Política

 

Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.

Un decreto para vaciar una ley

En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.

Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.

Salarios licuados y derechos vulnerados

El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.

En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.

El falso argumento del “ahorro fiscal”

La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.

En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.

Un límite judicial al ajuste

Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.

 

 

El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo al exterior dejó de ser un secreto blindado por el Gobierno libertario. Un fallo judicial hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria entregar la información pública que se negó sistemáticamente a suministrar.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La resolución judicial golpea de lleno la estrategia de opacidad del Banco Central y del Ministerio de Economía, que durante meses se escudaron en supuestas razones de “reserva” y “confidencialidad” para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final de los lingotes enviados a Londres.

La orden alcanza de manera directa a la conducción del Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, que había rechazado una y otra vez responder pedidos formales de acceso a la información pública.

Mientras Luis Caputo y Bausili escondían los expedientes, el activo que sacaron del país atravesó una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no dejó de subir.

Al inicio de la gestión de Milei, las reservas en oro del BCRA equivalían a unos 3.922 millones de dólares. Hoy, con el mismo stock físico que había el 10 de diciembre de 2023, ese patrimonio alcanza los 8.806 millones de dólares. En términos nominales, una suba del 124,5%.

Dicho de otro modo: el Gobierno administra hoy un capital que vale más del doble que cuando asumió, pero que ya no está bajo custodia directa del Estado argentino. Un dato nada menor cuando se trata de un activo estratégico, expuesto a riesgos legales y a eventuales embargos en el exterior.

La batalla por la información

La causa judicial se originó tras la negativa del BCRA a responder los pedidos presentados por legisladores de la oposición, entre ellos el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, que reclamaron conocer los detalles de una operación inédita por su magnitud y su secretismo.

El argumento oficial fue que revelar la información podía poner en riesgo la “seguridad de los activos”. Esa postura fue desestimada por la Justicia, que recordó que el acceso a la información pública no puede ser anulado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Qué deberá explicar el Gobierno

El fallo obliga ahora a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como garantía de préstamos financieros tipo REPO, o si simplemente fue depositado en el exterior para obtener una tasa de interés mínima.

Hasta el momento, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva de Caputo, quien presentó la maniobra como una supuesta “administración eficiente” de los recursos, sin exhibir un solo documento que la respalde.

Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta ya no es solo por qué lo sacaron del país, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares, mientras el Gobierno predica austeridad puertas adentro y blindaje informativo hacia afuera.

 

 

Un acuerdo confidencial, firmado en la Casa Rosada y oculto durante semanas, vinculó formalmente al Gobierno con el impulsor de una memecoin que terminó en derrumbe y sospechas de estafa. Pagos millonarios en cripto, lobistas libertarios y una causa judicial marcada por demoras y conflictos de interés.

Por Tomás Palazzo para NLI

El 30 de enero de 2025, dos semanas antes de que estallara el escándalo por el lanzamiento del token $LIBRA, Milei firmó en la Casa Rosada un acuerdo confidencial con Hayden Davis, impulsor de la criptomoneda. El contrato, revelado por Clarín y hoy bajo análisis judicial, lo designó como “asesor ad honorem” del Estado argentino en temas de blockchain e inteligencia artificial, con estrictas cláusulas de confidencialidad.

Según los registros oficiales, Davis ingresó a las 13.56 por el acceso lateral de Rivadavia 250, reservado para visitas destacadas. Lo acompañaron Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes actuaron como nexo con el entorno local. En la misma fila llegó el entonces diputado José Luis Espert.

Un acuerdo firmado y una salida exprés

La reunión con Milei duró poco más de veinte minutos y quedó asentada en el Registro Único de Audiencias bajo el motivo “analizar las tecnologías descentralizadas y blockchain”. Sin embargo, fuentes con conocimiento directo del encuentro confirmaron que en ese breve lapso se firmó un acuerdo confidencial de dos páginas, redactado en español —idioma que Davis apenas maneja— y con las firmas de ambos.

El documento establece tareas de asesoramiento en digitalización de documentos, smart contracts y capacitación, incluye una renuncia expresa a honorarios y obliga a guardar absoluto secreto. Esa misma noche del viernes 31, Davis dejó el país rumbo a Miami.

