Escándalo en puerta: una licitación lanzada a las apuradas y bajo sospecha de favoritismo podría ser declarada desierta.
Por Nerio Corello para Noticias La Insuperable
La licitación para las visitas guiadas al Teatro Colón da la impresión de no haber salido como se esperaba: la empresa que estaría apadrinada por Hernán Lombardi no quedó satisfecha y todo parecería indicar que el ex Grupo Sushi, actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, querría lograr que se la declarase desierta.
Desde hace aproximadamente tres años, el servicio de visitas guiadas está concesionado precariamente a PBG Travel & Events, firma que se presume cercana a H. Lombardi. LPO informa que “La empresa pertenece a Adolfo Boada Aguirre, asociado con Claudio Massetti para la explotación de los tours. Massetti creó tour.arte semanas antes de conseguir la concesión del servicio. Ambos son ex funcionarios cercanos a Lombardi, que niega vínculos con la empresa y dice no estar al tanto de la licitación.”.
Lamentablemente, a partir de la aparición de Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del GCBA, también muy cercana a Hernán Lombardi, no ha dejado de haber controversias y oscuras sospechas en torno a la administración del Teatro Colón.
G. Grieco, J. Macri y G. Ricardes
La remoción de Jorge Telerman que apuró la funcionaria, el nombramiento del consultor uruguayo Gerardo Grieco como director general y, para colmo, el ataque difamatorio a los prestigiosos cuerpos estables que con malas artes pergeñó el oriental, han herido gravemente al Colón y oscurecido la gestión administrativa, algo que se teme también herirá, más temprano que tarde, la excelencia artística.
Además, como si tan triste marco no fuera suficiente, la precarización de los trabajadores del Colón avanza sin pausa. Ricardes, Grieco y, presumiblemente en las sombras, el temible ex Grupo Suhsi, se han adueñado del destino de una joya cultural que cada día se parece más a un botín disputado por mercenarios de la burocracia.
Un equipo francés encontró 225 ushabtis en posición original dentro de una cámara funeraria de Tanis. El hallazgo permitió identificar un sarcófago anónimo como perteneciente a Sheshonq III, uno de los faraones más enigmáticos de la Dinastía XXII.
Por Alcides Blanco para NLI
Un tesoro de 225 estatuillas funerarias fue descubierto dentro de una tumba en la antigua capital egipcia de Tanis, en el delta del Nilo, informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.
Una tumba saqueada que escondía un tesoro intacto
La necrópolis de Tanis, famosa por sus tumbas saqueadas desde la Antigüedad, volvió a sorprender al mundo. En un sector que se creía completamente estudiado, la misión arqueológica francesa dirigida por especialistas de larga trayectoria encontró 225 estatuillas funerarias cuidadosamente enterradas bajo capas de limo. Ese detalle —la preservación exacta del lugar original— es un milagro arqueológico en un sitio castigado por siglos de saqueo y movimientos de tierra.
Las piezas, de tonos azules y con inscripciones reales finamente marcadas, se encontraban al interior de una cámara asociada a Osorkon II, pero el contexto del hallazgo volcó todas las miradas hacia otro misterio que lleva décadas sin resolverse: un sarcófago de granito completamente anónimo hallado años atrás en la misma área.
La sorpresa llegó con los cartuchos reales grabados en varias de las estatuillas: pertenecían al faraón Sheshonq III, gobernante de la Dinastía XXII, cuyo lugar de entierro había sido motivo de especulación durante más de un siglo. Con esa evidencia en mano, el equipo concluyó que el sarcófago anónimo —grande, pesado, pero inexplicablemente sin inscripciones— correspondía, en realidad, a este faraón.
Sheshonq III: el “rey sin tumba” que recuperó su identidad
Las estatuillas, conocidas como ushabti, eran consideradas sirvientes mágicos que asistirían al difunto en su vida en el más allá. Que un conjunto tan numeroso haya aparecido completo, agrupado y en posición original no solo es un acontecimiento inusual: es una pieza fundamental para reconstruir las prácticas funerarias del período libio.
La Dinastía XXII, marcada por conflictos internos, traslados de tumbas y luchas por el poder, dejó a muchos faraones en posiciones históricas borrosas. Sheshonq III, en particular, quedó registrado en las inscripciones oficiales pero sin una tumba claramente identificada. Por eso, este hallazgo no solo llena un vacío arqueológico: corrige una omisión histórica.
