Política

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    ¿Argentina racista? La historia que muchos prefieren ignorar antes de señalar al país

     

    Durante las últimas semanas, y especialmente desde la final del Mundial, comenzó a expandirse por las redes sociales una campaña que intenta instalar una idea tan simple como efectiva: la Argentina sería un país esencialmente racista. Influencers con millones de seguidores, artistas, actores y comunicadores de distintas partes del mundo repitieron esa afirmación como si se tratara de una verdad indiscutible, muchas veces apoyándose en videos descontextualizados, fake news o episodios aislados convertidos en sentencia definitiva. Sin embargo, cuando el ruido de las redes deja paso a la historia, el relato empieza a resquebrajarse y aparece una pregunta incómoda: ¿con qué autoridad moral algunos países pretenden juzgar a la Argentina cuando buena parte de sus propias sociedades todavía conviven con problemas de discriminación, xenofobia y racismo mucho más profundos que los nuestros?

    Por Alcides Blanco para NLI

    La velocidad de un prejuicio

    Vivimos en una época en la que un video de treinta segundos parece tener más peso que doscientos años de historia. Un recorte editado, una frase fuera de contexto o un cántico repetido en una cancha pueden transformarse, gracias al funcionamiento de los algoritmos, en una supuesta radiografía cultural de un país entero. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la Argentina. A partir de algunos episodios vinculados al fútbol, comenzó a construirse un relato según el cual el racismo no sería un problema presente —como lo es en prácticamente todas las sociedades del planeta— sino una característica constitutiva de la identidad nacional.

    El mecanismo resulta curioso porque reproduce exactamente aquello que dice combatir. Se toma la conducta de un grupo reducido de personas y se la convierte en la esencia de cuarenta y siete millones de habitantes. En otras palabras, se estigmatiza a todo un pueblo por acciones individuales, un procedimiento que no es otra cosa que un prejuicio.

    Naturalmente, la Argentina no está exenta de expresiones discriminatorias. Sería absurdo negarlo. Existen actos racistas, xenófobos y antisemitas que deben ser denunciados y sancionados. Lo que resulta intelectualmente insostenible es sostener que esas conductas representan la identidad profunda del país, especialmente cuando la propia historia argentina ofrece evidencias exactamente en sentido contrario.

    Un país que abolía la esclavitud mientras otros todavía la defendían

    Hay fechas que ayudan a ordenar las discusiones. En 1813, cuando gran parte del continente americano todavía aceptaba la esclavitud como un elemento natural de la economía, la Asamblea del Año XIII aprobó la Libertad de Vientres, estableciendo que los hijos de mujeres esclavizadas nacerían libres. Aquella decisión no eliminó inmediatamente el sistema esclavista, pero marcó un rumbo político que terminaría consolidándose con la Constitución de 1853, que prohibió definitivamente la esclavitud en el territorio nacional.

    Conviene detenerse un instante en esa comparación histórica. Estados Unidos abolió la esclavitud recién en 1865, después de una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos. Brasil lo hizo en 1888. Cuba, en 1886. La Argentina, con todas sus contradicciones, había iniciado ese camino varias décadas antes. No se trata de competir por quién fue más virtuoso, sino de poner las cosas en perspectiva cuando algunos pretenden presentar al país como si hubiera permanecido al margen de las grandes luchas por la igualdad.

    Tampoco puede olvidarse el papel desempeñado por los afroargentinos en la construcción de la Nación. Combatieron durante las Invasiones Inglesas, integraron masivamente los ejércitos de la Independencia y participaron en las campañas de San Martín y Belgrano. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron invisibilizados por una historiografía que prefirió construir la ficción de una Argentina exclusivamente europea. Esa invisibilización existió y merece ser revisada, pero es muy distinta a sostener que nunca existieron o que el país edificó su identidad sobre la exclusión racial.