Transferencias cripto y compras anticipadas

Durante las horas que Davis pasó en la Argentina se registraron transferencias en criptomonedas a intermediarios locales que, según sospecha la Justicia, están directamente vinculadas al proyecto $LIBRA. El día de la reunión, billeteras asociadas al empresario enviaron más de un millón de dólares y, en total, se detectaron pagos por unos 5,7 millones de dólares antes del lanzamiento del token.

La fiscalía también identificó compras anticipadas de $LIBRA realizadas por cuentas ligadas a un divulgador cripto, con ganancias estimadas en 180 mil dólares, un dato que refuerza la hipótesis de información privilegiada.

Antecedentes, festejos y mensajes comprometedores

Davis ya había visitado el país en noviembre de 2024, cuando realizó una gira por Ushuaia, Vaca Muerta, Salta y Catamarca, antes de viajar a Paraguay. A su regreso, el 21 de noviembre, volvió a ingresar a la Casa Rosada con autorización de Karina Milei.

Según publicó La Nación, esa noche celebró con su equipo en el Hotel Four Seasons que “Milei les había firmado todo”. Semanas después, Davis envió un mensaje de texto a un conocido en el que se jactó de su influencia sobre el Presidente, afirmando que podía hacerlo tuitear, reunirse y promocionar proyectos, y mencionando transferencias de dinero a su entorno familiar. Ese intercambio, al que accedió The New York Times, se convirtió en una de las piezas más sensibles del expediente.

$LIBRA se lanzó el 14 de febrero de 2025 en Dallas. Tras un tuit de Milei, el precio se disparó y luego se desplomó. El Presidente borró el mensaje y sostuvo que desconocía los detalles del proyecto.

Memecoins, empresas opacas y antecedentes judiciales

Davis, especializado en memecoins —activos de extrema volatilidad—, operaba a través de Kelsier Ventures, señalada en una causa del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York por desarrollar esquemas “extractivos” en lanzamientos previos, como la memecoin M3M3 o la asociada a Melania Trump.

La reunión del 30 de enero fue solicitada formalmente por Novelli. Ese mismo día, Milei y Davis se tomaron la selfie que el Presidente publicó en X, asegurando que había mantenido una “muy interesante charla” con el empresario, quien lo estaba asesorando en blockchain e inteligencia artificial. Detrás de esa foto, hoy bajo la lupa judicial, se selló un vínculo formal entre el Gobierno y el impulsor de $LIBRA.

Una causa lenta y conexiones incómodas

La investigación judicial avanza con demoras llamativas bajo la conducción del fiscal Eduardo Taiano, cuyo apartamiento fue solicitado por el querellante Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Ozsust. La recusación se basó en la falta de diligencia y en el rechazo sistemático de medidas de prueba solicitadas por la querella.

Más allá del rechazo formal, persiste un punto sensible que Noticias La Insuperable adelantó oportunamente: el nuevo rol profesional del hijo del fiscal. Federico Taiano dejó su puesto en la estructura del gobierno de Milei y pasó a trabajar para Holder Partners LLC, dirigida por Frank Holder.

El entramado final

Holder es una figura reconocida en el mundo de la due diligence, el compliance y las investigaciones sensibles, con trayectoria en litigios complejos y auditorías forenses en América Latina. La conexión se vuelve aún más delicada cuando ese entramado se cruza con Leonardo Scatturice, empresario con contratos con el Estado y presencia en el negocio aeronáutico, señalado en reconstrucciones periodísticas por la logística aérea utilizada por Hayden Davis.

Viajes en aeronaves privadas, operadores locales, contratos estatales y transferencias cripto completan un mapa que enlaza política, finanzas y negocios. Un entramado que expone, una vez más, cómo detrás del discurso libertario contra “la casta” se multiplican los pactos secretos, los intermediarios y las sombras que hoy ponen contra las cuerdas al propio Milei.

 

 

A las puertas de una temporada estival marcada por la salida masiva de argentinos al exterior y en pleno debate por el atraso cambiario, el Gobierno decidió apagar una de las pocas linternas estadísticas que permitían medir con precisión el drenaje de dólares por turismo.

Por Roque Pérez para NLI

La decisión no es técnica ni neutra: la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, resolvió dejar de financiar desde el 1° de enero de 2026 los operativos de campo del INDEC destinados a medir la actividad turística. En concreto, se corta un aporte anual de $570 millones que sostenía la logística de las principales encuestas del sector.

