Política

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    Kicillof planta bandera en el día del trabajador: “no les vamos a dar la espalda” frente al ajuste de Milei

     

    En un nuevo 1° de mayo atravesado por el ajuste y la conflictividad social, Axel Kicillof envió un mensaje contundente a los trabajadores: prometió no abandonar a quienes sufren las consecuencias del modelo económico y volvió a marcar una línea política clara frente al rumbo del gobierno nacional.

    Por Ignacio Elfratini para NLI

    En medio de un escenario económico cada vez más adverso para amplios sectores de la sociedad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió el Día del Trabajador para fijar posición. Lo hizo con una frase que sintetiza tanto una definición política como un posicionamiento estratégico: “no les vamos a dar la espalda”, en referencia directa a los trabajadores golpeados por el ajuste.

    El mensaje no fue aislado ni meramente conmemorativo. Según publicó C5N, el mandatario remarcó que, pese al intento de instalar que “no hay alternativa”, existe un horizonte distinto y que es necesario construirlo colectivamente. En otras palabras, el discurso se inscribe en una disputa más amplia: la de resignación versus proyecto político.

    Una respuesta política al modelo de ajuste

    El contexto no es menor. La gestión de Javier Milei viene siendo cuestionada por sindicatos, gobernadores y sectores productivos por el impacto de sus medidas. En ese marco, Kicillof no solo habló a los trabajadores, sino que se posicionó como uno de los principales referentes de la oposición a nivel nacional.

    La frase elegida —“no les vamos a dar la espalda”— funciona como contracara directa de un modelo que, según distintas críticas, ha descargado el peso del ajuste sobre salarios, empleo y consumo. En ese sentido, el gobernador planteó la necesidad de sostener un rol activo del Estado frente a la crisis.

    No es la primera vez que el mandatario bonaerense adopta este tono. En reiteradas oportunidades ha advertido sobre los efectos sociales de las políticas nacionales, y en este caso volvió a insistir en la idea de que hay un camino alternativo basado en la protección del trabajo y la producción.

    Entre la resistencia y la construcción de una alternativa

    El mensaje también dialoga con el clima de movilización que atraviesa al país. En los últimos meses, distintas protestas sindicales y sociales marcaron el rechazo a reformas impulsadas por el oficialismo, especialmente en materia laboral, que desde sectores opositores son interpretadas como un avance sobre derechos históricos.

    En ese escenario, Kicillof intenta correrse de una lógica puramente defensiva para plantear algo más ambicioso: la construcción de una alternativa política. La referencia a que “no hay alternativa” aparece, justamente, como una crítica a la narrativa oficial que busca instalar inevitabilidad.

    El gobernador, en cambio, propone lo contrario: que el rumbo económico es una decisión política y que puede ser modificado. De allí la insistencia en “construir ese futuro posible”, una frase que apunta tanto a la militancia como al electorado en general.

    El peronismo reconfigura su discurso frente a Milei

    El posicionamiento de Kicillof también tiene una lectura interna dentro del peronismo. En un escenario de reacomodamiento político, su figura gana centralidad como uno de los dirigentes con mayor capacidad de confrontar con Milei desde una narrativa económica y social consistente.

    La apelación directa a los trabajadores no es casual: históricamente, ese sector ha sido la base del movimiento peronista. Y en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento de la precarización, el discurso busca reconectar con esa identidad.

    Así, el mensaje del 1° de mayo no solo funciona como un gesto simbólico, sino como una pieza más en la construcción de un liderazgo opositor que intenta articular resistencia, gestión y proyección nacional.

