Política

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    Trenes al descarriladero: Liniers y San Miguel, dos señales del vaciamiento ferroviario

    PorInvitad@ Especial

     

    El descarrilamiento de una formación del Sarmiento en Liniers, con al menos 19 heridos, vuelve a poner en evidencia la desinversión y el retiro del control estatal sobre el sistema ferroviario. Hace menos de tres semanas, un choque entre dos trenes del Urquiza en San Miguel había encendido la misma alarma. El ajuste de Milei sobre el transporte público ya muestra sus consecuencias.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Otra jornada negra para el Sarmiento

    Una formación del tren Sarmiento se descarriló este martes a las 15:50 a unos cien metros de la estación Liniers, cerca de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. La formación se descalzó a pocos metros del paso a nivel, obligando a los pasajeros a evacuar entre el susto, el humo y el desconcierto.

    El SAME desplegó 40 móviles y atendió a 19 personas, de las cuales 9 fueron trasladadas a los hospitales Santojanni, Vélez Sársfield, Álvarez y Grierson. Según informó su titular, Alberto Crescenti, no hubo víctimas fatales, aunque varios pasajeros presentaron politraumatismos. El operativo de rescate concluyó cerca de las 17:20.

    En la estación Once, los pasajeros estallaron en enojo al encontrarse con cancelaciones y demoras sin explicación oficial. No es para menos: el episodio se suma a una seguidilla de fallas y emergencias en el servicio.

    Una tragedia anunciada

    Desde la Agrupación Naranja Ferroviaria Nacional, integrada al Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), responsabilizaron directamente al Gobierno de Milei: “Decimos claramente que el gobierno nacional es responsable del vaciamiento y la desinversión, dejando una infraestructura obsoleta sin mantenimiento”.

    Los trabajadores recordaron que “hace poco más de 20 días también ocurrió un hecho similar en el ferrocarril Urquiza, provocando un choque de trenes y varios heridos”, y denunciaron que “la falta de inversión en material rodante y en infraestructura genera accidentes predecibles y perfectamente evitables”. Exigieron la reestatización del sistema ferroviario y un plan de obras urgentes.

    No es una advertencia nueva. En septiembre, el sindicato La Fraternidad había realizado medidas de fuerza y “trabajo a reglamento”, denunciando públicamente el saqueo y el abandono en el sector. Pero el Gobierno libertario eligió el camino inverso: ajustar el presupuesto, reducir controles y volver a abrir las puertas a la privatización.

    El antecedente de San Miguel

    El 23 de octubre, dos formaciones del ferrocarril Urquiza chocaron a la altura de la estación General Lemos, en San Miguel, dejando cuatro heridos. La empresa Metrovías, concesionaria de la línea, habló de un “rozamiento entre formaciones”, pero los trabajadores y los pasajeros coincidieron en que el sistema de señales y mantenimiento venía fallando desde hacía semanas.

    Una pasajera, identificada como Milena, contó que “ya venía mal el servicio desde Federico Lacroze, con demoras y quejas; el impacto fue muy fuerte y se cortó la luz”. Otro testigo, Gustavo, relató que “cuando entramos a la estación sentimos el golpe, saqué la cabeza por la ventanilla y vi que habíamos chocado”.

    En aquel momento, el hecho se trató como “un incidente menor”. Hoy, el descarrilamiento del Sarmiento demuestra que no lo era: es parte de un mismo patrón de descontrol y desinversión.

    Sin control, sin inversión, sin Estado

    Desde la llegada de Milei, el Ministerio de Infraestructura —bajo control directo de Guillermo Ferraro primero y luego de Luis Caputo— aplicó un ajuste drástico sobre los fondos destinados al mantenimiento ferroviario. Los convenios con cooperativas y empresas de reparación se paralizaron, y varios sectores de control y seguridad fueron desmantelados o tercerizados.

    Mientras tanto, el discurso oficial sigue repitiendo el mantra del “Estado ausente”, pero en los hechos es un Estado retirado, que deja en manos privadas la seguridad de miles de usuarios diarios. El resultado está a la vista: dos accidentes en menos de un mes, sin muertos sólo por azar.