    En ese contexto también aparece una discusión historiográfica poco conocida. Diversos investigadores, entre ellos el reconocido historiador George Reid Andrews, recuperaron documentos y testimonios de época que alimentan la hipótesis de una posible ascendencia africana de Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina, conocido por algunos contemporáneos con el apodo de «Doctor Chocolate». El tema continúa siendo objeto de debate académico, pero resulta revelador porque muestra hasta qué punto la presencia afrodescendiente fue mucho más importante de lo que durante décadas quiso admitir la historia oficial.

    Una Constitución que invitó al mundo cuando otros levantaban fronteras

    Hay un texto que todos los argentinos aprendemos en la escuela y que, sin embargo, pocas veces dimensionamos en toda su profundidad. El Preámbulo de la Constitución Nacional afirma que los derechos allí consagrados se establecen «para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino». No habla de una religión determinada, de una etnia específica ni de un origen nacional privilegiado. Habla del mundo entero.

    No fue una declaración vacía. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina recibió millones de inmigrantes italianos, españoles, franceses, judíos perseguidos por los pogromos europeos, sirios, libaneses, armenios que escapaban del genocidio otomano, japoneses, coreanos y, más recientemente, enormes corrientes migratorias provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y otros países latinoamericanos. La identidad argentina no nació de la pureza, sino exactamente de lo contrario: de la mezcla.

    Mientras eso ocurría, muchas de las sociedades que hoy levantan el dedo construían políticas migratorias basadas en criterios raciales o mantenían colonias repartidas por África y Asia. La historia, otra vez, obliga a relativizar ciertos discursos moralizantes.

    Europa y el espejo que prefiere no mirar

    Buena parte de las acusaciones más resonantes contra la Argentina provinieron de Europa. Resulta inevitable preguntarse entonces qué sucede hoy mismo en ese continente.

    Cada año, miles de personas provenientes de África atraviesan el Mediterráneo en embarcaciones precarias intentando escapar de guerras, hambre o persecuciones. Miles también mueren en ese intento. Las imágenes de cuerpos flotando frente a las costas europeas se repiten desde hace años sin que el continente haya encontrado una respuesta humanitaria acorde con los valores que suele reivindicar. Quienes logran llegar muchas veces permanecen hacinados en centros de detención o enfrentan crecientes discursos políticos que los presentan como una amenaza para la identidad nacional.

    No se trata únicamente de casos aislados. El crecimiento electoral de fuerzas de extrema derecha en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o España se explica, en buena medida, por plataformas que hacen de la inmigración y del rechazo al extranjero uno de sus principales ejes políticos. Resulta difícil ignorar esa realidad cuando desde esos mismos países se pretende presentar a la Argentina como una excepción mundial en materia de discriminación.

    Estados Unidos y una memoria demasiado corta

    Algo parecido ocurre con Estados Unidos, donde numerosas figuras públicas se sumaron a la ola de críticas. Conviene recordar que la segregación racial fue política oficial hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y que millones de ciudadanos afroamericanos vivieron durante décadas sometidos a leyes que separaban escuelas, hospitales, transportes públicos y espacios de convivencia según el color de la piel.

    La Ley de Derechos Civiles recién fue aprobada en 1964, casi ciento cincuenta años después de la Revolución de Mayo. El primer presidente afroamericano llegó a la Casa Blanca en 2008. Mientras tanto, los casos de violencia policial contra ciudadanos negros continúan generando movilizaciones masivas bajo consignas como Black Lives Matter, demostrando que el problema dista mucho de haber sido resuelto.

    Nadie sostiene por ello que Estados Unidos sea únicamente racismo. Sería una simplificación injusta. Exactamente la misma injusticia implica reducir toda la historia argentina a algunos videos virales difundidos por las redes sociales.

