Política

 

A veces los chicos vuelven de la escuela con una escarapela pegada al guardapolvo y una pregunta enorme: “¿Qué pasó el 25 de Mayo?”. Y muchos padres sienten que responder eso no es tan fácil como repetir que “se formó el primer gobierno patrio”. Porque detrás de esa frase hay personas, miedos, discusiones, hambre, peleas de poder y, sobre todo, una idea muy sencilla que puede explicarse a cualquier niño: hubo un momento en que un grupo de personas decidió que quería empezar a gobernarse a sí mismo.

Por Alcides Blanco para NLI

Para entenderlo con chicos pequeños sirve imaginar algo cercano. Supongamos que en una escuela el director desaparece de un día para otro y nadie sabe quién debe tomar las decisiones. Los maestros se reúnen, los padres discuten y algunos alumnos empiezan a preguntar quién manda ahora. Algo parecido ocurrió en 1810, pero en un territorio enorme que todavía no era Argentina.

En aquel tiempo estas tierras pertenecían al Reino de España. No existía la Argentina como país independiente. Desde muy lejos, un rey español decidía qué se hacía, qué se comerciaba y quién tenía autoridad. Ese rey era Fernando VII. Pero en Europa ocurrió algo inesperado: el emperador francés Napoleón invadió España y el rey quedó preso. De pronto apareció una pregunta gigantesca: si el rey ya no podía gobernar, ¿quién debía hacerlo?

Esa duda abrió una puerta histórica. En Buenos Aires muchos empezaron a pensar que las decisiones no podían seguir dependiendo de funcionarios enviados desde España. Comerciantes, abogados, militares y vecinos importantes discutían si había llegado el momento de que el pueblo tomara parte en el gobierno. No todos querían independencia inmediata. Algunos todavía juraban lealtad al rey cautivo. Pero otros ya imaginaban un camino nuevo.

Para explicárselo a un chico sirve decirlo así: durante muchos años las reglas venían “de afuera”, y un grupo de personas empezó a preguntarse si no era mejor decidirlas acá.

La semana que cambió todo

La famosa “Semana de Mayo” fue, en realidad, una serie de días llenos de tensión. No fue un acto escolar prolijo como suele verse en los dibujos. Llovía, había rumores, discusiones en las calles y mucho nerviosismo. Buenos Aires era una ciudad pequeña, con calles de tierra, faroles y casas bajas, pero durante esos días parecía hervir.

El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros era la máxima autoridad española en el Río de la Plata. Sin embargo, muchos vecinos ya no confiaban en él. Entonces se convocó a un Cabildo Abierto, una reunión extraordinaria donde algunos representantes debatieron qué hacer. Allí se discutió algo revolucionario para la época: si el poder podía volver al pueblo cuando el rey no estaba.

El 25 de Mayo de 1810, después de varios días de discusiones y presiones populares, se anunció la formación de la Primera Junta. Era un nuevo gobierno integrado por criollos, es decir, personas nacidas en América y un par de españoles que compartían sus ideas. Entre ellos estaban Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. No era todavía la independencia definitiva —eso llegaría recién en 1816—, pero sí el comienzo de un proceso que cambió la historia.

A un niño puede explicársele con una imagen simple: fue el momento en que mucha gente dijo “queremos empezar a decidir nuestro propio destino”.

Los próceres también eran personas

A veces la historia escolar convierte a los próceres en estatuas sin emociones. Pero eran personas reales. Belgrano no era solamente el que unos años después iba a crear la bandera: era alguien preocupado por la educación y por la pobreza. Moreno escribía textos apasionados y discutía fuerte con quienes pensaban distinto. Saavedra tenía más poder militar y una mirada más moderada. No eran héroes perfectos que siempre coincidían; eran seres humanos tratando de resolver una situación difícil.

Eso también puede ser importante para contarles a los chicos: la historia no la hacen personajes mágicos sino personas comunes tomando decisiones en momentos complicados.

Y hay otro dato clave para transmitir. El 25 de Mayo no fue obra de “unos pocos iluminados”. En las calles había vendedores, esclavos africanos, mujeres que repartían cintas, soldados, trabajadores y vecinos atentos a lo que ocurría. Muchas veces la historia oficial dejó afuera a esas personas, pero también formaron parte del nacimiento de la patria.

Una revolución que todavía genera preguntas

Más de dos siglos después, el 25 de Mayo sigue siendo una fecha viva porque habla de algo que nunca termina de resolverse: quién tiene el poder y para quién gobierna. La Revolución de Mayo abrió discusiones sobre la libertad, la representación política y la soberanía que todavía atraviesan a la Argentina actual.