    El ajuste que mata lento

    Las postales de hoy —pasajeros caminando por las vías, heridos, caos en Once— son el rostro cotidiano del modelo libertario aplicado al transporte público. Un sistema donde se recorta la inversión, se desmantelan los controles y se entrega la infraestructura al deterioro.

    Cada descarrilamiento es una advertencia. Cada herido, una víctima del ajuste. Y cada accidente, una señal de que el ferrocarril argentino vuelve a ser el espejo del país: un tren sin conductor, descarrilando rumbo al desastre.

     

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    Francos y un sueldo oculto de $70 millones: el doble estándar del “no hay plata” mileísta

    PorInvitad@ Especial

     

    El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos sigue figurando como director titular de YPF, una semana después de haber dejado su cargo. La petrolera estatal no aclara si continúa cobrando los honorarios millonarios aprobados en abril de 2024, mientras el Gobierno recorta fondos a jubilados y universidades. Un caso que que vuelve a desnudar los privilegios de los funcionarios del mileísmo.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El misterio del salario de Guillermo Francos se transformó en uno de los temas más comentados de la semana. Tras su salida del Gabinete el 3 de noviembre, el ex ministro todavía figura en los registros oficiales de YPF como director titular Clase A, en representación del Estado nacional. La empresa, sin embargo, no confirma ni desmiente si continúa cobrando el salario de 70 millones de pesos mensuales, una cifra que contrasta brutalmente con la austeridad que el propio Milei dice imponerle al país.

    La noticia, publicada por La Política Online el 10 de noviembre, generó un fuerte revuelo y reabrió un viejo debate sobre los privilegios dentro del gobierno libertario. En paralelo, el periodista Nicolás Valdez, desde el portal EnOrsai, recordó que los honorarios fueron aprobados durante la asamblea de abril de 2024, cuando el directorio —integrado por Nicolás Posse, María Ibarzábal, Rolandi y el propio Francos— multiplicó por cinco los montos anuales, pasando de 2.000 a más de 10.000 millones de pesos. Cada director pasó así a percibir un equivalente a 70.000 dólares mensuales, al tipo de cambio blue de entonces. Todo esto, en plena prédica del “no hay plata”.

    Durante su etapa como funcionario, Francos había presentado documentos asegurando que renunciaba a cobrar esos honorarios, percibiendo únicamente su sueldo como ministro. Pero ahora, sin cargo público, su permanencia en el directorio reaviva las sospechas. Consultadas por LPO, fuentes de YPF se limitaron a responder: “No sabemos”.

    El silencio oficial y la doble moral libertaria

    Desde el Ejecutivo dejaron trascender que Francos “no está obligado a renunciar” a su puesto en la petrolera, lo cual deja abierta la puerta a que siga cobrando. La justificación, sin embargo, choca de frente con el discurso del ajuste. Mientras jubilados, docentes y personas con discapacidad ven recortados sus recursos, los funcionarios cercanos al poder parecen moverse con impunidad. Una vez más, la motosierra no corta para arriba.

    La situación se vuelve más incómoda todavía porque Lisandro Catalán, ex secretario del Interior y mano derecha de Francos, ya solicitó ocupar su asiento en el directorio de YPF. Es decir, mientras nadie aclara si el ex ministro sigue cobrando, ya hay cola para sucederlo. La escena revela con crudeza la lógica interna del mileísmo: predican el ajuste, pero se reparten los privilegios.

    El “salariazo” que destapó la hipocresía

    El tema de los sueldos de YPF no es nuevo. En abril, los diputados Itai Hagman y Marcela Pagano habían denunciado el “salariazo” del directorio, cuestionando que se duplicaran y triplicaran los ingresos de sus miembros mientras se desfinanciaban las áreas sociales del Estado. En ese momento, Francos se defendió mostrando un certificado que acreditaba que no cobraba honorarios. Pero ahora, sin esa restricción funcional, la falta de una renuncia formal mantiene todo en un limbo que nadie parece querer despejar.

    La contradicción es evidente: el gobierno de Milei ajusta al pueblo, pero protege a sus propios funcionarios. En nombre del “orden fiscal”, despide trabajadores estatales, congela salarios y recorta presupuestos, pero se muestra incapaz de aclarar si uno de sus hombres fuertes sigue cobrando millones de una empresa estatal.

