Política

  • |

    El rechazo al “auxilio” de Washington marca la caída de la imagen de Milei

     

    Según el Monitor de Opinión Pública de octubre, el 58,2% de los argentinos rechaza la asistencia directa del Tesoro estadounidense. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la desconfianza institucional dominan un clima social que se refleja también en la caída de la aprobación de Milei, que ya roza el 60% de desaprobación.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable


    Estados Unidos no es el salvavidas que Milei esperaba

    El acuerdo de asistencia directa entre el Tesoro de Estados Unidos y la Argentina no sólo no despertó entusiasmo, sino que encendió nuevas alertas en la sociedad. De acuerdo con el Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre, un 58,2% de los encuestados se mostró en desacuerdo con recibir ayuda directa desde Washington, frente a un 37,3% que lo aprobó.

    La polarización política volvió a ser el eje de la lectura: casi el 70% de quienes votaron a Milei en 2023 apoyan la asistencia, mientras que el 97,4% de los votantes de Sergio Massa se manifestó en contra. El resultado refleja el sesgo ideológico que estructura hoy la conversación pública, pero también el escepticismo general frente a cualquier medida que no implique un alivio concreto en los bolsillos. Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora


    La economía, un espejo roto

    La percepción económica atraviesa uno de sus peores momentos desde la asunción de Milei. Apenas el 37,3% de los argentinos califica positivamente su situación personal, mientras que el 38,4% la considera mala o muy mala. Cuando la mirada se amplía al país, el diagnóstico se vuelve lapidario: seis de cada diez encuestados califican negativamente la economía nacional.

    Esa brecha entre la economía doméstica y la visión del país se explica por un fenómeno conocido: hay quienes todavía logran sostener cierta estabilidad individual, pero nadie cree en la conducción general del rumbo económico.

    El núcleo del malestar sigue siendo la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Tres de cada cuatro personas (73,7%) aseguran que sus ingresos no alcanzan a empatar los precios. En ese contexto, los principales problemas que preocupan a la ciudadanía son la situación económica (31,1%) y la corrupción (25,2%), muy por encima del narcotráfico, el desempleo o la inseguridad.


    Una gestión con saldo negativo

    En este clima adverso, la gestión de Milei obtiene apenas un 33,8% de aprobación frente a un 59,7% de desaprobación. Entre sus propios votantes de 2023, el respaldo llega al 65,1%, pero entre los de Massa el rechazo es casi total (98,6%).

    La confianza en los datos oficiales del INDEC tuvo una leve mejora, aunque el 61,3% todavía desconfía de las cifras de inflación, reflejando un terreno donde la credibilidad institucional sigue en terapia intensiva.


    Las imágenes políticas: Kicillof crece, Milei se estanca

    En el tablero de las figuras nacionales, el MOP detecta un leve repunte de Axel Kicillof, que sube a 43,9% de imagen positiva, mientras sus valoraciones negativas bajan del 50,7% al 48,5%. Su crecimiento se apoya en el voto propio y en un segmento independiente que empieza a verlo como un referente opositor con gestión.

    En cambio, Milei mejora apenas un punto su imagen positiva (35,5%), pero también crece su rechazo (59,9%). La grieta se profundiza: su núcleo duro se compacta, pero el margen para expandirse entre los sectores moderados parece agotado.

    Entre los dirigentes provinciales, Martín Llaryora (12,4%), Ignacio Torres (17,1%), Maximiliano Pullaro (17,4%), Rogelio Frigerio (30,8%) y Alfredo Cornejo (21%) muestran escenarios dispares, todos con niveles altos de desconocimiento y fuertes diferencias según afinidad partidaria.


    Fuerza Patria avanza y amplía la diferencia

    El dato político más significativo de la medición de octubre es la intención de voto legislativo: Fuerza Patria alcanza el 43,5%, dos puntos más que en septiembre, mientras que La Libertad Avanza sube al 36,5%. La diferencia de siete puntos a favor del peronismo consolida una tendencia de crecimiento en la previa a las elecciones del 26 de octubre.

