Política

 

Las pocas joyas de la abuela que quedan…

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.

La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.

El regreso del modelo de los ‘90

La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.

Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.

Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.

Tarifas, negocios y control social

El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.

La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.

El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.

Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.

 

 

El relato de “la casta”, la motosierra y la promesa de una transformación económica rápida empiezan a mostrar señales de agotamiento social. Una nueva encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos reveló que Milei perdió casi la mitad de sus votantes originales y que el rechazo a una eventual reelección ya alcanza a siete de cada diez argentinos.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El estudio, realizado sobre 1.500 casos en todo el país, expone un dato políticamente sensible para el oficialismo: el 48% de quienes votaron a Milei en 2023 ya no volverían a acompañarlo. Pero el fenómeno no termina ahí. Según el relevamiento, también se alejó el 50% de quienes habían apoyado a Patricia Bullrich en primera vuelta y luego se alinearon detrás del experimento libertario en el ballotage.

La encuesta aparece en un momento complejo para el Gobierno. Aunque el oficialismo sigue intentando mostrar como logro central la desaceleración inflacionaria, el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento cotidiano y la caída del consumo empiezan a erosionar el vínculo emocional que Milei había construido con parte de la sociedad. Incluso el propio Presidente admitió esta semana que “el único dato que nos va a dejar cómodos es 0%” de inflación, en una señal de que el Ejecutivo necesita sostener expectativas frente a una situación económica todavía crítica.

La promesa libertaria empieza a perder potencia

El informe de Sentimientos Públicos define el momento político actual como un “quiebre de la promesa libertaria”. La idea de que el ajuste iba a ser breve y conducir rápidamente a una mejora material parece haber perdido credibilidad en amplios sectores sociales. Según la encuesta, 6 de cada 10 personas aseguran no tener esperanzas en la gestión, mientras que apenas un núcleo cercano al 27% mantiene un respaldo firme al oficialismo.

La investigación también detectó cambios sociológicos importantes. El apoyo a Milei ya no aparece únicamente asociado a jóvenes varones urbanos, como ocurría en 2023. El oficialismo logró conservar cierta adhesión en franjas juveniles y sectores de ingresos altos, pero perdió fuerza entre millennials y en grandes centros urbanos, especialmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Ese desgaste convive con una realidad social cada vez más áspera. El mismo informe señala que más del 45% de los argentinos tuvo que recortar gastos básicos durante el último año, mientras que el 40% reconoce haberse endeudado para sostener consumos cotidianos. Además, un 15% afirmó haber comenzado tratamientos vinculados a salud mental.

Del “aguante” ideológico al cansancio económico

El dato más delicado para el oficialismo es quizás el que atraviesa el clima social. Durante buena parte de 2024 y 2025, el Gobierno consiguió sostener apoyo incluso en medio del ajuste gracias a una narrativa basada en la herencia recibida y en la expectativa de un futuro mejor. Pero las encuestas empiezan a mostrar que ese crédito político se consume.

En paralelo, crecen las escenas de exclusión social y deterioro económico que contradicen el discurso triunfalista del Gobierno. En las últimas horas se conoció el caso de un herrero de 63 años de Temperley que podría quedar en situación de calle junto a sus cinco perros tras perder trabajo y no poder pagar el alquiler de su taller-vivienda. Historias de ese tipo comienzan a multiplicarse en distintos puntos del país y funcionan como síntoma concreto del impacto social del modelo económico.

El director de la consultora, Hernán Vanoli, planteó que el debilitamiento del apoyo no implica necesariamente una derrota electoral automática para Milei, pero sí deja una marca política profunda. Según explicó, en una sociedad atravesada por expectativas de ascenso rápido y consumo aspiracional, la sensación de que “la promesa libertaria” se quebró puede convertirse en un problema estructural para el oficialismo.

Mientras tanto, el Gobierno insiste con la idea de que la inflación es el único termómetro válido. Pero la encuesta parece mostrar otra cosa: para una parte creciente de la sociedad, el problema ya no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto se deterioró la vida cotidiana en nombre del ajuste.

 

 

El propietario de la finca que Manuel Adorni utilizó en el exclusivo barrio Indio Cuá declaró ante la justicia que el funcionario pagó la totalidad del alquiler en billetes estadounidenses y sin rastro bancario. Un nuevo capítulo en la causa por enriquecimiento ilícito que acorrala al vocero convertido en Jefe de Gabinete.

