Mientras algunos indicadores financieros muestran señales de estabilidad, miles de pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando un escenario complejo marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos fijos y la dificultad para recuperar los niveles de actividad previos al ajuste económico. La evolución del mercado interno vuelve a aparecer como una de las principales preocupaciones del sector.
Por Redacción de NLI
Las pequeñas y medianas empresas vuelven a quedar en el centro de la discusión económica. Aunque el Gobierno sostiene que la desaceleración de la inflación y el ordenamiento de las variables macroeconómicas sentarán las bases para una recuperación sostenida, buena parte del entramado productivo argentino continúa atravesando un período de fuerte incertidumbre.
Industriales, comerciantes y prestadores de servicios coinciden en que la principal dificultad ya no pasa únicamente por el costo de producir, sino por la falta de demanda. En numerosos rubros, la recuperación de las ventas todavía no logra compensar la caída registrada durante los meses de mayor ajuste, obligando a muchas empresas a trabajar por debajo de su capacidad instalada.
Un mercado interno que todavía no encuentra impulso
Las pymes representan cerca del 99% de las empresas del país y generan la mayor parte del empleo privado formal. Por eso, la evolución de su actividad suele ser uno de los indicadores más representativos de la economía real.
Sin embargo, distintos sectores advierten que el consumo continúa mostrando señales de debilidad. Comercios minoristas, industrias alimenticias, fábricas textiles, metalúrgicas y empresas de servicios describen un comportamiento similar: menos operaciones, clientes más cautelosos y una creciente competencia por un mercado que se achicó.
La desaceleración inflacionaria permitió moderar el ritmo de los aumentos de precios, pero todavía no alcanzó para recomponer el poder de compra de una parte importante de los hogares, lo que limita la recuperación de la demanda.
Costos que siguen condicionando la actividad
Al mismo tiempo que enfrentan menores niveles de ventas, las empresas deben absorber incrementos en alquileres, servicios, logística, insumos y financiamiento.
Muchas pymes también señalan dificultades para acceder al crédito en condiciones competitivas, especialmente aquellas que necesitan renovar maquinaria, ampliar instalaciones o financiar capital de trabajo.
En este contexto, numerosos empresarios optaron por postergar inversiones y concentrarse en sostener la operación diaria, priorizando la conservación de clientes y la estabilidad de sus planteles de trabajadores.
El empleo, otro indicador bajo observación
El comportamiento de las pequeñas y medianas empresas tiene una incidencia directa sobre el mercado laboral.
Cuando la actividad crece, suelen ser el principal motor de generación de empleo. Pero cuando el consumo se retrae, también son las primeras en reducir horas extras, suspender incorporaciones o revisar proyectos de expansión.
Especialistas en desarrollo productivo sostienen que una recuperación sólida requerirá no solo estabilidad macroeconómica, sino también condiciones que permitan reactivar la inversión y fortalecer el mercado interno.
El desafío de equilibrar las cuentas sin debilitar la producción
Uno de los debates que atraviesa la política económica argentina es cómo compatibilizar el orden fiscal con el crecimiento de la actividad.
Mientras el Gobierno prioriza la reducción del déficit y una menor intervención estatal, cámaras empresarias plantean que las pequeñas y medianas empresas necesitan un entorno que incentive la producción, facilite el acceso al crédito y promueva el consumo.
La experiencia argentina muestra que resulta difícil consolidar un proceso de crecimiento cuando el entramado pyme pierde dinamismo. No se trata solamente del balance de cada empresa, sino del impacto que tienen sobre el empleo, las economías regionales y el movimiento comercial de cientos de ciudades.
Una recuperación que todavía espera consolidarse
El segundo semestre será determinante para medir si la estabilización macroeconómica logra trasladarse finalmente a la actividad cotidiana.
Para miles de pymes, el desafío ya no pasa por sobrevivir a la volatilidad financiera, sino por volver a vender, invertir y contratar personal en un mercado que todavía se mueve con cautela.
