Política

 

Mientras desde la semana pasada los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel cero, el Gobierno de Milei decidió también llevar a cero el aporte obligatorio que las empresas electrónicas de Tierra del Fuego debían hacer al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. La combinación de ambas medidas redefine el equilibrio del sector, beneficia a los grandes jugadores y deja en suspenso la promesa de diversificar la economía fueguina.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía publicada hoy en e Boletín Oficial, fijó en 0 % el aporte que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego estaban obligadas a realizar al FAMP – Fueguina, un fondo creado para ampliar la matriz productiva provincial. Ese aporte, establecido en el Decreto 727/2021, equivalía al 15 % del beneficio obtenido por IVA y había sido presentado como la contraprestación para extender hasta 2038 los beneficios del régimen especial de la Ley 19.640.

La decisión se conoce en paralelo a la eliminación total del arancel de importación de celulares, que completó el esquema iniciado en mayo de 2025 con el Decreto 333, cuando el derecho bajó del 16 % al 8 %. Desde el jueves pasado, el arancel pasó a cero, cerrando el cronograma definido por el propio Gobierno.

---

Dos decisiones que cambian el tablero

La eliminación del arancel a los celulares fue presentada por el oficialismo como una medida para “bajar precios y aumentar la competencia”. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión en redes sociales asegurando que implicaba “menos impuestos y mejores precios para todos”. Sin embargo, los datos del sector muestran que la reducción previa del arancel no generó una avalancha de importaciones legales: en todo 2025 ingresaron por canales formales poco más de 334 mil celulares, una cifra incluso levemente inferior a la de 2024.

En ese escenario, la Resolución 20/2026 aparece como la otra cara de la misma política. Ante la pérdida de competitividad provocada por la desregulación económica y la apertura comercial, el Gobierno optó por aliviar completamente la carga que recaía sobre las empresas fueguinas, eliminando el aporte al fondo que debía financiar nuevos proyectos productivos.

El argumento oficial reconoce explícitamente que las condiciones tributarias y arancelarias cambiaron en perjuicio de la industria local, lo que habilitó, según la normativa vigente, la reducción del aporte incluso hasta cero. La recomendación fue avalada por el Comité Ejecutivo del propio FAMP y por informes técnicos del Ministerio de Economía.

---

Tierra del Fuego: alivio empresario, fondo vaciado

Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas de la isla, señalaron que la apertura importadora implicó un desafío significativo para el sector y que, desde el anuncio del Decreto 333, se avanzó en reducción de costos, mejoras logísticas y eficiencia productiva, incluyendo la utilización de bitrenes y la eliminación de impuestos internos para los productos fabricados en la provincia.

Sin embargo, el núcleo del problema, según las propias empresas, no es la importación legal, sino el contrabando: uno de cada tres celulares que se activan en la Argentina no se fabrica en el país ni ingresa por canales oficiales. En ese marco, la industria electrónica emplea cerca de 10 mil personas, unas 4 mil en el segmento de celulares, y ya se registró la caída de alrededor de 500 contratos, en un contexto de demanda deprimida.

La resolución deja en evidencia una contradicción central: mientras se mantiene intacto el régimen promocional hasta 2038, se elimina el principal mecanismo pensado para financiar la diversificación productiva. El FAMP, creado para reducir la dependencia del ensamblaje electrónico, queda sin su fuente más relevante de ingresos justo cuando la apertura comercial vuelve a tensionar el modelo.

---

Precios, importadores y el relato oficial

En el comercio minorista, la eliminación del arancel impacta principalmente en los celulares importados de alta gama, como el iPhone. Desde las cadenas especializadas admiten que los 8 puntos de arancel son 8 puntos de costo, y que parte de la baja ya fue trasladada a precios. Algunos modelos redujeron su valor hasta un 30 % en términos reales, empujados también por la caída del consumo.

No obstante, incluso desde el sector privado reconocen que el margen para nuevas bajas es limitado, entre otros factores por el encarecimiento global de memorias y componentes vinculados al boom de la inteligencia artificial. En ese contexto, la apertura no garantiza ni precios populares ni un mercado más ordenado, mientras el contrabando sigue siendo el principal factor distorsivo.

