Política

 

La estrella de seis puntas de la bandera de Salta tiene una historia que se remonta a 1817: nació como una condecoración militar para reconocer a Güemes y a los defensores de la provincia frente al avance realista.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay símbolos que parecen estar allí desde siempre, como si hubieran nacido junto con la tierra que representan. La estrella de seis puntas que aparece en el centro de la bandera de Salta es uno de ellos. A primera vista puede parecer simplemente una figura geométrica incorporada al escudo provincial, pero detrás de esa estrella existe una historia de guerra, resistencia y reconocimiento militar que se remonta a los años decisivos de la lucha por la independencia.

Y hay una particularidad que muchas veces pasa inadvertida: la estrella salteña no fue concebida originalmente como un símbolo religioso ni como una alusión genérica a la “buena suerte”. Su origen es mucho más concreto. Fue una condecoración militar vinculada con la defensa de Salta frente a las tropas realistas, y sus seis puntas terminaron asociándose con seis hombres considerados protagonistas de aquella resistencia: Martín Miguel de Güemes, Luis Burela, Pedro Zabala, Apolinario Saravia, Juan Antonio Rojas y Mariano Morales.

La invasión realista de 1817

Para entender la estrella hay que retroceder hasta 1817, cuando la guerra por la independencia todavía estaba lejos de haber terminado.

Después de la declaración de la Independencia de 1816, el poder español continuaba teniendo una formidable presencia militar en el Alto Perú. Desde allí, los ejércitos realistas intentaban avanzar hacia las provincias del norte, recuperar posiciones y, si las circunstancias lo permitían, avanzar sobre el territorio revolucionario.

En ese escenario apareció una vez más la figura de Martín Miguel de Güemes, gobernador de Salta y jefe de las milicias que sostenían una guerra irregular contra los realistas.

En abril de 1817, el ejército comandado por el mariscal José de la Serna avanzó hacia Salta con una fuerza muy superior a la que podían reunir los defensores locales. El 15 de abril los realistas llegaron a ocupar la ciudad. Pero ocupar Salta no significaba controlar Salta.

Güemes trasladó su cuartel de operaciones y organizó una estrategia basada en las milicias gauchas y en pequeños grupos móviles que hostigaban permanentemente al enemigo. Los llamados Infernales y las fuerzas locales atacaban las líneas de abastecimiento, arrebataban ganado, recuperaban armas y dificultaban que los realistas pudieran sostenerse en territorio salteño.

La guerra se convirtió así en una sucesión de ataques, emboscadas y movimientos rápidos. El ejército invasor podía ocupar una ciudad, pero encontraba enormes dificultades para alimentarse, movilizarse y conservar sus posiciones.

La resistencia terminó obligando a las tropas de La Serna a retirarse hacia el Alto Perú.

La importancia de aquel episodio fue enorme: Salta había vuelto a funcionar como una barrera contra el avance realista hacia el sur. La defensa no había consistido en una única batalla convencional, sino en una campaña prolongada en la que las milicias de Güemes hicieron del territorio un obstáculo casi permanente para el ejército invasor.

Una estrella para reconocer a los defensores

Fue en ese contexto que comenzó a gestarse el símbolo que muchos años después terminaría formando parte del escudo y de la bandera provincial.

Manuel Belgrano propuso distinguir a quienes se habían destacado en la defensa de Salta. La idea era otorgar una estrella heráldica militar de seis puntas, siguiendo una tradición de condecoraciones que ya había sido utilizada durante la guerra de Independencia.

El número seis no fue casual.

La tradición histórica salteña identifica las seis puntas con seis protagonistas de aquella defensa: Güemes, Burela, Zabala, Saravia, Rojas y Morales. De esta manera, la estrella dejó de ser solamente una condecoración individual y pasó a representar una acción colectiva.

El 28 de noviembre de 1817, el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón dispuso oficialmente una medalla para distinguir a los jefes, oficiales y tropas que habían participado en la defensa.

La disposición establecía una estrella de seis brazos. Para Güemes sería de oro; para comandantes y oficiales tendría brazos de oro y centro de plata; y para la tropa se dispuso un distintivo de paño blanco. La inscripción que debía llevar era particularmente elocuente: “AL MÉRITO EN SALTA”, mientras que en el centro figuraría “AÑO DE 1817”.

Es decir que el origen del símbolo no está en una interpretación posterior. La estrella fue concebida expresamente como reconocimiento al mérito militar de quienes habían defendido Salta.

Pero existe una historia todavía más curiosa

La condecoración ordenada por Pueyrredón tuvo una existencia bastante problemática.

La documentación posterior muestra que recién en 1818 Belgrano informó la cantidad de medallas y escudos que serían necesarios. Se hablaba de una medalla para Güemes, otras para oficiales y miles de distintivos para la tropa.

