Política

 

La evolución del salario docente argentino en 20 años: fuerte crecimiento hasta 2015, caída durante Cambiemos, recuperación parcial y nuevo derrumbe durante Milei.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Durante dos décadas, el salario docente argentino atravesó un recorrido que permite leer, casi como un espejo, los distintos modelos económicos que gobernaron el país. Creció con fuerza durante el ciclo de recuperación iniciado después de la crisis de 2001, alcanzó su máximo poder adquisitivo en 2015 y comenzó luego una larga etapa de retroceso que tuvo distintos ritmos y características hasta desembocar en un nuevo derrumbe durante el gobierno de Javier Milei. El resultado actual ayuda a explicar por qué cada vez menos jóvenes consideran la docencia una profesión capaz de ofrecerles una vida económicamente estable.

El dato que disparó nuevamente la discusión es contundente: según el relevamiento, la cantidad de jóvenes que se inscriben en carreras docentes cayó 23% desde 2017, mientras que el 55% abandona durante el primer año. La pérdida de atractivo de la profesión no puede explicarse solamente por las condiciones dentro del aula. Hay detrás una cuestión material elemental: cuánto se paga por enseñar, cómo evolucionó ese ingreso frente a los precios y qué lugar ocupa el docente dentro de la estructura social argentina.

De 2005 a 2015: la década en que el salario docente recuperó terreno

Para analizar la evolución sin caer en la trampa de comparar pesos de distintos años, hay que mirar el salario real, es decir, el poder de compra del sueldo una vez descontada la inflación. Una investigación de CIPPEC reconstruyó una serie para el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, tomando 2005 como base 100. El resultado muestra con enorme claridad el cambio de época.

En 2005 el índice era 100. En 2006 pasó a 110,5; en 2007 llegó a 115,4; en 2008 a 122,2 y en 2009 a 124,2. Después de algunas oscilaciones, volvió a avanzar hasta alcanzar 131,8 en 2011, permaneció en niveles elevados durante los años siguientes y finalmente llegó a 135,8 en 2015, el máximo de toda la serie. Dicho de manera sencilla: el salario docente de 2015 tenía un poder adquisitivo aproximadamente 36% superior al de 2005.

El fenómeno tampoco fue exclusivamente docente. Formó parte de una recuperación más amplia de los ingresos laborales posteriores a la crisis de 2001-2002, acompañada por una expansión del gasto educativo, la Ley de Financiamiento Educativo y una política nacional que buscó recomponer salarios y ampliar la inversión pública. CIPPEC había estimado que, entre 2003 y 2017, el salario docente había ganado en promedio 72% de poder adquisitivo, aunque esa medición incluía toda la recuperación que comenzó después del derrumbe de la convertibilidad.

Hay otro dato que ayuda a poner en perspectiva aquel proceso. Un estudio de CIPPEC sobre financiamiento educativo señaló que entre 2002 y 2008 el salario docente real creció 84%, la mayor recuperación registrada desde los años noventa. Entre 2008 y 2015 el comportamiento fue bastante más irregular, pero entre puntas todavía hubo crecimiento.

Por eso, cuando se habla de los salarios docentes de las últimas dos décadas, es necesario distinguir dos períodos muy diferentes. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo la gran recuperación salarial que llevó al ingreso docente hasta su máximo real de 2015. No significa que todos los años hayan sido de aumento ni que todas las provincias hayan evolucionado de igual manera, pero sí que el ciclo completo terminó con un salario sustancialmente superior al de 2005.

El quiebre de 2016: cuando comenzó la pérdida sostenida

El cambio aparece inmediatamente después del máximo de 2015. En 2016 el índice cayó de 135,8 a 130,3; en 2017 tuvo una pequeña recuperación hasta 132,1, pero en 2018 se desplomó a 123,4 y en 2019 terminó en 114,5.

La comparación resulta especialmente significativa porque permite identificar el período de mayor deterioro durante la gestión de Mauricio Macri. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, CIPPEC calculó una pérdida del 14% del poder adquisitivo, que llevó al salario docente a niveles reales similares a los de 2006.

Los datos oficiales utilizados por el propio Estado argentino para analizar retrospectivamente ese período son todavía más contundentes: entre 2017 y 2019, el salario docente perdió aproximadamente 20% de poder adquisitivo en el nivel secundario y 26% en el nivel primario.

No se trató únicamente de un problema de aumentos nominales insuficientes. La combinación de inflación, cambios en la política económica y reducción del gasto público produjo una erosión que convirtió las negociaciones salariales en una carrera permanente detrás de los precios. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, al analizar la situación bonaerense, calculó que en 2018 el poder adquisitivo promedio del salario docente había quedado casi 12% por debajo del promedio de 2015, mientras que diciembre de 2018 mostraba una pérdida superior al 20% respecto de aquel año.

Así, el modelo económico de Cambiemos marca el primer gran quiebre de la curva ascendente iniciada después de 2003.

Pandemia, recuperación parcial y nuevo retroceso

La llegada de Alberto Fernández no significó una recuperación inmediata. La pandemia produjo un shock particular sobre el sistema educativo y sobre las cuentas públicas. En la serie de salario real, el índice pasó de 114,5 en 2019 a 111,7 en 2020 y luego descendió hasta 109,6 en 2021.

A partir de allí apareció una recuperación parcial: el índice subió a 111,4 en 2022, aunque volvió a bajar ligeramente a 110,8 en 2023. Es decir, el período 2020-2023 no logró recuperar el poder adquisitivo que los docentes habían perdido durante la segunda mitad de la década anterior.

La fotografía completa es importante porque evita una simplificación política frecuente: el salario docente no recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández el máximo alcanzado en 2015. Hubo recuperación en determinados años y provincias, particularmente durante 2022, pero el nivel nacional continuó muy por debajo de aquel pico.

Y entonces llegó 2024.

Milei y el derrumbe: de 110,8 a 92,6

El dato más fuerte de toda la serie aparece justamente en el primer año completo de Javier Milei. El índice de salario docente real pasó de 110,8 en 2023 a apenas 92,6 en 2024, tomando 2005 como base 100. Es decir, en un solo año el poder adquisitivo quedó 7,4% por debajo del nivel de 2005 y aproximadamente 32% por debajo del máximo alcanzado en 2015.

La magnitud del retroceso también aparece en los datos oficiales relevados durante 2024. En junio, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad había caído 4,8% en términos reales respecto de diciembre de 2023 y 25% respecto de junio del año anterior. La dispersión provincial fue enorme: algunas jurisdicciones consiguieron aumentos reales, mientras otras sufrieron pérdidas superiores al 20%.