Por eso, quizás la mejor manera de explicárselo a un hijo no sea repetir fechas de memoria sino contarle que hubo hombres y mujeres que empezaron a imaginar un lugar donde las decisiones importantes pudieran tomarse acá y no desde un reino lejano.

Y tal vez ahí aparezca la idea más profunda de todas: que la patria no nació de un día perfecto ni de un manual escolar, sino de personas que se animaron a preguntarse si podían construir algo distinto.

 

 

La irrupción de Javier Milei en la política argentina no puede explicarse únicamente como un fenómeno electoral ni como el simple ascenso de una nueva derecha. Hay algo más profundo ocurriendo en el modo en que el poder se legitima, organiza el lenguaje público y redefine quién merece reconocimiento dentro de la comunidad política. Allí es donde una lectura atravesada por las categorías de Michel Foucault adquiere una potencia singular: no para reducir el mileísmo a una fórmula académica, sino para comprender cómo un discurso de ruptura moral puede transformarse en una tecnología eficaz de gobierno.

El núcleo de esa construcción no es económico. Tampoco estrictamente ideológico. Es moral.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Milei no llegó al poder solamente prometiendo bajar la inflación o destruir regulaciones estatales. Llegó construyendo un antagonismo ético absoluto entre “la casta” y “los argentinos de bien”. Ese lenguaje, repetido hasta el agotamiento mediático, terminó produciendo algo mucho más relevante que un slogan: fabricó una identidad social.

Porque “argentino de bien” no funciona como una descripción objetiva. No existe un criterio verificable que permita determinar quién pertenece realmente a esa categoría. Su eficacia reside precisamente en su ambigüedad. El concepto opera como una consagración moral difusa donde cada adherente puede reconocerse a sí mismo como parte de un grupo virtuoso amenazado por enemigos internos.

Allí aparece uno de los mecanismos centrales del poder contemporáneo: la administración de legitimidades.

La pureza como herramienta de poder

Foucault entendía que las sociedades modernas no se organizan únicamente mediante leyes o coerción física. El poder necesita producir discursos verdaderos, clasificar sujetos y establecer qué formas de vida son consideradas normales, productivas o deseables. Gobernar implica también ordenar moralmente la sociedad.

En la Argentina de Milei, esa lógica aparece de manera descarnada.

El “argentino de bien” es presentado como alguien que trabaja, paga impuestos, soporta sacrificios y rechaza cualquier forma de mediación colectiva asociada al Estado. Del otro lado emerge una masa difusa de sospechosos: sindicalistas, militantes, empleados públicos, movimientos sociales, periodistas críticos, universidades, artistas subvencionados, organismos de derechos humanos o cualquiera que cuestione el nuevo orden moral libertario.

No se trata simplemente de adversarios políticos. Se los construye discursivamente como sectores parasitarios, degenerados o moralmente inferiores.

Ese desplazamiento es decisivo. Porque cuando la política abandona el terreno del conflicto democrático y pasa a estructurarse sobre categorías morales absolutas, el opositor deja de ser alguien con quien se disputa el poder para convertirse en alguien cuya existencia misma aparece como ilegítima.

En otras palabras: ya no hay diferencias políticas; hay sujetos “sanos” enfrentados a elementos contaminantes.

La obsesión mileísta con palabras como “parásitos”, “zurdos de mierda”, “empobrecedores” o “casta” no responde solamente a un estilo agresivo. Constituye una forma de clasificación social. Una maquinaria simbólica destinada a dividir la población entre quienes merecen reconocimiento y quienes pueden ser humillados públicamente sin costo moral.

El outsider y la ficción de la excepción

La fuerza inicial de Milei provino de una promesa de exterioridad. Su legitimidad surgía de aparecer por fuera del sistema político tradicional, incluso cuando rápidamente comenzó a tejer alianzas con actores históricos del poder económico, mediático y judicial argentino.

Pero el outsider moderno no necesita estar realmente afuera del sistema. Le alcanza con conservar la narrativa de la excepción moral.

Ahí reside una de las grandes paradojas del mileísmo contemporáneo. Incluso frente a denuncias, escándalos, negociaciones opacas o evidencias de privilegios dentro del propio gobierno, parte importante de su electorado sigue interpretando esos hechos como secundarios frente a una supuesta batalla histórica contra enemigos mayores.

Ese fenómeno revela algo incómodo sobre el funcionamiento real de las democracias contemporáneas: los ciudadanos no adhieren solamente a programas racionales; adhieren a sistemas emocionales de interpretación del mundo.

