Política

 

Negocios millonarios y favores cruzados: el clan Menem-Hazaff se potencia con el aval de Milei. Con el sello de Javier Milei, compañías emergentes vinculadas a Martín Menem y un empresario enigmático ganan licitaciones millonarias en seguridad y limpieza. Una trama que deja en evidencia una política pública opaca y una cercanía dentro del nuevo poder que merece preguntas incómodas.

Por Sofía Arregui para EnOrsai

Desde diciembre de 2023, dos firmas poco conocidas en el mundo de los negocios estatales —Global Protection Service (GPS) Group y La Bizantina S.G. S.A.— empezaron a copar los contratos públicos. En total, acumulan más de 4.324 millones de pesos en servicios de vigilancia y limpieza. ¿Lo curioso? Ambas emanan de un mismo entramado familiar: por un lado, los hermanos Menem, con Martín como figura pública en la Cámara de Diputados; por el otro, los Hazaff, con “El Turco” Nicolás en el centro de la operación secreta.

Este posicionamiento empresarial impresionante coincide con la llegada del Gobierno de Javier Milei. Antes del 10 de diciembre de 2023, ninguna de estas empresas figuraba como proveedor del Estado. Ahora, GPS recibe contratos enormes y recurrentes; La Bizantina hace lo propio con obra gruesa en limpieza. Resultado: un claro beneficiario de las políticas libertarias del nuevo Ejecutivo.

GPS Group surge como un derivado de Tech Security, firma privada de seguridad fundada por Martín Menem y sus hermanos hace más de dos décadas. Al asumir como presidente de Diputados, Menem cedió formalmente su participación, pero la placa del negocio siguió brillando. Los contratos que antes llevaba Tech Security, poco a poco aterrizaron sobre GPS, que en la zaga del cambio de Gobierno se inclinó en cascada sobre la nueva firma.

• Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): 1.140 millones de pesos, más una ampliación por 290 millones.
• ENARGAS (antes Tech Security): 289,7 millones en octubre de 2024.
• Teatro Nacional Cervantes: 152,4 millones en diciembre 2023 y, tras prórroga en 2024, creció hasta 448,6 millones.
• INCUCAI: un contrato inicial de 137 millones y otro adicional de 442 millones.

A todo esto se suma un contrato menor con la ANAC (17,9 millones) y, sobre todo, la participación en seguridad aeroportuaria con Aerolíneas Argentinas, que rondaría los mil millones anuales. Con la reciente desregulación de cargas aeroportuarias, GPS Group (a través de globalhandling.com) ya se prepara para monopolizar otro nicho con riesgo de exclusividad.

El llamado «Turco» Hazaff, casi invisible en redes, pero con ascendencia bien clara en el mundo empresario, habría sido el puente clave. Fuentes señalan que mantiene relación directa con Fernando Menem, hermano menor de Martín —posiblemente el nexo para la cesión de contratos sin licitaciones claras.

Como GPS, La Bizantina debutó con el arribo de Milei, y lo hizo en grande. La firma, presidida por Claudio Oberst —cuñado de Hazaff—, ya acumuló casi 1.367 millones de pesos en contratos de limpieza:

1. Cámara de Diputados: 694,7 millones para la limpeza total del Palacio Legislativo, adjudicado en septiembre 2024, bajo la conducción de Menem.
2. Ministerio de Seguridad (Bullrich): 553 millones en diciembre 2024.
3. ANAC: 120 millones desde enero 2025, para mantenimiento en aeropuertos y aeródromos.

Nadie impulsó los bolsillos de La Bizantina tanto como los propios miembros del clan que ahora ostentan influencia directa en las estructuras de poder. Una estrategia donde la familia Hazaff – Menem aparece como co-distribuidora de negocios sin antecedentes ni competencia real.

Aquí toma fuerza una pregunta sensible para cualquier demócrata: ¿es mérito o es amiguismo? El Gobierno libertario proclamó una revolución del sector público basada en eficiencia, reducción del Estado y transparencia. Pero lo que se observa en este caso es diametralmente opuesto: creación de oligopolios privados con acceso privilegiado, contratos millonarios sin historial previo, y una cascada de beneficios atribuibles directamente a la posición política de sus titulares —Menem y Bullrich—.

Un entramado que echa por tierra el discurso oficial, permeado por el «desregulación» y la «competencia libre». Aquí se impone una reinterpretación del poder: no es libre mercado, es mercado libre solo para unos pocos.

