Política

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    Milei desregula el mercado yerbatero: un golpe directo a pequeños productores y vía libre para la concentración

     

    El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, que desmantela las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y libera completamente el mercado. La medida, presentada bajo el argumento de «modernización», abre un escenario crítico: favorece a los grandes molinos, deja a miles de pequeños productores sin protección y anticipa subas en góndola ante la concentración del negocio.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Un decreto que cambia todo

    El flamante Decreto 812/2025, publicado esta mañana, modifica de raíz el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. A partir de ahora, el INYM tiene prohibido intervenir en precios, cupos de plantación, regulaciones de oferta, normas que ordenen la cadena productiva o cualquier decisión que pueda “distorsionar el mercado”.

    En criollo, se le quita al INYM su razón de ser desde 2002, que era equilibrar la relación entre productores, cooperativas e industrias, y evitar abusos en un sector históricamente marcado por asimetrías brutales.


    La palabra prohibida: precios

    El nuevo artículo 8 del Decreto 1240/2002 —reemplazado por esta norma— establece que el INYM no podrá dictar normas que afecten la libre interacción de oferta y demanda.

    Esto implica que:

    • el INYM no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada;
    • tampoco podrá establecer precios mínimos para evitar que los molinos paguen valores de ruina;
    • desaparece el único mecanismo institucional que protegía el ingreso de los productores chicos.

    Hasta hoy, la fijación semestral de precios era la herramienta que impedía que los grandes jugadores impusieran la tarifa a su conveniencia. Con el decreto, esa barrera desaparece.


    El golpe silencioso: derogación masiva

    El artículo 3 del decreto deroga los artículos 9, 11 al 19 del Decreto 1240/02. O sea:

    • controles sobre plantaciones,
    • facultades de ordenamiento del mercado,
    • mecanismos de transparencia,
    • atribuciones de control económico,
    • y los procedimientos con los que el INYM equilibraba la cadena productiva.

    Se desarma toda la estructura pública que sostenía a los productores familiares.


    La concentración que viene (o que ya llegó)

    En la cadena yerbatera conviven:

    • más de 12.000 pequeños productores,
    • cooperativas y secaderos medianos,
    • y un puñado de grandes molinos que controlan buena parte del mercado.

    Sin regulaciones:

    • los pequeños productores pierden poder de negociación,
    • los molinos podrán imponer precios cada vez más bajos en tranquera,
    • y se profundiza una tendencia estructural: concentración y desplazamiento de productores familiares.

    El INYM nació precisamente para evitar este escenario después de la crisis del sector en los años 90, cuando la desregulación había generado valores de miseria y abandono de chacras. El decreto de Milei retrocede dos décadas de protección y devuelve al sector a esa lógica.


    ¿Bajarán los precios al consumidor? Todo lo contrario

    Aunque el Gobierno promueve el decreto con la promesa de “libre competencia”, la evidencia histórica del mercado yerbatero muestra lo siguiente:

    • Cuando baja el precio que reciben los productores, no baja el precio en góndola.
    • Cuando los molinos concentran el negocio, los precios suben, no bajan.
    • En los 90 —última gran desregulación— se pagaba una miseria por la hoja verde y el paquete de yerba aumentaba igual.

    La yerba es un bien cultural, de consumo masivo y con una estructura oligopólica. En mercados así, la desregulación no genera competencia: genera abuso de posición dominante.

    Por eso, el decreto no solo perjudica a quienes producen: también amenaza con nuevas subas en la góndola.


    Un organismo reducido a control de calidad

    El decreto ordena además que, en 30 días, el INYM revise y derogue toda norma que contradiga el nuevo esquema. Es decir, en un mes el Instituto quedará reducido prácticamente a:

    • certificaciones de calidad,
    • registros administrativos,
    • y funciones técnicas menores.

    La institución que equilibraba la cadena yerbatera durante más de 20 años queda convertida en un ente simbólico, sin herramientas para defender a los pequeños productores ni garantizar prácticas leales en un mercado hiperconcentrado.


    Un tiro en el corazón de las economías regionales

    La yerba mate es el motor económico de Misiones y parte de Corrientes. Miles de familias viven de chacras pequeñas que solo subsisten si existe un precio justo y reglas claras.

