Política

 

Una investigación de El Cohete a la Luna desnuda con precisión incómoda un mecanismo que atraviesa la economía argentina: mientras se exige sacrificio a las mayorías, el Estado despliega políticas concretas que terminan beneficiando a empresas, desarrolladores e inversores específicos, consolidando un esquema regresivo donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La trama oculta del “subsidio a los ricos”

El trabajo publicado en El Cohete a la Luna, firmado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, no se queda en generalidades. Por el contrario, pone nombres, operaciones y circuitos concretos que permiten entender cómo funciona este modelo.

Lejos de la idea de un Estado ausente, lo que emerge es otra cosa: una presencia activa que orienta recursos, regula mercados y toma decisiones que impactan directamente en la distribución del ingreso, pero no en favor de quienes más lo necesitan. La clave está en mirar dónde se canalizan esas decisiones.

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Tierra pública, negocios privados: el caso de IRSA y la valorización estatal

Uno de los ejemplos más elocuentes que desarrolla la investigación es el de las grandes operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas o semi públicas, donde aparece con claridad el rol del Estado como generador de renta para actores privados.

En ese esquema, empresas como IRSA —uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país— resultan beneficiadas por procesos donde el Estado habilita cambios de uso del suelo, inversiones en infraestructura o rezonificaciones que multiplican el valor de terrenos en manos privadas.

El mecanismo es tan sencillo como contundente: el Estado invierte en urbanización, accesos, servicios y marcos normativos; el privado, que ya posee o adquiere esas tierras en condiciones ventajosas, captura la valorización extraordinaria sin asumir los costos equivalentes.

La investigación remarca que estas operaciones no son excepcionales, sino parte de un patrón. En distintos puntos del país, desde desarrollos urbanos de alta gama hasta reconversiones de áreas estratégicas, la lógica se repite: lo público asume el riesgo y la inversión, lo privado se apropia de la renta.

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Energía y exportación: Techint, PAE y el dólar a medida

Otro eje central del informe apunta a los sectores exportadores, particularmente energía y recursos naturales, donde aparecen actores de peso como Techint o Pan American Energy.

En estos casos, el beneficio no siempre adopta la forma de un subsidio explícito. Muchas veces se expresa a través de regímenes cambiarios, incentivos fiscales o marcos regulatorios diseñados para garantizar rentabilidad en dólares, incluso en contextos de crisis interna.

La investigación explica cómo, en escenarios de devaluación, estos sectores logran incrementar sus ingresos en moneda dura, mientras el resto de la economía sufre la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suman esquemas de promoción y facilidades para la exportación que consolidan su posición.

El resultado es una transferencia indirecta pero concreta: mientras el salario se ajusta, las ganancias de estos grupos se expanden.

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El negocio financiero y la arquitectura del privilegio

El informe también pone el foco en el sistema financiero, donde entidades vinculadas a grandes grupos económicos operan en un contexto de desregulación relativa que les permite obtener rentabilidades elevadas con bajo riesgo productivo.

En este terreno, los beneficios no pasan por subsidios tradicionales, sino por la propia arquitectura del sistema económico, que habilita mecanismos de valorización financiera desconectados de la economía real.

Así, mientras el crédito productivo escasea y las tasas afectan a pymes y consumidores, los grandes jugadores financieros encuentran condiciones favorables para maximizar ganancias, muchas veces apalancados en decisiones de política económica.

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El Estado como garante de la desigualdad

Lo que la investigación logra demostrar, con estos ejemplos concretos, es que el problema no es la existencia de intervención estatal, sino su orientación. Porque mientras se recortan programas sociales, se ajustan jubilaciones o se deteriora el salario real, persisten políticas activas que favorecen a sectores concentrados, desde la valorización inmobiliaria hasta los beneficios cambiarios o regulatorios.

En ese sentido, el ajuste aparece como una decisión política selectiva: no todos pierden, algunos ganan —y mucho— en el mismo proceso.

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La ilusión del sacrificio compartido

El discurso oficial suele presentar el ajuste como un esfuerzo colectivo, una especie de sacrificio necesario para ordenar la economía. Sin embargo, la evidencia que aporta el trabajo de El Cohete a la Luna muestra otra cosa: el sacrificio no es compartido, está claramente distribuido de manera desigual.

Mientras amplios sectores de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida, determinados actores económicos consolidan posiciones de privilegio gracias a políticas públicas concretas.

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Un modelo con beneficiarios definidos

Lejos de la abstracción, el mapa que traza la investigación permite identificar con claridad a los ganadores del esquema: grandes desarrolladores inmobiliarios, corporaciones energéticas, grupos exportadores y actores financieros.