    Palestina, los pueblos originarios y las contradicciones de toda nación

    Otra de las paradojas aparece cuando se observan las posiciones internacionales. La Argentina reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2010, sosteniendo una política exterior basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos mucho antes de que varios países europeos adoptaran decisiones similares. Es cierto que el gobierno de Javier Milei modificó esa tradición mediante un alineamiento explícito con Benjamin Netanyahu, pero también es cierto que un gobierno nunca agota la identidad política ni moral de un pueblo. Confundir ambas dimensiones constituye un error analítico tan frecuente como peligroso.

    Sería igualmente deshonesto omitir las deudas propias. La «Conquista del Desierto» implicó violencia, despojo y muerte para numerosos pueblos originarios, una tragedia que forma parte de nuestra historia y que debe ser estudiada sin eufemismos. Sin embargo, también es cierto que la reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y les otorgó derechos específicos que hoy poseen jerarquía constitucional. Las sociedades maduras no son aquellas que niegan sus errores, sino las que son capaces de incorporarlos críticamente a su memoria colectiva.

    Mucho más que un algoritmo

    Quizá el problema de fondo sea que las redes sociales necesitan relatos simples. Es más fácil instalar que «los argentinos son racistas» que explicar dos siglos de historia, de inmigraciones, de conflictos sociales, de avances, retrocesos y contradicciones. Los algoritmos premian las etiquetas; la historia, en cambio, obliga a pensar.

    La Argentina no necesita inventarse un pasado perfecto para responder a esa campaña. No fue una nación sin desigualdades ni discriminaciones, como tampoco lo fueron Francia, España, Estados Unidos o cualquier otra sociedad contemporánea. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer las propias deudas y aceptar una caricatura construida sobre prejuicios.

    Porque cuando se deja de mirar apenas el último video viral y se observa el recorrido completo de la historia argentina, aparecen un país que inició tempranamente el camino hacia la abolición de la esclavitud, que escribió en su Constitución una invitación abierta a todos los habitantes del mundo, que se construyó a partir de sucesivas olas inmigratorias, que reconoció derechos a pueblos históricamente postergados y que, con avances y retrocesos, hizo de la integración uno de los pilares de su identidad nacional.

    Por eso, antes de repetir consignas nacidas al calor de una campaña viral, tal vez convenga hacer un ejercicio mucho más incómodo: mirar la propia historia con la misma severidad con la que se pretende juzgar la historia ajena. Muchas de las voces que hoy acusan a la Argentina descubrirían entonces que los mayores fantasmas del racismo no viven precisamente al sur del mundo, sino bastante más cerca de sus propias casas.

     

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    PRIMICIA – Primero el mercado mundial, después los argentinos: Milei cambió la regla para exportar petróleo

     

    La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.

    La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.

    La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.

    Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?

    Del control estatal a la libertad exportadora

    Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.

    La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.

    En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.

    Vaca Muerta, dólares y la apuesta del Gobierno

    La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.

    El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.

    La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.

    El interrogante que queda abierto: ¿qué pasa con los argentinos?

    El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.

    En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.

    La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?

    Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos

    La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.

    El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.

    Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.

    La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.


     

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    MÁS CASTA: Milei y Santilli nombran en puesto clave a ex funcionario menemista y de la Alianza

     

    Javier Milei y Diego Santilli designaron como subsecretario de Proyectos Estratégicos a Guillermo Nicanor Toranzos Torino, un ex funcionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa con una extensa trayectoria en la Sociedad Rural Argentina.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El Gobierno de Javier Milei continúa completando el organigrama de la nueva Jefatura de Gabinete encabezada por Diego Santilli. Esta vez lo hizo con la designación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos, un cargo de fuerte peso político y técnico que dependerá de la Vicejefatura de Gabinete. Sin embargo, el dato que sobresale de su nombramiento no está en sus antecedentes académicos sino en su extensa trayectoria dentro del Estado: fue funcionario durante el menemismo y luego continuó ocupando responsabilidades durante el gobierno de la Alianza, una continuidad que vuelve a poner en evidencia el reciclaje de cuadros de los años noventa dentro de la administración libertaria.

