Política

 

La Argentina atraviesa una profunda conflictividad social por el empleo y los derechos laborales mientras el presidente realiza un nuevo giro político internacional.

Por Ignacio Álvarez Aldorta para NLI

En medio de un contexto crítico para el mercado de trabajo y una fuerte movilización social contra su gobierno, el presidente argentino Javier Milei emprendió un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, en lo que constituye una nueva muestra de alineamiento político con la Casa Blanca.

Crisis laboral y tensiones sociales

Mientras Milei toma un avión rumbo a Washington, Argentina enfrenta una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que paraliza servicios públicos, transporte, bancos y otros sectores en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno, la cual propone ampliar la jornada de trabajo, flexibilizar derechos y limitar el derecho a huelga.

La situación se agrava por el cierre de importantes fábricas, como la histórica planta de neumáticos FATE cuyo cierre dejó sin empleo a cientos de trabajadores, y un clima de alta conflictividad social con marchas y protestas en varios puntos del país.

Organizaciones sindicales también denuncian que miles de pequeñas y medianas empresas desaparecieron en los últimos años, con una caída significativa del empleo formal registrado, situación que ha generado desesperanza y reclamos crecientes en amplios sectores de la clase trabajadora.

La gira de Milei y el encuentro con Trump

En este escenario nacional adverso, Milei partió hacia Estados Unidos para participar de la sesión inaugural del llamado Consejo de Paz, un organismo promovido por Donald Trump con la intención de posicionarse como alternativa a la ONU en la mediación de conflictos internacionales como el de Medio Oriente.

La comitiva oficial que acompaña al mandatario es reducida e incluye al canciller Pablo Quirno y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El viaje es breve: tras la participación en la reunión en Washington, se espera que el presidente regrese al país en las primeras horas del viernes.

Desde la Casa Rosada destacan que esta visita busca “consolidar la relación política y comercial” con la administración estadounidense de Trump y asegurar una nueva foto junto al exmandatario republicano, símbolo de apoyo dentro del espacio conservador global al que Milei suele alinearse.

Críticas en medio de la crisis

La decisión de viajar en medio de una crisis laboral profunda y una huelga nacional ha generado fuertes cuestionamientos por parte de sindicatos y sectores de la oposición, que consideran una falta de sensibilidad del gobierno ante la situación económica y social que enfrentan millones de argentinos.

Además, la participación en un foro internacional, mientras las negociaciones sobre la reforma laboral continúan en el Congreso, alimenta el debate interno sobre las prioridades del Ejecutivo en un momento de alta tensión política.

Con la agenda internacional como centro de su política exterior, Milei no sólo busca fortalecer vínculos con Trump, sino también proyectar un perfil internacional que, según sus voceros, podría traducirse en inversiones y acuerdos estratégicos. Sin embargo, en casa, la sociedad reclama soluciones concretas a una crisis laboral que no da tregua.

 

 

El escándalo político se encendió en pleno corazón de Buenos Aires: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmó un contrato de alquiler por $720 millones para oficinas y cocheras, un monto que sorprende no sólo por su magnitud, sino también por la contradicción política que representa frente a la bandera oficial de “Alquiler Cero”.

Por Roque Pérez para NLI

Contradicción explícita en medio de recortes

El acuerdo, rubricado por Sturzenegger el 30 de noviembre de 2025, establece el alquiler de cuatro pisos completos (3° a 6°) más 24 cocheras en un edificio ubicado en **Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en plena Diagonal Norte, por un año de contrato y un canon mensual de $60 millones.

La decisión de gastar $720 millones del erario público (casi 2000 jubilaciones mínimas) en alquileres de oficinas tiene un contexto que agrava la polémica: el gobierno nacional —a través de sus propios comunicados oficiales— viene impulsando el programa “Alquiler Cero” con el objetivo de eliminar nuevos gastos en locaciones estatales y relocalizar dependencias en inmuebles ya disponibles del Estado.

Mientras el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destacó públicamente los avances del plan que “redujo alquileres y cocheras en varias sedes”, otro ministerio del mismo gabinete avanza con un contrato millonario en la City porteña.

Contratación directa y posibles costos extras

La adjudicación se realizó bajo la modalidad de contratación directa por adjudicación simple, y sólo se presentó una oferta de la empresa OTOBA S.A., que fue recomendada para la adjudicación por considerarse “admisible y económicamente conveniente”.

