Política

 

En lo alto de las calles empedradas de Sévérac-le-Château, en el sur de Francia, la Maison de Jeanne se levanta como una de las expresiones más fieles del patrimonio medieval europeo. Su estructura, su historia y su conservación permiten comprender cómo vivían, construían y organizaban sus ciudades las sociedades del final de la Edad Media.

Por Alcides Blanco para NLI

El casco antiguo de Sévérac-le-Château forma parte de un conjunto urbano medieval que creció al amparo de su castillo feudal, una fortificación estratégica que controlaba rutas comerciales y militares en la región de Aveyron. Como en muchas ciudades medievales, el desarrollo urbano se organizó en torno a la defensa y la actividad económica, generando un entramado de callejuelas angostas, viviendas superpuestas y construcciones pensadas para maximizar el espacio disponible dentro de las murallas.

Dentro de ese entramado urbano, la Maison de Jeanne representa uno de los ejemplos más visibles de la arquitectura doméstica medieval que logró sobrevivir al paso de los siglos. Construida en el siglo XV, conserva rasgos estructurales típicos de la época, cuando las viviendas eran al mismo tiempo hogar familiar, espacio de trabajo y núcleo de sociabilidad cotidiana.

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Arquitectura medieval y vida cotidiana en la ciudad fortificada

Uno de los elementos más característicos de la Maison de Jeanne es su sistema de entramado de madera, una técnica ampliamente utilizada en la Europa medieval. Este tipo de construcción permitía levantar viviendas resistentes utilizando materiales locales, combinando vigas de madera con rellenos de barro, piedra o tapial. La técnica no solo respondía a la disponibilidad de recursos, sino también a la necesidad de construir rápidamente en centros urbanos en expansión.

La casa presenta además el típico sistema de pisos en voladizo, donde los niveles superiores sobresalen sobre la planta baja. Este recurso arquitectónico no era solo decorativo: permitía ganar espacio habitable sin ampliar la base del edificio. En muchas ciudades medievales, este tipo de diseño también estaba vinculado a normas fiscales que gravaban únicamente la superficie del suelo, incentivando a los habitantes a crecer en altura.

La distribución interna de estas viviendas refleja con claridad la organización social de la época. En general, la planta baja se destinaba a actividades económicas, como talleres artesanales o pequeños comercios, mientras que los pisos superiores se reservaban para la vida familiar. Este modelo revela cómo la economía urbana medieval estaba profundamente integrada con el espacio doméstico.

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El valor cultural del patrimonio medieval francés

La Maison de Jeanne no es solo una reliquia arquitectónica: es parte de un paisaje histórico coherente que permite reconstruir la identidad cultural de Sévérac-le-Château. El conjunto urbano conserva murallas, torres defensivas y viviendas tradicionales que muestran la evolución del urbanismo medieval y su adaptación a los cambios sociales y económicos.

Durante siglos, este tipo de construcciones se mantuvo en pie gracias al uso continuo. Sin embargo, el abandono progresivo de los centros históricos durante el siglo XX puso en riesgo muchas de estas edificaciones. La recuperación de la Maison de Jeanne por parte del municipio respondió a una política de preservación del patrimonio, orientada tanto a la protección de la memoria histórica como al desarrollo del turismo cultural.

La restauración de la casa permitió rescatar técnicas constructivas antiguas y consolidar su estructura sin borrar su impronta original. Este tipo de intervenciones forma parte de un debate permanente en la conservación histórica: cómo equilibrar la preservación del pasado con las exigencias de seguridad y accesibilidad del presente.

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Un símbolo vivo de la Edad Media europea

Hoy, la Maison de Jeanne funciona como un testimonio tangible del pasado medieval. Su permanencia permite comprender cómo la arquitectura, la economía y la vida social estaban estrechamente ligadas en las ciudades fortificadas. También evidencia la importancia de las políticas públicas de conservación para sostener la memoria colectiva.

En el contexto europeo, edificaciones como esta constituyen piezas fundamentales para estudiar la transición entre la Edad Media y la modernidad. Cada viga, cada muro y cada modificación estructural narran transformaciones sociales, económicas y culturales que moldearon el continente durante siglos.

