Política

 

En plena discusión de la reforma laboral impulsada por Milei en el Senado, la periodista Nancy Pazos realizó una protesta de alto impacto simbólico frente al Congreso de la Nación: se presentó encadenada y amordazada, con una tela negra cubriéndole la boca, para denunciar la intención oficial de eliminar el Estatuto del Periodista Profesional.

Por Lola Santacreta para NLI

La escena no pasó desapercibida. Frente a cámaras, colegas y manifestantes, Pazos buscó representar lo que —según explicó— implicaría la reforma: periodistas sin derechos laborales y con menor protección frente a presiones del poder político y económico. La protesta se dio en el marco de movilizaciones sindicales que rechazan distintos capítulos del proyecto oficial.

Qué está en juego

El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, establece condiciones específicas para el ejercicio del periodismo, entre ellas estabilidad laboral, jornada regulada y garantías vinculadas a la libertad de expresión. Para amplios sectores del gremio, su eliminación no es un detalle técnico sino un cambio estructural que afecta la calidad democrática.

Pazos sostuvo que la libertad de prensa no se defiende únicamente con discursos sino también con condiciones materiales que permitan ejercer el oficio sin miedo a represalias o despidos arbitrarios. En ese marco, la imagen de la mordaza buscó denunciar lo que considera un intento de disciplinamiento.

Durante la protesta también se exhibieron máscaras con la palabra “alcahuete”, en alusión a lo que la periodista describió como el modelo comunicacional que, según su mirada, promueve el oficialismo: comunicadores dóciles y alineados.

NANCY PAZOS ENCADENADA Y AMORDAZADA EN RECHAZO A LA REFORMA LABORAL.
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— Real Time (@RealTimeRating) February 11, 2026

La reacción del oficialismo

Desde el entorno gubernamental minimizaron la protesta y la calificaron como exagerada. Sin embargo, el gesto logró instalar el debate sobre el alcance real de la reforma y sobre el futuro de los derechos laborales en el sector de prensa.

El trasfondo de la discusión es más amplio: el proyecto oficial propone una flexibilización general de las condiciones laborales, y el capítulo referido al Estatuto del Periodista se convirtió en uno de los puntos más sensibles por su dimensión simbólica e institucional.

En un contexto de fuerte polarización política, la imagen de Nancy Pazos encadenada frente al Congreso expuso una pregunta de fondo: ¿puede hablarse de libertad de prensa sin garantías laborales específicas para quienes la ejercen? La discusión recién empieza, pero la escena ya quedó instalada en el centro del debate público.

 

 

Mientras en Santa Fe el reclamo policial fue considerado “justo y genuino” y terminó con una mejora salarial acordada con el gobernador Maximiliano Pullaro, en la Ciudad de Buenos Aires el pueblo fue reprimido con hidrantes, balas de goma y gases por manifestarse en la Plaza de los Dos Congresos. La escena expone una doble vara que resulta imposible de ignorar.

Por Roque Pérez para NLI

La comparación es inevitable: cuando protesta la fuerza, hay negociación; cuando protesta el pueblo, hay represión.

En Santa Fe, diálogo y aumento salarial

El conflicto policial en Santa Fe se desactivó luego de que el gobierno provincial ofreciera una mejora que lleva el salario inicial de los efectivos a alrededor de 1.350.000 pesos, según trascendió en medios nacionales. Tras varios días de tensión y movilización de agentes, la propuesta fue aceptada y la medida levantada.

Maximiliano Pullaro calificó el planteo como un reclamo “justo y genuino”, y defendió la decisión de otorgar una recomposición que, según la administración provincial, busca acompañar el impacto de la inflación. La protesta policial no fue reprimida ni criminalizada: fue reconocida y atendida.

El mensaje fue claro: el reclamo salarial de quienes integran la estructura de seguridad del Estado merecía escucha y resolución.

En el Congreso, hidrantes y balas de goma

Muy distinto fue el escenario en la Plaza de los Dos Congresos. Allí, manifestantes —entre ellos trabajadores, jubilados y organizaciones sociales— se concentraron para exigir respuestas frente al deterioro del poder adquisitivo y las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

La respuesta fue un fuerte operativo de seguridad con carros hidrantes, disparos de balas de goma y lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Las imágenes mostraron corridas, heridos y periodistas alcanzados por la represión.

Dentro del Congreso hubo legisladores que denunciaron el accionar policial y señalaron que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la protesta. Afuera, el mensaje fue inequívoco: el espacio público no estaba disponible para el reclamo popular.

La doble vara

El contraste es evidente. Cuando quienes reclaman son policías armados, el Estado dialoga y concede. Cuando quienes reclaman son ciudadanos de a pie, el Estado avanza y reprime.

