El dirigente polítco acudió con un malestar al CEMIC
Durante la jornada del jueves circularon versiones en torno a la salud de Juan Grabois. Atento a la situación, el dirigente político aclaró que si bien asistió al médico a causa de un dolor en el pecho, no requirió una internación. En su mensaje, también manifestó su preocupación por el estado del sistema sanitario.
MENSAJE
Parte médico
A lo largo y a lo ancho de nuestro país hay gente que está sufriendo mucho, en hospitales sin medicamentos ni personal suficiente. Ancianos aguardando una cama tirados en la sala de espera. Malos tratos, suciedad, techos que se caen a pedazos, meses para hacer un estudio, comida inadecuada. Hay pacientes de salud mental y enfermos oncológicos sin sus medicamentos. Le sacaron los remedios a los jubilados. El sistema público de salud que junto al de educación supo ser el orgullo de la Argentina y un factor de igualación social ya estaba en crisis. Ahora lo están intentando matar.
Como docente asalariado registrado del sector universitario tengo el privilegio de contar con una obra social (DOSUBA). Fui por un dolor en el pecho.
El diagnóstico coronario que gente inescrupulosa y sin límites éticos filtró y difundió preocupando a mis familiares, amigos y compañeros es completamente falso. Todos los estudios me dieron bien.
Aprovecho para reconocer a los trabajadores de limpieza, camilleros, kinesiólogos y enfermeras que son el corazón del sistema de salud aunque los traten como personal de segunda. Por supuesto, también a los médicos que no se creen miembros de una casta superior y tratan dignamente a sus pacientes y compañeros de trabajo. Por suerte son muchos. En su esfuerzo y compromiso sobrevive la fuerza con la que, no tengo dudas, vamos a volver a poner todo el sistema de pie.
A los que se preocuparon, les agradezco de corazón y les pido: preocupémonos por los pibes, las pibas y pacientes sometidos al descarte, la desnutrición, el abandono, el abuso, los padecimientos mentales, las drogas, el grooming, la humillación, la crisis en las escuelas y hospitales públicos. Gritemos por ellos porque la catadura moral de una sociedad -y por ende de cada uno de nosotros- se mide por cómo trata a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos. Los militantes estamos para dejar la vida por ellos.
A los que se alegraron leyendo el falso diagnóstico, lamento decirles que acá estamos para seguir combatiéndolos un largo rato, hasta el último suspiro. Insisto, estoy muy bien, pero si así no lo fuera, por cada uno de nosotros que se vaya van a nacer miles. No nos van a ganar porque nosotros no nos rendimos nunca.
Parte médico
A lo largo y a lo ancho de nuestro país hay gente que está sufriendo mucho, en hospitales sin medicamentos ni personal suficiente. Ancianos aguardando una cama tirados en la sala de espera. Malos tratos, suciedad, techos que se caen a pedazos, meses para hacer un…
La maquinaria de corrupción estructural que tejió Patricia Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad incluye compras irregulares, sobreprecios escandalosos, y una red de favores que alcanza hasta a su propia familia. La causa duerme en Comodoro Py, pero las pruebas hablan por sí solas.
Mientras el gobierno de Javier Milei repite eslóganes de transparencia y honestidad, una de sus figuras centrales protagoniza una historia de saqueo sistemático al Estado. Patricia Bullrich, reciclada una vez más como ministra de Seguridad, vuelve a ocupar el sillón desde el cual, entre 2016 y 2019, se aprobó una serie de operaciones que combinan negociados millonarios, direccionamiento de licitaciones y lavado de dinero familiar. Nada de esto es opinión: todo está documentado.
En el universo paralelo que habita Javier Milei, los corruptos siempre son otros. El gobierno libertario ha hecho del marketing contra “la casta” su núcleo discursivo. Pero detrás del telón, en las sombras donde operan los verdaderos engranajes del poder, una vieja conocida del macrismo sigue moviendo millones como si nada hubiese pasado. Patricia Bullrich no sólo volvió al Ministerio de Seguridad, sino que lo hizo con la impunidad garantizada por Comodoro Py y la bendición del nuevo oficialismo. Y es allí, en esa continuidad entre gobiernos que dicen enfrentarse pero que se tapan las espaldas, donde esta historia toma forma.
