Política

 

Mientras Milei sermonea sobre la moral, el orden y la responsabilidad individual, una influencer libertaria terminó estrellando el auto contra un poste en Mar de Ajó con casi dos gramos de alcohol en sangre.

Por Roque Pérez para NLI

La militante e influencer de La Libertad Avanza María Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, fue protagonista este jueves de un episodio que resume con precisión quirúrgica la doble vara libertaria: choque, alcoholemia positiva y rescate político-familiar.

El hecho ocurrió poco antes de las 10 de la mañana, cuando personal del Operativo Sol detectó que la joven, de 23 años, realizaba maniobras imprudentes en la vía pública. Minutos después, el Honda Fit que conducía terminó impactando de lleno contra un poste de luz en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.

El test que no pasó el filtro libertario

Al ser sometida al control de alcoholemia, Rolón arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que no admite interpretaciones creativas ni relatos épicos sobre la libertad individual.

Ante ese resultado, la Policía procedió al secuestro inmediato del vehículo, tal como indica la normativa vigente. Nada de persecución ideológica ni complot del Estado: un control de rutina y una infracción grave.

El parte oficial fue claro y sin eufemismos: el personal policial observó las maniobras imprudentes, el posterior choque y el resultado positivo del test. Fin del comunicado.

Llega el community manager del ajuste

Pero la escena no estaba completa sin su capítulo libertario. Tras la incautación del auto, se presentó en la comisaría Iñaki Gutiérrez, conocido por ser el responsable de la cuenta de TikTok de Milei, para retirar a su pareja.

El parte policial deja constancia textual: luego del choque y del test positivo, “se hace presente su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez”. La meritocracia podrá esperar; el contacto correcto, no.

Libertad para manejar borracho, ajuste para el resto

Mientras el gobierno de Milei impulsa discursos de mano dura, orden, responsabilidad y castigo ejemplar, sus cuadros militantes parecen practicar una versión alternativa del ideario libertario: libertad para el exceso, indulgencia para los propios y cero autocrítica.

En redes sociales, donde este espacio político suele exigir castigos inmediatos, escraches y moral selectiva cuando el involucrado es ajeno, el silencio fue tan espeso como el alcohol en sangre. No hubo comunicados, pedidos de disculpas ni reflexiones sobre el “ejemplo”.

Una postal más de un oficialismo que ajusta, sermonea y señala, pero cuando el escándalo toca a los suyos, aplica la doctrina del poste caído y el TikTok salvador.

 

 

El jefe de Gobierno porteño ordenó el desalojo de una cooperativa de recicladores en Parque Avellaneda y celebró la medida como “recuperación” de un predio. Juan Grabois respondió con una durísima crítica política y social, denunciando un ataque contra trabajadores humildes.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El conflicto estalló luego de que Jorge Macri anunciara el desalojo de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que funcionaba desde hace años en un predio de Parque Avellaneda. Desde la Ciudad justificaron la acción como una recuperación de propiedad pública.

Macri eligió las redes sociales para exhibir la medida como un logro de gestión, asegurando que la cooperativa había “usurpado” el lugar durante una década y que el operativo se inscribía en una política de orden y legalidad. Incluso contabilizó el procedimiento como la propiedad número 553 recuperada, en un mensaje con tono celebratorio.

La respuesta no tardó en llegar. El diputado nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, salió al cruce y acusó al jefe de Gobierno de ensañarse con los sectores más vulnerables, en lugar de enfrentar problemas estructurales de la Ciudad.

El desalojo como política

Desde el entorno porteño sostienen que “los usurpadores no tienen lugar” y que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, organizaciones sociales remarcan que se trata de trabajadores de la economía popular que reciclan, generan ingresos y cumplen una función ambiental clave, muchas veces supliendo la ausencia estatal.

La cooperativa desalojada forma parte del entramado cartonero que sostiene el reciclado urbano en la Ciudad, con miles de familias que viven de esa tarea y que, en muchos casos, operan bajo convenios y marcos de reconocimiento institucional.

La reacción de Grabois

Grabois fue directo y sin eufemismos. Calificó a Jorge Macri como una “rata de segunda marca” y sostuvo que el problema no es un ataque personal, sino la decisión de ir contra gente humilde que trabaja y no le hace daño a nadie. En su descargo, subrayó que los cartoneros actúan en el marco de la legalidad y con organización colectiva.

