Tras el discurso de Adorni, Milei insultó a los periodistas que lo aguardaban
El presidente volvió a la carga contra los miembros de la prensa.
Por la Redacción de NLI
El presidente volvió a la carga contra los miembros de la prensa.
Por la Redacción de NLI
Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI

El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.
Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.
La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.
La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.
Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.
Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.
El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.
La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.
En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.
Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.
Ahora gana más de 7 millones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El discurso de la “casta” vuelve a quedar en entredicho. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público, un decreto firmado por el propio Ejecutivo habilitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros duplicaran —y en algunos casos superaran— sus ingresos en pocos meses.
Lejos de tratarse de un aumento menor, los números son contundentes: los ministros pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con una escalada que los llevó a superar los $8 millones en los meses siguientes.
La suba fue posible gracias a un decreto firmado a comienzos de 2026 que terminó con el congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión libertaria. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios, y también impactó directamente en el salario de Adorni, quien quedó equiparado a los ministros.
El incremento no fue simbólico: en apenas meses, los haberes crecieron más de un 100%, llegando en algunos casos al 123%.
La explicación oficial se apoyó en la necesidad de “recomponer” salarios que venían atrasados frente a la inflación. Sin embargo, el contexto político vuelve esa justificación difícil de sostener: el propio Milei construyó su identidad política denunciando a la “casta” por sus privilegios y sus ingresos.
El contraste es evidente. Mientras los funcionarios de primera línea del gobierno veían duplicados sus ingresos, el promedio salarial de los trabajadores argentinos se mantiene muy por debajo, con fuertes pérdidas frente a la inflación.
El dato no es menor: la recomposición se dio en simultáneo con recortes en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, lo que profundiza la percepción de una doble vara.
En otras palabras, el ajuste no fue “para todos”. Fue selectivo.
La figura de Adorni aparece particularmente expuesta. No solo porque su salario creció al mismo ritmo que el de los ministros, sino porque su situación patrimonial ya estaba bajo la lupa judicial en paralelo a estos incrementos.
El jefe de Gabinete, que durante meses fue la cara del discurso oficial contra los privilegios de la política, hoy queda atrapado en una contradicción difícil de explicar: defender el ajuste mientras se beneficia de una mejora salarial extraordinaria.
El caso abre un interrogante político inevitable: si el gobierno justificó despidos, recortes y pérdida de ingresos en nombre de combatir a la “casta”, ¿cómo se explica que sus propios funcionarios dupliquen sus sueldos por decreto?
Y aún más: ¿por qué a Adorni no se le aplica la misma vara que el propio oficialismo exige hacia otros funcionarios cuando quedan envueltos en polémicas patrimoniales o privilegios?
La respuesta, por ahora, no aparece. Pero el contraste entre el discurso y los hechos empieza a ser cada vez más evidente.
El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?
Por Roque Pérez para NLI

La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.
La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.
El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.
Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.
En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.
Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.
La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.
Entonces, la pregunta es inevitable:
¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?
La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.
En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.
El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.
El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.
La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.
Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.
El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.
Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad.
Y hoy, la sensación que queda es otra:
no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.
La historia de Buenos Aires no es lineal ni épica en el sentido clásico: es una historia de intentos fallidos, abandono y refundación. Pero también es una historia simbólica, atravesada por la fe, los intereses imperiales y una decisión clave que terminaría definiendo el nombre de una de las ciudades más importantes de América Latina.
Por Alcides Blanco para NLI