El video del diputado Rodolfo Tailhade vuelve a hacer lo que la Justicia no: exponer con datos precisos y documentación concreta cómo se vació el Estado bajo el pretexto de proteger al G20. Lo que debía ser una operación para garantizar la seguridad de una cumbre internacional terminó convirtiéndose en una caja negra de contratos adjudicados sin control, equipamiento comprado a empresas amigas, y un sistema de licitaciones que parecía diseñado más para enriquecerse que para gobernar.
Todo comenzó con una firma. El 16 de febrero de 2018, Bullrich y su equipo rubricaron un acta acuerdo para justificar una serie de compras directas millonarias con motivo del G20. Entre los firmantes figuran nombres que hoy están de vuelta en la función pública: Alberto Fernando Forig, Martín Siracusa, Carlos Becker Fioretti, Adriana La Forgia y Juan Ignacio Onel. Los cargos que ostentaban entonces explican mucho de lo que vendría: eran quienes manejaban la logística, la administración y las compras del ministerio. Eran, en otras palabras, los habilitados para hacer negocios.
Las compras, como documenta Tailhade, fueron escandalosas. Se pagaron 2,1 millones de dólares por vehículos que llegaron meses después del evento, cuando ya no servían para nada. De los 20 furgones adquiridos, sólo 5 llegaron antes del G20 y, encima, sin los equipos de comunicación prometidos. Las ambulancias llegaron medio año más tarde. ¿Consecuencias? Ninguna. No se aplicaron multas, no se rescindieron contratos. El Estado fue saqueado a la luz del día y nadie movió un dedo.
Lo mismo ocurrió con los uniformes, adjudicados por 200 mil dólares a la firma Geotex SRL, única oferente. ¿Casualidad? Ni por asomo. Meses antes, Siracusa —el mismo que firmó la compra— se había reunido con los responsables de la empresa. Los uniformes llegaron con cinco meses de retraso, y de los 900 prometidos, 800 no cumplían con los requisitos técnicos. La SIGEN nunca supo dónde terminaron. Pero el dinero ya había volado.
Otra operación notable fue la adjudicación a NTtec Company Limited, también única oferente, por dos millones de dólares. Aquí, el escándalo es aún más burdo: al momento de la contratación, la hija del director nacional de logística que aprobó la compra, Carlos Becker Fioretti, trabajaba en esa empresa. Sin embargo, la licitación siguió adelante. La entrega se hizo nueve días después del G20. Todo se lavó con el mismo jabón.
Los chalecos antibalas, que siempre se adquirieron a Fabricaciones Militares, fueron comprados por primera y única vez a la firma Antaj SRL. Un millón de dólares, con un sobreprecio de 300 mil respecto al precio testigo de la propia SIGEN. ¿Y quién era el gerente de la empresa? Alejandro Altoé, miembro de la fundación Confianza Pública de Graciela Ocaña, la supuesta «Señora Transparencia» de la política argentina. El entramado es perfecto: un círculo cerrado de funcionarios, empresarios amigos y operadores políticos que transformaron al Estado en una plataforma de negocios.
Pero lo que convierte esta trama en algo más grave que una simple cadena de corrupción es la reincidencia, la impunidad y el reciclaje institucional. La Oficina Anticorrupción denunció en 2022 a todos los involucrados por malversación de caudales públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes. Sin embargo, Comodoro Py decidió mirar para otro lado. Los seis imputados siguen libres, cinco volvieron a ocupar cargos públicos, y Bullrich volvió a ser ministra como si nada hubiera pasado.
¿Y el lavado? Allí entra el rol de la familia. Según denuncia Tailhade, Bullrich armó una ONG llamada IEES (Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad), que habría sido utilizada para canalizar parte de los fondos desviados entre 2016 y 2019. Una estructura aparentemente académica, en realidad convertida en lavadora de lujo. Porque si algo aprendió la ministra de Seguridad es que, para robar con impunidad, primero hay que revestirse de institucionalidad.