Uno de los elementos centrales fue la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mecanismo mediante el cual la Nación transfería recursos a las provincias destinados a mejorar los salarios docentes. El fondo, creado en 1998, dejó de tener vigencia en enero de 2024 y el Gobierno de Milei decidió no renovarlo.

La consecuencia no fue idéntica en todas las provincias porque algunas administraciones locales absorbieron total o parcialmente esos recursos. Pero el impacto sobre el sistema federal fue evidente: la Nación redujo su participación en el financiamiento salarial justamente cuando la inflación provocaba una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

En marzo de 2025, además, el Gobierno nacional fijó en $500.000 el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple y sin antigüedad, mediante la Resolución 381/2025. Al mismo tiempo, un informe de CIPPEC consignó que en marzo de ese año el salario bruto de un maestro de grado con diez años de antigüedad era de $910.943, mientras que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes alcanzaba $1.100.266.

Los datos provinciales disponibles hasta junio de 2025 muestran alguna recuperación respecto de 2024 en 13 de las 24 jurisdicciones, pero el panorama de fondo continúa siendo preocupante: 21 provincias todavía tenían salarios docentes reales inferiores a los de 2023, y todas las provincias, salvo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro, estaban por debajo de sus niveles de 2014.

Veinte años después, el salario volvió al punto de partida

La curva completa cuenta una historia que excede una discusión coyuntural sobre paritarias. En 2005 el salario real docente tenía un índice de 100; en 2015 había alcanzado 135,8; en 2019 había retrocedido a 114,5; en 2023 todavía estaba en 110,8; y en 2024 cayó a 92,6.

La conclusión es difícil de esquivar: el mayor crecimiento real de los salarios docentes de estas dos décadas se produjo durante el ciclo económico iniciado después de la crisis de 2001 y extendido hasta 2015; la pérdida comenzó durante el modelo de Cambiemos, tuvo un deterioro adicional durante la pandemia y registró su caída más abrupta durante el programa de ajuste de Javier Milei.

Y aquí aparece la conexión directa con la pregunta que plantea C5N: ¿por qué cada vez menos jóvenes quieren ser docentes? La respuesta no puede reducirse a una supuesta pérdida de vocación. Una profesión universitaria o terciaria que exige años de formación, responsabilidad sobre cientos de alumnos, trabajo fuera del horario escolar y una enorme carga emocional pierde atractivo cuando su remuneración real termina siendo inferior a la que tenía veinte años atrás.

El problema, entonces, no es solamente que “nadie quiera ser maestro”. El problema es que la Argentina está dejando de ofrecer a sus maestros las condiciones materiales que alguna vez hicieron posible que la docencia fuera una vía relativamente segura de integración a las clases medias. El dato salarial explica buena parte de la crisis de las carreras docentes: cuando enseñar deja de garantizar un ingreso digno, el deterioro no queda encerrado en el recibo de sueldo del trabajador. Termina llegando al aula, a la formación de nuevos maestros y, finalmente, a la calidad y al futuro del sistema educativo público.

 

 

En 1813 Manuel Belgrano destinó los 40.000 pesos de su premio militar a dotar cuatro escuelas públicas. La historia de ese legado y su vigencia dos siglos después.

Por Alcides Blanco para NLI

Cada 11 de septiembre, cuando la Argentina recuerda a los maestros y vuelve sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento, existe una tentación comprensible pero históricamente incompleta: pensar que la educación pública argentina comenzó con el gran proyecto escolar de la segunda mitad del siglo XIX. Sarmiento tuvo, sin dudas, un papel decisivo en la expansión de la enseñanza primaria, la formación profesional de los docentes y la construcción de instituciones educativas. Pero mucho antes de aquella etapa, cuando las Provincias Unidas todavía estaban atravesadas por la guerra de la Independencia y ni siquiera existía el Estado nacional argentino tal como lo conocemos, Manuel Belgrano ya había pensado la educación como una responsabilidad pública y como una herramienta indispensable para construir la nueva sociedad. En 1813, después de recibir una importante recompensa por sus victorias militares, tomó una decisión que todavía sorprende por su dimensión: resolvió destinar los 40.000 pesos del premio a la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras.

Sarmiento no se llamaba Domingo ni nació cuando se conmemora

No se trata de una tradición transmitida únicamente por los manuales escolares. El Archivo General de la Nación conserva el documento mediante el cual el Gobierno aprobó el destino de esos fondos, y la documentación oficial identifica expresamente las cuatro ciudades: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El 27 de abril de 1813 quedó formalizada la decisión. Belgrano había recibido aquel premio por sus servicios a la causa revolucionaria y decidió que el dinero no se incorporara a su patrimonio personal, sino que se transformara en un fondo destinado a la educación.

La diferencia no es menor. El documento original del reglamento redactado por Belgrano el 25 de mayo de 1813 comienza señalando que había resuelto dotar las cuatro escuelas con los cuarenta mil pesos que le había concedido la Asamblea. El artículo primero establece que el capital debía distribuirse en 10.000 pesos para cada escuela, de manera que sus réditos permitieran sostenerlas. El reglamento incluso fija el destino de esos recursos: una parte debía utilizarse para el sueldo del maestro y otra para los gastos necesarios de funcionamiento. No estamos, entonces, frente a una declaración abstracta sobre la importancia de educar: Belgrano estaba diseñando un mecanismo concreto para financiar escuelas públicas.

Un reglamento para formar ciudadanos

El valor histórico del documento aumenta cuando se lo lee completo. Belgrano no se limitó a entregar dinero y dejar que otros decidieran qué hacer con él. Escribió personalmente el reglamento que debía organizar las cuatro escuelas, estableciendo criterios para la elección de los maestros, sus obligaciones, la enseñanza, la disciplina y hasta determinados gastos cotidianos.

Uno de los aspectos más significativos aparece en el artículo 18. Allí Belgrano sostiene que el maestro debía procurar con su conducta inspirar en sus alumnos “amor al orden”, respeto, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, inclinación al trabajo y desapego del interés particular. También debía fomentar un espíritu que llevara a los alumnos a preferir el bien público al privado.