    En tercer lugar aparece Provincias Unidas (5,7%), seguida por el Frente de Izquierda (3,3%). Los indecisos, que rondan el 6,4%, serán clave para definir el cierre del escenario electoral.

    El estudio aclara que “Fuerza Patria” no se presenta con ese nombre en todos los distritos, debido a acuerdos y denominaciones locales, mientras que La Libertad Avanza mantiene su sello uniforme. Esa diferencia técnica puede distorsionar la lectura nacional, pero no altera la tendencia: la mayoría social está virando hacia un voto opositor al experimento libertario.


    Un país con el termómetro en rojo

    El Monitor de Opinión Pública de octubre deja una radiografía clara: rechazo a la dependencia externa, malestar económico generalizado, y una gestión en retroceso. Milei conserva un núcleo fiel, pero aislado; el resto del país empieza a mirar hacia otro lado.

    En una Argentina que siente que cada mes vale menos, la paciencia política también se devalúa.

     

  • |

    “Este maltrato no se soporta más”: familias y prestadores del sector de la discapacidad ocuparon la sede de ANDIS

     

    En medio del abandono estatal, familias, prestadores y trabajadores del sector de la discapacidad irrumpieron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en Belgrano, para exigir una respuesta al interventor Alejandro Vilches. Denuncian cancelaciones arbitrarias de reuniones, falta de aumentos y un colapso general del sistema.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Caos y bronca en Belgrano

    La tensión en el sector de la discapacidad llegó a un nuevo punto crítico. En la mañana de este jueves, familias, prestadores y trabajadores ingresaron a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, para exigir ser recibidos por el interventor Alejandro Vilches.

    Este maltrato no se soporta más. Le quisimos entregar una carta y no la recibieron”, denunciaron los manifestantes, visiblemente agotados por meses de promesas incumplidas y precarización.


    Una reunión fantasma

    El propio Vilches había convocado a los representantes de los prestadores para una reunión prevista inicialmente para las 11 de la mañana, con el objetivo de discutir aumentos en las prestaciones. Sin embargo, el horario fue modificado a las 10, y finalmente, el día anterior, los prestadores fueron notificados de la cancelación del encuentro “por fuerza mayor”.

    La decisión desató la indignación de los sectores afectados, que decidieron ocupar la sede de ANDIS hasta obtener una respuesta.


    “La plata está, pero no la usan”

    Según denunció Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, la agencia recibió 121 mil millones de pesos para otorgar aumentos, pero los fondos no se han destinado a los trabajadores ni a las familias. “Ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”, sostuvo.

    Mientras tanto, el deterioro económico golpea de lleno a los prestadores. Las demoras en los pagos, la falta de actualizaciones y la inflación constante generan una situación insostenible para quienes sostienen el sistema.


    “Ya está todo colapsado”

    En representación de las familias, la actriz y referente Lola Berthet advirtió que el panorama para el próximo año es incierto: “Ya está todo colapsado. Estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener cobertura”.

    La angustia, dice, ya dio paso a la bronca: “Es agotador todo esto. Es un sector vulnerable. Necesito que hoy alguien venga a abrir la puerta y nos reciba”.


    Sin respuestas judiciales ni actualizaciones

    La psicóloga y madre Claudia Dipólito apuntó contra la justicia por la falta de avances en la causa impulsada por el diputado Paulón ante el juez Casanello, en el marco de la ley 27.793, que regula la actualización de aranceles. “Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año”, denunció.


    Transportistas al borde del colapso

    Desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis) advirtieron que “la situación es límite” y que muchos podrían dejar de trabajar en las próximas semanas. “Nunca en la historia nos encontramos como hoy. Los transportistas están trabajando a pérdida. El litro de nafta se lo pagan $541, pero el combustible cuesta $1.700”, detallaron.


    Un sistema al borde del abismo

    Entre el desfinanciamiento, la desidia burocrática y la falta de respuestas políticas, el sistema de atención a la discapacidad se encuentra al borde del colapso. Las familias, profesionales y transportistas —que sostienen con esfuerzo cotidiano lo que el Estado desatiende— reclaman algo tan básico como ser escuchados.

