Política

 

La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.

Por Redacción de NLI

Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.

La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.

Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.

El problema no es solamente cuánto cuesta un libro

La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.

Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.

Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.

El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.

Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?

Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.

La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.

Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado

El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?

La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.

Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.

Ese ecosistema es frágil.

Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.

El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.

Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.

No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.

Una discusión que recién comienza

El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.

La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.

La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.

No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.

La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.

Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.

El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.

 

 

Milei volvió a atacar a Lula y profundiza la crisis con Brasil. La política exterior argentina, cada vez más subordinada a la batalla ideológica de la ultraderecha.

Por Roque Pérez para NLI

El Presidente volvió a atacar a Lula y esta vez decidió amplificar las acusaciones de un congresista estadounidense aliado de Donald Trump. Mientras Brasil reclama terminar con las agresiones y ya rebajó el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires, la política exterior argentina parece cada vez más subordinada a las disputas ideológicas de la ultraderecha internacional.

Milei volvió a elegir la confrontación como instrumento de política exterior. Lejos de intentar bajar la tensión con Brasil, el Presidente decidió replicar en sus redes sociales las críticas del congresista estadounidense Carlos Giménez, un dirigente republicano de origen cubano y cercano a Donald Trump, quien atacó públicamente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y lo calificó de “delincuente”. Milei hizo propio el mensaje y volvió a colocar al principal socio regional de la Argentina en el centro de su batalla política.

El episodio podría parecer, a primera vista, una nueva disputa discursiva en redes sociales. Pero ocurre después de una sucesión de ataques que ya produjo consecuencias concretas para la relación bilateral. Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una decisión extraordinaria entre dos países que, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos, mantienen una relación económica, comercial, social y estratégica que excede largamente a sus presidentes de turno.

La pregunta que debería hacerse la Argentina, entonces, no es qué tan fuerte fue el insulto de Milei contra Lula, sino qué beneficio obtiene el país de esta política exterior basada en agravios personales y alineamientos ideológicos. Porque mientras el Presidente parece encontrar en cada conflicto internacional una nueva oportunidad para reforzar su identidad política ante sus seguidores, los costos de esas decisiones recaen sobre el conjunto del país.

Una diplomacia diseñada para la batalla ideológica

Desde que llegó al poder, Milei modificó de manera sustancial la tradición diplomática argentina. La política exterior dejó de estar planteada fundamentalmente alrededor de los intereses permanentes del Estado para quedar cada vez más vinculada a una particular concepción ideológica del mundo.

En ese esquema, Estados Unidos, Donald Trump, Israel y las derechas radicalizadas de distintos países aparecen como aliados naturales, mientras que los gobiernos que Milei identifica con la izquierda o el progresismo son tratados como adversarios políticos. Brasil, por su peso regional y por la presencia de Lula en la conducción del país, ocupa un lugar central en esa disputa.

El problema es que una cosa es que el Presidente tenga diferencias políticas con Lula y otra muy distinta es transformar esas diferencias en una política de Estado. La Argentina no tiene por qué compartir las posiciones del gobierno brasileño para entender que Brasil es su principal socio regional, una de las mayores economías del mundo y un actor indispensable para cualquier estrategia de integración sudamericana.

Sin embargo, Milei parece haber decidido que la relación con Brasil debe estar condicionada por la pelea entre la derecha y la izquierda. Incluso su respaldo político a dirigentes brasileños enfrentados con Lula forma parte de ese esquema. La diplomacia tradicional entiende que un Presidente representa a todos los argentinos incluso cuando habla con gobiernos que no le gustan. La lógica de Milei parece funcionar al revés: cada escenario internacional es convertido en una extensión de su propia interna política.

Y allí aparece una de las principales contradicciones de su discurso. El Gobierno suele presentar su política exterior como una defensa de la libertad, del comercio y de los intereses argentinos. Pero una política exterior verdaderamente pragmática debería preguntarse primero qué necesita la Argentina y no quién comparte la misma ideología que el Presidente.

El dato que Milei omite cuando habla de Lula

En sus ataques, Milei suele presentar a Lula como un dirigente que fue condenado y posteriormente liberado. La formulación, sin embargo, omite un dato jurídico fundamental: las condenas contra Lula fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En marzo de 2021, el ministro Edson Fachin determinó que la Justicia Federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos contra Lula porque los hechos investigados no tenían relación directa con los desvíos de Petrobras. El Plenario del Supremo Tribunal Federal confirmó posteriormente esa decisión por 8 votos contra 3.

Pero hubo además otro elemento decisivo. El Supremo Tribunal Federal reconoció la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro en el proceso del triplex de Guarujá y anuló las decisiones adoptadas por él en esa causa.