No se trata de negar la legitimidad del reclamo salarial en Santa Fe. Se trata de preguntarse por qué el mismo criterio no se aplica al resto de la sociedad. ¿Por qué unos pueden manifestarse sin consecuencias y otros son desalojados por la fuerza?

La democracia no admite categorías de ciudadanos con más derechos que otros. Sin embargo, los hechos recientes dejan una sensación incómoda: ellos sí pueden manifestarse. El pueblo, parece, no.

 

 

Lo que prometía ser una protesta multitudinaria contra la reforma laboral que quita derechos a los trabajadores —mientras el Senado debate hoy el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei— se transformó en una jornada tensa marcada por represión, presencia desmesurada de fuerzas de seguridad y un protagonismo debilitado de la dirigencia sindical tradicional.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Plaza sitiada y la represión

Desde horas del mediodía, la Plaza de los Dos Congresos estuvo fuertemente cercada por un despliegue policial que limitó el acceso y la libre circulación de la protesta convocada por la CGT, las dos CTA y diversas organizaciones sociales opositoras a la reforma laboral.

El operativo incluyó vallas, policías motorizados y fuerzas federales desplegadas por toda la zona, generando un ambiente de tensión permanente. La fuerza pública respondió con gases lacrimógenos, chorros de agua y proyectiles de goma para disolver cualquier intento de manifestación en una clara actitud represiva.

A diferencia de muchas crónicas que resaltan la presencia de “manifestantes lanzando piedras”, la realidad mostrada por múltiples videos y transmisiones en vivo recogidas por distintos medios indica la aparición de encapuchados no identificados en medio de la protesta, un fenómeno que en marchas de este tipo suele corresponder a grupos infiltrados por los mismos aparatos represivos o provocadores externos, quienes nunca terminan siendo detenidos y luego sirven de excusa para justificar la violencia estatal contra el resto de la movilización.

La Policía les tira agüita a los de las molotovs apuntando al piso y gases lacrimógenos a los que están en la vereda. Total normalidadpic.twitter.com/8PgRuMTxMx

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 11, 2026

La reforma laboral y la traición del peronismo legislativo

Mientras en la Plaza se desarrollaban los choques con la policía, en el Senado de la Nación se discute el texto de la llamada “modernización laboral”, que según las organizaciones sindicales y sectores de la oposición implica reducciones significativas de derechos laborales, flexibilización de condiciones y limitaciones al poder sindical.

Este proyecto, promovido por el Ejecutivo de Milei y defendido por su bloque en la Cámara Alta con apoyo de algunos sectores moderados de una faldera oposición, cuenta con modificaciones que buscan asegurar su aprobación, pero aún así representa un atropello sobre derechos históricos para los trabajadores.

Lo que más llama la atención es que algunos senadores de extracción peronista, que deberían ser garantes de la defensa de la legislación laboral, parecen dispuestos a avalizar o no oponer un freno firme al proyecto, generando un sentimiento de traición entre las bases trabajadoras que confiaron en su representación parlamentaria. La falta de posiciones claras y contundentes por parte de estos dirigentes legislativos ante una reforma que afectaría profundamente derechos y condiciones de trabajo alimenta la desconfianza y la percepción de que en el Senado prima más la lógica de acuerdos políticos que la defensa irrestricta del pueblo trabajador.

Una CGT débil, sin paro y sin conducción concreta

La CGT, la central obrera que históricamente fue pilar de la organización sindical argentina, convocó a la movilización frente al Congreso pero evitó llamar inmediatamente a un paro general, cosa que fue recordada por toda la plaza en varios cánticos entonados esta tarde.

Aunque algunas fracciones de la CGT, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y otros gremios nucleados en paros parciales, decidieron cesar actividades en sectores claves, la conducción cegetista optó por una manifestación más simbólica que efectiva, lo que se traduce en una postura percibida como desdibujada y tibia en un momento en el que se exigía firmeza en la defensa de los trabajadores.

Esta actitud generó desencanto en sectores sindicales y sociales, que añoran una CGT protagonista de una huelga contundente y un plan de lucha real, en lugar de una marcha que, aun siendo masiva, no logró empujar al eje del conflicto ni detener el avance de la reforma en el Congreso.

Conclusión: una protesta fragmentada y una dirigencia en jaque

La jornada en la Plaza de los Dos Congresos expuso, en un mismo cuadro, la represión estatal frente a una protesta popular en defensa de derechos laborales, la posible alineación de sectores legislativos que debieran oponerse a una quita de derechos, y una CGT que parece más preocupada por la formalidad de una movilización que por una respuesta contundente y organizada.

