Política

 

El diputado nacional Máximo Kirchner lanzó una advertencia directa al gobierno y sostuvo que Milei “va a tener que revisar su estrategia política”, en un contexto marcado por tensiones internas, errores de gestión y escándalos que empiezan a impactar en la estabilidad del oficialismo.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La definición se da en medio de un escenario donde el desgaste ya no es sólo económico sino también político. Desde la oposición, crece la lectura de que el experimento libertario comenzó a mostrar límites concretos, tanto en su capacidad de gestión como en su construcción de poder. En ese marco, las palabras de Kirchner no aparecen como una crítica aislada, sino como parte de una ofensiva discursiva que busca exponer las contradicciones del modelo.

Una estrategia que empieza a crujir

El dirigente peronista, en los estudios de Argentina|12 en el programa “1111″, apuntó contra el núcleo del poder libertario y trazó un paralelismo directo entre Javier Milei y Mauricio Macri, al afirmar que ambos representan “dos caras de una misma moneda”. La frase no es menor: implica ubicar al actual gobierno dentro de una continuidad histórica de políticas que ya fracasaron y que dejaron consecuencias sociales profundas.

En esa línea, Kirchner cuestionó la combinación de “soberbia” e “ineficiencia” que, según su mirada, caracteriza a la gestión actual. No se trata únicamente de una crítica al estilo presidencial, sino de una advertencia sobre la forma en que se toman decisiones en la Casa Rosada, muchas veces sin articulación política ni capacidad de anticipar conflictos.

La acumulación de errores, en este sentido, empieza a tener efectos visibles. Lo que en los primeros meses podía leerse como parte de una lógica disruptiva, hoy comienza a ser interpretado como falta de rumbo. El problema ya no es sólo lo que el gobierno hace, sino lo que no logra sostener en el tiempo.

Escándalos, tensiones y costo institucional

El señalamiento de Kirchner se da en paralelo a una serie de episodios que golpean al oficialismo y que exponen fisuras en su estructura. La situación del vocero presidencial Manuel Adorni, envuelto en cuestionamientos judiciales y políticos, se convirtió en un caso emblemático del deterioro interno.

En ese contexto, el diputado advirtió sobre el “costo político institucional” de estos conflictos, remarcando que no se trata de hechos aislados sino de una dinámica que erosiona la credibilidad del gobierno. La falta de respuestas claras y la tendencia a minimizar los problemas terminan amplificando su impacto.

El oficialismo, además, enfrenta tensiones crecientes dentro de su propia coalición, donde empiezan a aparecer diferencias tácticas y estratégicas. La dificultad para ordenar ese frente interno se suma a los problemas externos, configurando un escenario cada vez más inestable.

Una advertencia que excede la coyuntura

La frase de Kirchner, lejos de ser un comentario pasajero, funciona como una lectura de mediano plazo. Al sostener que Milei deberá revisar su estrategia, lo que pone en discusión es la viabilidad del rumbo actual en términos políticos, económicos e institucionales.

Desde esta perspectiva, el planteo también busca reordenar el tablero opositor, instalando la idea de que el gobierno atraviesa un punto de inflexión. Cuando los errores se acumulan y dejan de ser tolerados socialmente, el margen de maniobra se reduce y las decisiones empiezan a tener un costo inmediato.

En ese escenario, la advertencia del dirigente peronista adquiere un peso particular: no sólo interpela al gobierno, sino que anticipa un clima político donde la disputa por el rumbo del país se vuelve cada vez más intensa. Y donde, como sugiere el propio Kirchner, seguir por el mismo camino puede dejar de ser una opción viable para Milei.

 

 

Una expedición científica volvió a poner en el centro del mapa a la Isla de los Estados, un territorio clave para entender cómo se construyeron —y cómo se disputan— las fronteras argentinas en el Atlántico Sur. Entre restos de naufragios, viejos aserraderos y huellas humanas, emerge una historia profunda que conecta directamente con Malvinas.