Esto no significa que una discusión política deba convertirse en una defensa automática de Lula ni que las acusaciones de corrupción puedan ser borradas de la historia. Significa algo mucho más sencillo: un Presidente argentino no debería presentar como verdad absoluta una caracterización jurídica que omite las decisiones posteriores de la máxima instancia judicial brasileña.

Y mucho menos utilizar esa caracterización para justificar una escalada diplomática con el gobierno de un país vecino.

El asunto adquiere todavía mayor gravedad porque el ataque ya no se limita a las declaraciones personales de Milei. Ahora el Presidente reproduce las acusaciones de un congresista estadounidense y las incorpora a su propia comunicación política. Es decir, la diplomacia argentina aparece cada vez más atravesada por una lógica de alineamiento internacional donde los adversarios políticos de Trump se convierten automáticamente en adversarios de Milei.

La pregunta inevitable es dónde queda la defensa del interés argentino.

Brasil no es un enemigo de Milei: es un vecino de la Argentina

La crisis actual debería ser observada desde una perspectiva mucho más amplia. Argentina y Brasil no son simplemente dos gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas. Existe entre ambos países una estructura económica y social construida durante décadas, con millones de personas vinculadas por comercio, inversiones, turismo, industria, energía y cadenas productivas.

El Mercosur, además, constituye uno de los principales instrumentos de inserción internacional de la Argentina. Romper puentes con Brasil por una disputa personal entre dos presidentes no es una muestra de firmeza: puede convertirse en una forma extremadamente costosa de aislamiento.

Brasil ya dio una señal concreta. El retiro de su embajador y la reducción de la representación diplomática fueron justificadas por el Gobierno de Lula como una respuesta a los “reiterados insultos y agresiones” de Milei. La Cancillería brasileña reclamó que Argentina detenga las agresiones para poder recomponer el vínculo.

La respuesta argentina debería ser sencilla: defender sus posiciones, negociar lo que corresponda y preservar los canales diplomáticos. Pero el Gobierno parece atrapado en una dinámica diferente, en la cual retroceder frente a un adversario ideológico es interpretado como una derrota política.

Ese mecanismo puede funcionar en una campaña electoral o en las redes sociales. En relaciones internacionales, puede ser desastroso.

Porque los Estados no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes: tienen intereses. Y una política exterior madura busca preservar esos intereses incluso cuando los gobiernos que están del otro lado de la mesa piensan completamente distinto.

Milei parece haber elegido otro camino.

El costo de convertir a la Argentina en una pieza de la interna de Trump

Hay una dimensión todavía más profunda en esta crisis. El nuevo ataque a Lula, producido mediante la reproducción de las palabras de un congresista estadounidense cercano a Trump, muestra hasta qué punto la política exterior argentina puede estar funcionando como una extensión de la batalla política de la derecha norteamericana.

La Argentina no debería necesitar que un congresista de Estados Unidos le indique quién es amigo y quién enemigo en América Latina. Mucho menos que la agenda internacional del país quede determinada por las disputas electorales o geopolíticas de Washington.

El alineamiento automático tiene un problema elemental: Estados Unidos cambia de intereses según sus propias necesidades y sus propios gobiernos. La Argentina, en cambio, tiene que convivir con sus vecinos todos los días. Brasil seguirá estando al lado de nuestro país cuando cambie el gobierno de Milei, cuando termine el gobierno de Lula y cuando Donald Trump deje la Casa Blanca.

Por eso una diplomacia inteligente debería construir puentes, diversificar vínculos y defender la soberanía nacional. No transformar a la Argentina en un actor secundario dentro de una pelea ideológica ajena.

La política exterior de Milei corre, en cambio, el riesgo de convertir al país en algo mucho más pequeño: un país que grita fuerte pero negocia desde una posición cada vez más débil.

Y la crisis con Brasil es la demostración más concreta.

Mientras el Presidente obtiene repercusión en las redes sociales por cada nuevo insulto, la Argentina pierde capacidad de diálogo con uno de sus socios fundamentales. Mientras Milei fortalece su imagen ante el núcleo duro que celebra sus enfrentamientos, el país paga el costo de una diplomacia que confunde firmeza con agresión, soberanía con alineamiento y liderazgo con provocación.

La política exterior no debería existir para alimentar el algoritmo presidencial. Debería existir para defender los intereses de la Argentina.

Y si para sostener una pelea ideológica con Lula el Gobierno está dispuesto a deteriorar la relación con Brasil, entonces el problema ya no es solamente el estilo de Milei.

El problema es que la Argentina puede estar empezando a pagar el precio de una política exterior diseñada para satisfacer al Presidente antes que para servir al país.