La presencia de más de doscientas figuras vinculadas a su nombre refuerza la teoría de que los restos del faraón pudieron haber sido trasladados durante un período de inestabilidad para resguardar su ajuar funerario. Que las estatuillas hayan sobrevivido a saqueos y mudanzas internas es casi un acto de resistencia arqueológica.
Qué cambia en la historia del Antiguo Egipto
El hallazgo obliga a revisar buena parte del mapa funerario de Tanis. Allí, a diferencia del Valle de los Reyes, la mayoría de las cámaras reales llegaron destruidas o saqueadas. Por eso, recuperar un conjunto tan numeroso y original es un evento excepcional.
Pero el impacto va más allá de lo material:
Permite identificar con certeza un sarcófago que llevaba décadas sin dueño.
Confirma el nivel de complejidad ritual de la Dinastía XXII.
Abre un nuevo capítulo sobre cómo se movían, escondían y protegían los bienes reales en épocas de crisis.
Y desmonta la idea de que Tanis ya no tenía nada nuevo para ofrecer.
En palabras de los propios arqueólogos —integradas en sus informes—, este es el hallazgo más importante en Tanis desde mediados del siglo pasado.
El Gobierno oficializó la designación de Fernando Martín Kusnier como nuevo Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad Nacional. Mientras Milei coloca a otro empresario privado al mando de un área estratégica, reaparece la trayectoria del flamante funcionario: dueño de la empresa de alarmas Protegido 24 y esposo de Susana Judith Cobe, una de las empleadas señaladas en la causa por el vaciamiento del Banco Mayo, donde también figuró la madre de María Eugenia Vidal.
Por Roque Pérez para NLI
Del boletín oficial a la seguridad privada
A través del Decreto 855/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, Milei nombró a Fernando Martín Kusnier como número dos político del Ministerio de Seguridad Nacional, el área clave donde se digitan las decisiones estratégicas del gabinete. Lo secunda con su firma Alejandra Monteoliva, la fiel remplazante de Patricia Bullrich.
Kusnier, de 58 años, no viene del mundo académico, ni de instituciones especializadas en criminología o políticas públicas. Su experiencia proviene del negocio privado de la seguridad, un sector históricamente marcado por la opacidad regulatoria, la tercerización descontrolada y la falta de auditorías estatales serias.
Según los registros oficiales, es propietario de AMAKOR S.A., más conocida por su marca comercial Protegido 24, una empresa de alarmas y monitoreo que opera en el rubro de seguridad electrónica.
Una familia que ya aparece en causas sensibles
La trayectoria personal de Kusnier no es la única que vuelve al centro de la escena. Su esposa, Susana Judith Cobe, figuró en el radar judicial: apareció mencionada en la emblemática causa por el vaciamiento del Banco Mayo, uno de los mayores escándalos financieros de los años ’90.
Cobe trabajó en la mesa de dinero que funcionaba en el segundo piso de la casa matriz del Banco Mayo (calle Paso 640). Su tarea, según su propia declaración, consistía en recepcionar a los clientes que venían a invertir, tomar sus datos y emitir comprobantes / plazos siguiendo instrucciones que venían de la Gerencia Financiera.
En esos testimonios ella describe que las mesas (Mayflower, Trust Inversions) operaban desde dentro del banco pero fuera de los balances oficiales, un mecanismo que derivó en la estafa masiva denunciada años después. Los expedientes del caso incluyen testimoniales que la mencionan entre quienes ofrecían operaciones financieras por fuera del circuito bancario regulado.
La causa, que tuvo ramificaciones políticas, judiciales y mediáticas durante décadas, rememora otro nombre propio: Norma Susana Cascallares, empleada del banco y madre de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Cascallares aparece en las denuncias de ahorristas que afirmaron haber recibido de ella propuestas de inversión con “mejor rentabilidad”, parte del mecanismo que terminó contribuyendo al colapso del Banco Mayo.
Cobe y Cascallares figuran mencionadas en la misma causa por irregularidades financieras, relacionadas con la operatoria de mesas de dinero.
El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
Se suman más denunciantes a la estafa «difundida» por Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Una mujer de ciudadanía bielorrusa decidió presentarse como querellante en la causa federal contra Milei, su hermana Karina y el círculo íntimo que promovió el token $LIBRA. Asegura haber perdido más de 1,7 millones de dólares después del mensaje oficial que difundió el propio Milei desde su cuenta institucional.
