Política

 

Tras destruir la industria nacional, el gobierno de Milei establece la suspensión inmediata de los aranceles antidumping que desde hace más de dos décadas protegían la producción local.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La política de apertura irrestricta y desprotección productiva impulsada por Milei empieza a mostrar consecuencias irreversibles. El Ministerio de Economía resolvió suspender provisoriamente el derecho antidumping que protegía a la industria nacional de rulemanes frente a las importaciones chinas, una decisión que no responde a una mejora estructural del mercado, sino al cierre de la única fábrica nacional del sector, consecuencia directa del modelo económico libertario.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 30/2026, publicada hoy, que dispone la apertura de un examen por “cambio de circunstancias” y la suspensión inmediata de los aranceles antidumping que desde hace más de dos décadas protegían la producción local de rodamientos de bolas radiales originarios de China.

Cuando ya no queda industria que proteger

Durante más de veinte años, el Estado argentino sostuvo derechos antidumping sobre los rulemanes importados desde China para evitar la competencia desleal de productos ingresados a precios artificialmente bajos. Esa protección tuvo un fundamento claro: la existencia de producción nacional, representada casi exclusivamente por SKF Argentina, histórica fabricante instalada en el país desde hacía cerca de 90 años.

Sin embargo, tal como informó NLI en octubre pasado, SKF cerró su planta de Tortuguitas y puso fin a la fabricación de rulemanes en la Argentina, en un contexto marcado por la apertura importadora, la ausencia de políticas industriales y el abandono deliberado del entramado productivo nacional por parte del Gobierno de Milei.

El cierre de la planta no solo implicó la pérdida de puestos de trabajo y de capacidad productiva, sino también la desaparición de la única rama industrial que justificaba la vigencia del antidumping.

El dictamen que desnuda el fracaso del modelo

En su análisis técnico, la Comisión Nacional de Comercio Exterior fue contundente: SKF Argentina era la única productora nacional de rodamientos en los términos del Acuerdo Antidumping, y el cierre definitivo de su planta implica que ya no existe industria nacional a la cual proteger.

El organismo advirtió además que mantener un derecho antidumping sin producción local activa se transforma en un costo injustificado para importadores, industrias usuarias y consumidores, dejando en evidencia que el propio Estado reconoce que el modelo económico vigente destruyó las condiciones que daban sentido a la protección comercial.

Sobre esa base, el Ministerio de Economía no solo abrió el examen por cambio de circunstancias, sino que suspendió de inmediato la aplicación del antidumping, tanto para los rulemanes terminados como para sus partes y piezas.

Apertura, desindustrialización y dependencia

Lejos de tratarse de una decisión aislada o técnica, la suspensión del antidumping es la consecuencia lógica de un proyecto económico que promueve la primarización, la importación sin límites y la dependencia externa, incluso en sectores estratégicos para la industria metalmecánica, automotriz y de maquinaria.

El caso de los rulemanes es paradigmático: primero se desprotege la industria, luego se la empuja al cierre y finalmente se elimina la barrera que la defendía, utilizando como excusa el daño previamente provocado. Un círculo perfecto de desindustrialización.

Mientras tanto, la Argentina pasa a depender completamente de proveedores externos para un insumo clave, resignando soberanía productiva, empleo calificado y capacidad tecnológica.

Un final anunciado

El examen por cambio de circunstancias recién comienza, pero el desenlace aparece casi escrito. Sin industria nacional, el antidumping carece de sustento, y la suspensión transitoria podría transformarse en eliminación definitiva.

El resultado es contundente: el modelo de Milei no solo destruye fábricas, sino también las herramientas que durante años intentaron defenderlas, dejando al país más vulnerable, más dependiente y con menos futuro productivo.

 

 

Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.

Por Roque Pérez para NLI

Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.

La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.

Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.

Pauta, relato y silencios convenientes

Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.

La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.

El rol del gobierno de Llaryora

La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.

Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.

Cuando la crítica se paga con fondos públicos

El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.