 

 

Durante décadas, Buenos Aires convivió con una idea que hoy parece salida de una novela de ciencia ficción: construir una enorme red subterránea capaz de trasladar personas, vehículos, servicios y hasta actividades comerciales por debajo de la ciudad. El proyecto nunca llegó a concretarse, pero sus planos permiten descubrir otra Buenos Aires posible, una ciudad pensada para crecer hacia abajo cuando el tránsito y la expansión urbana recién comenzaban a convertirse en un problema.

Por Redacción de NLI

Hay ciudades que se expanden hacia arriba y otras que lo hacen hacia afuera. Buenos Aires, en cambio, comenzó muy temprano a imaginar una tercera posibilidad: crecer hacia abajo. Mucho antes de que los grandes túneles urbanos se convirtieran en una solución habitual para el tránsito de las metrópolis, ingenieros y urbanistas argentinos elaboraron proyectos para construir enormes corredores subterráneos debajo de la capital. Algunos buscaban aliviar el tránsito, otros reorganizar el transporte y hubo incluso propuestas que imaginaban verdaderas ciudades bajo la ciudad. La mayoría quedó en planos, pero esos proyectos revelan hasta qué punto Buenos Aires fue, durante buena parte del siglo XX, un laboratorio de ideas urbanísticas.

Una ciudad que empezó a quedarse sin espacio

A comienzos del siglo XX, Buenos Aires estaba viviendo una transformación extraordinaria. La llegada masiva de inmigrantes, el crecimiento industrial, la expansión de los barrios y el aumento constante de automóviles y tranvías estaban modificando una ciudad que había sido diseñada para una escala completamente diferente.

El problema no era solamente la cantidad de habitantes. También comenzaba a cambiar la velocidad con la que las personas se desplazaban. Las calles que habían servido para carruajes debían soportar tranvías eléctricos, automóviles, camiones, bicicletas y peatones. La congestión empezó a convertirse en una preocupación permanente y aparecieron propuestas cada vez más ambiciosas para reorganizar el tránsito.

En ese contexto, el subterráneo adquirió una importancia estratégica. Buenos Aires había inaugurado en 1913 la primera línea de subterráneos de América Latina, un acontecimiento que colocó a la ciudad a la vanguardia regional. Pero los planificadores entendieron rápidamente que una sola red no alcanzaría para resolver todos los problemas de movilidad que aparecerían con el crecimiento urbano.

El subsuelo comenzó entonces a ser visto como un territorio disponible.

No era una idea completamente descabellada. Las grandes ciudades europeas ya construían túneles ferroviarios y metropolitanos, mientras Nueva York y otras ciudades estadounidenses desarrollaban sistemas subterráneos de enormes dimensiones. La pregunta era qué podía hacer Buenos Aires con ese espacio invisible que se encontraba debajo de sus calles.

Los proyectos que imaginaban otra Buenos Aires

Durante el siglo XX surgieron numerosos proyectos para ampliar las redes subterráneas y construir túneles destinados a distintos usos. Algunos proponían líneas ferroviarias, otros corredores para automóviles y otros buscaban separar completamente el tránsito rápido de la circulación superficial.

La idea central era sencilla: si la superficie estaba saturada, había que liberar espacio trasladando parte de las actividades hacia abajo.

Uno de los aspectos más interesantes de esos proyectos era que no siempre se pensaba en túneles exclusivamente como vías de transporte. Algunos urbanistas imaginaban que el subsuelo podía albergar estacionamientos, depósitos, centros de distribución, instalaciones técnicas y servicios urbanos. En determinados planes aparecía una concepción mucho más radical: una ciudad organizada en diferentes niveles, donde cada capa tendría una función específica.

La superficie quedaría reservada principalmente para peatones, espacios verdes y actividades urbanas, mientras los vehículos y determinados servicios circularían por debajo.

La idea tenía un atractivo evidente. Permitía conservar el trazado histórico de las calles sin necesidad de demoler edificios enteros para construir grandes autopistas. También prometía reducir el ruido y la contaminación en determinadas zonas y liberar terrenos muy valiosos del centro porteño.

Pero había un problema gigantesco: el costo.

Construir túneles debajo de una ciudad consolidada significaba enfrentarse a redes de agua, cloacas, electricidad, gas, líneas ferroviarias, cimientos de edificios y una enorme cantidad de infraestructura que ya existía bajo tierra. Cada excavación podía convertirse en una obra de ingeniería de enorme complejidad.

A eso se sumaba otra dificultad: Buenos Aires está asentada sobre terrenos cuya composición y presencia de agua subterránea hacen especialmente exigentes determinados trabajos de excavación.