El resultado inmediato es claro: menos información, menos precisión y más margen para el relato oficial en un contexto donde los números del turismo venían mostrando una fuerte salida neta de dólares, dato incómodo para un Gobierno que insiste en negar el atraso del tipo de cambio.

Menos encuestas, menos datos incómodos

En su último informe sectorial —correspondiente a octubre de 2025— el INDEC confirmó el impacto de la decisión. Tras más de dos décadas de trabajo conjunto con el entonces Ministerio de Turismo, el organismo informó que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, lo que obligará a modificar la forma y la periodicidad de difusión de los datos.

El instituto aclaró que hará “todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles”, respetando las definiciones internacionales y la metodología vigente. Sin embargo, el propio comunicado admite que habrá cambios estructurales en dos herramientas clave: la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

En los hechos, el plan de “contingencia” incluye reducción de la muestra, menos casos relevados, modalidad remota en lugar de operativos presenciales y acuerdos con provincias para intentar sostener parte del relevamiento. Traducido: datos más débiles, menos representativos y más fáciles de relativizar.

Migraciones sí, balanza turística no

El INDEC aclaró que las estadísticas de turismo internacional basadas en los registros de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no sufrirán modificaciones. Pero ese dato, por sí solo, no permite reconstruir la balanza de dólares que entran y salen por turismo, ni el impacto real sobre las reservas.

Justamente allí estaba el problema para el Gobierno. Las últimas publicaciones del área de Turismo mostraban con claridad una salida de divisas muy superior al ingreso, fenómeno que se aceleró con el dólar barato para viajar y que se convirtió en uno de los argumentos más sólidos para hablar de atraso cambiario.

Scioli contra las estadísticas

No es la primera vez que Scioli choca con el INDEC. Desde hace meses venía cuestionando la forma en que el organismo mide el sector, argumentando que “no refleja la realidad”. En lugar de discutir metodología con evidencia técnica, la respuesta fue más simple: quitar el financiamiento y achicar la medición.

El movimiento no puede leerse por fuera del contexto macroeconómico. Con reservas bajo presión, dólar planchado y un verano que promete récord de viajes al exterior, mostrar menos datos es una forma de esconder el problema, no de resolverlo.

Ajuste selectivo y opacidad estadística

Mientras se habla de transparencia, equilibrio fiscal y estadísticas “confiables”, el Gobierno recorta justamente donde los números desnudan las inconsistencias del modelo. El ajuste no es general: es quirúrgico y apunta a silenciar un indicador clave del frente externo.

La paradoja es evidente. En nombre del orden fiscal se recortan $570 millones en estadísticas públicas, pero se pierde a cambio una herramienta central para entender por dónde se van los dólares. Una decisión pequeña en términos presupuestarios, pero enorme en términos políticos.

Porque cuando el termómetro marca fiebre, romper el termómetro no cura la enfermedad.

 

 

Un fundamentalista del pensamiento de la Escuela económica austríaca analiza la impostura libertariana en sus aspectos más dañinos.

Por Jorge G. Andreadis para Noticias La Insuperable

“No hay peor astilla que la del mismo palo”, reza el adagio popular. Y el economista Diego Giacomini, purista del pensamiento de la Escuela austríaca, desde que su ex amigo e impresentables adláteres capturaron el Estado argentino, no deja de fustigar el errático experimento económico oficial y la impostura política que tiene detrás, con sus mañosas hienas incluidas.

Refiriéndose a su ex compinche, a quien, según ha declarado más de una vez, inició en los arcanos del ideario de Mises, Hayek, Hoppe y cía., dice –en artículo publicado hoy en Perfil- que “La política se lo devoró como jauría de hienas a leoncito viejo.”. A su modo de ver, el gobierno de LLA no solo es incoherente y dañino en el plano económico sino, también,en su dimensión ética.

Gatito mimoso de los magnates para unos, jamoncito en el medio pero no del medio para otros, leoncito entregado a la voracidad de las hienas para Giacomini, lo cierto es que todo parece indicar que la burbuja libertariana se sostiene únicamente con las milagrosas gotas de detergente de agónicos salvatajes en formato préstamo: dólares y mañas de hiena.