La formulación resulta extraordinariamente significativa para 1813. La escuela que imaginaba Belgrano no debía limitarse a enseñar a leer y escribir: debía formar ciudadanos. Y el maestro tenía que ser, por su propia conducta, parte de esa formación. El reglamento establecía además que el acceso al cargo docente debía realizarse mediante oposición, una forma temprana de pensar la selección y profesionalización de quienes estaban al frente de la enseñanza.

Belgrano también contemplaba a los sectores más pobres. El proyecto incluía recursos para materiales escolares y establecía previsiones para que los niños que no pudieran afrontarlos no quedaran excluidos. Esa concepción encaja con otras expresiones del propio Belgrano sobre la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. En una de las formulaciones que el Estado argentino ha recuperado de su pensamiento sostuvo: “Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado”.

Hay allí una concepción política de la educación que merece ser recuperada: la libertad conquistada por las armas necesitaba ser sostenida por ciudadanos capaces de ejercerla.

Las cuatro escuelas y una deuda que atravesó dos siglos

El destino posterior de aquellas cuatro escuelas fue mucho más complejo que lo que suele contar la efeméride.

La documentación del Instituto Nacional Belgraniano señala que las escuelas funcionaron de manera discontinua debido a las guerras de Independencia y a los enfrentamientos internos posteriores. También registra problemas con el envío del dinero y con las rentas destinadas a sostenerlas. Es decir, el proyecto educativo de Belgrano quedó atrapado en las mismas dificultades políticas y financieras que atravesaron a las Provincias Unidas durante aquellos años.

La primera en abrir fue la de Santiago del Estero. Según el Instituto Nacional Belgraniano, comenzó a funcionar en 1822, por iniciativa del gobernador Felipe Ibarra, y se estima que permaneció abierta hasta 1826. Belgrano ya había muerto cuando aquella escuela comenzó sus actividades, pero la apertura representaba el cumplimiento, aunque fuera parcial y tardío, de la voluntad expresada nueve años antes.

En Jujuy, la situación fue diferente. El Instituto Belgraniano registra la inauguración de la escuela en 1825, con funcionamiento hasta aproximadamente 1828. La historia posterior de aquel legado terminó dando lugar, casi dos siglos más tarde, a la Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”, inaugurada en San Salvador de Jujuy en 2004, después de una obra que había comenzado en 1999. La institución existe actualmente y continúa llevando ese nombre, aunque su edificio es, naturalmente, contemporáneo y no el establecimiento de 1813.

El caso de Tarija es todavía más extraordinario porque la ciudad pasó a formar parte de Bolivia después de la independencia. La escuela prevista por Belgrano no se concretó en el siglo XIX. Según los Anales del Instituto Nacional Belgraniano, el Poder Ejecutivo argentino creó formalmente la escuela mediante un decreto de abril de 1967 y Argentina financió el proyecto, la construcción y el equipamiento. El establecimiento fue entregado al Gobierno boliviano el 27 de agosto de 1974, bajo el nombre de Escuela Argentina Manuel Belgrano, es decir, 161 años después de la donación original.

Tucumán tuvo la historia más prolongada y problemática. El propio Estado argentino reconoció décadas después que allí quedaba una deuda pendiente. En 2022, el Ministerio de Educación de la Nación anunció la construcción de una nueva Escuela de la Patria Manuel Belgrano y habló explícitamente de la necesidad de “saldar definitivamente” esa deuda histórica. En mayo de 2023 comenzaron obras de ampliación y refacción del establecimiento, destinadas a los niveles inicial y primario, con nuevas aulas y espacios deportivos para una comunidad educativa de alrededor de 1.300 estudiantes.

Y la historia no terminó allí. La Escuela de la Patria Manuel Belgrano continúa funcionando en Tucumán: en julio de 2025 el Ministerio de Educación provincial informó que el establecimiento funcionaba normalmente y en 2026 alumnos de esa escuela participaron en los actos oficiales por el aniversario de la Independencia.

El recorrido de las cuatro escuelas permite comprender algo que suele perderse cuando se reduce la historia a una fecha y una estatua: el proyecto de Belgrano fue inmediato en su concepción, pero extraordinariamente lento en su concreción. Santiago del Estero y Jujuy tuvieron experiencias escolares tempranas pero discontinuas; Tarija necesitó 161 años para materializarse en la forma que conocemos; y Tucumán atravesó una larga historia institucional que todavía obligó al Estado argentino a realizar obras en el siglo XXI.

Belgrano murió pobre, pero dejó una idea de riqueza pública

El gesto adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa qué ocurrió con el propio Belgrano.

No convirtió aquella recompensa militar en una fortuna personal. Y tampoco terminó su vida disfrutando de una posición económica acorde con el reconocimiento que había recibido. Murió el 20 de junio de 1820 en una situación de extrema precariedad económica, después de años de servicio, enfermedades, dificultades financieras y salarios que el Estado le adeudaba.

El contraste es poderoso, aunque debe ser contado sin convertirlo en una leyenda sentimental. No sería correcto afirmar que Belgrano quedó pobre exclusivamente porque donó los 40.000 pesos: su situación económica tuvo múltiples causas. Pero sí es un hecho que cuando tuvo la posibilidad de disponer de una importante recompensa personal decidió transformarla en un fondo destinado a escuelas.

En su respuesta al reconocimiento de la Asamblea aparece con claridad el principio que guiaba aquella decisión. Belgrano sostuvo que “ni la virtud ni los talentos tienen precio” y que resultaba despreciable para un hombre de bien convertir el servicio público en una búsqueda de riqueza. Por eso decidió destinar los 40.000 pesos a las cuatro escuelas.

No hace falta idealizarlo para reconocer la magnitud de esa elección.

Belgrano tuvo la oportunidad de convertir una recompensa por sus victorias en patrimonio propio y decidió convertirla en patrimonio educativo.

Antes de Sarmiento ya existía una idea de educación pública

Reconocer esto no significa quitarle importancia a Sarmiento. Todo lo contrario: permite ubicarlo correctamente.

Cuando Sarmiento impulsó décadas después la expansión de la enseñanza primaria, la formación de maestros y la creación de escuelas normales, trabajó sobre un problema mucho más amplio y con instrumentos estatales que Belgrano no tenía a su disposición. La posterior Ley 1420 de 1884 tampoco fue obra de Belgrano ni de Sarmiento en forma individual. La educación pública argentina fue el resultado de un proceso prolongado en el que participaron gobiernos, provincias, legisladores, maestros, educadores y comunidades.

Pero Belgrano fue uno de sus antecedentes fundamentales.

