Política

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    Adamovsky y el Nobel que no vio

     

    Los tiempos de la política, los tiempos de la ciencia y la historia larga de tres Premios Nobel argentinos.

    Por Roque Pérez y Tomás Palazzo para NLI

    Existe una diferencia fundamental entre la historia política y la historia de la ciencia que, con frecuencia, pasa inadvertida incluso en trabajos escritos por historiadores. Mientras la primera suele organizarse en torno a gobiernos, rupturas institucionales o modelos económicos relativamente breves, la segunda se desarrolla según una temporalidad mucho más extensa, en la que la formación de investigadores, la consolidación de escuelas científicas y la maduración de los descubrimientos requieren décadas. Cuando ambas cronologías se superponen sin los recaudos metodológicos necesarios, el resultado suele ser una simplificación que, aunque útil desde el punto de vista narrativo, termina desdibujando la complejidad del proceso histórico.

    El artículo «¿Cómo era Argentina antes de la devastación?», publicado por Ezequiel Adamovsky en elDiarioAR, constituye un excelente ejemplo de esa tensión. Su objetivo central no consiste en escribir una historia de la ciencia argentina, sino en cuestionar la idea —muy difundida en ciertos discursos políticos y mediáticos— de que el país arrastraba una decadencia estructural desde mediados del siglo XX. Para ello, Adamovsky contrapone una serie de indicadores económicos, sociales e institucionales que describen a la Argentina previa al golpe de 1976 como una sociedad con altos niveles de industrialización, distribución del ingreso, movilidad social y desarrollo científico.

    Dentro de esa enumeración aparecen dos referencias particularmente significativas: los Premios Nobel obtenidos por Bernardo Houssay en 1947 y Luis Federico Leloir en 1970. La intención del autor es evidente. Ambos galardones funcionan como indicadores simbólicos de un país que había logrado insertarse en la elite científica internacional antes del ciclo económico inaugurado por la dictadura de 1976. Sin embargo, precisamente porque se trata de símbolos tan potentes, merecen un análisis mucho más cuidadoso que el que permite una simple referencia cronológica.

    La hipótesis de este ensayo es que la utilización de los Premios Nobel como evidencia de un determinado ciclo político presenta una limitación historiográfica importante, porque desconoce el carácter acumulativo, institucional y transgeneracional del desarrollo científico. Paradójicamente, el caso que Adamovsky omite —el de César Milstein— no debilita su argumento general, sino que lo fortalece, ya que pone de manifiesto con mayor claridad la profundidad histórica de las capacidades científicas construidas por la Argentina durante gran parte del siglo XX.

    La ciencia no tiene el tiempo de los gobiernos

    Uno de los problemas más frecuentes en la historia de la ciencia consiste en atribuir los grandes descubrimientos a los gobiernos bajo los cuales fueron anunciados o premiados. Esa tentación responde a una lógica comprensible: los procesos políticos suelen organizarse en períodos relativamente claros —presidencias, dictaduras, restauraciones democráticas— mientras que la producción científica carece de esos cortes nítidos. Sin embargo, esa diferencia temporal obliga precisamente a evitar asociaciones demasiado lineales.

    Un Premio Nobel rara vez reconoce un descubrimiento reciente. La Academia Sueca suele esperar muchos años antes de otorgarlo, tanto para verificar la trascendencia del hallazgo como para confirmar experimentalmente sus resultados. En consecuencia, el año del premio constituye apenas el último eslabón de una cadena que comenzó mucho antes. Detrás de cada Nobel existe una historia compuesta por escuelas científicas, maestros, discípulos, instituciones universitarias, organismos de financiamiento, bibliotecas, laboratorios y redes internacionales de cooperación que se desarrollan durante décadas.

    La historia científica argentina confirma plenamente esa lógica. Ninguno de sus tres Premios Nobel puede comprenderse observando únicamente el contexto político en que fue entregado. Cada uno representa la culminación de procesos iniciados mucho tiempo antes y sostenidos por una combinación variable de inversión estatal, aportes privados y vínculos internacionales. Pensarlos exclusivamente como productos del año 1947, 1970 o 1984 implica reducir trayectorias científicas extraordinariamente complejas a una simple coincidencia cronológica.

