Política

 

Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.

El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.

Una privatización difícil de justificar

El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.

Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.

El negocio detrás del desguace

La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.

Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.

Superávit, pero igual en venta

El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.

De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.

Privatizar por definición, no por necesidad

Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.

En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.

Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.

 

 

Continúa el escándalo en torno al Jefe de Gabinete.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El informe que presentó Manuel Adorni terminó revelando mucho más que datos administrativos: dejó al descubierto un circuito de gastos llamativos con tarjetas corporativas dentro de Nucleoeléctrica Argentina, con consumos en el exterior, servicios de lujo y movimientos que vuelven a poner en discusión el uso de los recursos públicos bajo el gobierno de Milei.

El documento, incorporado como anexo en una presentación oficial, detalla operaciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Allí aparecen gastos por cientos de millones de pesos —equivalentes a más de 300 mil dólares— en un período relativamente corto, en una empresa que debería estar abocada a funciones estratégicas del sistema energético nacional.

Consumos de lujo con fondos públicos

Los registros muestran pagos en free shops internacionales, hoteles de alta gama, restaurantes, discotecas y tiendas de indumentaria, todos abonados con tarjetas corporativas. Pero lo que genera mayor controversia es el tipo de consumos: aparecen gastos en peluquerías, servicios de playa en España y salidas nocturnas en Europa.

A eso se suman más de 400 extracciones de efectivo, muchas de ellas realizadas en el exterior y en lapsos de tiempo muy cortos, lo que refuerza las dudas sobre el destino real de esos fondos. La falta de justificación detallada convierte esos movimientos en uno de los puntos más sensibles del informe.

Sin nombres propios, pero con responsabilidades políticas

Uno de los aspectos más cuestionados es que el documento no identifica quién realizó cada gasto. Aunque se menciona la existencia de más de un centenar de tarjetas corporativas asignadas a funcionarios y técnicos, no hay un detalle que permita individualizar responsabilidades.

El período analizado coincide con la gestión de Demian Reidel, cercano a Milei y quien estuvo al frente de la empresa durante parte del lapso observado. Reidel buscó despegarse del escándalo y sostuvo públicamente que no realizó gastos personales, aunque el informe no permite verificar ni desmentir esa afirmación con precisión.

Ajuste hacia afuera, descontrol hacia adentro

La reacción oficial llegó después de que los datos se hicieran públicos: el Gobierno dispuso la suspensión de las tarjetas corporativas y prometió reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, la medida aparece más como respuesta tardía que como política preventiva.

La contradicción se vuelve difícil de ocultar. Mientras Milei impulsa un ajuste que recae sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el propio Estado reconoce gastos que remiten a consumos de lujo en el exterior financiados con recursos públicos.

El episodio no sólo expone posibles irregularidades administrativas: también deja al descubierto una lógica más profunda. Un Estado que se achica para la sociedad, pero que sigue siendo permeable a prácticas discrecionales en sus niveles de gestión.

 

 

A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.

Por Tomás Palazzo para NLI

Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.

Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.

Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva

Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.

La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.

Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.

La casta: un relato que se volvió en contra

“Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.

Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.

Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.

Estado: del “afuera” al uso selectivo

El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.

Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.

No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.

Libertad económica: para quiénes

La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.

En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.

La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.

El impacto social: la variable de ajuste

Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.

Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.

Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.

Modelo, no error

A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.

Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.

Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.

Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.

Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.

 

 

En un nuevo 1° de mayo atravesado por el ajuste y la conflictividad social, Axel Kicillof envió un mensaje contundente a los trabajadores: prometió no abandonar a quienes sufren las consecuencias del modelo económico y volvió a marcar una línea política clara frente al rumbo del gobierno nacional.

Por Ignacio Elfratini para NLI

En medio de un escenario económico cada vez más adverso para amplios sectores de la sociedad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió el Día del Trabajador para fijar posición. Lo hizo con una frase que sintetiza tanto una definición política como un posicionamiento estratégico: “no les vamos a dar la espalda”, en referencia directa a los trabajadores golpeados por el ajuste.

El mensaje no fue aislado ni meramente conmemorativo. Según publicó C5N, el mandatario remarcó que, pese al intento de instalar que “no hay alternativa”, existe un horizonte distinto y que es necesario construirlo colectivamente. En otras palabras, el discurso se inscribe en una disputa más amplia: la de resignación versus proyecto político.

Una respuesta política al modelo de ajuste

El contexto no es menor. La gestión de Javier Milei viene siendo cuestionada por sindicatos, gobernadores y sectores productivos por el impacto de sus medidas. En ese marco, Kicillof no solo habló a los trabajadores, sino que se posicionó como uno de los principales referentes de la oposición a nivel nacional.

La frase elegida —“no les vamos a dar la espalda”— funciona como contracara directa de un modelo que, según distintas críticas, ha descargado el peso del ajuste sobre salarios, empleo y consumo. En ese sentido, el gobernador planteó la necesidad de sostener un rol activo del Estado frente a la crisis.