Sin embargo, existen dudas históricas acerca de cuánto de aquella condecoración llegó efectivamente a fabricarse y entregarse. Algunas investigaciones sostienen incluso que Güemes nunca recibió la medalla de oro que le había sido destinada.

La paradoja resulta extraordinaria: el símbolo que terminaría identificando a Salta nació como premio a una victoria y, sin embargo, la propia condecoración que debía materializar ese reconocimiento aparentemente nunca llegó de manera efectiva a manos de su principal destinatario.

De condecoración militar a símbolo de una provincia

La historia de la estrella no terminó en 1817.

Con el paso de las décadas, aquella figura comenzó a incorporarse a la simbología institucional salteña. Hacia la segunda mitad del siglo XIX ya aparecía en sellos y representaciones provinciales, y fue adquiriendo una nueva dimensión: dejó de recordar solamente una condecoración militar para convertirse en una representación de la tradición güemesiana de Salta.

El paso decisivo llegó en 1946, cuando la provincia institucionalizó su escudo mediante la Ley 749.

El nuevo escudo colocó en el centro una estrella de plata de seis puntas, sobre un campo azul. En su interior aparece un sol dorado. Alrededor, dos ramas de laurel recuerdan los triunfos de las armas salteñas.

La estrella había recorrido entonces más de un siglo de historia: había nacido como condecoración de guerra, había quedado asociada a Güemes y a sus hombres y finalmente se había transformado en el corazón mismo de la representación oficial de la provincia.

Y ahí aparece otro detalle fundamental.

Las seis puntas y los seis héroes

La interpretación oficial salteña sostiene que cada una de las seis puntas recuerda a uno de los seis héroes de la defensa.

Una de ellas corresponde a Martín Miguel de Güemes.

Las restantes evocan a:

• Luis Burela, comandante de las milicias.
• Pedro Zabala, comandante.
• Apolinario Saravia, sargento mayor.
• Juan Antonio Rojas, sargento mayor.
• Mariano Morales, capitán.

La elección tiene una carga política e histórica significativa: Güemes no aparece representado como un héroe aislado, sino como parte de una estructura de combatientes que sostuvo la defensa de la frontera norte.

Por eso la estrella puede leerse como una síntesis de la llamada Guerra Gaucha: un jefe, pero también una comunidad armada detrás de él.

La propia simbología oficial define al escudo como una síntesis del espíritu güemesiano, del ideal de quienes dieron su vida por un país libre y soberano y del orgullo de pertenecer a Salta.

¿Y qué tiene que ver con la bandera?

La bandera provincial fue creada mucho más tarde, en 1997, mediante la Ley 6946, promulgada por el Decreto 2663.

Su diseño incorporó tres grandes elementos: el color tradicional del poncho salteño, las referencias a los departamentos provinciales y el escudo de Salta.

Por eso, cuando vemos la estrella de seis puntas en el centro de la bandera, estamos viendo en realidad una representación simplificada del corazón del escudo provincial: la estrella de plata asociada con la defensa de 1817 y con Güemes.

Pero la bandera tiene además otras estrellas.

Alrededor del escudo aparecen 23 estrellas doradas, que representan a los 23 departamentos de la provincia. En otras palabras, la bandera combina dos dimensiones diferentes: una estrella central que remite a la historia de la independencia y a la gesta güemesiana, y 23 estrellas que representan la organización territorial contemporánea de Salta.

El resultado es casi una pequeña lección de historia provincial convertida en bandera.

En el centro está la memoria de la guerra de Independencia.

Alrededor, la provincia actual.

El sol dentro de la estrella

Todavía queda un elemento que suele pasar inadvertido: el sol ubicado en el centro de la estrella.

Según la simbología oficial, ese sol representa los servicios prestados por Salta a la causa de la Independencia. No es simplemente un adorno colocado dentro de la estrella.

La lectura es interesante: la estrella recuerda a quienes defendieron el territorio y el sol representa la causa nacional por la cual esa defensa fue realizada.

La simbología provincial asigna además significados a los colores del escudo: el azul representa justicia, verdad y lealtad; la plata, integridad y firmeza; el oro, nobleza, poder y riqueza; y el verde, esperanza y fe.

De este modo, el escudo no funciona solamente como una imagen decorativa. Es una construcción simbólica en la que cada elemento remite a una parte de la historia salteña.

Una estrella que no nació para mirar el cielo

Quizás la mejor manera de entender la estrella de seis puntas de Salta sea dejar de verla como una simple figura geométrica.

No nació en un escudo. Nació en una guerra.

Fue pensada en 1817 para reconocer a quienes habían resistido la invasión realista y quedó vinculada para siempre con Güemes y con los hombres que combatieron junto a él. Con el paso del tiempo se transformó en una pieza de la identidad provincial, hasta llegar al escudo oficial de 1946 y, décadas después, a la bandera que hoy representa a todos los salteños.

Por eso, cada vez que la estrella aparece en la bandera de Salta, hay mucho más que seis puntas.