    Con este decreto:

    • se debilita la economía familiar,
    • se favorece a los molinos más grandes,
    • se facilita la concentración,
    • se reduce la transparencia del mercado,
    • y se abre la puerta a aumentos en góndola que pagarán los consumidores de todo el país.

    La “modernización” proclamada por Milei es, en los hechos, una desregulación feroz que profundiza desigualdades y rompe un equilibrio que llevó décadas construir.

     

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    Pullaro, los pastores evangélicos y $4.000 millones evaporados: el escándalo que Santa Fe intenta tapar

     

    Un informe de TN encendió todas las alarmas: $4.000 millones destinados a combatir el consumo problemático habrían sido desviados desde la APRECOD hacia organizaciones evangélicas sin antecedentes y alineadas políticamente con el gobernador Maximiliano Pullaro y con Milei. El entramado involucra asociaciones creadas hace meses, convenios millonarios sin controles y vínculos directos con el partido UNO, el brazo evangélico del oficialismo provincial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un desvío millonario hacia asociaciones recién nacidas

    La noche del informe de TN, encabezado por Luciana Geuna, dejó una estela de preguntas que el gobierno santafesino todavía no se anima a contestar. Según la investigación, alrededor de $4.000 millones salieron de la Agencia Provincial de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) hacia organizaciones evangélicas vinculadas al espacio político que sostiene a Pullaro.

    Lo más llamativo: muchas de esas entidades fueron creadas entre febrero y marzo de 2025, es decir, ¡hace apenas unos meses! Aun así, obtuvieron montos millonarios por medio de convenios directos, firmados sin los controles administrativos básicos que exige la ley provincial.

    El caso más escandaloso, señalan desde EnOrsai, es el de Rockas Vivas, una asociación civil que nació en marzo de este año y que, según la documentación revelada, recibió más de $900 millones. Su presidenta, Laura Ruth Callejas, mantiene lazos directos con el partido evangélico UNO, estructura política que integra la coalición del oficialismo santafesino.

    Ghione, UNO y el armado político-religioso bendecido por Pullaro y Milei

    El informe también expone la centralidad del pastor y dirigente político Walter Ghione, referente de UNO y aliado tanto de Pullaro como de Milei, en la distribución de los fondos.
    Según la denuncia, el esquema de convenios habría concentrado recursos públicos en manos de este armado político-religioso, desviando dinero originalmente destinado a campañas de prevención del consumo problemático.

    Para completar el cuadro, en redes sociales volvió a circular material documental sobre asignaciones previas que ya habían generado polémica: entre ellas, $1.000 millones otorgados a una organización vinculada al diputado evangélico Amado “Pajarito” Gutiérrez. Un patrón que, visto en perspectiva, deja de parecer casualidad.

    La doble vara mediática y el silencio oficial

    El tema explotó nuevamente gracias a un posteo de la cuenta @ArrepentidosLLA, que aludió a la “doble vara” del tratamiento mediático:
    mientras en otras provincias —o bajo otros signos políticos— un monto así hubiera generado un escándalo nacional, aquí la reacción se diluye con rapidez porque se trata de un gobernador aliado del Gobierno nacional.

    Desde la administración santafesina afirman que todas las transferencias corresponden a “colaboraciones legítimas” con organizaciones comunitarias, aunque todavía no ofrecieron explicaciones sobre las inconsistencias que muestra el informe de TN: contratos sin controles, asociaciones sin experiencia y cifras que desbordan cualquier estándar razonable.

    Lo que viene: auditorías, pedidos de informes y una trama que recién empieza

    A medida que avanza la discusión pública, crecen las probabilidades de que el caso escale a nivel institucional. Distintos sectores políticos de la provincia ya trabajan en posibles pedidos de auditorías, requerimientos de documentación a la APRECOD e incluso citaciones formales para que funcionarios expliquen en qué se usaron los fondos.

    Por ahora, Pullaro no dijo una sola palabra. Y en Santa Fe todos saben que cuando el silencio es tan prolongado, no suele ser buena señal.