    La ciencia tiene una temporalidad propia. Mientras la historia política se mide en gobiernos y la historia económica en ciclos, la historia de la ciencia se mide en generaciones.

    Bernardo Houssay y la construcción de una escuela científica

    El caso de Bernardo Houssay resulta particularmente ilustrativo. Cuando recibió el Premio Nobel de Medicina en 1947, ya era uno de los fisiólogos más prestigiosos del mundo. Había comenzado más de treinta años antes, cuando la Universidad de Buenos Aires atravesaba un profundo proceso de modernización inspirado en los grandes centros europeos.

    Toda la formación de Houssay transcurrió en instituciones públicas argentinas. Estudió Farmacia y Medicina en la Universidad de Buenos Aires, desarrolló allí su carrera docente y convirtió el Instituto de Fisiología en uno de los principales centros de investigación biomédica del continente. Fue precisamente en ese instituto donde se realizaron los trabajos fundamentales sobre la función de la hipófisis en el metabolismo de los hidratos de carbono, investigaciones que décadas más tarde serían reconocidas con el Nobel.

    Este dato posee una enorme importancia historiográfica. Si el premio fue anunciado en 1947, la mayor parte del trabajo científico que lo hizo posible ya estaba realizado mucho antes. Ello no significa desconocer el papel desempeñado posteriormente por el Instituto de Biología y Medicina Experimental, sostenido gracias a aportes privados y fundaciones internacionales luego del desplazamiento de Houssay de la Universidad producto del Golpe del 43. Significa, simplemente, reconocer que el Nobel no puede atribuirse linealmente a un determinado contexto político porque constituye el resultado acumulado de un sistema universitario construido durante varias décadas.

    En realidad, Houssay representa algo más importante que un investigador brillante: representa la consolidación de una escuela científica nacional capaz de formar discípulos que continuarían expandiendo su legado durante medio siglo.

    Leloir y el equilibrio entre Estado, filantropía y comunidad científica

    La trayectoria de Luis Federico Leloir permite observar otro aspecto esencial del desarrollo científico argentino: la imposibilidad de explicar sus mayores logros mediante una oposición simplista entre Estado y sector privado.

    Al igual que Houssay, Leloir recibió toda su formación en instituciones públicas. Se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires y realizó su aprendizaje científico bajo la dirección del propio Houssay. Sin embargo, las investigaciones que culminaron con el Nobel de Química en 1970 fueron desarrolladas principalmente en el Instituto Campomar, una institución financiada inicialmente por la familia Campomar pero integrada por investigadores provenientes de la universidad pública y posteriormente vinculada al CONICET.

    Este modelo constituye probablemente una de las experiencias más originales de la ciencia argentina del siglo XX. El éxito del Instituto Campomar no derivó exclusivamente del financiamiento privado ni exclusivamente del apoyo estatal. Fue posible gracias a la convergencia entre ambos, complementada por una intensa circulación internacional de investigadores, becas y conocimientos.

    La experiencia de Leloir demuestra, por lo tanto, que la excelencia científica argentina surgió de un ecosistema institucional mucho más complejo que las dicotomías habituales entre Estado y mercado. Reducir su Nobel a cualquiera de esos factores supone empobrecer una historia que, precisamente, se caracterizó por la cooperación entre diferentes formas de financiamiento.

    El Nobel que completa la historia

    Es en este punto donde la ausencia de César Milstein adquiere una relevancia historiográfica inesperada.

    Milstein recibió el Premio Nobel de Medicina en 1984 por el desarrollo de la técnica de los anticuerpos monoclonales. A primera vista, podría parecer que este galardón pertenece a una etapa completamente distinta de la historia argentina. Sin embargo, un examen más detenido revela exactamente lo contrario.

    Toda la formación de Milstein fue argentina y pública. Estudió en la Universidad Nacional del Sur, obtuvo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y desarrolló sus primeras investigaciones en el Instituto Malbrán. Incluso su perfeccionamiento en Cambridge fue posible gracias a una beca obtenida cuando ya era un investigador formado dentro del sistema científico nacional.

