Política

 

El 25 de agosto de 1825, los Treinta y Tres Orientales proclamaron la independencia de la Provincia Oriental y desencadenaron un proceso que terminaría creando Uruguay.

Por Alcides Blanco para NLI

El 25 de agosto de 1825, en la pequeña localidad de Florida, una asamblea proclamó la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil y declaró su voluntad de incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La escena suele ser presentada en la historia uruguaya como uno de los momentos fundacionales de la nación, pero detrás de aquella declaración existe una historia bastante más compleja, en la que aparecen una invasión brasileña, una provincia disputada entre imperios, exiliados orientales organizándose en territorio argentino, una expedición de apenas unas decenas de hombres y una guerra que terminaría modificando definitivamente el mapa del Río de la Plata. La independencia uruguaya, paradójicamente, no nació inicialmente como la separación de la Banda Oriental de las Provincias Unidas, sino como un intento de expulsar al poder brasileño y recuperar una incorporación al espacio rioplatense que, pocos años después, terminaría dando lugar a la creación de un Estado independiente.

Una provincia atrapada entre dos proyectos

Para comprender qué ocurrió aquel 25 de agosto hay que retroceder hasta la crisis del orden colonial y la revolución iniciada en 1810. La Banda Oriental se convirtió rápidamente en uno de los territorios más disputados del antiguo Virreinato del Río de la Plata, tanto por su posición estratégica frente a Buenos Aires como por la importancia de sus puertos, sus recursos y su ubicación sobre el estuario. José Gervasio Artigas encabezó desde allí un proyecto político propio, basado en una concepción federal que entró en conflicto tanto con el centralismo porteño como con las pretensiones de las potencias vecinas. La derrota del artiguismo abrió el camino para que los portugueses invadieran el territorio en 1816 y, posteriormente, lo incorporaran al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve bajo una nueva denominación: la Provincia Cisplatina.

Cuando Brasil declaró su independencia de Portugal en 1822, la Banda Oriental quedó integrada al nuevo Imperio brasileño. Para una parte importante de los orientales, aquella situación era una ocupación extranjera que debía ser revertida. Sin embargo, el problema tenía una dificultad adicional: la región tampoco constituía un territorio políticamente homogéneo. Existían diferentes proyectos sobre su futuro, desde quienes pretendían recuperar una autonomía propia hasta quienes aspiraban a reincorporarla a las Provincias Unidas. La frontera entre esos proyectos todavía no estaba definida y, en 1825, la idea de una República Oriental del Uruguay independiente todavía no era el resultado inevitable de la historia, sino una posibilidad que surgiría de una guerra y de las negociaciones posteriores.

En ese contexto apareció Juan Antonio Lavalleja, militar oriental que había participado en las luchas de la década anterior y que se encontraba exiliado en Buenos Aires. Allí comenzó a organizar una expedición destinada a cruzar el Río de la Plata, desembarcar en la Banda Oriental y levantar a la población contra las autoridades brasileñas. El gobierno de Buenos Aires conocía los preparativos y, aunque la relación entre las autoridades porteñas y los expedicionarios fue compleja, el territorio argentino terminó funcionando como plataforma fundamental para aquella operación. Los hombres que partieron no representaban todavía un ejército nacional uruguayo, porque Uruguay todavía no existía como país independiente: eran orientales comprometidos con la recuperación de su territorio y aliados rioplatenses dispuestos a acompañarlos.

El cruce del río y la campaña de Lavalleja

La expedición quedó inmortalizada como la de los Treinta y Tres Orientales, aunque la cantidad exacta de integrantes ha sido objeto de discusiones históricas y distintas listas elaboradas posteriormente no siempre coinciden. Lo fundamental no está tanto en la cifra como en lo que aquella pequeña fuerza consiguió desencadenar. Los expedicionarios cruzaron el río desde territorio argentino y desembarcaron en la costa oriental el 19 de abril de 1825, iniciando una campaña que rápidamente consiguió sumar apoyos locales y debilitar la presencia brasileña en diferentes puntos del territorio.

La famosa bandera de la expedición llevaba una consigna que sintetizaba el proyecto político de aquel momento: “Libertad o muerte”. Pero la libertad que reclamaban no significaba todavía exactamente lo que décadas posteriores interpretarían como independencia nacional. La lucha estaba dirigida contra el dominio brasileño y se vinculaba con la recuperación de la soberanía oriental, mientras la posibilidad de reincorporarse a las Provincias Unidas permanecía abierta. Esa diferencia es fundamental porque permite comprender por qué el episodio del 25 de agosto posee una dimensión histórica más compleja que la de una simple declaración independentista.

El avance de las fuerzas de Lavalleja permitió convocar una asamblea en Florida, donde se aprobaron las llamadas Leyes Fundamentales. Una de ellas declaró la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil y de cualquier otro poder extranjero; otra estableció la voluntad de reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La fórmula podía parecer contradictoria desde una mirada posterior, pero en realidad expresaba con bastante precisión la situación política de aquel momento: los orientales se declaraban libres del poder brasileño mientras aspiraban a reconstruir un vínculo político con las provincias rioplatenses.

La decisión tuvo consecuencias inmediatas. El gobierno de las Provincias Unidas reconoció la incorporación de la Provincia Oriental en octubre de 1825, y Brasil respondió declarando la guerra. El conflicto se prolongaría durante tres años y terminaría involucrando a fuerzas militares de ambos lados en una guerra que ya no podía resolverse solamente en territorio oriental. El Río de la Plata se convirtió nuevamente en escenario de una disputa internacional en la que estaban en juego no solamente las fronteras, sino también el equilibrio regional entre Brasil, las Provincias Unidas y las propias fuerzas orientales.

La independencia que nadie había planeado de ese modo

La guerra terminó produciendo un resultado que ninguno de los dos grandes contendientes había buscado originalmente: la creación de un Estado independiente en la Banda Oriental. La intervención diplomática británica fue decisiva para alcanzar un acuerdo que permitiera cerrar el conflicto sin que Brasil aceptara la incorporación definitiva del territorio a las Provincias Unidas ni estas últimas consiguieran convertirlo en una provincia propia. La Convención Preliminar de Paz de 1828 estableció las bases para la independencia de la Provincia Oriental, que finalmente se convertiría en la República Oriental del Uruguay.

El proceso revela una de las grandes particularidades de la historia rioplatense: Uruguay nació en buena medida como resultado de una disputa entre proyectos regionales que ninguno consiguió imponer completamente. Brasil no pudo conservar la Cisplatina; las Provincias Unidas no pudieron incorporarla; los orientales consiguieron liberarse del dominio brasileño, pero tampoco lograron reconstruir una integración duradera con el espacio rioplatense. Entre esos intereses contrapuestos apareció una solución que transformó a la Banda Oriental en un Estado independiente y modificó el equilibrio político de toda la región.