La combinación de arancel cero para importar celulares y aporte cero para las empresas fueguinas deja un mensaje claro: el Estado resigna herramientas de regulación y financiamiento productivo, confía en el ajuste del mercado y posterga, una vez más, la discusión de fondo sobre el modelo industrial.

 

 

El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.

---

Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores

Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.

La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.

El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.

---

El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste

Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.

Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.

No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.

---

Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria

La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.

No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.

La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.

---

Un mensaje claro: incumplir paga

Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.

Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.

 

 

Se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Mediante el Decreto 24/2026, Milei convocó al Congreso a Sesiones Extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. En el temario aparece como prioridad la llamada “Modernización Laboral”, una iniciativa que apunta a recortar derechos históricos de las y los trabajadores bajo el eufemismo de la competitividad y que el Gobierno intenta aprobar con el menor debate posible.

El decreto firmado por Milei y Manuel Adorni formaliza la convocatoria al Honorable Congreso de la Nación en pleno receso estival. No se trata de una urgencia institucional ni de una crisis imprevista: el objetivo político es claro y está explicitado en el Anexo I, donde la reforma laboral ocupa un lugar central dentro de la agenda oficialista.

La convocatoria se extiende del 2 al 27 de febrero, un período acotado que reduce los márgenes de discusión pública y parlamentaria. En ese marco, el Ejecutivo busca acelerar proyectos sensibles que no logró imponer durante el período ordinario, entre ellos el proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Senado como mensaje 35/25.

Una reforma laboral para disciplinar al trabajo

Detrás del rótulo de “modernización”, el proyecto laboral de Milei retoma los lineamientos clásicos del ajuste estructural: flexibilización de las condiciones de contratación, debilitamiento de la negociación colectiva y reducción de costos empresariales a expensas de la estabilidad y los ingresos de los trabajadores.

La iniciativa no surge del diálogo social ni del consenso con las organizaciones sindicales. Por el contrario, responde a las exigencias de los grandes grupos económicos y a la agenda del capital financiero, que desde hace décadas presiona para “abaratar” el trabajo en la Argentina.

La inclusión de este proyecto en el temario de extraordinarias confirma que el Gobierno considera a los derechos laborales como un obstáculo y no como una conquista social. La estrategia es avanzar rápido, con el Congreso funcionando a media máquina y con la atención pública dispersa en pleno verano.

El Congreso como escribanía del ajuste

La convocatoria a extraordinarias también incluye otros temas de alto impacto, como la adecuación de la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo Unión Europea–Mercosur. Sin embargo, la reforma laboral aparece como el núcleo duro del programa de Milei, una pieza clave de su ofensiva contra el mundo del trabajo.

Al fijar un temario cerrado, el Ejecutivo condiciona el debate parlamentario y presiona a las bancadas para alinearse o quedar expuestas como “obstructoras”. Es el mismo esquema de imposición que Milei intentó desde el primer día de su gestión, ahora reciclado bajo la forma institucional de un decreto de convocatoria.

La designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador también figura en la agenda, pero funciona más como distracción política que como prioridad real. El verdadero interés del Gobierno está puesto en reconfigurar las relaciones laborales para consolidar un modelo de salarios bajos, empleo precario y sindicatos debilitados.

Febrero caliente y resistencia social

La reforma laboral no es un tema técnico ni administrativo: afecta de manera directa la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, la decisión de discutirla en sesiones extraordinarias anticipa un febrero de fuerte tensión política y social.

Mientras Milei insiste en presentar el ajuste como inevitable, crece el rechazo de los sectores sindicales y sociales que advierten que detrás de la “modernización” se esconde un retroceso histórico en materia de derechos laborales. El Congreso tendrá la responsabilidad de decidir si actúa como caja de resonancia del ajuste o como ámbito de representación popular.

Lo que está en juego no es una ley más, sino el modelo de país. Y el Gobierno de Milei ya dejó claro de qué lado está.

 

 

Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.

No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.

Seis casos, un mismo libreto

En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.

En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.

Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.

El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.

En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.

Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.