La ciudad que finalmente eligió otra dirección

Con el paso de las décadas, Buenos Aires fue resolviendo sus problemas de movilidad mediante una combinación de alternativas: ampliación de avenidas, construcción de autopistas, extensión del subterráneo, incorporación de ferrocarriles metropolitanos y desarrollo de nuevas modalidades de transporte público.

Algunos proyectos subterráneos llegaron a convertirse en obras concretas. Otros quedaron archivados y reaparecieron décadas después bajo nuevos nombres. Cada generación de urbanistas volvió a imaginar, de alguna manera, cómo reorganizar una ciudad que nunca dejó de crecer.

Pero aquellos viejos proyectos tienen hoy un valor que supera la curiosidad arquitectónica. Permiten observar cómo cada época imagina su propio futuro.

Los urbanistas de mediados del siglo XX veían el automóvil como símbolo del progreso y pensaban en corredores capaces de permitir que millones de vehículos atravesaran la ciudad con mayor velocidad. Décadas después, el problema comenzó a plantearse de manera diferente: transporte público, movilidad sustentable, bicicletas, espacios verdes y reducción del uso del automóvil volvieron a ocupar el centro del debate.

La ciudad soñada cambió porque también cambió la idea de progreso.

Y ahí aparece la parte más fascinante de esta historia. Los proyectos que nunca fueron construidos también forman parte de la historia urbana. Un plano guardado en un archivo puede revelar tanto sobre una sociedad como una obra terminada: muestra qué problemas preocupaban a sus dirigentes, qué tecnologías consideraban posibles y qué modelo de ciudad imaginaban para las generaciones futuras.

Buenos Aires no terminó convertida en una ciudad subterránea. Pero debajo de sus calles existe todavía una infraestructura enorme que demuestra que aquella intuición no era completamente equivocada. Túneles ferroviarios, líneas de subterráneo, galerías técnicas, estacionamientos y redes de servicios forman una segunda ciudad invisible que funciona todos los días mientras millones de personas caminan sobre ella sin verla.

Quizás la verdadera ciudad subterránea nunca haya sido construida porque, en realidad, Buenos Aires ya tiene una. Solo que no es la ciudad futurista que imaginaron aquellos viejos proyectos, sino una compleja red de infraestructura que sostiene silenciosamente la vida cotidiana de la superficie.

Y cada vez que un tren entra en un túnel, un subte atraviesa una estación o una red de servicios permite que un edificio siga funcionando, aquella vieja idea vuelve a aparecer, aunque ya nadie la vea.

 

 

La fecha que quedó grabada en la historia responde a un calendario que Rusia ya no utiliza. La insurrección bolchevique comenzó el 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, pero esa misma jornada correspondía al 7 de noviembre en el calendario gregoriano. La diferencia de 13 días explica por qué la Revolución de Octubre ocurrió, para buena parte del mundo, en noviembre.

Por Alcides Blanco para NLI

La historia suele quedar atrapada en los nombres con los que fue bautizada. La Revolución de Octubre es uno de los ejemplos más famosos. Durante generaciones, millones de personas aprendieron que el 25 de octubre de 1917 los bolcheviques encabezados por Vladimir Lenin tomaron el poder en Rusia y pusieron en marcha uno de los procesos políticos más trascendentales del siglo XX. Sin embargo, si alguien viajara hasta aquella misma fecha utilizando el calendario que actualmente rige en la mayor parte del mundo, descubriría algo aparentemente desconcertante: el 25 de octubre ruso era el 7 de noviembre para el resto de Europa.

No se trata de un error histórico ni de una modificación posterior de los acontecimientos. La explicación está en una cuestión aparentemente menor, pero fundamental para comprender cómo se registraban las fechas en la Rusia de comienzos del siglo XX: el Imperio ruso todavía utilizaba el calendario juliano, mientras que la mayoría de los países europeos ya se regían por el calendario gregoriano, establecido en 1582 por iniciativa del papa Gregorio XIII. Entre ambos calendarios existía entonces una diferencia de 13 días.

Por eso, cuando los bolcheviques avanzaron sobre los principales puntos estratégicos de Petrogrado durante la noche del 24 al 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, en los países que utilizaban el calendario gregoriano ya era la noche del 6 al 7 de noviembre. La revolución que Rusia llamó “de Octubre” ocurrió, entonces, en noviembre según el calendario que hoy utilizamos.

Dos calendarios para una misma revolución

Para entender el asunto hay que retroceder algunos siglos. El calendario juliano había sido introducido por Julio César en el año 46 antes de Cristo y durante muchísimo tiempo fue utilizado como referencia en Europa. El problema era que su cálculo del año solar contenía una pequeña diferencia que, acumulada durante siglos, provocaba un desplazamiento progresivo de las fechas respecto de las estaciones.