Por eso, la fecha del 25 de agosto tiene una importancia que trasciende el calendario uruguayo y también forma parte de la historia argentina. La expedición de Lavalleja salió desde Buenos Aires, muchos de sus protagonistas tenían vínculos políticos y militares con las Provincias Unidas y el conflicto posterior involucró directamente al gobierno de Buenos Aires. La historia de los dos países, en ese momento, todavía no podía escribirse por separado porque ambos formaban parte de un mismo espacio histórico que estaba atravesando el difícil proceso de fragmentación de la antigua estructura virreinal.

La propia Buenos Aires conserva huellas de aquella conexión. Los Treinta y Tres Orientales no fueron solamente protagonistas de una epopeya uruguaya; fueron también parte de una historia rioplatense en la que las fronteras nacionales todavía estaban en construcción. La separación definitiva entre Argentina y Uruguay sería posterior a la declaración de Florida y surgiría de un proceso diplomático y militar mucho más amplio. En 1825 nadie podía saber exactamente qué país existiría después de aquella guerra.

Una independencia nacida de una derrota compartida

Hay una ironía profunda en el origen del Uruguay moderno. La declaración del 25 de agosto de 1825 proclamó la independencia respecto de Brasil, pero simultáneamente expresó la voluntad de unión con las Provincias Unidas. Tres años después, el resultado sería otro: un país independiente de Brasil y también de las Provincias Unidas. La nación uruguaya nació, entonces, no a partir de un único acto fundador perfectamente definido, sino de una cadena de acontecimientos en la que los proyectos políticos fueron modificándose a medida que avanzaban la guerra y la diplomacia.

Esa complejidad no disminuye el valor histórico de los Treinta y Tres Orientales; por el contrario, permite comprender mejor su verdadera dimensión. No fueron personajes aislados que aparecieron de repente para crear una nación predeterminada por la historia, sino protagonistas de una época en la que las identidades políticas todavía estaban en movimiento. La Banda Oriental había sido parte del Virreinato, territorio artiguista, provincia disputada, dominio portugués y provincia brasileña antes de transformarse en Uruguay. La nación fue el resultado de ese conflicto, no su punto de partida.

Cada 25 de agosto, Uruguay celebra una independencia que comenzó a construirse con aquellos hombres que cruzaron el río desde territorio argentino bajo una bandera que anunciaba “Libertad o muerte”. Pero la verdadera importancia de aquella jornada reside quizás en todo lo que todavía no estaba decidido. No existía aún el Uruguay que hoy conocemos, ni estaban definitivamente fijadas las fronteras, ni había concluido la guerra que determinaría su nacimiento. Lo que existía era una sociedad oriental intentando recuperar su capacidad de decidir sobre su propio territorio en medio de la disputa entre dos grandes poderes regionales.

Los Treinta y Tres no cruzaron el río para entrar directamente en la historia de una nación ya existente; cruzaron para abrir una historia cuyo desenlace todavía desconocían. Y esa es justamente la razón por la que el 25 de agosto continúa siendo una fecha tan poderosa: porque recuerda que las naciones no siempre nacen de decisiones tomadas de una vez y para siempre, sino de guerras, proyectos, derrotas, negociaciones y voluntades colectivas que, con el tiempo, terminan dibujando sobre el mapa aquello que las generaciones posteriores llamarán patria.

 

 

En agosto de 1791 comenzó en Saint-Domingue una revolución protagonizada por esclavizados que derrotó a las potencias coloniales y creó Haití. La historia de una revolución que cambió América.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay revoluciones que cambian un gobierno, otras que modifican las fronteras de un continente y algunas que consiguen alterar para siempre aquello que una época considera posible. La Revolución Haitiana pertenece a esta última categoría, aunque durante mucho tiempo haya quedado relegada en los relatos tradicionales de la historia mundial. Entre 1791 y 1804, en la colonia francesa de Saint-Domingue, una población sometida a uno de los sistemas esclavistas más brutales del planeta consiguió levantarse, derrotar sucesivamente a fuerzas francesas, británicas y españolas y finalmente fundar una nación independiente. No fue solamente una rebelión de esclavizados: fue una revolución social, anticolonial y antiesclavista que convirtió en realidad una idea que para las potencias de la época resultaba prácticamente inconcebible: que quienes habían sido reducidos legalmente a la condición de propiedad podían destruir el sistema que los oprimía y construir un Estado propio. El proceso comenzó en agosto de 1791 y tuvo como uno de sus antecedentes inmediatos la reunión clandestina de Bois Caïman, pero su explicación exige retroceder bastante más, hasta comprender qué era realmente Saint-Domingue y por qué aquella pequeña colonia caribeña tenía una importancia económica descomunal.

La colonia más rica a costa de los más explotados

A fines del siglo XVIII, Saint-Domingue, ubicada en la parte occidental de la isla que hoy comparten Haití y República Dominicana, era una de las posesiones coloniales más valiosas del mundo. Bajo dominio francés, sus plantaciones producían enormes cantidades de azúcar y café destinadas a los mercados europeos, y esa riqueza dependía de un sistema económico construido sobre la explotación extrema de cientos de miles de africanos esclavizados. La prosperidad que aparecía en los puertos, en las casas de los grandes propietarios y en los mercados europeos tenía, en el otro extremo de la cadena, un costo humano gigantesco que las sociedades coloniales habían convertido en parte de su normalidad. Allí estaba la contradicción que terminaría haciendo estallar el sistema: la colonia que generaba una riqueza extraordinaria para Francia estaba sostenida por una población a la que se negaban los derechos más elementales.

La Revolución Francesa de 1789 introdujo, además, una contradicción política imposible de ignorar. En París se proclamaban principios de libertad e igualdad mientras las colonias francesas continuaban organizadas alrededor de la esclavitud. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hablaba de derechos universales, pero la palabra “universal” adquiría límites muy concretos cuando llegaba a las plantaciones del Caribe. La circulación de esas ideas, sumada a los conflictos entre blancos, mulatos libres y esclavizados, abrió un escenario político cada vez más inestable. En Saint-Domingue, la pregunta dejó de ser exclusivamente quién gobernaría la colonia y comenzó a convertirse en una cuestión mucho más profunda: qué significaba realmente la libertad cuando la economía entera estaba construida sobre la ausencia de libertad de la mayoría de sus habitantes.

