Política

 

El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.

La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.

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Menos Estado, más castigo

Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.

La derogación implica un cambio de paradigma:
el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.

En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.

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Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie

Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.

El capítulo contemplaba:

• Diferencias de escala
• Modalidades productivas específicas
• Volúmenes reducidos
• Condiciones territoriales y sociales propias

Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.

El resultado es previsible:
más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.

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Modernización sin reemplazo

La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.

No hay:

• Nuevo régimen para agricultura familiar
• Nuevo esquema de asesoramiento digital
• Nuevas herramientas de acompañamiento técnico

Solo hay vacío normativo.

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Responsabilidad individual y retirada estatal

La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.

El mensaje es claro:
cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.

Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.

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Una decisión técnica con consecuencias políticas

Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.

No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.

Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.

 

 

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica

Por Tomás Palazzo para NLI

La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.

Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur

Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.

Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.

La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.

La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político

En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.

La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:

• encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
• participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
• la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.

Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.

Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur

La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.

Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:

1. Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
2. Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
3. Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.

Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.

Una redefinición peligrosa de soberanía

La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.

Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico

La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.

Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.

 

 

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno nacional no es una decisión técnica ni administrativa: es un movimiento político de alto voltaje, con implicancias geopolíticas directas y un mensaje disciplinador a las provincias. Bajo el pretexto de “reordenar” la operatoria portuaria, Milei avanzó sobre una jurisdicción provincial estratégica y dejó servido en bandeja uno de los enclaves clave del Atlántico Sur.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses y su intervención administrativa directa por parte del Estado nacional, quitándole a la Provincia de Tierra del Fuego el control efectivo del principal puerto austral del país. La medida se dictó a horas de la reunión de Milei en Davos con Donald Trump.

No se trata de una coincidencia. El ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez lo dijo sin rodeos: Milei manoteó el Puerto de Ushuaia y hoy lo pondrá al servicio de Trump. No es una denuncia liviana ni una exageración retórica. El propio texto de la resolución reconoce el carácter estratégico, geopolítico y militarmente sensible del puerto, subrayando su rol en el abastecimiento antártico, la custodia de aguas australes y la logística regional.

MILEI MANOTEÓ EL PUERTO DE USHUAIA Y HOY LO PONDRÁ AL SERVICIO DE TRUMP

Antes de encontrarse con Donald Trump en Davos, el Presidente @JMilei hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el… pic.twitter.com/yJETqVDVWH

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 22, 2026

Un “castigo ejemplar” a una provincia

El gobierno nacional justifica la intervención alegando desvío de fondos portuarios, deterioro de infraestructura y fallas de seguridad. Sin embargo, el remedio elegido no es la coordinación ni la asistencia: es la toma directa del control, mediante una resolución administrativa de un organismo creado por DNU, sin debate federal ni instancia política previa.

El mensaje es claro: las provincias no gobiernan recursos estratégicos si esos recursos resultan útiles al proyecto nacional de Milei. Tierra del Fuego es el caso testigo, pero el antecedente es extensible a cualquier jurisdicción que administre puertos, vías navegables o nodos logísticos relevantes.

La resolución no solo suspende la habilitación, sino que habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación —con apoyo de la ex AGP y fuerzas federales— a administrar fondos, infraestructura, equipamiento y operación, desplazando en los hechos a la autoridad provincial.

Puerto, Antártida y alineamiento externo

El punto más grave no está solo en la forma, sino en el sentido político de la decisión. En los fundamentos de la resolución, Milei hizo consignar expresamente que Ushuaia es clave por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida, destacando su valor estratégico para campañas científicas, logística y control territorial.

Ese párrafo, lejos de ser técnico, es una confesión política. Milei no está pensando el puerto desde una lógica de desarrollo nacional soberano, sino como activo geopolítico negociable en el marco de su alineamiento automático con Estados Unidos. En Davos, Milei no va a hablar de federalismo ni de soberanía: va a ofrecer “seguridad jurídica” y activos estratégicos.

La advertencia de Rodríguez apunta al corazón del problema: el riesgo de que el Puerto de Ushuaia sea ofrecido para uso militar y comercial extranjero, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y la Antártida, una región donde la disputa de poder global es cada vez más explícita.

Milei, Estados Unidos y Ushuaia: geopolítica de una entrega estratégica

Un precedente peligroso

La decisión de Milei sienta un precedente temerario. Si el Poder Ejecutivo puede intervenir un puerto provincial estratégico mediante una resolución administrativa, invocando “interés público”, entonces el federalismo queda reducido a una formalidad vacía.

Hoy es Ushuaia. Mañana puede ser cualquier puerto, aeropuerto o infraestructura clave. La lógica es siempre la misma: centralizar, disciplinar y poner al servicio de intereses externos lo que debería ser política de Estado nacional y federal.