Por otro lado, igual que los elefantes que tan poco escuchamos, hace hincapié en la vieja película de terror que siempre nos presentan como estreno absoluto: “El BCRA de Milei, Caputo y Bausili quiere intentar hacer los que casi todos procuraron hacer en el pasado”, afirma, y también destaca que “en tan solo dos años el actual gobierno ya ha cambiado cuatro veces de política monetaria y cambiaria”.

Entre tecnicismos y dogma, el titular de Economía & Ética no deja de ser astilla de un palo que alguna vez quien detenta el poder en Argentina integró o simuló integrar. Por eso, quien haya pensado que las maravillas teóricas de la Escuela austríaca iban a llevarnos a lo más alto del bienestar, debería ir considerando que por ese lado todo es vacío.

Si la presencia de totos, colosos, noventistas, patos y una que otra camuflada gallareta no fueran suficientes para certificar el eterno retorno del esquilme, habría que observar como la astilla se clava en la carne impostada: “Había que cerrar el BCRA y destruir el peso, pero el PEN defaulteó a sus votantes cuando se asoció con los políticos y el sistema financiero. Otra evidencia más de que los políticos elegidos no son representantes, ni hay contrato a honrar entre políticos y gente.”.

Muchos de nuestros memoriosos elefantes, algunos de ellos apaleados cada miércoles pero con epidermis tan resistente como sus recuerdos, podrían decirnos con lenguaje menos pomposo casi lo mismo que advierte Giacomini: estamos otra vez parados en las torres de un castillo de naipes.

Para aquellos que deseen conocer en su totalidad la mirada técnica, teórica y ética de Diego Giacomini, este es el artículo al que nos referimos: “El Poder Ejecutivo se equivoca cada vez más”.

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Mientras La Libertad Avanza repite el discurso contra la “casta” y el empleo público, uno de sus referentes marplatenses registra antecedentes como empleado estatal en el Concejo Deliberante local.

Por Roque Pérez para NLI

David Urbani, presentado hoy como referente libertario en Mar del Plata y todo el partido de General Pueyrredón, construyó su perfil político con un libreto conocido: rechazo al Estado, demonización del empleo público y exaltación del “mérito individual”. Sin embargo, los archivos oficiales muestran una historia bastante menos disruptiva.

Según consta en el Decreto N.º 268 del 11 de diciembre de 2003, Urbani fue designado Auxiliar Administrativo en el Bloque de Concejales de CREAR MÁS LIBERTAD dentro del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Es decir, un cargo rentado en el Estado municipal, sostenido con fondos públicos.

El dato resulta incómodo para un espacio político que convirtió la crítica al “vivir del Estado” en una bandera identitaria. Más aún cuando se trata de un dirigente que hoy se muestra como parte de una supuesta renovación antipolítica, pero que inició su recorrido precisamente dentro de la estructura institucional que ahora denosta.

El doble discurso libertario

El caso de Urbani no es una excepción, sino un patrón que se repite en La Libertad Avanza: dirigentes que construyen discurso contra el sector público mientras registran antecedentes laborales en organismos estatales, legislaturas o bloques políticos. El problema no es haber trabajado en el Estado, sino ocultarlo o negarlo mientras se estigmatiza a otros trabajadores.

En sus apariciones públicas y en redes sociales, Urbani suele apuntar contra el “gasto político”, los “ñoquis” y la supuesta ineficiencia estatal. Sin embargo, su designación como auxiliar administrativo demuestra que su vínculo con el Estado no fue solo retórico, sino también contractual y concreto.

El contraste se vuelve todavía más marcado si se tiene en cuenta que ese tipo de cargos —auxiliares administrativos en bloques— forman parte del engranaje básico de la actividad legislativa, la misma que el libertarismo califica de parasitaria cuando se trata de otros espacios políticos.

La casta siempre es el otro

En Mar del Plata, La Libertad Avanza intenta consolidarse como fuerza “antisistema”, aunque muchos de sus cuadros locales, como Urbani, muestran trayectorias que desmienten ese relato. El paso por el Concejo Deliberante no es un pecado, pero sí deja en evidencia la hipocresía de un discurso que señala con el dedo mientras esconde su propio prontuario administrativo.

La pregunta que queda abierta no es si Urbani trabajó o no en el Estado —los documentos lo confirman—, sino por qué ese pasado desaparece cuando se construye el personaje libertario. Tal vez porque, una vez más, la casta no es una categoría política real, sino un recurso discursivo que siempre se aplica a los demás.