Cuando un gobierno logra construir una identidad moral fuerte, la evidencia objetiva pierde centralidad. Los hechos dejan de evaluarse en sí mismos y pasan a interpretarse según quién los denuncia y desde qué lugar político se enuncian. Por eso la corrupción puede relativizarse. No porque deje de existir, sino porque el discurso oficial logra reorganizar su significado. Si el líder continúa siendo percibido como quien combate a “los verdaderos corruptos”, entonces las contradicciones internas pueden absorberse dentro del relato épico de transformación nacional.

La pregunta deja de ser “¿hubo corrupción?” y pasa a ser “¿quién está denunciando y con qué intención?”.

La batalla cultural como disciplina

Uno de los aspectos más sofisticados del fenómeno Milei es haber convertido la confrontación permanente en una forma estable de gobierno. La agresión constante no constituye una anomalía comunicacional ni una pérdida de control emocional. Funciona como una pedagogía política.

Cada ataque presidencial contra periodistas, economistas, artistas o dirigentes opositores produce un efecto disciplinador sobre el resto de la esfera pública. El mensaje implícito es transparente: cualquiera que cuestione el relato oficial puede ser expuesto, ridiculizado o transformado en enemigo colectivo.

Foucault estudió precisamente cómo el poder moderno ya no depende exclusivamente del castigo físico espectacular. El control más eficiente es aquel que induce autocensura, vigilancia mutua y adaptación preventiva. Las redes sociales radicalizaron ese mecanismo hasta niveles inéditos. El ecosistema digital mileísta opera muchas veces como una estructura de disciplinamiento distribuido donde miles de usuarios reproducen hostigamientos, campañas de señalamiento y persecuciones simbólicas contra figuras disidentes. El resultado es un clima político donde la violencia verbal deja de ser excepcional y pasa a constituir la atmósfera cotidiana del debate público.

En ese contexto, la idea de “argentinos de bien” cumple una función central: ofrece legitimidad moral anticipada para la agresión. Si el adversario es presentado como corrupto, degenerado o enemigo de la nación, entonces la violencia discursiva aparece justificada como una forma de defensa social.

El sacrificio como virtud

Otro rasgo distintivo del mileísmo es la moralización del sufrimiento económico. En condiciones normales, una caída abrupta del salario, el consumo o el empleo debería erosionar rápidamente la legitimidad gubernamental. Sin embargo, Milei logró transformar el ajuste en una prueba ética.

El sacrificio ya no aparece como consecuencia de una política económica concreta, sino como evidencia de madurez social. “Había que pasarla mal”. “No hay plata”. “Estamos pagando décadas de populismo”. El dolor se resignifica como purificación. Ese mecanismo conecta profundamente con la subjetividad neoliberal contemporánea: el individuo debe aceptar precariedad, pérdida de derechos y deterioro material como demostración de responsabilidad personal.

El ciudadano deja entonces de percibirse como sujeto de derechos colectivos y comienza a entenderse como emprendedor moral de sí mismo. Aguantar se vuelve una virtud. Resistir el ajuste se convierte en signo de pertenencia identitaria.

La política ya no promete bienestar inmediato. Promete redención futura a cambio de obediencia presente.

La nueva legitimidad autoritaria

Quizás el aspecto más inquietante de la experiencia argentina actual sea que gran parte de estas transformaciones ocurren dentro de procedimientos democráticos formales. No hace falta clausurar elecciones para producir dinámicas autoritarias. Basta con erosionar sistemáticamente la legitimidad de toda institución intermedia capaz de limitar el poder presidencial.

La demonización del periodismo, el desprecio por el Congreso, el ataque permanente a las universidades, la ridiculización de organismos científicos y la construcción de enemigos internos constantes forman parte de una lógica más amplia: vaciar de autoridad simbólica cualquier espacio que pueda disputar la producción de verdad oficial.

Allí aparece una intuición foucaultiana fundamental: el poder más eficaz no es necesariamente el que prohíbe, sino el que logra que una sociedad naturalice sus propias formas de sometimiento. Tal vez por eso el fenómeno Milei no pueda analizarse solamente como una anomalía argentina ni como una excentricidad mediática. Expresa una mutación más profunda de las democracias contemporáneas: la transición desde sistemas políticos organizados alrededor de consensos institucionales hacia regímenes de legitimidad emocional, identitaria y moral.

