Política

 

Mientras el Gobierno castiga a familiares de periodistas críticos, impulsa el ascenso judicial de la esposa de uno de sus principales defensores mediáticos. La historia de Marina Pisacco vuelve a poner en discusión la relación entre poder político, medios de comunicación y Justicia.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay decisiones políticas que hablan más fuerte que los discursos. Mientras Javier Milei convirtió la batalla contra la denominada «casta» en una marca registrada de su gestión, una designación impulsada por la Casa Rosada expone una contradicción difícil de explicar: el ascenso a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Marina Edith Pisacco, esposa del periodista Adrián Ventura, uno de los comunicadores que más enfáticamente sostiene las posiciones del oficialismo en materia judicial e institucional.

El pasado 11 de mayo, el Poder Ejecutivo remitió al Senado el mensaje solicitando el acuerdo correspondiente para designar a Pisacco como vocal de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El documento lleva las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del propio Milei, quien solicita expresamente el tratamiento de la candidatura en los términos del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.

La postulación comenzó su recorrido parlamentario y fue tratada en la Comisión de Acuerdos del Senado el 9 de junio, dando un paso más en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre determinados sectores del periodismo y el poder político.

Una historia que no empezó con Milei

El nombre de Marina Pisacco no aparece por primera vez asociado a un gobierno que premia a familiares de periodistas influyentes.

En mayo de 2022, NLI publicó una investigación en la que repasaba cómo la magistrada había recibido durante la gestión de Mauricio Macri una promoción que generó fuertes cuestionamientos, mientras su esposo mantenía una permanente presencia mediática como analista judicial y uno de los periodistas de referencia de TN en temas vinculados a la Justicia Federal.

Aquella nota planteaba una pregunta incómoda: si Ventura era tan severo al analizar supuestos privilegios de funcionarios kirchneristas, ¿por qué mantenía silencio cuando los beneficios alcanzaban a su propio entorno familiar?

Cuatro años después, la discusión vuelve a instalarse. Cambia el gobierno, pero la protagonista sigue siendo la misma.

El doble estándar del Gobierno

La situación adquiere otra dimensión cuando se observa una decisión tomada por el propio Milei apenas días antes.

El Gobierno nacional pidió retirar el pliego de una candidata a jueza federal luego de que trascendiera su vínculo familiar con un periodista que viene investigando presuntos hechos de corrupción dentro de la administración libertaria.

La explicación política fue evidente: el parentesco pasó a convertirse en un obstáculo suficiente para impedir una designación judicial.

Sin embargo, ese criterio parece desaparecer cuando se trata de Marina Pisacco.

Mientras una candidata es descartada por ser familiar de un periodista crítico, otra recibe el respaldo explícito del Presidente siendo esposa de uno de los comunicadores que con mayor frecuencia defiende las posiciones oficiales.

La diferencia entre ambos casos resulta evidente y alimenta interrogantes sobre la existencia de un criterio uniforme o, por el contrario, de una vara distinta según la cercanía política o mediática con el Gobierno.

Ventura y una defensa permanente del oficialismo

La simultaneidad tampoco pasa inadvertida.

Mientras el Senado avanzaba con el tratamiento del pliego de Pisacco, Adrián Ventura protagonizaba distintos debates televisivos defendiendo con firmeza las decisiones del Gobierno y cuestionando las críticas dirigidas contra la administración libertaria.

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante un intercambio al aire con Mario Massaccesi por el caso de Manuel Adorni, donde Ventura volvió a sostener la posición oficial incluso frente a cuestionamientos planteados dentro del propio programa.

Tenso momento en TN cuando Mario Massaccesi hizo referencia a las mentiras de Adorni, y fue interrumpido abruptamente por Adrían Ventura, quien tenía la orden claramente de dejar bien parado a Adorni. Sobre el final el rostro de Massaccesi al mandar a la pausa lo dice todo… pic.twitter.com/qoGWWyAmzP

— El Prensero (@El_Prensero) June 11, 2026

Por supuesto, ningún periodista pierde el derecho a expresar sus opiniones porque un familiar ocupe un cargo público ni existe evidencia de que sus posiciones respondan a esa circunstancia. Pero cuando un gobierno convierte la lucha contra los privilegios y el nepotismo en una bandera política, la promoción de la esposa de uno de sus principales defensores mediáticos inevitablemente despierta preguntas sobre la coherencia de ese discurso.