En 1582 se introdujo el calendario gregoriano para corregir ese desfasaje. Los países católicos comenzaron a adoptarlo rápidamente, aunque otros Estados europeos lo hicieron mucho después. Rusia, vinculada además a la tradición de la Iglesia ortodoxa, mantuvo durante siglos el calendario juliano.

Así, mientras Francia, España, Italia y otros países europeos ya utilizaban el calendario gregoriano, Rusia continuaba registrando oficialmente sus acontecimientos con el sistema anterior. La diferencia, que durante buena parte de la historia había sido de 10 u 11 días, llegó a 13 días en los siglos XX y XXI.

Eso significa que un acontecimiento fechado oficialmente en Rusia como 25 de octubre de 1917 debe convertirse en 7 de noviembre de 1917 al trasladarlo al calendario gregoriano.

La confusión se vuelve todavía mayor porque los propios protagonistas de la revolución utilizaron las fechas del calendario vigente en Rusia. Para ellos, aquella jornada era efectivamente octubre. El nombre Revolución de Octubre no fue una equivocación: era la denominación correcta dentro del sistema de fechas que utilizaba el Estado ruso.

La revolución que cambió el siglo XX

Pero detrás de esos 13 días existe una historia mucho más profunda. La revolución no surgió de la nada ni comenzó y terminó en una única jornada. 1917 fue el resultado de una crisis acumulada durante años, agravada por la Primera Guerra Mundial, la pobreza, el hambre, las enormes desigualdades sociales y el agotamiento de un régimen autocrático que tenía en el zar Nicolás II su máxima autoridad.

Rusia había ingresado en la Primera Guerra Mundial en 1914 y el conflicto tuvo consecuencias devastadoras. Millones de soldados murieron, resultaron heridos o fueron tomados prisioneros. La economía se deterioró, las ciudades comenzaron a sufrir problemas de abastecimiento y la población campesina soportó enormes sacrificios.

En febrero de 1917 —también aquí hay que hacer la conversión de calendario— una oleada de huelgas, protestas y movilizaciones terminó provocando la caída del zar Nicolás II, que abdicó el 15 de marzo según el calendario gregoriano, correspondiente al 2 de marzo del calendario juliano.

La monarquía había caído, pero la crisis estaba lejos de resolverse.

Se formó un Gobierno Provisional, mientras paralelamente se fortalecían los soviets, consejos integrados por trabajadores y soldados. Se produjo así una situación de poder dual: por un lado, las instituciones del Gobierno Provisional; por otro, una estructura política nacida de la movilización popular.

El problema fundamental era que el nuevo gobierno decidió continuar la guerra. Para una población exhausta, esa decisión resultó cada vez más difícil de aceptar.

En ese escenario crecieron los bolcheviques, encabezados por Lenin, que sintetizaron buena parte de sus consignas en demandas que podían ser comprendidas fácilmente por una sociedad atravesada por la crisis: paz, pan y tierra.

Del 25 de octubre al 7 de noviembre

Durante el otoño ruso de 1917, la situación política se volvió explosiva. Los bolcheviques lograron aumentar su influencia en los soviets de Petrogrado y Moscú y comenzaron a preparar una insurrección destinada a desplazar al Gobierno Provisional.

La noche del 24 al 25 de octubre del calendario juliano, fuerzas revolucionarias ocuparon puntos estratégicos de Petrogrado: puentes, estaciones, centrales de comunicaciones y edificios fundamentales para controlar la ciudad.

El objetivo era aislar al Gobierno Provisional y tomar los centros neurálgicos del poder.

El episodio más simbólico fue la toma del Palacio de Invierno, sede del Gobierno Provisional. En las horas siguientes, los ministros fueron detenidos y el poder quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, encabezado por Lenin.

Pero aquí aparece nuevamente la cuestión del calendario.

Para los rusos de aquel momento, el asalto decisivo estaba ocurriendo el 25 de octubre de 1917. Para los países que utilizaban el calendario gregoriano, era el 7 de noviembre.

Cuando la revolución pasó a ser estudiada internacionalmente, muchos historiadores comenzaron a utilizar las fechas gregorianas para facilitar la comparación con los acontecimientos del resto del mundo. Sin embargo, el nombre original permaneció: Revolución de Octubre.

La paradoja quedó instalada para siempre.

Lenin, Trotsky y una revolución que no terminó aquella noche

Otro error frecuente consiste en imaginar la Revolución de Octubre como un golpe instantáneo que produjo inmediatamente un Estado soviético consolidado. En realidad, la toma del poder fue el comienzo de un proceso mucho más largo.

Los bolcheviques debieron enfrentar a sus adversarios políticos, reorganizar el Estado, hacer frente a la resistencia armada y, finalmente, atravesar una guerra civil que se extendió desde 1918 hasta aproximadamente 1922.

