaras patronales denunciaron que el aguinaldo era “confiscatorio”, “inviable” y “demagógico”. Los grandes diarios de la época editorializaron contra la medida y auguraron caos económico.

La respuesta vino desde abajo. Miles de trabajadores salieron a la calle para defender el decreto, en un clima político todavía marcado por la reciente liberación de Perón tras el 17 de Octubre. El aguinaldo se transformó así en algo más que un ingreso extra: se convirtió en un símbolo del nuevo pacto social que estaba naciendo.

No es un dato menor que el aguinaldo haya sido creado antes de la presidencia formal de Perón. Eso explica por qué su origen está ligado a la Secretaría de Trabajo y Previsión y no a una ley del Congreso: el poder real de esa política no estaba en los despachos, sino en la organización obrera.

De conquista a derecho permanente

Ya con Perón en la Presidencia, en 1946, el aguinaldo fue ratificado por ley e incorporado de manera definitiva al sistema laboral argentino. A partir de allí, ningún gobierno pudo eliminarlo sin enfrentar un enorme costo político y social.

Con el tiempo, el Sueldo Anual Complementario pasó a abonarse en dos cuotas, en junio y diciembre, como rige actualmente. Esa modificación administrativa no alteró su esencia: el reconocimiento de que el salario mensual no agota el valor del trabajo realizado durante el año.

Durante las dictaduras y los períodos neoliberales, el aguinaldo fue atacado indirectamente: licuado por la inflación, precarizado mediante empleo informal o directamente negado a millones de trabajadores excluidos del sistema. Pero incluso en esos contextos, el derecho nunca fue derogado, lo que habla de su profunda legitimidad social.

Ocho décadas después, el sentido sigue en disputa

A 80 años de su creación, el aguinaldo vuelve a ser cuestionado, esta vez desde discursos que lo presentan como “un costo”, “una carga” o “un privilegio”. Es el mismo lenguaje patronal de 1945, reciclado con estética libertaria y retórica antisindical.

Recordar el origen del aguinaldo no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia histórica: los derechos laborales no nacen del mercado ni de la buena voluntad empresaria. Nacen de decisiones políticas respaldadas por organización popular.

El aguinaldo fue, y sigue siendo, una frontera. De un lado, quienes creen que el trabajo es una mercancía más. Del otro, quienes sostienen que sin justicia social no hay democracia posible.

Ochenta años después, la pregunta no es si el aguinaldo “se puede pagar”. La verdadera pregunta es qué tipo de país se quiere construir.

 

 

La expresidenta presentaba un dolor abdominal.

Por la Redacción de NLI

La expresidenta Cristina Kirchner fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, a donde ingresó a partir del cuadro médico observado por profesionales que acudieron a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.

Desde su entorno, señalaron en Ámbito, «Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio».

 

 

Mientras el discurso libertario insiste con la épica del outsider y el desprecio por el Estado, el gobierno de Milei sigue poblando ministerios con militantes mediáticos propios. Esta vez, el beneficiado es un joven panelista de streaming, surgido del riñón de Las Fuerzas del Cielo, que asegura no interesarse por los cargos pero termina, una vez más, cobrando del erario público.

Por Roque Pérez para NLI

La agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, que tiene como principales referentes al propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y al diputado provincial Agustín Romo, suma un nuevo integrante dentro del Estado. Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual de La Misa, el programa ultraoficialista que conduce Parisini.

Promanzio fue convocado por el teniente general Carlos Alberto Presti para incorporarse al Ministerio de Defensa, cartera que conduce tras la salida de Luis Petri. El propio streamer confirmó su desembarco, aunque evitó precisar funciones. “A partir de ahora voy a estar dando una mano y trabajando, no voy a profundizar en detalles”, dijo en La Letra Chica, el programa que conduce en Neura. Desde el oficialismo reconocieron que todavía no hay definición formal sobre su rol concreto.

De Rosario al Ministerio, sin escalas ni concursos

El nuevo funcionario libertario es oriundo de Rosario, Santa Fe, y se presenta como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral. Como otros cuadros de Las Fuerzas del Cielo, Promanzio logró un acceso directo al círculo de poder: incluso tuvo ubicación privilegiada en la presentación de los aviones de combate F-16, adquiridos por el Gobierno a Dinamarca.

Fiel al libreto, Promanzio aseguró que “no le interesan los cargos”, pero que aceptó el llamado para colaborar con el objetivo de que “la Argentina vuelva a ser grande”, adaptación local del eslogan de Donald Trump que Milei repite como mantra. La frase resume, sin demasiados matices, la mezcla de nacionalismo retórico y subordinación cultural que atraviesa al mileísmo.

En La Misa, Promanzio suele encargarse de informes vinculados a Defensa o geopolítica. El ciclo, que se emite de lunes a viernes de 21 a 23, funciona como una usina de bajada de línea oficial. Con Parisini como figura central, el programa opera como un “6,7,8” libertario, aunque sin humor ni diversidad de voces: un espacio destinado a ordenar el discurso del núcleo duro de Milei y a fogonear el fanatismo digital.

Streaming, militancia y sueldos del Estado

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, La Misa se consolidó como uno de los símbolos de la llamada “batalla cultural”. Allí se legitiman ataques a opositores, se desacredita al periodismo y se construye una narrativa épica que justifica cada ajuste. El propio Javier Milei visita con frecuencia los estudios de Carajo, ubicados en Palermo, donde dialoga en un clima distendido con sus propagandistas preferidos.

Por el programa también desfilan funcionarios en actividad, como el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, apodado “El Profe”, encargado de mezclar citas históricas, afirmaciones grandilocuentes y consignas ideológicas.

La lista de militantes de Las Fuerzas del Cielo con cargos estatales es extensa: Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Lucas Luna, al frente de Intercargo; Nahuel Sotelo, que dejó la Secretaría de Culto para volver a la Legislatura bonaerense; y el propio Romo, jefe del bloque libertario en Buenos Aires. Todos predican el achicamiento del Estado mientras engrosan su nómina.

A ellos se suman figuras periféricas del streaming como “Piro”, sobrino de Carlos Pirovano, y el youtuber Mariano Pérez, fundador de Breaking Point. El patrón se repite: militancia digital, fidelidad absoluta y premio en forma de cargo.

El perfil empresario detrás del discurso antisistema

Detrás del relato juvenil y rebelde, el nuevo funcionario responde a un perfil bastante clásico. Promanzio, de 23 años recién cumplidos, proviene de una familia acomodada de Rosario, vinculada al mundo del rugby. Es hijo de Carlos Eduardo Promanzio y Mariela Verónica Guidoni. Junto a su padre y su hermano menor, es dueño de CEPRO S.R.L., una distribuidora de alimentos. Además, creó con su madre RADAR AUSTRAL S.R.L., un sitio de noticias de política internacional desde el cual comercializa merchandising militar por internet.

Nada demasiado disruptivo: empresa familiar, vínculos sociales sólidos y llegada directa al poder político. La diferencia es el envase: streaming, memes y consignas libertarias para justificar lo de siempre.