Si esa recuperación no llega al tejido productivo, advierten analistas económicos, la mejora de los grandes indicadores difícilmente alcance para modificar la percepción de quienes sostienen buena parte de la economía argentina todos los días.
La participación del Gobierno de Javier Milei en una cumbre impulsada por Donald Trump abrió interrogantes sobre el alineamiento argentino con una estrategia internacional que busca construir una coalición contra la izquierda y ampliar la cooperación en inteligencia y seguridad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Alejandra Monteoliva, Andrew Bailey y Peter Lamelas
Detrás de una cumbre internacional presentada oficialmente como un encuentro para fortalecer la cooperación contra el terrorismo, la administración de Donald Trump comenzó a desplegar una estrategia mucho más ambiciosa: construir una coalición internacional que identifique a la izquierda como una amenaza geopolítica. La presencia de funcionarios argentinos en ese encuentro no pasó inadvertida y abrió interrogantes sobre el rumbo que está tomando la política exterior de Javier Milei y el grado de alineamiento que su gobierno está dispuesto a asumir con Washington.
Durante buena parte de su gestión, Javier Milei convirtió la llamada «batalla cultural» en uno de los ejes centrales de su discurso político. El Presidente no sólo planteó una confrontación permanente contra el socialismo, el progresismo y lo que denomina «la agenda woke», sino que además buscó internacionalizar esa pelea participando de foros conservadores y estrechando vínculos con referentes de la nueva derecha global. Sin embargo, lo que hasta hace poco parecía limitarse al plano discursivo comienza ahora a trasladarse al terreno de la diplomacia, la seguridad y la inteligencia internacional.
Ese cambio de escala quedó expuesto tras la cumbre organizada por la administración de Donald Trump, donde participaron representantes de más de sesenta países y a la que la Argentina asistió a través del vicecanciller Pablo Quirno. Según reveló la periodista Luciana Bertoia, la reunión no estuvo orientada únicamente a fortalecer mecanismos tradicionales de cooperación contra organizaciones terroristas, sino que tuvo como uno de sus objetivos centrales comenzar a articular una coalición internacional frente a lo que Washington define como la amenaza del «terrorismo de izquierda», una categoría que abre numerosos interrogantes por su amplitud conceptual y por las consecuencias que podría tener en términos políticos e institucionales.
Una definición de «terrorismo» que ya no parece limitarse a organizaciones armadas
Uno de los aspectos más relevantes del encuentro es que la administración estadounidense comenzó a utilizar un lenguaje que amplía considerablemente el concepto tradicional de terrorismo. Históricamente, esa categoría estuvo asociada a organizaciones armadas específicas cuya caracterización surgía de tratados internacionales, resoluciones de Naciones Unidas o listados confeccionados por distintos Estados. Sin embargo, el discurso presentado durante esta cumbre parece incorporar una dimensión mucho más ideológica, donde la principal preocupación deja de ser exclusivamente la existencia de grupos armados para pasar a concentrarse también en organizaciones y movimientos que Estados Unidos considera parte de una amenaza política vinculada a la izquierda internacional.
Ese corrimiento no es un detalle menor. Cuando una categoría jurídica tan sensible como la de terrorismo comienza a mezclarse con definiciones ideológicas, inevitablemente aparecen preguntas sobre cuáles serán los límites de esa clasificación, qué actores podrían quedar incluidos bajo ese paraguas y hasta dónde podrían extenderse los mecanismos de vigilancia, cooperación e intercambio de información entre los distintos países participantes.
Por ese motivo, distintos especialistas en derecho internacional y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace tiempo que cualquier ampliación de esas categorías exige controles institucionales particularmente rigurosos para evitar que herramientas diseñadas para combatir organizaciones violentas terminen utilizándose con finalidades políticas.
El alineamiento con Washington ya dejó de ser solamente diplomático
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el acercamiento con Estados Unidos se transformó en uno de los pilares de la política exterior argentina. Las coincidencias ideológicas con Trump, la afinidad con sectores conservadores norteamericanos y el respaldo permanente a la agenda impulsada por Washington en distintos organismos internacionales fueron consolidando una relación que ya trascendió el plano estrictamente diplomático.