Bois Caïman y la noche en que empezó a cambiar todo

En agosto de 1791, representantes de comunidades de esclavizados se reunieron clandestinamente en Bois Caïman, en el norte de Saint-Domingue. La tradición histórica ha convertido aquella ceremonia en uno de los momentos simbólicos de la Revolución Haitiana, porque allí se combinaron elementos religiosos, políticos y organizativos que precedieron a la gran insurrección. La reunión estuvo asociada a líderes como Dutty Boukman, y las fuentes históricas sitúan en esos días la coordinación de grupos que posteriormente se lanzarían contra las plantaciones. La noche del 22 de agosto comenzó una oleada de ataques que se extendió por la región septentrional y que rápidamente adquirió una magnitud que las autoridades coloniales no pudieron controlar.

Lo verdaderamente extraordinario es que aquella rebelión no se produjo en una sociedad sin organización, sino en una comunidad donde los esclavizados habían construido redes sociales, culturales y religiosas propias pese a los intentos del sistema colonial por fragmentarlos. Las plantaciones podían controlar el trabajo y castigar los cuerpos, pero no habían conseguido eliminar completamente la capacidad de comunicación y organización de quienes las sostenían. La insurrección demostró que detrás de la aparente inmovilidad del régimen existía una sociedad capaz de coordinarse y actuar colectivamente cuando apareciera una oportunidad histórica.

La rebelión se propagó con una velocidad extraordinaria y numerosas plantaciones fueron incendiadas. El fuego comenzó a destruir precisamente aquello que había convertido a Saint-Domingue en una de las colonias más rentables del planeta: las plantaciones, los ingenios y las instalaciones sobre las cuales descansaba el sistema esclavista. El mensaje era inequívoco: si la riqueza de la colonia dependía de mantener a cientos de miles de personas sometidas, entonces destruir las plantaciones significaba atacar directamente la estructura económica del poder colonial.

Una revolución dentro de otra revolución

La Revolución Haitiana resulta todavía más extraordinaria cuando se observa su relación con la Revolución Francesa. En cierto sentido, los acontecimientos del Caribe fueron una consecuencia radical de las ideas que habían comenzado a circular desde Europa, pero también fueron mucho más allá de los límites que muchos revolucionarios franceses estaban dispuestos a aceptar.

La libertad podía ser proclamada en París, pero ¿qué ocurría cuando esa libertad llegaba hasta quienes trabajaban las plantaciones?

La igualdad podía ser defendida en los clubes políticos franceses, pero ¿qué sucedía cuando los hombres que exigían igualdad tenían propiedades y esclavizados en las colonias?

La tensión terminó siendo inevitable.

En los años siguientes, distintos sectores de la población de Saint-Domingue participaron en conflictos cruzados y alianzas cambiantes. Los grandes blancos defendían sus privilegios económicos; los blancos pobres reclamaban determinadas prerrogativas; los libres de color exigían derechos políticos; los esclavizados luchaban directamente por su emancipación. Al mismo tiempo, las potencias europeas observaban el conflicto porque comprendían perfectamente que el destino de Saint-Domingue podía afectar el equilibrio colonial del Caribe.

La revolución había dejado de ser un problema interno de una colonia francesa y se había convertido en una cuestión internacional.

Toussaint Louverture y el salto de la rebelión a la revolución

Dentro de ese escenario apareció una de las figuras políticas y militares más extraordinarias de la historia americana: Toussaint Louverture. Nacido esclavizado y posteriormente convertido en hombre libre, Louverture llegó a transformarse en el principal dirigente político y militar del proceso revolucionario durante una parte decisiva de la década de 1790.

Su trayectoria resulta fascinante porque no encaja cómodamente en la imagen simplificada de un líder revolucionario que solamente combate contra Francia. Louverture fue un político extraordinariamente pragmático que debió moverse entre franceses, británicos, españoles y diferentes grupos internos de Saint-Domingue, intentando preservar la autonomía de la revolución mientras enfrentaba enemigos que podían cambiar de posición de un momento a otro.

En 1793, en medio de la guerra y la presión de las fuerzas extranjeras, los representantes franceses en la colonia proclamaron la abolición de la esclavitud. Posteriormente, en 1794, la Convención Nacional francesa extendió oficialmente la abolición de la esclavitud a las colonias francesas. Aquella decisión modificó radicalmente el conflicto, porque el poder revolucionario francés pasó a defender formalmente una medida que años antes hubiera resultado prácticamente impensable.

Pero la historia todavía estaba lejos de terminar.

Napoleón quiso recuperar la colonia

A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte decidió intentar recuperar el control directo de Saint-Domingue. La importancia económica de la colonia seguía siendo enorme y el gobierno francés no estaba dispuesto a aceptar fácilmente la pérdida de una de sus principales fuentes de riqueza colonial.

En 1802, una poderosa expedición francesa llegó al Caribe. Louverture fue capturado mediante engaños y trasladado a Francia, donde murió encarcelado en 1803. Sin embargo, la captura del líder no consiguió destruir la revolución. Al contrario, la ofensiva francesa produjo una resistencia todavía mayor.

La conducción militar pasó entonces a figuras como Jean-Jacques Dessalines, antiguo esclavizado que se convirtió en uno de los principales dirigentes de la lucha independentista. Las tropas revolucionarias comprendieron que ya no se trataba simplemente de defender determinadas conquistas dentro del imperio francés: había llegado el momento de romper definitivamente con Francia.

El ejército napoleónico, además, encontró un enemigo adicional que no podía controlar con facilidad: la fiebre amarilla, que provocó enormes pérdidas entre las tropas europeas. La enfermedad, combinada con la resistencia militar y las dificultades logísticas, terminó debilitando profundamente la expedición francesa.

En 1803, las fuerzas revolucionarias obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Vertières.

Poco después, el proyecto colonial francés quedó definitivamente derrotado.

Haití nació en 1804, pero el mundo no estaba preparado para reconocerlo

El 1 de enero de 1804, Dessalines proclamó la independencia y recuperó el nombre de Haití, derivado del término indígena utilizado para la isla. La nueva nación se convirtió en el primer Estado independiente de América Latina y el Caribe surgido de una revolución de esclavizados victoriosa y en el primer país del mundo nacido de una insurrección antiesclavista de esas características.

El acontecimiento tenía una dimensión internacional extraordinaria porque demostraba que el sistema esclavista podía ser destruido por quienes habían sido sometidos a él.

Para las potencias esclavistas, esa noticia era peligrosa.