El dirigente social también cuestionó lo que definió como una estrategia política conocida: personalizar el conflicto para ocultar una política de exclusión contra los de abajo, y denunció una lógica de crueldad disfrazada de orden.

Si la rata del Macri de segunda marca se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo. Se mete con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad. No es el…

— Juan Grabois (@JuanGrabois) January 7, 2026

Un modelo de Ciudad en disputa

El episodio vuelve a poner en evidencia el choque entre dos modelos. Por un lado, una gestión porteña que prioriza el marketing del “orden” y la recuperación de espacios sin contemplar el impacto social. Por el otro, organizaciones que reclaman reconocimiento, diálogo y políticas públicas inclusivas para quienes sostienen la economía popular.

Lejos de ser un hecho aislado, el desalojo en Parque Avellaneda se inscribe en una avanzada contra cooperativas y organizaciones sociales, mientras la Ciudad evita discutir soluciones de fondo para el trabajo, la vivienda y el reciclado urbano.

En ese contexto, la pelea verbal entre Macri y Grabois expone algo más profundo que un cruce en redes: la disputa por quiénes tienen derecho a la Ciudad y quiénes son expulsados en nombre de una legalidad selectiva.

 

 

Mientras el cambio de titularidad todavía no fue aprobado en forma definitiva, el Ministerio de Economía autorizó un régimen excepcional para que los compradores privados de las principales represas del país ya operen, despachen energía y cobren en el Mercado Eléctrico Mayorista. Una decisión que consolida la privatización por la vía de los hechos.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno volvió a dejar en claro cuál es su prioridad: garantizar el negocio privado, aun cuando eso implique forzar los marcos regulatorios vigentes. A través de la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, se habilitó a los nuevos compradores de las represas del Comahue a operar, facturar y cobrar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) desde la toma de posesión, aunque el cambio de titularidad todavía no esté formalmente aprobado.

La medida alcanza a los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos para el sistema eléctrico nacional, cuyo control vuelve a quedar en manos privadas mediante un proceso acelerado y con mínimos resguardos regulatorios.

---

Un régimen “excepcional” hecho a medida del negocio

La resolución crea un régimen definido como excepcional, transitorio e instrumental, que en los hechos funciona como un atajo administrativo. Bajo el argumento de evitar “interrupciones operativas”, el Gobierno permite que las empresas adjudicatarias actúen como agentes plenos del MEM, con acceso al despacho, a la liquidación de energía y al cobro de ingresos, sin haber completado todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

El propio texto oficial reconoce que no se trata de una aprobación definitiva del cambio de titularidad, pero aun así ordena que el sistema funcione como si esa aprobación ya existiera. Primero se garantiza la caja; después, si queda tiempo, se terminan los papeles.

---

Los beneficiarios de la habilitación exprés

Las empresas favorecidas por la medida son:

• Edison Inversiones S.A.U., adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados
• BML Inversora S.A.U., adjudicataria de El Chocón
• Central Puerto S.A., adjudicataria de Piedra del Águila

Desde la fecha de toma de posesión, estas compañías pasan a operar comercialmente centrales estratégicas, aun cuando el cambio de titularidad siga siendo, en términos legales, un trámite inconcluso.

---

CAMMESA, alineada para garantizar la continuidad del negocio

La resolución instruye de manera explícita a CAMMESA para que realice todas las adecuaciones necesarias en materia de registros, representación comercial, despacho, garantías y liquidación de transacciones. En la práctica, se le ordena adaptar el sistema eléctrico a la privatización, en lugar de exigir que la privatización se ajuste plenamente a las reglas del sistema.

De este modo, CAMMESA vuelve a quedar reducida a un rol administrativo, destinada a sostener la operatoria privada incluso cuando los procesos regulatorios no están completos.

---

Privatizar primero, legalizar después

Este tipo de decisiones genera hechos consumados. Una vez que las empresas ya operan, cobran y administran centrales estratégicas, cualquier intento posterior de revisión implica conflictos operativos, reclamos judiciales y eventuales litigios internacionales. Es una estrategia conocida: cuando se quiera discutir la legalidad o la conveniencia de la privatización, ya será tarde.