Hay una ciudad ocupada por un ejército extranjero.

Hay gauchos persiguiendo a las tropas realistas.

Hay una frontera que durante años sostuvo la lucha por la independencia.

Hay un Güemes que convirtió el territorio en arma.

Hay otros cinco nombres que la memoria oficial decidió colocar junto al suyo.

Y hay una idea que atraviesa toda la historia del símbolo: la independencia argentina no se ganó solamente en las grandes batallas que quedaron grabadas en los manuales escolares. También se defendió en los caminos, en los campos y en las quebradas del norte, donde durante años hombres y mujeres sostuvieron una guerra que impidió que el poder realista avanzara hacia el corazón de las Provincias Unidas.

La estrella de Salta, en definitiva, es la memoria de esa resistencia convertida en símbolo.

Seis puntas. Seis nombres. Una provincia. Y una guerra por la independencia que todavía puede leerse en su bandera.

 

 

La historia documentada de Pablo Agüero, un africano que acumuló poder sobre distintas organizaciones afro de Buenos Aires a fines del siglo XVIII y cuya figura fue vinculada por la historiadora Lea Geler con la posible existencia de un “Rey de Reyes” africano en la ciudad.

Por Alcides Blanco para NLI

En la Buenos Aires colonial hubo un hombre africano que llegó a ocupar una posición de poder tan singular que una investigación histórica reciente encontró elementos para compararlo con la figura de un “Rey de Reyes” africano. Su nombre fue Pablo Agüero, y su historia obliga a mirar de otra manera una ciudad que durante mucho tiempo fue narrada como si la población africana y afrodescendiente hubiera sido apenas una presencia secundaria. Agüero aparece en documentos de las últimas décadas del siglo XVIII como comerciante, empresario, curtidor, prestamista y propietario de personas esclavizadas, pero también como un hombre que mantenía vínculos con sectores de la elite y que había recibido autorización de las autoridades coloniales para intervenir sobre los bailes, reuniones y desplazamientos de africanos y afrodescendientes. La historiadora Lea Geler reconstruyó su trayectoria utilizando documentación del Archivo General de la Nación y plantea que detrás de ese personaje puede encontrarse una estructura de organización afro mucho más amplia de lo que tradicionalmente se reconoció.

Un hombre africano en el centro del poder colonial

Agüero vivió en una sociedad atravesada por la esclavitud y por una compleja clasificación racial, en la que los africanos y sus descendientes eran sometidos a distintas formas de vigilancia, pero también construían sus propias redes comunitarias, religiosas y económicas. En Buenos Aires existían cofradías y “naciones” africanas, organizaciones que reunían a personas provenientes de determinados pueblos o regiones, muchas veces alrededor de prácticas religiosas, ayuda mutua, ceremonias, entierros y celebraciones. Algunas tenían reconocimiento institucional y funcionaban vinculadas a iglesias y conventos, mientras que otras desarrollaban actividades con mayor autonomía. En sus estructuras internas aparecían figuras denominadas “reyes” o “reinas”, una tradición que no debe confundirse automáticamente con una monarquía territorial europea: se trataba de autoridades dentro de comunidades africanas y afrodescendientes que conservaban y adaptaban formas de organización propias en el contexto colonial americano.

En ese mundo aparece Pablo Agüero. Los documentos muestran que las autoridades coloniales reconocían su capacidad para intervenir sobre buena parte de la población africana y afrodescendiente de la ciudad. Una de sus funciones consistía en mantener bajo control los bailes y reuniones, y también participaba en la persecución y captura de personas esclavizadas que habían escapado. El dato resulta particularmente revelador porque muestra la enorme ambivalencia de su posición: Agüero era africano y tenía una profunda inserción en las redes de su comunidad, pero al mismo tiempo colaboraba con el aparato colonial de vigilancia. De hecho, recibió una comisión oficial y llegó a contar con auxiliares para desarrollar esas tareas, además de aportar dinero de su propio bolsillo para sostener parte de la estructura que utilizaba.

El misterioso “Rey de Reyes” de Buenos Aires

La parte más extraordinaria de la historia aparece cuando se observa qué clase de autoridad ejercía Agüero. Una denuncia presentada por integrantes de la cofradía de San Baltasar ante las autoridades coloniales señalaba que el “mayoral” de distintos congresos de bailes era Pablo Agüero y que otras “naciones” quedaban bajo su mando porque él había obtenido autorización gubernamental para permitir esas reuniones. Es decir, no se trataba simplemente de un dirigente de una agrupación particular: los documentos permiten observar que su influencia atravesaba diferentes comunidades africanas organizadas en la ciudad.