En un momento histórico donde las políticas públicas buscan reformar el régimen laboral en detrimento de los trabajadores, esta combinación podría marcar un punto de inflexión en la correlación de fuerzas del movimiento obrero argentino, cuya unidad y claridad estratégica se ven hoy más desafiadas que nunca.

 

 

En una entrevista en Radio Splendid, el ex ministro de Seguridad de Santa Fe y exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, lanzó durísimas declaraciones contra Milei. Habló de tratamiento psiquiátrico, cuestionó su aptitud para gobernar y redobló la apuesta cuando le marcaron el tono de sus palabras.

Por Roque Pérez para NLI

El clima político sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión. En diálogo con Radio Splendid, Marcelo Saín no se guardó nada y apuntó directamente contra Milei, con afirmaciones que rápidamente comenzaron a circular en redes y a generar repercusiones en el arco político.

Consultado sobre la situación actual del país y el liderazgo presidencial, Saín fue tajante: Me preocupa tener a un tipo con tratamiento psiquiátrico al frente de la nación. La frase, por sí sola, ya marcaba el tono de la entrevista.

“No puede estar al frente de los destinos del país”

Ante la repregunta del periodista —¿Es así?—, el ex funcionario redobló la apuesta. Por supuesto. Un tipo que se caga y mea encima no puede estar al frente de los destinos del país. Lo lamento como persona enferma, sostuvo, en una declaración que elevó aún más la temperatura política.

El conductor del programa le señaló que se trataba de una acusación muy dura. Pero Saín no retrocedió. Me chupa un huevo, respondió, ratificando cada una de sus palabras, retrucando que más grave es tener narcotraficantes dentro de la estructura del gobierno.

Las expresiones del ex ministro de Seguridad santafesino se dan en un contexto de creciente cuestionamiento a las políticas de ajuste, al manejo institucional y al estilo confrontativo que caracteriza a Milei. En ese marco, las declaraciones no solo impactan por su contenido, sino también por el nivel de crudeza con el que fueron formuladas.

Repercusiones y debate

Hasta el momento no hubo una respuesta oficial desde el entorno de Milei, aunque se descuenta que el tema escalará en las próximas horas. Las palabras de Saín abren un debate delicado sobre los límites del discurso político, la salud mental y la responsabilidad institucional.

Más allá de la polémica, lo cierto es que la tensión política no afloja. En un escenario atravesado por la crisis económica y el malestar social, cada declaración suma combustible a un clima ya de por sí inflamable.

La pregunta que queda flotando es si este tipo de intervenciones contribuye a clarificar el debate público o, por el contrario, profundiza la grieta en un país que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años.

 

 

El gobernador arrolla al presidente en intención de voto.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Una encuesta reciente volvió a sacudir el tablero político bonaerense y dejó un dato imposible de disimular: en un hipotético mano a mano en el Conurbano, Axel Kicillof supera con claridad a Milei en la enorme mayoría de los municipios. El estudio, realizado por la consultora CB Global Data, midió escenario electoral, imagen y niveles de rechazo en los 24 distritos que conforman el corazón demográfico de la provincia de Buenos Aires.

Los números muestran que el gobernador bonaerense se impone en 20 de los 24 municipios del Conurbano, dejando a Milei relegado a apenas cuatro distritos del norte, donde históricamente el voto antiperonista tiene mayor peso.

Paliza en el corazón del Conurbano

El relevamiento expone una diferencia contundente en la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires, donde el peronismo mantiene fuerte arraigo territorial. Allí, Kicillof saca ventajas amplias en municipios clave como La Matanza, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Merlo, Moreno y Quilmes, consolidando un dominio político que marca distancia con el proyecto libertario.

Milei solo logra imponerse en distritos del norte como San Isidro, Vicente López, Tigre y Pilar. Incluso en ese segmento, la diferencia fuerte solo aparece en uno de ellos, mientras que en el resto la brecha es más ajustada.

El dato no es menor: el Conurbano concentra millones de votantes y define cualquier elección provincial y nacional. Sin ese territorio, cualquier armado político queda estructuralmente debilitado.

Rechazo alto y contraste de imagen

La encuesta también midió imagen pública. Allí aparece otro problema serio para el oficialismo nacional: la imagen negativa de Milei supera ampliamente a la positiva en más de la mitad de los municipios evaluados, con picos que en algunos distritos pasan el 60% de desaprobación.

En contraste, Kicillof mantiene saldo favorable en varios municipios populosos, donde su gestión conserva niveles de respaldo que le permiten proyectarse como principal figura opositora en territorio bonaerense.