Las represas del Comahue no son simples activos comerciales. Cumplen un rol clave en la generación eléctrica, la regulación de caudales, el desarrollo regional y la planificación energética de largo plazo. Sin embargo, el Gobierno decidió tratarlas como un negocio financiero más, priorizando la señal al mercado y la urgencia fiscal por sobre el interés público.

---

Un modelo energético sin Estado

La Resolución 7/2026 expone con claridad el rumbo del modelo energético que impulsa Milei y el Ministerio de Economía: menos control, más excepciones y máxima seguridad jurídica para los compradores privados, mientras el Estado se corre de su función de regulación y planificación.

La privatización ya no se discute en el Congreso ni se debate públicamente. Se ejecuta por resoluciones administrativas, bajo la lógica del hecho consumado. Primero se entrega, después se explica. Y, si hace falta, después se regulariza.

 

 

Mientras el discurso dominante insiste en culpar al peronismo de todos los males económicos, un repaso histórico frío y ordenado muestra otra cosa: el liberalismo —en sus distintas versiones— fue la política económica más aplicada en la Argentina desde el siglo XIX hasta hoy.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante décadas, los voceros del poder económico repitieron que la Argentina “fracasa por culpa del populismo”. Sin embargo, al agrupar y analizar todas las gestiones presidenciales desde 1862 según su orientación económica, los números cuentan una historia muy distinta, y bastante incómoda para el relato oficial.

---

El liberalismo, el verdadero modelo dominante

Si se agrupan los gobiernos liberales, conservadores y neoliberales —desde el modelo agroexportador del siglo XIX hasta el ultraliberalismo actual— el resultado es contundente:
el 46,5 % de las presidencias argentinas respondieron a políticas de mercado, apertura, endeudamiento y ajuste.

Ahí entran los gobiernos oligárquicos de la Generación del ’80, la Década Infame, las dictaduras cívico-militares con ministros formados en el credo del mercado, el menemismo, el macrismo y el experimento extremo que hoy encarna Milei.
Casi la mitad de la historia argentina fue gobernada bajo recetas liberales, y es justamente ese período el que dejó como herencia la dependencia externa, la primarización de la economía y la deuda estructural.

---

El peronismo, mucho menos de lo que dicen

En el otro extremo del discurso hegemónico aparece el peronismo, señalado como si hubiera gobernado “eternamente”. Pero los datos desmienten el mito:
los gobiernos peronistas y kirchneristas representan apenas el 25,6 % del total histórico.

Un cuarto de la historia, no más.
Ahí se incluyen el peronismo clásico de Juan Domingo Perón, los intentos de reconstrucción productiva tras el desastre neoliberal y el ciclo kirchnerista, que apostó a la industria, el mercado interno, la redistribución del ingreso y la recuperación del rol del Estado.

Paradójicamente, el espacio que menos tiempo gobernó es el que más carga con las culpas, incluso por crisis que estallaron tras largos períodos de liberalismo financiero.

---

Radicales, desarrollistas y transiciones: el espacio intermedio

El 27,9 % restante corresponde a gobiernos que no encajan del todo en ninguno de los dos polos: radicales, desarrollistas y gestiones de transición.
Yrigoyen, Illia, Alfonsín y Frondizi intentaron distintos equilibrios entre Estado y mercado, casi siempre condicionados por estructuras económicas heredadas, presiones externas o golpes de Estado.

No es un dato menor: cada intento de construir un camino propio fue interrumpido o asfixiado, casi siempre en nombre de “ordenar la economía”.

---

El gráfico que no muestran

Si esta historia se traduce en un gráfico de torta, el resultado es demoledor para el sentido común instalado:

• Casi la mitad del círculo pertenece al liberalismo
• Apenas un cuarto corresponde al peronismo y al kirchnerismo
• El resto se reparte entre modelos mixtos y transiciones frágiles

No hay hegemonía populista.
No hay exceso de Estado permanente.
Lo que sí hay es una recurrencia sistemática del ajuste como política de fondo.

---

Una conclusión incómoda

La pregunta ya no es por qué la Argentina tiene problemas estructurales.
La pregunta es por qué, después de más de 150 años de liberalismo recurrente, todavía se lo sigue presentando como una novedad salvadora.

