Política

 

Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

 

 

“Creo que le mintieron al Presidente”, señaló.

Por Roque Pérez para NLI

La postal que más inquieta hoy a la Casa Rosada no viene del peronismo, ni de los mercados, ni siquiera del Congreso. Viene del propio ecosistema libertario. En una escena impensada hace apenas meses, uno de los soldados digitales más importantes del mileísmo terminó contradiciendo públicamente a Milei y dejando al desnudo una interna feroz entre los distintos clanes del oficialismo. El protagonista fue Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, que salió a dinamitar la versión presidencial sobre el escándalo de la cuenta atribuida a Martín Menem y dejó flotando una frase venenosa: “Creo que le mintieron al Presidente”.

El episodio parece menor sólo para quien no entiende cómo funciona el poder libertario. Porque en el universo de Milei, las redes no son un accesorio: son el corazón político del proyecto. Y cuando el principal operador del aparato digital contradice al propio jefe de Estado en vivo, lo que se rompe no es apenas una narrativa. Se rompe la cadena de mando.

Santiago Caputo contra Karina: la guerra que ya nadie disimula

Detrás del escándalo por la cuenta @PeriodistaRufus se esconde algo mucho más grande. La pelea real es entre los dos grandes polos de poder que sobreviven dentro de La Libertad Avanza: el armado territorial y partidario de Karina Milei contra el dispositivo político-digital de Santiago Caputo.

Las llamadas “Fuerzas del Cielo”, la tropa de influencers y militantes libertarios que responde a Caputo y tiene al Gordo Dan como cara visible, decidieron ir hasta el fondo contra Martín Menem, uno de los hombres más cercanos a Karina. Y lo hicieron incluso después de que Milei intentara cerrar el conflicto diciendo que todo había sido una “operación prefabricada”.

Pero Parisini no sólo rechazó la explicación presidencial: directamente sostuvo que la cuenta sí pertenecía a Menem y que alguien engañó al mandatario. El mensaje político fue devastador. Porque si Milei fue engañado, entonces no controla su propia mesa chica. Y si no fue engañado, entonces el aparato digital libertario decidió desafiarlo igual.

En cualquier caso, el resultado es pésimo para la autoridad presidencial.

El Presidente que ya no ordena

La escena expone un problema cada vez más visible: Milei conserva centralidad mediática, pero empieza a perder capacidad de disciplinamiento interno. Y eso en un gobierno tan personalista es letal.

Hasta hace unos meses, las diferencias dentro del oficialismo se procesaban bajo cuerda. Hoy se discuten en streaming, en Twitter y a través de operaciones cruzadas entre funcionarios, trolls y dirigentes. La lógica de la “batalla cultural” terminó devorándose a sí misma.

La tensión ya venía escalando. Patricia Bullrich quedó enfrentada con el karinismo, Manuel Adorni aparece cuestionado desde distintos sectores y el Senado se transformó en otro foco de conflictos internos.

Lo novedoso es que ahora la implosión alcanza al núcleo más fanático del mileísmo: el aparato digital que hasta hace poco funcionaba como guardia pretoriana del Presidente. El mismo espacio que se autodefinió como el “brazo armado” libertario —aunque luego aclararan que era una metáfora— empieza a mostrar fisuras imposibles de ocultar.

La Rosada teme algo peor: que la pelea se vuelva irreversible

En Balcarce 50 saben que la disputa ya dejó de ser ideológica. Es una pelea por el control político del futuro libertario. Karina Milei quiere consolidar el partido y blindar el armado electoral. Santiago Caputo busca sostener influencia estratégica a través de la comunicación, los operadores digitales y la construcción de relato.

El problema es que ambos espacios necesitan demostrar fuerza. Y cuando eso ocurre en gobiernos verticalistas, la pelea suele terminar mal.