En los últimos meses comenzaron a multiplicarse las reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos en áreas sensibles como seguridad, defensa e inteligencia. La reciente visita a la Argentina de autoridades del FBI y la participación de representantes nacionales en distintos encuentros organizados por Estados Unidos forman parte de esa profundización del vínculo, que para el oficialismo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, pero que para buena parte de la oposición implica un proceso de alineamiento cuya magnitud todavía no fue suficientemente explicada ante la sociedad.
Porque una cosa es coordinar acciones contra organizaciones terroristas internacionalmente reconocidas y otra muy distinta es integrar una estrategia geopolítica donde la definición misma de quién constituye una amenaza pasa a depender, en buena medida, de criterios políticos establecidos por la principal potencia mundial.
Las preguntas que la Cancillería todavía no respondió
Hasta el momento, el Gobierno argentino no difundió documentación oficial que permita conocer con precisión qué compromisos asumió durante esa reunión ni cuál fue exactamente la posición que llevó la delegación encabezada por Pablo Quirno.
Tampoco explicó si la participación argentina implicará nuevos acuerdos de intercambio de información entre organismos de inteligencia, si habrá modificaciones en los mecanismos de cooperación existentes o si se avanzará en convenios específicos con agencias estadounidenses.
Ese vacío informativo comenzó rápidamente a generar pedidos de informes desde distintos sectores opositores, que consideran indispensable que el Congreso conozca el alcance de cualquier entendimiento que pueda afectar áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad nacional o la política exterior.
La preocupación no gira únicamente alrededor del contenido de la reunión, sino también sobre el modo en que este tipo de acuerdos suelen desarrollarse, muchas veces mediante memorandos o mecanismos de cooperación administrativa que no siempre reciben un debate público acorde con su importancia institucional.
De la batalla cultural a una política internacional coordinada
Quizás el dato más significativo de todo este episodio sea que la denominada batalla cultural, que durante años funcionó como una herramienta de construcción política y electoral para las nuevas derechas occidentales, comienza a institucionalizarse como un eje de coordinación entre gobiernos.
Lo que antes aparecía como un discurso pronunciado en campañas, conferencias o foros ideológicos empieza ahora a traducirse en reuniones diplomáticas, estrategias de seguridad y posibles mecanismos permanentes de cooperación internacional.
En ese contexto, la participación argentina adquiere una relevancia que excede largamente un simple encuentro protocolar. Si el Gobierno efectivamente acompaña la estrategia impulsada por Washington, la Argentina podría quedar incorporada a una arquitectura internacional cuya lógica ya no se limita a combatir organizaciones terroristas tradicionales, sino que incorpora una fuerte dimensión ideológica en la definición de las amenazas globales.
Por eso, más allá de las simpatías o diferencias políticas que puedan existir respecto del gobierno de Milei o de la administración Trump, el debate de fondo pasa por otra cuestión mucho más trascendente: hasta dónde puede llegar el alineamiento internacional de un país sin que exista una discusión pública, parlamentaria e institucional sobre los compromisos que ese alineamiento implica, especialmente cuando involucra áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad y la definición misma de quiénes pasan a ser considerados enemigos políticos en el escenario internacional.
Cada 24 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, uno de los establecimientos públicos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en 1896 para responder a las epidemias que golpeaban a la zona norte de la Capital, el hospital lleva el nombre de un médico que revolucionó la cirugía argentina y dejó una huella imborrable en la medicina nacional.
Por Lola Santacreta para NLI
Un hospital nacido de las epidemias
El 24 de julio de 1896 abrió oficialmente sus puertas el Hospital Pirovano. La institución había sido concebida para atender las necesidades sanitarias de una ciudad en plena expansión, luego de que Buenos Aires sufriera sucesivos brotes de cólera, fiebre amarilla y fiebre tifoidea, que evidenciaron la falta de infraestructura hospitalaria en la zona norte.