La discusión no gira solamente alrededor de las condiciones profesionales de Marina Pisacco, cuya trayectoria es evaluada institucionalmente por el Senado, sino sobre la consistencia de un gobierno que parece aplicar principios distintos según quién ocupe el lugar de beneficiario.

Porque si el parentesco con un periodista crítico alcanza para retirar un pliego judicial, resulta difícil explicar por qué el parentesco con un periodista alineado con el oficialismo no representa ningún inconveniente.

La política argentina conoce desde hace décadas la influencia que determinados comunicadores ejercen sobre los distintos gobiernos. Milei llegó prometiendo terminar con esas prácticas y construir un sistema basado exclusivamente en el mérito. La candidatura de Marina Pisacco vuelve a poner esa promesa bajo examen y deja una pregunta abierta: ¿se trata del fin de los privilegios o simplemente de un cambio de beneficiarios?

 

 

Mientras crecen las denuncias, los pedidos de renuncia y las iniciativas parlamentarias contra Manuel Adorni, una pregunta empieza a recorrer los pasillos del Congreso: ¿conviene impulsar su destitución o es el propio Gobierno el que necesita que alguien le resuelva un problema que no sabe cómo enfrentar? La paradoja es que una victoria opositora podría terminar siendo un salvavidas para Milei.

Por Roque Pérez para NLI

El oficialismo quedó atrapado en una contradicción de difícil salida. Durante meses construyó un discurso basado en la superioridad moral y en la supuesta diferencia ética respecto de la «casta». Sin embargo, las revelaciones sobre el patrimonio, las declaraciones contradictorias y la admisión de fondos no declarados por parte de Manuel Adorni convirtieron a quien debía ser uno de los principales defensores del Gobierno en su mayor dolor de cabeza.

Milei decidió sostenerlo públicamente, incluso cuando el costo político comenzó a crecer dentro y fuera del Congreso. La estrategia parece clara: mostrar fortaleza, denunciar una persecución política y evitar que una renuncia sea leída como una admisión de culpa. Pero esa misma decisión lo deja atado a un funcionario cuya permanencia desgasta todos los días un poco más el discurso anticorrupción libertario.

Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política

Una salida que el Gobierno no puede ejecutar

En política muchas veces el problema no es saber qué hacer sino quién paga el costo.

Si Milei le pide la renuncia a Adorni, reconocerá implícitamente que la oposición tenía razón al denunciar irregularidades y que el relato de la transparencia absoluta era mucho más frágil de lo que prometía. Además, quedaría expuesto frente a su propia base electoral, después de haber defendido al funcionario en reiteradas oportunidades.

Pero existe otro escenario mucho más conveniente para la Casa Rosada: que sea el Congreso el que resuelva el problema.

Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política, denunciar un supuesto intento de desestabilización y, al mismo tiempo, desprenderse de un funcionario cuya continuidad complica cada negociación legislativa y cada aparición pública.

Paradójicamente, aquello que hoy aparece como una derrota institucional podría convertirse en una oportunidad para relanzar la gestión con un nuevo jefe de Gabinete y sin asumir el costo directo de haber desplazado a uno de sus hombres de confianza.

El riesgo de una victoria táctica

No sería la primera vez que una oposición consigue un triunfo parlamentario que termina fortaleciendo al oficialismo.

Si la salida de Adorni se produce por presión del Congreso, Milei podría reconstruir el relato afirmando que respetó las instituciones mientras denuncia que los sectores tradicionales impidieron que su funcionario continuara en funciones. La discusión dejaría de concentrarse en las inconsistencias patrimoniales y pasaría a girar alrededor de una presunta persecución política.

