Política

 

Sigue el vaciamiento del Estado.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo sistema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una medida que vuelve a encender alarmas dentro del organismo científico y técnico más importante del país en materia agropecuaria. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, habilita el programa durante todo mayo y se inscribe en la política de ajuste y reducción del Estado impulsada por Milei y Federico Sturzenegger.

La disposición fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y establece un régimen especial para trabajadores de planta permanente interesados en desvincularse “de común acuerdo” con la institución. Aunque formalmente se presenta como un mecanismo voluntario, en el sector ya hablan de un escenario de presión interna, congelamiento presupuestario y degradación progresiva de funciones estratégicas.

El INTA no es un organismo menor. Desde hace décadas cumple un rol clave en investigación aplicada, asistencia técnica a productores, desarrollo de semillas, innovación tecnológica, control sanitario y articulación territorial con economías regionales. Su presencia federal, con estaciones experimentales y agencias en todo el país, lo convirtió históricamente en una de las principales herramientas estatales para el desarrollo agropecuario argentino.

Por eso, la decisión del Gobierno fue interpretada por trabajadores y especialistas como un nuevo paso hacia el desguace de capacidades públicas. La apertura de retiros voluntarios llega después de meses de recortes presupuestarios, paralización de proyectos y advertencias sobre posibles cierres o fusiones de áreas técnicas.

Ajuste, achique y presión sobre los organismos públicos

La resolución establece que el régimen estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prórroga. El esquema contempla compensaciones económicas según antigüedad y condiciones particulares de cada trabajador. Sin embargo, puertas adentro del organismo crece la preocupación por el efecto acumulativo de las políticas oficiales.

En distintos sectores del INTA ya venían denunciando reducción de actividades, falta de financiamiento operativo y vaciamiento gradual de programas territoriales. La preocupación no se limita al plano laboral: también alcanza a productores pequeños y medianos que dependen de la asistencia técnica del instituto, especialmente en economías regionales.

La ofensiva sobre el INTA se produce además en un contexto más amplio de ajuste sobre organismos científicos y tecnológicos. En los últimos meses también hubo recortes en áreas vinculadas al CONICET, universidades nacionales y programas de investigación pública, en línea con la lógica libertaria de achicar el rol del Estado incluso en sectores estratégicos.

El trasfondo político detrás del recorte

Aunque el Gobierno argumenta que busca “modernizar” y “hacer eficiente” la administración pública, el impacto político del ajuste empieza a sentirse incluso en sectores históricamente vinculados al agro. Dentro del INTA existe malestar por la posibilidad de perder recursos humanos altamente especializados, muchos de ellos con décadas de experiencia técnica difícilmente reemplazable.

Además, el avance sobre organismos técnicos genera una contradicción creciente: mientras Milei reivindica permanentemente al “campo” como motor económico del país, el Estado reduce estructuras que durante décadas sostuvieron investigación, innovación y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.

El temor sindical y de parte del personal es que los retiros voluntarios funcionen como antesala de un recorte más agresivo. En otras áreas del Estado, mecanismos similares terminaron derivando en despidos, cierre de dependencias y pérdida de capacidades operativas.

 

 

La interna libertaria estalló en vivo y dejó al descubierto una denuncia explosiva: la ex aliada del oficialismo, Marcela Pagano, apuntó directamente contra Manuel Adorni y lo vinculó con movimientos millonarios en criptomonedas en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito.

Por Roque Pérez para NLI

El escándalo alrededor de Manuel Adorni sumó un capítulo de alto voltaje político tras las declaraciones de Marcela Pagano, quien aseguró que el funcionario “tiene 3 millones de dólares en una billetera virtual”. La denuncia no surge en el vacío: aparece en pleno avance judicial sobre su patrimonio y en un contexto de creciente acumulación de sospechas.

La intervención de Pagano se dio en televisión, donde no solo puso cifra concreta al presunto circuito de dinero sino que además sugirió que hay elementos suficientes para seguir la trazabilidad de esos fondos. Según planteó, el foco no debe limitarse a las criptomonedas sino también a las billeteras virtuales, donde —según afirmó— existirían registros de movimientos que permitirían reconstruir el origen del dinero.