Todo esto ocurre mientras el gobierno de Javier Milei ajusta brutalmente a los sectores populares, recorta presupuesto en educación, salud y ciencia, y vende como “motosierra moral” lo que no es más que una redistribución brutal del poder económico hacia los mismos de siempre. La ministra que se llenó la boca hablando de “orden” y “república” es, según las pruebas, la protagonista de una de las mayores operaciones de desfalco del Estado argentino en tiempos recientes.
Mientras se demoniza a las universidades públicas y se reprime la protesta social, no hay un solo operativo judicial en curso contra Bullrich y su banda. Todo lo que debiera estar siendo investigado con rigurosidad por los tribunales, se reduce a una denuncia dormida en un cajón y una funcionaria que sigue acumulando poder.
Pero los datos están. Las fechas están. Las firmas, los montos, las empresas fantasmas, los vínculos familiares, las entregas fuera de término, los sobreprecios, los encuentros previos a las licitaciones, todo está registrado. Y sin embargo, el blindaje mediático, judicial y político permite que esta historia siga sin consecuencias.
Porque el problema no es Bullrich. El problema es un sistema que naturaliza el choreo cuando se hace con corbata, expediente y firma de funcionario público. El problema es un aparato estatal colonizado por mafias que, en nombre de la seguridad, nos desvalijan con total impunidad. Y lo más preocupante es que, mientras eso sucede, nos piden austeridad a nosotros.
El candidato a legislador por el MID puso primera en propuestas insólitas.
El entrenador y candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Ricardo Caruso Lombardi, que responde a Oscar Zago, aseguró que con su bloque tiene pensado avanzar en un proyecto para construir «una cárcel para 2.000 personas en el agua», con el objetivo de “no molestar a los vecinos” de la Ciudad.
«Es algo que hablamos en el MID y que están averiguando con arquitectos y gente que se dedica al armado de cárceles. Queremos hacer una prisión en el agua. Es una cárcel para 2.000 personas en la Costanera, en el Río de la Plata», afirmó Caruso Lombardi en declaraciones al programa «Tiempo de Policiales» por ATP Radio.
El candidato a diputado porteño explicó: «Estás a 500 metros de la playa, no jodes a nadie y hacés un camino para que la gente pueda ir a visitar a sus familiares. De esa forma se construye un penal de máxima de seguridad. Los presos van a hacer su vida ahí adentro, no molestan a nadie. Es un lugar que no se usa para nada y armarlo ahí sería perfecto».
«Hay gente que lo va a tomar para la risa. Pero en Alemania, Brasil y Colombia existen las cárceles que están en el agua y no son flotantes. La base está hecha de cemento y como tiene que ser. Es una buena salida para la Capital Federal. Acá no hay lugar. No hay que reírse de eso y hay que buscar el lugar», precisó.
Las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes y arrestaron a dos personas, en el marco de la tradicional movilización de los miércoles para reclamar mejoras en los haberes jubilatorios y las pensiones.
La Policía Federal y la Gendarmería reprimió a los jubilados y pensionados que se movilizaron en el Congreso, donde realizaron la tradicional marcha de los miércoles contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y en reclamo de aumento en los haberes jubilatorios y las pensiones. Dos personas fueron arrestadas y, al menos, hay cinco heridos.
«Tiraron gases para todos lados y también palazos en busca de evitar que la gente se acerque al cordón de la Policía Federal, ya que hay un detenido», explicó el periodista Nicolás Munafó, a cargo de un móvil de C5N en el lugar. Una de las personas apresadas fue identificada, por los propios manifestantes, como Marcelo Uertes.
Mientras Javier Milei la expone sin pudor como parte del selecto grupo que sabía del levantamiento del cepo, Karina enfrenta una mediación judicial por la estafa de la cripto $LIBRA. La hermana presidencial está en el ojo de la tormenta por uso de información privilegiada y maniobras fraudulentas.