Entre las figuras centrales del proceso estuvieron Lenin y León Trotsky, quien tuvo un papel decisivo en la organización militar de la revolución y en la creación del Ejército Rojo. También participaron miles de dirigentes, militantes, obreros, soldados y campesinos cuyas historias quedaron muchas veces subordinadas a los nombres de los grandes líderes.

La revolución tampoco fue un fenómeno exclusivamente urbano. La cuestión de la tierra, el poder de los terratenientes y la situación de los campesinos fueron elementos fundamentales para entender la crisis del viejo régimen.

En 1918, el nuevo gobierno decidió adoptar oficialmente el calendario gregoriano. Rusia pasó directamente del 31 de enero al 14 de febrero de ese año, eliminando así los 13 días de diferencia que existían con el calendario occidental.

Desde entonces, Rusia comenzó a utilizar el mismo calendario civil que gran parte del mundo.

Pero la revolución ya había quedado bautizada.

¿Entonces fue en octubre o en noviembre?

La respuesta correcta es: en ambos, dependiendo del calendario utilizado.

El acontecimiento comenzó el 24-25 de octubre de 1917 según el calendario juliano vigente en Rusia. Esa misma fecha correspondía al 6-7 de noviembre de 1917 según el calendario gregoriano.

Por eso, cuando hoy se conmemora la Revolución de Octubre el 7 de noviembre, no se está cambiando la historia. Se está utilizando el calendario que Rusia adoptó posteriormente.

La paradoja tiene incluso una dimensión simbólica. La revolución que pretendía romper con el viejo orden terminó siendo recordada con una fecha perteneciente a un sistema de calendario que el nuevo poder abandonaría pocos meses después.

La historia, como suele ocurrir, también está hecha de pequeños detalles.

Trece días separan octubre de noviembre. Pero esos trece días también sirven para recordar algo más importante: las fechas históricas no existen aisladas del mundo que las produjo. Detrás de una jornada revolucionaria hubo una guerra, millones de personas movilizadas, una monarquía en crisis, hambre, desigualdad, luchas políticas y una sociedad que había llegado al límite.

La Revolución de Octubre fue, entonces, una revolución de noviembre para nuestro calendario. Pero siguió siendo de octubre para quienes la hicieron.

Y así quedó grabada en la memoria histórica: una revolución que ocurrió en noviembre, pero que la historia decidió llamar Octubre.

 

 

Hasta mediados del siglo XX, los automovilistas argentinos circulaban por la izquierda, como todavía ocurre en el Reino Unido. El cambio de mano realizado en 1945 fue una de las transformaciones logísticas más grandes de la historia nacional y obligó a modificar rutas, colectivos, tranvías, señales de tránsito y hasta la fabricación de los automóviles.

Por Redacción de NLI

Hoy nadie duda de qué lado de la calle debe circular un vehículo en la Argentina. Es una de esas reglas que parecen haber existido desde siempre y cuya naturalidad impide preguntarse por su origen. Sin embargo, durante gran parte de la historia nacional ocurrió exactamente lo contrario: carruajes, tranvías y los primeros automóviles transitaban por la izquierda. La decisión de cambiar completamente el sentido de circulación no respondió a una moda ni a un capricho administrativo. Fue el resultado de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas que estaban modificando el comercio mundial y la integración regional. Aquella jornada obligó a reorganizar la vida cotidiana de millones de personas y se convirtió en uno de los mayores operativos de coordinación realizados por el Estado argentino en tiempos de paz.

Cuando los argentinos circulaban «al revés»

La costumbre de circular por la izquierda tenía raíces muy antiguas. Provenía de tradiciones europeas que se remontaban a la época de los carruajes y de los jinetes armados, cuando mantener la mano derecha libre facilitaba el manejo de armas o el saludo entre quienes se cruzaban en el camino. Como muchas otras normas urbanas, esa práctica fue heredada durante la etapa colonial y permaneció vigente incluso después de la independencia.

Cuando aparecieron los primeros automóviles, a fines del siglo XIX, simplemente adoptaron las reglas ya existentes. Buenos Aires, Rosario, Córdoba y las principales ciudades argentinas convivieron durante décadas con vehículos que circulaban por la izquierda, mientras el crecimiento del parque automotor comenzaba a transformar el paisaje urbano. Los tranvías, los colectivos y los primeros ómnibus también fueron diseñados para ese sistema, al igual que buena parte de la señalización vial.