No solamente porque Haití había dejado de ser una colonia francesa, sino porque su existencia misma constituía una amenaza política para sociedades enteras que dependían de la esclavitud. Un antiguo esclavizado podía convertirse en ciudadano de una república; una plantación podía dejar de existir; una colonia podía transformarse en un Estado independiente.

La revolución haitiana demostraba que aquello que parecía imposible podía ocurrir.

El castigo de las potencias

La independencia no significó el final de las dificultades. Haití quedó aislado durante años y tuvo enormes problemas para obtener reconocimiento internacional. Francia, derrotada militarmente, consiguió décadas después imponer una indemnización extraordinaria a cambio del reconocimiento de la independencia, una carga financiera que condicionó profundamente el desarrollo económico del nuevo país.

En 1825, el rey francés Carlos X reconoció la independencia haitiana mediante una ordenanza que exigía el pago de 150 millones de francos como compensación a los antiguos colonos por las propiedades perdidas. La suma fue posteriormente reducida, pero el principio resultó devastador: la nación que había conseguido su libertad debía endeudarse para compensar económicamente a quienes habían perdido el derecho a explotar a los esclavizados. Esa deuda se convirtió en uno de los grandes lastres de la historia económica haitiana.

La paradoja es brutal.

Haití había pagado con sangre su libertad y después tuvo que pagar dinero por haberla conquistado.

Una revolución que incomodó a demasiados relatos

La historia haitiana fue durante mucho tiempo presentada de manera marginal en buena parte de los relatos occidentales sobre las grandes revoluciones modernas. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y las guerras napoleónicas ocuparon un espacio central, mientras que la revolución protagonizada por los esclavizados de Saint-Domingue quedó muchas veces reducida a un capítulo secundario.

Pero resulta imposible comprender plenamente la historia atlántica de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX sin Haití.

La revolución modificó el equilibrio colonial del Caribe, afectó los proyectos franceses en América y tuvo consecuencias indirectas sobre la política de Estados Unidos. La venta de Luisiana por parte de Francia en 1803 estuvo vinculada, entre otros factores, con el fracaso de los planes franceses en Saint-Domingue y con la pérdida de perspectivas de reconstrucción de un gran imperio francés en América del Norte.

Es decir que una revolución nacida en las plantaciones del Caribe terminó teniendo consecuencias sobre la geopolítica continental.

Y lo hizo protagonizada por quienes, según el orden colonial de la época, estaban destinados a no tener voz política.

El verdadero significado de Haití

La Revolución Haitiana no fue perfecta, no estuvo libre de violencia y tampoco produjo inmediatamente una sociedad igualitaria. Como todas las grandes revoluciones, estuvo atravesada por conflictos internos, disputas por el poder y contradicciones. Pero su significado histórico permanece intacto porque consiguió destruir una estructura que parecía indestructible.

Los esclavizados de Saint-Domingue no esperaron que las potencias europeas les concedieran la libertad.

La conquistaron.

No esperaron que un imperio decidiera voluntariamente abandonar su colonia.

Derrotaron al imperio.

No se limitaron a destruir un régimen de explotación.

Construyeron un Estado independiente.

Y esa secuencia explica por qué Haití ocupa un lugar tan particular en la historia de América.

Cuando hoy se habla de las grandes revoluciones que cambiaron el mundo, es imposible limitarse a París, Filadelfia o las campañas napoleónicas. En el Caribe, hombres y mujeres que habían sido convertidos en mercancía demostraron que podían convertirse en protagonistas de su propia historia y llevar hasta sus últimas consecuencias una idea que las sociedades esclavistas habían intentado mantener encerrada dentro de los discursos: la libertad no podía ser universal si excluía precisamente a quienes más necesitaban conquistarla.

La noche del 22 de agosto de 1791, cuando comenzó la gran insurrección en Saint-Domingue, probablemente pocos europeos imaginaron que estaban asistiendo al comienzo de una transformación capaz de alterar el orden colonial del Atlántico.

Pero la historia tiene esas ironías.

La revolución que nació entre plantaciones, esclavizados y fuego terminó haciendo temblar a los imperios.

Y quizá por eso su memoria haya resultado durante tanto tiempo tan incómoda.

Porque Haití no solamente consiguió independizarse.

Haití demostró que la libertad también podía ser conquistada desde abajo.

 

 

Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.

Por Bruno A. Monteverde para NLI

El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.

La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.

Un puerto intervenido en nombre de la soberanía

Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.

La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.

El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.

Malvinas no es una consigna para los actos oficiales

La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.

Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.

La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.

El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.

El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio

La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.

Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.

La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.

Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.

Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.

El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.

El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.

 

 

Un enorme dintel de piedra con referencias a Ramsés II y al dios Horus, junto con restos de un templo, caminos y estructuras defensivas, acaba de aportar una de las pistas más importantes para identificar a la antigua ciudad de Mesen, un asentamiento perdido que habría ocupado un lugar estratégico en la frontera oriental de Egipto. El descubrimiento también permite comprender mejor la llamada Vía de Horus, la gran ruta militar que durante siglos conectó el valle del Nilo con el Mediterráneo oriental y el Levante.

Por Alcides Blanco para NLI

La arqueología egipcia acaba de abrir una puerta hacia uno de esos lugares que durante siglos sobrevivieron solamente en los textos antiguos. En Tell Abu Saifi, cerca de Qantara Oriental, en la gobernación de Ismailía, las excavaciones realizadas durante la actual temporada arqueológica encontraron nuevos elementos que fortalecen una hipótesis largamente discutida: que bajo ese sitio se encuentran los restos de Mesen, una antigua ciudad del este egipcio cuya ubicación exacta nunca había podido establecerse con certeza. No se trata todavía de una identificación definitiva —los propios investigadores mantienen la cautela y señalan que serán necesarias nuevas excavaciones—, pero las evidencias acumuladas comienzan a formar un cuadro extraordinariamente consistente.

La pieza que cambió la dimensión de la investigación es un enorme dintel de arenisca, encontrado partido en dos fragmentos y con inscripciones en tres de sus lados. Allí aparecen los títulos reales de Ramsés II, uno de los faraones más poderosos del Imperio Nuevo, pero hay algo todavía más importante: el texto registra trabajos de restauración realizados sobre una estatua de Horus, identificado como “Señor de la ciudad de Mesen”. Esa referencia es particularmente significativa porque los textos egipcios ya hablaban de una ciudad llamada Mesen ubicada en la región fronteriza oriental, mientras que hasta ahora los arqueólogos no habían podido demostrar de manera concluyente dónde estaba. La inscripción encontrada en Tell Abu Saifi establece, por primera vez con una fuerza documental mucho mayor, una conexión directa entre el lugar excavado, el culto a Horus y aquella ciudad perdida.