    El descubrimiento premiado se produjo en Gran Bretaña y fue financiado por el Medical Research Council, organismo público británico. Sin embargo, el investigador que realizó ese descubrimiento era producto directo de la tradición científica argentina inaugurada por Houssay y consolidada por instituciones como la Universidad de Buenos Aires y el Malbrán.

    Aquí reside el aspecto más interesante del problema. Milstein no representa una ruptura con la historia científica argentina sino su prolongación. Su trayectoria demuestra que las capacidades construidas durante décadas continuaban produciendo investigadores de excelencia internacional incluso cuando las condiciones institucionales del país ya no permitían retenerlos.

    En otras palabras, el Nobel de 1984 constituye una evidencia particularmente poderosa de la calidad alcanzada por el sistema educativo y científico argentino durante la primera mitad del siglo XX.

    La paradoja de la omisión

    Es precisamente aquí donde el artículo de Adamovsky presenta, a nuestro juicio, su principal limitación metodológica.

    No porque su diagnóstico general sobre la Argentina previa a 1976 resulte equivocado. Muy por el contrario, buena parte de la evidencia económica, social e industrial presentada en su trabajo encuentra respaldo en investigaciones especializadas y forma parte de un debate historiográfico ampliamente documentado.

    La dificultad aparece cuando los Premios Nobel son incorporados como marcadores cronológicos de ese proceso.

    Si el propósito consiste en demostrar la existencia de una comunidad científica vigorosa antes de 1976, entonces Milstein debería ocupar un lugar tan importante como Houssay y Leloir. Su exclusión priva al argumento del ejemplo que mejor ilustra la persistencia histórica de aquellas capacidades institucionales.

    Naturalmente, no corresponde atribuir intenciones al autor. Existen múltiples razones posibles para esa selección, desde limitaciones de espacio hasta una decisión narrativa orientada a privilegiar únicamente los Nobel obtenidos antes del golpe de Estado. Sin embargo, cualquiera haya sido el motivo, la consecuencia historiográfica es la misma: el lector pierde la oportunidad de observar el fenómeno científico en toda su profundidad temporal.

    Paradójicamente, la incorporación de Milstein habría fortalecido la tesis central del artículo. Su historia demuestra que las inversiones realizadas durante décadas en educación pública, investigación universitaria y formación de recursos humanos continuaron produciendo resultados de excelencia incluso cuando esos investigadores debieron desarrollar parte de sus carreras en el exterior.

    Los Premios Nobel no son fotografías de un gobierno; son fósiles de un sistema científico. Cuando aparecen, revelan la existencia de un ecosistema que comenzó a formarse décadas antes. Por eso su verdadero valor histórico no consiste en decirnos cómo era el país el año en que fueron otorgados, sino cómo había sido capaz de pensarse, organizarse y sostenerse durante una generación entera.

    Más allá de los Nobel

    Quizá la enseñanza más importante que ofrecen los tres Premios Nobel argentinos sea que ninguno de ellos puede entenderse aislado de los otros.

    Houssay construyó una escuela.

    Leloir perfeccionó y expandió esa tradición mediante un modelo institucional original que integró universidad pública, filantropía privada y cooperación internacional.

    Milstein proyectó internacionalmente aquella misma tradición cuando las condiciones políticas y científicas argentinas dejaron de ofrecerle un ámbito adecuado para desarrollar su investigación.

    Los tres forman parte de una misma historia.

    Una historia cuyo protagonista principal no es un gobierno determinado ni una coyuntura económica específica, sino la lenta construcción de un sistema científico nacional capaz de producir conocimiento de frontera durante varias generaciones consecutivas.

    Por esa razón, utilizar los Premios Nobel como indicadores directos del éxito de un ciclo político resulta metodológicamente insuficiente. Los Nobel son indicadores de procesos largos, acumulativos y profundamente institucionales. Hablan menos del año en que fueron entregados que de las décadas que los hicieron posibles.

    Conclusión

    La principal virtud del artículo de Adamovsky consiste en cuestionar una narrativa simplificadora sobre la supuesta decadencia inevitable de la Argentina desde mediados del siglo XX. Su reconstrucción del desempeño económico, social e industrial previo a 1976 constituye un aporte valioso para ese debate. Sin embargo, cuando el análisis se desplaza hacia la historia de la ciencia, la utilización de los Premios Nobel como evidencia cronológica revela una limitación conceptual que merece ser señalada.