La segmentación geográfica vuelve a repetirse: mientras el norte muestra mayor permeabilidad al discurso libertario, el sur y el oeste consolidan un perfil claramente adverso al ajuste nacional.

Un mensaje político claro

Aunque se trate de un escenario hipotético, el estudio deja una señal concreta: Milei tiene serias dificultades para penetrar electoralmente en el principal distrito del país. Sin el Conurbano, cualquier aspiración de hegemonía nacional encuentra un techo inmediato.

Para Kicillof, en cambio, los números refuerzan su centralidad como figura opositora con base territorial sólida. En un contexto de ajuste, caída del consumo y conflicto social, el mapa bonaerense aparece como un dique político frente al modelo libertario.

El mensaje que surge del relevamiento es contundente: en la Provincia, el liderazgo opositor tiene nombre y apellido.

 

 

La paralización de la modernización del Tanque Argentino Mediano y la compra de vehículos Stryker usados a Estados Unidos no es un hecho aislado: es una definición política que resigna industria nacional, transferencia tecnológica y autonomía estratégica en nombre del alineamiento automático con Washington.

Por la Redacción de NLI

La política de Defensa del gobierno de Milei volvió a encender alarmas. Mientras se congela el desarrollo y la actualización del histórico Tanque Argentino Mediano (TAM), se avanza en la adquisición de blindados Stryker usados provenientes del Ejército de Estados Unidos. La ecuación es simple y preocupante: menos industria nacional, menos trabajo argentino y más dependencia externa.

El TAM no es un simple vehículo militar, señala el periodista Walter Onorato. Es uno de los desarrollos más emblemáticos de la industria de defensa argentina, fruto de un esquema mixto que combinó ingeniería local con aportes tecnológicos extranjeros, permitiendo durante décadas sostener capacidades propias de producción, mantenimiento y modernización. La actualización del sistema no sólo implicaba mejorar la flota, sino preservar conocimiento acumulado y una cadena industrial estratégica.

Sin embargo, bajo la actual gestión, ese proceso quedó virtualmente paralizado. Las restricciones presupuestarias y administrativas impactaron de lleno en la operatividad: incluso la compra de insumos básicos para mantenimiento se vio afectada, dejando unidades fuera de servicio. No fue la obsolescencia lo que frenó al TAM, sino decisiones políticas concretas.

En paralelo, el entonces ministro de Defensa Luis Petri firmó una carta de intención para adquirir vehículos Stryker a Estados Unidos. El anuncio, realizado en el Pentágono, dejó en evidencia que la operación excede lo técnico y se inscribe en un alineamiento geopolítico explícito.

Los Stryker son vehículos diseñados para transporte de tropas y operaciones de movilidad táctica. No reemplazan al TAM, no cumplen la misma función y, además, llegan usados, con menor vida útil y mayores costos de mantenimiento. Según trascendió, la operación implicó alrededor de 100 millones de dólares por 27 unidades, una cifra significativa si se considera que se trata de material ya utilizado en conflictos como Irak y Afganistán.

El contraste con otras alternativas regionales resulta elocuente. El blindado Guaraní, desarrollado en Brasil, ofrecía unidades nuevas, posibilidad de transferencia tecnológica y participación de componentes argentinos en su fabricación. Además de resultar más conveniente desde el punto de vista industrial, fortalecía la integración regional. Aun así, fue descartado.

Como señala Walter Onorato en EnOrsai, la decisión de abandonar la modernización del TAM y optar por Stryker usados implica resignar una cadena industrial propia y profundizar la dependencia externa, incluso pagando más por menos. No se trata solamente de una compra militar: es un modelo de país.

La llegada de las primeras unidades fue presentada como un avance en la modernización del Ejército. Sin embargo, los límites son claros: no son anfibios —una característica clave en un país atravesado por ríos—, no generan producción local y no transfieren tecnología. La supuesta modernización no impacta en la industria argentina ni fortalece capacidades estratégicas propias.

La paradoja es evidente. Mientras se justifica el ajuste con el argumento de la austeridad, se desmantela un proyecto nacional y se desembolsan millones de dólares en equipamiento usado importado. El recorte cae sobre la producción argentina; la billetera se abre para compras externas alineadas con la agenda de Washington.

Este episodio se inscribe en un marco más amplio que incluye la compra de aviones F-16 y el acercamiento a la OTAN. La defensa deja de pensarse como política de Estado con perspectiva soberana y pasa a funcionar como señal ideológica de alineamiento automático.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué autonomía estratégica puede sostener un país que abandona sus propios desarrollos para depender de material usado importado?

Lo que está en juego no es solamente un sistema de armas. Es el modelo de desarrollo. Y en ese terreno, el gobierno de Milei vuelve a elegir dependencia antes que soberanía.