En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.

 

 

Una investigación paleogenómica de alto impacto logró reconstruir el genoma más completo jamás obtenido de un rinoceronte lanudo. El hallazgo derriba una de las hipótesis más repetidas sobre su desaparición: la especie no estaba genéticamente colapsada antes de extinguirse.

Por Alina C. Galifante para NLI

Durante décadas, la extinción del rinoceronte lanudo fue explicada como el resultado inevitable de poblaciones pequeñas, aisladas y genéticamente debilitadas. Sin embargo, un nuevo estudio científico acaba de poner en crisis esa narrativa. Gracias a técnicas de secuenciación de ADN antiguo de altísima precisión, investigadores lograron analizar el genoma completo de uno de los últimos ejemplares de esta especie icónica del Pleistoceno tardío, y los resultados son tan inesperados como reveladores.

Un genoma rescatado del hielo… y del estómago de un lobo

El material genético analizado proviene de un rinoceronte lanudo que vivió hace aproximadamente 14.400 años, en los momentos finales de la especie. El ADN se conservó de manera excepcional en el tejido blando hallado dentro del estómago de un lobo juvenil, también preservado en el permafrost siberiano. Esta circunstancia extraordinaria permitió obtener un genoma de alta cobertura, es decir, con un nivel de detalle poco común en estudios de ADN antiguo.

La calidad del material permitió a los científicos reconstruir el genoma con una precisión comparable a la de especies actuales, superando las limitaciones habituales del ADN fósil, que suele estar fragmentado y degradado por el paso del tiempo.

¿Había endogamia antes de la extinción?

Uno de los objetivos centrales del estudio fue determinar si las poblaciones finales de rinocerontes lanudos sufrían endogamia, un fenómeno frecuente en especies en declive que reduce la diversidad genética y aumenta la vulnerabilidad biológica. Este tipo de deterioro deja huellas claras en el genoma: largos tramos de ADN idéntico heredados de ancestros comunes y una notable reducción de variabilidad genética.

Sin embargo, el análisis comparativo con otros genomas antiguos de rinocerontes lanudos mostró algo sorprendente: no hay señales claras de endogamia reciente ni de colapso genético en los individuos cercanos al momento de la extinción. La diversidad genética se mantenía relativamente alta, incluso en las etapas finales de la existencia de la especie.

Una extinción rápida, no un lento agotamiento

Estos resultados sugieren que el rinoceronte lanudo no desapareció tras un largo proceso de decadencia biológica, sino probablemente como consecuencia de cambios ambientales abruptos. El período en el que vivió este último ejemplar coincide con fuertes fluctuaciones climáticas asociadas al final de la última glaciación, cuando el calentamiento rápido transformó los ecosistemas de estepa fría que sostenían a la megafauna.

La evidencia genética respalda la idea de una extinción rápida, impulsada por alteraciones ambientales profundas, y no por una erosión genética prolongada. Esto cambia de manera significativa la forma en que se interpreta la desaparición de grandes mamíferos del pasado.

Lecciones para la ciencia actual

Más allá del caso del rinoceronte lanudo, el estudio aporta enseñanzas clave para la biología evolutiva y la conservación. Demuestra que no todas las extinciones dejan huellas genéticas previsibles y que una especie puede desaparecer aun conservando una diversidad genética saludable.

También amplía el horizonte metodológico de la paleogenética, al mostrar que fuentes inusuales de ADN, como restos biológicos contenidos en otros animales, pueden convertirse en archivos genéticos de enorme valor cuando las condiciones de preservación son excepcionales.

El pasado como advertencia

Comprender cómo y por qué se extinguieron especies del pasado no es un ejercicio académico aislado. En un contexto de cambio climático acelerado y pérdida de biodiversidad, estos hallazgos funcionan como una advertencia: la resiliencia genética no siempre alcanza cuando el entorno cambia demasiado rápido.

El rinoceronte lanudo no murió por ser débil. Murió porque el mundo que lo sostenía dejó de existir.