En 1813 ya había pensado en escuelas públicas de primeras letras; había previsto recursos para sostenerlas; había reglamentado su funcionamiento; había establecido criterios para seleccionar a los maestros; había definido obligaciones pedagógicas y morales para ellos y había pensado en la provisión de materiales para los alumnos.

Todo eso ocurrió antes de la independencia definitiva, antes de la Constitución de 1853 y más de setenta años antes de la Ley 1420.

Por eso el documento conservado por el Archivo General de la Nación merece ser leído no como una curiosidad de museo, sino como una pieza de la historia política argentina. El manuscrito de 1813 muestra a un dirigente revolucionario pensando que una patria nueva no podía sostenerse solamente con ejércitos, armas y declaraciones políticas. Necesitaba escuelas.

Y esa idea sobrevivió a las guerras, a la anarquía, a los incumplimientos administrativos y a los cambios territoriales.

Dos siglos después, algunas de aquellas escuelas siguen existiendo y otras fueron reconstruidas o refundadas bajo el nombre de Belgrano. La de Tarija quedó como una expresión concreta de un compromiso argentino que finalmente se materializó en Bolivia; la de Jujuy convirtió en edificio escolar contemporáneo una deuda histórica que había atravesado 191 años; la de Tucumán continúa funcionando y conserva el nombre de Escuela de la Patria; y Santiago del Estero fue la primera en poner en marcha, en 1822, una experiencia que duraría algunos años.

No todas las escuelas que Belgrano imaginó sobrevivieron. No todas se construyeron cuando él quiso. No todo el dinero llegó a cumplir el destino previsto. Pero la idea sobrevivió.

Y quizás allí esté el verdadero legado.

Manuel Belgrano no solamente dejó una bandera. Dejó una concepción de patria en la que el conocimiento debía ser un bien público y la educación una herramienta para que la libertad pudiera ser ejercida por el conjunto de la sociedad.

En 1813, en medio de una guerra y cuando la Argentina todavía estaba naciendo, recibió dinero por haber ganado batallas.

Eligió convertirlo en escuelas.

Ese gesto, más de dos siglos después, sigue siendo una de las mejores definiciones de lo que significa pensar la patria como algo que pertenece a las generaciones que vienen.

 

 

Ciento cuarenta y tres esqueletos encontrados en los Países Bajos acaban de aportar una prueba estremecedora de algo que durante siglos fue considerado normal: que los chicos trabajaran como adultos. Las lesiones encontradas en las columnas vertebrales de niños y adolescentes que vivieron entre los siglos XVII y XIX permiten observar, literalmente sobre sus huesos, el costo de una infancia atravesada por el trabajo. Pero la historia también cuenta otra cosa: cómo, después de siglos de naturalizar esa explotación, la humanidad fue construyendo leyes, tratados y derechos para reconocer que un niño no es un trabajador pequeño, sino una persona en desarrollo que tiene derecho a estudiar, jugar, descansar, recibir cuidados y crecer protegido.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay veces en que la historia aparece escrita en documentos, en decretos, en libros o en archivos. Y hay veces en que aparece escrita sobre los propios cuerpos. Eso es lo que ocurre con una investigación publicada en el International Journal of Paleopathology, en la que especialistas analizaron los restos de 143 niños y jóvenes de aproximadamente 4 a 25 años que vivieron en tres comunidades de los Países Bajos entre 1650 y 1850. Las diferencias entre los esqueletos permitieron relacionar determinadas lesiones de la columna con las actividades físicas que realizaban durante una etapa de la vida en la que sus cuerpos todavía estaban creciendo. El resultado es una evidencia particularmente poderosa porque permite ver algo que los documentos históricos ya sugerían: para muchos chicos de aquella época, la infancia no era un tiempo protegido, sino una etapa en la que había que trabajar.

Los investigadores estudiaron restos procedentes de Middenbeemster, una comunidad rural vinculada a la producción lechera; Arnhem, relacionada con actividades industriales; y Delft, donde los enterramientos analizados correspondían a sectores sociales más acomodados. La comparación fue importante porque permitió comprobar que el trabajo infantil no producía exactamente las mismas consecuencias en todos los casos. En Middenbeemster aparecieron con mayor frecuencia determinadas lesiones vertebrales, entre ellas los llamados nódulos de Schmorl, modificaciones de los bordes vertebrales y alteraciones en las articulaciones. Los especialistas vinculan ese patrón con las cargas y esfuerzos físicos de determinadas tareas agrícolas, aunque advierten que estas patologías pueden tener causas múltiples y que no es posible deducir automáticamente el oficio de una persona solamente a partir de una lesión ósea.

Lo verdaderamente inquietante aparece cuando esos huesos se cruzan con los documentos de la época. En determinadas comunidades agrícolas neerlandesas, los niños podían comenzar a participar en las tareas alrededor de los seis años o incluso antes. Sembraban, quitaban malezas, rastrillaban, cuidaban animales y, alrededor de los nueve años, podían incorporarse al ordeño y a la elaboración de queso. Con el crecimiento llegaban tareas todavía más pesadas, como mover estiércol o transportar cargas. En las ciudades industriales, entretanto, había menores ocupados en el hilado, el tejido, el cardado y otras actividades manufactureras. La documentación histórica incluso registra casos de chicos de apenas cuatro años empleados en una fábrica de cuerdas de Moordrecht, con jornadas que podían alcanzar las quince horas.

El dato conmueve porque hoy resulta casi imposible imaginar semejante situación como algo aceptable. Pero justamente ahí está una de las grandes lecciones de la historia: muchas de las cosas que actualmente consideramos derechos elementales alguna vez fueron privilegios inexistentes, discusiones políticas o conquistas que encontraron una enorme resistencia. Durante siglos, que un niño trabajara no era necesariamente interpretado como una violación de sus derechos. Podía ser considerado parte de las obligaciones familiares, una necesidad económica o simplemente el funcionamiento normal de una sociedad en la que la supervivencia dependía del trabajo de todos sus integrantes. La idea moderna de que la infancia merece una protección específica fue construyéndose lentamente y no apareció de un día para otro.

Del niño trabajador al niño con derechos

La industrialización hizo todavía más visible aquella contradicción. Las fábricas, las minas y los talleres necesitaban mano de obra barata y los niños constituían una fuerza laboral particularmente vulnerable. Eran más fáciles de disciplinar, cobraban menos y podían realizar determinadas tareas en espacios reducidos. La expansión industrial convirtió así el trabajo infantil en un problema de dimensiones enormes, especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Pero sería un error imaginar que antes de las fábricas los niños no trabajaban: lo hacían en los campos, en talleres familiares, en tareas domésticas y en múltiples actividades económicas. La industrialización no inventó el trabajo infantil; lo transformó y, en muchos lugares, lo llevó a una escala que hizo imposible seguir ignorando sus consecuencias.