    La omisión de César Milstein no invalida la tesis del autor, pero sí la vuelve menos completa. Incorporar el Nobel de 1984 obliga a abandonar una lectura basada exclusivamente en la sucesión de gobiernos para adoptar otra, más propia de la historia de la ciencia, fundada en la larga duración de las instituciones, las comunidades académicas y la formación de investigadores.

    Visto desde esa perspectiva, Houssay, Leloir y Milstein dejan de ser tres episodios separados para convertirse en la expresión de un mismo proceso histórico: la construcción de una cultura científica que fue capaz de combinar universidad pública, inversión estatal, iniciativa privada y cooperación internacional hasta producir una de las tradiciones de investigación más prestigiosas de América Latina.

    Esta lectura ofrece además una clave para pensar el presente. Si la historia de Houssay, Leloir y Milstein enseña que los grandes logros científicos son el resultado de políticas sostenidas durante décadas, también obliga a analizar con la misma perspectiva los ciclos más recientes. La expansión del sistema científico experimentada entre 2003 y 2015 —expresada en la jerarquización del Ministerio de Ciencia, el fortalecimiento del CONICET, la repatriación de investigadores mediante el Programa Raíces, la creación de universidades nacionales y el incremento de la inversión pública en infraestructura y recursos humanos— probablemente no pueda evaluarse por los resultados inmediatos que produjo, sino por los que debería haber producido en las décadas siguientes. Del mismo modo, la reducción del financiamiento, la paralización de programas estratégicos, la pérdida de poder adquisitivo de investigadores y becarios y la creciente emigración de recursos humanos altamente calificados difícilmente encuentren su expresión más evidente en el presente. Si la historia de los Premios Nobel argentinos demuestra algo, es que los efectos de las decisiones adoptadas sobre educación superior y ciencia suelen hacerse visibles una generación después.

    La omisión de César Milstein no invalida la tesis del autor, pero sí la vuelve menos completa. Incorporar el Nobel de 1984 obliga a abandonar una lectura basada exclusivamente en la sucesión de gobiernos para adoptar otra, más propia de la historia de la ciencia, fundada en la larga duración de las instituciones, las comunidades académicas y la formación de investigadores. Visto desde esa perspectiva, Houssay, Leloir y Milstein dejan de ser tres episodios separados para convertirse en la expresión de un mismo proceso histórico: la construcción de una cultura científica que fue capaz de combinar universidad pública, inversión estatal, iniciativa privada y cooperación internacional hasta producir una de las tradiciones de investigación más prestigiosas de América Latina. Quizá la mayor paradoja sea que esta misma lógica obliga a mirar con preocupación el futuro. Si las decisiones que hicieron posibles los Nobel comenzaron a rendir frutos treinta o cuarenta años después, también es razonable suponer que las políticas de desinversión científica del presente proyectarán sus consecuencias mucho más allá de los gobiernos que las impulsan. La historia de la ciencia enseña que las capacidades pueden tardar generaciones en construirse y apenas unos pocos años en comenzar a desarticularse, aunque esa pérdida sólo se haga plenamente visible cuando ya resulte extremadamente difícil revertirla.

     

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    De los dólares al banquillo: la Justicia cita a indagatoria a Espert

     

    La causa por los 200 mil dólares transferidos por el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado sumó un nuevo capítulo y golpea de lleno a uno de los principales referentes del oficialismo. La Justicia federal avanzó con la citación a indagatoria de José Luis Espert, investigado por presunto lavado de activos tras recibir fondos cuyo origen es cuestionado por la fiscalía.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La situación judicial de José Luis Espert se complicó de manera significativa. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó formalmente su declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, empresario que en Estados Unidos admitió delitos de fraude y lavado de dinero y que además estuvo investigado por narcotráfico.

    La medida judicial representa un salto cualitativo en una causa que desde hace meses genera preocupación en el oficialismo. Según la investigación, los fondos recibidos por Espert habrían sido utilizados posteriormente para la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos vehículos de lujo y participaciones inmobiliarias, movimientos patrimoniales que la fiscalía considera incompatibles con la explicación brindada por el dirigente libertario.