 

 

La diputada desenmascaró una vez más a las mentiras del oficialismo.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno salió a festejar en redes sociales que Atucha II volvió a operar al 100% de su potencia, intentando presentarlo como un logro propio y como una muestra del supuesto “Plan Nuclear Argentino” que pregona La Libertad Avanza. Sin embargo, la diputada y economista de Unión por la Patria Julia Strada desarmó punto por punto el relato oficial y expuso lo que calificó directamente como humo libertario.

La celebración oficial llegó de la mano de Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina y hombre de extrema confianza de Milei, quien publicó una imagen de un tablero de control que marcaba 100,2% de potencia. Ante las críticas y las burlas, el funcionario salió a explicar que el 100% es un valor nominal y que el reactor puede operar dentro de un margen técnico de tolerancia sin violar ninguna ley de la física.

Un “logro” que no es del gobierno actual

Strada fue tajante: Atucha II no llegó al 100% por decisiones del actual gobierno. Según explicó, se trata de un proceso operativo normal del sector nuclear que estaba previsto desde hace años. La central había estado detenida por un desperfecto técnico grave, cuya reparación se resolvió en 2023, con una inversión significativa y el desarrollo de un sistema robótico específico para intervenir dentro del reactor en una zona inaccesible para personas.

Una vez solucionado el problema, el protocolo indica un arranque con potencia gradual creciente. En ese marco, ya estaba previsto que Atucha II alcanzara el 100% de potencia en 2025, independientemente de quién gobernara. No hubo milagro libertario ni giro de timón: hubo continuidad técnica y trabajo previo.

Chanta y mentiroso. El Plan Nuclear no existe. Entonces el amigo de Milei y director de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, anuncia inversiones que no son de él.

HUMO.

Atucha II llegó al 100% de potencia como parte de un proceso operativo normal del sector nuclear. No es un hito… https://t.co/pQUkOWdi8a pic.twitter.com/CjFssHN3tX

— Julia Strada (@Juli_Strada) January 15, 2026

El Plan Nuclear que no existe

Para la diputada, el llamado “Plan Nuclear Argentino” que promociona Reidel no existe como política real, sino como consigna propagandística. El funcionario anuncia inversiones que no son de su gestión, se apropia de resultados construidos durante años y los usa para legitimar un discurso que, en los hechos, va en sentido contrario.

Porque mientras se sacan fotos con tableros y slogans sobre el “futuro nuclear”, el Gobierno avanzó formalmente en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.

Privatizar lo que funciona

Tal como ya había advertido NLI, el objetivo de Milei siempre fue avanzar sobre las empresas estratégicas del Estado, incluso aquellas que funcionan bien y son ejemplo a nivel internacional. Nucleoeléctrica es una de ellas.

El Decreto 695/2025, firmado por Milei y Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones de la empresa mediante licitación nacional e internacional. El Estado conservaría el 51% y un 5% quedaría para los trabajadores, bajo el Programa de Propiedad Participada.

El argumento es el mismo de los años noventa: supuesta ineficiencia estatal y necesidad de capital privado. Pero los datos desmienten el relato. En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia a nivel internacional.

Soberanía energética en riesgo

Strada subrayó un punto clave que el Gobierno evita mencionar: Nucleoeléctrica demostró que puede reparar y volver a poner en funcionamiento una central nuclear compleja con recursos propios. Eso es soberanía tecnológica, capacidad estatal y planificación a largo plazo. Exactamente lo que Milei quiere desarmar.

La energía nuclear no es un negocio cualquiera. Involucra seguridad nacional, desarrollo científico, control de información sensible y una política energética que no puede quedar librada a la lógica del mercado ni a intereses privados, muchos de ellos extranjeros.

El libreto noventista, otra vez

La historia no es nueva. En los años ’90, bajo el menemismo, la generación nucleoeléctrica fue declarada sujeta a privatización. La resistencia política y social frenó ese avance. Con los gobiernos kirchneristas, el sector fue reimpulsado, se retomaron obras paralizadas y la energía nuclear volvió a ser una política de Estado.