La investigación de Geler plantea que esta posición presenta similitudes con la institución de los “Reyes de los Congo” o “Reyes de Reyes” documentada en otras sociedades americanas. En distintos lugares de América, personas de origen africano podían asumir simbólicamente títulos de realeza dentro de las comunidades, organizar ceremonias, recaudar limosnas, resolver conflictos, intervenir en cuestiones comunitarias y, en determinados contextos, incluso reconocer o nombrar a otros reyes. En Buenos Aires existen documentos sobre reyes de distintas “naciones”, pero la evidencia disponible no permite afirmar de manera categórica que Agüero haya sido formalmente coronado como un “Rey de los Congo”. Lo que sostiene la investigación es algo más prudente y, precisamente por eso, más interesante: su poder y sus funciones se parecen considerablemente a las de un Rey de Reyes.

Una de las evidencias más significativas es que Agüero aparece relacionado con la designación de otros dirigentes. La investigación señala que Pedro Duarte fue instituido por Agüero como rey de la nación Congo, mientras que posteriormente su propio sucesor habría sido designado por él y no mediante una elección interna de las naciones. La concentración de funciones resulta llamativa: Agüero podía intervenir sobre los bailes, administrar las limosnas recolectadas, supervisar a diferentes grupos y ejercer autoridad sobre personas que pertenecían a distintas organizaciones. Esa combinación de funciones es justamente la que lleva a la historiadora a considerar que su figura se aproxima a la de un rey de reyes africano.

Pero hay otro aspecto que impide convertirlo en un personaje romántico o idealizado. Agüero también participó del sistema esclavista. Los registros notariales analizados por Geler documentan compras y ventas de personas esclavizadas realizadas por él durante la década de 1780. La investigación identifica operaciones concretas y demuestra que su actividad económica incluía ese comercio. Por eso, su historia no puede presentarse como la de un líder africano que simplemente resistió al poder colonial: fue una figura profundamente contradictoria, capaz de construir autoridad y redes de solidaridad dentro de la población afro y, simultáneamente, de beneficiarse de las estructuras económicas y sociales de la esclavitud.

Una historia que cambia la imagen de la Buenos Aires colonial

Precisamente esa contradicción convierte a Pablo Agüero en un personaje histórico extraordinario. Su trayectoria permite observar que la población africana de Buenos Aires no estaba compuesta solamente por personas sometidas pasivamente a las decisiones de los propietarios y de las autoridades. Existían redes de organización, liderazgo, ayuda económica, prácticas religiosas, jerarquías internas y mecanismos de solidaridad que podían sobrevivir incluso dentro de una sociedad esclavista. Las llamadas “naciones” podían colaborar para ayudar a sus integrantes, acompañar a los enfermos, asistir a las familias, organizar funerales y sostener a personas necesitadas.

Al mismo tiempo, el caso de Agüero muestra hasta qué punto esas estructuras comunitarias estaban atravesadas por las relaciones de poder del mundo colonial. El hombre que podía representar a los africanos ante las autoridades también podía ser utilizado por esas mismas autoridades para controlar a otros africanos; el dirigente que habilitaba bailes y ceremonias podía ser denunciado por sus adversarios por la administración de las limosnas; el comerciante que había acumulado recursos y contactos podía participar del comercio de personas esclavizadas. No hay una figura sencilla detrás del nombre Pablo Agüero, sino un personaje situado exactamente en las tensiones de una sociedad donde las personas africanas buscaban preservar espacios propios mientras intentaban sobrevivir dentro de un sistema que las explotaba y vigilaba.

La historia tampoco termina con su desaparición. Según la investigación, después de la muerte de Agüero continuaron existiendo redes de solidaridad entre las diferentes organizaciones africanas y afrodescendientes de Buenos Aires. Agüero fue enterrado en el Convento de Santo Domingo, y los integrantes de la nación de los mondongos, bajo el liderazgo de Miguel Viera, le dedicaron una misa cantada. Para Geler, esas prácticas posteriores ayudan a dimensionar la importancia que había alcanzado aquel hombre dentro de las redes afroporteñas.

La verdadera curiosidad histórica, entonces, no es afirmar que Buenos Aires tuvo un “rey africano” exactamente igual a un monarca europeo, porque eso no está demostrado por las fuentes. Lo extraordinario es algo más complejo: en una ciudad colonial donde la población africana era sometida a esclavitud y discriminación, un hombre africano consiguió acumular suficiente autoridad, riqueza, contactos y reconocimiento como para convertirse en una figura con influencia sobre distintas organizaciones de esa comunidad. Pablo Agüero fue, como mínimo, uno de los personajes más poderosos y controvertidos de la sociedad afroporteña de fines del siglo XVIII, y la posibilidad de que su posición haya tenido características semejantes a las de un “Rey de Reyes” abre una ventana hacia una historia de Buenos Aires que durante mucho tiempo quedó prácticamente fuera del relato tradicional.

 

 

Milei endurece su discurso sobre Malvinas, pero su giro soberanista contrasta con su relación con el Reino Unido y llega en un momento de dificultades políticas.