    La fiscalía pone en duda la versión de Espert

    El núcleo de la defensa de Espert se apoyó en la existencia de un supuesto contrato de consultoría para una empresa minera radicada en Guatemala. De acuerdo con esa versión, los 200 mil dólares habrían sido el adelanto de honorarios profesionales por tareas privadas realizadas para Machado.

    Sin embargo, el fiscal Domínguez concluyó que la documentación presentada para justificar la transferencia presenta inconsistencias y sostuvo que el contrato utilizado como respaldo sería falso o, como mínimo, insuficiente para acreditar la legitimidad de la operación. La acusación sostiene que no existe evidencia económica consistente que respalde la prestación de los servicios declarados.

    El expediente además investiga la participación de terceros vinculados a la operatoria financiera y alcanza a la firma Varianza S.A. y a un contador relacionado con los movimientos bajo análisis.

    Un problema político para Milei

    La causa judicial trasciende la situación personal de Espert porque afecta a una de las figuras más identificadas con Milei. El economista se transformó en uno de los principales voceros de las políticas de ajuste, desregulación y reducción del Estado impulsadas por el gobierno nacional.

    La investigación también reaviva interrogantes sobre la relación entre sectores del oficialismo y empresarios que acumularon fortunas en actividades bajo sospecha. La denuncia original sostiene que Machado no sólo mantuvo vínculos económicos con Espert sino que también le brindó apoyo logístico en etapas anteriores de su carrera política.

    El avance de la fiscalía ocurre además en un contexto especialmente delicado para el gobierno, golpeado por distintas controversias judiciales y por cuestionamientos sobre la transparencia de algunos de sus dirigentes más cercanos.

    El dinero que nunca dejó de generar preguntas

    La existencia de la transferencia dejó de ser materia de discusión hace tiempo. El propio Espert terminó reconociendo que recibió los 200 mil dólares. Lo que permanece bajo investigación es si esos fondos tuvieron un origen lícito y si fueron correctamente declarados ante los organismos correspondientes.

    Para la fiscalía, las respuestas aportadas hasta el momento no alcanzan. Por eso solicitó la indagatoria y mantiene bajo observación el recorrido del dinero, las compras realizadas posteriormente y la documentación presentada para justificar la operación.

    La citación a indagatoria no implica una condena, pero sí coloca a Espert en una situación procesal compleja. A partir de ahora deberá responder formalmente ante la Justicia sobre una transferencia que pasó de ser presentada como una simple consultoría privada a convertirse en uno de los expedientes más incómodos para el universo político de Milei.

     

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    Los Neuss avanzan sobre la red eléctrica: una resolución oficial vuelve a exponer a los empresarios favorecidos por las privatizaciones de Milei

     

    Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial dejó plasmado en un documento del Estado el nombre de uno de los grupos empresarios que más creció al calor de las privatizaciones y desregulaciones impulsadas por Milei. La familia Neuss aparece vinculada a la operación para quedarse con el control de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica de la Argentina.

    Por Roque Pérez para NLI

    Mientras el Gobierno insiste en que el mercado debe reemplazar al Estado en áreas estratégicas, una nueva resolución oficial volvió a poner bajo la lupa a uno de los grupos empresarios que más se expandieron desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Se trata de la familia Neuss, un poderoso conglomerado económico que ya consolidó posiciones en el negocio energético y ahora avanza sobre uno de los activos más sensibles del sistema eléctrico nacional.

    La resolución difundida este lunes por el ente regulador del sector energético analiza la transferencia accionaria vinculada a CITELEC, la sociedad que controla Transener y Transba. Aunque el trámite tiene apariencia técnica, su importancia política es enorme: Transener administra la red troncal de alta tensión por donde circula gran parte de la electricidad que consumen hogares, industrias y comercios en todo el país.

    El documento oficial identifica entre los interesados en la operación a Edison Transmisión, una firma perteneciente a Edison Holding. Dentro de esa estructura empresaria aparece Juan Jorge Neuss, integrante de una familia que en los últimos años multiplicó su presencia en sectores considerados estratégicos para la economía argentina.