Patricia Bullrich estuvo en el caso Nisman.
Bullrich estuvo en el caso Maldonado.
Bullrich estuvo en el caso Facundo Molares.
Bullrich estuvo en el caso Fabrizia Pegoraro.
Bullrich estuvo en el caso Pablo Grillo.
Bullrich estuvo en el atentado contra Cristina Fernández de… https://t.co/8WGLRkG2Qj

— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) January 18, 2026

Siempre antes, nunca después

El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.

Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.

Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.

La responsabilidad que no prescribe

La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.

Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.

 

 

Once años después de la muerte de Alberto Nisman, el expediente judicial sigue sin una sola prueba concreta que permita sostener la hipótesis de homicidio. Sin embargo, el caso fue utilizado como una herramienta política decisiva para erosionar al kirchnerismo, legitimar operaciones mediáticas y construir un relato funcional al avance de la derecha en la Argentina. Lejos de la verdad judicial, lo que se consolidó fue una ficción útil al poder real.

Por Roque Pérez para NLI

Un expediente sin pruebas, pero con relato

Desde la madrugada del 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, la causa estuvo atravesada por una anomalía central: no existe prueba material directa que indique la participación de terceros en su muerte. No hay registros de ingreso forzado, no hay signos de lucha, no hay rastros de otra persona en la escena y no hay evidencia científica concluyente que demuestre un asesinato.

A lo largo de los años, peritajes oficiales y de parte confirmaron datos incómodos para el relato instalado: la puerta estaba cerrada desde adentro, el arma pertenecía a un colaborador cercano y no se detectaron huellas de terceros en el departamento. Incluso el análisis de las comunicaciones, movimientos y contexto personal de Nisman mostró un cuadro de aislamiento, presión política, desgaste profesional y un fracaso procesal inminente.

La denuncia que el fiscal había presentado días antes contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán carecía de sustento jurídico y no había sido acompañada por pruebas nuevas ni consistentes. En términos judiciales, se trataba de una acusación endeble, destinada a naufragar en los tribunales.

La operación: cuando la política reemplazó a la justicia

Lo que siguió fue una construcción perfectamente sincronizada. Antes de que avanzara la investigación, el sistema mediático concentrado decretó el veredicto: “lo mataron”. Editoriales, tapas, móviles en vivo y opinadores seriales instalaron una certeza sin respaldo probatorio, mientras sectores del Poder Judicial se alineaban para sostener esa hipótesis contra toda evidencia.

La llamada “marcha del silencio” fue el punto de inflexión simbólico: jueces, fiscales y dirigentes opositores marchando bajo consignas ambiguas, no para exigir verdad, sino para consolidar un clima destituyente. El expediente pasó a segundo plano; lo central era el impacto político.

Con el tiempo, la causa fue desplazada de los fueros ordinarios a Comodoro Py, se forzaron cambios de carátula y se promovieron pericias orientadas a confirmar una hipótesis previa. La investigación dejó de buscar qué pasó y pasó a buscar cómo justificar un asesinato sin pruebas.

El trampolín de la derecha y el silencio posterior

El “caso Nisman” funcionó como un dispositivo de legitimación política. Sirvió para criminalizar al kirchnerismo, para presentar a la dirigencia popular como capaz de cualquier cosa y para justificar un clima de persecución judicial que luego se profundizó con el lawfare. No es casual que muchos de los protagonistas mediáticos y judiciales de aquella operación terminaran alineados con el macrismo primero y con el actual experimento ultraderechista después.

Once años después, el contraste es brutal: no hay responsables condenados, no hay pruebas nuevas, no hay avances reales, pero el relato sigue siendo repetido como dogma por los mismos sectores que se beneficiaron políticamente de su instalación. Cuando el expediente no sirve para condenar, se lo usa para estigmatizar.

La muerte de Nisman fue una tragedia personal y familiar. La utilización política de esa muerte fue una tragedia institucional. Convertir un suicidio en una épica conspirativa no fue un error: fue una decisión consciente del entramado político-mediático-judicial que necesitaba un mártir para empujar a la Argentina hacia la derecha.

Once años después, la verdad judicial sigue siendo clara, aunque incómoda: no hay pruebas de asesinato. Lo que sí hubo —y sigue habiendo— es una operación de poder que convirtió una muerte en una herramienta política.