Por Roque Pérez para NLI

Milei volvió a hablar de Malvinas. Y lo hizo con la solemnidad de quien pretende presentarse como el gran defensor de la soberanía argentina. En cadena nacional, anunció proyectos para endurecer sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas, crear organismos vinculados con la seguridad nacional y fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego. El problema para el Presidente es que la historia reciente de su propio Gobierno vuelve difícil aceptar el repentino fervor soberanista como si siempre hubiera sido su principal bandera.

Porque las Malvinas son argentinas. Eso no empezó con Milei y tampoco terminará con él. Es una causa nacional consagrada incluso constitucionalmente y sostenida durante décadas por gobiernos de signos políticos diferentes. Precisamente por eso, resulta legítimo preguntarse por qué el Presidente decide colocarla ahora en el centro de la escena, después de meses en los que su política exterior estuvo marcada por una alineación prácticamente automática con Estados Unidos, Israel y otros aliados internacionales, mientras mantenía una relación particularmente cuidadosa con Londres.

La pregunta no es si Milei puede hablar de Malvinas. La pregunta es por qué ahora.

De Margaret Thatcher a la bandera argentina

Hay una contradicción que no puede borrarse con una cadena nacional.

Milei construyó durante años una admiración pública por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Esa posición generó fuertes críticas, especialmente entre excombatientes y sectores vinculados con la memoria de la guerra. Incluso durante su campaña presidencial planteaba que la recuperación de las islas debía ser resultado de una negociación prolongada con el Reino Unido y que había que considerar a quienes viven allí.

Ya en el Gobierno, la relación con Londres tampoco fue presentada como una confrontación frontal. Por el contrario, la administración libertaria sostuvo una estrategia de acercamiento y diálogo que generó cuestionamientos desde sectores de la propia coalición oficialista.

La entonces canciller Diana Mondino llegó a sostener que la Argentina buscaba cambiar la estrategia respecto de Malvinas y avanzar mediante el diálogo. Y en 2024 el Gobierno evitó confrontar públicamente con la visita del entonces canciller británico David Cameron a las islas.

Ahora, en cambio, Milei aparece convertido en un cruzado de la soberanía.

El cambio no es menor. Tampoco parece casual.

Reuters describió este giro como un endurecimiento respecto de la postura anterior del Presidente y señaló que la nueva estrategia aparece en un momento políticamente sensible, con una aprobación presidencial estimada en 36,8% y con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca.

Dicho en criollo: cuando la motosierra ya no alcanza para entusiasmar, aparece la bandera.

Una causa nacional convertida en salvavidas político

Malvinas tiene una característica que cualquier dirigente conoce: une donde otras discusiones dividen.

No importa si se trata de peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, nacionalistas o ciudadanos que no tienen ninguna identificación partidaria. El reclamo argentino sobre las islas forma parte de una conciencia nacional profundamente arraigada.

Y ahí aparece la oportunidad política para Milei.

El Gobierno enfrenta una agenda cargada de conflictos. El Congreso vuelve a ser un terreno incómodo para el oficialismo, mientras la oposición busca discutir cuestiones como el endeudamiento de las familias y la situación de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo espera que los próximos datos económicos le permitan mostrar algún resultado favorable. La discusión sobre Malvinas ofrece, en cambio, una escena mucho más sencilla: Presidente, bandera, soberanía y enemigo externo.

Es una narrativa perfecta para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa.

Y mucho más cómoda que hablar de jubilaciones, salarios, empleo, universidades, industria o del deterioro del poder adquisitivo.

El recurso político es viejo. Cuando una administración tiene dificultades para imponer una agenda doméstica, puede intentar trasladar la discusión hacia una cuestión nacional de enorme carga simbólica.

El problema es que Malvinas no es propiedad de Javier Milei.

El riesgo de confundir soberanía con marketing

Hay una diferencia enorme entre defender la soberanía y utilizar la soberanía como herramienta de comunicación política.

La primera exige una estrategia de Estado sostenida durante décadas. La segunda necesita una cadena nacional, un discurso encendido y una agenda mediática favorable.

Si el Gobierno realmente pretende fortalecer la posición argentina, deberá explicar cómo piensa hacerlo en términos diplomáticos, económicos, científicos, pesqueros, energéticos y militares. También tendrá que explicar qué política concreta desarrollará en el Atlántico Sur y cómo piensa enfrentar la explotación de recursos naturales alrededor de las islas.

Porque mientras Milei anuncia sanciones, las empresas involucradas en la explotación petrolera sostienen que sus licencias son legítimas y el Reino Unido reafirma su posición sobre las islas.

La cuestión petrolera, además, no es menor. El proyecto de explotación en torno al yacimiento Sea Lion convierte al Atlántico Sur en un espacio todavía más estratégico. Reuters señala que las estimaciones hablan de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo, una dimensión económica capaz de transformar por completo el valor geopolítico de la disputa.