    Mientras tanto, los $4.000 millones que debían fortalecer las políticas públicas contra el consumo problemático siguen envueltos en sombras, y la provincia más golpeada por la violencia narco suma un nuevo capítulo de discrecionalidad y favoritismos políticos en áreas donde cada peso malgastado cuesta vidas.

     

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    Francisco Paoltroni: embargos millonarios, desmontes ilegales y un patrimonio que no cierra

     

    En Formosa, el senador Francisco Paoltroni enfrenta un entramado judicial que ya supera los 238 millones de pesos entre embargos, multas y causas abiertas por fraude bancario, desmontes ilegales y un salto patrimonial que dispara todas las alarmas. Un mapa de sospechas que atraviesa sus negocios agropecuarios, su rol político y la lógica de poder que Milei prefiere no mirar.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La insuperable

    El caso no es menor ni excepcional. No todos los días un senador nacional acumula embargos por más de 100 millones de pesos, ni mucho menos convivencias tan evidentes entre fraudes bancarios, hacienda en negro y desmontes masivos sin autorización. Pero eso es exactamente lo que hoy envuelve a Francisco Paoltroni.


    La causa federal: 134 millones por presunto fraude al Banco Nación

    Según la investigación judicial, la jueza federal Belén López Macé ordenó un embargo por 134 millones de pesos en el marco de una causa por fraude contra la sucursal del Banco Nación de Quitilipi (Chaco). La sospecha no es menor: Paoltroni habría librado y endosado cheques a través de empresas vinculadas que luego fueron desconocidos, una maniobra que excede la simple negligencia y habilita el camino penal.

    No se trata de un expediente técnico, señalan desde EnOrsai: es dinero público en riesgo y un legislador nacional operando sobre el sistema bancario con estructuras empresariales opacas. Y todo esto mientras Milei declama auditorías y “fin del curro” como mantra de ocasión.


    Desmontes ilegales: más de 104 millones en multas y miles de hectáreas arrasadas

    En paralelo, la Fiscalía de Estado de Formosa ejecutó multas por más de 104 millones de pesos contra firmas vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni por desmontes sin autorización.

    Los registros oficiales hablan de 904 hectáreas afectadas, pero estimaciones internas elevan el número a 2.239 hectáreas, en zonas como Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín. La práctica es conocida: desmontar, sembrar, producir, pagar la multa años después y seguir facturando. Un esquema que en Formosa se naturalizó y que ahora, con este caso, vuelve a quedar expuesto.


    El patrimonio que no cierra: de 141 a 3.390 cabezas de ganado

    La tercera pata del escándalo es la más evidente: el salto patrimonial del senador, que pasó de 141 cabezas de ganado en 2017 a 3.390 en 2025. Un incremento superior al 2.300 %.

    Productores y consignatarias consultadas hablan de compras informales de hacienda “en negro” a precio vil, para luego blanquearla en remates de la localidad de Fontana. El mecanismo es archiconocido en el sector, pero pocas veces aparece tan directamente asociado a un legislador nacional.


    ¿Qué hay detrás? Evasión, lavado y la política provincial

    Si las investigaciones avanzan, Paoltroni podría enfrentar imputaciones por evasión fiscal, lavado de activos y operaciones económicas no declaradas, entre otros delitos. Y el contexto político agrava todo: mientras Milei exige “transparencia” a los gritos, uno de sus propios senadores navega causas que lo acercan más al viejo poder agrario que a la “casta” que dicen combatir.

     

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    La Renga ridiculiza a Milei en el escenario

     

    La tensión entre La Renga y Milei volvió a escalar este fin de semana en Luján. Durante el Dama’s Day Volumen 4 —encuentro regional de motos y autos clásicos— un enano disfrazado del mandatario apareció en escena mientras sonaba Panic show, la canción que Milei usa como himno político pese al rechazo explícito de la banda. El público ovacionó la burla y dejó en claro de qué lado está.