     

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    Se apaga una fábrica histórica: Tía Maruca deja de producir y expone la crisis del modelo Milei

     

    La emblemática marca nacional de galletitas dejó de fabricar en su planta principal y pasó a tercerizar su producción en medio de la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento. Otro golpe a la industria argentina que desnuda el impacto real del ajuste.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La postal se repite con una insistencia alarmante: fábricas que se achican, líneas de producción que se apagan y marcas históricas que dejan de fabricar. Esta vez, el golpe lo da Tía Maruca, una de las firmas más reconocidas del rubro alimenticio, que decidió dejar de producir en su planta principal de San Juan y migrar a un esquema de tercerización para intentar sobrevivir.

    Detrás de la decisión, lejos de cualquier relato épico empresarial, aparece un combo conocido: caída del consumo interno, aumento sostenido de costos y dificultades para acceder al crédito. Una radiografía que coincide, punto por punto, con el deterioro económico que atraviesa el país bajo el modelo de Milei.

    La planta de Albardón, que llegó a emplear a cerca de 300 trabajadores, ya no producirá las clásicas galletitas que supieron ganar mercado frente a gigantes del sector. En su lugar, funcionará elaborando productos para terceros, mientras la marca intentará sostenerse mediante producción externalizada.

    No es un cierre total en términos formales, pero sí un retroceso industrial evidente: la pérdida de producción propia implica menor valor agregado, menor integración productiva y mayor dependencia de terceros.

    La industria en retirada

    El caso de Tía Maruca no es aislado ni repentino. La empresa arrastraba problemas desde hace años, incluyendo un concurso preventivo en 2019 y el cierre de otra planta en Chascomús en 2025 con despidos incluidos.

    Sin embargo, el contexto actual aceleró el desenlace. La caída del consumo masivo —producto del ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y la recesión— impactó de lleno en alimentos básicos, incluso en segmentos populares como las galletitas.

    A eso se suma el incremento de insumos clave como harina y azúcar, que comprimió márgenes hasta volverlos inviables, y un sistema financiero que no ofrece crédito accesible para sostener o modernizar la producción.

    El resultado es previsible: empresas que, ante la imposibilidad de sostener la producción, optan por achicarse, tercerizar o directamente cerrar.

    El “costo invisible” del ajuste

    El discurso oficial insiste en mostrar orden fiscal y equilibrio macroeconómico. Pero detrás de esos números, la economía real muestra otra cara: desindustrialización progresiva y pérdida de capacidad productiva nacional.

    Cuando una empresa deja de producir, aunque siga existiendo como marca, el daño es profundo. Se pierden encadenamientos productivos, se debilitan economías regionales y se precariza el empleo, incluso cuando no hay despidos inmediatos.

    En San Juan, la planta seguirá operativa, pero ya no como motor de una marca nacional, sino como proveedor para terceros. Es decir: menos industria propia y más lógica de subsistencia.

    El caso de Tía Maruca se suma así a una lista cada vez más extensa de empresas que retroceden en su escala productiva. Y plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas “reconversiones” más hacen falta para reconocer que el problema no es empresarial, sino estructural?

    La respuesta, por ahora, se cocina en silencio, mientras otra línea de producción se apaga.

     

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    Casta premium: Milei premia con una embajada a Crexell tras su voto clave para la Ley Bases

     

    La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.

    Por Roque Pérez para NLI

    La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.

    El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.

    Un voto que valía una embajada

    El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.

    Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.

    Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.

    La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.

    La casta que no era casta

    El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.

    No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.

    El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.

    Un precedente peligroso

    El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.

    Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.

    La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?

     

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    Hallazgo histórico: recuperan 42 páginas perdidas del Nuevo Testamento y revelan cómo se construyó la Biblia

     

    Un equipo internacional de investigadores logró recuperar 42 páginas perdidas de uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, en un descubrimiento que no sólo impacta en la historia religiosa, sino también en la comprensión de cómo se formaron los textos bíblicos tal como hoy se conocen.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Foto: Damianos Kasotakis

    Un manuscrito destruido… y reconstruido siglos después

    El hallazgo gira en torno al llamado Codex H, un manuscrito del siglo VI que contiene las cartas de Pablo. Este documento fue desarmado en la Edad Media, cuando sus páginas fueron reutilizadas como material para encuadernar otros libros en el monasterio de Gran Lavra, en el Monte Athos, Grecia.