Por eso la soberanía no se defiende solamente con discursos.

Se defiende con industria nacional, ciencia, tecnología, capacidad energética, infraestructura, presencia diplomática, control de los recursos naturales y una política exterior coherente.

Y allí aparece otra contradicción incómoda para el Gobierno libertario: el mismo proyecto político que durante años presentó al Estado como un obstáculo, que cuestionó el gasto público y que hizo del ajuste su principal identidad, ahora necesita un Estado con capacidad suficiente para sostener una política estratégica de largo plazo en el Atlántico Sur.

Milei necesita una bandera, pero Malvinas no necesita a Milei

El Presidente tiene derecho a defender la soberanía argentina. Nadie debería discutirlo.

Lo que sí puede y debe discutirse es la utilización política de una causa que pertenece a todos los argentinos.

Porque si Milei pretende que Malvinas sea una política de Estado, deberá demostrarlo con hechos y no solamente con discursos. Deberá construir consensos, sostener una estrategia diplomática, defender los recursos argentinos y mantener una política exterior que no entre en contradicción con esos objetivos.

Y, sobre todo, deberá comprender algo elemental: la soberanía no funciona como una herramienta electoral.

Las Malvinas eran argentinas cuando Milei todavía no existía en la política. Eran argentinas cuando el Presidente admiraba a Thatcher. Eran argentinas cuando su Gobierno buscaba una relación cordial con Londres. Y seguirán siendo argentinas cuando termine este Gobierno.

Por eso resulta difícil no mirar con sospecha este súbito despertar soberanista.

Porque mientras millones de argentinos esperan que el Estado resuelva problemas concretos —llegar a fin de mes, pagar una factura, sostener una jubilación, mantener un empleo, acceder a medicamentos o garantizar la educación— Milei encontró una bandera capaz de sacarlo, aunque sea por unos días, del centro de esas discusiones.

Malvinas merece algo mucho más serio que eso.

Merece una política de Estado.

Y si el Presidente realmente quiere defenderla, deberá demostrar que detrás de la bandera hay una estrategia y no simplemente otra puesta en escena para recuperar oxígeno político.

 

 

El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.

Por Ignacia Fratelint para NLI

Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.

El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.

Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.

De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria

El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.

La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.

Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.

Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.

La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada

El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.

Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.

La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.

El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.

El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.

Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.

 

 

Los bailes de los clubes de barrio fueron una tradición argentina que reunió música, familias, jóvenes y comunidad durante décadas. Una mirada a aquella vida social.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo un tiempo en que para salir un sábado a la noche no hacía falta conocer la cartelera de una discoteca, reservar una mesa ni cruzar media ciudad buscando el lugar de moda. En buena parte de la Argentina, alcanzaba con caminar unas pocas cuadras hasta el club del barrio, donde podía haber baile, orquesta, buffet, pista, rifas, juegos, partidos, reuniones y, sobre todo, gente conocida. Durante décadas, esas instituciones fueron mucho más que espacios deportivos: funcionaron como verdaderos centros comunitarios en los que distintas generaciones compartían buena parte de su tiempo libre. En los años 60 y 70, los grandes bailes de carnaval y las fiestas organizadas por clubes llegaron a convocar multitudes, con artistas populares, orquestas y precios accesibles.

El sábado empezaba mucho antes del baile

La preparación para el baile también formaba parte del ritual. Había que decidir qué ponerse, arreglarse un poco más de lo habitual y, en el caso de los adolescentes, negociar con los padres la hora de regreso. Para muchos jóvenes, el club era además uno de los pocos lugares donde podían encontrarse con amigos y compañeros fuera de la escuela, el trabajo o la familia. La pista se convertía así en un territorio de sociabilidad donde se cruzaban generaciones y grupos que durante la semana tenían rutinas completamente diferentes. En algunos barrios, además, el baile estaba directamente vinculado con la identidad de la institución: el club organizaba la fiesta, vendía las entradas, contrataba a los músicos y convertía sus instalaciones deportivas en un salón de celebraciones.

La escena podía ser muy sencilla: mesas alrededor de la pista, familias conversando, parejas jóvenes esperando que empezara la música y chicos que entraban y salían del salón. En otros casos, especialmente cuando llegaban artistas reconocidos, el acontecimiento adquiría una dimensión mucho mayor. Boca Juniors, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y otros clubes fueron escenario de grandes bailes populares, en los que podían presentarse figuras de enorme convocatoria. En los años 60 tuvieron presencia artistas como Los Cinco Latinos y Los Gatos, mientras que durante los 70 los bailes de clubes porteños llegaron a reunir a figuras como Sandro, Palito Ortega, Leonardo Favio y Joan Manuel Serrat.