    Los nuevos ganadores del modelo libertario

    La irrupción de los Neuss en el centro de los negocios energéticos no es un fenómeno aislado. Desde la asunción de Milei, distintos procesos de venta, concesión y reorganización de activos públicos fueron configurando un escenario en el que un reducido grupo de empresarios comenzó a concentrar posiciones de enorme relevancia económica.

    La familia Neuss pasó de ser un actor importante dentro del mundo empresarial argentino a convertirse en protagonista de operaciones vinculadas con generación, distribución y transporte de energía. El avance sobre la estructura de control de Transener representa un nuevo salto en esa expansión.

    Para la oposición, el proceso refleja una contradicción cada vez más evidente del discurso oficial. Mientras se habla de competencia y libre mercado, los activos estratégicos del Estado terminan concentrándose en manos de grupos con acceso privilegiado a los círculos de poder y capacidad financiera para participar de operaciones multimillonarias.

    Una empresa clave para la soberanía energética

    La importancia de Transener excede largamente cualquier análisis financiero. La compañía opera más de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión y constituye una pieza central del sistema eléctrico nacional. Cualquier modificación en su estructura de control tiene consecuencias directas sobre la planificación energética, las inversiones futuras y el funcionamiento de la red.

    Por eso, la posibilidad de que el grupo de los Neuss termine consolidando una posición dominante en este segmento despierta interrogantes políticos que van mucho más allá de una simple compra empresaria.

    La discusión también reabre un viejo debate argentino: si la infraestructura estratégica debe permanecer bajo control público o quedar sometida a la lógica de grupos privados cuyo objetivo principal es la rentabilidad.

    El sello de una época

    La resolución publicada hoy no adjudica formalmente la operación, pero sí constituye un paso fundamental dentro del procedimiento regulatorio necesario para concretarla. Y deja algo políticamente significativo: el propio Estado reconoce en documentos oficiales la participación de los Neuss en una de las principales disputas empresariales derivadas del proceso de privatización impulsado por Milei.

    A medida que avanzan las ventas de activos públicos, los nombres de los potenciales beneficiarios comienzan a repetirse. En energía, infraestructura y servicios estratégicos aparecen cada vez con más frecuencia los mismos grupos económicos.

    La pregunta que empieza a instalarse en distintos sectores políticos es si la Argentina está asistiendo a una verdadera apertura competitiva o a una nueva etapa de concentración económica donde un puñado de empresarios cercanos al poder termina quedándose con áreas decisivas del patrimonio nacional.

     

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    «Cristina libre»: una multitud copó Parque Lezama y Máximo Kirchner volvió a apuntar contra la proscripción

     

    Miles de militantes, dirigentes políticos, organizaciones sociales y sindicales participaron este sábado del multitudinario banderazo realizado en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y denunciar lo que el kirchnerismo considera una proscripción política impulsada por sectores del Poder Judicial. La convocatoria, realizada en el Día de la Bandera, se convirtió en una de las mayores demostraciones de fuerza del espacio político que conduce la ex presidenta desde que cumple prisión domiciliaria.

    Por Bruno A. Monteverde para NLI

    El acto tuvo como principal orador a Máximo Kirchner, quien habló ante una plaza colmada de banderas argentinas y pancartas con la consigna «Cristina Libre». El diputado nacional sostuvo que la situación judicial de la ex mandataria no puede separarse de la disputa política que atraviesa el país y volvió a denunciar la existencia de mecanismos destinados a impedir su participación plena en la vida política argentina.

    La movilización se realizó en Parque Lezama luego de que las actividades que venían desarrollándose frente al domicilio donde Cristina cumple arresto domiciliario generaran tensiones con la Justicia. La propia dirigencia kirchnerista había decidido trasladar la convocatoria para evitar nuevas controversias y concentrar allí el reclamo político.

    Una demostración de fuerza política

    Desde horas antes del comienzo del acto comenzaron a llegar columnas de distintas provincias, agrupaciones juveniles, sindicatos y organizaciones barriales. El paisaje estuvo dominado por banderas argentinas, insignias peronistas y carteles que exigían la liberación de la ex presidenta.

    Durante su discurso, Máximo Kirchner insistió en que la situación de Cristina excede una cuestión individual y representa, según su mirada, una disputa más amplia sobre la calidad democrática del país. El dirigente también cuestionó a quienes dentro del propio peronismo relativizan el reclamo por la libertad de la ex mandataria y reclamó una postura más firme frente a lo que definió como una proscripción política.

