Mientras rechaza aranceles para proteger a la industria nacional en nombre de la “libertad”, el Gobierno acaba de aplicar una bonificación selectiva y retroactiva en un peaje clave de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, beneficia a grandes operadores del comercio exterior y expone una intervención estatal quirúrgica, lejos del discurso oficial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó este lunes, mediante la Resolución 65/2025, una bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La decisión no solo es temporal, sino también retroactiva: se aplica desde el 5 de diciembre y rige por 30 días corridos.
El texto firmado por Iñaki Miguel Arreseygor repite, casi sin cambios, una bonificación idéntica dispuesta en noviembre, lo que deja en evidencia que no se trata de un hecho excepcional sino de una política de parche reiterada, aplicada en plena transición del esquema de concesiones.
Una bonificación selectiva, no una política general
El primer dato político es claro: no hay una rebaja general de peajes, ni un alivio para todo el sistema portuario. El beneficio es puntual y direccionado: solo alcanza a los buques que eligen el Canal Martín García, una traza que en los últimos años perdió competitividad frente a otras rutas por mayores costos de mantenimiento y dragado.
En los hechos, el Estado absorbe parte del costo operativo para que ese canal siga siendo utilizado. El porcentaje elegido —16,7%— no es caprichoso: equivale a compensar el diferencial que hoy empuja a muchos operadores a evitar esa vía. Sin la bonificación, el tráfico tendería a desviarse.
La retroactividad agrega un elemento sensible: no incentiva conductas futuras, sino que premia operaciones ya realizadas, reduciendo ingresos que el Estado ya había devengado.
Quiénes ganan y quiénes pierden
Los principales beneficiados por la medida son actores altamente concentrados del comercio exterior:
Navieras internacionales de ultramar, como MSC, Maersk y CMA CGM, para quienes una baja de peaje impacta directamente en el costo por viaje y en la planificación de rutas.
El complejo agroexportador, principal usuario estructural de la Vía Navegable Troncal, que ve reducido un costo logístico sin que eso se traduzca en mejores precios internos ni en estímulos a la producción nacional.
El tráfico fluvial internacional proveniente de Paraguay y Bolivia, que utiliza el canal para barcazas de granos, minerales y combustibles.
Del otro lado quedan los perjudicados:
El Estado, que resigna recaudación sin debate público ni una estrategia de largo plazo.
El principio de neutralidad tarifaria, ya que se favorece una traza específica frente a otras.
La industria nacional y las pymes, que no reciben ningún alivio comparable cuando compiten con importaciones.
La contradicción: liberalismo para algunos, intervención para otros
Aquí aparece el núcleo político de la resolución. El mismo Gobierno que se niega a aplicar aranceles o medidas de protección para sectores industriales golpeados por importaciones —porque eso “distorsiona el mercado”— interviene sin pudor cuando se trata de sostener la rentabilidad y el flujo del comercio exterior concentrado.
No es ausencia de Estado: es intervención selectiva. No es libertad económica: es priorización de intereses.
La bonificación al Canal Martín García no responde a una política industrial ni a un plan de desarrollo. Es una herramienta transitoria para llegar sin sobresaltos al nuevo esquema concesionario, aun a costa de resignar recursos públicos y de profundizar asimetrías.
Un Estado presente, pero para los de siempre
La Resolución 65/2025 muestra que el problema no es si el Estado interviene o no. La pregunta real es para quién interviene. Mientras la industria nacional queda librada a la “libre competencia” con productos importados, los grandes jugadores del comercio exterior reciben alivios tarifarios hechos a medida, discretos y retroactivos.
Una vez más, el discurso va por un carril y las decisiones reales por otro. Y el peaje, como casi siempre, lo termina pagando el mismo de siempre.
Si hay algo que Javier Milei ha logrado —más allá de polémicas, motosierras y epítetos virales en redes— es instalar una metáfora económica que, como buen chiste de vendedor de autos usados, suena pintoresca y eficaz: el “modelo bicicleta”. Esa máquina de dos ruedas que en la Argentina gira en el mismo lugar y siempre te lleva al mismo destino.
Por Tomás Palazzo para NLI
Una bicicleta que gira sin avanzar
En el argot financiero argentino, la bicicleta financiera no es un paseo campestre, sino un mecanismo de especulación que ha venido creciendo desde que Milei y su equipo impulsan altas tasas de interés y reglas que favorecen al carry trade —el “ir y volver” rápido de divisas para ganar jugosas tasas en pesos antes de regresar al dólar—. Este esquema permite que quienes tienen acceso a crédito y mercado cambien dólares por pesos, obtengan altos réditos y vuelvan a dólares con ganancias. El dilema es que no genera producción real, empleo ni infraestructura; alimenta un timba sin freno.