    Un hombre de los ’90 vuelve al Gobierno

    La designación fue oficializada mediante el Decreto 647/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Toranzos Torino tendrá a su cargo la flamante Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, un área creada para coordinar programas considerados prioritarios por la Casa Rosada, intervenir en proyectos con organismos internacionales y asistir técnicamente a la Jefatura de Gabinete en iniciativas de alcance nacional.

    Pero detrás de ese perfil técnico aparece una historia política que atraviesa distintos gobiernos. Entre 1995 y 1999, durante la segunda presidencia de Carlos Menem, se desempeñó como Coordinador General de la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y también fue director ejecutivo de la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones, formando parte del esquema económico que impulsó la apertura comercial y las reformas estructurales de aquella década.

    Lejos de finalizar allí su paso por el Estado, logró mantener presencia durante el cambio de signo político. Entre 2000 y 2001 trabajó como asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación durante la presidencia de Fernando de la Rúa, consolidando una continuidad que atravesó tanto el menemismo como la gestión de la Alianza.

    Vínculos históricos con la Sociedad Rural

    Antes incluso de ingresar al Gobierno nacional, Toranzos Torino había construido una carrera ligada a uno de los sectores más tradicionales del poder económico argentino.

    Durante una década, entre 1984 y 1994, fue Jefe de Economistas del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, una de las entidades históricamente enfrentadas con los gobiernos peronistas y protagonista de numerosos debates sobre política agropecuaria. Posteriormente desarrolló una extensa actividad como consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la FAO, además de desempeñarse como docente universitario en distintas instituciones.

    Su currículum también incluye participación como experto argentino en mecanismos de solución de controversias del Mercosur y cargos vinculados al comercio exterior y la economía forestal, conformando un perfil eminentemente técnico especializado en planificación económica y agronegocios.

    El regreso de los cuadros de los años noventa

    Toranzos Torino integró el equipo técnico que ejecutó la política de comercio exterior del menemismo, orientada a la apertura de mercados y la promoción de exportaciones durante la segunda presidencia de Carlos Menem. Desde la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, donde se desempeñó entre 1995 y 1999, formó parte del entramado estatal que impulsó la inserción de la economía argentina en los mercados internacionales, en un período marcado por la reducción de barreras comerciales, la profundización del Mercosur y el modelo de apertura económica que caracterizó a la década del noventa.

    Aquel esquema económico, presentado entonces como una vía para modernizar la economía y aumentar la competitividad, también fue objeto de fuertes críticas por sus efectos sobre sectores industriales nacionales, que denunciaron dificultades para competir frente a la apertura importadora y la pérdida de capacidades productivas. Tres décadas después, uno de los cuadros técnicos de aquella etapa vuelve al Estado de la mano del gobierno de Javier Milei y Diego Santilli.

    La incorporación de Toranzos Torino se produce en plena reorganización del Gobierno tras el desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el oficialismo suele presentarse como una fuerza que busca romper con «la vieja política», la elección de un funcionario con responsabilidades durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa vuelve a mostrar una tendencia creciente dentro de la administración libertaria: la recuperación de cuadros técnicos formados durante las reformas económicas de los años noventa.

    En este caso, además, se trata de un funcionario que arriba a una dependencia encargada de coordinar proyectos estratégicos y la relación técnica con organismos internacionales, un área con capacidad de incidencia sobre algunas de las principales políticas públicas que impulsará la Jefatura de Gabinete en la nueva etapa de gestión.

     

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    Feriado sin jugadores: la AFA confirmó que no volverá todo el plantel y deja en evidencia el anuncio apresurado de Milei

     

    La AFA confirmó que solo una parte del plantel de la Selección Argentina regresará al país tras la final del Mundial 2026. El comunicado choca con el anuncio de Javier Milei sobre un feriado para los festejos.