La ciudad que nació dos veces no es una casualidad: es el resultado de la precariedad del proyecto colonial español en el Río de la Plata y de una persistencia estratégica que terminó imponiéndose.
El 2 de febrero de 1536, el adelantado español Pedro de Mendoza desembarcó en las costas del Río de la Plata y estableció un asentamiento que llamó “Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire” .
Ese acto —que muchas veces se menciona como “fundación”— en realidad fue más precario que solemne: se trató de un campamento fortificado, levantado en condiciones extremas, sin infraestructura ni recursos suficientes .
La situación se volvió rápidamente insostenible. El hambre, las enfermedades y los enfrentamientos con los pueblos originarios —especialmente los querandíes— devastaron la expedición. Los propios cronistas narraron escenas brutales: los colonos llegaron a comer cuero, ratas y hasta carne humana para sobrevivir .
Finalmente, en 1541, el asentamiento fue abandonado. Buenos Aires, en su primera versión, desapareció.
Décadas después, la Corona española insistió con el proyecto. El 11 de junio de 1580, el conquistador Juan de Garay llevó adelante la segunda fundación, esta vez con una organización más sólida y población proveniente de Asunción .
Garay bautizó formalmente a la ciudad como “Ciudad de la Santísima Trinidad”, aunque el puerto mantuvo el nombre de “Santa María de los Buenos Aires”, que con el tiempo se impondría en el uso cotidiano .
A diferencia del intento de Mendoza, esta fundación logró consolidarse. La ciudad empezó lentamente a desarrollarse como enclave estratégico del imperio español, primero marginal y luego central en el comercio del Atlántico sur.
El nombre “Buenos Aires” no fue una ocurrencia casual ni un gesto poético. Tiene una raíz profundamente religiosa y marítima.
Proviene de la advocación de la Virgen María conocida como Nuestra Señora del Buen Aire, vinculada a los marineros y navegantes .
El origen de esta devoción se remonta a Cerdeña, donde una imagen de la Virgen —según la tradición— sobrevivió milagrosamente a un naufragio en el siglo XIV y fue venerada como protectora de quienes se hacían a la mar .
En el siglo XVI, esta advocación ya era popular entre los navegantes españoles, especialmente en Sevilla. Por eso no resulta extraño que Mendoza y su expedición hayan encomendado el viaje a esa protección.
El “buen aire” no alude al clima: alude a los vientos favorables para la navegación, a la esperanza de llegar a destino y sobrevivir al océano.
La historia del nombre mezcla documentación y tradición. Algunos relatos sostienen que Mendoza habría hecho una promesa a la Virgen durante la travesía; otros apuntan a la presencia de religiosos mercedarios en la expedición, devotos de esa advocación.
Lo cierto es que el nombre quedó. Incluso después del fracaso de la primera fundación, “Buenos Aires” persistió como una idea, como un proyecto y como un símbolo, hasta concretarse definitivamente en 1580 .
Buenos Aires nació dos veces, pero su nombre fue uno solo desde el inicio. Esa continuidad no es menor: revela que, más allá del fracaso material, había una intención estratégica y simbólica que la Corona no estaba dispuesta a abandonar.
Entre el hambre de la primera fundación y la consolidación de la segunda, la ciudad se construyó como una promesa persistente: la de un puerto abierto al mundo, sostenido tanto por la geopolítica como por la fe.
Y en ese cruce —entre imperio, religión y supervivencia— se explica por qué Buenos Aires se llama así. No por el aire que se respira, sino por el viento que permitió llegar.
Un hallazgo reciente publicado en la revista científica Current Biology sacude una de las ideas más instaladas sobre la evolución humana: los neandertales no solo no eran “más lentos” o primitivos, sino que durante la infancia crecían a un ritmo significativamente más acelerado que el de los Homo sapiens. El estudio de un fósil infantil revela que su desarrollo físico podía duplicar el de un bebé moderno.
Por Amparo Lestienne para NLI

El eje de la investigación es Amud 7, un bebé neandertal hallado en Israel y datado entre 51.000 y 56.000 años. El análisis detallado de más de un centenar de huesos permitió reconstruir su crecimiento con un nivel de precisión inédito.
Lo que encontraron los científicos fue desconcertante: su dentición indicaba una edad cercana a los seis meses, pero su estructura ósea —cráneo, huesos largos y volumen corporal— correspondía a la de un niño moderno de casi un año.
Esa diferencia no es menor. Es la evidencia más clara de que los neandertales experimentaban un desarrollo corporal mucho más rápido en los primeros meses de vida.
La explicación no es casual ni anecdótica. Los investigadores sostienen que este ritmo acelerado podría ser una adaptación a condiciones extremas.
Los neandertales vivieron en Eurasia durante períodos glaciales, con climas duros, escasez de recursos y altos niveles de estrés ambiental. En ese contexto, crecer rápido significaba aumentar las probabilidades de supervivencia en una etapa extremadamente vulnerable.
Incluso otros estudios coinciden en el patrón: distintos restos infantiles hallados en Europa y Asia muestran la misma tendencia, lo que sugiere que no se trata de un caso aislado sino de una característica biológica de la especie.
Uno de los aspectos más impactantes del trabajo es que las diferencias no aparecen con el tiempo: ya estaban presentes desde los primeros meses de vida.
Los bebés neandertales tenían huesos más robustos, cráneos más grandes y proporciones corporales distintas a las de los humanos modernos. Esto indica que su desarrollo no dependía solo del entorno o del comportamiento, sino que estaba profundamente arraigado en su biología.
En otras palabras, no eran “versiones más primitivas” de nosotros: eran otra forma de ser humanos, con un ritmo vital diferente.
El hallazgo abre una pregunta incómoda para la ciencia: ¿los neandertales crecían más rápido o los humanos modernos evolucionamos hacia una infancia más prolongada?
La infancia extendida del Homo sapiens —larga dependencia, desarrollo lento del cuerpo y del cerebro— es una rareza evolutiva. Pero esa lentitud también permitió algo clave: mayor aprendizaje, socialización y desarrollo cultural.
Los neandertales, en cambio, parecen haber apostado por una estrategia distinta: crecer rápido, gastar más energía y adaptarse a un mundo hostil.
A pesar de estas diferencias, los científicos recuerdan que neandertales y humanos modernos compartían gran parte de su genética y hasta se cruzaron entre sí. La distancia entre ambas especies no es tan grande como se pensaba.
Sin embargo, este estudio deja algo claro: la evolución no sigue un único camino. Mientras los Homo sapiens desarrollaron una infancia larga y compleja, los neandertales construyeron una estrategia opuesta, más rápida y energéticamente intensa.
El caso de Amud 7 obliga a revisar prejuicios profundamente arraigados. Durante décadas, los neandertales fueron presentados como torpes o inferiores. Hoy, la evidencia muestra lo contrario: eran diferentes, y en algunos aspectos, incluso más eficientes que nosotros.
Entender cómo crecían no es un dato menor. Es una ventana directa a su forma de vida, a sus desafíos y a las decisiones evolutivas que marcaron su destino.
Y también, inevitablemente, una forma de mirarnos a nosotros mismos: porque tal vez, en ese contraste entre rapidez y lentitud, se esconde una de las claves de lo que significa ser humano.