La música también contaba la transformación de una sociedad que estaba cambiando rápidamente. El tango seguía presente, pero convivía con la música tropical, el folklore, el pop y el naciente rock nacional. En una misma década podían coexistir una orquesta de tango, una banda de música tropical y un conjunto juvenil que tocaba canciones eléctricas. Esa mezcla no era solamente musical: expresaba el encuentro entre generaciones y la incorporación de nuevas formas de vestirse, bailar y relacionarse. El baile era uno de los lugares donde los cambios culturales podían verse en vivo, sin necesidad de que nadie los explicara.

El club como segunda casa

El fenómeno no apareció de la nada. Los clubes de barrio se habían consolidado durante las décadas anteriores como organizaciones sociales profundamente arraigadas en los barrios populares y de clase media, vinculadas al deporte, la educación física, las actividades culturales y la vida comunitaria. Investigaciones sobre la historia de estas instituciones destacan precisamente su papel en la formación de la cultura popular argentina durante las décadas de 1930 y 1940.

Por eso el club podía ser, para una familia, una especie de segunda casa. Allí se jugaba al fútbol, al básquet o al baby fútbol, se practicaba gimnasia, se organizaban campeonatos de cartas, se festejaban cumpleaños y se realizaban reuniones sociales. También estaban el buffet, el salón, las comisiones de vecinos y las actividades de las distintas categorías deportivas. En algunos lugares había biblioteca, teatro o cine. La institución pertenecía al barrio porque el barrio participaba activamente de su funcionamiento, una diferencia importante respecto de buena parte de los espacios de entretenimiento posteriores, cada vez más organizados alrededor del consumo.

Los bailes tenían además una dimensión económica. Para muchos clubes, las fiestas constituían una fuente de ingresos que permitía financiar actividades deportivas y mantener las instalaciones. No era extraño que una noche de gran convocatoria sirviera para recaudar fondos destinados a comprar equipamiento, reparar el techo del gimnasio o sostener alguna disciplina infantil. El espectáculo y la vida comunitaria se mezclaban entonces de una manera que hoy puede resultar extraña: la diversión del sábado podía contribuir a pagar el funcionamiento cotidiano de una institución del barrio.

Hacia fines de los 70 y durante las décadas siguientes, ese mundo comenzó a transformarse. Las nuevas formas de entretenimiento, la expansión de las discotecas, los cambios en las pautas de consumo y las modificaciones en la vida urbana fueron quitándole centralidad a los grandes bailes de club. Una mirada retrospectiva sobre aquella época señala justamente que hasta los años 70 los clubes podían concentrar una vida social intensa que luego comenzó a fragmentarse.

La desaparición de aquellos bailes no significó solamente el reemplazo de un tipo de música por otro. También representó la pérdida progresiva de un espacio de encuentro territorial, donde era posible conocer a personas de distintas edades sin que existiera necesariamente una finalidad comercial detrás. El club seguía siendo club, pero algunas de las funciones sociales que había concentrado comenzaron a repartirse entre gimnasios, centros comerciales, discotecas, restaurantes, televisión y, mucho después, las nuevas formas de comunicación digital.

Quizás por eso, cuando alguien recuerda aquellos sábados de baile, no está evocando únicamente una canción o una pista. Está recordando una forma de vivir el barrio. La entrada podía costar poco, la orquesta podía tocar durante horas y alguien podía terminar la noche sentado en una mesa conversando con personas que conocía desde hacía años. En tiempos en que buena parte del entretenimiento se consume de manera individual y a través de una pantalla, aquellos salones representan una experiencia diferente: la de una comunidad que se reunía físicamente para divertirse, encontrarse y, de paso, sostener la institución que consideraba propia.

Los clubes de barrio todavía existen y muchos continúan cumpliendo funciones sociales fundamentales. Lo que cambió fue el lugar que ocupan dentro de la vida cotidiana. Aquellas pistas de baile llenas durante los sábados y carnavales forman parte de una Argentina que ya no existe de la misma manera, pero que dejó una huella profunda en la memoria de varias generaciones. Y quizá la mejor forma de entender aquellos bailes no sea preguntarse solamente qué música sonaba, sino qué clase de sociedad necesitaba reunirse en un club para bailar hasta la madrugada.

 

 

La muerte de Alberto Iribarne cierra la trayectoria de un dirigente peronista que ocupó responsabilidades en distintos momentos de la democracia argentina: fue diputado nacional, convencional constituyente en 1994, ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner y embajador en Uruguay durante la presidencia de Alberto Fernández.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La noticia de la muerte de Alberto Juan Bautista Iribarne atravesó este sábado al peronismo y a buena parte de la dirigencia política argentina. El exministro de Justicia y exembajador argentino falleció tras una extensa trayectoria vinculada a la función pública y a la vida interna del Partido Justicialista, en un recorrido que comenzó mucho antes de su llegada al gabinete de Néstor Kirchner y que continuó, con distintos roles, durante varios gobiernos de signo peronista. La familia comunicó su fallecimiento y eligió poner el acento no solamente en los cargos que ocupó, sino también en la dimensión personal de quien definieron como un hombre afectuoso, solidario y de profundas convicciones.