Una denuncia que apunta a la “ruta del dinero”

El dato más explosivo no fue solo el monto, sino el encuadre político que le dio la propia Pagano. La diputada habló directamente de la necesidad de investigar lo que denominó la “ruta del dinero” vinculada al entorno de Milei, insinuando conexiones que podrían escalar más allá del propio Adorni.

En ese sentido, sostuvo que el funcionario tendría cuentas en más de una billetera digital —mencionando incluso plataformas específicas— y que con “el dato de una sola wallet” sería posible acceder a la trazabilidad completa de las operaciones, incluyendo quién depositó y hacia dónde se movieron los fondos.

La gravedad institucional del planteo es evidente: no se trata solo de una acusación mediática, sino de una línea de investigación potencial que podría derivar en medidas judiciales concretas si se aportan pruebas.

Enriquecimiento bajo la lupa y señales que se acumulan

La denuncia de Pagano se suma a un cuadro ya comprometido para Adorni. El funcionario viene siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se detectara un crecimiento patrimonial difícil de explicar en relación con sus ingresos declarados.

En paralelo, trascendieron gastos millonarios, compras de propiedades, viajes al exterior y operaciones en dólares que alimentaron las sospechas. Todo esto configura un escenario donde la aparición de fondos en billeteras virtuales no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio.

La propia Pagano fue aún más allá al vincular el caso con el escándalo de $LIBRA y deslizar que existiría una estructura de manejo de dinero dentro del oficialismo, con roles asignados para canalizar fondos.

Un frente interno que se vuelve peligroso

Lo que convierte esta denuncia en particularmente delicada es su origen: no proviene de la oposición tradicional, sino de una ex integrante del espacio libertario. Eso le otorga un peso político distinto y deja al descubierto fisuras internas que hasta ahora el gobierno intentaba disimular.

Mientras Milei sostiene públicamente a su funcionario, el cerco político y judicial parece cerrarse. La combinación de denuncias cruzadas, investigaciones en curso y filtraciones constantes instala un clima de crisis permanente dentro del oficialismo.

En ese contexto, la frase de Pagano —“3 millones de dólares en una wallet”— deja de ser solo un titular impactante y se convierte en un dato que podría marcar un punto de inflexión si logra ser probado en sede judicial.

 

 

El influyente diario británico Financial Times publicó un análisis lapidario sobre el presente de Milei, donde advierte que el relato de éxito económico empieza a resquebrajarse frente a una realidad marcada por la recesión, el deterioro social y una seguidilla de escándalos políticos que erosionan su credibilidad.

Por Roque Pérez para NLI

Lejos del entusiasmo inicial con el que parte del establishment financiero internacional recibió el experimento libertario, el medio describe un escenario mucho más complejo: la inflación baja, pero la economía se enfría y el humor social se deteriora. En otras palabras, el ajuste empieza a mostrar su verdadera cara.

Ajuste sin red y economía en retroceso

El artículo reconoce que el Gobierno logró una desaceleración significativa de la inflación, uno de los principales objetivos de Milei desde su llegada al poder. Sin embargo, ese logro aparece acompañado por una fuerte caída de la actividad económica, con impacto directo en el consumo, la producción y el empleo.

El diagnóstico es claro: la estabilización se sostiene sobre una contracción profunda, que golpea especialmente a los sectores medios y bajos. Comercios con ventas en caída, industrias que reducen producción y salarios que pierden poder adquisitivo forman parte del cuadro que describe el Financial Times.

La nota subraya que este tipo de programas pueden generar resultados macroeconómicos en el corto plazo, pero advierte que sin crecimiento, el esquema se vuelve políticamente frágil y socialmente insostenible.

El frente político se resquebraja

A la tensión económica se suma un factor que el medio británico destaca con preocupación: los escándalos que rodean al oficialismo y el desgaste de la figura presidencial.