Martín Menem intenta disfrazar su exitismo con actos simbólicos: sortea su salario como una operación de marketing bien orquestada, copiada de Milei, quien ya lo realizó públicamente. Sin embargo, la performance artístico-politica no encubre el contraste brutal entre su salario legislativo y los ingresos por contratos estatales: en montos que multiplican por varias veces esa cifra, sin dejar rastro de garantías, transparencia ni competencia pública.

Por su parte, Milei tiene ante sí un desafío: o sigue permitiendo este tipo de estructuras con olor a corrupción (porque fuentes directas vinculan a funcionarios y familiares) o se hace valer su discurso de revolución libertaria. Hasta el momento, el silencio y la continuidad de contratos les permiten a ambos seguir recaudando –y limpiando como les viene en gana.

Es necesario marcar que ninguna ley prohíbe que familiares de legisladores participen de licitaciones públicas. Tampoco el traspaso de acciones de empresas para preservar formalmente la “incompatibilidad”. Pero para quien observe desde afuera, el cuadro luce empañado por una larga urdimbre de confianza interna, conexiones familiares e influencia política cruzada: una transacción en donde los ciudadanos pagan la factura.

Observar cómo contratos por seguridad y limpieza —servicios esenciales— quedan en manos de actores con vínculos directos al poder y una historia económica menor en el sector, debería activar alarmas sobre la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control estatal. Especialmente cuando los beneficiarios pertenecen a círculos cercanos a quienes dicen querer reducir el Estado.

El relato mediático del Gobierno de Milei se deshace cuando se revelan conexiones como esta. No es la austeridad, no es la eficiencia, no es la transparencia: es una redistribución de recursos públicos hacia bolsillos afines. Una suerte de privatización encubierta, donde los favorecidos no son “emprendedores virtuosos”, sino familias que han sabido amoldarse al viento político.

El verdadero negocio no está en la desregulación de las cargas aeroportuarias, ni en el rubro de la seguridad o la limpieza. Está en construir un sistema paralelo, donde el Estado permanece disponible para quienes comparten -o abonan- afinidades ideológicas. Y eso no es casualidad, es estrategia.

 

 

Dos científicos del CONICET participaron de un estudio internacional que analizó muestras arqueológicas y logró develar las condiciones de su introducción a Sudamérica.

Los seres humanos llegaron a Sudamérica sin perros. Es una de las afirmaciones que puede extraerse de un extenso estudio científico internacional publicado en la prestigiosa revista Proceedings B en el que se analizaron restos de animales prehispánicos y se determinó que los más antiguos tienen entre 5 mil y 7 mil años, mientras que los primeros poblamientos humanos en la misma área datan de alrededor de 14 mil años. No hay registros de canes en ese lapso intermedio, lo cual permite deducir que su entrada se produjo bastante tiempo después, y aquí aparecen las siguientes y más importantes conclusiones de la investigación: este grupo de animales domésticos se sumó al Cono Sur como parte de las sociedades agrícolas, con cierto grado de sedentarización, que introdujeron el cultivo del maíz en el área.

A cargo de los análisis morfológicos y morfométricos del estudio, esto es, lo relativo a la estructura, forma y dimensiones de los esqueletos de los perros, el becario del CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP) Lucio González Venanzi cuenta que un aspecto saliente de la investigación es la vasta cantidad de muestras y zonas geográficas incluidas: se analizaron restos arqueológicos de 70 perros procedentes de 43 sitios precolombinos de Mesoamérica –la región cultural que abarca a partir de la mitad sur de México hasta Costa Rica y que fue cuna de grandes civilizaciones, como los mayas y aztecas– hasta el norte de la Patagonia argentina, más precisamente en el sitio arqueológico de Sierras Apas, Chubut, de donde es la imagen que ilustra esta nota.

El científico también destaca la originalidad: la mayoría de los antecedentes de estudios genéticos en perros proceden de Canadá y Estados Unidos, pero no había hasta ahora prácticamente registros de publicaciones similares más allá de Norteamérica.

“Se sabe que en esos países estos animales aparecieron junto con las primeras oleadas humanas, hace 15 mil o 16 mil años, y que desde ese momento se aislaron evolutivamente de sus parientes euroasiáticos hasta desarrollar un linaje único de América. La expansión canina hacia el sur continuó paulatinamente, junto con las comunidades que fueron migrando”, explica el experto, quien realizó los exhaustivos análisis junto a Luciano Prates, también investigador del CONICET en la FCNyM. Así, los científicos platenses pudieron confirmar, en primer lugar, que los cánidos que habitaron Meso y Sudamérica también se corresponden con aquel linaje americano. “Pero después identificamos lo que en genética se conoce como cuello de botella, es decir que a medida que los perros se iban dispersando junto a los humanos hacia el sur, la diversidad genética fue disminuyendo hasta quedar muy restringida en comparación a las poblaciones que permanecieron en latitudes más al norte”, describe González Venanzi.