En ese nuevo escenario, la verdad importa menos que la pertenencia. La coherencia menos que la fidelidad. Y la corrupción menos que la capacidad de seguir convenciendo a millones de personas de que, pese a todo, continúan formando parte de “los buenos”.

 

 

Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

 

 

“Creo que le mintieron al Presidente”, señaló.

Por Roque Pérez para NLI

La postal que más inquieta hoy a la Casa Rosada no viene del peronismo, ni de los mercados, ni siquiera del Congreso. Viene del propio ecosistema libertario. En una escena impensada hace apenas meses, uno de los soldados digitales más importantes del mileísmo terminó contradiciendo públicamente a Milei y dejando al desnudo una interna feroz entre los distintos clanes del oficialismo. El protagonista fue Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, que salió a dinamitar la versión presidencial sobre el escándalo de la cuenta atribuida a Martín Menem y dejó flotando una frase venenosa: “Creo que le mintieron al Presidente”.

El episodio parece menor sólo para quien no entiende cómo funciona el poder libertario. Porque en el universo de Milei, las redes no son un accesorio: son el corazón político del proyecto. Y cuando el principal operador del aparato digital contradice al propio jefe de Estado en vivo, lo que se rompe no es apenas una narrativa. Se rompe la cadena de mando.

Santiago Caputo contra Karina: la guerra que ya nadie disimula

Detrás del escándalo por la cuenta @PeriodistaRufus se esconde algo mucho más grande. La pelea real es entre los dos grandes polos de poder que sobreviven dentro de La Libertad Avanza: el armado territorial y partidario de Karina Milei contra el dispositivo político-digital de Santiago Caputo.

Las llamadas “Fuerzas del Cielo”, la tropa de influencers y militantes libertarios que responde a Caputo y tiene al Gordo Dan como cara visible, decidieron ir hasta el fondo contra Martín Menem, uno de los hombres más cercanos a Karina. Y lo hicieron incluso después de que Milei intentara cerrar el conflicto diciendo que todo había sido una “operación prefabricada”.

Pero Parisini no sólo rechazó la explicación presidencial: directamente sostuvo que la cuenta sí pertenecía a Menem y que alguien engañó al mandatario. El mensaje político fue devastador. Porque si Milei fue engañado, entonces no controla su propia mesa chica. Y si no fue engañado, entonces el aparato digital libertario decidió desafiarlo igual.

En cualquier caso, el resultado es pésimo para la autoridad presidencial.

El Presidente que ya no ordena

La escena expone un problema cada vez más visible: Milei conserva centralidad mediática, pero empieza a perder capacidad de disciplinamiento interno. Y eso en un gobierno tan personalista es letal.

Hasta hace unos meses, las diferencias dentro del oficialismo se procesaban bajo cuerda. Hoy se discuten en streaming, en Twitter y a través de operaciones cruzadas entre funcionarios, trolls y dirigentes. La lógica de la “batalla cultural” terminó devorándose a sí misma.

La tensión ya venía escalando. Patricia Bullrich quedó enfrentada con el karinismo, Manuel Adorni aparece cuestionado desde distintos sectores y el Senado se transformó en otro foco de conflictos internos.

Lo novedoso es que ahora la implosión alcanza al núcleo más fanático del mileísmo: el aparato digital que hasta hace poco funcionaba como guardia pretoriana del Presidente. El mismo espacio que se autodefinió como el “brazo armado” libertario —aunque luego aclararan que era una metáfora— empieza a mostrar fisuras imposibles de ocultar.

La Rosada teme algo peor: que la pelea se vuelva irreversible

En Balcarce 50 saben que la disputa ya dejó de ser ideológica. Es una pelea por el control político del futuro libertario. Karina Milei quiere consolidar el partido y blindar el armado electoral. Santiago Caputo busca sostener influencia estratégica a través de la comunicación, los operadores digitales y la construcción de relato.

El problema es que ambos espacios necesitan demostrar fuerza. Y cuando eso ocurre en gobiernos verticalistas, la pelea suele terminar mal.

La gran incógnita es si Milei todavía puede arbitrar entre ambos bandos o si terminó convertido en rehén de su propia interna. Porque el Presidente quedó en una posición incómoda: desautorizado por quienes supuestamente lo defienden todos los días.

Y en política, hay algo peor que tener enemigos afuera: empezar a perder autoridad adentro.

 

 

La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.

La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.

La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno

El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.

Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.

Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.

Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”

La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.

Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.

Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.

La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.

Comunicación, soberanía y mercado

El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.

La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.

Ahí reside el núcleo político del asunto.

Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.