Todos ellos, de una u otra manera, articulan su crecimiento con decisiones estatales que los favorecen, configurando un modelo donde la concentración de riqueza no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa.

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La discusión de fondo

La pregunta que queda planteada no es menor: ¿para quién gobierna el Estado?. Porque si la intervención pública termina sistemáticamente beneficiando a los sectores más concentrados, mientras se exige ajuste a las mayorías, entonces lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino el propio sentido de la política.

La investigación citada no hace más que poner en palabras y datos lo que muchos perciben en la vida cotidiana: el esfuerzo no se reparte, se impone siempre a los mismos.

 

 

Las declaraciones del futbolista y una inocencia figurada.

Por Alcides Blanco para NLI

“Nosotros no hacemos política, nosotros no entendemos de esos lugares.” La frase de Rodrigo de Paul, pronunciada en medio de tensiones alrededor del fútbol argentino, no sólo busca desmarcar a la Selección de la coyuntura: también pone en escena una idea profundamente arraigada —y profundamente discutible— sobre el rol de las figuras públicas.

Leída en superficie, la declaración parece un gesto de prudencia, una invitación a concentrarse en “lo deportivo”. Sin embargo, observada con mayor detenimiento —y a la luz de la teoría política— revela algo más complejo: una concepción empobrecida de lo político y, al mismo tiempo, una intervención política en sí misma.

La política como lo que incomoda

La afirmación de que “no entendemos de esos lugares” no sólo delimita un campo —el de “los políticos”— sino que también excluye a los propios jugadores de la posibilidad de pensar, opinar o intervenir en lo común. Allí aparece lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba una forma de violencia simbólica: una aceptación naturalizada de los límites impuestos sobre lo que cada uno “puede” o “debe” decir según su posición social.

El futbolista, en esta lógica, queda reducido a su función técnica. Corre, juega, representa. Pero no piensa lo público. No opina. No interviene. Una división funcional que, lejos de ser neutral, es profundamente política.

Arendt: aparecer en público es hacer política

Desde la perspectiva de célebre filósofa e historiadora Hannah Arendt, esta separación no se sostiene. Para Arendt, la política no es un ámbito especializado reservado a dirigentes o funcionarios, sino el espacio donde los individuos aparecen ante otros, hablan y actúan en común.

En ese sentido, la mera condición de figura pública ya implica una inscripción en lo político. No porque de Paul milite o aspire a un cargo, sino porque su palabra —como referente de la Selección— circula, impacta y construye sentido. Negar esa dimensión no lo coloca fuera de la política: simplemente lo ubica en una posición específica dentro de ella, la de quien intenta presentarse como neutral.

Y ahí aparece una de las claves arendtianas: la neutralidad en el espacio público es, en sí misma, una forma de acción política, porque contribuye a definir qué temas se discuten y cuáles se silencian.

El gesto que contradice la palabra

El problema se vuelve todavía más evidente cuando se lo contrasta con hechos recientes. Hace apenas semanas, de Paul integró la delegación del Inter Miami CF que visitó la Casa Blanca y fue recibida por Donald Trump tras consagrarse campeón de la MLS.

No se trató de un encuentro privado ni anecdótico: fue un acto institucional, cargado de simbolismo, en el corazón del poder político estadounidense. Hubo discursos, intercambios, regalos y gestos protocolares, en una ceremonia que forma parte de la tradición política de ese país.

Allí, incluso, el propio Trump destacó la presencia de las figuras del plantel y compartió un espacio de reconocimiento público con ellas, en un contexto atravesado por tensiones internacionales.

La pregunta es inevitable:
¿eso no es política?

Si la política, como planteaba Arendt, es el espacio donde los individuos aparecen y actúan en lo común, entonces la visita a la Casa Blanca no puede ser leída como un hecho neutro. Es, en sí misma, una escena política.

Entre el discurso y la práctica

Lo que aparece entonces no es una ausencia de política, sino una tensión entre lo que se dice y lo que se hace. Por un lado, se afirma una distancia: “no hacemos política”. Por otro, se participa de actos institucionales, se interactúa con líderes mundiales y se forma parte de dispositivos simbólicos de poder global.

Esta contradicción no es individual, sino estructural. Como señalaba Antonio Gramsci, toda figura con capacidad de influencia cumple —quiera o no— una función en la disputa por el sentido común. En ese marco, los deportistas de élite no son ajenos a la política: son actores dentro de ella, aunque muchas veces sin asumirlo explícitamente.

El silencio como posición

Volvamos entonces a la frase inicial: “No hacemos política”.