Por Tomás Palazzo para NLI

Mientras el discurso oficial predica la austeridad y el «no hay plata», la realidad en los tribunales de Comodoro Py describe un escenario de billetes termo-sellados y transacciones a la sombra. José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que Manuel Adorni alquiló en el country Indio Cuá, declaró bajo juramento ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el actual Jefe de Gabinete abonó la suma de 15.400 dólares en efectivo.

Contratos de palabra y «verdes» sobre la mesa

La declaración testimonial de Rodríguez se suma a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según detalló el testigo, el contrato original se firmó por un año con un valor de 13.000 dólares, abonados íntegramente en «cash». Al finalizar dicho periodo, y debido a que las fastuosas reformas en la nueva propiedad de Adorni no habían concluido, se pactó una prórroga de tres meses mediante un «acuerdo de palabra» por otros 2.400 dólares (800 dólares mensuales), también entregados en mano.

Este movimiento de divisas se dio en paralelo a la remodelación que el contratista Matías Tabar realizó en la casa propia del funcionario dentro del mismo barrio, obra que —según declaró el propio Tabar— tuvo un costo de 245.000 dólares, también pagados en billetes y sin facturación alguna.

Los números que no cierran

La justicia federal intenta determinar si estos gastos suntuarios y el manejo de grandes sumas de moneda extranjera en efectivo se condicen con los ingresos declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

Para la fiscalía, el patrón es repetitivo: pagos en dólares, ausencia de transferencias bancarias y acuerdos informales que esquivan cualquier control fiscal. Mientras la sociedad argentina se debate en una recesión histórica, el Jefe de Gabinete parece haber encontrado la fórmula de la abundancia, aunque sus explicaciones ante el fiscal Pollicita sigan siendo, por ahora, tan informales como sus contratos de alquiler.

 

 

El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

De la protesta social al control de conductas

Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.

Bases de datos, vigilancia y centralización

Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.

El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.

El orden como narrativa de gobierno

Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.

La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.

Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.

La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.

 

 

El problema político para Milei es que la discusión por la Hidrovía empieza a parecerse demasiado a las viejas estructuras de poder que prometía erradicar.

Por Tomás Palazzo para NLI

La caída de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay dejó algo más grave que un fracaso administrativo. Lo que empezó como una discusión técnica sobre dragado y navegación terminó exponiendo una feroz interna empresaria, operadores históricos del negocio marítimo y vínculos incómodos para un Gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta”.

La llamada Vía Navegable Troncal no es un contrato más. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente granos, aceites y derivados agroindustriales. El control del sistema implica manejar peajes millonarios, logística estratégica y una enorme capacidad de influencia sobre el comercio exterior argentino.

Por eso la pelea alrededor de la Hidrovía nunca fue solamente técnica.

El rol de Juan Manuel Ondarcuhu y Emilio Elías

En el centro de las versiones que circulan en el sector marítimo aparece el nombre de Juan Manuel Ondarcuhu, ligado al grupo naviero Maruba, una de las empresas históricas del transporte fluvial argentino.

Ondarcuhu es un actor conocido dentro del mundo portuario y marítimo. Su nombre empezó a sonar con más fuerza alrededor de la discusión por la Hidrovía debido a presuntos movimientos de lobby y articulación empresarial vinculados a la futura concesión del corredor fluvial.

Junto a él aparece mencionado Emilio Elías, señalado por distintos actores del sector como otro de los operadores con influencia dentro de las negociaciones informales que rodearon el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno.

La importancia política del tema radica justamente ahí: la discusión sobre la Hidrovía empieza a mostrar la presencia de los mismos grupos empresarios y operadores históricos que desde hace décadas orbitan alrededor de los grandes negocios del Estado.

Una licitación envuelta en sospechas

La administración de Milei había presentado la nueva licitación como una demostración de transparencia y apertura al sector privado. Sin embargo, el proceso terminó convertido en un problema político.

La licitación fue anulada luego de que sólo quedara una oferente formal, la empresa belga DEME. A partir de ahí comenzaron las acusaciones cruzadas, las denuncias de presiones empresariales y las sospechas sobre posibles intentos de direccionamiento de los pliegos.

Dentro del sector naviero aseguran que detrás de la caída del proceso existió una guerra silenciosa entre grupos económicos con intereses en el control del negocio portuario y del dragado.

Y es ahí donde empiezan a aparecer los nombres de operadores, estudios jurídicos, empresarios marítimos y compañías vinculadas históricamente al comercio exterior argentino.

Mucho más que barcos

La Hidrovía concentra uno de los negocios estratégicos más importantes de la región. No se trata solamente de barcos circulando por el Paraná.

Lo que está en juego incluye: peajes multimillonarios, control logístico, acceso privilegiado a información comercial, influencia sobre puertos privados y capacidad de presión sobre buena parte del ingreso de dólares al país.