    La intervención del líder de La Cámpora fue seguida por cánticos contra Milei y contra los sectores judiciales señalados por el kirchnerismo como responsables de la condena que mantiene a Cristina bajo arresto domiciliario.

    El reclamo que busca instalarse en la agenda

    El banderazo no fue un hecho aislado. Durante los últimos meses el reclamo por la libertad de Cristina se convirtió en uno de los ejes centrales de la militancia kirchnerista y de buena parte del peronismo alineado con la ex presidenta. La consigna busca instalar la discusión sobre las condiciones de detención y sobre la posibilidad de que la dirigente vuelva a tener un rol político más activo.

    La convocatoria de este sábado tuvo además un fuerte componente simbólico. En el Día de la Bandera, los organizadores buscaron vincular el reclamo con una defensa de la democracia y de la soberanía popular, presentando la situación de Cristina como una cuestión que trasciende las fronteras partidarias.

    Al caer la tarde, Parque Lezama seguía colmado de militantes que cantaban consignas en apoyo a la ex mandataria. La imagen de una plaza repleta y la centralidad que volvió a adquirir Máximo Kirchner dejaron un mensaje político claro: pese al intento de apartarla de la escena pública, Cristina continúa siendo el principal factor de movilización del kirchnerismo y una figura decisiva dentro del peronismo argentino.

     

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    La sala gamer de la casta: el flipper de 8 mil dólares y el Pac-Man que suman otro capítulo al escándalo de Adorni

     

    Una nueva revelación vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio y los gastos de Manuel Adorni. Esta vez, el foco está puesto en un exclusivo flipper de «Los Locos Addams», valuado en unos 8 mil dólares, que habría sido entregado en su casa del country Indio Cuá y que alimenta las dudas sobre un nivel de vida difícil de explicar con un salario de funcionario público.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La imagen del gobierno que prometía combatir a «la casta» sigue acumulando fisuras. Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad y el ajuste sobre jubilados, trabajadores y universidades, una nueva denuncia vuelve a colocar a Manuel Adorni en el centro de la escena por un gasto que difícilmente pueda calificarse como indispensable: un flipper temático de «Los Locos Addams» valuado en aproximadamente 8.000 dólares.

    La información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Romina Manguel, quien sostuvo que el juego fue entregado el 7 de julio de 2025 en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. Poco después, la diputada Marcela Pagano reforzó la denuncia al afirmar públicamente que el aparato habría costado unos 8 mil dólares y cuestionó cómo un funcionario con un sueldo estatal podría afrontar semejante desembolso.

    Una lista de gastos que no deja de crecer

    La polémica no aparece en un vacío. En las últimas semanas se conocieron distintos gastos vinculados a la residencia de Adorni que ya habían generado fuertes críticas. Entre ellos, compras de camas, sommiers, sábanas y almohadas por millones de pesos, además del uso de personal estatal para tareas privadas, episodios que hoy forman parte del debate político y judicial.

    Ahora, la incorporación de un flipper de colección a esa lista vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿cómo se financia un estilo de vida que parece muy alejado del ingreso declarado por un funcionario?

    La controversia resulta todavía más significativa porque el propio espacio libertario construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la dirigencia tradicional. Sin embargo, las sucesivas revelaciones muestran consumos asociados a bienes de lujo y objetos de colección que contrastan con el relato oficial de austeridad.

    Un objeto de colección con precio de alta gama

    Lejos de tratarse de un simple videojuego, el flipper de «Los Locos Addams» es considerado una pieza de colección muy buscada en el mercado internacional. Modelos restaurados y en buen estado pueden ofrecerse por valores cercanos o incluso superiores a los 9.500 dólares, dependiendo de su conservación y originalidad. Y además, una consola Pac-Man también carísima.

    Ese dato convierte al supuesto gasto en un símbolo del debate político: mientras el Gobierno sostiene que no existen recursos para recomponer jubilaciones, salarios docentes o presupuestos universitarios, aparece la imagen de un exclusivo juego de colección instalado en la casa de uno de sus principales funcionarios.