La frontera donde Egipto se defendía del mundo exterior

Para comprender la importancia del hallazgo hay que abandonar por un momento la imagen clásica de Egipto como una civilización concentrada alrededor del Nilo, las pirámides y las grandes tumbas reales. La potencia egipcia también necesitaba fronteras, caminos, fortificaciones, depósitos, tropas y centros administrativos, especialmente hacia el este, donde el territorio egipcio se encontraba conectado con el Sinaí, Canaán y el resto del Mediterráneo oriental. Allí funcionaba la denominada Vía de Horus, una ruta estratégica que comunicaba el delta del Nilo con el Levante y que servía simultáneamente como corredor militar, comercial y administrativo. Tell Abu Saifi aparece ahora como una pieza especialmente importante de ese sistema.

La ruta no era simplemente un camino trazado sobre el desierto. Formaba parte de un sistema defensivo mucho más amplio, compuesto por estaciones, asentamientos, templos y puntos militares destinados a proteger el acceso oriental a Egipto. Por allí podían desplazarse soldados, funcionarios, comerciantes y caravanas, pero también ejércitos enteros cuando los faraones emprendían campañas hacia Asia. En ese contexto, una ciudad como Mesen no habría sido un asentamiento periférico sin importancia: su posición podía convertirla en una pieza del dispositivo mediante el cual Egipto controlaba su frontera más vulnerable y, al mismo tiempo, proyectaba su poder hacia el exterior.

Los nuevos trabajos también permitieron corregir la interpretación que los arqueólogos tenían de algunas estructuras descubiertas anteriormente. Una enorme muralla de ladrillos de barro que había sido interpretada como parte del propio templo ahora es entendida como el recinto exterior del complejo sagrado, con accesos, habitaciones interiores y diferentes etapas de construcción. Dentro del área delimitada aparecieron además dos caminos empedrados superpuestos: el más antiguo corresponde al período ptolemaico y posteriormente fue cubierto por una vía romana más estrecha. Esa superposición resulta particularmente reveladora porque demuestra que el lugar no desapareció simplemente con el final de los faraones, sino que continuó siendo utilizado y transformado durante siglos.

Un lugar que sobrevivió a los faraones

El sitio ofrece, en realidad, una pequeña historia de Egipto condensada en un único territorio. Las excavaciones encontraron parte de una estatua de esquisto correspondiente a la dinastía XXVI, representando a un escriba del ejército que sostenía un santuario; también aparecieron una estatua decapitada y sin pies, el torso de una estatua real de basalto y fragmentos de representaciones de halcones realizados en basalto y piedra caliza. Son piezas diferentes, pertenecientes a distintos momentos, pero juntas muestran la persistencia de funciones militares, religiosas y administrativas.

Más adelante, durante la época ptolemaica, el templo alcanzó una importante etapa de desarrollo arquitectónico, mientras que en el siglo III de nuestra era los romanos reutilizaron parte del complejo como un castrum, es decir, un campamento militar. Finalmente, durante la etapa romana tardía, el antiguo espacio sagrado sufrió una transformación todavía más radical: se convirtió en una cantera destinada a la producción de cal. Los arqueólogos encontraron grandes hornos circulares construidos sobre sectores del antiguo santuario y restos de piedra calcinada, evidencia de cómo un espacio que alguna vez había sido considerado sagrado terminó convertido en una instalación industrial.

Esa sucesión resulta casi tan interesante como el posible descubrimiento de Mesen. Un templo no es solamente un edificio: es también una cápsula del tiempo. Sus muros permiten seguir las transformaciones de una sociedad, sus cambios religiosos, sus conquistas, sus crisis y hasta las nuevas formas en que generaciones posteriores aprovecharon las construcciones de sus antepasados. En Tell Abu Saifi, la arqueología está encontrando precisamente eso: un lugar que pasó de desempeñar funciones vinculadas al poder faraónico a integrarse en el mundo helenístico y posteriormente en la estructura militar romana.

Mesen, una ciudad que vuelve desde los textos

La gran pregunta ahora es si Tell Abu Saifi puede ser identificado definitivamente con Mesen. La respuesta científica, por el momento, es todavía prudente. Las autoridades egipcias y los investigadores consideran que las nuevas evidencias fortalecen considerablemente la hipótesis, pero todavía no presentan la identificación como una certeza absoluta. El dintel con la referencia a Horus y Mesen constituye una evidencia especialmente poderosa porque no se trata simplemente de un objeto egipcio encontrado en el lugar: es una inscripción que vincula explícitamente al dios con “la ciudad de Mesen”.

La importancia de esta distinción no es menor. Durante décadas, una de las dificultades para identificar ciudades antiguas consistió precisamente en determinar si una pieza encontrada en un sitio pertenecía originalmente a ese lugar o había sido trasladada posteriormente. En Tell Abu Saifi ya existían hallazgos que habían alimentado el debate, pero algunos investigadores habían planteado la posibilidad de que determinadas piedras hubieran sido llevadas desde otros asentamientos cercanos. El nuevo descubrimiento, al aparecer integrado dentro del contexto arquitectónico excavado y al vincular directamente a Horus con Mesen, proporciona un argumento considerablemente más sólido para la identificación.

Y allí reside el verdadero valor histórico de esta noticia. No se está encontrando solamente una ciudad enterrada bajo la arena: se está reconstruyendo el mapa político y militar de un Estado que hace más de tres milenios ya comprendía la importancia estratégica de controlar sus fronteras. Cada camino, cada recinto y cada inscripción permiten volver a dibujar sobre el territorio moderno la geografía de una potencia antigua que organizaba sus desplazamientos, protegía sus rutas y establecía una cadena de posiciones defensivas para controlar el acceso hacia Asia.

La Vía de Horus, en ese sentido, deja de ser una referencia abstracta de los documentos arqueológicos para convertirse en un paisaje concreto, compuesto por caminos que todavía pueden seguirse, estructuras que vuelven a emerger y ciudades cuyo nombre reaparece después de permanecer durante milenios en los textos. Si las próximas campañas confirman definitivamente que Tell Abu Saifi es la antigua Mesen, el descubrimiento no solamente permitirá colocar una ciudad perdida en el mapa: permitirá comprender mejor cómo funcionaba la frontera oriental del Egipto faraónico, cómo se movían sus ejércitos y cómo aquella civilización organizaba su relación con el mundo que se encontraba más allá del desierto.