«El establecimiento de los perros domésticos en este sector del globo se dio de la mano de las poblaciones sedentarizadas productoras de alimentos»

Lucio González Venanzi

“Al estudiar los tiempos de esa divergencia entre las poblaciones de perros de Mesoamérica y los de Sudamérica, descubrimos que el último ancestro común se habría producido hace alrededor de 5 mil a 7 mil años, lo cual indica que estos animales ingresaron a Sudamérica recién en ese momento”, apunta Prates. Lo más curioso apareció cuando los científicos comprobaron las coincidencias temporales de la introducción y colonización de los canes en el sur con los resultados de otras investigaciones: aquellas que ubican el arribo de poblaciones humanas en Sudamérica procedentes de Mesoamérica hace entre 5 mil y 7 mil años, y las que añaden el dato de que en ese mismo período se iniciaban en esta región la agricultura y el cultivo de maíz. “Esto nos sugiere fuertemente que los perros fueron introducidos por las poblaciones humanas dedicadas a la agricultura, que tenían un estilo de vida principalmente sedentario. Hasta entonces, las comunidades que habitaban América del Sur dependían de la caza, la recolección y la pesca, y esto les confería hábitos móviles. Tenemos que empezar a concebir que el establecimiento de los perros domésticos en este sector del globo se dio de la mano de las poblaciones sedentarizadas productoras de alimentos”, señala Gonzalo Venanzi.

Una de las hipótesis que podría explicar esa proliferación canina junto a los grupos humanos que permanecían durante una temporada en un mismo lugar podría ser el aumento del almacenamiento y desechos alimenticios provenientes de los cultivos, aunque esto aún es materia de investigación. También lo es el grado de relación genética que guardan los perros actuales con aquel linaje previo a la conquista española: muy poco, por lo que se sabe hasta ahora. “Al menos al sur de Sudamérica, los perros de aquel entonces eran en su mayoría de porte mediano a pequeño, con un peso estimado entre 10 y 15 kilogramos y sin ningún rasgo distintivo en particular”, explica Prates, y continúa: “Los europeos, en cambio, trajeron razas grandes como los mastines o los galgos, que progresivamente fueron reemplazando a las poblaciones nativas, y por eso hoy casi no se conserva información genética de aquellos ancestros”.

Y es que la conquista no fue solo sobre el territorio físico y las sociedades sino también, muy profundamente, a nivel simbólico, “una esfera de la que los perros también formaban parte, como así también de sus creencias, religión y rituales, con lo cual no escaparon a la lógica colonizadora y persecutoria”, apunta González Venanzi. “Estudiar la historia de los perros es estudiar, de algún modo, la de los humanos”, coinciden los expertos, al tiempo que argumentan que “son los animales que mejor reflejan el recorrido de las poblaciones humanas porque la han acompañado en todos los continentes y a través de las diferentes sociedades, entonces conocer su trayectoria evolutiva arroja también mucha información sobre la dispersión y las dinámicas poblacionales previas a la llegada de los europeos”.

 

 

A pesar de no ostentar expertise en el rubro, Javier Iguacel fundó una empresa dedicada a la explotación de petróleo con un capital inicial de u$s6.000 y se quedó con un negocio de u$s100 millones anuales.

Javier Iguacel, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri que inició la causa por la que la expresidenta Cristina Kirchner está presa, se quedó con cuatro áreas claves de YPF, un negocio de u$s100 millones por año, a pesar de no contar con ningún tipo de experiencia en el sector petrolero.

Iguacel, señalan desde C5N, se desempeñó como titular de Vialidad Nacional desde el 10 de diciembre de 2015, día en que asumió Macri, hasta el 16 de junio de 2018, cuando fue nombrado ministro de Energía, en reemplazo de Juan José Aranguren, cargo en el que estuvo hasta el 7 de enero de 2019. Luego, fue electo intendente de Capitán Sarmiento (2019-2023).

La maniobra comenzó el 7 de abril de 2024, cuando el Banco Santander licitó la venta de 55 áreas convencionales de YPF en varias provincias, dentro del denominado Plan Andes. Casi tres meses más tarde, el 28 de junio, se constituyó la firma Bentia Energy S.A., presidida por Iguacel, y en cuyo directorio figura Lucas Logaldo, quien había sido jefe de Gabinete en Energía durante el gobierno de Macri.