Aunque el canon base es de $60 millones mensuales, el contrato prevé que expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo del Estado, lo que sugiere que el costo total final podría superar los $720 millones consignados en el documento.

Doble vara oficial y malestar público

La decisión de Sturzenegger se da en medio de otras polémicas por adjudicaciones bajo su gestión y cuestionamientos dentro del propio oficialismo. La coincidencia en el tiempo de esta contratación con la defensa del plan “Alquiler Cero” por parte de otros sectores del Gobierno profundiza el malestar político y alimenta críticas por una doble vara en la gestión del gasto público.

Para la oposición y múltiples analistas, este contrato millonario no sólo contradice los discursos oficiales de austeridad, sino que expone una incoherencia entre lo que se promueve y lo que realmente se practica desde el Estado.

La indefinición sobre cómo encaja esta operación con los objetivos de eficiencia y contención del gasto público —dos ejes que oficialmente se pregonan— promete convertirse en un nuevo foco de debate y tensión política en los próximos días.

 

 

Durante décadas, la explicación dominante combinó crisis climáticas, guerras internas y agotamiento de recursos para justificar un supuesto abandono total de las grandes ciudades.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante más de un siglo, manuales escolares, documentales y discursos académicos repitieron una idea casi apocalíptica: la civilización maya colapsó y desapareció misteriosamente en la selva. Sin embargo, un reciente y exhaustivo artículo publicado por The Guardian propone algo mucho más inquietante para la historia tradicional: casi todo lo que creíamos saber sobre los mayas está equivocado.

Lejos del relato romántico de ciudades devoradas por la vegetación y pueblos extinguidos por causas desconocidas, la nueva evidencia arqueológica obliga a revisar de raíz la narrativa del “colapso”.

Una civilización mucho más poblada y compleja

Las investigaciones recientes, impulsadas por tecnologías como el escaneo láser LiDAR, revelan que las tierras bajas mayas no eran espacios marginales con algunos centros ceremoniales aislados. Por el contrario, se trataba de un territorio intensamente urbanizado, con redes de caminos elevados, terrazas agrícolas, reservorios de agua y sistemas de planificación territorial de enorme sofisticación.

El artículo de The Guardian destaca que las estimaciones actuales sugieren que la población pudo haber alcanzado cifras cercanas a los 15 o 16 millones de habitantes durante el período clásico, una magnitud comparable con varias regiones densamente pobladas de Eurasia en la misma época. Esto cambia radicalmente la percepción de los mayas como una sociedad dispersa o limitada demográficamente.

Investigadores como Francisco Estrada-Belli sostienen que el enfoque tradicional puso demasiado énfasis en la idea del derrumbe súbito, cuando en realidad lo que ocurrió fue un proceso complejo de transformación política, reconfiguración territorial y adaptación ambiental.

No hubo “fin del mundo” maya. Hubo reacomodamientos.

El mito del colapso y la mirada colonial

Durante décadas, la explicación dominante combinó crisis climáticas, guerras internas y agotamiento de recursos para justificar un supuesto abandono total de las grandes ciudades. Sin embargo, la nueva evidencia muestra que muchas comunidades continuaron activas, que hubo desplazamientos hacia otras regiones y que la cultura maya jamás dejó de existir.

El problema no fue solo arqueológico, sino también ideológico. La narrativa del colapso encajaba cómodamente en una visión colonial que veía a las civilizaciones indígenas como frágiles, autodestructivas o incapaces de sostener estructuras complejas en el largo plazo.

El artículo de The Guardian subraya que millones de mayas viven hoy en México, Guatemala y Belice, hablan sus lenguas originarias y mantienen tradiciones culturales vivas. Es decir: no estamos hablando de una civilización desaparecida, sino de un pueblo históricamente invisibilizado.

La política contemporánea también entra en juego. Dirigentes indígenas como Sonia Gutiérrez plantean que la revisión histórica no es un mero debate académico, sino una cuestión de reconocimiento, derechos y memoria.

Adaptación, no apocalipsis

Las nuevas investigaciones muestran que los mayas desarrollaron sistemas agrícolas intensivos, manejo sofisticado del agua y estrategias de resiliencia frente a sequías prolongadas. En lugar de una caída instantánea, lo que se observa es una transición: algunas grandes ciudades perdieron centralidad, pero otras regiones ganaron protagonismo.

Esto obliga a revisar la idea misma de “colapso”. ¿Fue un derrumbe total o una transformación estructural? ¿Estamos proyectando sobre el pasado categorías modernas que no se ajustan a las dinámicas antiguas?