La propia historia de los Países Bajos estudiada por los investigadores muestra esa diversidad. No todos los niños trabajaban de la misma manera ni pertenecían a los mismos sectores sociales. Los esqueletos de Delft permiten establecer un contraste con las comunidades donde el trabajo físico era más intenso, mientras que Arnhem presenta un panorama intermedio relacionado con la actividad industrial. El estudio demuestra, por lo tanto, que no alcanza con decir simplemente que “los niños trabajaban”: hay que preguntarse qué hacían, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones, para quién y con qué consecuencias sobre cuerpos que todavía estaban creciendo.

La transformación de esa realidad fue lenta. A comienzos del siglo XX, en los países industrializados todavía no existía un sistema internacional de protección de la infancia comparable al actual y era habitual que los niños trabajaran junto a los adultos en condiciones inseguras e insalubres. La preocupación creciente por esa situación comenzó a traducirse en normas internacionales. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, impulsada por Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children. El documento planteaba que los niños debían contar con medios para desarrollarse, recibir ayuda especial en momentos de necesidad, ser protegidos frente a la explotación y acceder a una educación. Era todavía una declaración y no la arquitectura jurídica que conocemos hoy, pero representó un cambio fundamental: por primera vez comenzaba a afirmarse con claridad que la infancia merecía una protección específica.

Después de la Segunda Guerra Mundial, aquella idea adquirió una dimensión todavía mayor. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció que madres y niños tenían derecho a cuidados y asistencia especiales y a protección social. En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño, que incorporó derechos vinculados con la educación, la salud y el juego. La diferencia conceptual era enorme respecto de aquellas sociedades en las que un chico podía pasar doce o quince horas trabajando: ahora comenzaba a consolidarse la idea de que el desarrollo de una persona pequeña requería tiempo, cuidados y protección, y que el Estado y la sociedad tenían responsabilidades concretas frente a ella.

También el mundo del trabajo comenzó a incorporar límites específicos. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, estableciendo un marco internacional para impedir que los niños ingresaran demasiado temprano al mercado laboral y vinculando la edad mínima con la finalización de la escolaridad obligatoria. En 1999, el Convenio 182 dio otro paso decisivo al establecer la obligación de eliminar las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la esclavitud, la trata, determinadas formas de explotación y los trabajos que puedan perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños.

Pero el gran salto conceptual llegó en 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Allí la infancia dejó de aparecer únicamente como un objeto de protección para ser reconocida como un conjunto de personas titulares de derechos. La Convención establece que todo niño tiene derecho a la vida, al desarrollo, a un nombre y una nacionalidad, a la educación, a la salud, a la protección frente a la explotación y a ser escuchado, entre muchos otros derechos. Entró en vigor en 1990 y se convirtió en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia.

Ese cambio no fue solamente jurídico. También modificó la forma de mirar a la infancia. El niño dejó de ser considerado simplemente como alguien que debía obedecer a los adultos y comenzó a ser reconocido como sujeto de derechos, con necesidades particulares derivadas de su edad y de su proceso de desarrollo. La idea del “interés superior del niño” pasó a ocupar un lugar central: cuando los adultos, las instituciones o los Estados toman decisiones, deben considerar prioritariamente cómo esas decisiones afectan a niños y adolescentes. No es una concesión sentimental. Es un principio jurídico y político.

También fue una conquista argentina

Argentina formó parte de ese proceso y fue incorporando progresivamente los estándares internacionales a su legislación. Un hito particularmente importante fue la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de ese año. La norma estableció un sistema integral de protección y tuvo como objetivo garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos por las leyes nacionales y por los tratados internacionales de derechos humanos.

La diferencia con aquella infancia que aparece en los esqueletos neerlandeses es gigantesca. Un chico que en el siglo XVIII podía ser enviado a trabajar al campo desde los seis años, cargar pesos que afectaban una columna todavía en desarrollo o pasar largas jornadas en una fábrica, hoy está jurídicamente protegido por un conjunto de normas que reconocen su derecho a la educación, al descanso, al juego, a la salud, a la integridad física y a no ser explotado. Eso no significa que la realidad sea perfecta ni que el trabajo infantil haya desaparecido del planeta. La propia OIT advierte que persisten enormes dificultades de implementación, especialmente en sectores informales y rurales, allí donde la legislación puede existir pero los mecanismos de protección no alcanzan con la misma fuerza.

Y esa última diferencia es fundamental. Los derechos conquistados no son derechos garantizados para siempre por el simple hecho de estar escritos en una ley. Necesitan instituciones, presupuesto, escuelas, sistemas de salud, protección social, inspecciones laborales y políticas públicas capaces de hacerlos efectivos. La historia de los derechos de la infancia no es únicamente una historia de declaraciones solemnes y tratados internacionales; también es la historia de sociedades que decidieron que determinados límites no podían volver a cruzarse y que un niño no podía quedar librado exclusivamente a las necesidades económicas de su familia o a las decisiones del empleador.

Por eso aquellos 143 esqueletos encontrados en los Países Bajos cuentan mucho más que una historia arqueológica. Las lesiones de sus vértebras permiten reconstruir parte de un mundo en el que el cuerpo infantil podía convertirse en una herramienta de trabajo antes de terminar de desarrollarse. Las marcas quedaron allí durante siglos, como una especie de documento que nadie escribió deliberadamente. Y cuando hoy los investigadores las observan, no solamente reconstruyen cómo vivían aquellos chicos: también nos permiten comprender mejor por qué fueron necesarias las luchas sociales, las leyes laborales, la educación pública, los tratados internacionales y los sistemas de protección que transformaron progresivamente la idea misma de infancia.

Hay una línea histórica que une aquellas pequeñas vértebras dañadas con la Convención de 1989 y con las leyes de protección que hoy reconocen derechos a millones de chicos. Es una línea larga, incompleta y todavía llena de problemas, pero también representa uno de los avances más importantes de la humanidad: haber entendido que la infancia no es una fuerza laboral disponible, ni una propiedad de los adultos, ni una etapa en la que todo está permitido porque “siempre se hizo así”.