    Transparencia ausente, privilegios presentes

    La permanencia de Francos en YPF expone una falla estructural: la opacidad en la gestión de las empresas públicas bajo el actual gobierno. El 51% de YPF pertenece al Estado, lo que convierte cada decisión, cada sueldo y cada designación en una cuestión de interés público. Sin embargo, la falta de respuestas oficiales y la ambigüedad del Ejecutivo sólo alimentan la desconfianza.

    Mientras Milei insiste en que “no hay plata”, el caso Francos se convierte en una metáfora del doble estándar moral del mileísmo. Hay plata, pero para los amigos del poder.

    La pregunta sigue abierta y nadie parece dispuesto a contestarla:
    ¿Guillermo Francos sigue cobrando de YPF?
    En la empresa dicen no saberlo. En el gobierno prefieren callar. Y el silencio, como siempre, vale más que cualquier explicación.

     

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    Estados Unidos admite que “hizo plata” con el swap a la Argentina

    PorInvitad@ Especial

     

    El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que el gobierno de Milei le permitió a Estados Unidos obtener ganancias con el swap de monedas activado antes de las elecciones legislativas. Bloomberg sugiere que el intercambio por 20 mil millones de dólares ya se habría concretado.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció este martes que su país “está haciendo plata” con el swap de monedas brindado a la Argentina. En una entrevista concedida a la cadena MSNBC, el funcionario negó que se haya tratado de un rescate financiero al gobierno de Milei, y sostuvo que el objetivo fue “estabilizar al país”.

    Según Bessent, “hicimos disponible una línea de crédito, se utilizó una pequeña parte de ella y obtuvimos ganancia con ello”. La frase, lejos de pasar inadvertida, confirma que la operatoria que el Gobierno presentó como un gesto de confianza de Washington en la gestión libertaria tuvo, en realidad, un fin puramente financiero: Estados Unidos gana dinero mientras Argentina se endeuda y entrega soberanía económica.

    Bloomberg apunta a un swap ya activado

    En la misma línea, la agencia Bloomberg informó que el swap por 20 mil millones de dólares ya habría sido activado, a partir del análisis del último balance semanal del Banco Central y la planilla de Derechos Especiales de Giro (DEGs) publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    De acuerdo con ese relevamiento, el Tesoro estadounidense habría vendido las letras en pesos que tenía en su poder, lo que implicaría que ya se concretó la operación de intercambio de monedas, con efectos directos sobre la emisión y la deuda local.

    Una “ayuda” que estabiliza a Washington

    Durante la entrevista, Bessent también afirmó que Estados Unidos usó su hoja de balance para “estabilizar a la Argentina”, una expresión que en el lenguaje del Tesoro significa intervenciones financieras directas en el mercado local. De hecho, ya se habían registrado compras de pesos por parte de fondos vinculados a organismos norteamericanos, destinadas a contener la suba del dólar en los días previos a las elecciones legislativas.

    Estas maniobras, realizadas bajo el argumento de “mantener la estabilidad”, terminan beneficiando a los capitales extranjeros, mientras el Banco Central argentino pierde autonomía y capacidad de control sobre su propia moneda.

    Milei, dependiente del “rescate que no fue”

    El desmentido de Bessent —que insistió en que “no fue un rescate”— resulta revelador: el swap con Estados Unidos no fue una ayuda solidaria, sino una operación especulativa con ganancias para el país del norte. En los hechos, Washington utilizó la necesidad financiera de la Argentina para reforzar su influencia y su rentabilidad, mientras Milei exhibía el acuerdo como un logro diplomático.

    Así, el Gobierno libertario vende como respaldo internacional lo que en realidad es endeudamiento condicionado, con intereses que crecen a la sombra del dólar.