Por Walter Onorato
El escándalo de la criptoestafa de $LIBRA se entrelaza peligrosamente con la revelación del propio presidente Javier Milei sobre quiénes sabían del levantamiento del cepo antes de que el Banco Central vendiera USD 400 millones. Karina Milei, ya imputada en el caso cripto, fue mencionada por su hermano como una de las pocas personas con información privilegiada, una confesión que la acerca a un posible delito penal y expone la estructura de poder familiar que gobierna la Argentina. ¿Es Karina la “Jefa” o el chivo expiatorio?
Javier Milei, en su creciente verborragia de presidente mediático antes que institucional, acaba de exponer sin filtros a su hermana Karina Milei en un torbellino judicial que conecta, como un rompecabezas macabro, las prácticas más cuestionables de su gobierno: uso de información privilegiada, operaciones financieras ruinosas para el Estado y participación directa en una estafa con criptomonedas.
En una extensa entrevista con Alejandro Fantino, el presidente dijo, sin titubeos, que “básicamente los que sabíamos que salíamos del cepo éramos Toto, Kari y yo”. Una frase que, en otro contexto, podría parecer insignificante. Pero aquí no. Porque el viernes anterior a ese anuncio, el Banco Central vendió USD 398 millones a $1097,5 por unidad. Al día siguiente, con la flotación del dólar, la cotización se disparó a $1250. Resultado: una ganancia de más de $60 mil millones para quienes, casualmente, compraron justo antes de la explosión. ¿Quiénes lo sabían? Según el propio Milei: él, Karina y Luis “Toto” Caputo.
No fue un periodista el que expuso el hecho. Fue el mismo presidente, enamorado de sus propias palabras, el que incriminó —de forma directa e irrefutable— a su círculo más íntimo. Y entre ellos, Karina, la “Jefa”, como la llama con veneración mesiánica, vuelve a ocupar el centro de la escena. Solo que esta vez no es por su poder en las sombras, sino por estar al borde de una imputación por delitos económicos graves.
La confesión no pasó desapercibida. El abogado Leonardo Martínez Herrero, ya denunciante en la causa por la venta de dólares a precio vil, advirtió la maniobra: “Quienes compraron el 11 de abril obtuvieron un beneficio de USD 48 millones en un día”. Malversación de caudales públicos y defraudación contra la administración pública son los cargos que ya figuran en el expediente que tramita el juez Ariel Lijo. Una denuncia que podría ampliarse si se comprueba que hubo uso de información privilegiada, delito tipificado en el artículo 307 del Código Penal con penas de hasta seis años de prisión.
Pero como si eso no bastara, el escándalo tiene una segunda arista aún más espinosa para Karina Milei. La misma semana que su hermano la incrimina en la operación cambiaria, se confirma que ella —junto al propio presidente y el vocero presidencial Manuel Adorni— ha sido citada a una “audiencia prejudicial” por el caso de la cripto $LIBRA. Una criptomoneda promocionada desde canales oficiales y redes presidenciales, cuyo desplome generó una avalancha de demandas por daños y perjuicios.
El abogado Nicolás Oszust, que representa a unos 25 damnificados, calcula un perjuicio directo de USD 4,5 millones. Y ya está en marcha la primera instancia legal: una mediación obligatoria el próximo 15 de mayo vía Zoom. Si no hay acuerdo, la demanda civil millonaria será inminente. En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de todos los implicados, incluyendo a los hermanos Milei.
La situación judicial de Karina Milei es doblemente crítica: mientras en la causa de $LIBRA ya está imputada por estafa, ahora aparece mencionada como cómplice necesaria en una operación que benefició a especuladores con acceso a información privilegiada. Un cóctel explosivo que exhibe el verdadero rostro del poder libertario: uno donde la transparencia brilla por su ausencia, donde los negocios personales se confunden con el rol institucional, y donde la impunidad parece ser la norma.