Por Amparo Lestienne para NLI

En el extremo más inhóspito del territorio argentino, allí donde el mar se vuelve hostil y el viento parece no dar tregua, la Isla de los Estados vuelve a hablar. No lo hace a través de documentos oficiales ni discursos políticos, sino mediante restos materiales: cadenas corroídas, balas, estructuras olvidadas y huellas de una vida que fue decisiva para la historia nacional. Esa es la materia prima con la que un equipo del CONICET y la Universidad de Buenos Aires intenta reconstruir un pasado que, lejos de ser anecdótico, resulta central para comprender la cuestión Malvinas.

Investigadores argentinos llevaron adelante la primera campaña arqueológica histórica sistemática en la isla, un territorio al que solo se accede tras atravesar las aguas violentas del estrecho de Le Maire. El objetivo fue claro: reconstruir el papel estratégico que este enclave tuvo en el siglo XIX como soporte logístico, económico y soberano del proyecto argentino en las Islas Malvinas .

Un enclave clave en la geopolítica del siglo XIX

Lejos de ser un territorio marginal, la Isla de los Estados fue durante el siglo XIX un nodo central en la arquitectura territorial argentina. En tiempos de Luis Vernet, primer comandante político y militar argentino en Malvinas, la isla funcionó como base de aprovisionamiento de recursos, especialmente madera, indispensable para sostener la colonia en el archipiélago .

Ese vínculo no era casual. Ambas islas integraban un mismo sistema de ocupación y circulación en el Atlántico Sur, en el que la Isla de los Estados operaba como retaguardia económica y logística. Desde allí partían recursos, trabajadores y rutas comerciales que conectaban con Malvinas, consolidando una presencia efectiva del Estado argentino en la región.

La arqueología, en este sentido, no solo recupera objetos: permite reconstruir circuitos de producción, redes de intercambio y dinámicas sociales que evidencian una ocupación concreta y organizada del territorio. Según los investigadores, el cruce entre documentación histórica y hallazgos materiales busca precisamente demostrar cómo funcionaba esa red en la práctica .

Restos materiales, memoria y soberanía

La expedición relevó faros, presidios, asentamientos, naufragios y estructuras productivas, todos elementos que hablan de una ocupación sostenida en el tiempo . Entre los hallazgos se destacan restos de embarcaciones, objetos cotidianos y vestigios de actividades económicas como la explotación de recursos marinos y forestales.

Pero el valor de estos descubrimientos no es únicamente científico. También es profundamente político: cada objeto encontrado constituye una evidencia material de la presencia argentina en un territorio clave del Atlántico Sur, en un contexto histórico atravesado por disputas de soberanía.

En ese sentido, la investigación se inscribe en una línea de trabajo más amplia que busca fortalecer la memoria histórica y la conciencia territorial, especialmente en relación con Malvinas. No se trata solo de mirar el pasado, sino de entender cómo ese pasado sigue operando en el presente.

Una isla con historia milenaria y disputas modernas

Aunque el foco de la expedición está puesto en la etapa posterior a la llegada europea, la isla tiene una historia mucho más antigua. Estudios previos han demostrado la presencia de pueblos canoeros hace al menos tres mil años, lo que da cuenta de una ocupación humana prolongada en el tiempo .

Con la expansión colonial y luego con la formación del Estado argentino, la isla adquirió un nuevo significado. Fue explorada, explotada y habitada en distintos momentos, integrándose formalmente a la estructura administrativa de Malvinas durante la gobernación de Vernet en 1829 .

Sin embargo, tras la ocupación británica de las islas en 1833, ese entramado territorial se vio interrumpido. La Isla de los Estados, como otras posiciones estratégicas, quedó relegada, aunque nunca perdió su valor geopolítico ni su carga simbólica.

Ciencia, territorio y disputa

Lo que esta expedición pone en evidencia es algo más profundo que un conjunto de hallazgos arqueológicos: la ciencia también es una herramienta de soberanía. Al reconstruir con precisión cómo funcionaban estos espacios en el siglo XIX, los investigadores aportan elementos concretos para comprender —y sostener— los reclamos argentinos en el Atlántico Sur.