    Y mientras el interventor Vilches sigue sin abrir la puerta, la crisis humanitaria detrás de cada prestación impaga crece día a día.

     

  • |

    17 de octubre: 80 años del Día de la Lealtad, un hito del movimiento obrero argentino

     

    Hace ocho décadas, miles de trabajadores se movilizaron hacia Buenos Aires para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, marcando un antes y un después en la historia política del país.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Un día que cambió la política argentina

    El 17 de octubre de 1945 se produjo una de las movilizaciones más importantes de la historia argentina. Trabajadores de fábricas y barrios de la capital y alrededores marcharon masivamente hacia la Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón, detenido días antes por el gobierno militar que lo había obligado a renunciar a su cargo en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

    La presión popular fue decisiva: ante la magnitud de la movilización, Perón fue liberado esa misma jornada. Este hecho consolidó su liderazgo y dio inicio a la organización del movimiento peronista, que transformaría la política argentina y colocaría a los trabajadores en el centro de la agenda social y política del país.

    El rol de los sindicatos

    La movilización estuvo impulsada principalmente por sindicatos y delegados obreros de distintos sectores industriales. La Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo un papel central en la convocatoria, mostrando la fuerza de los trabajadores organizados y su capacidad de influencia política. La jornada quedó marcada como el primer gran triunfo político del movimiento obrero moderno en Argentina.

    Legado histórico

    El 17 de octubre se convirtió en el Día de la Lealtad, una fecha que recuerda la unidad de los trabajadores y su capacidad de movilización para defender derechos y liderazgos. A 80 años, sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia social y la participación política, y es recordado por la historiografía como un punto de inflexión en la historia del peronismo y del país.

     

  • |

    Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey

     

    El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria salió ileso tras un ataque que encendió la alarma en la política provincial.

    La tranquilidad de la campaña electoral en Salta se vio sacudida este jueves 16 de octubre cuando la camioneta en la que se trasladaba Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la provincia y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, fue alcanzada por un disparo. El hecho ocurrió mientras regresaba desde el departamento de Anta hacia la capital provincial, según consta en la denuncia formal presentada por el propio dirigente.

    Efectivos policiales que acudieron al lugar constataron que el impacto en el vehículo correspondía a un balazo real. La información fue confirmada por el periodista Oscar Correa a través de su cuenta de X, generando repercusión inmediata en los medios locales.

    Afortunadamente, Urtubey y sus acompañantes resultaron ilesos, aunque el episodio generó gran preocupación en el ámbito político provincial, especialmente en un contexto electoral marcado por la polarización y la tensión entre distintos sectores.

    Investigación en curso

    Fuentes cercanas al candidato reclamaron una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y garantizar la seguridad de los dirigentes durante sus recorridas proselitistas. La policía provincial ya inició las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar el origen del disparo y dar con los responsables del ataque.

    Este hecho se produce en un momento en el que Urtubey viene intensificando su agenda de recorridas por distintos municipios de la provincia, en busca de consolidar su candidatura y reforzar su presencia territorial.

    La situación generó reacciones inmediatas entre referentes políticos locales, quienes coincidieron en la necesidad de garantizar la seguridad de todos los actores involucrados en la campaña electoral, evitando que hechos de violencia condicionen el normal desarrollo democrático en Salta.

    Mientras la investigación avanza, la figura de Juan Manuel Urtubey se mantiene bajo el foco mediático, no solo por su actividad política sino también por la atención que genera este atentado, que refuerza la preocupación por la seguridad de los dirigentes en plena contienda electoral.