Originalmente iba a llamarse Hospital de Belgrano, ya que su construcción fue impulsada por vecinos y por la Sociedad de Damas de Caridad de Belgrano, que gestionó la adquisición de los terrenos y reunió fondos para concretar una obra considerada indispensable para una población que ya superaba los 11.000 habitantes.
Sin embargo, durante la etapa final de la construcción ocurrió un hecho que cambiaría para siempre su identidad.
¿Quién fue Ignacio Pirovano?
El hospital fue bautizado en honor al doctor Ignacio Pirovano (1844-1895), considerado uno de los padres de la cirugía argentina moderna.
Formado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y perfeccionado en Europa, Pirovano introdujo en el país técnicas quirúrgicas innovadoras para la época y promovió la incorporación del conocimiento científico más avanzado a la práctica médica. Su prestigio fue tal que llegó a ser reconocido como el cirujano más importante de la Argentina de fines del siglo XIX, con pacientes provenientes tanto de Buenos Aires como del interior del país.
Además de su actividad asistencial, fue un destacado docente universitario y un impulsor de la profesionalización de la cirugía en momentos en que la medicina argentina comenzaba a consolidarse como disciplina científica.
El homenaje que inmortalizó su nombre
Cuando el edificio del nuevo hospital estaba prácticamente terminado, Ignacio Pirovano falleció el 2 de julio de 1895, víctima de un cáncer en la base de la lengua que él mismo logró diagnosticar. Su muerte conmocionó al ambiente médico y político de la época.
Ante esa pérdida, el entonces secretario de la Asistencia Pública, Juan B. Señorans, propuso que el futuro Hospital de Belgrano llevara el nombre del prestigioso cirujano como reconocimiento a toda su trayectoria.
Así, apenas un año después de su fallecimiento, el establecimiento fue inaugurado oficialmente como Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, denominación que conserva hasta la actualidad.
130 años al servicio de la salud pública
Lo que comenzó con apenas unas decenas de camas terminó convirtiéndose en uno de los hospitales públicos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se atienden cientos de miles de vecinos de barrios como Belgrano, Núñez, Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra, Colegiales y Villa Ortúzar, además de pacientes provenientes del conurbano bonaerense.
A lo largo de más de un siglo, el Hospital Pirovano atravesó epidemias, crisis sanitarias y profundas transformaciones del sistema de salud argentino, manteniéndose como un referente de la atención pública y de la formación de profesionales.
Su aniversario no solo recuerda la inauguración de un edificio histórico, sino también el legado de un médico que ayudó a transformar la cirugía argentina y cuyo nombre quedó para siempre asociado a uno de los hospitales más importantes del país.
Un decreto publicado en el Boletín Oficial autoriza la participación de tropas argentinas en PANAMAX 2026, un ejercicio militar comandado por el Comando Sur de Estados Unidos. Crecen las críticas por el alineamiento servil de Milei con Donald Trump.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno de Milei dio un nuevo paso en su política de alineamiento estratégico con Estados Unidos al autorizar la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, una maniobra organizada bajo la conducción del Comando Sur estadounidense. La medida quedó oficializada este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y vuelve a poner en debate el rumbo de la política exterior y de defensa adoptado por la Casa Rosada.
Más allá de la presentación oficial como una instancia de cooperación militar regional, el documento deja en claro que el operativo responde a una invitación formulada por la Embajada de Estados Unidos y que toda la estructura del ejercicio se desarrolla bajo el liderazgo del Comando Sur, uno de los principales instrumentos de proyección militar de Washington en América Latina.
Un ejercicio diseñado por el Comando Sur
El decreto autoriza la salida de hasta 56 efectivos argentinos entre el 27 de julio y el 15 de agosto para participar en PANAMAX 2026, un entrenamiento que tendrá lugar en la República de Panamá.