    Por Ignacio Elfratini para NLI

    Mientras el Gobierno nacional ya hablaba de un feriado para recibir y celebrar a la Selección Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado que modificó por completo el escenario: no todos los futbolistas volverán al país y varios viajarán directamente a sus clubes o lugares de residencia una vez finalizada la Copa del Mundo.

    La aclaración llegó apenas horas después de que Javier Milei anunciara en sus redes sociales que decretaría un feriado nacional el día que los jugadores decidieran realizar los festejos por la campaña en el Mundial. Incluso había dejado trascender que la fecha dependería de la decisión del propio plantel y del cuerpo técnico.

    El comunicado de la AFA cambia el escenario

    La AFA informó que solo una parte de la delegación aterrizará este lunes en Buenos Aires, con llegada prevista al predio de Ezeiza. Entre quienes no viajarán a la Argentina aparecen varias de las principales figuras del equipo, que partirán directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

    Entre ellos se encuentra Lionel Messi, quien viajaría directamente a Miami, al igual que otros futbolistas que militan en el exterior y tienen compromisos inmediatos con sus respectivas instituciones.

    De esta manera, la imagen de un plantel completo recorriendo las calles de Buenos Aires, similar a la vivida tras Qatar 2022, quedó prácticamente descartada.

    El anuncio del feriado quedó en el aire

    La decisión deportiva dejó en una posición incómoda al Gobierno. El mensaje de Milei planteaba que el Ejecutivo decretaría un feriado nacional para acompañar los festejos de la Selección, pero el comunicado de la AFA demuestra que ni siquiera existirá un regreso conjunto del plantel.

    La situación abre interrogantes sobre la viabilidad de una celebración multitudinaria. Si buena parte de los protagonistas no estará en el país, el motivo central del feriado pierde gran parte de su sentido.

    Además, el antecedente de Qatar 2022 resulta difícil de replicar. Aquella vez, la totalidad del plantel campeón regresó al país y protagonizó una histórica caravana que movilizó a millones de argentinos. En esta oportunidad, el calendario internacional y los compromisos de los futbolistas hacen imposible repetir aquella escena.

    Una decisión lógica desde lo deportivo

    La resolución de la AFA responde, en buena medida, a la realidad del fútbol moderno. La mayoría de los jugadores militan en clubes europeos o estadounidenses y cuentan con escasos días de descanso antes de reintegrarse a sus planteles.

    Por ese motivo, la dirigencia encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia optó por organizar un regreso parcial, evitando prolongar innecesariamente un viaje que complicaría la planificación de los futbolistas.

    Así, el comunicado terminó chocando de frente con una iniciativa política anunciada antes de conocer cuál sería el verdadero operativo de regreso de la Selección.

    En definitiva, mientras el Gobierno proyectaba una jornada de celebración nacional, la AFA dejó en claro que el plantel no volverá unido al país, una definición que vuelve incierto el propio fundamento del feriado anunciado por Javier Milei.

     

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    País bananero: la contradicción de un Gobierno que usa el insulto mientras impulsa un modelo de dependencia

     

    Cuando el vocero presidencial calificó a la Argentina como un «país bananero», desató una fuerte polémica. Sin embargo, la mayor contradicción no estaría en la frase en sí, sino en que el propio gobierno de Javier Milei impulsa políticas que, para sus críticos, acercan al país a la definición histórica de una «república bananera»: exportación primaria, extranjerización de los recursos estratégicos, dependencia de intereses foráneos y pérdida de soberanía.

    Por Roque Pérez para NLI

    ¿Qué significa realmente «república bananera»?

    La expresión «república bananera» fue acuñada en 1904 por el escritor estadounidense O. Henry para describir a países centroamericanos cuya economía dependía casi exclusivamente de la exportación de bananas y cuyo funcionamiento político estaba condicionado por grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company.