Por eso la pregunta no es solo qué hará Tierra del Fuego. La pregunta es qué harán los demás gobernadores frente a una avanzada que no distingue signos políticos cuando se trata de concentrar poder y recursos estratégicos.

El Puerto de Ushuaia no es una caja, no es una ficha de negociación y no es un botín de guerra ideológica. Es una pieza central de la soberanía argentina. Y Milei acaba de moverla sin pedir permiso.

 

 

Milei y su costumbre de subordinarnos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

En su discurso de hoy en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei volvió a desplegar una narrativa que excede largamente la economía y se adentra en una concepción ideológica de la historia, la cultura y la civilización. Más allá de las reiteradas defensas del capitalismo de libre mercado, hubo un eje particularmente revelador: la idea de que América arrastra una supuesta “deuda civilizatoria” con Occidente y que su misión histórica sería saldarla regresando a la filosofía griega, el derecho grecorromano y los valores judeocristianos.

Lejos de ser una simple reflexión cultural, este planteo condensa una visión profundamente política, excluyente y funcional a un proyecto de poder.

La “deuda civilizatoria”: una noción problemática desde el origen

Cuando Milei afirma que América debe “pagar una deuda civilizatoria” a Occidente, introduce una categoría que no es neutra ni inocente. Hablar de deuda implica subordinación, implica aceptar que existe un centro civilizatorio legítimo —Europa y su tradición occidental— y una periferia que debe agradecer, imitar y reparar.

Esta idea desconoce deliberadamente que América no es una hoja en blanco escrita por Grecia, Roma o el cristianismo europeo. Es un continente atravesado por civilizaciones milenarias, por procesos históricos propios, por luchas sociales, políticas y culturales que no pueden reducirse a una herencia importada. La noción de deuda borra de un plumazo a los pueblos originarios, las tradiciones populares, las experiencias emancipatorias y los proyectos políticos que disputaron —y disputan— el sentido mismo de la modernidad. Nos deja sin identidad.

Además, el concepto remite peligrosamente a las viejas justificaciones coloniales: Europa como portadora de civilización, América como territorio incompleto que debe “agradecer” lo recibido. No es una novedad discursiva: es un reciclaje ideológico con lenguaje contemporáneo.

Filosofía griega y derecho grecorromano: apropiación selectiva del pasado

El llamado de Milei a “inspirarse en la filosofía griega” y “abrazar el derecho grecorromano” opera como una selección interesada de la historia. No se trata de un análisis académico ni de una reivindicación crítica del pensamiento clásico, sino de una utilización simbólica para legitimar un orden político y económico actual.

La Grecia clásica y Roma no fueron paraísos de libertad universal: fueron sociedades atravesadas por la esclavitud, la exclusión política, la desigualdad estructural y la negación de derechos a amplios sectores de la población. Presentarlas como modelos morales sin esas contradicciones es falsear la historia.

Más aún, Milei invoca estas tradiciones como si condujeran de manera natural a un capitalismo desregulado y a un Estado mínimo, cuando buena parte de la filosofía clásica discutió justamente los límites del poder económico, la función de la comunidad y la centralidad de lo público. No hay herencia universal: hay recortes ideológicos.

Valores judeocristianos: moral selectiva y contradicción política

El tercer pilar del discurso fue el llamado a “retornar a los valores judeocristianos para salvar a Occidente”. Aquí la operación es doble. Por un lado, se construye un supuesto consenso moral único, invisibilizando otras tradiciones éticas, espirituales y culturales que forman parte tanto de América como del mundo occidental contemporáneo.

Por otro lado, se produce una contradicción evidente entre el discurso y la práctica política. Valores como la solidaridad, el cuidado del prójimo, la justicia social y la dignidad humana, históricamente asociados a la tradición judeocristiana, chocan de frente con políticas de ajuste, desprotección social y mercantilización extrema de la vida.

La apelación religiosa funciona así como un recurso retórico de legitimación, no como una guía ética real. Se invocan valores abstractos mientras se impulsan medidas concretas que profundizan la desigualdad y la exclusión.

Una idea de civilización que excluye

El discurso de Milei en Davos no propone una civilización plural ni un diálogo entre culturas. Propone una restauración: un Occidente idealizado, homogéneo, jerárquico y alineado con un modelo económico específico. Todo lo que queda fuera de ese canon —otras identidades, otros proyectos políticos, otras formas de organización social— aparece como desviación, amenaza o atraso.

La “deuda civilizatoria” no es, entonces, una reflexión histórica. Es una herramienta política que busca ordenar el mundo entre quienes encajan en ese relato y quienes deben ser corregidos, disciplinados o descartados.

En definitiva, el discurso de Milei en Davos revela con claridad que su proyecto no se limita a la economía: aspira a redefinir qué se entiende por civilización, quién tiene derecho a representarla y quién debe someterse a ella. Bajo una retórica grandilocuente sobre Grecia, Roma y los valores judeocristianos, se esconde una visión regresiva que empobrece el pasado, simplifica el presente y clausura la diversidad del futuro.