Según el propio anexo oficial, el objetivo consiste en fortalecer la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas del continente mediante operaciones conjuntas frente a amenazas que podrían afectar el Canal de Panamá, uno de los principales corredores estratégicos del comercio mundial.
La documentación oficial señala expresamente que el ejercicio se encuentra «enmarcado en las acciones de cooperación militar dentro del Continente Americano bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos de América», un dato que resume el esquema de conducción política y militar del operativo.
La Argentina aportará un Comando Conjunto de Operaciones Especiales, personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea especializado en operaciones especiales, planificación y ciberdefensa.
Otro gesto de subordinación geopolítica
Desde su llegada al poder, Milei convirtió el alineamiento con Washington en uno de los pilares de su política exterior.
El Presidente rompió con la histórica tradición diplomática argentina de mantener márgenes de autonomía entre las grandes potencias y pasó a exhibir un respaldo prácticamente irrestricto a la agenda impulsada por Estados Unidos, primero con la administración de Joe Biden y luego con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
En ese contexto, la autorización para participar de un ejercicio comandado por el Comando Sur aparece como un nuevo gesto político que excede el plano estrictamente militar.
Para distintos especialistas en relaciones internacionales, el fortalecimiento de estos vínculos supone un cambio profundo respecto de la doctrina histórica de defensa argentina, que desde el retorno democrático procuró preservar la autonomía estratégica del país y limitar la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios definidos por intereses de potencias extranjeras.
El Canal de Panamá como escenario estratégico
El propio anexo del decreto explica que PANAMAX 2026 simula un conflicto en el que una fuerza hostil intenta bloquear o sabotear el Canal de Panamá.
La hipótesis contempla operaciones militares multinacionales para garantizar el funcionamiento de esa vía marítima mediante una fuerza integrada por países del continente, bajo un esquema coordinado por Estados Unidos.
Aunque el documento sostiene que la situación ficticia estaría respaldada por una eventual resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la planificación, organización y conducción general del ejercicio permanecen bajo la estructura operativa del Comando Sur.
Recursos públicos para una estrategia ajena
La participación argentina demandará un gasto estimado de 51 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Mientras el Gobierno sostiene un fuerte ajuste sobre universidades, hospitales, ciencia, jubilaciones y programas sociales, destinar fondos públicos para integrar maniobras militares encabezadas por Estados Unidos vuelve a alimentar las críticas sobre las prioridades presupuestarias de la administración libertaria.
La decisión se suma a una serie de movimientos diplomáticos y militares que durante los últimos meses consolidaron el acercamiento de la Argentina al esquema de seguridad promovido por Washington. Para los sectores críticos, el decreto representa una nueva muestra de una política exterior que abandona la tradición de autonomía nacional para ubicarse dentro del dispositivo geopolítico impulsado por la administración de Donald Trump.
El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva reforma impulsada por Federico Sturzenegger que modificaría de manera profunda el mercado farmacéutico. Especialistas advierten que la iniciativa puede favorecer la automedicación, encarecer tratamientos y debilitar el rol sanitario de las farmacias.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una reforma que cambia las reglas del sistema farmacéutico
El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de desregulaciones encabezado por el ministro Federico Sturzenegger, que esta vez apunta directamente al mercado de los medicamentos. Entre los cambios que se analizan figura la modificación o derogación de normas históricas que regulan la comercialización farmacéutica, habilitando una mayor liberalización del sector.
Según trascendió, la iniciativa permitiría ampliar la venta digital de medicamentos, flexibilizar las condiciones para la entrega a domicilio e incluso extender la comercialización de productos de venta libre fuera de las farmacias, una medida que genera fuerte preocupación entre profesionales de la salud.
Lejos de tratarse de una discusión meramente comercial, distintos especialistas sostienen que el proyecto implica un cambio profundo en la forma en que los argentinos acceden a los tratamientos médicos.