Sin necesidad de recurrir a adjetivaciones, el análisis señala que las controversias recientes y las disputas internas empiezan a afectar la capacidad del Gobierno para sostener su agenda de reformas. En ese marco, Milei ya no aparece como el outsider disruptivo que imponía el ritmo, sino como un presidente condicionado por la realidad.

El Financial Times también pone el foco en el humor social: el respaldo inicial empieza a mostrar fisuras a medida que el ajuste impacta en la vida cotidiana. La paciencia social, sugiere el artículo, no es infinita.

La pregunta de fondo: ¿hasta cuándo?

El corazón del análisis pasa por una duda que empieza a instalarse incluso en sectores que apoyaron el rumbo económico: ¿puede sostenerse este modelo sin recuperación económica ni cohesión política?

El medio no ofrece una respuesta cerrada, pero deja planteado un escenario inquietante: si la recesión se prolonga y los conflictos políticos se profundizan, el margen de maniobra del Gobierno se reducirá drásticamente.

En ese sentido, la nota marca un punto de inflexión simbólico: Milei deja de ser observado como una promesa exótica y pasa a ser evaluado como un experimento en riesgo.

El respaldo internacional, que en los primeros meses funcionó como sostén discursivo del ajuste, empieza a mutar hacia una mirada más cautelosa. Y cuando el Financial Times —vocero histórico de las finanzas globales— prende luces amarillas, el mensaje es difícil de ignorar.

 

 

Documentos desclasificados revelan que la Secretaría de Inteligencia del Estado impulsó de manera deliberada una campaña clandestina para instalar uno de los discursos más funcionales al encubrimiento del terrorismo de Estado. Lejos de una interpretación espontánea del pasado, la llamada “teoría de los dos demonios” aparece ahora como una operación política diseñada desde las entrañas del aparato de inteligencia.

Por Alcides Blanco para NLI

La historia argentina vuelve a sacudirse con una revelación que confirma lo que durante décadas denunciaron organismos de derechos humanos: la disputa por la memoria no fue —ni es— inocente. Los archivos desclasificados de la SIDE muestran que la instalación de la teoría de los dos demonios no surgió como una lectura académica o social del pasado, sino como una estrategia deliberada de propaganda.

Según la documentación revelada, un funcionario identificado como “Subsecretario A”, perteneciente a la Dirección 8-Interior del organismo, ordenó directamente la elaboración de un material con fines políticos: un libro diseñado para difundir esa interpretación y legitimar un relato funcional al poder. La tarea no fue marginal ni improvisada: incluyó redacción, edición y distribución sistemática.

Una teoría construida desde el poder

La llamada “teoría de los dos demonios” sostiene que la violencia estatal desplegada durante la última dictadura cívico-militar es equiparable a la ejercida por organizaciones guerrilleras. Esa equiparación, sin embargo, fue históricamente rechazada por la Justicia y por los organismos de derechos humanos, que señalaron el carácter sistemático, planificado y estatal del terrorismo ejercido entre 1976 y 1983.

Lo que ahora aportan los archivos es una pieza clave: esa narrativa no solo fue discutida en el terreno político o mediático, sino que fue activamente promovida desde el aparato de inteligencia del Estado. Es decir, no fue una lectura posterior, sino parte de una política concreta de construcción del sentido.

El dato no es menor. Implica que el intento de relativizar el genocidio no fue una consecuencia espontánea del debate democrático, sino una maniobra diseñada para intervenir en la memoria colectiva y condicionar la interpretación histórica.

Memoria en disputa, ayer y hoy

La desclasificación de estos documentos se inscribe en un proceso más amplio de apertura de archivos que abarca el período 1973-1983 y que busca reconstruir el accionar del aparato estatal durante años clave. Sin embargo, también reabre un interrogante incómodo: qué se muestra y qué se oculta cuando el propio Estado decide qué parte de su pasado revelar.

El contexto actual no es ajeno a esa disputa. En los últimos meses, el gobierno nacional volvió a impulsar discursos que retoman elementos de la teoría de los dos demonios bajo la idea de una “memoria completa”, en abierta tensión con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas desde 2003.