Una trayectoria que atravesó distintas etapas del peronismo

Iribarne nació en Buenos Aires en 1950, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde joven estuvo ligado al peronismo. Su carrera política y administrativa se desarrolló durante décadas y lo llevó a ocupar responsabilidades tanto partidarias como institucionales, incluyendo funciones durante las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, antes de convertirse en una figura relevante del gobierno de Néstor Kirchner. También tuvo una participación particularmente significativa en la vida constitucional argentina al integrar la Convención Constituyente de 1994, que produjo una de las reformas más importantes de la Constitución Nacional desde la recuperación democrática.

Esa trayectoria explica, en buena medida, el lugar que ocupó Iribarne dentro del universo político justicialista: no fue una figura construida alrededor de una única elección o de una coyuntura electoral, sino un dirigente formado en la administración pública y en las estructuras políticas del peronismo, con vínculos que atravesaron distintas generaciones y sectores internos. Su perfil estuvo más asociado a la construcción política y a la gestión que a la exposición permanente, una característica que varios de sus contemporáneos destacaron al recordarlo después de conocerse su muerte.

Su llegada al Ministerio de Justicia se produjo en julio de 2005, después de la salida de Horacio Rosatti. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 905/2005, publicado en el Boletín Oficial, y convirtió a Iribarne en el tercer ministro que tuvo Néstor Kirchner en esa cartera durante su presidencia. Permaneció al frente del área hasta el final del mandato presidencial, en diciembre de 2007.

Justicia, derechos humanos y la etapa de Néstor Kirchner

El paso de Iribarne por el Ministerio de Justicia se produjo en una etapa particularmente significativa para la política argentina. El gobierno de Néstor Kirchner había colocado la cuestión de los derechos humanos y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en un lugar central de su agenda, y durante la gestión de Iribarne continuaron desarrollándose políticas vinculadas con la protección de testigos y víctimas y con los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

La documentación oficial permite observar parte de esa orientación. En 2007, por ejemplo, una resolución firmada por Iribarne como ministro estableció medidas destinadas a fortalecer la protección de personas involucradas en procesos judiciales vinculados con graves violaciones a los derechos humanos y contempló la intervención de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado.

Su gestión también estuvo atravesada por discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia y por proyectos destinados a modificar aspectos del sistema penal. En esos años se impulsaron debates sobre reformas procesales, tiempos de los procesos, situación de las víctimas y funcionamiento de los organismos judiciales, en un contexto en el que el gobierno kirchnerista buscaba dejar atrás buena parte de las características que habían marcado la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia durante décadas anteriores.

El propio Iribarne reivindicaría años después una característica que atribuía a la relación de Kirchner con el Poder Judicial. En 2013, ya alejado del Gobierno, sostuvo que el expresidente había sido respetuoso de la independencia judicial y marcó diferencias con otras discusiones posteriores sobre el funcionamiento de la Justicia.

Después de abandonar el Ministerio de Justicia, Iribarne continuó vinculado a la política y a la actividad pública. Su nombre llegó incluso a ser considerado para la representación argentina ante la Santa Sede, aunque aquella designación finalmente no prosperó. Más de una década después, durante la presidencia de Alberto Fernández, regresó a la diplomacia y fue designado embajador argentino ante Uruguay, cargo que ejerció entre 2020 y 2023.

La despedida de un dirigente de perfil bajo

La noticia generó rápidamente mensajes de dirigentes peronistas que habían compartido con Iribarne diferentes etapas de su recorrido político. Agustín Rossi lo recordó como un defensor de la causa peronista, mientras que Aníbal Fernández expresó públicamente su pesar y lo despidió como amigo. Las palabras elegidas por ambos reflejaron una característica que aparece recurrentemente en las semblanzas publicadas tras su muerte: la de un dirigente que mantuvo una presencia política sostenida, pero sin convertir la exposición personal en el centro de su actividad.

La familia, por su parte, decidió resumir su legado desde un lugar diferente al de los cargos ocupados. En el mensaje difundido tras su fallecimiento, sus hijas Florencia e Inés señalaron que Iribarne fue un “hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones” y que hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio. También remarcaron que, más allá de los honores y las responsabilidades institucionales, permanecían su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella dejada en quienes compartieron su camino.

La muerte de Alberto Iribarne deja así el registro de una generación de dirigentes que atravesó buena parte de la historia política argentina posterior a la recuperación democrática, desde la reorganización institucional de los años ochenta hasta la reforma constitucional de 1994, pasando por los gobiernos justicialistas de los noventa, la crisis de 2001 y la reconstrucción política iniciada en 2003. Su recorrido fue, en ese sentido, el de un hombre que hizo de la función pública una parte central de su vida y que permaneció ligado al peronismo aun cuando cambiaron los gobiernos, las alianzas y las internas del movimiento.