    Esa práctica —reciclar textos antiguos— era habitual en tiempos donde el pergamino era un recurso escaso. El resultado fue la dispersión del manuscrito: sus fragmentos quedaron repartidos en bibliotecas de distintos países europeos, desde Italia hasta Rusia.

    Durante siglos, esas páginas parecían definitivamente perdidas.


    Tecnología del siglo XXI para leer lo invisible

    La recuperación fue posible gracias a técnicas avanzadas de imágenes multiespectrales, capaces de detectar restos de tinta invisibles al ojo humano. Los investigadores identificaron lo que llaman “texto fantasma”: marcas dejadas por la tinta en páginas enfrentadas, como una especie de eco del original.

    A partir de esas huellas, lograron reconstruir digitalmente las páginas desaparecidas. Además, estudios de datación por radiocarbono confirmaron que el pergamino pertenece efectivamente al siglo VI.

    El resultado no es menor: cada página sobreviviente permitió recuperar múltiples páginas perdidas, ampliando considerablemente el conocimiento sobre el manuscrito original.


    Qué dicen las páginas recuperadas

    Aunque los textos recuperados corresponden a pasajes ya conocidos de las cartas paulinas, el valor del hallazgo no está en “nuevos versículos”, sino en algo mucho más profundo: cómo se leía, organizaba y transmitía el Nuevo Testamento en sus primeros siglos.

    Entre los descubrimientos más relevantes aparecen:

    • Listas de capítulos muy diferentes a las actuales
    • Correcciones y anotaciones hechas por escribas
    • Evidencias del uso cotidiano del texto, con marcas y comentarios

    Esto demuestra que la Biblia no fue un texto fijo desde el inicio, sino un corpus en construcción, intervenido por generaciones de lectores y copistas.


    Los copistas también escribían historia

    Uno de los aspectos más reveladores del estudio es la dimensión humana detrás del manuscrito. Lejos de ser un objeto sagrado intocable, el texto era trabajado activamente: los escribas corregían errores, agregaban notas e incluso dejaban oraciones o ejercicios de escritura en los márgenes.

    Es decir, el Nuevo Testamento era también un espacio de práctica, aprendizaje y devoción cotidiana.

    Este dato rompe con la idea de una transmisión perfecta e inalterada. Por el contrario, muestra que la historia del cristianismo está atravesada por decisiones humanas, interpretaciones y cambios.


    Una pieza clave para entender la Biblia

    Los especialistas coinciden en que el descubrimiento es “monumental”, no por cambiar el contenido del Nuevo Testamento, sino por aportar evidencia concreta sobre su evolución.

    En particular, el Codex H permite observar un momento clave: cuando los textos cristianos comenzaban a organizarse en una forma más cercana a la Biblia actual, entre los siglos IV y VI.

    En ese sentido, el hallazgo no reescribe la Biblia, pero sí reescribe la historia de cómo se construyó.


    Entre la fe y la historia

    El descubrimiento vuelve a poner sobre la mesa una tensión que atraviesa siglos: la diferencia entre el texto religioso como objeto de fe y como documento histórico.

    Lo que surge de estos estudios no invalida creencias, pero sí aporta un dato incómodo para las lecturas más rígidas: los textos sagrados tienen historia, y esa historia está llena de intervenciones humanas.

    Entender eso no los vuelve menos relevantes. Al contrario, los vuelve más complejos, más ricos… y profundamente humanos.

     

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    Privatización en marcha: Milei avanza sobre ENARSA y profundiza el desguace del Estado

     

    Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.

    Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.

    Energía en venta, soberanía en retroceso

    La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.

    La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.

    El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento

    Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.

    Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.

    Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público

    El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.

    La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.

    En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.

    Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.