    Por Carlos Alberto Resurgián para Noticias La Insuperable

    Un show y un mensaje directo, sin metáforas

    En el predio del Wyndham Garden Luján, sobre la Ruta 6, el público esperaba simplemente un show de rock y motores roncando. Pero cuando sonaron los primeros acordes de Panic show, la sorpresa explotó: un persona de baja talla disfrazada de Milei —campera de cuero, máscara, gestos exagerados— irrumpió en el escenario para arengar a la multitud.

    La respuesta fue inmediata: aplausos, risas, una ovación. Una forma de decir basta a la apropiación política del tema que La Renga repudia desde el día uno. La banda, fiel a su estilo, eligió esta vez responder con ironía escénica, cargada de sentido político y cultural.


    La canción que Milei convirtió en propaganda sin permiso

    El conflicto no es nuevo. Desde que inició su carrera electoral, Milei adoptó Panic show como pieza central de sus actos. La usó, la repitió, la hizo banda sonora de su personaje público.
    El problema: nunca tuvo autorización.

    Los músicos fueron claros una y otra vez: Panic show es una obra artística, no un jingle político. Y mucho menos quieren que sea un símbolo del actual gobierno. La negativa siempre fue tajante, pública y sostenida.


    “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”

    En días recientes, el bajista Gabriel “Tete” Iglesias volvió a fijar postura sin rodeos. En una entrevista, rechazó directamente el uso de la canción por parte de Milei y lo comparó con lo que considera un saqueo generalizado del país. Su frase fue clara y demoledora:
    El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país.

    Iglesias explicó que el uso ha sido sistemático, constante, y siempre sin permiso. Tanto, que la banda incluso decidió sacar Panic show de algunos setlists para evitar que se siga asociando a la imagen del gobierno.


    Agotaron las vías legales, pero la impunidad sigue

    El bajista también reveló que La Renga hizo todo lo que permite la ley para frenar la apropiación política de su obra:
    Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar adelante sus ideas, porque lamentablemente están muy del otro lado.

    Pero nada cambió. Ni intimaciones, ni advertencias, ni negativas expresas. El gobierno sigue utilizando la canción como si fuera de dominio público.


    “Si te dicen que no y lo seguís usando…”

    El mánager de la banda, Gabriel “Gordo Gaby” Goncalves, amplió el reclamo, apuntando directamente al comportamiento del mandatario. Su síntesis desnuda la raíz del conflicto:
    Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada.

    La frase disparó fuerte: no solo habla del uso indebido de un tema musical, sino del clima político general que La Renga —como tantas otras expresiones culturales— no deja pasar.


    La Renga, el rock y una postura coherente

    A diferencia de muchos artistas que prefieren el silencio ante la apropiación de su obra, La Renga eligió el camino inverso: marcar un límite, denunciar lo que consideran un atropello y sostener su autonomía política y cultural.

    Lo de Luján no fue un chiste liviano. Fue un gesto. Un mensaje. Un recordatorio de que la música no es mercancía electoral y de que el rock —cuando quiere— sigue siendo un vehículo de resistencia simbólica.

     

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    ROCA–RUNCIMAN: El pacto que entregó la economía nacional al Imperio Británico

     

    En 1933, mientras el mundo se sacudía por la crisis y Argentina intentaba sostener su economía agroexportadora, el gobierno conservador de la llamada Década Infame firmó el Pacto Roca–Runciman: un acuerdo que dejó al país arrodillado frente a los intereses británicos y consolidó una dependencia económica que duraría décadas. Fue presentado como una “solución”, pero terminó siendo un símbolo de subordinación colonial en plena era de pactos secretos, fraudes patrióticos y negocios turbios entre políticos criollos y los frigoríficos británicos.

    Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable

    Un país en crisis y un acuerdo a medida del imperio

    Tras el derrumbe del comercio mundial por la crisis de 1929, el Reino Unido decidió publicar sus “preferencias imperiales”: un sistema para privilegiar a sus colonias en el intercambio comercial. Argentina no era colonia, pero dependía de vender carne a Londres.
    El gobierno de Agustín P. Justo envió entonces a su vicepresidente, Julio A. Roca (h), a negociar con los británicos. Del otro lado estaba Walter Runciman, presidente del Board of Trade británico.