El libertarismo, ese monstruo ideológico que Milei vende como una cruzada moral contra “la casta”, revela ahora su propia casta, mucho más peligrosa por su opacidad y su falta de controles. ¿A quién responde Karina Milei? ¿Quién controla a la “Jefa”? Nadie. Su cargo como secretaria general de la Presidencia, sin antecedentes en la función pública, le otorga un blindaje institucional inédito. Pero ese blindaje ahora tiene grietas.
La decisión de vender reservas a un precio subvaluado justo antes de levantar el cepo se parece demasiado a un dólar futuro a la inversa. Una operación que, en tiempos del gobierno anterior, fue utilizada por el propio Milei como bandera para denunciar corrupción. Hoy, ejecuta una jugada aún más escandalosa, sin ninguna explicación racional, y con consecuencias judiciales directas para su entorno.
Lo más inquietante no es solo el hecho en sí, sino la liviandad con la que el presidente lo admite. En un país devastado por la inflación, la pobreza y el desmantelamiento del Estado, Milei festeja con su equipo económico —el mismo que está denunciado en Comodoro Py— como si fueran un grupo de brokers celebrando el cierre de Wall Street. Todo mientras los jubilados ven licuados sus haberes, los docentes universitarios luchan por un salario digno y los científicos huyen del país.
¿Este es el nuevo contrato social que propone el libertarismo? ¿Una Argentina gobernada por algoritmos financieros, criptomonedas fallidas y decretazos nocturnos? ¿Un país donde el presidente expone a su hermana y al mismo tiempo la protege con una estructura institucional pensada para blindarla judicialmente?
La historia dirá si Karina Milei es una víctima de la incontinencia verbal de su hermano o una pieza central en una arquitectura de poder construida sobre la impunidad y la especulación. Pero lo que ya está claro es que el discurso de la “libertad” se desvanece cuando la justicia llama a la puerta. Y esta vez, lo hace en simultáneo por dos causas explosivas que podrían marcar un antes y un después en el gobierno más mediático y menos republicano de la historia argentina reciente.
Cómo será la disposición de las Boletas electrónicas en las elecciones de mayo.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El próximo 18 de mayo se celebran las Elecciones Generales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la misma se aplicará el Sistema Electrónico de Emisión de Boleta Única. ¿Pero cómo será la disposición de las distintas ofertas electorales en la pantalla?
La Ley electoral, en el caso de Boletas de papel dispone que las mismas se presenten al electorado respetando la ubicación: por número de lista de menor a mayor y de izquierda a derecha. Pero esto no será así en las próximas elecciones de CABA.
Adrián H. González, Director Titular del Instituto de Gestión Electoral (IGE), ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acaba de resolver que las mismas aparezcan en la pantalla de manera aleatoria, cambiando de votante a votante.
A través de la RESOLUCIÓN N.º 29/IGE/25, firmada en el día de ayer y publicada hoy en el Boletín Oficial porteño, estableció «la aleatoriedad en la visualización de la oferta electoral de todas las agrupaciones políticas participantes de las Elecciones Generales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 18 de mayo de 2025, respecto de la pantalla del Sistema Electrónico de Emisión de Boleta Única».
Entre los argumentos esgrimidos se indica que «este mecanismo de rotación automática y aleatoria en la presentación de la oferta electoral fortalece simultáneamente el principio de equidad, al neutralizar completamente cualquier ventaja posicional en la interfaz de votación, distribuyendo estadísticamente de manera uniforme los beneficios de las posiciones preferenciales entre todas las agrupaciones políticas participantes».
El Gobierno de la Ciudad sigue empecinado en meter mano en un sistema que desde hace décadas es un ejemplo en transparencia democrática. Recordemos que en las últimas elecciones porteñas, en 2023, hubo demoras, múltiples quejas y largas filas de votantes fuera de los establecimientos habilitados, como consecuencia de las fallas en el funcionamiento de las máquinas del voto electrónico (BUE), las que fueron tildadas desde la Justicia electoral nacional como de una “impericia nunca antes vista”.