En un contexto donde la disputa por Malvinas sigue vigente, la recuperación de estas historias adquiere una dimensión estratégica. No se trata de nostalgia ni de romanticismo, sino de documentar con rigor científico una presencia histórica que muchas veces fue invisibilizada o fragmentada.

Así, en medio del viento austral y las aguas embravecidas, la Isla de los Estados deja de ser un punto perdido en el mapa para convertirse en lo que siempre fue: una pieza clave en la construcción —y en la disputa— de la soberanía argentina.

 

 

La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.

La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.

Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”

Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.

En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.

Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.

Duras críticas a Arroyo Salgado

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.

Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.

Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.

El origen del caso: un escrache político

El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.

El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.

Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.

De “terrorismo” a falta de mérito

La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.

Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.

El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.

Un mensaje político-judicial

Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.

En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.

La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.

 

 

Un nuevo relevamiento profundiza el deterioro de la imagen del gobierno de Javier Milei: la desaprobación ya alcanza niveles críticos y confirma una tendencia sostenida de desgaste político, económico y social.

Por Roque Pérez para NLI

El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumió, y ya no se trata de percepciones aisladas sino de una tendencia consolidada. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 65% de los argentinos desaprueba su gestión, un dato que marca un quiebre en la relación entre el oficialismo y la sociedad.

La cifra no aparece en el vacío. Por el contrario, se inscribe en un contexto donde distintos estudios de opinión vienen mostrando un deterioro sostenido. Relevamientos recientes ubican la desaprobación en torno al 60% o más, mientras la aprobación cae por debajo del 40%, confirmando que el núcleo de apoyo libertario se achica mes a mes.

Un desgaste que ya no se puede disimular

El dato del 65% de rechazo refleja algo más profundo que una simple fluctuación estadística: evidencia un cambio de clima social. Incluso consultoras que inicialmente habían sido favorables al gobierno coinciden en que la imagen presidencial se encuentra en su punto más bajo desde el inicio de la gestión.

Este desgaste tiene múltiples causas. En primer lugar, la economía cotidiana no logra acompañar los indicadores macro que el oficialismo intenta exhibir. Aunque algunos datos muestran mejoras parciales, amplios sectores sociales perciben que el salario pierde poder adquisitivo, el empleo se precariza y el consumo sigue deprimido.

A esto se suma un fenómeno cada vez más visible: la fragmentación social. Mientras ciertos sectores vinculados a actividades financieras o extractivas logran sostener niveles de consumo, la mayoría de la población enfrenta un deterioro en sus condiciones de vida, lo que alimenta el malestar generalizado.

Corrupción, crisis política y pérdida de credibilidad

El otro factor clave en la caída de la imagen oficial es la acumulación de escándalos. Las denuncias de corrupción —como el caso de la criptomoneda $LIBRA o las investigaciones que salpican a funcionarios cercanos— comenzaron a erosionar uno de los pilares discursivos del gobierno: su supuesta lucha contra “la casta”.

En ese marco, la percepción social se vuelve cada vez más crítica. Encuestas recientes señalan que la corrupción, el desempleo y la inflación encabezan las preocupaciones de la población, configurando un escenario adverso para el oficialismo.

Pero además, hay un elemento político central: el gobierno parece haber perdido el control de la agenda pública. La narrativa que en un inicio ordenaba el debate —basada en el shock económico y la promesa de cambio— hoy aparece desgastada y sin capacidad de generar expectativas positivas.

De la promesa al desencanto

El núcleo del problema es que el contrato electoral empieza a resquebrajarse. Milei llegó al poder prometiendo sacrificios temporales a cambio de una mejora rápida. Sin embargo, esa mejora no se materializa en la vida cotidiana de la mayoría.

La consecuencia es directa: las expectativas se deterioran y el humor social se vuelve cada vez más negativo. El rechazo ya no se limita a sectores opositores tradicionales, sino que empieza a expandirse hacia votantes que inicialmente acompañaron el proyecto libertario.