El foco se desplazaría del escándalo hacia el conflicto institucional, un terreno donde el oficialismo ha demostrado capacidad para movilizar a su electorado.

Por eso algunos sectores opositores empiezan a preguntarse si una destitución inmediata es la mejor estrategia o si resulta más conveniente mantener abierto el caso, impulsar investigaciones, exigir explicaciones y dejar que el desgaste siga acumulándose sobre el Gobierno.

El dilema de la oposición

La discusión ya no pasa solamente por la responsabilidad política de Adorni sino por las consecuencias de cada movimiento.

Destituirlo significaría obtener una victoria simbólica importante contra un funcionario cuestionado, pero también podría liberar a Milei de una carga que hoy consume buena parte de su capital político.

Mantenerlo en el cargo, en cambio, obliga al Presidente a seguir justificando contradicciones, responder nuevas denuncias y sostener un discurso anticorrupción cada vez más difícil de defender.

En ese contexto, la oposición enfrenta una decisión compleja: castigar a un funcionario o dejar que el propio Gobierno continúe pagando el costo de sostenerlo. Porque a veces, en política, el golpe más efectivo no es derribar una pieza sino obligar al adversario a seguir cargándola.

 

 

Un nuevo informe de Oxfam una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países, pone números a un fenómeno que atraviesa a toda la región: la concentración extrema de la riqueza no solo profundiza la desigualdad económica sino que también condiciona la calidad democrática. Mientras un puñado de milmillonarios acumula fortunas comparables al PBI de varios países, crece su capacidad para influir sobre gobiernos, leyes, medios de comunicación y decisiones públicas.

Por Roque Pérez para NLI

La discusión sobre la desigualdad suele presentarse como un problema exclusivamente económico. Sin embargo, el informe «Riqueza sin control, democracia en riesgo: por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal», elaborado por Oxfam, sostiene que el verdadero desafío es mucho más profundo: la concentración de la riqueza está derivando en una concentración del poder político que amenaza el funcionamiento mismo de las democracias.

Los números son contundentes. América Latina y el Caribe cuentan actualmente con 109 milmillonarios que concentran una riqueza conjunta de 622.900 millones de dólares, una cifra comparable al Producto Bruto Interno combinado de Chile y Perú. En apenas un año, esas fortunas crecieron cerca de un 39%, unas dieciséis veces más rápido que la economía regional.

Las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio

Cuando el dinero compra influencia

El informe sostiene que el problema no es únicamente la existencia de grandes fortunas, sino la capacidad que esas fortunas tienen para convertirse en influencia política permanente.

Según Oxfam, las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio. Ese poder también se ejerce mediante el financiamiento de campañas, el lobby empresarial, la presión sobre organismos estatales y el control de medios de comunicación.

La consecuencia es un círculo difícil de romper: quienes acumulan riqueza pueden influir sobre las reglas económicas, obteniendo aún mayores beneficios y consolidando posiciones dominantes.

El informe cita investigaciones internacionales que atribuyen más de una cuarta parte del retroceso democrático registrado entre 1990 y 2019 al aumento del poder corporativo, capaz de moldear regulaciones, bloquear competidores e influir sobre la opinión pública.

Un mapa de los sectores que concentran el poder

Otro aspecto llamativo del trabajo es que la riqueza de los grandes patrimonios latinoamericanos no está distribuida de manera uniforme.

El 65% del patrimonio de los milmillonarios de la región se concentra en apenas tres sectores:

Finanzas y servicios de inversión (27,45%), medios y telecomunicaciones (20,63%) y energía y recursos naturales (17,45%). Detrás aparecen la agroindustria, la tecnología, los conglomerados industriales y otros rubros con menor participación.

Para Oxfam, esta composición no es casual. Se trata de mercados con altas barreras de entrada, fuerte concentración económica y enorme capacidad para influir sobre regulaciones, precios y políticas públicas.

En otras palabras, el poder económico y el poder político terminan alimentándose mutuamente.