Los números no opinan.
Pero cuando se los ordena, desmienten el principal mito económico de la Argentina contemporánea.

Listado

Siglo XIX – consolidación del modelo agroexportador

• Bartolomé Mitre (1862–1868)
  Liberal clásico – agroexportador, pro-británico
• Domingo Faustino Sarmiento (1868–1874)
  Liberal desarrollista temprano – modernización, educación, infraestructura
• Nicolás Avellaneda (1874–1880)
  Liberal ortodoxo – ajuste fiscal, pago de deuda externa
• Julio Argentino Roca (1880–1886)
  Liberal oligárquico – consolidación del Estado y del modelo agroexportador
• Miguel Juárez Celman (1886–1890)
  Liberal financiero extremo – especulación, endeudamiento
• Carlos Pellegrini (1890–1892)
  Liberal conservador pragmático – ordenamiento tras la crisis
• Luis Sáenz Peña (1892–1895)
  Liberal conservador débil
• José Evaristo Uriburu (1895–1898)
  Liberal conservador
• Julio Argentino Roca (1898–1904)
  Liberal oligárquico – expansión exportadora
• Manuel Quintana (1904–1906)
  Liberal conservador
• José Figueroa Alcorta (1906–1910)
  Liberal conservador con reformas institucionales

---

Radicalismo y crisis del modelo liberal

• Roque Sáenz Peña (1910–1914)
  Liberal reformista – apertura política
• Victorino de la Plaza (1914–1916)
  Liberal conservador
• Hipólito Yrigoyen (1916–1922)
  Radicalismo popular – intervencionismo moderado, Estado árbitro
• Marcelo T. de Alvear (1922–1928)
  Radicalismo liberal – continuidad agroexportadora
• Hipólito Yrigoyen (1928–1930)
  Radicalismo estatista incipiente

---

Década Infame y transición al industrialismo

• José Félix Uriburu (1930–1932)
  Conservador corporativista
• Agustín P. Justo (1932–1938)
  Liberal conservador – pacto Roca-Runciman
• Roberto M. Ortiz (1938–1942)
  Liberal reformista
• Ramón Castillo (1942–1943)
  Conservador oligárquico

---

Peronismo clásico

• Juan Domingo Perón (1946–1952)
  Peronismo clásico – industrialista, estatista, redistributivo
• Juan Domingo Perón (1952–1955)
  Peronismo pragmático – ajuste moderado y planificación

---

Golpes, desarrollismo y vaivenes

• Eduardo Lonardi (1955)
  Antiperonismo conservador
• Pedro Eugenio Aramburu (1955–1958)
  Liberal antiperonista – apertura y ajuste
• Arturo Frondizi (1958–1962)
  Desarrollismo – industrialización con capital extranjero
• José María Guido (1962–1963)
  Liberal conservador
• Arturo Illia (1963–1966)
  Desarrollismo nacional – Estado fuerte, regulación
• Juan Carlos Onganía (1966–1970)
  Autoritarismo tecnocrático – liberalismo empresarial
• Roberto M. Levingston (1970–1971)
  Desarrollismo nacionalista
• Alejandro A. Lanusse (1971–1973)
  Transición – liberal moderado

---

Retorno y crisis del peronismo

• Héctor J. Cámpora (1973)
  Peronismo popular – redistributivo
• Juan Domingo Perón (1973–1974)
  Peronismo clásico – pacto social
• María Estela Martínez de Perón (1974–1976)
  Peronismo desordenado – crisis inflacionaria

---

Dictadura y neoliberalismo

• Jorge Rafael Videla (1976–1981)
  Neoliberalismo financiero – Martínez de Hoz
• Roberto Viola (1981)
  Continuidad neoliberal
• Leopoldo F. Galtieri (1981–1982)
  Neoliberalismo en crisis
• Reynaldo Bignone (1982–1983)
  Transición – colapso económico