Por eso cada movimiento alrededor de la concesión genera tensión política y económica.

En despachos oficiales y empresas del sector existe preocupación por la posibilidad de que comiencen a trascender reuniones reservadas, gestiones privadas y contactos informales vinculados al armado de la licitación.

Si el expediente escala judicialmente, la situación podría transformarse en uno de los mayores dolores de cabeza para el Gobierno.

El choque entre el discurso anticasta y los viejos operadores

El problema político para Milei es evidente.

Mientras el oficialismo construyó su identidad alrededor del combate contra “la casta”, la discusión por la Hidrovía muestra la persistencia de estructuras empresariales tradicionales con fuerte capacidad de influencia sobre áreas estratégicas del Estado.

La aparición de nombres ligados históricamente al negocio marítimo y portuario alimenta además la sensación de que detrás del relato libertario siguen operando viejos mecanismos de poder económico.

La pelea por la Hidrovía expone justamente eso: una disputa feroz entre sectores empresarios por el control de una de las cajas más importantes de la Argentina.

Y en ese tablero, nombres como Juan Manuel Ondarcuhu, Emilio Elías, Maruba y los grupos vinculados al negocio portuario empiezan a quedar cada vez más cerca del centro de la escena política.

 

 

En una Feria del Libro atravesada por debates políticos, económicos y culturales, Axel Kicillof presentó su nuevo libro De Smith a Keynes y aprovechó el escenario para lanzar una durísima crítica contra el programa económico de Milei. El gobernador bonaerense reivindicó el pensamiento keynesiano, defendió el rol del Estado y cuestionó el ajuste libertario ante una sala colmada de militantes, economistas, estudiantes y lectores.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Kicillof expuso sobre su obra “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, una reedición y actualización de su trabajo académico sobre las distintas escuelas económicas y el enfrentamiento histórico entre las ideas del libre mercado absoluto y las teorías que defienden la intervención estatal.

Un libro contra el “pensamiento único”

El texto, editado por Siglo XXI Editores, propone un recorrido histórico que va desde Adam Smith hasta John Maynard Keynes, revisando las principales corrientes del pensamiento económico y cuestionando la idea de que existe una única verdad económica válida.

Según la descripción editorial, el libro busca recuperar “la diversidad de puntos de vista” frente al predominio del neoliberalismo y plantea que la economía debe estudiarse ligada a los conflictos sociales, políticos e históricos de cada época.

Kicillof explicó que el trabajo surge de años de docencia universitaria y de investigación académica, especialmente en la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio. El gobernador sostuvo que la enseñanza económica dominante “congela” las teorías y oculta las disputas ideológicas que atraviesan a la disciplina.

La crítica directa al modelo libertario

Pero la presentación dejó rápidamente de ser una simple charla académica. Kicillof vinculó las ideas de Keynes con la situación actual de la Argentina y apuntó directamente contra Milei y su programa económico.

“Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir”, lanzó el mandatario bonaerense durante su exposición en La Rural, despertando aplausos y cánticos del público presente.

El gobernador cuestionó el desmantelamiento del Estado, el ajuste sobre jubilados y trabajadores y la caída del consumo, y afirmó que el Gobierno nacional está aplicando “un experimento que no tiene pies ni cabeza”. Según sostuvo, las recetas ultraliberales ya demostraron históricamente sus consecuencias recesivas y destructivas.

Kicillof también rechazó el discurso oficial sobre el llamado “riesgo kuka” y aseguró que la falta de inversión no responde al temor empresarial frente al peronismo sino al “desastre” económico actual. “Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados y garantizar educación y salud”, remarcó durante el acto.

La economía como disputa política

La escena tuvo además un fuerte contenido simbólico. Mientras Milei convirtió su propia presentación editorial de 2024 en un show político-musical en el Luna Park, Kicillof eligió la Feria del Libro para reivindicar la discusión teórica y el debate económico desde una perspectiva académica y política.

No es casual. Desde hace años, Kicillof construye parte de su identidad pública alrededor de la economía heterodoxa y de la recuperación de autores como Keynes y Marx frente a las doctrinas neoliberales. Su nuevo libro aparece justamente en un contexto donde el ajuste libertario vuelve a poner en discusión el papel del Estado, el mercado y la distribución del ingreso.

En un país donde la economía dejó hace rato de ser un debate técnico para convertirse en una pelea cotidiana por el salario, el empleo y la supervivencia, la presentación de De Smith a Keynes terminó funcionando menos como un lanzamiento editorial y más como una intervención política en plena crisis argentina.