Hoy, Milei retoma ese libreto noventista, maquillado con discursos “tecnológicos” y posteos en redes. Se celebra lo que no hicieron, se oculta lo que quieren vender y se intenta convencer a la sociedad de que el problema es el Estado, incluso cuando los resultados muestran lo contrario.

Mucho tablero, poco proyecto

El caso Atucha II expone con claridad la contradicción central del gobierno libertario: se cuelga medallas ajenas mientras prepara la entrega de un sector estratégico. Julia Strada lo resumió sin vueltas: no hay plan, hay humo. Y detrás del humo, avanza la privatización.

Atucha II volvió al 100%, sí. Pero no gracias a Milei ni a Reidel. Volvió por décadas de inversión pública, conocimiento acumulado y trabajadores altamente calificados. Justamente esos mismos pilares que hoy el Gobierno pone en riesgo.

 

 

La Asociación Trabajadores del Estado encendió todas las alarmas al denunciar la desaparición de $3.863 millones que tenían destino específico para el pago de salarios en la Planta Industrial de Agua Pesada. Apuntan a la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica y anuncian cortes de ruta.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedó en el centro de un grave escándalo político y financiero tras la denuncia pública de ATE por el presunto desvío de $3.863.026.100 que estaban destinados al pago de salarios y al funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.

La acusación fue realizada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que en diciembre de 2025 ingresó una ampliación presupuestaria con destino específico a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), responsable de la administración de la planta, pero el dinero nunca llegó a su destino y se desconoce qué se hizo con esos fondos.

Según detalló el sindicato, los recursos estaban destinados a garantizar el pago de los salarios de diciembre, además de cubrir costos operativos y de mantenimiento de una instalación estratégica para el sistema energético nacional. Sin embargo, los trabajadores pasaron las fiestas sin cobrar y continúan sin percibir sus ingresos, mientras la conducción del organismo guarda silencio.

NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN??
ATE DENUNCIA UN MULTIMILLONARIO DESVÍO DE FONDOS EN LA CNEA!!

DESAPARECIERON MÁS DE 3.863 MILLONES DE PESOS!!

Estamos frente a una GRAVE IRREGULARIDAD. En diciembre ingresaron $3.863.026.100 a las arcas de la Comisión Nacional de Energía Atómica que… pic.twitter.com/YdNdcquLCQ

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 15, 2026

Fondos con destino específico que “se esfumaron”

Aguiar fue categórico al afirmar que no se trata de un error administrativo sino de una irregularidad gravísima. Remarcó que los fondos tenían una asignación clara y que no podían ser malversados bajo ningún concepto, lo que abre la puerta a la hipótesis de un posible accionar delictivo.

Desde ATE señalaron que la responsabilidad política recae sobre el actual presidente de la CNEA, Martín Porro, a quien acusan de no dar explicaciones sobre el paradero del dinero. Para el sindicato, la situación no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que pone en riesgo la provisión de insumos y la capacidad de garantizar energía, en un contexto nacional atravesado por recortes y ajuste sobre el Estado.

Salarios impagos, energía en riesgo y un Estado ausente

La Planta Industrial de Agua Pesada no es una dependencia menor: cumple un rol estratégico dentro del esquema energético argentino. La paralización de su funcionamiento por falta de salarios e insumos impacta directamente en la soberanía energética, un aspecto que el gobierno de Milei parece dispuesto a sacrificar en nombre del ajuste.

ATE advirtió que la desaparición de los fondos destinados a salarios no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una política de vaciamiento del Estado, donde se desfinancian áreas sensibles mientras se naturaliza que los trabajadores queden como variable de ajuste.

Cortes en la Ruta 22 y un conflicto que recién empieza

Frente a la falta de respuestas, ATE anunció medidas de fuerza inmediatas. En las próximas horas se llevarán adelante cortes en el puente Arroyito, sobre la Ruta Nacional 22, una vía clave para la región. Las protestas comenzaron el lunes 12 de enero y, en principio, se extenderán hasta el viernes 16, en el horario de 7.30 a 10 de la mañana.