Un debate que interpela a la Argentina

La publicación adquiere especial relevancia en un contexto regional donde distintos gobiernos impulsan reducciones impositivas para grandes patrimonios, flexibilización de controles financieros y procesos de desregulación económica.

Mientras el discurso oficial suele presentar estas medidas como incentivos para la inversión privada, el informe advierte que la disminución de la progresividad fiscal puede fortalecer aún más la concentración de riqueza y reducir la capacidad de los Estados para financiar educación, salud, infraestructura y políticas sociales.

La organización propone avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, con impuestos más progresivos sobre grandes fortunas, combate efectivo a la evasión y mayor transparencia sobre la influencia corporativa en las decisiones públicas.

Mucho más que una discusión económica

El informe deja planteada una pregunta incómoda para toda la región: ¿puede existir una democracia plenamente representativa cuando una pequeña élite concentra recursos suficientes para condicionar el debate público, financiar campañas, controlar medios y participar directamente en la elaboración de las reglas del juego?

La respuesta de Oxfam es clara. La desigualdad extrema no solo produce pobreza o exclusión social: también erosiona la representación política, debilita las instituciones y transforma el poder económico en una herramienta capaz de moldear el funcionamiento mismo de la democracia.

 

 

Copete

La historia de Manuel Adorni ya no se parece solamente a una investigación patrimonial. Se parece, sobre todo, a un cuento. Un muñeco de madera que aseguraba decir siempre la verdad, un Gepetto dispuesto a defenderlo contra cualquier evidencia, un misterioso pendrive convertido en cofre del tesoro y una enorme ballena esperando al final del camino. La diferencia es que Carlo Collodi escribía ficción. La política argentina, a veces, parece empeñada en superarla.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay una razón por la que Pinocho sigue siendo uno de los personajes más universales de la literatura. Su historia no habla simplemente de un niño de madera que miente, sino de la imposibilidad de sostener una mentira indefinidamente. Cada engaño deja una marca visible. Cada intento de explicar una contradicción genera una nueva contradicción. La nariz crece porque la realidad termina imponiéndose sobre el relato.

Manuel Adorni parece haber encontrado una versión del siglo XXI para esa vieja metáfora. En lugar de una nariz de madera, apareció un pendrive. No cualquier pendrive: según explicó en televisión, allí permanecieron guardados durante años más de medio millón de dólares en Bitcoin, un patrimonio que definió como un «trofeo» y que no había sido incorporado a sus declaraciones patrimoniales hasta que la investigación judicial y periodística comenzó a exponer inconsistencias difíciles de explicar.

La imagen es poderosa por sí sola. Mientras el personaje insiste en que siempre dijo la verdad, la memoria USB termina ocupando el lugar que en el cuento ocupaba la nariz. Allí se almacenan archivos, movimientos, operaciones, declaraciones rectificativas y explicaciones sucesivas que modifican las anteriores. Ya no se trata solamente de una discusión contable sino de un problema narrativo: la historia original dejó de ser suficiente para explicar la realidad.

Durante meses, el jefe de Gabinete sostuvo que su patrimonio estaba debidamente declarado y que las denuncias respondían a operaciones políticas. Sin embargo, con el avance de la investigación comenzaron a conocerse compras inmobiliarias, refacciones de alto valor, viajes, operaciones con criptomonedas y finalmente la existencia de activos que no habían sido declarados oportunamente y que luego fueron incorporados mediante declaraciones rectificativas aprovechando el nuevo régimen de regularización fiscal impulsado por el propio Gobierno.

La paradoja política resulta inevitable. La administración de Milei llegó al poder prometiendo una superioridad moral sobre la denominada «casta», presentándose como el gobierno que venía a terminar con los privilegios, las maniobras oscuras y la opacidad patrimonial de los funcionarios públicos. Sin embargo, uno de sus hombres más importantes terminó admitiendo la existencia de cientos de miles de dólares no declarados mientras argumentaba que se trataba de una situación habitual entre los argentinos.