La denuncia que llegó desde Bielorrusia
Según la información publicada por Juan Alonso en su cuenta de X, la mujer bielorrusa afirmó haber perdido 1.768.079 dólares tras la caída repentina del token $LIBRA, promocionado públicamente el 14 de febrero desde la cuenta oficial de Milei, con tilde gris y condición de funcionario nacional.
#Urgente#Ahora$LIBRA: una mujer de ciudadanía bielorrusa pidió ser querellante en la causa federal contra Javier Gerardo Milei y su hermana Karina Elizabeth. Aseguró que perdió 1.768.079 dólares tras la caída abrupta del token difundido el 14/2. La presentación judicial… pic.twitter.com/mUuBbDcHEX
La presentación asegura que la inversora confió en la “legitimidad institucional” que otorgaba la figura presidencial al proyecto cripto. En la querella se adjuntaron las transacciones en la Blockchain que demuestran cómo sus compras masivas se transformaron en un quebranto millonario cuando Milei retiró su apoyo.
Representada en Argentina por el abogado penalista Nicolás Oszust, la mujer se constituyó como querellante en Comodoro Py, en el expediente donde también litiga la querella de Martín Romeo. La causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
La denunciante apuntó contra Karina Milei, Manuel Adorni y los desarrolladores del token, entre ellos Hayden Mark Davis, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, por los presuntos delitos de estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. También pidió que se investigue la responsabilidad penal de todos los funcionarios que promovieron $LIBRA, cuya demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York menciona 75.000 damnificados internacionales.
Una causa que no avanza y un conflicto que huele a escándalo
Pese a la magnitud del perjuicio económico, la cantidad de damnificados y el impacto internacional del caso, en Argentina la causa avanza a paso de tortuga. Y no es casual.
Tal como reveló Noticias La Insuperable, la investigación está prácticamente paralizada mientras el hijo del fiscal, Federico Nicolás Taiano, pasó a trabajar como “Expert Consultant” para la firma del exagente de la CIA Frank Holder, uno de los nombres clave asociados al universo de operadores que orbitan alrededor del escándalo de $LIBRA.
El detalle no es menor: el salto laboral del hijo del fiscal se produjo justo mientras la causa se frenaba y mientras se beneficiaba a los imputados con decisiones judiciales sensibles, como la liberación de bienes.
La situación plantea un conflicto de intereses monumental, inédito en una causa de semejante volumen político y económico. El fiscal Taiano —quien debería impulsar la investigación— tiene a su propio hijo trabajando para uno de los actores centrales del entramado, según publicó NLI en sus investigaciones de las últimas semanas.
Cuando la Justicia mira para otro lado
En los hechos, la causa $LIBRA parece avanzar con más fuerza en el exterior que en los tribunales argentinos:
En Nueva York, la demanda colectiva sigue su curso con miles de damnificados.
En Cataluña, inversores europeos también iniciaron acciones.
En Buenos Aires, mientras tanto, los avances son mínimos y las medidas de prueba se demoran sin explicación convincente.
Para los querellantes, la combinación de pérdidas millonarias, demoras procesales y vínculos cruzados entre funcionarios judiciales y operadores privados configura un caldo de cultivo perfecto para la impunidad.
La llegada de la mujer bielorrusa no solo amplía la dimensión internacional del caso: también vuelve más difícil justificar por qué en Argentina todo sigue trabado.
Un escándalo global con epicentro en la Rosada
La maniobra asociada a $LIBRA expone una trama que mezcla política, negocios cripto, operadores cercanos al poder, exagentes de inteligencia y funcionarios que usaron su investidura para avalar un esquema que hoy investiga la Justicia.
Que una ciudadana bielorrusa haya decidido litigar en Comodoro Py —y que existan miles de casos similares en el exterior— habla de la magnitud del escándalo. Pero que en Argentina la causa esté detenida mientras el hijo del fiscal trabaja para uno de los implicados directos solo confirma lo que el sentido común indica: la Justicia está mirando para otro lado.
Con cada nueva querella, con cada dato que se suma y con cada irregularidad procesal que aparece, queda más claro que el caso $LIBRA no es solo una estafa financiera. Es un síntoma del modelo de poder que Milei instaló y que hoy intenta sostener en silencio, aunque las víctimas sigan apareciendo desde Buenos Aires hasta Bielorrusia.