    El resultado fue un contrato bilateral desequilibrado que entregaba ventajas a los frigoríficos británicos, garantizaba su control absoluto del comercio cárnico y sometía al Estado argentino a condiciones humillantes.


    La famosa frase que marcó a fuego la entrega

    En medio de esas negociaciones, Roca declaró que «la Argentina es, en lo comercial, una parte integrante del Imperio Británico».
    La frase —registrada por la prensa de la época y señalada por Cornejo Linares en su análisis histórico— se convirtió en la marca indeleble del pacto como símbolo de sumisión(1).


    ¿Qué decía realmente el Pacto Roca–Runciman?

    Detrás de los formalismos diplomáticos, el acuerdo establecía medidas que hoy serían inadmisibles para cualquier país que aspire a la soberanía económica:

    1. Cuotas de carne y favoritismo explícito

    Argentina solo podía exportar a Gran Bretaña un 85% del cupo preexistente, mientras que el resto quedaba bajo control directo de los frigoríficos británicos(2).

    2. La CADE y los ferrocarriles: beneficios sin control nacional

    El pacto aseguraba la continuidad de los privilegios de los ferrocarriles británicos y permitía ajustes tarifarios que perjudicaban al comercio interior.

    3. Exenciones impositivas y garantías extraordinarias

    Los capitales británicos obtenían beneficios fiscales y operativos, mientras el Estado argentino asumía obligaciones sin recibir contrapartidas equivalentes.

    4. Un control total sobre la cadena cárnica

    Los frigoríficos británicos quedaron con el 90% del negocio de la exportación de carne.
    El resto del mercado siguió en manos de un pequeño grupo local asociado al poder conservador.


    La reacción nacional: del escándalo a la resistencia

    El pacto generó un repudio inmediato.
    El senador Lisandro de la Torre encabezó la denuncia parlamentaria más famosa de la época, demostrando cómo el acuerdo favorecía a los frigoríficos extranjeros a costa del interés nacional(3).
    Su investigación derivó en el escándalo de las carnes y en el asesinato del senador Enzo Bordabehere en pleno recinto, un episodio que retrata hasta qué punto el poder económico estaba dispuesto a defender sus privilegios.


    La sombra larga del pacto

    Aunque algunos defensores lo justificaron como una medida “pragmática” en tiempos de crisis, el Pacto Roca–Runciman selló un modelo de dependencia y consolidó la hegemonía británica sobre la economía argentina durante buena parte del siglo XX.

    Esa estructura recién comenzó a resquebrajarse con las políticas de industrialización por sustitución de importaciones y la consolidación de un Estado planificador a partir del peronismo, que rompió la lógica colonial que el pacto había cristalizado.


    Un espejo histórico para el presente

    Recordar el Pacto Roca–Runciman no es un ejercicio académico: es revisar el adn de los modelos de entrega, los alineamientos automáticos y las subordinaciones externas que, cada cierto tiempo, vuelven a aparecer disfrazadas de modernización o “necesidad económica”.

    Referencias

    1) Cornejo Linares, R. Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas, análisis del período 1930–1933.

      2) Rouquié, Alain. Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina; capítulo sobre acuerdos comerciales en la Década Infame.

      3) Cámara de Senadores, Debates Parlamentarios de 1933–1935: Intervención de Lisandro de la Torre en la Comisión Investigadora de Carnes.

       

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      Gabriel Anello: el periodismo, la impunidad y los fantasmas que no desaparecen

       

      Gabriel Anello, relator de Radio Mitre y engranaje mediático del dispositivo que sostiene a Milei, carga con algo más que polémicas deportivas: denuncias graves de violencia de género, sanciones impositivas reiteradas y un escándalo racista que lo dejó expuesto ante todo el país. No es azar: es la radiografía de un sistema que habilita la impunidad de ciertos voceros del poder.

      Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

      Violencia de género: una historia que insiste en no desaparecer

      En junio de 2015, Verónica Caro publicó una carta estremecedora en la que relató agresiones físicas, verbales, psicológicas y económicas sufridas durante su relación con Anello, además de amenazas posteriores a la separación. En ese testimonio se describen episodios de violencia gravísimos: empujones que la hicieron caer por las escaleras causándole una fisura en la clavícula, golpes frente a sus hijas, control económico, presunto uso de su nombre como testaferro, intimidaciones telefónicas y un ataque de dos hombres que, según su relato, la increparon diciéndole que dejara de hablar de Anello o iba a “terminar en una zanja”.