En ese contexto, el dato del 65% de desaprobación no es solo una cifra: es una señal política contundente. Marca el pasaje de un gobierno con respaldo significativo a uno que enfrenta una crisis de legitimidad en expansión.

 

 

El entramado de préstamos que rodea al vocero presidencial suma ahora un dato que complejiza aún más el cuadro: una de las mujeres que habría aportado dinero fue ascendida durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad. Documentación oficial revela vínculos que abren interrogantes sobre relaciones, favores y circuitos de financiamiento poco transparentes.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La trama financiera que involucra a Manuel Adorni continúa sumando capítulos incómodos. A partir dela Declaración Jurada del funcionario, donde se detalla que el actual vocero presidencial habría recibido 100.000 dólares en préstamos de al menos dos mujeres, ,adre e hija, ahora se agrega un elemento que tensiona aún más la situación: una de ellas cuenta con antecedentes dentro de la estructura de seguridad del Estado y fue beneficiada con un ascenso durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la órbita directa de Patricia Bullrich.

El dato no es menor. Según surge del Decreto 1308/2016, firmado por Mauricio Macri y por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Graciela Isabel Molina de Cancio —quien revestía como Comisario— fue ascendida al rango de Comisario Inspector dentro del Escalafón Seguridad. Se trata de un ascenso formal dentro de la Policía Federal Argentina, que la ubica en una posición jerárquica relevante dentro de la fuerza.

La coincidencia entre ese nombre y el de una de las personas señaladas como prestamistas en la operatoria que rodea a Adorni abre preguntas inevitables. ¿Cuál es la naturaleza del vínculo entre el funcionario y una integrante de las fuerzas de seguridad con ascenso político-administrativo? ¿Se trata de una relación personal, profesional o de otro tipo? Hasta el momento, no hay explicaciones públicas que despejen estas dudas.

Préstamos, hipotecas y relaciones

La investigación periodística que tomó estado público describe un esquema en el cual Adorni habría recurrido a financiamiento privado para afrontar operaciones inmobiliarias, incluyendo la hipoteca de un departamento en Caballito. En ese contexto, aparecen dos mujeres como prestamistas de una suma considerable en dólares, lo que ya de por sí genera interrogantes sobre la trazabilidad de esos fondos y las condiciones en que se otorgaron.

Sin embargo, la incorporación del dato sobre Molina de Cancio modifica el eje de análisis. Ya no se trata únicamente de préstamos entre particulares, sino de la posible participación de una figura con recorrido dentro de la estructura estatal y con un ascenso otorgado en un contexto político específico. La relación entre poder político, fuerzas de seguridad y financiamiento privado comienza a dibujar un mapa más complejo y difícil de justificar como una simple operatoria personal.

El peso de los antecedentes

El Decreto 1308/2016 no deja lugar a interpretaciones: el ascenso de Molina de Cancio fue parte de una serie de promociones dentro de la fuerza durante la gestión de Cambiemos. En aquel entonces, Patricia Bullrich consolidaba su influencia sobre el aparato de seguridad, promoviendo cuadros de confianza en puestos clave.

En ese marco, la aparición de una de esas figuras en una operatoria financiera vinculada a un funcionario del actual gobierno libertario no puede leerse como un dato aislado. Por el contrario, sugiere la persistencia de vínculos y redes que atraviesan gestiones y espacios políticos, conectando a actores que, en apariencia, pertenecen a universos distintos pero que en los hechos podrían compartir circuitos de confianza.

Silencio oficial y preguntas abiertas

Hasta ahora, desde el entorno de Adorni no hubo aclaraciones sustantivas sobre estos vínculos ni sobre el origen preciso de los fondos recibidos. Tampoco se explicó por qué una funcionaria policial con trayectoria y ascenso formal habría decidido otorgar un préstamo de tal magnitud, ni bajo qué condiciones se habría realizado dicha operación.

El silencio, en este contexto, lejos de despejar dudas, las amplifica. Porque lo que está en juego no es solo la situación patrimonial de un funcionario, sino la posible existencia de relaciones cruzadas entre política, seguridad y financiamiento privado que podrían comprometer la transparencia institucional.