Un niño tiene derecho a ser niño.

A estudiar sin que el trabajo le robe la escuela. A jugar sin que una jornada laboral le robe el descanso. A crecer sin cargar sobre sus hombros un peso que su cuerpo todavía no está preparado para soportar.

Durante siglos, esas cosas no fueron obvias.

Hubo que conquistarlas.

Y quizás por eso las vértebras de aquellos niños neerlandeses siguen teniendo algo para decirnos. Porque donde hoy vemos derechos, alguna vez hubo cuerpos pequeños cargando pesos demasiado grandes.

 

 

El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.

Por Roque Pérez para NLI

La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.

La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.

Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad

Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?

Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.

Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.

El dato aparece en el primer año completo de Milei

La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.

La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.

La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.

Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse

La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.

Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.

Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.

Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.

Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.

Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.

Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.

 

 

Mientras copiaba letras y sílabas sobre una corteza de abedul, un niño de la Rus medieval se escapaba de la tarea para dibujar guerreros, animales y criaturas fantásticas. Ocurrió alrededor de 1260, en Nóvgorod, y sus garabatos sobrevivieron durante más de siete siglos gracias a una combinación extraordinaria de arqueología y naturaleza. Se llamaba Onfim y, sin saberlo, dejó uno de los testimonios más curiosos sobre la infancia medieval: la prueba de que entre una letra y otra también había lugar para imaginar, jugar y convertir un ejercicio escolar en una pequeña aventura.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay algo profundamente humano en los márgenes de un cuaderno escolar. Cambian las épocas, los materiales y las herramientas, pero parece persistir cierta necesidad de apropiarse de un pequeño espacio cuando la actividad que tenemos delante nos resulta demasiado repetitiva. Un alumno puede llenar hoy el borde de una hoja con nombres, caras, camisetas de fútbol, monstruos, autos, corazones o personajes de videojuegos mientras el profesor explica una materia; hace más de 750 años, otro chico hacía algo bastante parecido, aunque en lugar de birome utilizaba un estilete y en lugar de papel tenía una lámina de corteza de abedul. Aquel niño vivió en Nóvgorod, una de las grandes ciudades comerciales de la Rus medieval, y la arqueología terminó conservando sus ejercicios escolares junto con las fantasías que dibujaba mientras los hacía.

El protagonista de esta pequeña historia es conocido como Onfim. No sabemos demasiado de él, y justamente esa ausencia de información vuelve todavía más fascinantes sus dibujos. No conocemos con certeza su edad, aunque los especialistas lo consideran un niño pequeño; tampoco sabemos qué fue de su vida, quiénes fueron sus padres, cuánto tiempo asistió a la escuela ni qué ocurrió después con aquel aprendizaje de escritura. Lo que sí tenemos son doce piezas de corteza de abedul, catalogadas entre los números 199 y 210, cuya datación se sitúa alrededor del año 1260 y cuya atribución a un mismo niño se sostiene en buena medida por las características de la escritura y el contexto arqueológico en el que fueron encontradas.

Y en esas piezas aparece algo extraordinariamente cotidiano: la tarea escolar. Onfim practicaba el alfabeto, copiaba sílabas y reproducía fórmulas religiosas o escolares, exactamente el tipo de ejercicios repetitivos mediante los cuales un niño debía adquirir destreza en la escritura. Pero entre esas letras aparecen también figuras humanas, animales, criaturas híbridas y escenas de enfrentamiento. El soporte que estaba destinado a servir para aprender a escribir terminó convertido, al menos en parte, en un espacio donde el alumno podía hacer otra cosa. Allí donde el maestro esperaba letras, aparecieron guerreros. Allí donde había una práctica de caligrafía, apareció la imaginación de un chico.

Un cuaderno hecho de corteza de abedul

Para entender por qué esos dibujos pudieron llegar hasta nosotros hay que detenerse en algo que normalmente pasa inadvertido: el material sobre el que fueron realizados. En la Rus medieval, la corteza de abedul era un soporte de escritura cotidiano, económico y mucho más accesible que el pergamino. Se podía cortar, alisar y trabajar con un instrumento puntiagudo que dejaba marcas directamente sobre la superficie, sin necesidad de tinta. Para quienes no pertenecían a los círculos más ricos o especializados, constituía una solución práctica para escribir, registrar información y realizar ejercicios. En términos actuales, podría pensarse como una especie de cuaderno barato y reutilizable, mucho más cercano a la vida cotidiana que los lujosos manuscritos que solemos asociar con la Edad Media.

Pero había otro elemento que convertiría aquellos modestos pedazos de corteza en cápsulas del tiempo. Nóvgorod posee unas condiciones arqueológicas extraordinarias para la conservación de materiales orgánicos. Los documentos quedaron enterrados en terrenos húmedos y pobres en oxígeno, un ambiente que dificultó la acción de los microorganismos responsables de la descomposición. Gracias a esas condiciones, materiales que normalmente habrían desaparecido por completo pudieron permanecer bajo tierra durante siglos. Lo que para Onfim probablemente era simplemente una superficie donde practicar sus letras terminó transformándose, sin que él pudiera imaginarlo, en un mensaje dirigido a personas que vivirían cientos de años después.

Hay algo casi conmovedor en esa casualidad. Un niño del siglo XIII no estaba intentando dejar un testimonio histórico. No estaba escribiendo una autobiografía ni contando cómo era su vida. Tampoco pretendía que un arqueólogo del futuro encontrara sus ejercicios. Estaba haciendo la tarea. Y precisamente porque se trataba de una actividad ordinaria, sus trazos tienen un valor particular: permiten acercarse a una dimensión de la Edad Media que rara vez aparece en las grandes crónicas, una dimensión formada por niños que aprendían, se aburrían, copiaban, repetían y buscaban pequeños espacios para hacer algo que les perteneciera.

El guerrero que era Onfim

Entre todas las imágenes atribuidas al pequeño escriba hay una que se volvió especialmente conocida. Se trata de un jinete armado que atraviesa con una lanza a un enemigo caído. No es solamente una escena de combate: el guerrero lleva una inscripción que lo identifica con el propio Onfim. El niño parece haberse representado a sí mismo como un combatiente victorioso, convirtiendo aquel pedazo de corteza destinado al ejercicio escolar en el escenario de una pequeña epopeya personal.