     

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    Bullrich se queda: el DNU que confirma su permanencia en Seguridad y sepulta su banca en el Senado

    PorInvitad@ Especial

     

    Fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguran que el Decreto 793/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, lejos de ser una mera reorganización administrativa, es la confirmación tácita de que Patricia Bullrich no asumirá su banca en el Senado. El traslado de Migraciones y el Renaper a su órbita en Seguridad consolida su poder interno y la ubica en una posición clave hacia 2027.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    El Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2025, firmado por Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, reconfigura de raíz la estructura del Poder Ejecutivo Nacional. La norma, presentada oficialmente como una medida de “eficiencia y modernización del Estado”, fusiona, elimina y reubica organismos enteros, pero uno de sus artículos encierra una lectura política que no pasó inadvertida ni siquiera entre los pasillos de Balcarce 50: Patricia Bullrich se queda en el Ministerio de Seguridad.

    El corazón del DNU: Migraciones y Renaper, bajo control policial

    Como informó hoy Noticias La Insuperable en su artículo “Milei elimina la Secretaría de Comunicación y pone a Migraciones bajo el mando de Bullrich”, el decreto dispone que la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) pasen a depender del Ministerio de Seguridad Nacional.
    Hasta ahora, ambas dependencias funcionaban bajo el ala del Ministerio del Interior, un área de carácter civil. Con la nueva estructura, las políticas de migración, documentación y ciudadanía pasan a estar directamente subordinadas a una cartera con perfil policial.

    La decisión implica un endurecimiento del enfoque gubernamental sobre el control fronterizo y la gestión de residencia, y refuerza una línea de gestión que Bullrich persiguió incluso antes de su llegada a LLA: concentrar en Seguridad todo el esquema de control poblacional.

    Entre la banca y el bastón

    Fuentes cercanas a la Casa Rosada consultadas por Noticias La Insuperable aseguran que la publicación del DNU 793/2025 sepulta la posibilidad de que Bullrich asuma su banca en el Senado, ganada en las elecciones legislativas de este año. “Es el gesto más claro de que se queda donde está. No va a soltar el poder que acaba de ampliar”, sostuvo una fuente del entorno presidencial.

    La jugada tiene un antecedente directo en las candidaturas testimoniales de Manuel Adorni y Diego Santilli, quienes —al igual que Bullrich— negaron durante la campaña que no ocuparían sus bancas, pero finalmente privilegiaron sus cargos ejecutivos. En el caso de Bullrich, el DNU la coloca al mando de un ministerio con más atribuciones que nunca, lo que hace de su continuidad en Seguridad una decisión estratégica más que circunstancial.

    La lógica Milei-Bullrich: control y proyección

    Desde el entorno libertario se interpreta el movimiento como un reforzamiento del tándem Milei-Bullrich, clave en la actual estructura de poder del Ejecutivo. Con Migraciones y Renaper bajo su órbita, Bullrich controla la puerta de entrada y salida del país, la documentación de todos los ciudadanos y el registro poblacional, un paquete de competencias que pocos ministros en la historia reciente concentraron en sus manos.

    Esa concentración de poder no sólo fortalece su peso dentro del Gabinete, sino que la posiciona como pieza central en la eventual fórmula presidencial para una reelección de Milei. “Si algo quedó claro con este decreto es que Bullrich no piensa irse al Senado a levantar la mano. Su mirada está puesta en el 2027”, deslizó otro funcionario con llegada directa al despacho presidencial.

    De la promesa al poder consolidado

    Durante la campaña electoral, Bullrich había insistido públicamente en que su candidatura al Senado no sería testimonial. Sin embargo, el nuevo DNU parece desmentir aquella promesa: la absorción de Migraciones fue uno de sus objetivos declarados desde que asumió en Seguridad, y con el 793/2025 finalmente lo consiguió.
    “Era su obsesión desde el primer día”, comentó un exfuncionario del Ministerio del Interior. “No se trataba sólo de control, sino de mostrar poder real en la mesa chica del Gobierno”.

    Una mirada hacia adelante

    El DNU 793/2025 marca un punto de inflexión en la arquitectura del gobierno de Milei. Mientras se eliminan organismos como la Secretaría de Comunicación, se fortalece el esquema de Seguridad y se otorgan a Bullrich nuevas herramientas que la convierten en la figura más poderosa del Gabinete después del propio Milei.

    Con la lupa puesta en la gestión de fronteras, los derechos migratorios y la concentración de poder, la incógnita sobre su banca en el Senado parece haberse disipado por completo. Todo indica que Bullrich seguirá al frente de Seguridad, más empoderada que nunca, y con la mirada puesta acompañando a Milei en la próxima contienda presidencial.