Para el Gobierno, ese crecimiento financiero es celebrable: “la economía estará volando”, afirmó Milei reiterando su convicción de que menos Estado significa más riqueza. La paradoja es que esa bicicleta rara vez lleva pan a la mesa del laburante promedio.
Cuando la metáfora se convierte en diagnóstico social
Mientras los números financieros puedan mostrar un PBI ligeramente favorecido por la intermediación especulativa, la economía real —la que produce bienes tangibles, empleo y salarios— sigue en terreno débil. Sectores industriales y comerciales vienen sufriendo bajas, con caída del empleo y cierre de locales, según comentarios de quienes viven día a día esa cruda realidad urbana.
Y hablando de calles, la otra bicicleta en la escena —el delivery— parece ser más tangible para muchos argentinos: más personas pedaleando para ganarse un mango a fin de mes que viendo crecer inversiones productivas. Si la economía fuera un paseo en bicicleta, mucha gente estaría en la vereda, sin casco, tratando de llegar a destino, mientras el Gobierno aplaude al ciclista de elite que pedalea en la pista VIP del circuito financiero.
La ironía del “milagro” económico
Los defensores oficiales se explayan en cifras macro: inflación descendiendo desde niveles inconcebibles, riesgo país más bajo y un sendero de equilibrio fiscal que, en teoría, deja atrás décadas de desequilibrios. Pero hay truco estadístico en la curva, porque hoy el pueblo sigue teniendo que pedalear cuesta arriba para llegar a fin de mes, con ingresos que no acompañan los precios y pobreza resistente aunque menores que en algún pico del año.
La “bicicleta” aquí funciona más como un simulacro de estabilidad: si el manillar está firme y las ruedas giran bien, todo parece en orden aunque el cuadro esté oxidado y las cubiertas gastadas. El modelo ha generado tinta digital —y debates encendidos— sobre si es sostenible o una ilusión contable que explota cuando la música se detiene.
Del mito a la calle
Al fin y al cabo, la bicicleta financiera mileista es como esos viejos triciclos con los que jugaban los pibes: puede hacer ruido, puede moverse, puede hasta dar vueltas… pero no siempre te lleva a ninguna parte que valga la pena. Mientras tanto, la otra bicicleta —esa de los trabajadores que cargan pedidos de supermercado o juguetes— sigue siendo mucho más real para millones de argentinos. En ese contraste se revela la fina ironía del momento: un modelo económico que presume estabilidad mientras muchos apenas pueden sostener el equilibrio.
¿Será hora de bajar de la bicicleta y exigir caminos que realmente conecten con la vida cotidiana? La respuesta todavía pedalea, con más fuerza en las calles que en los libros de economía.
Representantes de la comunidad científica en el directorio del Conicet salieron a cuestionar la decisión del Gobierno de eliminar convocatorias clave de financiamiento y alertaron que sin inversión pública sostenida no hay desarrollo científico posible.
Por Alina C. Galifante para NLI
La tensión entre el Gobierno y el sistema científico argentino sumó esta semana un nuevo capítulo. Cinco integrantes del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en representación de las áreas de estudio y del Consejo de Universidades, firmaron un documento en el que rechazan la eliminación de la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y defienden el financiamiento público de la ciencia.
En el texto expresaron su “profunda preocupación” por una serie de medidas que consideran gravísimas: la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una nueva modalidad que, según denuncian, desconoce a amplias áreas del conocimiento y excluye particularmente a la investigación en ciencia básica.
El pronunciamiento no fue acompañado por los otros tres miembros del directorio que representan al agro, la industria y las provincias. No por desinterés, aclaran los firmantes, sino porque el documento nació como un eco directo de la alarma que recorre hoy a investigadores, becarios y equipos científicos frente al futuro inmediato de su trabajo en Argentina.
Fondos básicos, investigación paralizada
El sociólogo Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio, explicó que desde 2023 no se abrían nuevas convocatorias PICT y que la última, prorrogada durante meses, fue finalmente cancelada esta semana. En declaraciones al diario Página/12, detalló que los fondos destinados al grueso de los proyectos de investigación de todo el país quedaron directamente sin convocatoria.
La situación es especialmente grave porque esa última convocatoria había sido evaluada y adjudicada. Es decir, los proyectos ya estaban aprobados, pero nunca llegaron los recursos. El resultado es inmediato: investigadores, equipos universitarios y el propio Conicet se quedan sin insumos, sin infraestructura y sin posibilidades materiales de investigar.