Sin embargo, el escenario internacional estaba cambiando rápidamente. La expansión de la industria automotriz estadounidense convirtió a los vehículos fabricados en ese país en protagonistas del mercado mundial. A diferencia del modelo británico, los automóviles norteamericanos estaban pensados para circular por la derecha y comenzaron a imponerse también en América Latina. La Argentina, cada vez más integrada comercialmente con sus vecinos, enfrentaba un problema creciente: compartía largas fronteras con países que ya utilizaban la circulación por la derecha o se preparaban para adoptarla.

El histórico cambio de 1945

El 10 de junio de 1945 quedó grabado como el día en que la Argentina cambió oficialmente de mano. Detrás de aquella decisión existía un enorme trabajo previo de planificación. Durante meses se reemplazaron señales de tránsito, se adaptaron cruces ferroviarios, se modificaron paradas de transporte público y se organizaron campañas informativas para evitar accidentes.

El desafío era gigantesco. No se trataba solamente de pedirles a los conductores que manejaran por el otro lado. Miles de colectivos debieron modificar sus recorridos, numerosos vehículos fueron adaptados y las autoridades desplegaron un importante operativo policial para acompañar las primeras horas del cambio. Los diarios de la época dedicaron amplias coberturas a explicar cómo debía comportarse la población durante esa jornada excepcional.

Uno de los argumentos centrales para adoptar la circulación por la derecha era la integración con Brasil, Uruguay y el resto de América del Sur, además de facilitar la importación de automóviles producidos bajo los estándares internacionales que comenzaban a consolidarse después de la Segunda Guerra Mundial. La decisión también respondía al crecimiento constante del transporte automotor, que exigía reglas homogéneas para reducir riesgos y simplificar la circulación entre provincias y países vecinos.

Sorprendentemente, el cambio se produjo con menos inconvenientes de los que muchos imaginaban. Aunque hubo episodios aislados y cierta confusión durante las primeras horas, la adaptación fue relativamente rápida. En pocos días, una costumbre arraigada durante siglos había comenzado a desaparecer.

Una decisión cotidiana que habla de un país en transformación

La historia del cambio de mano permite comprender que incluso las normas más elementales de la vida cotidiana responden a procesos históricos mucho más amplios. La circulación por la derecha no fue únicamente una cuestión de tránsito. Reflejó la creciente importancia de la industria automotriz, la necesidad de coordinar políticas públicas con los países vecinos y el papel del Estado en la organización de un territorio cada vez más complejo.

También muestra cómo las sociedades son capaces de modificar hábitos profundamente incorporados cuando existe planificación, información y una estrategia clara. Lo que durante generaciones había parecido inmutable dejó de serlo en una sola jornada, sin alterar el funcionamiento general del país.

Ochenta años después, muy pocos argentinos saben que sus abuelos aprendieron a conducir por el lado opuesto al actual. Cada vez que un automóvil toma una avenida o una ruta nacional, reproduce una decisión adoptada en 1945 que cambió para siempre la movilidad argentina. Es una de esas transformaciones silenciosas que, precisamente porque tuvieron éxito, terminaron desapareciendo de la memoria colectiva.

 

 

Entre el 7 y el 14 de enero de 1919, Buenos Aires vivió uno de los episodios más violentos de la historia social argentina. Lo que comenzó como un conflicto laboral en los Talleres Vasena terminó convirtiéndose en una represión masiva contra trabajadores, con cientos de muertos y heridos. La Semana Trágica marcó un antes y un después en la relación entre el Estado, el empresariado y el movimiento obrero, y anticipó una discusión que atraviesa a la Argentina hasta hoy: qué lugar ocupan los trabajadores en el modelo de desarrollo de un país.

Por Redacción de NLI

La historia de los derechos laborales en la Argentina no nació de una concesión espontánea del poder económico ni de una decisión administrativa tomada desde los despachos oficiales. Fue el resultado de décadas de organización, huelgas, movilizaciones y conflictos protagonizados por trabajadores que reclamaban condiciones de vida más dignas en una sociedad marcada por profundas desigualdades.

Uno de los momentos más dramáticos de ese proceso ocurrió en enero de 1919, cuando la ciudad de Buenos Aires quedó paralizada por un conflicto que comenzó en una fábrica metalúrgica y terminó transformándose en una crisis política y social de enormes dimensiones. Aquellos días, conocidos como la Semana Trágica, dejaron una marca profunda en la memoria del movimiento obrero argentino y revelaron hasta qué punto la cuestión laboral ya no podía ser considerada un problema menor.

El conflicto tuvo su origen en los Talleres Metalúrgicos Vasena, una empresa ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal. Los trabajadores reclamaban mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de seguridad. La respuesta empresarial fue la negativa a aceptar los reclamos y la incorporación de personal para reemplazar a los huelguistas, una práctica conocida como contratación de rompehuelgas.