     

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    Milei desreguló la educación privada: los colegios ya pueden aumentar cuotas sin control estatal

    PorInvitad@ Especial

     

    El Estado se corre de la educación

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    Con el Decreto 787/2025, Milei eliminó el sistema de control que limitaba los aumentos y obligaba a los colegios privados subvencionados a rendir cuentas ante el Estado. Desde hoy, las instituciones podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas, incluso en medio de la inflación más alta en décadas. En nombre de la “libertad de mercado”, el Gobierno deja a las familias a merced de precios sin techo.

    Una medida que favorece a los colegios, no a las familias

    El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló la fijación de aranceles y garantizaba cierta previsibilidad para las familias con hijos en escuelas privadas con aportes estatales. El nuevo texto, firmado por Milei, Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo, sostiene que los controles estatales “distorsionan el mercado” y “restringen el derecho de propiedad” de las instituciones educativas.

    En la práctica, esto significa que los colegios podrán aumentar las cuotas cuando y como quieran, sin pedir autorización ni informar previamente al Estado. Tampoco estarán obligados a transparentar el uso de los subsidios públicos que continúan recibiendo. En nombre de la “libertad de contratación”, Milei deja sin resguardo el bolsillo de miles de familias que mes a mes hacen malabares para sostener la educación de sus hijos.

    Adiós a los topes, bienvenidos los aumentos

    Hasta ahora, los colegios incorporados a la enseñanza oficial estaban alcanzados por el régimen creado por el Decreto 2542/1991, que establecía la obligatoriedad de informar aranceles, topes y estructuras de costos, con supervisión estatal. Esa norma fue complementada por el Decreto 2417/1993, que ordenaba la comunicación de cuotas y matrículas antes del inicio de cada ciclo lectivo para evitar aumentos arbitrarios.

    Con el nuevo Decreto 787/2025, todo ese esquema desaparece. Desde hoy, los valores podrán modificarse según las “fluctuaciones del mercado”. En un contexto de inflación incontrolada, esto equivale a permitir incrementos mensuales sin intervención ni límite alguno. Los colegios, en lugar de prever sus costos anuales, podrán ajustar sus precios cada vez que lo consideren necesario, trasladando todos los aumentos directamente a las familias.

    Libertad para los colegios, incertidumbre para las familias

    El propio texto del decreto justifica la medida afirmando que la obligación de informar las cuotas con anticipación “genera incertidumbre” en los establecimientos y los lleva a fijar valores más altos de lo necesario. Lo que no menciona es que ese mismo mecanismo protegía a las familias frente a subas desmedidas y garantizaba un mínimo control sobre la utilización de fondos públicos.

    A partir de hoy, el Gobierno se desentiende completamente. Los colegios quedan habilitados para cobrar lo que quieran, mientras los padres deberán asumir el riesgo de una educación que puede volverse inaccesible de un mes a otro. La medida no mejora la calidad educativa: apenas asegura que los dueños de los colegios puedan trasladar todos los costos —y sus ganancias— sin rendir cuentas.

    El fin de los controles y el avance de la desregulación

    El Decreto 787/2025 encaja perfectamente en la lógica de desregulación general del gobierno de Milei, que en las últimas semanas avanzó con medidas como el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad o la supresión de la Secretaría de Comunicación. En todos los casos, el patrón es el mismo: desarmar estructuras de control y achicar la capacidad del Estado de regular la vida económica y social.

    En el caso educativo, el impacto será directo: las instituciones privadas —muchas de ellas confesionales— podrán mantener subsidios estatales, pero ahora sin obligación alguna de justificar sus aumentos o la distribución de esos fondos. Es decir, dinero público en manos privadas sin transparencia ni control.

    Un paso más hacia la mercantilización educativa

    El decreto instruye además al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 y elevar una propuesta de modificación. Esa revisión podría implicar un cambio de fondo: alterar o incluso eliminar el sistema de subsidios a la educación privada, o transformarlo en un esquema sin supervisión estatal.