 

 

El gobierno de Milei avanzó en un nuevo acuerdo militar con Estados Unidos para el patrullaje y la vigilancia del Atlántico Sur, una región estratégica para la Argentina por sus recursos naturales, la cercanía con la Antártida y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El convenio, presentado bajo el nombre de “Protecting Global Commons Program”, fue anunciado primero por el Comando Sur y la Embajada estadounidense antes que por el propio Ministerio de Defensa argentino, y despertó fuertes críticas políticas por el alcance de la presencia norteamericana en aguas argentinas.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La iniciativa contempla cooperación militar, provisión de equipamiento, entrenamiento especializado y tareas de vigilancia marítima durante los próximos cinco años. Según trascendió, el acuerdo comenzó con la entrega de tecnología para aeronaves destinadas al patrullaje del mar argentino, pero prevé una expansión progresiva con “equipamiento avanzado” y apoyo operativo para interceptar amenazas marítimas. Para sectores críticos, el problema excede cualquier cuestión técnica: el gobierno vuelve a colocar áreas estratégicas argentinas bajo tutela extranjera.

El concepto que encendió todas las alarmas

Uno de los puntos más cuestionados fue el lenguaje utilizado por Washington para justificar el despliegue. El Atlántico Sur fue definido como un “bien común global”, una expresión que para especialistas en soberanía y defensa implica relativizar el control argentino sobre una de las zonas geopolíticas más importantes del planeta.

No se trata de un territorio cualquiera. Allí confluyen las mayores reservas pesqueras del hemisferio sur, corredores marítimos estratégicos, recursos energéticos offshore y la puerta de entrada a la Antártida. Además, el Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas una poderosa base militar con capacidad de proyección sobre toda la región.

Por eso, la decisión de Milei de profundizar acuerdos militares con el principal aliado estratégico de Londres dentro de la OTAN generó un fuerte rechazo en ámbitos diplomáticos y académicos. Para muchos analistas, el gobierno argentino termina validando indirectamente una arquitectura militar internacional que históricamente fue funcional a los intereses británicos y estadounidenses en el Atlántico Sur.

La polémica también escaló por el hermetismo oficial. El anuncio original no fue realizado por el Ministerio de Defensa argentino sino por organismos estadounidenses, algo que para la oposición refleja el nivel de subordinación política del gobierno libertario frente a Washington.

Una región bajo disputa geopolítica

El acuerdo se inscribe además en un contexto internacional de creciente militarización del Atlántico Sur. Estados Unidos busca consolidar presencia sobre corredores marítimos y recursos estratégicos, mientras el Reino Unido fortalece sus capacidades militares en Malvinas y otras potencias incrementan operaciones vinculadas a la Antártida.

En ese tablero global, la Argentina aparece cada vez más alineada con la agenda norteamericana. Durante los últimos meses, el gobierno de Milei multiplicó ejercicios conjuntos, reuniones con altos mandos militares estadounidenses y acuerdos de interoperabilidad. La intención parece evidente: convertir al país en el principal socio regional de Washington en materia de defensa y seguridad.

Pero esa estrategia tiene costos políticos y diplomáticos. Diversos especialistas advierten que una dependencia creciente de equipamiento, financiamiento y entrenamiento extranjero reduce márgenes de autonomía y condiciona futuras decisiones soberanas. La discusión no es solamente militar: también involucra pesca ilegal, explotación de hidrocarburos, rutas comerciales y control territorial.

Incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas existen sectores que observan con preocupación el reemplazo de una política de desarrollo nacional de capacidades por un esquema de dependencia tecnológica externa. El problema, sostienen, es que la Argentina termina actuando como plataforma subordinada dentro de intereses estratégicos ajenos.

El atlántico sur, otra vez en el centro de la disputa

El trasfondo del conflicto vuelve a colocar en escena una pregunta histórica: quién controla realmente el Atlántico Sur. Mientras Milei profundiza vínculos militares con Estados Unidos, crecen las dudas sobre el impacto de esos acuerdos en la soberanía argentina y en el reclamo histórico sobre Malvinas.

Para el gobierno libertario, la alianza representa cooperación estratégica y modernización militar. Para sus críticos, en cambio, constituye un nuevo avance de Washington sobre áreas sensibles del país y una peligrosa cesión de autonomía en una de las regiones más codiciadas del siglo XXI.

Porque detrás del discurso de “seguridad marítima” y “cooperación internacional”, lo que está en juego es mucho más profundo: el control de los recursos naturales, las rutas oceánicas y la proyección geopolítica sobre el extremo sur del planeta.