Desde la Junta Interna de la PIAP explicaron que el plan de lucha continuará y que la próxima semana se evaluará profundizar las acciones en función de si la CNEA brinda o no explicaciones concretas y garantiza el pago total de los salarios adeudados.

Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: qué hicieron con los casi $4.000 millones que estaban destinados a los trabajadores. Para ATE, el dinero estaba, tenía destino y se esfumó. Y si no aparecen explicaciones, lo que hoy es una denuncia sindical podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción del área energética en los últimos años.

 

 

En plena crisis económica europea y en un pequeño pueblo obrero de Bélgica, una advocación mariana surgió con un mensaje austero, directo y profundamente social. Nuestra Señora de Banneux, reconocida por la Iglesia en 1949, se presentó como “la Virgen de los Pobres” y dejó una huella religiosa que, con el paso del tiempo, adquirió también una fuerte lectura histórica y social.

Por Alcides Blanco para NLI

En el invierno de 1933, Europa todavía arrastraba las consecuencias devastadoras de la Primera Guerra Mundial y se encontraba hundida en la Gran Depresión. En ese contexto de pobreza estructural, desempleo y exclusión, una niña belga de once años, Mariette Beco, afirmó haber sido testigo de una serie de apariciones marianas en la localidad de Banneux, cerca de Lieja.

Las apariciones se extendieron entre el 15 de enero y el 2 de marzo de 1933, sumando un total de ocho encuentros. Según el relato de la niña, la Virgen se presentó con vestimentas sencillas y sin ornamentos, y pronunció una frase que marcaría definitivamente esta advocación: “Yo soy la Virgen de los Pobres”.

Un mensaje austero en tiempos de miseria

A diferencia de otras apariciones marianas más cargadas de advertencias apocalípticas o llamados penitenciales, el mensaje de Banneux fue sobrio, breve y profundamente humano. La Virgen pidió oración, especialmente por los enfermos, y señaló una fuente de agua que, según sus palabras, estaba destinada a “todas las naciones”.

Esa fuente —aún hoy centro de peregrinación— no fue presentada como un objeto milagroso inmediato, sino como un signo de consuelo, cuidado y esperanza, en un mundo atravesado por la escasez. En ese gesto simbólico, la Iglesia leyó con el tiempo una fuerte conexión entre fe y realidad social.

No es un dato menor que Mariette Beco provenía de una familia trabajadora y empobrecida, en una región industrial golpeada por el cierre de fábricas y la precarización laboral. El contexto social fue considerado clave por los investigadores eclesiásticos al evaluar la autenticidad del testimonio.

Reconocimiento oficial y proyección social

Tras años de análisis, interrogatorios y estudios teológicos, en 1949 la Iglesia católica reconoció oficialmente las apariciones de Banneux como dignas de fe. Desde entonces, el lugar fue elevado a santuario mariano internacional, con una particularidad: su pastoral quedó orientada de manera explícita hacia los pobres, los enfermos y los descartados.

Nuestra Señora de Banneux se convirtió así en una advocación no asociada al poder ni al esplendor, sino a la fragilidad humana. Lejos de palacios o centros de decisión, su mensaje emergió desde el margen, en un rincón olvidado de Europa, y dialogó con una época marcada por la desigualdad.

Con el paso del tiempo, la figura de la Virgen de los Pobres fue recuperada por sectores del cristianismo comprometidos con la doctrina social de la Iglesia, la opción preferencial por los pobres y una lectura crítica del orden económico dominante.

En Banneux no hubo promesas de grandeza ni advertencias espectaculares. Hubo, en cambio, una afirmación sencilla y contundente: la fe cristiana no puede desentenderse del sufrimiento material. Ese es, quizás, el legado más incómodo y a la vez más vigente de esta advocación mariana.