    Cualquiera de las dos opciones consolida el mismo rumbo: la educación entendida como un negocio, no como un derecho. En nombre de la libertad de mercado, el Estado abandona su responsabilidad de garantizar igualdad de acceso y control sobre los fondos públicos.

    Conclusión: la libertad del más fuerte

    Con esta medida, Milei consagra la libertad del más fuerte: los colegios podrán decidir cuánto cobrar, sin límite ni rendición. Las familias quedarán expuestas a aumentos permanentes, y el Estado renuncia a su rol de árbitro y garante del derecho a la educación.

    El Decreto 787/2025 no es una modernización, como intenta presentarse: es un paso más en la destrucción del sistema público y en la mercantilización del derecho a aprender. Una libertad que, como tantas otras en este gobierno, solo sirve a quienes pueden pagarla.

     

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    Milei elimina la Secretaría de Comunicación y pone a Migraciones bajo el mando de Bullrich

    PorInvitad@ Especial

     

    En un nuevo decreto, Milei disolvió la Secretaría de Comunicación y Medios, eliminó el rol del Vocero Presidencial y transfirió la política migratoria al Ministerio de Seguridad. El DNU 793/2025 también traspasa Turismo, Deporte y Ambiente a la Jefatura de Gabinete, concentrando aún más poder en el círculo más cercano del Presidente.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un decreto para concentrar funciones clave

    El Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, reconfigura por completo la estructura del Poder Ejecutivo. Bajo el argumento de “dotar de mayor eficiencia” a la gestión, Milei eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, traspasando todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

    El cambio implica que no habrá un nuevo Vocero Presidencial, y que toda la comunicación oficial del Gobierno quedará concentrada en el área que encabeza Manuel Adorni, ahora también responsable de Turismo, Deportes y Ambiente.

    Bullrich suma Migraciones y el Renaper

    Uno de los puntos más polémicos del decreto es la decisión de trasladar la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) al Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, lo que abre una incógnita: ¿dejará de ser ministra para pasar a ser Senadora o fue todo testimonial?

    Esto significa que las políticas de migración, documentación, control fronterizo y ciudadanía pasan a depender de una cartera con perfil policial. Hasta hoy, esas competencias estaban bajo el Ministerio del Interior, de carácter civil.

    La medida refuerza la impronta de seguridad en la gestión migratoria, lo que podría tensionar la relación entre control fronterizo y derechos humanos, especialmente en zonas limítrofes y en procesos de residencia o naturalización.

    Adorni acumula áreas bajo su órbita

    Además de asumir la comunicación institucional, la Jefatura de Gabinete concentrará Turismo, Deportes y Medioambiente, tres sectores con fuerte visibilidad pública.

    El DNU 793/2025 detalla que la Jefatura deberá entender en la promoción del turismo interno y receptivo, el desarrollo del deporte social y de alto rendimiento, y la formulación de la política ambiental nacional.

    El texto establece que Adorni también será responsable de difundir los actos del Estado Nacional y coordinar los medios públicos.

    Nueva estructura en la Presidencia

    El decreto redefine la estructura que asiste directamente al Presidente. A partir de ahora, la Presidencia contará únicamente con cuatro Secretarías:

    • General
    • Legal y Técnica
    • Inteligencia de Estado
    • Cultura

    Con esta nueva configuración, la comunicación deja de ser una función presidencial directa y se transforma en una competencia de la Jefatura de Gabinete.

    Centralización y control

    La medida entra en vigencia inmediata, aunque deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que cuenta con diez días hábiles para emitir dictamen sobre su validez.

    En los hechos, el DNU concentra la comunicación, la identidad y la migración bajo un mismo enfoque de control político y administrativo. Mientras Adorni asume el rol de portavoz institucional sin título formal de Vocero, Bullrich gana poder sobre el movimiento de personas y el registro civil.

    Un paso más en el modelo Milei

    La eliminación del Vocero, la disolución de la Secretaría de Comunicación y el traspaso de Migraciones a Seguridad ratifican la estrategia de Milei de centralizar decisiones y recortar la autonomía de áreas con peso institucional propio.

    El decreto lleva las firmas de Milei, Adorni, Bullrich, Luis Petri, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y otros ministros del gabinete.