Los PICT se financian a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que históricamente funcionó como la principal fuente de recursos para la investigación científica. Mientras los salarios —magros y atrasados— los pagan el Conicet o las universidades, es la agencia la que permite sostener los gastos reales de investigar: equipos, materiales, viajes, trabajo de campo y funcionamiento cotidiano de los laboratorios.
Pecheny subrayó además que el impacto fiscal de estos programas es mínimo. El porcentaje del PBI destinado a los PICT es ínfimo, pero su efecto multiplicador sobre la producción de conocimiento, la formación de recursos humanos y el desarrollo nacional es enorme. Por eso, el documento funciona como un reclamo político claro: sin presupuesto, la ciencia simplemente no existe.
Ciencia o mercado: un modelo en disputa
La alternativa que impulsa hoy la agencia, según explicaron desde el directorio, está orientada casi exclusivamente a proyectos con participación empresarial y resultados de corto plazo. Se trata de una lógica de mercado que prioriza desarrollos con utilidad inmediata y rentabilidad rápida, dejando de lado la investigación básica y de largo aliento.
El problema, advierten, es estructural. La investigación científica es, por definición, incierta y lenta. Si se supiera de antemano cuál será el resultado, no sería investigación. Muchas de las aplicaciones que hoy sostienen economías enteras nacieron de descubrimientos que parecían inútiles durante décadas, desde avances matemáticos hasta estudios sociales que luego permitieron mejorar políticas públicas, sistemas de salud o acceso a derechos básicos como la vivienda.
Para los científicos, la colaboración con empresas es parte necesaria del ecosistema, pero no puede transformarse en el único motor del sistema. Cuando el Estado se retira y deja todo en manos del interés privado, el resultado no es eficiencia sino desarticulación. Se rompe el equilibrio entre lo público y lo privado y se condena al país a depender de conocimientos producidos afuera.
En esa línea, Pecheny fue contundente: el modelo de desarrollo que impulsa Milei reduce al mínimo el rol del Estado y desconoce la existencia de bienes públicos esenciales. La ciencia, al igual que una ruta, un hospital infantil o el cuidado del agua, no puede quedar librada a intereses particulares sin consecuencias devastadoras para el bienestar colectivo.
Becarios congelados y un futuro en riesgo
El ajuste también golpea con fuerza a los sectores más jóvenes del sistema científico. Los becarios financiados por la agencia —doctorandos y posdoctorandos— tienen sus estipendios congelados desde hace dos años. Mientras tanto, los becarios del Conicet y de las universidades apenas lograron actualizaciones parciales, siempre por detrás de la inflación.
El impacto no es solo individual. Los científicos advierten que la investigación debe pensarse de manera intergeneracional y federal. Sin universidades fuertes no habrá futuros investigadores, y sin financiamiento distribuido en todo el país la ciencia quedará concentrada en dos o tres grandes centros urbanos, dejando al resto de las provincias fuera del mapa del conocimiento.
Por eso, el documento cierra con una advertencia política de fondo. Los cinco miembros científicos del directorio instaron a revertir de manera urgente estas decisiones que, aseguran, atentan contra el desarrollo científico, el pluralismo académico y un crecimiento equitativo del país. Sin ciencia pública, advierten, no hay soberanía ni futuro posible.
La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una derrota judicial que desnuda el método Milei
La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.
Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.
La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista
La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.
Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.
La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.
El ataque sistemático a la prensa crítica
La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.
Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.
El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.
Un patrón preocupante
Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.
La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.
En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.
Un equipo internacional de científicos reveló en el sitio paleolítico de Barnham, en el Reino Unido, la evidencia más antigua conocida de que grupos humanos del Pleistoceno Medio fabricaban fuego de manera deliberada, adelantando en cientos de miles de años la aparición de esta tecnología clave en la evolución humana.
Por Alcides Blanco para NLI
Yacimiento arqueológico en Barnham, Suffolk, Inglaterra. Imagen: Jordan Mansfield/AP
Un hallazgo que reescribe la historia del fuego
La identificación del fuego como herramienta humana ha sido un desafío constante para la arqueología. Durante décadas existieron pruebas de uso y mantenimiento del fuego en tiempos remotos, pero la fabricación deliberada —la capacidad de producirlo a voluntad, no solo aprovecharlo cuando ocurría de manera natural— seguía envuelta en interrogantes.
La investigación reciente en Barnham, un yacimiento del Pleistoceno Medio en Suffolk, aporta una respuesta contundente: allí se preservan señales claras de que los homínidos no solo utilizaban fuego, sino que sabían producirlo.