Es difícil no sonreír ante la escena. Mientras un maestro probablemente esperaba que el alumno practicara las formas correctas de las letras, Onfim había encontrado una manera bastante más entretenida de utilizar el espacio disponible. Primero estaban los ejercicios que debía realizar; después, en el mismo soporte, aparecía un guerrero montado a caballo y dispuesto a derrotar a su enemigo. El contraste permite imaginar, sin necesidad de inventar una historia que las fuentes no pueden confirmar, el modo en que una actividad reglamentada podía convivir con el universo imaginario de un niño. No sabemos si estaba aburrido, si copiaba una imagen que había visto en algún lugar, si jugaba mentalmente a ser un guerrero o si simplemente descubría qué podía hacer con aquel instrumento. La evidencia no permite escoger una explicación definitiva.

Y esa cautela es importante porque la tentación de convertir a Onfim en un personaje perfectamente conocido es enorme. Podemos describir sus dibujos, estudiar su escritura y analizar el contexto histórico, pero no podemos saber qué pensaba exactamente mientras los hacía. Los guerreros, los animales fantásticos, los demonios y las escenas violentas formaban parte de la cultura visual de la época y podían aparecer en relatos religiosos, representaciones artísticas, historias, juegos y tradiciones orales. Que Onfim los dibujara no significa necesariamente que estuviera expresando miedo, agresividad o alguna emoción específica. Lo único seguro es que esas imágenes formaban parte del repertorio que podía llevar a su pequeño mundo de dibujos.

De hecho, la historia de Onfim resulta todavía más interesante cuando se la compara con otros testimonios medievales. En manuscritos de la época también aparecen figuras realizadas en márgenes y espacios secundarios, aunque no todas fueron hechas por niños y sería un error atribuir automáticamente cualquier garabato medieval a un estudiante. En 2016, investigadores de la Universidad de York analizaron dibujos encontrados en los márgenes de un manuscrito procedente originalmente de un convento franciscano de Nápoles y recurrieron incluso a especialistas en psicología infantil para evaluar si habían sido realizados por niños. Es decir, la presencia de dibujos aparentemente espontáneos en documentos medievales no es un fenómeno aislado, aunque cada caso requiere analizar cuidadosamente su contexto.

La infancia que se escondió en los márgenes

Lo verdaderamente extraordinario de Onfim, entonces, no está solamente en que un niño medieval dibujara un guerrero. Está en que sus ejercicios permiten mirar durante unos instantes una parte de la infancia que normalmente queda oculta detrás de la historia de reyes, guerras, iglesias y grandes ciudades. Los documentos oficiales suelen contarnos qué hacían las autoridades, qué territorios controlaban los gobernantes, qué guerras se libraban o qué acuerdos firmaban los comerciantes. Pero resulta mucho más difícil encontrar rastros de aquello que hacía un niño mientras aprendía a escribir. En ese sentido, la corteza de Onfim funciona como una ventana diminuta hacia la vida cotidiana.

También permite observar que la educación medieval no consistía únicamente en memorizar grandes textos religiosos o formar futuros escribas, como a veces sugieren las imágenes simplificadas de la Edad Media. Había niños practicando letras, repitiendo sílabas y aprendiendo a manejar un instrumento de escritura. Y alguno de ellos, como Onfim, encontraba la forma de combinar la obligación con la fantasía. El ejercicio no desaparecía: las letras seguían allí. Pero junto a ellas aparecía un mundo propio, un espacio donde el niño podía decidir qué quería representar.

Ese detalle permite establecer un curioso puente con el presente. Cambiaron radicalmente los sistemas educativos, los materiales y los contenidos, pero persiste la posibilidad de que una actividad reglada genere espacios de apropiación personal. El margen sigue siendo margen aunque ahora esté hecho de papel, y puede que hoy aparezcan allí personajes de videojuegos donde hace ocho siglos aparecían guerreros y criaturas fantásticas. No significa que los niños sean idénticos a través de los siglos ni que podamos trasladar mecánicamente conceptos modernos a la Rus medieval; significa algo más sencillo y más interesante: la infancia también deja huellas en los lugares donde nadie pensaba que estaba escribiendo historia.

Quizás por eso los dibujos de Onfim resultan más poderosos que muchas grandes historias medievales. No cuentan una batalla que cambió un reino ni una decisión que modificó el destino de un imperio. Cuentan algo muchísimo más pequeño: un niño aprendiendo a escribir y aprovechando un pedazo de corteza para dibujar lo que tenía en la cabeza. Pero precisamente allí reside su valor. La historia no está hecha solamente de quienes ocuparon el poder o protagonizaron acontecimientos extraordinarios; también está hecha de millones de gestos cotidianos que casi nunca quedaron registrados.

Onfim tuvo la fortuna —o la extraña desgracia— de que uno de esos gestos sobreviviera.

Su nombre quedó enterrado durante siglos junto con sus ejercicios. La humedad protegió la corteza, la tierra conservó las marcas y la arqueología terminó devolviendo al presente aquel pequeño mundo. Hoy podemos observar sus letras, sus sílabas y sus guerreros e imaginar, con todas las precauciones que exige la historia, a un chico de Nóvgorod sentado frente a su tarea, intentando dominar una escritura que para él era nueva mientras su imaginación se iba por otro camino.

Y ahí aparece la última ironía de esta historia: Onfim probablemente quería aprender a escribir, pero terminó escribiendo una de las pequeñas historias de infancia más memorables que nos dejó la Edad Media. No sabía que alguien lo leería ocho siglos después. No sabía que sus guerreros serían estudiados por historiadores. No sabía que sus garabatos servirían para preguntarnos si realmente cambió tanto la infancia.

Simplemente dibujó.

Y, por una de esas extraordinarias casualidades que de vez en cuando nos regala la arqueología, el margen de su tarea consiguió sobrevivir al tiempo.

 

 

La historia de Federación, la ciudad entrerriana que fue demolida y trasladada en 1979 para construir la represa de Salto Grande y terminó bajo las aguas del embalse.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay una ciudad argentina que existe y, al mismo tiempo, dejó de existir. Tiene habitantes, calles, escuelas, comercios, una plaza, edificios públicos y una identidad propia, pero el lugar donde durante más de un siglo se desarrolló su vida cotidiana permanece bajo las aguas de un enorme lago artificial. No se trata de una leyenda ni de un pueblo abandonado: Federación, en Entre Ríos, fue literalmente trasladada para permitir la construcción del complejo hidroeléctrico de Salto Grande y su antiguo emplazamiento terminó inundado. Lo extraordinario es que antes de que llegara el agua, la vieja ciudad fue desmontada y demolida, mientras sus habitantes eran obligados a comenzar nuevamente sus vidas en una ciudad construida desde cero a pocos kilómetros de distancia.