El enfrentamiento fue escalando hasta que el 7 de enero se produjo un choque entre trabajadores y fuerzas de seguridad. La represión dejó varios muertos y provocó una reacción inmediata del movimiento obrero, que convocó a una huelga general.

Lo que siguió fue una semana de violencia en las calles de Buenos Aires, con enfrentamientos entre trabajadores, fuerzas policiales, el Ejército y grupos civiles armados vinculados a sectores conservadores.

Una Argentina moderna, pero profundamente desigual

La Semana Trágica ocurrió en una Argentina que atravesaba grandes transformaciones. El país había experimentado un fuerte crecimiento económico basado en el modelo agroexportador y Buenos Aires se había convertido en una de las ciudades más importantes de América Latina.

Pero detrás de esa imagen de progreso existía una realidad social mucho más compleja. Miles de inmigrantes europeos habían llegado buscando oportunidades y terminaron incorporándose a un mercado laboral con bajos salarios, extensas jornadas y escasas protecciones. La riqueza generada por el crecimiento económico no se distribuía de manera equitativa y la cuestión social comenzaba a ocupar un lugar central.

Las organizaciones obreras, influenciadas por distintas corrientes políticas como el socialismo, el anarquismo y posteriormente el sindicalismo revolucionario, comenzaron a reclamar derechos que hoy parecen básicos: descanso semanal, límites a la jornada laboral, seguridad en los lugares de trabajo y mejores salarios.

Para las elites dirigentes de la época, muchas de esas demandas eran vistas como una amenaza al orden establecido. El conflicto laboral era interpretado no como una discusión sobre derechos, sino como un problema de seguridad.

La violencia del Estado y la disputa por la memoria

Uno de los aspectos más controvertidos de la Semana Trágica fue el papel del Estado. Durante esos días, las fuerzas de seguridad y sectores civiles reaccionarios participaron de una represión que dejó un número de víctimas que todavía es discutido por los historiadores, aunque existe consenso en que fueron cientos.

El episodio también estuvo acompañado por persecuciones contra comunidades inmigrantes, especialmente integrantes de organizaciones obreras y militantes de izquierda. La violencia no se limitó al conflicto fabril, sino que alcanzó dimensiones políticas y sociales más amplias.

La Semana Trágica mostró una tensión que se repetiría muchas veces en la historia argentina: cómo responde el Estado cuando los trabajadores organizados reclaman una participación mayor en la distribución de la riqueza.

Del conflicto social a la construcción de derechos

Aunque la Semana Trágica terminó con una derrota para los trabajadores de Vasena, sus consecuencias fueron profundas. El conflicto obligó a la dirigencia política a reconocer que la cuestión laboral ya no podía ser ignorada y aceleró un proceso de discusión sobre la necesidad de establecer regulaciones para proteger a los trabajadores.

Décadas más tarde, especialmente a partir del surgimiento del peronismo, muchos de esos reclamos históricos se transformarían en derechos incorporados al sistema laboral argentino: vacaciones pagas, aguinaldo, convenios colectivos, indemnizaciones y una mayor institucionalización del vínculo entre trabajadores, sindicatos y Estado.

La relación entre esos derechos y las luchas obreras previas forma parte de un debate histórico. Pero existe un punto innegable: las conquistas laborales argentinas fueron producto de un largo proceso de organización social.

Un siglo después, la discusión vuelve

Más de cien años después, muchas de las discusiones de aquella época reaparecen en el debate público. Las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, con propuestas orientadas a flexibilizar normas laborales y reducir regulaciones, volvieron a colocar en el centro una pregunta histórica: si los derechos laborales son obstáculos para la economía o herramientas para construir una sociedad más equilibrada.

Quienes defienden las reformas sostienen que una menor regulación puede favorecer la creación de empleo y reducir costos para las empresas. Sus críticos advierten que muchas de esas medidas implican trasladar el costo de las crisis económicas sobre los trabajadores y debilitar herramientas de protección construidas durante décadas.

La Semana Trágica recuerda que la discusión sobre el trabajo nunca fue solamente económica. Siempre implicó una disputa sobre qué tipo de sociedad se quiere construir y quiénes participan de los beneficios del crecimiento.

A más de un siglo de aquellos días de enero de 1919, la Semana Trágica continúa siendo una de las páginas más dolorosas de la historia argentina. No solamente por la violencia que dejó, sino porque reveló un conflicto que atraviesa toda la modernidad argentina: cómo equilibrar producción, riqueza y derechos. La historia del movimiento obrero muestra que muchos de los derechos que hoy parecen naturales alguna vez fueron considerados demandas imposibles. Y recuerda que detrás de cada conquista laboral hubo trabajadores que decidieron organizarse para reclamarla.