     

  • |

    Milei le cobra a Bahía Blanca por los puentes de emergencia que el Ejército colocó tras el temporal

     

    Semanas después de recortar los fondos para la reconstrucción de Bahía Blanca, el gobierno de Milei decidió cobrarle al municipio más de 43 millones de pesos cada tres meses por el uso de los puentes modulares que el Ejército instaló tras el temporal de marzo. El hecho desató un fuerte malestar político y social en una ciudad que sigue sin obras ni apoyo nacional.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

    El auxilio que se convirtió en factura

    Lo que en marzo se presentó como una muestra de “solidaridad y acción rápida” por parte del Gobierno nacional, hoy se transformó en un nuevo golpe a la castigada Bahía Blanca.
    Semanas después de haber recortado a la mitad los recursos para la reconstrucción de la ciudad tras el trágico temporal, el gobierno de Javier Milei decidió facturarle al municipio peronista de Federico Susbielles por el uso de los puentes de emergencia que el Ejército colocó tras los derrumbes del arroyo Maldonado.

    En las últimas horas se conocieron, a través del Boletín Oficial Municipal, los convenios que la comuna firmó con el Ejército: deberá pagar cada tres meses más de 43 millones de pesos por dos puentes bailey y el seguro correspondiente.


    Del “no los vamos a dejar solos” al alquiler millonario

    Los decretos 2188 y 2189 firmados por Susbielles establecen que la comuna debe abonar 17.670.949 pesos por cada puente y 8,5 millones adicionales en concepto de seguro, con una duración inicial de tres meses y opción a prórroga.

    Lo paradójico es que el ministro de Defensa, Luis Petri, había publicado en marzo orgullosos mensajes en redes sociales celebrando la colocación de esos mismos puentes en “tiempo récord”. “Nunca vamos a dejar a los bahienses solos”, afirmaba en aquel entonces, sin mencionar que el “auxilio” se convertiría después en un alquiler millonario.


    Obras omitidas y presupuestos fantasmas

    El enojo en Bahía Blanca se profundiza además porque, mientras el Gobierno le cobra por los puentes, omitió incluir en el Presupuesto Nacional 2026 las principales obras de reconstrucción que la ciudad necesita.

    Los concejales bahienses denunciaron que las pocas obras que figuran presentan misteriosas inconsistencias: tanto la reconstrucción del puente de la Ruta Nacional 35 sobre el Arroyo Chasicó como la del puente de la Ruta Nacional 3 sobre el Arroyo Maldonado —ambos destruidos por la crecida— aparecen con idénticos montos presupuestados y apenas un 10% de avance previsto para 2026.

    Mientras tanto, los desvíos de tránsito siguen afectando la conectividad local y el transporte productivo.


    Reclamos desde el Concejo Deliberante

    El concejal radical Pablo Daguerre presentó un proyecto para exigir al Ejecutivo Nacional la incorporación de la autopista Paso Urbano en el presupuesto, obra considerada clave para la conexión del puerto, la zona industrial y el desarrollo del sudoeste bonaerense.

    Daguerre recordó que entre 2022 y 2023 el Paso Urbano fue una de las obras viales con mayor presupuesto del país, pero que pese a las modificaciones técnicas realizadas para mejorar su viabilidad, no hubo avances concretos desde entonces.

    “Se trata de un proyecto fundamental para el desarrollo productivo, portuario e industrial del sudoeste bonaerense, que no puede seguir postergado”, afirmó el edil, que también impulsa la incorporación de trabajos de mantenimiento en ocho rutas nacionales de la región.


    Una ciudad que resiste sin ayuda

    Bahía Blanca fue una de las zonas más castigadas por el temporal de marzo, con infraestructura devastada, cientos de familias damnificadas y pérdidas millonarias. A siete meses del desastre, el municipio enfrenta la reconstrucción prácticamente en soledad: con fondos recortados, obras paralizadas y ahora, encima, un alquiler que debería ser un gesto solidario.

    Mientras Milei continúa su ajuste sobre provincias y municipios, Bahía Blanca vuelve a quedar en evidencia como ejemplo de cómo la “motosierra” también corta donde más se necesita el auxilio del Estado.