    Con el tiempo, el concepto dejó de referirse únicamente al monocultivo para transformarse en una categoría política. Hoy suele describir a Estados caracterizados por instituciones débiles, corrupción, dependencia económica, primarización de la economía y una fuerte influencia de potencias extranjeras sobre sus decisiones soberanas.

    Precisamente por ese significado histórico fue que la frase del vocero presidencial generó rechazo. Porque si existe un debate abierto en la Argentina actual es si las políticas del Gobierno están fortaleciendo o debilitando la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos estratégicos.

    Un modelo basado en materias primas y apertura irrestricta

    Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que la Argentina debe especializarse en aquellas actividades donde posee ventajas comparativas: agro, minería, petróleo y gas, relegando cualquier estrategia activa de industrialización.

    A esa orientación económica se suma el impulso para modificar la legislación sobre tierras rurales. El proyecto promovido por el oficialismo elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y delega esa regulación en las provincias, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Diversos sectores políticos, académicos y ambientales advierten que esos cambios facilitarían una mayor extranjerización de recursos estratégicos y zonas con importantes reservas de agua y minerales.

    Para los defensores del proyecto se trata de atraer inversiones. Para sus detractores, representa un paso más hacia un modelo donde los activos estratégicos nacionales quedan crecientemente bajo control de capitales extranjeros.

    La discusión remite, justamente, al origen del concepto de «república bananera»: países cuya riqueza natural termina administrada por grandes intereses privados externos mientras el Estado reduce su capacidad de regulación.

    La otra característica: corrupción e instituciones debilitadas

    Otra de las características históricas asociadas al concepto de «país bananero» es la debilidad institucional acompañada por sospechas permanentes de corrupción.

    Paradójicamente, el Gobierno que utilizó esa expresión enfrenta desde hace meses distintos cuestionamientos públicos. Entre ellos aparecen las denuncias derivadas del caso $LIBRA, las investigaciones periodísticas sobre supuestos pedidos de retornos conocidos mediáticamente como el «3%», las polémicas vinculadas con funcionarios del Ejecutivo, los gastos de Adorni, los vínculos de Espert y diversas causas que aún continúan en distintas instancias judiciales.

    Más allá del resultado que finalmente tengan esas investigaciones, la contradicción política resulta evidente: mientras se descalifica al país utilizando un concepto asociado históricamente a corrupción y captura del Estado, el propio oficialismo convive con denuncias que alimentan ese mismo debate público.

    Soberanía exterior: Washington, Tel Aviv y el alineamiento absoluto

    La definición clásica de «república bananera» también incluía otro elemento central: la subordinación política frente a potencias extranjeras.

    En ese aspecto, la política exterior de Javier Milei ha marcado un giro sin precedentes. El Presidente ha manifestado reiteradamente que sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, alineando la política internacional argentina con las posiciones de Donald Trump y del gobierno israelí prácticamente sin matices.

    Ese alineamiento se expresó en votaciones internacionales, acuerdos diplomáticos, cambios en la política exterior e incluso en decisiones simbólicas que modificaron décadas de tradición diplomática argentina.

    Los críticos sostienen que ese esquema reduce los márgenes de autonomía estratégica del país y condiciona decisiones soberanas en función de intereses geopolíticos externos.

    La reacción oficial también contrasta con la actitud que el propio Gobierno mostró frente a la reivindicación de la causa Malvinas durante el Mundial. Mientras la Selección Argentina posó orgullosamente junto a una bandera en defensa de la soberanía nacional antes del encuentro frente a Inglaterra, desde el oficialismo surgieron voces que cuestionaron ese gesto y buscaron desalentar la presencia de símbolos vinculados a las islas en los estadios, en línea con las restricciones impulsadas por la FIFA. La contradicción resulta difícil de disimular: se intenta exhibir firmeza frente a un buque británico después de haber quedado expuesto por una actitud que muchos interpretaron como complaciente con las exigencias internacionales y distante del histórico reclamo argentino sobre Malvinas.