Allí aparece otro personaje del cuento.

Gepetto.

En la historia de Carlo Collodi, el viejo carpintero construye a Pinocho con paciencia y amor, convencido de que algún día se convertirá en un niño de verdad. En esta versión política, Milei parece decidido a defender a su criatura incluso cuando el propio relato comienza a resquebrajarse. Las críticas son calificadas como operaciones, las investigaciones como persecuciones y las contradicciones como simples malentendidos administrativos. Pero ni siquiera Gepetto podía impedir que la nariz creciera cuando el muñeco elegía el camino de la mentira.

La filosofía siempre distinguió entre la verdad y la verosimilitud. Una mentira bien contada puede parecer verdadera durante mucho tiempo, hasta que los hechos empiezan a acumularse. Aristóteles sostenía que la coherencia es una condición indispensable de la verdad: un relato que necesita corregirse permanentemente termina revelando sus propias fisuras. En política ocurre exactamente lo mismo. No es una sola explicación la que genera desconfianza, sino la necesidad constante de reemplazarla por otra.

Cada nueva versión agrega un nuevo archivo al pendrive. Primero fue la defensa absoluta. Después aparecieron las criptomonedas. Luego llegaron las rectificaciones patrimoniales. Más tarde la explicación del «trofeo». Finalmente la apelación al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio oficialismo. El dispositivo ya no guarda solamente bitcoins: almacena una cronología completa de justificaciones que fueron modificándose a medida que avanzaban las preguntas.

Y entonces aparece la ballena.

En el cuento original, Pinocho termina dentro del enorme animal marino después de una larga cadena de errores. No es un castigo divino sino la consecuencia de sus propias decisiones. La ballena de Adorni podría ser su propio relato, una construcción que fue creciendo hasta volverse imposible de controlar. Cada nueva declaración intenta explicar la anterior y, al hacerlo, crea una nueva incógnita. No hay persecución capaz de fabricar esas contradicciones; nacen del propio discurso.

Queda un último personaje por ingresar a escena.

El hada madrina.

En la literatura aparece para ofrecer una oportunidad de redención, pero sólo cuando el protagonista decide abandonar el engaño. En la Argentina ese papel quedará reservado para Comodoro Py, el lamentable lugar donde las verdades no importan y que avergüenzan a una Justicia. Quedará por verse si Lijo (viajecito a París mediante) acepta interpretar al hada madrina o si, por el contrario, decide que la madera siga siendo madera. Una cosa distingue a los cuentos de la realidad: en la vida pública las narices no siempre crecen, pero los patrimonios sí.

Porque existe una sentencia que no depende de ningún tribunal. La confianza pública se construye sobre la coherencia entre lo que un funcionario dice y lo que termina admitiendo cuando las evidencias aparecen. Carlo Collodi escribió que Pinocho sólo pudo convertirse en un niño verdadero cuando dejó de mentir. La política argentina ofrece una versión distinta del cuento: un muñeco cuya nariz ya no es de madera sino un pendrive repleto de archivos, un Gepetto que insiste en defenderlo y una ballena hecha de contradicciones que amenaza con tragarse una historia que pretendía ser perfecta.

Porque en los cuentos las narices crecen. En la vida pública, a veces, lo que crece son las explicaciones. Y cuando eso ocurre, la metáfora deja de ser literatura para convertirse en noticia.

 

 

La declaración jurada de Manuel Adorni abrió una caja de Pandora que el propio funcionario terminó agrandando con una explicación difícil de creer: aseguró que mantuvo durante años un pendrive con criptomonedas valuadas en alrededor de 500 mil dólares porque representaba un «trofeo». La justificación llegó en pleno debate por el régimen de «Inocencia Fiscal», el nuevo blanqueo impulsado por el gobierno que ya comenzó a ser utilizado por integrantes del gabinete y que pone en crisis el discurso moralista con el que La Libertad Avanza llegó al poder.