Entre los materiales analizados, señalan en Nature, se hallaron sedimentos quemados, instrumentos líticos fracturados por exposición directa al calor y, especialmente, fragmentos de pirita. La presencia de pirita es fundamental porque este mineral permite generar chispas al golpearlo con pedernal. Además, no se encuentra de manera natural en la zona, lo que indica que fue transportado al sitio de forma deliberada como parte de un método tecnológico.
Indicadores directos de tecnología incendiaria
La coexistencia de restos quemados, herramientas expuestas a altas temperaturas y minerales capaces de producir chispas conforma un conjunto coherente de evidencias. Para los especialistas, esto demuestra que los habitantes de Barnham dominaban un procedimiento para encender fuego, no solo para mantener brasas procedentes de incendios naturales.
El contexto estratigráfico ubica el hallazgo en torno a los 400.000 años antes del presente, dentro del periodo climático conocido como Marine Isotope Stage 11. Esta datación desplaza muy hacia atrás la aparición comprobada de tecnologías de ignición y obliga a reconsiderar la complejidad técnica de los homínidos europeos del Pleistoceno Medio.
Qué se sabe de los homínidos de Barnham
Aunque el sitio no conserva restos humanos en el mismo estrato, los fósiles de la región corresponden a poblaciones afines a Homo heidelbergensis o a formas tempranas de neandertales. Estos grupos son considerados los protagonistas más probables de la fabricación de fuego registrada en Barnham.
La sofisticación del comportamiento inferido —transporte de materiales específicos, selección de minerales adecuados, control térmico del entorno— sugiere capacidades cognitivas avanzadas y una organización social que permitía transmitir conocimientos técnicos entre generaciones.
Implicancias evolutivas profundas
El dominio del fuego es uno de los hitos culturales más influyentes en la evolución humana. Cocinar alimentos mejoró la digestibilidad y multiplicó la energía disponible para el organismo, un proceso esencial para el desarrollo cerebral. Además, el fuego permitió expandir territorios habitables, defenderse de depredadores, iluminar los campamentos y crear espacios de socialización que transformaron la vida comunitaria.
Al demostrar que la fabricación deliberada de fuego existía hace 400.000 años, el hallazgo de Barnham obliga a repensar la línea temporal de estas transformaciones. Las capacidades técnicas y cognitivas necesarias para producir fuego habrían surgido mucho antes de lo que la ciencia asumía.
Un punto de partida para nuevas investigaciones
Aunque la evidencia es contundente, quedan preguntas abiertas sobre los métodos exactos utilizados por los homínidos de Barnham. Determinar la técnica, la frecuencia del encendido y el rol cultural del fuego en estos grupos será el próximo desafío de la comunidad científica.
Lo cierto es que Barnham ya ocupa un lugar central en la historia humana: es el testimonio más antiguo de que nuestros antepasados no esperaban al fuego, sino que sabían crearlo.
El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Un cambio de época escrito en letra chica
El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.
El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.
A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.
1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador
Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación
La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.
La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.
Ejemplo concreto
Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.
La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.
2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto
Limitación de la presunción de dependencia
La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.
Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.
Ejemplo concreto
Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.
El proyecto multiplica así la precarización legal.
3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos
Eliminación de la aplicación analógica de los convenios
Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.
Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.
Qué significa en la práctica
Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.
Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.
La reforma del principio protectorio
Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.
El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.
4. indemnizaciones: un recorte estructural
Redefinición de la base de cálculo
El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.
En particular:
Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.
Por qué es un cambio profundo
En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.
Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.
Otros efectos
Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.
5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual
Responsabilidad solidaria reducida
La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.
Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.
Legalización de la eventualidad rotativa
El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:
Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
La antigüedad se desdibuja.
La estabilidad desaparece en la práctica.
Ejemplo concreto
Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.
El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.
6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”
Bancos de horas
El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.
Vacaciones y licencias
El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.
Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.
7. economía digital: trabajadores de plataformas
Una categoría paralela sin derechos plenos
El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.
Esto consolida un modelo donde:
No hay estabilidad.
No hay indemnización.
No hay licencias pagas.
No hay aguinaldo ni vacaciones.
Es la formalización de un sector precario como “normal”.
8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador
El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.
Esto implica que, ante un conflicto:
El trabajador necesitará más pruebas.
El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
Los juicios podrán extenderse durante años.
Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.
conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino
La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo. Sus pilares son claros:
Desarmar la presunción de dependencia.
Debilitar la negociación colectiva.
Abaratar el despido.
Normalizar la tercerización.
Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.
Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.
El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.
En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.