    La paradoja de llamar «bananero» al país

    El término utilizado por el vocero presidencial nació hace más de un siglo para describir economías dependientes, con Estados débiles y gobiernos condicionados por grandes intereses extranjeros.

    Por eso la polémica excede una frase desafortunada.

    Porque mientras desde la Casa Rosada se utiliza «país bananero» como un insulto dirigido hacia la Argentina, la orientación económica del Gobierno apuesta a profundizar la especialización en materias primas, flexibilizar los límites para la compra de tierras por capitales extranjeros, reducir la intervención estatal sobre sectores estratégicos y sostener un alineamiento internacional casi automático con Washington y Tel Aviv.

    En definitiva, la mayor contradicción no parece estar en la utilización del término, sino en que muchas de las políticas impulsadas por la propia administración libertaria son presentadas por sus críticos como rasgos que históricamente definieron precisamente aquello que el vocero pretendió utilizar como descalificación: una auténtica «república bananera».

     

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    Para el vocero de Milei, Argentina es un «país bananero»: la repudiable frase que desató un fuerte repudio

     

    Un mensaje publicado por el vocero presidencial Adrián Ravier volvió a colocar al Gobierno de Milei en el centro de la controversia. En medio del debate por la soberanía de las Islas Malvinas, el funcionario calificó a la Argentina como un «país bananero», una expresión que generó críticas por considerar que degrada al propio país al que representa.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El tuit que encendió la polémica

    La discusión se originó luego de que el presidente Javier Milei asegurara que las Islas Malvinas serán recuperadas «por la vía diplomática», una afirmación que despertó fuertes cuestionamientos luego de distintos gestos del Gobierno considerados de acercamiento al Reino Unido.

    En ese contexto, el vocero presidencial Adrián Ravier publicó un mensaje en su cuenta de X en el que escribió:

    «Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas.»

    La publicación fue rápidamente viralizada y despertó una ola de críticas por el uso de la expresión «país bananero», utilizada históricamente de manera despectiva para describir a naciones políticamente débiles, dependientes y con instituciones frágiles.

    Una definición que generó rechazo

    Las repercusiones no tardaron en llegar. Desde distintos sectores políticos y sociales cuestionaron que sea un funcionario nacional quien describa a la Argentina con un calificativo peyorativo, especialmente cuando ocupa el cargo de vocero del Presidente.

    Las críticas también recordaron que, durante los últimos meses, el propio Gobierno fue acusado de sostener una política exterior de acercamiento al Reino Unido y de haber relativizado distintos reclamos históricos vinculados con la causa Malvinas.

    Para numerosos dirigentes y excombatientes, la defensa de la soberanía nacional requiere fortalecer la posición diplomática argentina, pero sin descalificar al propio país ni menospreciar a sus instituciones.

    La contradicción con el discurso oficial

    La frase de Ravier aparece apenas días después de que Milei reafirmara públicamente que «las Malvinas son argentinas» y prometiera avanzar por la vía diplomática para recuperar el ejercicio de la soberanía.

    Sin embargo, distintos analistas señalaron que el mensaje del vocero introduce una contradicción llamativa: mientras el Presidente sostiene que busca fortalecer el reclamo argentino, uno de sus principales funcionarios define al país como un «país bananero», una expresión que difícilmente contribuya a construir la imagen internacional que el propio Gobierno dice perseguir.

    Un nuevo foco de conflicto

    La declaración vuelve a instalar el debate sobre el tono utilizado por los funcionarios libertarios y sobre el impacto que tienen sus expresiones cuando provienen de quienes representan institucionalmente al Estado argentino.

    En un tema de enorme sensibilidad histórica como la cuestión Malvinas, las palabras adquieren un peso político particular. Por eso, la frase del vocero presidencial no pasó inadvertida y terminó alimentando una nueva controversia para una administración que, desde su llegada al poder, ya protagonizó múltiples episodios de tensión en torno a la política exterior y la defensa de la soberanía nacional.