Porque, al final, la arqueología no consiste únicamente en encontrar objetos antiguos. Consiste en devolverles un lugar dentro de la historia. Y en las arenas de Tell Abu Saifi, una ciudad que durante siglos fue apenas un nombre podría estar recuperando, piedra por piedra, su territorio, su función y su memoria.

 

 

En 1880, la guerra entre Nicolás Avellaneda y Carlos Tejedor terminó con la federalización de Buenos Aires y cambió para siempre la organización política argentina.

Por Alcides Blanco para NLI

El 24 de agosto de 1880, mientras la Argentina todavía intentaba cerrar las heridas abiertas por décadas de guerras civiles, la ciudad de Buenos Aires no era todavía exactamente la ciudad que conocemos hoy. Era, al mismo tiempo, capital de la Nación y capital de la provincia más poderosa del país, una superposición que escondía un conflicto mucho más profundo: quién controlaba el principal puerto, quién administraba las rentas aduaneras y, sobre todo, dónde debía residir el poder efectivo de un Estado nacional que todavía no había conseguido imponerse completamente sobre los intereses de las provincias y sobre el enorme poder económico y político de Buenos Aires. Aquel problema había atravesado buena parte del siglo XIX y volvió a estallar violentamente en 1880, cuando el gobernador bonaerense Carlos Tejedor se levantó contra el proyecto de federalización impulsado por el presidente Nicolás Avellaneda. La confrontación terminó con combates en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, el traslado del gobierno nacional al entonces pueblo de Belgrano y, finalmente, con una decisión que cambió para siempre la geografía política argentina: Buenos Aires dejó de pertenecer institucionalmente a la provincia y pasó a ser la Capital de la República.

Una capital que pertenecía a dos poderes

El problema venía desde la organización nacional posterior a la caída de Juan Manuel de Rosas. En 1853, las provincias habían sancionado una Constitución que establecía un régimen federal y disponía que la capital debía ser una ciudad federalizada, pero Buenos Aires se mantuvo separada de la Confederación durante casi una década. La reunificación producida después de Pavón no resolvió completamente la cuestión porque la provincia porteña conservaba un peso económico excepcional derivado de su puerto y de las rentas aduaneras. Durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado nacional fue construyendo instituciones comunes, un Ejército nacional y un aparato administrativo cada vez más importante, pero la cuestión de la capital continuó pendiente. El conflicto no era meramente administrativo: detrás de la discusión sobre dónde debía funcionar el gobierno se encontraba la disputa por el control de los recursos que permitían financiar al Estado.

La contradicción resultaba evidente. Buenos Aires era la sede de las autoridades nacionales, pero también era territorio de la provincia de Buenos Aires y estaba gobernada por autoridades provinciales que respondían a intereses propios. En una Argentina donde el puerto porteño concentraba buena parte del comercio exterior, esa situación otorgaba a la provincia una capacidad de presión que ninguna otra jurisdicción poseía. Por eso la federalización de la ciudad significaba mucho más que cambiar un domicilio: implicaba separar el centro político de la Nación del poder territorial de la provincia, otorgando al Gobierno nacional jurisdicción directa sobre el lugar donde funcionaban sus instituciones.

Cuando Avellaneda avanzó decididamente hacia esa solución, encontró la resistencia del autonomismo porteño. Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se convirtió en el principal opositor al proyecto y comenzó a organizar fuerzas militares, mientras el Gobierno nacional también reforzaba su capacidad defensiva. El enfrentamiento fue adquiriendo una intensidad que hacía cada vez más probable una salida armada. La disputa por la capital, que podía parecer una cuestión jurídica para los historiadores posteriores, estaba a punto de convertirse nuevamente en una guerra entre argentinos.

Belgrano, capital de emergencia

La situación llegó a un punto crítico en junio de 1880. Tejedor se preparó para resistir la federalización y el Gobierno nacional decidió trasladar temporalmente sus autoridades fuera de la ciudad. Avellaneda y el Congreso se instalaron en Belgrano, que por entonces era un pueblo ubicado en las afueras de Buenos Aires y que hoy forma parte de la Ciudad Autónoma. El edificio donde funcionaba la municipalidad de Belgrano se convirtió en sede de las instituciones nacionales y allí sesionó el Congreso que terminaría sancionando la ley de federalización. El lugar es actualmente el Museo Histórico Sarmiento y conserva la memoria de aquellos meses en los que un barrio porteño fue, literalmente, el centro político de la República.

Mientras las autoridades nacionales se refugiaban en Belgrano, la tensión se transformaba en combate. Las fuerzas de Tejedor se enfrentaron con tropas nacionales en distintos puntos del área metropolitana, entre ellos Puente Alsina, Corrales y Barracas, mientras la escuadra nacional bloqueaba Buenos Aires. La magnitud de los enfrentamientos demostró que la cuestión de la capitalización no podía resolverse mediante una simple negociación entre dirigentes: los sectores enfrentados estaban dispuestos a utilizar la fuerza para imponer sus respectivos proyectos de organización nacional.

La derrota de Tejedor selló el desenlace. El gobernador bonaerense renunció y el proyecto de federalización quedó finalmente liberado de la resistencia armada que había impedido concretarlo durante décadas. El 20 de septiembre de 1880, el Congreso sancionó la Ley 1029, que declaró capital de la República al municipio de Buenos Aires bajo sus límites existentes. La norma estableció además que los establecimientos y edificios públicos situados en la ciudad quedarían bajo jurisdicción nacional, aunque mantuvo determinadas propiedades provinciales y dispuso mecanismos para resolver la transferencia de bienes y competencias.

El proceso no fue simplemente una victoria militar de Avellaneda sobre Tejedor. Fue la resolución de una disputa que había acompañado prácticamente toda la organización constitucional del país. La ley convirtió una cuestión largamente discutida en una realidad institucional: la Nación tendría por fin una capital que no dependiera políticamente de una provincia.

El nacimiento de una ciudad que ya no pertenecía a la provincia

La federalización produjo una consecuencia que muchas veces queda escondida detrás de la fecha y del texto de la ley: Buenos Aires tuvo que dejar de ser la capital de la provincia que llevaba su mismo nombre. La provincia necesitaba entonces construir una nueva sede administrativa y política. El gobernador Dardo Rocha impulsó la creación de una nueva capital y en 1882 fue fundada La Plata, concebida desde el comienzo como una ciudad planificada y monumental destinada a reemplazar a Buenos Aires como capital bonaerense.