La historia maya, lejos de cerrarse, se abre. Y lo que emerge es una civilización profundamente adaptable, con estructuras políticas cambiantes y una continuidad cultural que llega hasta nuestros días.

Reescribir la historia no es un gesto menor. Implica aceptar que la arqueología del siglo XX pudo haber estado atravesada por prejuicios, limitaciones tecnológicas y marcos teóricos hoy superados.

Y también implica algo más incómodo: reconocer que la civilización maya no fracasó. Simplemente no encajaba en el relato que Occidente quería contar.

 

 

Por enésima vez, los que odian el Estado te demuestran que sólo saben vivir a sus expensas.

Por Tomás Palazzo para NLI

El escándalo volvió a impactar en el corazón del Gobierno libertario: **el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 —casi USD 78.000 al tipo de cambio actual— para la capacitación en inglés de su propio personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El expediente —formalizado mediante adjudicación simple por especialidad y publicado en el sistema COMPR.AR— activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017 por el vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la AACI y el funcionario responsable de parte del ajuste estatal, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Contra viento y ajuste
Resulta inevitable el contraste: mientras Sturzenegger se presenta como el ejecutor de una política de recortes masivos, ventas de activos y “motosierra” a programas estatales, el Estado decidió asignar más de 114 millones de pesos a la asociación de su propia pareja en un contrato directo y sin licitación competitiva.

Las críticas políticas no tardaron: la senadora del bloque Justicialista Juliana di Tullio anunció que denunciará formalmente ante la Justicia a Sturzenegger y a Rouillet por considerar “irregular” el contrato, pese a que el propio canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó en redes que la contratación “cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia”.

Viejas prácticas, nuevo escándalo

Este episodio no surge de la nada. Desde hace años Noticias La Insuperable ya había documentado la trayectoria de Rouillet en espacios públicos vinculados a la “casta” política:

• En abril de 2017, el portal reveló que su nombramiento en un cargo oficial se oficializó con un año de demora, en medio de cuestionamientos por nepotismo y falta de transparencia.
• Más recientemente, en diciembre de 2023, también en NLI y en exclusiva pusimos en evidencia el “increíble kiosquito” que armó Rouillet en el Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó millones de pesos del presupuesto cultural porteño y desde donde incluso promovió proyectos vinculados a su rol posterior en la AACI.

Aquellas investigaciones muestran un patrón persistente: constante tránsito entre cargos públicos, interferencias privadas y negocios con recursos del Estado, con un denominador común que hoy se repite bajo el gobierno de Milei.

El doble estándar

Mientras en el discurso oficial se habla de “quitar privilegios”, “ajustar el Estado” y recortar gastos, este contrato deja al descubierto que el ajuste no siempre aplica a círculos cercanos al poder. En plena ola de privatizaciones de servicios estatales y cierre de organismos, la decisión de destinar fondos públicos a la asociación que dirige la esposa del ministro que implementa esos recortes expone un flagrante doble estándar que alimenta la crítica política y judicial.

¿Una moda de campaña o una regla de gobierno?

Con denuncias judiciales en puerta, defensas públicas desde el Gobierno y una oposición que promete ir hasta las últimas consecuencias, este caso podría convertirse en un emblema de lo que NLI desde hace años señalamos: la persistencia del amiguismo y la falta de transparencia dentro de las estructuras del poder, sin importar quién gobierne.

La controversia está abierta. Y mientras los mecanismos de control se activan, lo que queda claro es que la motosierra sí corta para los trabajadores y programas sociales, pero parece no llegar al círculo íntimo del propio ministro encargado de llevarla adelante.

 

 

En plena discusión de la reforma laboral impulsada por Milei en el Senado, la periodista Nancy Pazos realizó una protesta de alto impacto simbólico frente al Congreso de la Nación: se presentó encadenada y amordazada, con una tela negra cubriéndole la boca, para denunciar la intención oficial de eliminar el Estatuto del Periodista Profesional.

Por Lola Santacreta para NLI

La escena no pasó desapercibida. Frente a cámaras, colegas y manifestantes, Pazos buscó representar lo que —según explicó— implicaría la reforma: periodistas sin derechos laborales y con menor protección frente a presiones del poder político y económico. La protesta se dio en el marco de movilizaciones sindicales que rechazan distintos capítulos del proyecto oficial.