La renuncia de Alberto Baños a la Subsecretaría de Derechos Humanos expone el derrumbe de una política pública que Milei convirtió en blanco predilecto. Su gestión estuvo marcada por despidos, censura, negacionismo y el vaciamiento sistemático de los espacios de memoria. Su salida revela la feroz interna que atraviesa al oficialismo, donde Santiago Caputo y sus alfiles avanzan sobre lo poco que queda en pie.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Una renuncia que confirma el derrumbe
El éxodo de funcionarios dentro del gobierno volvió a sumar un nombre clave: Alberto Baños dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) luego de meses de escándalos, retrocesos institucionales y conflictos internos. Su gestión, desde el primer día, fue sinónimo de degradación, persecución laboral y negacionismo explícito, culminando con un organismo reducido a un tercio de su estructura original.
El mes pasado, Baños había representado al Estado argentino ante un comité de Naciones Unidas solo para minimizar el terrorismo de Estado, atacar a los organismos de derechos humanos y retomar el discurso negacionista de los 30.000 desaparecidos como “invención con fines económicos”.
Un funcionario sin credenciales y con un prontuario político
Baños llegó al cargo de la mano de su amigo Mariano Cúneo Libarona, arrastrando antecedentes polémicos: como juez, no investigó la desaparición del policía Arshak Karhanyan y permitió la excarcelación del ministro de la dictadura José Martínez de Hoz. Su paso por la SDH no mejoró esa imagen: despidos masivos, falta de designación de cargos clave y presencia de efectivos de la Policía Federal custodiando la sede dentro de la ex ESMA, un espacio de memoria que debería ser lo contrario a un cuartel.
Cierres, censura y persecución en los espacios de memoria
El inicio del año fue brutal. De un día para el otro, y a través de un simple mensaje de WhatsApp enviado por su secretaria, se anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la licencia de todo su personal. Baños prometió su reapertura en varios medios, pero el Conti nunca volvió a abrir.
Tampoco dudó en censurar actividades ya programadas, impedir un recital en la ex ESMA e ir a la Justicia para prohibir eventos en El Faro, el sitio de memoria de Mar del Plata. Su estrategia fue clara: vaciar, silenciar y despedir.
Una agenda alineada con los sectores más reaccionarios
Baños también impulsó una “solución amistosa” ante la CIDH que equiparaba acciones de grupos guerrilleros con delitos de lesa humanidad, una maniobra repudiada incluso por especialistas internacionales.
Y mientras desarticulaba políticas públicas, mantenía línea directa con Ricardo Saint Jean, referente de Justicia y Concordia, organización conocida por militar beneficios para represores. Fuentes internas revelaron que Saint Jean le marcaba cada paso para lograr nuevas domiciliarias.
Además, permitió que Luis Petri y Patricia Bullrich atacaran públicamente a la Conadi, a la que definieron como un organismo “militante”.
La degradación institucional como política de Estado
El golpe final llegó en mayo, cuando Baños aceptó rebajar la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. En simultáneo, el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria fueron degradados y quedaron bajo la órbita del CIPDH, un espacio cada vez más ocupado por funcionarios cercanos a Santiago Caputo, el verdadero poder en las sombras del gobierno.
Las internas que estallaron por los aires
Desde la llegada de Milei, Cúneo Libarona quedó pintado al óleo frente al avance de su número dos, Sebastián Amerio, alfil directo del asesor presidencial. Baños, por su parte, sintió el avance de las “fuerzas del cielo” que han copado el CIPDH y que responden, sin escalas, a Caputo.
La situación se volvió insostenible cuando reapareció Alfredo Vitolo, viejo conocido del macrismo y defensor público del “perdón” a los represores. Vitolo fue designado como director nacional de Asuntos Jurídicos de la SDH y no tardó en chocar con Baños.
Su desplazamiento quedó sellado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una foto de Vitolo representando al país en una reunión donde Baños debía estar presente. Minutos después, a las 19.04, presentó su renuncia.
Una salida prolija para tapar un desastre
En su carta, Baños habló de “casi dos años de esforzada labor” y de “dejar a otros que continúen forjando un mejor país”. Cúneo Libarona lo despidió como a un “excelente funcionario”.
Pero para los trabajadores despedidos, los organismos de derechos humanos y los espacios de memoria vaciados, su gestión fue una pesadilla.
Por ahora, no hay reemplazo confirmado. Lo único seguro es que la SDH, que alguna vez fue un organismo emblemático, hoy es un cascarón vacío, víctima del desmantelamiento planificado por Milei y las internas feroces que se devoran al propio gobierno.