La creación de La Plata demuestra hasta qué punto la federalización alteró el territorio argentino. No se trataba solamente de una modificación de jurisdicciones sobre un mapa: implicaba crear una nueva capital provincial, reorganizar oficinas públicas, trasladar instituciones y redefinir las relaciones entre la provincia y la Nación. Buenos Aires, mientras tanto, comenzó a desarrollar una identidad política propia como capital federal, aunque durante mucho tiempo seguiría siendo también el centro económico, financiero, cultural y demográfico de todo el país.

La nueva situación exigió además la creación de estructuras específicamente nacionales para administrar el territorio federalizado. En diciembre de 1880, por ejemplo, la Nación recibió la Policía de Buenos Aires y creó la Policía de la Capital, destinada a garantizar el ejercicio de la autoridad nacional sobre la ciudad. El primer jefe fue Marcos Paz, designado por Julio Argentino Roca, quien había asumido la Presidencia el 12 de octubre de ese año.

La federalización también abrió una nueva etapa política. El Estado nacional pudo consolidar su presencia institucional y avanzar durante las décadas siguientes en la construcción de una administración centralizada, mientras el país ingresaba en un período de crecimiento económico, expansión ferroviaria, inmigración masiva y desarrollo del modelo agroexportador. La etapa que comenzó alrededor de 1880 suele ser presentada como la consolidación del Estado nacional, aunque esa consolidación tuvo también sus contradicciones: el poder político quedó concentrado en una elite estrecha y el Partido Autonomista Nacional dominó durante décadas la estructura institucional.

La guerra que terminó dibujando el mapa político argentino

La historia de la federalización de Buenos Aires permite entender que la construcción del Estado argentino estuvo lejos de ser un proceso pacífico y lineal. Durante décadas, la disputa entre Buenos Aires y las provincias había enfrentado proyectos económicos y políticos diferentes, y la cuestión de la capital condensaba todos esos conflictos. Quién controlaba Buenos Aires tenía una importancia que excedía ampliamente a la ciudad, porque significaba controlar el principal centro económico del país, el puerto y buena parte de las herramientas materiales necesarias para ejercer el poder nacional.

Por eso resulta significativo que la ley que finalmente convirtió a Buenos Aires en Capital Federal haya sido sancionada después de una guerra interna. El edificio donde hoy funciona el Museo Histórico Sarmiento recuerda justamente esa circunstancia: durante algunos meses, el Estado argentino tuvo que abandonar su sede habitual porque la ciudad que debía ser capital era, al mismo tiempo, el territorio de un gobernador que se rebelaba contra el poder nacional.

A partir de entonces, la relación entre Buenos Aires y la Nación quedó definitivamente transformada, aunque no desapareció la tensión entre el poder concentrado en la capital y el resto del territorio. La Argentina que surgió de 1880 consiguió construir un Estado nacional mucho más fuerte, pero también consolidó una estructura territorial profundamente centralizada alrededor de Buenos Aires, una característica que continuaría generando debates durante todo el siglo XX y que todavía forma parte de las discusiones sobre federalismo, distribución de recursos y concentración económica.

La paradoja histórica es que la federalización buscaba resolver el problema de Buenos Aires como poder autónomo y terminó convirtiendo a la ciudad en el centro indiscutido de la Nación. La provincia perdió su capital histórica y recibió una nueva; el Estado nacional obtuvo jurisdicción sobre la ciudad, pero Buenos Aires comenzó a concentrar una influencia política, económica y cultural todavía mayor. La guerra de 1880 puso fin a una etapa de enfrentamientos por la organización territorial del país, pero también dejó instalada una pregunta que la Argentina nunca terminó de resolver completamente: cómo construir un verdadero federalismo cuando la capital concentra una parte tan extraordinaria del poder.

Aquel 24 de agosto de 1880, por lo tanto, no debe recordarse solamente como una fecha dentro de la larga lista de efemérides nacionales. Fue uno de los momentos en que la Argentina terminó de decidir dónde estaría su corazón político y, al hacerlo, también definió buena parte de su estructura territorial para el siglo siguiente. Buenos Aires dejó de ser la capital de una provincia para convertirse en la capital de todos, pero el precio de aquella solución fue una concentración que todavía hoy marca la vida nacional. La historia de la federalización no es solamente la historia de cómo se resolvió una vieja disputa entre porteños y provincianos: es la historia de cómo nació una Argentina políticamente unificada que, desde entonces, nunca dejó de discutir cuánto poder debía vivir en su capital y cuánto debía regresar al resto del país.

 

 

Más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales quedaron en manos de consorcios privados bajo concesiones de dos décadas. La resolución publicada este lunes formaliza la tercera etapa del programa de privatización de Corredores Viales S.A. y habilita a las empresas a explotar, mantener y cobrar peajes en corredores estratégicos de buena parte del país.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno de Javier Milei dio este lunes un nuevo paso en su programa de privatizaciones y concesiones al adjudicar ocho corredores de la Red Federal de Concesiones por un plazo de 20 años, una decisión que afecta a más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y que, por su duración, alcance territorial y mecanismo de financiamiento, constituye una de las transformaciones más profundas de la infraestructura vial argentina de los últimos años. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de un proceso que comenzó con la declaración de Corredores Viales S.A. como empresa sujeta a privatización y continuó con la decisión de avanzar hacia un sistema basado en concesiones de obra pública por peaje.

La magnitud de la operación permite entender por qué la discusión excede largamente la cuestión de quién se hará cargo del mantenimiento de una ruta. Lo que se está definiendo es quién administra durante las próximas dos décadas una porción estratégica de la red vial nacional, bajo un régimen que contempla no solamente la conservación y reparación de las trazas, sino también su explotación, la prestación de servicios a los usuarios, las ampliaciones y la posibilidad de realizar “nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”. Es decir, las empresas adjudicatarias no reciben únicamente la responsabilidad de mantener caminos: reciben una concesión de largo plazo sobre corredores que constituyen infraestructura esencial para la circulación de personas, mercancías y producción.

De Corredores Viales a la concesión privada

El camino hacia esta nueva estructura comenzó con la Ley Bases 27.742, que incluyó a Corredores Viales S.A. entre las empresas sujetas a privatización. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para avanzar con la privatización total de la compañía mediante concesiones de obra pública por peaje, mientras que durante 2026 el Ministerio de Economía fue completando las distintas etapas administrativas de la licitación. La resolución publicada ahora reconoce expresamente ese recorrido y aprueba la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0001-LPU26, con la adjudicación definitiva de los ocho renglones que componen esta tercera etapa.