Por Roque Pérez para NLI

El gobierno que prometió terminar con «la casta» y que hizo de la transparencia una de sus principales banderas atraviesa una semana incómoda. Después de conocerse que varios funcionarios recurrieron al nuevo régimen de regularización patrimonial impulsado por el propio oficialismo, fue Manuel Adorni quien quedó en el centro de la escena por una declaración que rápidamente generó polémica.

La presentación patrimonial del vocero presidencial reveló la existencia de una importante tenencia de criptoactivos que, según distintas estimaciones periodísticas, ronda el equivalente a medio millón de dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el monto sino la explicación pública que ofreció cuando comenzaron las preguntas.

Un «trofeo» de casi medio millón de dólares

Adorni sostuvo que esos activos digitales permanecieron durante años almacenados en un pendrive porque los consideraba un «trofeo». La definición buscó transmitir la idea de una inversión temprana realizada cuando las criptomonedas todavía eran un mercado desconocido y de alto riesgo.

La versión, lejos de despejar dudas, abrió nuevos interrogantes.

¿Por qué alguien mantendría inmovilizado durante años un patrimonio de semejante magnitud solamente por un valor simbólico? ¿Cómo evolucionó ese activo durante ese período? ¿Fue declarado oportunamente? ¿Cuál fue el criterio utilizado para su valuación?

Las preguntas no son menores porque el propio gobierno viene impulsando un régimen excepcional para exteriorizar bienes y activos con escasas exigencias de justificación sobre su origen, una herramienta presentada oficialmente como «Inocencia Fiscal» y promocionada como un mecanismo para dejar atrás los controles que, según Milei, perseguían a los contribuyentes.

Del discurso anticasta al perdón fiscal

El episodio expone una contradicción política cada vez más evidente.

Durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión, La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad sobre una superioridad moral frente a la política tradicional. La consigna era sencilla: terminar con los privilegios, exigir transparencia absoluta y denunciar cualquier irregularidad patrimonial.

Sin embargo, los últimos días mostraron un panorama muy diferente.

La explicación sobre cuáles fueron “esos años” también resultó sospechosa: según Adorni, invirtió 200 mil dólares en 2013 en criptomonedas y ganó unos 300 mil un año más tarde. Si se sigue el hilo lógico de la explicación, el ahora jefe de gabinete tuvo ese dinero en bitcoins durante más de una década y no fue declarado ni gastado o invertido en viajes y propiedades sino hasta que llegó a la función pública.

O sea que, en resumen, dijo haber juntado, eventualmente, unos 500 mil dólares doce años atrás; y recién al asumir como funcionario libertario decidió gastarlos a un ritmo descomunal.

«Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un TROFEO»

Adorni dice que tenía 500.000 dólares guardados sin usar ni declarar porque los considera un trofeo pic.twitter.com/RQ4KfoJpE4

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 11, 2026

Sumado además a que el mismo gobierno que promovió el blanqueo es el que comienza a utilizarlo para beneficio de sus propios funcionarios.

Mucho humo, pocas respuestas

Especialistas consultados por distintos medios remarcaron que las criptomonedas son activos perfectamente declarables y registrables, por lo que el debate no pasa por su existencia sino por la consistencia del relato oficial y por la trazabilidad de las operaciones.

La explicación del «trofeo» tampoco ayuda a disipar las dudas.

Un activo valuado en aproximadamente 500 mil dólares no es un simple recuerdo tecnológico ni un objeto de colección. Se trata de un patrimonio significativo que, en cualquier análisis financiero, representa una parte importante de la riqueza personal de quien lo posee.

En ese contexto, la respuesta de Adorni fue interpretada por sectores de la oposición como un intento de minimizar una situación que merece precisiones mucho más detalladas.

La moralidad selectiva del gobierno

El caso también reabre un debate más amplio sobre el doble estándar del oficialismo.

Mientras Milei y sus funcionarios repiten que quienes tienen dólares «debajo del colchón» son héroes que deben ser liberados del Estado, el ajuste fiscal continúa descargándose sobre jubilaciones, salarios públicos, universidades, hospitales y programas sociales.