Sévérac-le-Château, con su trazado urbano medieval en gran medida intacto, ofrece un escenario donde el pasado sigue presente. En ese paisaje histórico, la Maison de Jeanne se destaca como un emblema de la resistencia del patrimonio frente al paso del tiempo, recordando que la historia no solo se conserva en documentos, sino también en las piedras y las maderas que atraviesan generaciones.

 

 

El justicialismo de la provincia de Buenos Aires confirmó este sábado 7 de febrero de 2026 un acuerdo político de unidad interna que termina con semanas de tensiones y negociaciones y define la nueva conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Por la Redacción de NLI

Acuerdo estratégico para consolidar la unidad partidaria

Tras intensas conversaciones entre los principales sectores del peronismo provincial —liderados por el gobernador Axel Kicillof y el espacio kirchnerista representado por Máximo Kirchner— se logró un entendimiento que evita la disputa interna prevista para el 15 de marzo, cuando debía realizarse la renovación formal de autoridades.

En ese marco, Axel Kicillof encabezará la lista de unidad como presidente del PJ bonaerense, cargo clave para ordenar al peronismo en la provincia más grande del país. La vicegobernadora Verónica Magario ocupará la Vicepresidencia primera, replicando la dupla que conduce el Ejecutivo provincial.

Estructura de poder y reparto de cargos

El acuerdo no solo consagra la dupla Kicillof–Magario al frente del PJ bonaerense, sino que también configura un esquema de integración que busca contener a todos los sectores internos:

• Axel Kicillof, presidente del PJ bonaerense.
• Verónica Magario, vicepresidenta primera.
• Federico Otermín, vicepresidente segundo.
• Mariano Cascallares, secretario general.
• Leonardo Nardini, presidente de la Junta Electoral.
• Máximo Kirchner, presidente del Congreso partidario.

El armado refleja un equilibrio político interno entre los distintos espacios del peronismo bonaerense, con representación territorial e institucional.

Significado político y proyección hacia 2027

La decisión de avanzar con una lista de unidad evita una interna que podría haber generado desgaste y expone una voluntad clara de consolidación partidaria en un contexto nacional complejo.

Con Kicillof al frente del PJ bonaerense, el peronismo ordena su estructura en el distrito más determinante del mapa electoral argentino y refuerza su conducción política con vistas a los desafíos que se proyectan hacia 2027.

Una etapa de consolidación interna

El entendimiento alcanzado entre los principales referentes del espacio abre una nueva etapa en el Partido Justicialista provincial, con el objetivo de articular gestión y conducción política.

La conducción compartida entre Axel Kicillof, Verónica Magario y Máximo Kirchner busca transmitir una señal de cohesión y fortaleza interna frente al escenario nacional, donde la organización territorial y la unidad estratégica vuelven a ocupar un lugar central en la agenda del peronismo.

 

 

El acuerdo comercial firmado por Milei con Estados Unidos no es neutro ni técnico: en materia de propiedad intelectual, puede impactar de lleno en el precio de los medicamentos y en la sustentabilidad del sistema de salud argentino. PAMI, obras sociales y hospitales públicos aparecen entre los principales afectados, en un escenario que ya tuvo antecedentes alarmantes en otros países de la región.

Por Tomás Palazzo para NLI

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El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.

En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.

Genéricos bajo presión y monopolios extendidos

Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.

El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.

Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.

PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado

El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.

Si los genéricos tardan más en ingresar:

• Sube el precio promedio de los tratamientos.
• Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
• Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
• Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.

En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.

El espejo regional: cuando el libre comercio encarece la salud

La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.

El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.

Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.

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Conclusión

El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos.
Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.

El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo?
Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.

 

 

El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.

Por Roque Pérez para NLI

Un nuevo organismo para disciplinar el relato público

A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.

El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.

La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.

Quién está a cargo y cómo funciona

La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.

Clarín, el primer blanco del nuevo “desmentidor oficial”

El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.

Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.

El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.

El Estado como Ministerio de la Verdad

Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.

Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.

Más propaganda que información

Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.

En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.