    La contradicción alimenta las críticas de la oposición, que sostiene que el ajuste no alcanza a quienes ocupan los lugares de poder y que el discurso anticasta pierde credibilidad cuando sus propios referentes quedan involucrados en denuncias sobre gastos difíciles de justificar.

    La Justicia y la política siguen mirando a Adorni

    La aparición de este nuevo episodio se suma a las investigaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y a las discusiones sobre sus declaraciones juradas. Cada nueva revelación amplía el escrutinio público y profundiza un desgaste político que ya dejó de ser una cuestión exclusivamente judicial.

    El caso del flipper puede parecer anecdótico, pero adquiere una enorme carga simbólica en un contexto donde millones de argentinos enfrentan pérdida de poder adquisitivo y recortes en áreas sensibles. El contraste entre el discurso del sacrificio colectivo y la imagen de una sala gamer equipada con objetos valuados en miles de dólares vuelve a instalar una pregunta que el oficialismo todavía no consigue responder con claridad: quién paga, cómo se paga y con qué recursos se sostiene ese nivel de consumo.

     

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    Los chats que complican más a Adorni: la Justicia pone la lupa sobre una secretaria y el contratista de la casa de Indio Cuá

     

    La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni sumó un nuevo capítulo con una medida que podría aportar información clave sobre el origen de los fondos utilizados para remodelar su vivienda en el country Indio Cuá. La Justicia comenzó a analizar conversaciones extraídas del teléfono celular del contratista Matías Tabar, incluyendo intercambios con una secretaria de la Jefatura de Gabinete y con el propio funcionario.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La medida profundiza una causa que ya había generado fuerte repercusión luego de que el contratista declarara bajo juramento que la obra demandó unos 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin facturación, un dato que abrió interrogantes sobre la consistencia patrimonial del actual jefe de Gabinete.

    Una pericia que puede cambiar el rumbo del expediente

    De acuerdo con la información conocida, la extracción del contenido del teléfono del contratista se realizó de manera completa y el material quedó incorporado al expediente judicial. Ahora los investigadores revisan mensajes de WhatsApp, llamadas y otras comunicaciones que podrían reconstruir cómo se desarrolló la contratación, la ejecución de la obra y los pagos realizados.

    Entre los elementos bajo análisis aparecen conversaciones con una secretaria del jefe de Gabinete, una circunstancia que amplía el universo de personas involucradas en la reconstrucción de los hechos y que podría aportar detalles sobre la coordinación de los trabajos y los contactos entre las partes.

    La expectativa de la fiscalía es determinar si las comunicaciones son compatibles con la versión oficial o si revelan inconsistencias respecto de las fechas, los montos abonados o la modalidad de contratación.

    La declaración que abrió nuevas preguntas

    El avance judicial se produce después de que Tabar brindara un testimonio que colocó a Adorni en una situación delicada. Según su declaración, las refacciones se extendieron durante aproximadamente diez meses y tuvieron un costo total de 245.000 dólares, abonados en dos etapas y siempre en efectivo.

    El contratista sostuvo además que durante la ejecución de las obras el funcionario alquiló otra vivienda dentro del mismo country y explicó que las remodelaciones incluyeron cocina, baños, pisos, quincho y pileta, además de otros trabajos complementarios.

    Ese relato impulsó nuevas medidas de prueba y derivó en la incorporación del teléfono celular como una de las evidencias centrales de la investigación.

    Una causa con creciente impacto político

    Mientras la Justicia revisa los chats y la documentación obtenida, el expediente mantiene bajo observación la evolución patrimonial del funcionario y la correspondencia entre los gastos declarados y las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá.

    La aparición de conversaciones entre el contratista y una integrante del equipo de la Jefatura de Gabinete agrega un nuevo elemento de análisis, ya que permitirá reconstruir la dinámica de la relación entre las partes y verificar si existieron gestiones administrativas o coordinaciones vinculadas con la millonaria remodelación.

    Con la información digital ya incorporada al expediente, la fiscalía avanza sobre una etapa que puede resultar determinante para establecer si las explicaciones ofrecidas hasta el momento alcanzan para despejar las dudas sobre el origen de los fondos y la forma en que se desarrolló la contratación.