 

 

El ferrocarril no fue simplemente un medio de transporte más. A lo largo del siglo XIX se convirtió en una de las transformaciones materiales más profundas del capitalismo industrial, capaz de modificar economías, territorios, ritmos de vida y relaciones sociales. Allí donde apareció, alteró de manera irreversible la forma de producir, de comerciar y de habitar el espacio. Como explican Teresa Eggers Brass y Marisa Gallego en su manual Historia mundial contemporánea, el tren fue una de las herramientas centrales mediante las cuales la Revolución Industrial logró integrar espacios distantes a la economía nacional e internacional.

Por Walter Onorato para NLI

En los países extensos y con escasas vías fluviales navegables, el ferrocarril cumplió una función decisiva: redujo distancias que antes parecían insalvables, integró regiones aisladas y permitió articular economías locales con mercados nacionales e internacionales. En Estados Unidos, la unión ferroviaria del Este con el Oeste en 1869 selló la expansión territorial y la consolidación de un mercado interno continental. En la Argentina, el ferrocarril posibilitó el abaratamiento de los fletes y transformó a los cereales y las carnes en pilares del modelo agroexportador, incorporando vastas zonas productivas al circuito del comercio mundial.

Una infraestructura funcional a la especialización primaria de la economía

El ferrocarril fue introducido formalmente en la Argentina en 1857, con la inauguración del Ferrocarril del Oeste, que unía la ciudad de Buenos Aires con la zona de Floresta. A diferencia de una idea muy difundida, este primer emprendimiento no fue financiado por capitales extranjeros, sino principalmente por capitales locales y estatales. El Estado de la provincia de Buenos Aires, junto con comerciantes y estancieros vinculados al comercio exterior, impulsó esta inversión como una forma de modernizar el transporte y reducir los costos logísticos.

Sin embargo, esta etapa inicial dio paso rápidamente a una segunda fase. Desde la década de 1860 y, sobre todo, tras la consolidación del Estado nacional, la expansión ferroviaria quedó dominada por el capital británico. Bancos, empresas y fondos de inversión ingleses encontraron en la Argentina un destino rentable para el excedente de capital generado por la Revolución Industrial. El Estado argentino ofreció concesiones amplias, garantías de rentabilidad y beneficios fiscales, asegurando altas ganancias a los inversores extranjeros.

El resultado fue una red ferroviaria diseñada principalmente para servir al modelo agroexportador. El trazado adoptó una forma radial, con centro en el puerto de Buenos Aires, orientada a transportar materias primas desde el interior hacia el mercado mundial. A diferencia de lo ocurrido en los países industrializados, el ferrocarril argentino no fue concebido como una herramienta para integrar un mercado interno industrial, sino como una infraestructura funcional a la especialización primaria de la economía.

A todo vapor

Como todo producto de la Revolución Industrial, el ferrocarril no surgió plenamente desarrollado. Su evolución fue lenta en los comienzos y explosiva en las décadas posteriores, acompañando el proceso de acumulación de capital y la expansión industrial. Ya en el siglo XVII existían sistemas primitivos de rieles de madera por los que circulaban vagonetas tiradas por caballos, utilizadas para transportar carbón desde las minas hasta los puertos. Aquellas soluciones técnicas anticipaban una lógica que luego se profundizaría: organizar el transporte masivo de mercancías de manera regular y eficiente.

El verdadero salto tecnológico se produjo a comienzos del siglo XIX, cuando los rieles de madera fueron reemplazados por rieles de hierro y se diseñaron las primeras locomotoras a vapor capaces de arrastrar varios vagones al mismo tiempo. En un primer momento, el ferrocarril se utilizó casi exclusivamente para el transporte de cargas minerales en Inglaterra, ya que el traslado de pasajeros resultaba todavía demasiado costoso. Sin embargo, la reducción progresiva de los costos y las mejoras técnicas permitieron su rápida expansión como medio de transporte masivo.