El Gobierno presenta el nuevo esquema como una ruptura con el modelo anterior y sostiene que la operación permitirá mantener la red sin subsidios del Estado Nacional, trasladando a los privados la inversión y el costo de operación a través del sistema de peajes. Vialidad Nacional, según la explicación oficial, continuará teniendo funciones de supervisión mediante indicadores de desempeño y niveles de servicio. La administración nacional sostiene además que, una vez completadas las distintas etapas, serán más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales los incorporados al nuevo sistema y que por esos corredores circula aproximadamente el 80% del tránsito del país.

El punto político de fondo aparece precisamente allí: el Estado deja de ser el financiador directo de la infraestructura y pasa a ocupar principalmente un papel regulador y de control, mientras que las empresas privadas asumen la explotación de los corredores y recuperan sus costos e inversiones mediante el esquema de peajes previsto en los contratos. La transformación no es solamente contable. Implica modificar quién decide sobre el mantenimiento, las prioridades de inversión, la prestación de servicios y la estructura económica que sostiene una parte fundamental de la red vial argentina.

Quiénes se quedaron con las rutas

La resolución permite poner nombres concretos detrás del proceso de privatización. El Tramo Centro, que comprende 681,92 kilómetros y atraviesa rutas nacionales como la 9, 19 y 34, fue adjudicado al consorcio integrado por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una oferta de $1.399 sin IVA y una concesión de 20 años. El Centro Norte, de 536,43 kilómetros y principalmente vinculado con la Ruta Nacional 34, quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., que ofertó $2.175 sin IVA.

En el Tramo Mesopotámico, de 276,11 kilómetros y correspondiente a las rutas nacionales 12 y 18, la adjudicación fue para IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., con una oferta de $3.564,99 sin IVA. El Tramo Noroeste, de 596,52 kilómetros, que comprende sectores de las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., VAPEU S.R.L. y Guigivan S.R.L., por $2.285 sin IVA.

El Tramo Litoral, de 546,74 kilómetros y compuesto por sectores de las rutas 12 y 16, quedó a cargo de JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., que ofrecieron $2.876,04 sin IVA. En el Noreste, que comprende 456,22 kilómetros de las rutas 12 y 105, ganó Carlos E. Enriquez S.A. y Hormi S.A., con una oferta de $2.950. El Chaco-Santa Fe, de 497,18 kilómetros de la Ruta Nacional 11, fue adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., por $3.520. Finalmente, el Tramo Cuyo, de 329,09 kilómetros de la Ruta Nacional 7, quedó en manos de Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., con una oferta de $3.090,2462 sin IVA. Todas las concesiones tienen el mismo plazo: 20 años.

La propia licitación muestra además que no se trató de un proceso sin competencia ni controversias administrativas. Hubo ofertas declaradas inadmisibles, propuestas desestimadas y empresas que quedaron fuera del orden de mérito. Entre ellas aparece CPC S.A., cuya presentación fue desestimada en todos los tramos en los que había participado, mientras que una UTE integrada por INMAC, Tecnoedil y Rowing quedó excluida después de reconocer errores en sus ofertas económicas, situación que la Comisión Evaluadora consideró incompatible con la seriedad e inalterabilidad exigidas en el proceso.

Veinte años que cambian el mapa vial

El dato que debería concentrar buena parte del debate público es la combinación entre duración, escala y mecanismo de explotación. Veinte años representan un período extraordinariamente extenso para una concesión de infraestructura estratégica: implica que los contratos atravesarán varias administraciones nacionales, distintos ciclos económicos y probablemente más de una etapa de cambios en las necesidades de transporte y producción. Durante ese período, los consorcios tendrán a su cargo corredores por los que circula una parte sustancial del movimiento económico nacional y contarán con un sistema de ingresos asociado al cobro de peajes.

El Gobierno sostiene que las tarifas ofertadas fueron uno de los elementos centrales para seleccionar a los adjudicatarios y que el nuevo modelo busca establecer reglas claras, promover inversiones y mejorar las condiciones de circulación. Según la información oficial, las concesionarias deberán alcanzar determinadas condiciones de transitabilidad antes de aplicar la tarifa ofertada y el esquema prevé mecanismos de actualización tarifaria basados en índices oficiales, además de la incorporación progresiva de tecnologías como TelePASE y sistemas de cobro sin barreras.

Pero la discusión que queda abierta es mucho más amplia que la tarifa inicial. ¿Cuánto terminará pagando un transportista que atraviese varios corredores? ¿Cuánto se trasladará ese costo al precio de los alimentos y de los bienes? ¿Qué nivel de inversión deberán realizar efectivamente las empresas? ¿Cómo se controlará que las obras se ejecuten? ¿Qué sucederá si una concesionaria incumple? ¿Qué ingresos adicionales podrán obtener mediante las explotaciones complementarias previstas en los contratos? Son preguntas que adquieren todavía mayor relevancia cuando se trata de concesiones que permanecerán vigentes durante dos décadas.

La privatización de las rutas tampoco puede analizarse aislada de la política general del Gobierno hacia las empresas públicas y la infraestructura estatal. La administración Milei sostiene que el Estado no debe utilizar recursos públicos para sostener estructuras deficitarias y que el sector privado puede administrar determinados servicios de manera más eficiente. En materia vial, esa concepción se traduce en un modelo donde la ruta deja de ser concebida prioritariamente como una infraestructura financiada por el Estado y pasa a funcionar como una unidad económica concesionada, con ingresos vinculados a quienes utilizan el corredor.

Y ahí aparece la verdadera dimensión de la decisión publicada hoy: no se trata simplemente de cambiar quién repara el asfalto. Se está modificando el modelo económico mediante el cual Argentina construye, mantiene y financia una parte de sus caminos estratégicos. Las rutas nacionales fueron históricamente una herramienta de integración territorial, de desarrollo productivo y de presencia federal; ahora, una parte cada vez mayor de esa red quedará organizada alrededor de contratos privados de largo plazo y de la capacidad de generar ingresos mediante el tránsito que circula por ellas.

La pregunta histórica que queda planteada no es, entonces, si el Estado o las empresas privadas pueden mantener una ruta en mejores condiciones, sino qué modelo de país termina expresándose en la infraestructura que conecta sus territorios. La decisión de entregar ocho corredores durante veinte años convierte esa discusión en algo concreto: miles de kilómetros de caminos nacionales, cientos de localidades conectadas por ellos y millones de viajes que durante las próximas dos décadas estarán atravesados por un nuevo esquema de concesiones, peajes e inversión privada. El tiempo dirá si el modelo logra la prometida modernización de la red o si termina consolidando, como siempre pasa, sobre el territorio nacional, un nuevo negocio privado alrededor de una infraestructura que durante generaciones fue considerada una herramienta estratégica del Estado argentino.