El contraste resulta inevitable: para millones de argentinos la discusión cotidiana es cómo llegar a fin de mes; para algunos de los principales funcionarios del gobierno, el debate pasa por explicar por qué conservaron durante años un pendrive con activos equivalentes a cientos de miles de dólares.

La historia del «pendrive trofeo» probablemente quede como una de las explicaciones más llamativas de la política reciente. Pero detrás de la anécdota hay una discusión mucho más profunda: si el gobierno que prometía terminar con los privilegios y construir una nueva ética pública no terminó creando un sistema que permite regularizar fortunas mientras exige sacrificios permanentes al resto de la sociedad.

 

 

Mientras el Gobierno construye un discurso de supuesta superioridad moral contra quienes reciben asistencia estatal, protestan o cuestionan sus políticas, cada vez aparecen más funcionarios que utilizan el mismo régimen que el oficialismo promocionó para regularizar activos y patrimonios. Tras conocerse la adhesión de Manuel Adorni y su esposa, ahora trascendió que Federico Sturzenegger también recurrió a la denominada «Inocencia Fiscal».

Por Roque Pérez para NLI

El relato libertario volvió a chocar contra la realidad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias conocido oficialmente como «Inocencia Fiscal», un esquema impulsado por el propio Gobierno para facilitar la exteriorización y regularización patrimonial bajo nuevas condiciones. La información apareció pocas horas después de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa también habían presentado la adhesión.

La noticia profundiza una contradicción política que ya resulta difícil de ocultar. El mismo oficialismo que construyó buena parte de su identidad acusando a otros sectores de vivir de privilegios, esconder dinero o aprovechar beneficios estatales, ahora exhibe una larga lista de funcionarios utilizando un mecanismo creado por el propio Gobierno para blanquear situaciones fiscales y obtener seguridad jurídica.

De Adorni a Sturzenegger, una cadena de adhesiones

La revelación sobre Sturzenegger llega apenas horas después de la polémica generada por la adhesión de Adorni y de su esposa, un episodio que abrió fuertes cuestionamientos sobre la utilización del régimen por parte de los más altos funcionarios nacionales.

La situación adquiere una dimensión política todavía mayor porque fue este mismo Gobierno el que impulsó la denominada Ley de Inocencia Fiscal como una herramienta para incentivar el ingreso al sistema de activos no declarados y reducir las consecuencias penales de determinadas infracciones tributarias. Entre sus principales modificaciones se elevaron considerablemente los montos para configurar delitos de evasión y se simplificaron procedimientos administrativos.

Mientras tanto, desde el discurso oficial se continúa apelando a conceptos como «la casta», «la superioridad moral» y la necesidad de terminar con los privilegios de la política, aunque cada nueva revelación parece mostrar que las herramientas creadas por el Ejecutivo también son utilizadas por quienes integran el propio gabinete.

La doble vara como política

No es la primera vez que un gobierno liberal queda asociado a un régimen de sinceramiento fiscal utilizado por sus propios funcionarios. Durante la administración de Mauricio Macri, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, también había sido señalado por acogerse al blanqueo de capitales impulsado por ese gobierno antes de asumir su cargo, una situación que generó fuertes cuestionamientos públicos.

Ahora, la historia parece repetirse con otro protagonista de peso dentro del gabinete de Milei. Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del programa de desregulación y reducción del Estado, aparece entre quienes eligieron adherir al régimen que el oficialismo presenta como un «cambio de paradigma» en materia tributaria.

La contradicción resulta evidente: mientras se exige transparencia absoluta para amplios sectores de la sociedad y se condena con dureza cualquier irregularidad ajena, los máximos funcionarios recurren a un mecanismo especialmente diseñado para regularizar su propia situación fiscal bajo reglas mucho más favorables.

La moral libertaria parece funcionar con dos velocidades: una inflexible para el ciudadano común y otra considerablemente más flexible cuando los beneficiarios son quienes integran el propio Gobierno.