Advierten sobre más automedicación y medicamentos más caros
El médico clínico Oscar Atienza alertó que la desregulación podría tener efectos contrarios a los que promete el Gobierno. En lugar de favorecer la competencia y reducir los precios, señaló que la flexibilización puede incentivar la automedicación, dificultar el seguimiento profesional de los pacientes y terminar incrementando el costo efectivo de los tratamientos.
El especialista recordó que las farmacias cumplen una función sanitaria que excede la mera venta de productos. Allí se controla la correcta dispensación de medicamentos, se detectan incompatibilidades entre tratamientos y se orienta al paciente respecto de dosis y riesgos, una tarea que podría perderse si los remedios pasan a comercializarse como cualquier otro bien de consumo.
Además, diversos sectores del sistema de salud sostienen que la concentración del mercado en grandes plataformas comerciales podría terminar debilitando a las farmacias de barrio, reduciendo la competencia real y dejando a millones de personas con menos asesoramiento profesional.
Otra apuesta al mercado en un área sensible
La reforma forma parte del nuevo paquete de desregulaciones que Sturzenegger impulsa tras la expiración de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. El ministro busca avanzar ahora mediante proyectos legislativos que eliminen o modifiquen decenas de leyes vinculadas a distintas actividades económicas.
En el caso de los medicamentos, la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible porque involucra el acceso a tratamientos esenciales, la seguridad sanitaria y el derecho a la salud.
Mientras el Gobierno sostiene que una mayor apertura favorecerá la competencia y eliminará regulaciones consideradas «obsoletas», desde distintos sectores médicos y farmacéuticos advierten que la experiencia internacional muestra que la liberalización del mercado farmacéutico no garantiza una reducción de precios y puede aumentar los riesgos asociados al consumo sin control profesional.
La discusión recién comienza, pero ya anticipa un nuevo frente de conflicto para una administración que viene impulsando una profunda transformación del Estado bajo la premisa de que el mercado debe ocupar un lugar cada vez más amplio, incluso en áreas tan sensibles como la salud.
Durante las últimas semanas, y especialmente desde la final del Mundial, comenzó a expandirse por las redes sociales una campaña que intenta instalar una idea tan simple como efectiva: la Argentina sería un país esencialmente racista. Influencers con millones de seguidores, artistas, actores y comunicadores de distintas partes del mundo repitieron esa afirmación como si se tratara de una verdad indiscutible, muchas veces apoyándose en videos descontextualizados, fake news o episodios aislados convertidos en sentencia definitiva. Sin embargo, cuando el ruido de las redes deja paso a la historia, el relato empieza a resquebrajarse y aparece una pregunta incómoda: ¿con qué autoridad moral algunos países pretenden juzgar a la Argentina cuando buena parte de sus propias sociedades todavía conviven con problemas de discriminación, xenofobia y racismo mucho más profundos que los nuestros?
Por Alcides Blanco para NLI
La velocidad de un prejuicio
Vivimos en una época en la que un video de treinta segundos parece tener más peso que doscientos años de historia. Un recorte editado, una frase fuera de contexto o un cántico repetido en una cancha pueden transformarse, gracias al funcionamiento de los algoritmos, en una supuesta radiografía cultural de un país entero. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la Argentina. A partir de algunos episodios vinculados al fútbol, comenzó a construirse un relato según el cual el racismo no sería un problema presente —como lo es en prácticamente todas las sociedades del planeta— sino una característica constitutiva de la identidad nacional.
El mecanismo resulta curioso porque reproduce exactamente aquello que dice combatir. Se toma la conducta de un grupo reducido de personas y se la convierte en la esencia de cuarenta y siete millones de habitantes. En otras palabras, se estigmatiza a todo un pueblo por acciones individuales, un procedimiento que no es otra cosa que un prejuicio.
Naturalmente, la Argentina no está exenta de expresiones discriminatorias. Sería absurdo negarlo. Existen actos racistas, xenófobos y antisemitas que deben ser denunciados y sancionados. Lo que resulta intelectualmente insostenible es sostener que esas conductas representan la identidad profunda del país, especialmente cuando la propia historia argentina ofrece evidencias exactamente en sentido contrario.