Como en toda distopía moderna, la consigna es simple: la mentira no será lo que falte a la verdad, sino todo aquello que no coincida con la versión oficial. Y si queda alguna duda, siempre habrá una Oficina dispuesta a aclararla.

 

 

En 1929 Argentina legisló la jornada laboral de 8 horas. Durante más de una década, fue un derecho escrito que el Estado no garantizó.

Por Walter Onorato para NLI

En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.

Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.

La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.

En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.

Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.

En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.

En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.

El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.

La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.

En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.

Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.

La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.

La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.

 

 

La trama que rodea a José Luis Espert suma un capítulo internacional explosivo: Fred Machado, el financista condenado por narcotráfico que aparece ligado al economista libertario, mantuvo vínculos comerciales y sociales con Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de abuso sexual de menores y tráfico sexual. Aviones, dinero negro, fiestas privadas y un entramado que vuelve a salpicar al entorno político que hoy orbita a Milei.

Por Roque Pérez para NLI

Desde hace meses, Noticias La Insuperable viene reconstruyendo la red de negocios, vuelos, transferencias y favores cruzados entre José Luis Espert y Fred Machado, un financista con condena en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico. Ahora, una investigación difundida este martes por medios nacionales suma un dato inquietante: Machado también aparece vinculado a Jeffrey Epstein, el financista estadounidense señalado como uno de los mayores depredadores sexuales del poder global.

EL VÍNCULO MACHADO–EPSTEIN: AVIONES, DINERO Y LUJO

Según documentación y testimonios relevados en Estados Unidos, Fred Machado compartió circuitos de negocios, vuelos privados y encuentros sociales con Epstein, en un esquema donde el dinero fluía sin demasiadas preguntas y los aviones privados funcionaban como moneda de intercambio. No se trata de una amistad casual, sino de coincidencias reiteradas en operaciones financieras y uso de aeronaves de lujo.

Epstein, hoy muerto en una cárcel federal en circunstancias nunca aclaradas del todo, utilizaba empresas pantalla, jets privados y cuentas offshore para mover fondos y personas. El nombre de Machado aparece en ese mismo ecosistema, lo que refuerza el perfil de un financista habituado a los márgenes más oscuros del sistema financiero internacional.

ESPERT, LOS LIBROS CONTABLES Y LOS 200 MIL DÓLARES

En Argentina, el nombre de Machado ya era conocido gracias a una investigación de Noticias La Insuperable, que reveló documentación contable donde figura un pago de 200.000 dólares a nombre de José Luis Espert, registrado en los libros de un narco condenado en Estados Unidos. No es una denuncia mediática: es un documento concreto que forma parte de causas judiciales en curso.

Lejos de aclarar el origen de esos fondos, Espert optó por el silencio y la victimización, mientras la Justicia avanzaba con medidas que incluyeron allanamientos en su domicilio por presunto lavado de dinero vinculado a Machado.

VUELOS, COCAÍNA Y UNA RED QUE NO SE EXPLICA

Otra investigación de este medio detalló la existencia de vuelos privados, vínculos con empresarios ligados al narcotráfico y un circuito de favores que conecta a Espert, Machado y el grupo Bada Vázquez. Aviones que entran y salen, dinero sin trazabilidad clara y relaciones políticas que garantizan protección.

El dato nuevo —la conexión Machado–Epstein— no hace más que reforzar el patrón: personajes que se mueven entre el delito financiero, el narcotráfico y las redes de poder internacional, con ramificaciones directas en la política argentina.

EL SILENCIO DE MILEI Y EL PODER QUE MIRA PARA OTRO LADO

Mientras estas revelaciones se acumulan, Milei evita cualquier explicación pública sobre el entramado de relaciones que rodea a uno de los referentes históricos del liberalismo local. Ni una aclaración, ni un repudio, ni una distancia política clara frente a un caso que mezcla narcotráfico, lavado y ahora también vínculos con un abusador serial de menores.

En una Argentina golpeada por el ajuste, el dinero libertario vuelve a mostrar su verdadera cara: no la del mérito ni la libertad, sino la de los negocios turbios, los aviones privados y las redes que operan en las sombras. Lo que antes eran “operaciones” hoy son documentos, causas judiciales y conexiones internacionales imposibles de ignorar.