Lejos de clausurar el debate, lo abre. Porque lo que allí se expresa no es una ausencia, sino una forma específica de intervención: la política del repliegue, de la neutralidad declarada, del “no me meto”. Pero, como advierten tanto Arendt como Bourdieu, ese gesto no está vacío. Tiene efectos. Ordena el campo. Define qué voces son legítimas y cuáles no.

Y en ese punto, la cuestión deja de ser si los futbolistas “deben” o no hacer política. La cuestión es otra, más incómoda y más profunda: aunque no lo quieran, ya la están haciendo.

 

 

EL CLUB DE LA PRIMERA MANSIÓN | La libertad de crédito es para los funcionarios que aspiran a su primer palacete y no se conforman con un departamentito de morondanga.

Por Alfonsina Madry para NLI

Un préstamo de cerca de $ 420 millones le costó a Leandro Massaccesi —hijo del exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi— su conchabo en Capital humano: pasó a ser chivo expiatorio del club de la primera mansión que, lógicamente, rima con Banco Nación. Sandra lo eyectó y Leandro se defendió:

A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos […] la solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media”.

Sea como fuere, el bueno de Leandro sabrá darle buen destino en ladrillos a los trescientos mil y pico de dolarcitos que embolsó. Llegar a la primera mansión o el primer palacete justifica cualquier tribulación o sombra de corrupción, incluso haber padecido la dura burocracia del Nación. Por eso insiste: la suya fue una buena acción y deberíamos darle la razón.

En consonancia también, por ahora se estima que al menos nueve libertarianos, entre funcionarios y legisladores, accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación con techo cercano a los $ 400 millones. Es decir: Leandro no es el único con fobia al monoambiente o a ese tan estrecho dos ambientes al que solía aspirar la clase media antes de que los ajustes hicieran diana en ella.

No fue por ostentación ni espíritu de corrupción: el oficialista Club de la primera mansión se enfrentó con noble decisión a la ardua burocracia del temido Banco Nación. ¡Merecen admiración! Cualquier sospecha sería mera presunción. ¿Por qué entonces Paulón pide acceso a la información?

 

 

El castigo a los consumidores es la marca en el orillo de una administración anclada en la fechoría y plagada de contradicciones.

Por Nerio Corello para NLI

Fuerte caída del consumo masivo, aumentos “fantasma” en servicios, desconfianza creciente de los consumidores y endeudamiento familiar delinean un combo que amenaza hacerse cada vez más arduo para el bolsillo ciudadano.

En la era Milei, los combustibles, que arrastran otros precios sin solución de continuidad, sufrieron un aumento que, en el acumulado, supera el estratosférico 500%. La gota que rebasó el tanque fue el impuestazo de este año, justificado desde el oficialismo por un atraso impositivo que su líder, que decía aborrecer los impuestos y los consideraba un robo, ahora no puede consentir.

Para más inri de incoherencias y hacer un poco menos inverosímil el maquillaje del IPC-INDEC tras la puesta de pies en polvorosa de Marcos Lavagna, la estatal YPF alzó la bandera del control de precios con un congelamiento que el neo libertariano Marín llama buffer y promete extender por el lapso de mes y medio.

Lo cierto es que para los argentinos el precio promedio de los combustibles ronda el dólar y medio,  valor regional que solo superan los sufridos consumidores de Uruguay y Perú. No sorprende, entonces, que a pesar del mamarracho ideológico, ni siquiera se haya evitado una caída nacional en la venta: solo tres provincias –Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- mantienen regular la demanda.

Una mirada a los precios que propone YPF en la Ciudad de Buenos Aires arroja las siguientes cifras en pesos: nafta súper, 2000,-; Infinia, 2.100,-; gasoil, entre 2100,- y 2200,-. La suba fue del 19% ciento solamente en el último mes.

Bien conocemos el efecto dominó que el costo de naftas y gasoil genera en el precio de los productos básicos para la subsistencia, desbocados desde diciembre de 2023 y absolutamente incompatibles con los niveles de ingresos promedio de los argentinos.

A pesar de que la inflación, que se resiste a la prometida doma, castiga día a día, el frustrado domador y su adlátere Toto eligieron mantener los ingresos por impuestos que, como se ve, siguen castigando a los consumidores. Argumentan que hay un solo culpable del aumento de los combustibles: Irán.

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La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.

Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.

La lógica de la presunción: el caso Vialidad

En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.

La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.

En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.

ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza

En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.

Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.

Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.

El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni

El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.

Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.

El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación

Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.

En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.

A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.

Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas

Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.

El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.

En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.

Medios, justicia y construcción de sentido

El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.

En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.

Una justicia bajo sospecha

La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?

Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.

En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.