      La carta fue difundida por distintos medios en 2015 y se transformó en uno de los testimonios de violencia de género más fuertes vinculados a figuras del periodismo deportivo. A pesar de su contundencia, nunca obtuvo una respuesta institucional acorde: ni la justicia ni los medios dominantes dieron el paso necesario para abordar lo denunciado con la seriedad que exige.


      Las cuentas que no cierran: evasión, multas y responsabilidad solidaria

      El costado empresarial de Anello tampoco resiste archivo. En 2021, la Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires dictó la Resolución 843/GCABA-DGR/21 contra Imagine Contenidos S.A., empresa presidida por él. Allí se impugnaron declaraciones juradas, se determinó la base imponible por presunción y se aplicó una multa superior al medio millón de pesos, extendiendo la responsabilidad solidaria directamente al propio Anello.

      No fue un hecho aislado. Otra resolución del mismo organismo, la 614/GCABA-DGR/2021, apuntó a Producciones y Contenidos S.A., también vinculada a Anello, por irregularidades en los períodos fiscales de 2015 y 2016. Nuevas multas, nuevos ajustes de oficio, nueva responsabilidad solidaria.

      El patrón es evidente: irregularidades administrativas, maniobras fiscales cuestionadas y sanciones reiteradas. El “periodista del orden” tiene su propia casa bastante lejos de ese orden que exige desde el micrófono.


      Racismo al aire: insultos en vivo y escándalo nacional

      El 7 de mayo de 2025, Anello volvió a cruzar un límite. En pleno programa de Radio Mitre lanzó insultos abiertamente racistas y clasistas contra Juan Román Riquelme, al que llamó “negro ignorante”, “marrón” y “verdulero”, además de desafiarlo “a trompadas” en la puerta de la emisora.

      El episodio se convirtió en un escándalo nacional. Diversos medios registraron tres líneas claras:

      • la indignación generalizada por los insultos;
      • la decisión de Boca de dejar de acreditar al Grupo Clarín en La Bombonera tras el ataque racista;
      • la respuesta de Riquelme, quien remarcó que está orgulloso de su historia y de su color de piel.

      Horas después, acorralado por sus propios dichos, Anello pidió disculpas alegando que “no se sentía bien” y que “se extralimitó”. Una explicación que no alcanzó para borrar lo que ya había dicho en vivo frente a todo el país.


      Del micrófono al aparato político

      La cercanía de Anello con Milei y el rol que ocupa dentro del esquema mediático oficialista lo ubican más como un operador político que como un periodista. Sus intervenciones no se limitan al deporte: forman parte del coro que sostiene y amplifica el discurso del gobierno, apelando a la provocación permanente, al hostigamiento y —como quedó demostrado— a expresiones de violencia y racismo.

      No se trata solo de él. Se trata del dispositivo que lo protege.


      ¿Qué nos muestra el caso Anello?

      Un sistema que le falla a las víctimas. Denuncias públicas, graves y detalladas que jamás encontraron una respuesta estatal o institucional a la altura.
      Medios que lo blindan. Figuras que cruzan límites éticos a diario siguen sosteniéndose gracias a su utilidad política.
      Un actor político disfrazado de periodista. Su función excede lo profesional: es parte activa del engranaje comunicacional del gobierno.

      La pregunta incómoda se impone sola: ¿cuántas disculpas más antes de que haya consecuencias reales?


      Conclusión

      Gabriel Anello es el ejemplo acabado de cómo ciertos operadores mediáticos pueden moverse con una impunidad que combina violencia de género, irregularidades fiscales y discursos de odio. Mientras Milei lo sostiene simbólicamente dentro de su constelación política y ciertos medios lo protegen, las denuncias, las multas y los hechos siguen ahí, documentados y disponibles para quien quiera mirar.

      Y en esa mirada está la clave: no naturalizar lo que está mal, no callarse, no dejar pasar.