Un país que abolía la esclavitud mientras otros todavía la defendían
Hay fechas que ayudan a ordenar las discusiones. En 1813, cuando gran parte del continente americano todavía aceptaba la esclavitud como un elemento natural de la economía, la Asamblea del Año XIII aprobó la Libertad de Vientres, estableciendo que los hijos de mujeres esclavizadas nacerían libres. Aquella decisión no eliminó inmediatamente el sistema esclavista, pero marcó un rumbo político que terminaría consolidándose con la Constitución de 1853, que prohibió definitivamente la esclavitud en el territorio nacional.
Conviene detenerse un instante en esa comparación histórica. Estados Unidos abolió la esclavitud recién en 1865, después de una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos. Brasil lo hizo en 1888. Cuba, en 1886. La Argentina, con todas sus contradicciones, había iniciado ese camino varias décadas antes. No se trata de competir por quién fue más virtuoso, sino de poner las cosas en perspectiva cuando algunos pretenden presentar al país como si hubiera permanecido al margen de las grandes luchas por la igualdad.
Tampoco puede olvidarse el papel desempeñado por los afroargentinos en la construcción de la Nación. Combatieron durante las Invasiones Inglesas, integraron masivamente los ejércitos de la Independencia y participaron en las campañas de San Martín y Belgrano. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron invisibilizados por una historiografía que prefirió construir la ficción de una Argentina exclusivamente europea. Esa invisibilización existió y merece ser revisada, pero es muy distinta a sostener que nunca existieron o que el país edificó su identidad sobre la exclusión racial.
En ese contexto también aparece una discusión historiográfica poco conocida. Diversos investigadores, entre ellos el reconocido historiador George Reid Andrews, recuperaron documentos y testimonios de época que alimentan la hipótesis de una posible ascendencia africana de Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina, conocido por algunos contemporáneos con el apodo de «Doctor Chocolate». El tema continúa siendo objeto de debate académico, pero resulta revelador porque muestra hasta qué punto la presencia afrodescendiente fue mucho más importante de lo que durante décadas quiso admitir la historia oficial.
Una Constitución que invitó al mundo cuando otros levantaban fronteras
Hay un texto que todos los argentinos aprendemos en la escuela y que, sin embargo, pocas veces dimensionamos en toda su profundidad. El Preámbulo de la Constitución Nacional afirma que los derechos allí consagrados se establecen «para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino». No habla de una religión determinada, de una etnia específica ni de un origen nacional privilegiado. Habla del mundo entero.
No fue una declaración vacía. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina recibió millones de inmigrantes italianos, españoles, franceses, judíos perseguidos por los pogromos europeos, sirios, libaneses, armenios que escapaban del genocidio otomano, japoneses, coreanos y, más recientemente, enormes corrientes migratorias provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y otros países latinoamericanos. La identidad argentina no nació de la pureza, sino exactamente de lo contrario: de la mezcla.
Mientras eso ocurría, muchas de las sociedades que hoy levantan el dedo construían políticas migratorias basadas en criterios raciales o mantenían colonias repartidas por África y Asia. La historia, otra vez, obliga a relativizar ciertos discursos moralizantes.
Europa y el espejo que prefiere no mirar
Buena parte de las acusaciones más resonantes contra la Argentina provinieron de Europa. Resulta inevitable preguntarse entonces qué sucede hoy mismo en ese continente.
Cada año, miles de personas provenientes de África atraviesan el Mediterráneo en embarcaciones precarias intentando escapar de guerras, hambre o persecuciones. Miles también mueren en ese intento. Las imágenes de cuerpos flotando frente a las costas europeas se repiten desde hace años sin que el continente haya encontrado una respuesta humanitaria acorde con los valores que suele reivindicar. Quienes logran llegar muchas veces permanecen hacinados en centros de detención o enfrentan crecientes discursos políticos que los presentan como una amenaza para la identidad nacional.