La historia comenzó mucho antes de que las topadoras entraran en escena. En 1946, los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron el tratado binacional que estableció las bases para aprovechar los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande mediante una represa hidroeléctrica. La decisión tenía un objetivo estratégico: producir energía y aprovechar el potencial del río, pero también implicaba una consecuencia enorme para una comunidad entrerriana. La construcción del embalse significaba que la ciudad de Federación desaparecería bajo las aguas. Sin embargo, la obra no comenzó inmediatamente. Durante casi tres décadas, los habitantes vivieron con la certeza de que algún día deberían abandonar su ciudad, pero sin saber exactamente cuándo ni cómo sería el traslado.

Una ciudad condenada a desaparecer

La vieja Federación tenía una historia mucho más extensa de la que permite imaginar su actual aspecto turístico. Su origen se remontaba a los antiguos asentamientos de la zona y, después de una primera relocalización en el siglo XIX, el pueblo había crecido alrededor de la explotación forestal y de su posición estratégica sobre el río Uruguay. Durante décadas desarrolló una vida urbana propia, con escuelas, comercios, clubes, bancos, estación ferroviaria, iglesia, hospital, instituciones públicas y una intensa actividad vinculada a la madera. No era una aldea improvisada que pudiera abandonarse sin consecuencias: era una comunidad consolidada, con generaciones enteras que habían nacido, trabajado y muerto allí.

La incertidumbre se hizo cada vez más concreta cuando comenzó finalmente la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, en 1974. Para entonces, unas 5.000 personas vivían en Federación y el destino de la ciudad estaba decidido. La futura represa necesitaba un enorme embalse y el casco urbano quedaba dentro de la superficie que sería cubierta por el agua. La alternativa fue construir una nueva ciudad en un terreno situado varios kilómetros al norte. Pero trasladar una comunidad no significa simplemente entregar nuevas casas: implicaba romper una trama urbana, separar vecinos, abandonar lugares cargados de recuerdos y decidir qué podía conservarse y qué debía desaparecer.

La construcción de la nueva Federación comenzó finalmente en 1977 y avanzó a una velocidad extraordinaria. En apenas un par de años surgió una ciudad completamente nueva, diseñada con criterios urbanísticos modernos para la época. Se construyeron más de mil viviendas y se trazaron nuevas calles, espacios públicos y servicios. Pero aquella modernidad tenía una contracara: muchas familias debieron abandonar barrios donde habían vivido durante décadas y adaptarse a una ciudad que todavía parecía un enorme obrador. Las investigaciones sobre la relocalización muestran que incluso la distribución de las viviendas produjo conflictos y transformó las relaciones sociales de la comunidad.

Antes del agua llegaron las topadoras

El episodio más impresionante ocurrió durante los últimos meses de la vieja ciudad. Federación no fue simplemente abandonada para que el agua hiciera el resto. Antes de la inundación se demolieron buena parte de sus edificios y se desmontó el antiguo casco urbano. La investigación académica sobre el proceso enumera entre las construcciones que quedaron bajo las aguas a la sede de la Gendarmería, la plaza 9 de Julio, la Jefatura de Policía, la Municipalidad, el correo, la central telefónica, las escuelas, los bancos, los comercios tradicionales, los clubes, el cine, la estación ferroviaria y numerosos edificios que habían formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones.

La imagen es difícil de imaginar hoy: una ciudad entera siendo desarmada antes de que llegara el lago. Casas, comercios y edificios públicos fueron desapareciendo mientras sus habitantes se preparaban para mudarse. La documentación oficial de la época y posteriores investigaciones describen un proceso de relocalización complejo y traumático, en el que las cuestiones legales sobre la propiedad, la adjudicación de las nuevas viviendas y la distribución de los habitantes generaron numerosos problemas. La nueva ciudad debía estar lista antes de que el embalse comenzara a cubrir definitivamente el antiguo territorio.

El 25 de marzo de 1979 fue inaugurada oficialmente la Nueva Federación. El acto estuvo encabezado por el dictador Jorge Rafael Videla, en pleno terrorismo de Estado. Apenas unos días después, el 1° de abril, comenzó el llenado del embalse y el agua empezó a ocupar el territorio de la vieja ciudad. El lugar que había albergado a generaciones de federaenses quedó progresivamente cubierto por el lago de Salto Grande. La vieja Federación había dejado de existir como ciudad y la nueva comenzaba una historia completamente diferente.

Una ciudad que todavía aparece debajo del lago

La historia tiene una última vuelta extraordinaria: la vieja Federación no desapareció completamente de la memoria ni del paisaje. Cuando el nivel del embalse baja lo suficiente, pueden volver a observarse restos del antiguo asentamiento: calles, cimientos y ruinas que permanecen debajo del lago. En julio de 2026, una bajante preventiva del embalse volvió a dejar visibles sectores de la ciudad desaparecida, permitiendo que quienes conocen su historia contemplaran nuevamente fragmentos de aquel lugar que había sido demolido décadas atrás.

La propia existencia actual de Federación contiene una paradoja histórica todavía más profunda. La ciudad que nació como consecuencia de una relocalización traumática terminó convirtiéndose décadas después en uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos. El descubrimiento de aguas termales en el subsuelo de la nueva ciudad, en la década de 1990, transformó completamente su economía y abrió una etapa de crecimiento basada en el turismo. El mismo territorio que había sido creado para reemplazar una ciudad desaparecida encontró una nueva identidad gracias a un recurso natural que nadie había previsto cuando se diseñó la nueva Federación.

Por eso Federación es mucho más que una curiosidad histórica sobre una ciudad inundada. Su historia permite observar una de las grandes contradicciones del desarrollo argentino del siglo XX: una obra de infraestructura capaz de generar energía para millones de personas también podía significar que una comunidad entera perdiera su territorio, sus edificios y buena parte de los lugares que constituían su memoria colectiva. La vieja Federación no fue destruida por una catástrofe natural: fue deliberadamente demolida para hacer posible una obra considerada estratégica, y miles de personas tuvieron que reconstruir su vida en otro lugar. Hoy, cuando el agua baja y vuelven a aparecer sus calles y cimientos, aquella ciudad que oficialmente dejó de existir en 1979 demuestra que algunas ciudades pueden desaparecer del mapa sin desaparecer completamente de la historia.