No es la primera vez que el mandatario bonaerense adopta este tono. En reiteradas oportunidades ha advertido sobre los efectos sociales de las políticas nacionales, y en este caso volvió a insistir en la idea de que hay un camino alternativo basado en la protección del trabajo y la producción.

Entre la resistencia y la construcción de una alternativa

El mensaje también dialoga con el clima de movilización que atraviesa al país. En los últimos meses, distintas protestas sindicales y sociales marcaron el rechazo a reformas impulsadas por el oficialismo, especialmente en materia laboral, que desde sectores opositores son interpretadas como un avance sobre derechos históricos.

En ese escenario, Kicillof intenta correrse de una lógica puramente defensiva para plantear algo más ambicioso: la construcción de una alternativa política. La referencia a que “no hay alternativa” aparece, justamente, como una crítica a la narrativa oficial que busca instalar inevitabilidad.

El gobernador, en cambio, propone lo contrario: que el rumbo económico es una decisión política y que puede ser modificado. De allí la insistencia en “construir ese futuro posible”, una frase que apunta tanto a la militancia como al electorado en general.

El peronismo reconfigura su discurso frente a Milei

El posicionamiento de Kicillof también tiene una lectura interna dentro del peronismo. En un escenario de reacomodamiento político, su figura gana centralidad como uno de los dirigentes con mayor capacidad de confrontar con Milei desde una narrativa económica y social consistente.

La apelación directa a los trabajadores no es casual: históricamente, ese sector ha sido la base del movimiento peronista. Y en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento de la precarización, el discurso busca reconectar con esa identidad.

Así, el mensaje del 1° de mayo no solo funciona como un gesto simbólico, sino como una pieza más en la construcción de un liderazgo opositor que intenta articular resistencia, gestión y proyección nacional.

 

 

La emblemática marca nacional de galletitas dejó de fabricar en su planta principal y pasó a tercerizar su producción en medio de la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento. Otro golpe a la industria argentina que desnuda el impacto real del ajuste.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La postal se repite con una insistencia alarmante: fábricas que se achican, líneas de producción que se apagan y marcas históricas que dejan de fabricar. Esta vez, el golpe lo da Tía Maruca, una de las firmas más reconocidas del rubro alimenticio, que decidió dejar de producir en su planta principal de San Juan y migrar a un esquema de tercerización para intentar sobrevivir.

Detrás de la decisión, lejos de cualquier relato épico empresarial, aparece un combo conocido: caída del consumo interno, aumento sostenido de costos y dificultades para acceder al crédito. Una radiografía que coincide, punto por punto, con el deterioro económico que atraviesa el país bajo el modelo de Milei.

La planta de Albardón, que llegó a emplear a cerca de 300 trabajadores, ya no producirá las clásicas galletitas que supieron ganar mercado frente a gigantes del sector. En su lugar, funcionará elaborando productos para terceros, mientras la marca intentará sostenerse mediante producción externalizada.

No es un cierre total en términos formales, pero sí un retroceso industrial evidente: la pérdida de producción propia implica menor valor agregado, menor integración productiva y mayor dependencia de terceros.

La industria en retirada

El caso de Tía Maruca no es aislado ni repentino. La empresa arrastraba problemas desde hace años, incluyendo un concurso preventivo en 2019 y el cierre de otra planta en Chascomús en 2025 con despidos incluidos.

Sin embargo, el contexto actual aceleró el desenlace. La caída del consumo masivo —producto del ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y la recesión— impactó de lleno en alimentos básicos, incluso en segmentos populares como las galletitas.

A eso se suma el incremento de insumos clave como harina y azúcar, que comprimió márgenes hasta volverlos inviables, y un sistema financiero que no ofrece crédito accesible para sostener o modernizar la producción.

El resultado es previsible: empresas que, ante la imposibilidad de sostener la producción, optan por achicarse, tercerizar o directamente cerrar.

El “costo invisible” del ajuste

El discurso oficial insiste en mostrar orden fiscal y equilibrio macroeconómico. Pero detrás de esos números, la economía real muestra otra cara: desindustrialización progresiva y pérdida de capacidad productiva nacional.

Cuando una empresa deja de producir, aunque siga existiendo como marca, el daño es profundo. Se pierden encadenamientos productivos, se debilitan economías regionales y se precariza el empleo, incluso cuando no hay despidos inmediatos.

En San Juan, la planta seguirá operativa, pero ya no como motor de una marca nacional, sino como proveedor para terceros. Es decir: menos industria propia y más lógica de subsistencia.

El caso de Tía Maruca se suma así a una lista cada vez más extensa de empresas que retroceden en su escala productiva. Y plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas “reconversiones” más hacen falta para reconocer que el problema no es empresarial, sino estructural?

La respuesta, por ahora, se cocina en silencio, mientras otra línea de producción se apaga.

 

 

La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.

Por Roque Pérez para NLI

La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.

El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.

Un voto que valía una embajada

El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.

Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.

Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.

La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.

La casta que no era casta

El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.

No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.

El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.

Un precedente peligroso

El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.

Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.

La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?