     

  • |

    Concordia privatiza la política social: Azcué entrega funciones del municipio a una fundación ligada al Opus Dei

     

    Con el argumento de la “eficiencia” y la “falta de recursos”, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmó un convenio de más de 54 millones de pesos con la Fundación Maximiliano Kolbë —parte de la red CONIN— para que una ONG privada asuma tareas esenciales del área social. El acuerdo replica el modelo impulsado por Abel Albino y profundiza el vaciamiento del Estado local.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Francisco Azcué firmó la entrega

    En una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país, el intendente Francisco Azcué (Juntos por el Cambio y aliado de La Libertad Avanza) decidió delegar la política social municipal en una organización privada. A través del Decreto N° 994/2025, Azcué y su secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, autorizaron un convenio con la Fundación Maximiliano Kolbë por más de 54 millones de pesos, para realizar un “Operativo Sanitario de relevamiento socio-nutricional” dirigido a niños y embarazadas.

    Del Estado al “franquiciado solidario”

    El acuerdo, que tendrá vigencia hasta junio de 2026 señala el periodista Osvaldo Peralta desde EnOrsai, prevé un pago mensual de $4.520.000 a la fundación presidida por Stella Maris Micucci, una entidad que integra la red de CONIN, la organización del pediatra Abel Albino, célebre por su pertenencia al Opus Dei y sus polémicas afirmaciones sobre salud sexual y pobreza.

    El modelo que ahora adopta Concordia reproduce la llamada “franquicia solidaria” de Albino: una trama de fundaciones y ONGs que, bajo un discurso asistencialista, reemplazan funciones del Estado y canalizan fondos públicos hacia estructuras privadas con fuerte impronta religiosa.

    Mientras el municipio reduce personal, cierra comedores y suspende programas sociales por “falta de recursos”, el mismo presupuesto se destina a financiar una organización privada que asume las tareas abandonadas por el Estado.

    Los comedores cerrados y el discurso del “ahorro”

    En los barrios de Concordia, los comedores vacíos y los Centros de Desarrollo Infantil cerrados se transforman en el símbolo más visible del ajuste. Lo que antes hacían nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y equipos municipales, ahora queda en manos de una ONG sin control institucional ni auditorías externas claras.

    La letra chica del decreto deja al descubierto el vacío de control: el artículo 2° se limita a ordenar el pago mensual “a condición de que la institución dé cumplimiento al convenio”, sin establecer mecanismos de evaluación o seguimiento.

    En la práctica, el municipio se desentiende de su rol de garante de derechos y se transforma en una caja de transferencia de fondos públicos a manos privadas.

    La lógica Milei aplicada en Concordia

    Lejos de ser un hecho aislado, el caso se inscribe en una tendencia nacional que se profundizó con el gobierno de Milei: el reemplazo del Estado por ONGs, fundaciones o iglesias que operan como prestadoras de servicios públicos. Bajo el eufemismo de la “cooperación público-privada”, se consolida un modelo de retiro planificado del Estado y transferencia de recursos a entidades con intereses propios y orientación ideológica definida.

    El argumento del ahorro resulta cada vez más insostenible: lo que se recorta en salarios públicos se gasta —y con creces— en convenios sin control ni transparencia. Se achican las instituciones locales, se debilitan los equipos técnicos y se abren las puertas a contratos opacos.

    ¿Quién gana y quién pierde?

    La pregunta que resuena en Concordia es simple: ¿a quién beneficia esta política?
    Las organizaciones “solidarias” acumulan poder, fondos y legitimidad, mientras los vecinos pierden la presencia del Estado en su barrio. En el corto plazo, el impacto se mide en menos raciones de comida y familias sin atención. En el largo plazo, en la erosión del tejido institucional que sostiene la democracia local.

    Privatización encubierta

    El convenio con la Fundación Kolbë no es un error administrativo, sino una decisión política coherente con la ideología de desmantelamiento estatal que Milei impulsa desde la Casa Rosada. En Concordia, se traduce en despidos, cierres y contratos a medida, con los niños y embarazadas como víctimas silenciosas del ajuste.

    Mientras tanto, la retórica de la “eficiencia” sigue sirviendo de excusa para justificar lo injustificable: un municipio que dice no tener recursos para sostener comedores, pero sí los tiene para financiar a una ONG ligada al Opus Dei.