La coincidencia entre los documentos del pasado y los discursos del presente no pasa desapercibida. Lo que ayer fue una operación clandestina hoy reaparece en formatos institucionales, mediáticos y culturales.

El sentido profundo de los archivos

Los archivos no son solo papeles: son pruebas de cómo el poder intenta moldear la historia. Que la SIDE haya intervenido activamente en la difusión de una narrativa destinada a relativizar el terrorismo de Estado revela hasta qué punto la batalla por la memoria fue —y sigue siendo— una batalla política.

En un país donde los juicios por crímenes de lesa humanidad establecieron responsabilidades concretas y donde la desaparición forzada fue reconocida como política sistemática, estos documentos aportan un elemento central: el intento deliberado de diluir esas responsabilidades no fue casual.

La historia, entonces, no solo se escribe en tribunales o en libros: también se fabrica en oficinas de inteligencia. Y cuando esos archivos salen a la luz, lo que queda expuesto no es solo el pasado, sino las continuidades incómodas del presente.

 

 

Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.

El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.

Una privatización difícil de justificar

El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.

Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.

El negocio detrás del desguace

La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.

Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.

Superávit, pero igual en venta

El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.

De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.

Privatizar por definición, no por necesidad

Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.

En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.

Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.

 

 

Continúa el escándalo en torno al Jefe de Gabinete.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El informe que presentó Manuel Adorni terminó revelando mucho más que datos administrativos: dejó al descubierto un circuito de gastos llamativos con tarjetas corporativas dentro de Nucleoeléctrica Argentina, con consumos en el exterior, servicios de lujo y movimientos que vuelven a poner en discusión el uso de los recursos públicos bajo el gobierno de Milei.

El documento, incorporado como anexo en una presentación oficial, detalla operaciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Allí aparecen gastos por cientos de millones de pesos —equivalentes a más de 300 mil dólares— en un período relativamente corto, en una empresa que debería estar abocada a funciones estratégicas del sistema energético nacional.

Consumos de lujo con fondos públicos

Los registros muestran pagos en free shops internacionales, hoteles de alta gama, restaurantes, discotecas y tiendas de indumentaria, todos abonados con tarjetas corporativas. Pero lo que genera mayor controversia es el tipo de consumos: aparecen gastos en peluquerías, servicios de playa en España y salidas nocturnas en Europa.

A eso se suman más de 400 extracciones de efectivo, muchas de ellas realizadas en el exterior y en lapsos de tiempo muy cortos, lo que refuerza las dudas sobre el destino real de esos fondos. La falta de justificación detallada convierte esos movimientos en uno de los puntos más sensibles del informe.

Sin nombres propios, pero con responsabilidades políticas

Uno de los aspectos más cuestionados es que el documento no identifica quién realizó cada gasto. Aunque se menciona la existencia de más de un centenar de tarjetas corporativas asignadas a funcionarios y técnicos, no hay un detalle que permita individualizar responsabilidades.

El período analizado coincide con la gestión de Demian Reidel, cercano a Milei y quien estuvo al frente de la empresa durante parte del lapso observado. Reidel buscó despegarse del escándalo y sostuvo públicamente que no realizó gastos personales, aunque el informe no permite verificar ni desmentir esa afirmación con precisión.

Ajuste hacia afuera, descontrol hacia adentro

La reacción oficial llegó después de que los datos se hicieran públicos: el Gobierno dispuso la suspensión de las tarjetas corporativas y prometió reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, la medida aparece más como respuesta tardía que como política preventiva.

La contradicción se vuelve difícil de ocultar. Mientras Milei impulsa un ajuste que recae sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el propio Estado reconoce gastos que remiten a consumos de lujo en el exterior financiados con recursos públicos.

El episodio no sólo expone posibles irregularidades administrativas: también deja al descubierto una lógica más profunda. Un Estado que se achica para la sociedad, pero que sigue siendo permeable a prácticas discrecionales en sus niveles de gestión.