Qué está en juego

El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, establece condiciones específicas para el ejercicio del periodismo, entre ellas estabilidad laboral, jornada regulada y garantías vinculadas a la libertad de expresión. Para amplios sectores del gremio, su eliminación no es un detalle técnico sino un cambio estructural que afecta la calidad democrática.

Pazos sostuvo que la libertad de prensa no se defiende únicamente con discursos sino también con condiciones materiales que permitan ejercer el oficio sin miedo a represalias o despidos arbitrarios. En ese marco, la imagen de la mordaza buscó denunciar lo que considera un intento de disciplinamiento.

Durante la protesta también se exhibieron máscaras con la palabra “alcahuete”, en alusión a lo que la periodista describió como el modelo comunicacional que, según su mirada, promueve el oficialismo: comunicadores dóciles y alineados.

NANCY PAZOS ENCADENADA Y AMORDAZADA EN RECHAZO A LA REFORMA LABORAL.
pic.twitter.com/vEV37TDjKK

— Real Time (@RealTimeRating) February 11, 2026

La reacción del oficialismo

Desde el entorno gubernamental minimizaron la protesta y la calificaron como exagerada. Sin embargo, el gesto logró instalar el debate sobre el alcance real de la reforma y sobre el futuro de los derechos laborales en el sector de prensa.

El trasfondo de la discusión es más amplio: el proyecto oficial propone una flexibilización general de las condiciones laborales, y el capítulo referido al Estatuto del Periodista se convirtió en uno de los puntos más sensibles por su dimensión simbólica e institucional.

En un contexto de fuerte polarización política, la imagen de Nancy Pazos encadenada frente al Congreso expuso una pregunta de fondo: ¿puede hablarse de libertad de prensa sin garantías laborales específicas para quienes la ejercen? La discusión recién empieza, pero la escena ya quedó instalada en el centro del debate público.

 

 

Mientras en Santa Fe el reclamo policial fue considerado “justo y genuino” y terminó con una mejora salarial acordada con el gobernador Maximiliano Pullaro, en la Ciudad de Buenos Aires el pueblo fue reprimido con hidrantes, balas de goma y gases por manifestarse en la Plaza de los Dos Congresos. La escena expone una doble vara que resulta imposible de ignorar.

Por Roque Pérez para NLI

La comparación es inevitable: cuando protesta la fuerza, hay negociación; cuando protesta el pueblo, hay represión.

En Santa Fe, diálogo y aumento salarial

El conflicto policial en Santa Fe se desactivó luego de que el gobierno provincial ofreciera una mejora que lleva el salario inicial de los efectivos a alrededor de 1.350.000 pesos, según trascendió en medios nacionales. Tras varios días de tensión y movilización de agentes, la propuesta fue aceptada y la medida levantada.

Maximiliano Pullaro calificó el planteo como un reclamo “justo y genuino”, y defendió la decisión de otorgar una recomposición que, según la administración provincial, busca acompañar el impacto de la inflación. La protesta policial no fue reprimida ni criminalizada: fue reconocida y atendida.

El mensaje fue claro: el reclamo salarial de quienes integran la estructura de seguridad del Estado merecía escucha y resolución.

En el Congreso, hidrantes y balas de goma

Muy distinto fue el escenario en la Plaza de los Dos Congresos. Allí, manifestantes —entre ellos trabajadores, jubilados y organizaciones sociales— se concentraron para exigir respuestas frente al deterioro del poder adquisitivo y las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

La respuesta fue un fuerte operativo de seguridad con carros hidrantes, disparos de balas de goma y lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Las imágenes mostraron corridas, heridos y periodistas alcanzados por la represión.

Dentro del Congreso hubo legisladores que denunciaron el accionar policial y señalaron que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la protesta. Afuera, el mensaje fue inequívoco: el espacio público no estaba disponible para el reclamo popular.

La doble vara

El contraste es evidente. Cuando quienes reclaman son policías armados, el Estado dialoga y concede. Cuando quienes reclaman son ciudadanos de a pie, el Estado avanza y reprime.

No se trata de negar la legitimidad del reclamo salarial en Santa Fe. Se trata de preguntarse por qué el mismo criterio no se aplica al resto de la sociedad. ¿Por qué unos pueden manifestarse sin consecuencias y otros son desalojados por la fuerza?

La democracia no admite categorías de ciudadanos con más derechos que otros. Sin embargo, los hechos recientes dejan una sensación incómoda: ellos sí pueden manifestarse. El pueblo, parece, no.