 

 

Mientras desde la semana pasada los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel cero, el Gobierno de Milei decidió también llevar a cero el aporte obligatorio que las empresas electrónicas de Tierra del Fuego debían hacer al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. La combinación de ambas medidas redefine el equilibrio del sector, beneficia a los grandes jugadores y deja en suspenso la promesa de diversificar la economía fueguina.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía publicada hoy en e Boletín Oficial, fijó en 0 % el aporte que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego estaban obligadas a realizar al FAMP – Fueguina, un fondo creado para ampliar la matriz productiva provincial. Ese aporte, establecido en el Decreto 727/2021, equivalía al 15 % del beneficio obtenido por IVA y había sido presentado como la contraprestación para extender hasta 2038 los beneficios del régimen especial de la Ley 19.640.

La decisión se conoce en paralelo a la eliminación total del arancel de importación de celulares, que completó el esquema iniciado en mayo de 2025 con el Decreto 333, cuando el derecho bajó del 16 % al 8 %. Desde el jueves pasado, el arancel pasó a cero, cerrando el cronograma definido por el propio Gobierno.

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Dos decisiones que cambian el tablero

La eliminación del arancel a los celulares fue presentada por el oficialismo como una medida para “bajar precios y aumentar la competencia”. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión en redes sociales asegurando que implicaba “menos impuestos y mejores precios para todos”. Sin embargo, los datos del sector muestran que la reducción previa del arancel no generó una avalancha de importaciones legales: en todo 2025 ingresaron por canales formales poco más de 334 mil celulares, una cifra incluso levemente inferior a la de 2024.

En ese escenario, la Resolución 20/2026 aparece como la otra cara de la misma política. Ante la pérdida de competitividad provocada por la desregulación económica y la apertura comercial, el Gobierno optó por aliviar completamente la carga que recaía sobre las empresas fueguinas, eliminando el aporte al fondo que debía financiar nuevos proyectos productivos.

El argumento oficial reconoce explícitamente que las condiciones tributarias y arancelarias cambiaron en perjuicio de la industria local, lo que habilitó, según la normativa vigente, la reducción del aporte incluso hasta cero. La recomendación fue avalada por el Comité Ejecutivo del propio FAMP y por informes técnicos del Ministerio de Economía.

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Tierra del Fuego: alivio empresario, fondo vaciado

Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas de la isla, señalaron que la apertura importadora implicó un desafío significativo para el sector y que, desde el anuncio del Decreto 333, se avanzó en reducción de costos, mejoras logísticas y eficiencia productiva, incluyendo la utilización de bitrenes y la eliminación de impuestos internos para los productos fabricados en la provincia.

Sin embargo, el núcleo del problema, según las propias empresas, no es la importación legal, sino el contrabando: uno de cada tres celulares que se activan en la Argentina no se fabrica en el país ni ingresa por canales oficiales. En ese marco, la industria electrónica emplea cerca de 10 mil personas, unas 4 mil en el segmento de celulares, y ya se registró la caída de alrededor de 500 contratos, en un contexto de demanda deprimida.

La resolución deja en evidencia una contradicción central: mientras se mantiene intacto el régimen promocional hasta 2038, se elimina el principal mecanismo pensado para financiar la diversificación productiva. El FAMP, creado para reducir la dependencia del ensamblaje electrónico, queda sin su fuente más relevante de ingresos justo cuando la apertura comercial vuelve a tensionar el modelo.

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Precios, importadores y el relato oficial

En el comercio minorista, la eliminación del arancel impacta principalmente en los celulares importados de alta gama, como el iPhone. Desde las cadenas especializadas admiten que los 8 puntos de arancel son 8 puntos de costo, y que parte de la baja ya fue trasladada a precios. Algunos modelos redujeron su valor hasta un 30 % en términos reales, empujados también por la caída del consumo.

No obstante, incluso desde el sector privado reconocen que el margen para nuevas bajas es limitado, entre otros factores por el encarecimiento global de memorias y componentes vinculados al boom de la inteligencia artificial. En ese contexto, la apertura no garantiza ni precios populares ni un mercado más ordenado, mientras el contrabando sigue siendo el principal factor distorsivo.

La combinación de arancel cero para importar celulares y aporte cero para las empresas fueguinas deja un mensaje claro: el Estado resigna herramientas de regulación y financiamiento productivo, confía en el ajuste del mercado y posterga, una vez más, la discusión de fondo sobre el modelo industrial.

 

 

El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.

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Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores

Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.

La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.

El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.

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El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste

Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.

Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.

No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.

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Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria

La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.

No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.

La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.

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Un mensaje claro: incumplir paga

Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.

Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.