---

Democracia contemporánea

• Raúl Alfonsín (1983–1989)
  Socialdemocracia débil – Estado presente con crisis
• Carlos Menem (1989–1999)
  Neoliberalismo extremo – privatizaciones, convertibilidad
• Fernando de la Rúa (1999–2001)
  Neoliberal ortodoxo – ajuste y endeudamiento
• Eduardo Duhalde (2002–2003)
  Peronismo productivista – salida de la convertibilidad
• Néstor Kirchner (2003–2007)
  Kirchnerismo – neodesarrollismo, Estado activo
• Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015)
  Kirchnerismo – profundización del modelo industrial y redistributivo
• Mauricio Macri (2015–2019)
  Neoliberalismo financiero – endeudamiento y ajuste
• Alberto Fernández (2019–2023)
  Peronismo moderado – keynesianismo limitado
• Javier Milei (2023– )
  Ultraliberalismo / anarco-capitalismo – ajuste brutal, desregulación extrema

 

 

Un estudio científico reciente confirmó que uno de los primeros antepasados del ser humano ya caminaba erguido hace siete millones de años. El descubrimiento obliga a reescribir uno de los capítulos centrales de la evolución humana y derriba una de las ideas más repetidas sobre nuestro origen.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante décadas, la historia oficial de la evolución humana sostuvo que primero creció el cerebro y recién después llegó la caminata erguida. Pensar, razonar, y solo más tarde caminar. Esa secuencia acaba de ser puesta en duda por una investigación que aporta pruebas sólidas de que nuestros ancestros se pararon sobre dos piernas mucho antes de volverse “inteligentes”.

El protagonista de esta revisión histórica es Sahelanthropus tchadensis, una especie que vivió en África central hace aproximadamente siete millones de años. Hasta ahora, se lo conocía sobre todo por su cráneo, descubierto a comienzos de este siglo. Pero el nuevo estudio analizó huesos clave del cuerpo que revelan algo decisivo: no era un simio cuadrúpedo, sino un homínido que ya caminaba erguido.

Las pistas que dejó el cuerpo

Los investigadores se concentraron en restos óseos del fémur y del antebrazo. No se trata de huesos cualquiera: el fémur es fundamental para sostener el peso del cuerpo al caminar, y su forma revela cómo se desplazaba un ser vivo.

El análisis mostró estructuras óseas que solo aparecen en especies adaptadas al bipedalismo, como puntos de inserción muscular que permiten estabilizar la cadera y mantener el equilibrio sobre dos piernas. Estas marcas no se encuentran en los chimpancés ni en otros simios actuales, pero sí en homínidos que caminan erguidos.

En otras palabras: el cuerpo de Sahelanthropus estaba diseñado para moverse en posición vertical, aunque aún conservara la capacidad de trepar árboles.

Caminar antes de pensar

Uno de los datos más impactantes es que Sahelanthropus tenía un cerebro pequeño, comparable al de los simios. Esto refuerza una conclusión incómoda para muchas teorías clásicas: la marcha erguida no fue consecuencia de un gran desarrollo intelectual, sino un paso previo.

Primero vino el cuerpo adaptado a caminar largas distancias. Después, mucho tiempo después, el cerebro comenzó a expandirse. La humanidad, según esta evidencia, nació desde los pies hacia arriba.

Un cambio profundo en la historia humana

Este hallazgo empuja el origen del bipedalismo más atrás de lo que se creía y redefine el punto de partida de nuestra línea evolutiva. Ya no se trata solo de fósiles dispersos, sino de pruebas anatómicas directas que muestran cómo se movían nuestros ancestros.

También refuerza la idea de que la evolución humana fue un proceso gradual, lleno de etapas intermedias: seres que no eran ni simios ni humanos, pero que ya caminaban erguidos mientras conservaban rasgos primitivos.

Los primeros pasos de lo que somos

Caminar sobre dos piernas liberó las manos, permitió transportar objetos, observar el entorno desde otra altura y, con el tiempo, transformó por completo la relación entre el cuerpo y el mundo. Ese gesto aparentemente simple —ponerse de pie— fue uno de los actos más revolucionarios de la historia natural.

Hoy sabemos que ocurrió mucho antes de lo que nos contaron. Y que, siete millones de años atrás, alguien muy parecido a un simio dio un paso que todavía estamos caminando.

 

 

El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.

La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.

El Estado regulador en manos del mercado

Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.

La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.

OSDE, negocios cruzados y causas judiciales

El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.

Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.

En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.

Un mensaje político claro

El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.

Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.