No se trata únicamente de casos aislados. El crecimiento electoral de fuerzas de extrema derecha en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o España se explica, en buena medida, por plataformas que hacen de la inmigración y del rechazo al extranjero uno de sus principales ejes políticos. Resulta difícil ignorar esa realidad cuando desde esos mismos países se pretende presentar a la Argentina como una excepción mundial en materia de discriminación.
Estados Unidos y una memoria demasiado corta
Algo parecido ocurre con Estados Unidos, donde numerosas figuras públicas se sumaron a la ola de críticas. Conviene recordar que la segregación racial fue política oficial hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y que millones de ciudadanos afroamericanos vivieron durante décadas sometidos a leyes que separaban escuelas, hospitales, transportes públicos y espacios de convivencia según el color de la piel.
La Ley de Derechos Civiles recién fue aprobada en 1964, casi ciento cincuenta años después de la Revolución de Mayo. El primer presidente afroamericano llegó a la Casa Blanca en 2008. Mientras tanto, los casos de violencia policial contra ciudadanos negros continúan generando movilizaciones masivas bajo consignas como Black Lives Matter, demostrando que el problema dista mucho de haber sido resuelto.
Nadie sostiene por ello que Estados Unidos sea únicamente racismo. Sería una simplificación injusta. Exactamente la misma injusticia implica reducir toda la historia argentina a algunos videos virales difundidos por las redes sociales.
Palestina, los pueblos originarios y las contradicciones de toda nación
Otra de las paradojas aparece cuando se observan las posiciones internacionales. La Argentina reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2010, sosteniendo una política exterior basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos mucho antes de que varios países europeos adoptaran decisiones similares. Es cierto que el gobierno de Javier Milei modificó esa tradición mediante un alineamiento explícito con Benjamin Netanyahu, pero también es cierto que un gobierno nunca agota la identidad política ni moral de un pueblo. Confundir ambas dimensiones constituye un error analítico tan frecuente como peligroso.
Sería igualmente deshonesto omitir las deudas propias. La «Conquista del Desierto» implicó violencia, despojo y muerte para numerosos pueblos originarios, una tragedia que forma parte de nuestra historia y que debe ser estudiada sin eufemismos. Sin embargo, también es cierto que la reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y les otorgó derechos específicos que hoy poseen jerarquía constitucional. Las sociedades maduras no son aquellas que niegan sus errores, sino las que son capaces de incorporarlos críticamente a su memoria colectiva.
Mucho más que un algoritmo
Quizá el problema de fondo sea que las redes sociales necesitan relatos simples. Es más fácil instalar que «los argentinos son racistas» que explicar dos siglos de historia, de inmigraciones, de conflictos sociales, de avances, retrocesos y contradicciones. Los algoritmos premian las etiquetas; la historia, en cambio, obliga a pensar.
La Argentina no necesita inventarse un pasado perfecto para responder a esa campaña. No fue una nación sin desigualdades ni discriminaciones, como tampoco lo fueron Francia, España, Estados Unidos o cualquier otra sociedad contemporánea. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer las propias deudas y aceptar una caricatura construida sobre prejuicios.
Porque cuando se deja de mirar apenas el último video viral y se observa el recorrido completo de la historia argentina, aparecen un país que inició tempranamente el camino hacia la abolición de la esclavitud, que escribió en su Constitución una invitación abierta a todos los habitantes del mundo, que se construyó a partir de sucesivas olas inmigratorias, que reconoció derechos a pueblos históricamente postergados y que, con avances y retrocesos, hizo de la integración uno de los pilares de su identidad nacional.
Por eso, antes de repetir consignas nacidas al calor de una campaña viral, tal vez convenga hacer un ejercicio mucho más incómodo: mirar la propia historia con la misma severidad con la que se pretende juzgar la historia ajena. Muchas de las voces que hoy acusan a la Argentina descubrirían entonces que los mayores fantasmas del racismo no viven precisamente al sur del mundo, sino bastante más cerca de sus propias casas.