El 5 de agosto se le adjudicaron los clusters Vaca Muerta Norte y Sur en Neuquén. Una conquista demasiado veloz tratándose de una empresa recién creada, y por demás jugosa, si se tiene en cuenta que el capital inicial fue u$s6.250 para un negocio de u$s100 millones anuales.

«Estamos ante el caso de un exfuncionario público devenido en empresario que, sin ser brillante, consigue quedarse con áreas importantes asignadas por YPF», señaló el periodista Ariel Zak en el programa Minuto Uno.

Iguacel, el artífice de la denuncia de la causa Vialidad en la que terminó condenada Cristina Kirchner, cerró un negocio redondo.

 

 

La diputada libertaria fue a filmar a los jubilados en la Plaza de los dos Congresos y la tuvo que sacar la policía.

 

 

La Defensoría del Pueblo de Avellaneda ya presentó los oficios administrativos donde solicitan reuniones con la ministra de Seguridad, su par de Economía, y la entidad bancaria involucrada.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en medio de una posible estafa luego de anunciar, en un acto llevado a cabo en Avellaneda, la entrega de viviendas, construidas por el anterior gobierno con el Plan Procrear, a miembros de las fuerzas federales. La Defensoría del Pueblo presentó oficios administrativos donde solicitan reuniones, para pedir explicaciones, a la funcionaria; su par de Economía, Luis Caputo; y la entidad bancaria involucrada.

Más de 160 familias de ese partido bonaerense se vieron damnificadas por la decisión Bullrich de reasignar las casas construidas por el anterior Gobierno para la ciudadanía.

Daniel García, defensor del Pueblo de Avellaneda, afirmó a la señal de noticias C5N que ya presentaron los oficios a las secretarías correspondientes donde exigen explicaciones ante la intempestiva medida, y en caso de no recibir respuesta al agotar todas las instancias administrativas, volverán a reunirse para evaluar los pasos a seguir.

“Nosotros lo que recomendamos fue agotar la acción administrativa. Esto es fundamental en cualquier procedimiento judicial donde se tenga que hacer una cautelar que está dentro de lo que es una acción colectiva. Se le envió oficio al Ministerio de Seguridad, al Banco Hipotecario y al Ministerio de Economía, porque ahora son ellos los que se hacen cargo del tema de las viviendas”, afirmó García.

Para la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, el anuncio de Bullrich se enmarca en «una estafa» y «un abuso de poder en un Estado democrático, porque bueno, fue el elegido democráticamente, pero es violento y policial”. En el mismo sentido aclararon: “Si bien no estamos en desacuerdo con que las fuerzas federales tengan su vivienda, pero que las hagan por otro lado».

Es importante aclarar que todos las familias contaban con una preadjudicación y cumplian con todos los requisitos, presentaron la documentación solicitada en un primer momento, salieron sorteados en el Plan Procrear e incluso algunos ya poseían la tarjeta del débito otorgada por la entidad bancaria.

Ante la consulta de si no descartan presentar un amparo colectivo, Daniel García, remarcó la importancia de primero agotar las instancias administrativas: «No quiero decir todavía que no a esto, porque es un Gobierno impredecible y también autoritario, pero bueno luego sí, podría ser que venga un amparo colectivo. Pero dentro del mismo, la medida cautelar, que es la que indica el derecho a no innovar”.

“En el caso que no tengamos respuestas nos juntaremos y nos pondremos de acuerdo en la acción a llevar a cabo”, agregó sobre el tema.

Sobre el final, analizó: “Lo que yo pienso que hoy en día hubo un acuerdo político para darle esas viviendas a las Fuerzas Federales. No veo nada transparente en la entrega de estas 160 casas”.

 

 

El gobernador bonaerense encabezó un acto en Florencio Varela y volvió a denunciar la quita de recursos por parte del gobierno de Javier Milei.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a denunciar la “quita ilegal” de fondos a la provincia de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional y sostuvo que la “motosierra” del presidente Javier Milei “dificulta” el desarrollo de la sociedad.

Al entregar patrulleros y motos en Florencio Varela, Kicillof afirmó que la Provincia tuvo que “sostener” la inversión en seguridad con “recursos propios” debido al recorte de recursos que instrumentó el gobierno Milei en esa área.

“El ajuste y la motosierra tienen consecuencias, son crueles en la actualidad y dramáticas para el futuro: no solo afectan el bienestar sino que dificultan el desarrollo y el futuro de nuestra sociedad”, argumentó el mandatario provincial, según se informó en un comunicado.

Durante el acto de entrega de 38 patrulleros y 35 motos en Florencio Varela estuvieron también el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente local, Andrés Watson; y el diputado nacional Julio Pereyra.