La inauguración de la línea Liverpool–Manchester en 1829 marcó un punto de inflexión histórico. Por primera vez, dos grandes centros industriales quedaron unidos de manera permanente, acelerando la circulación de mercancías, personas e información. Para mediados del siglo XIX, Gran Bretaña ya contaba con miles de kilómetros de vías férreas y, hacia fines de ese siglo, transportaba millones de pasajeros de distintas clases sociales, consolidando una nueva experiencia del tiempo, el espacio y la movilidad.

La construcción de los ferrocarriles implicó una transformación profunda del territorio. No se trató solo de fabricar locomotoras, vagones y rieles, sino de levantar estaciones, talleres, depósitos y puentes, abrir túneles, cortar montañas y construir viaductos. El ferrocarril fue una obra integral de la modernidad industrial, una infraestructura que reconfiguró el paisaje y dejó marcas duraderas en la organización del espacio económico y social.

Trenes eléctricos

En las últimas décadas del siglo XIX, la incorporación de la electricidad abrió un nuevo capítulo en la historia ferroviaria. Primero aplicada a las señales y luego a la propulsión, la electricidad permitió ensayar alternativas al vapor. En 1842 se realizaron los primeros intentos de trenes eléctricos, aunque con resultados limitados. El perfeccionamiento del sistema llegó con la incorporación de un tercer riel conductor y, en 1881, esta tecnología fue aplicada con éxito en el ferrocarril de Berlín y presentada en la Exposición Internacional de Electricidad de París.

A pesar de estos avances, la electrificación no se impuso de inmediato de manera masiva. Durante mucho tiempo, el vapor siguió siendo predominante, especialmente en los trayectos largos y en el transporte pesado. La electricidad, sin embargo, se volvió indispensable en los trenes subterráneos, donde era necesario evitar la contaminación del aire, y en los sistemas de transporte urbano, como tranvías y trolebuses. Más adelante, el desarrollo del motor diésel ofreció una nueva alternativa para las locomotoras, combinando eficiencia y menor dependencia de infraestructuras complejas.

El caso argentino

Pero el ferrocarril no solo reorganizó el espacio y aceleró los intercambios: también consolidó modelos económicos desiguales. En el caso argentino, la red ferroviaria no fue pensada como una herramienta para integrar un mercado interno diversificado ni para impulsar un proceso de industrialización autónoma. Por el contrario, los rieles fijaron un patrón de desarrollo dependiente, subordinado a las necesidades del comercio exterior y a los intereses del capital que lo financiaba.

El trazado ferroviario respondió a una lógica clara: extraer y exportar. Las líneas se organizaron de manera radial, convergiendo en el puerto de Buenos Aires, desde donde partían las materias primas hacia Europa. Esta configuración no fue un accidente geográfico ni una simple elección técnica, sino la expresión material de un modelo económico basado en la especialización primaria y en la inserción subordinada en el mercado mundial.

Mientras en los países industrializados el ferrocarril articuló regiones productivas, estimuló la industria y fortaleció el mercado interno, en la Argentina funcionó como un instrumento de integración externa antes que nacional. El interior quedó conectado al puerto, pero no entre sí; los flujos económicos se orientaron hacia afuera y no hacia la construcción de un sistema productivo equilibrado.

Además, el predominio del capital extranjero en la expansión ferroviaria reforzó esta dinámica. Las decisiones sobre recorridos, tarifas y prioridades de inversión estuvieron guiadas por la rentabilidad de la exportación y no por las necesidades del desarrollo interno. El Estado argentino, lejos de corregir esta orientación, la consolidó mediante concesiones, garantías y beneficios que aseguraban la ganancia privada a costa de una planificación soberana del territorio.

De este modo, el ferrocarril se convirtió en una infraestructura estratégica del modelo agroexportador, pero también en un factor de reproducción de las desigualdades regionales y sociales. Los rieles acercaron los campos al puerto, pero alejaron al país de un desarrollo industrial propio. No integraron una economía nacional compleja: fijaron una estructura dependiente cuyos efectos se proyectaron durante décadas.

Así, la tecnología que prometía progreso y modernización terminó funcionando, en el caso argentino, como soporte material de una economía orientada hacia afuera, vulnerable a los vaivenes del mercado internacional y estructuralmente desigual.