En un gobierno que llegó con la promesa de terminar con los privilegios y la “casta”, la aparición de este tipo de vínculos vuelve a poner en cuestión el discurso oficial. Y deja flotando una certeza incómoda: detrás de la retórica antiestablishment, los nombres, los contactos y los mecanismos parecen ser, muchas veces, los de siempre.

 

 

Una reciente investigación publicada en bioRxiv analizó el ADN presente en la célebre reliquia conocida como el Sábana Santa de Turín, revelando un mosaico genético sorprendentemente diverso. Los resultados no sólo cuestionan certezas previas, sino que abren un campo de debate que cruza historia, arqueología y biología molecular.

Por Alcides Blanco para NLI

Una reliquia histórica bajo el microscopio moderno

Desde hace siglos, la Sábana Santa de Turín ocupa un lugar central en el imaginario cristiano: se la considera, según la tradición, el sudario que habría envuelto el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. Sin embargo, su autenticidad ha sido objeto de controversias constantes, especialmente desde que en el siglo XX comenzaron a aplicarse técnicas científicas para estudiar su origen.

En este contexto, la nueva investigación —basada en muestras recolectadas en 1978— utiliza herramientas de metagenómica, una técnica que permite analizar el conjunto de ADN presente en una muestra sin necesidad de aislar organismos específicos.

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Lo que encontró el ADN: una historia de contaminación y contacto

El hallazgo central del estudio es contundente: el ADN presente en la tela no corresponde a una única fuente, sino que constituye una mezcla compleja de material genético humano, vegetal, animal y microbiano acumulado a lo largo de siglos.

Esto implica que la reliquia estuvo expuesta a múltiples entornos, manipulaciones y contextos históricos. Entre los rastros detectados aparecen señales genéticas vinculadas a distintas regiones del mundo, lo que algunos interpretaron apresuradamente como prueba de un origen exótico.

Sin embargo, los propios análisis indican que esta diversidad no permite determinar el origen geográfico del objeto, precisamente porque el ADN refleja la historia de contactos posteriores y no necesariamente su punto de creación.

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El mito del “ADN indio” y las malas lecturas

Uno de los aspectos más viralizados del estudio fue la supuesta presencia significativa de ADN del sur de Asia, lo que algunos interpretaron como evidencia de un origen en la región del Indo.

No obstante, esta conclusión es considerada una lectura errónea o exagerada. El estudio detecta fragmentos genéticos compatibles con diversas poblaciones —incluidas asiáticas— pero dentro de un contexto de contaminación masiva acumulada durante siglos.

De hecho, la investigación también identifica ADN vinculado a Europa, Medio Oriente e incluso especies introducidas en épocas posteriores a la Viajes de Cristóbal Colón, lo que refuerza la idea de que la tela actuó como un “archivo biológico” de su recorrido histórico más que como evidencia de su origen.

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Ciencia, historia y límites del conocimiento

El estudio se inscribe en una larga tradición de análisis científicos sobre la reliquia, que incluye pruebas de datación por carbono realizadas en los años 80 —las cuales sugirieron un origen medieval—, así como investigaciones físicas y químicas sobre la imagen impresa en la tela.

La diferencia clave es que la biología molecular introduce una dimensión nueva: la posibilidad de reconstruir trayectorias históricas a partir de rastros invisibles. Sin embargo, también deja en evidencia sus límites. Como señalan los investigadores, la contaminación genética impide identificar un ADN “original” del objeto, lo que vuelve imposible establecer conclusiones definitivas sobre su procedencia.

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Una reliquia que sigue generando preguntas

Lejos de cerrar el debate, la investigación refuerza una idea central: la Sábana Santa de Turín es tanto un objeto religioso como un fenómeno histórico complejo, atravesado por siglos de circulación, devoción, manipulación y estudio.

En ese cruce entre ciencia y creencia, el ADN no aporta certezas absolutas, pero sí algo quizás más valioso: una evidencia tangible de que la historia de la reliquia es, en sí misma, global, dinámica y profundamente humana.