La gran incógnita es si Milei todavía puede arbitrar entre ambos bandos o si terminó convertido en rehén de su propia interna. Porque el Presidente quedó en una posición incómoda: desautorizado por quienes supuestamente lo defienden todos los días.

Y en política, hay algo peor que tener enemigos afuera: empezar a perder autoridad adentro.

 

 

La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.

La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.

La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno

El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.

Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.

Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.

Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”

La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.

Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.

Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.

La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.

Comunicación, soberanía y mercado

El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.

La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.

Ahí reside el núcleo político del asunto.

Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.

 

 

El gobierno de Milei avanzó en un nuevo acuerdo militar con Estados Unidos para el patrullaje y la vigilancia del Atlántico Sur, una región estratégica para la Argentina por sus recursos naturales, la cercanía con la Antártida y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El convenio, presentado bajo el nombre de “Protecting Global Commons Program”, fue anunciado primero por el Comando Sur y la Embajada estadounidense antes que por el propio Ministerio de Defensa argentino, y despertó fuertes críticas políticas por el alcance de la presencia norteamericana en aguas argentinas.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La iniciativa contempla cooperación militar, provisión de equipamiento, entrenamiento especializado y tareas de vigilancia marítima durante los próximos cinco años. Según trascendió, el acuerdo comenzó con la entrega de tecnología para aeronaves destinadas al patrullaje del mar argentino, pero prevé una expansión progresiva con “equipamiento avanzado” y apoyo operativo para interceptar amenazas marítimas. Para sectores críticos, el problema excede cualquier cuestión técnica: el gobierno vuelve a colocar áreas estratégicas argentinas bajo tutela extranjera.

El concepto que encendió todas las alarmas

Uno de los puntos más cuestionados fue el lenguaje utilizado por Washington para justificar el despliegue. El Atlántico Sur fue definido como un “bien común global”, una expresión que para especialistas en soberanía y defensa implica relativizar el control argentino sobre una de las zonas geopolíticas más importantes del planeta.

No se trata de un territorio cualquiera. Allí confluyen las mayores reservas pesqueras del hemisferio sur, corredores marítimos estratégicos, recursos energéticos offshore y la puerta de entrada a la Antártida. Además, el Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas una poderosa base militar con capacidad de proyección sobre toda la región.

Por eso, la decisión de Milei de profundizar acuerdos militares con el principal aliado estratégico de Londres dentro de la OTAN generó un fuerte rechazo en ámbitos diplomáticos y académicos. Para muchos analistas, el gobierno argentino termina validando indirectamente una arquitectura militar internacional que históricamente fue funcional a los intereses británicos y estadounidenses en el Atlántico Sur.

La polémica también escaló por el hermetismo oficial. El anuncio original no fue realizado por el Ministerio de Defensa argentino sino por organismos estadounidenses, algo que para la oposición refleja el nivel de subordinación política del gobierno libertario frente a Washington.

Una región bajo disputa geopolítica

El acuerdo se inscribe además en un contexto internacional de creciente militarización del Atlántico Sur. Estados Unidos busca consolidar presencia sobre corredores marítimos y recursos estratégicos, mientras el Reino Unido fortalece sus capacidades militares en Malvinas y otras potencias incrementan operaciones vinculadas a la Antártida.

En ese tablero global, la Argentina aparece cada vez más alineada con la agenda norteamericana. Durante los últimos meses, el gobierno de Milei multiplicó ejercicios conjuntos, reuniones con altos mandos militares estadounidenses y acuerdos de interoperabilidad. La intención parece evidente: convertir al país en el principal socio regional de Washington en materia de defensa y seguridad.

Pero esa estrategia tiene costos políticos y diplomáticos. Diversos especialistas advierten que una dependencia creciente de equipamiento, financiamiento y entrenamiento extranjero reduce márgenes de autonomía y condiciona futuras decisiones soberanas. La discusión no es solamente militar: también involucra pesca ilegal, explotación de hidrocarburos, rutas comerciales y control territorial.

Incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas existen sectores que observan con preocupación el reemplazo de una política de desarrollo nacional de capacidades por un esquema de dependencia tecnológica externa. El problema, sostienen, es que la Argentina termina actuando como plataforma subordinada dentro de intereses estratégicos ajenos.

El atlántico sur, otra vez en el centro de la disputa

El trasfondo del conflicto vuelve a colocar en escena una pregunta histórica: quién controla realmente el Atlántico Sur. Mientras Milei profundiza vínculos militares con Estados Unidos, crecen las dudas sobre el impacto de esos acuerdos en la soberanía argentina y en el reclamo histórico sobre Malvinas.

Para el gobierno libertario, la alianza representa cooperación estratégica y modernización militar. Para sus críticos, en cambio, constituye un nuevo avance de Washington sobre áreas sensibles del país y una peligrosa cesión de autonomía en una de las regiones más codiciadas del siglo XXI.

Porque detrás del discurso de “seguridad marítima” y “cooperación internacional”, lo que está en juego es mucho más profundo: el control de los recursos naturales, las rutas oceánicas y la proyección geopolítica sobre el extremo sur del planeta.

 

 

Tienen más de 6.000 años.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante décadas, el desierto del Atbai —la inmensa región árida ubicada entre el Nilo nubio y el Mar Rojo— fue considerado apenas un corredor marginal entre los grandes mundos del Egipto antiguo y Nubia. Pero una investigación arqueológica publicada recientemente acaba de sacudir esa mirada: miles de estructuras funerarias monumentales descubiertas mediante imágenes satelitales revelan la existencia de una cultura pastoril sofisticada, organizada y profundamente marcada por el culto al ganado.

El estudio, publicado en la revista científica African Archaeological Review, identificó una enorme red de enterramientos circulares de piedra distribuidos desde el sur de Egipto hasta las fronteras actuales de Eritrea. Los investigadores bautizaron estas construcciones como “Atbai Enclosure Burials” (AEB), es decir, “sepulturas de recinto del Atbai”.

Una cultura desaparecida bajo la arena

Las estructuras tienen una característica repetida: enormes círculos de piedra con tumbas humanas y animales en su interior. Muchas de ellas poseen restos de vacas, ovejas y cabras enterradas junto a personas, una señal contundente de la centralidad económica y espiritual que tenía el ganado para aquellas sociedades del Holoceno medio.

Los arqueólogos sostienen que esta tradición funeraria habría existido entre el 4500 y el 2500 antes de Cristo, en pleno proceso de desertificación del Sahara y del noreste africano. En otras palabras: mientras el llamado “Sahara Verde” comenzaba a secarse lentamente, estas comunidades intentaban sobrevivir adaptándose a un entorno cada vez más hostil.

La investigación plantea que el surgimiento y posterior desaparición de estos monumentos estuvo íntimamente ligado al final del denominado Período Húmedo Africano, una etapa climática en la que amplias zonas hoy desérticas estaban cubiertas de vegetación, lagunas y pasturas aptas para la cría de ganado.

A medida que las lluvias retrocedieron hacia el sur y el territorio comenzó a secarse, las comunidades pastoriles debieron modificar sus formas de vida. Primero cambiaron la composición de sus rebaños y luego migraron hacia regiones más fértiles. Finalmente, muchas de esas sociedades desaparecieron o se transformaron radicalmente.

El hallazgo que cambia la historia del noreste africano

Uno de los aspectos más impactantes del trabajo es la magnitud del descubrimiento. Gracias al uso de sensores remotos y plataformas como Google Earth, el proyecto arqueológico logró registrar más de 90 mil estructuras vinculadas al patrimonio histórico del desierto sudanés, entre ellas campamentos nómades, minas antiguas y cementerios monumentales.

Los investigadores remarcan que la arqueología del Atbai estaba prácticamente “en pañales” debido a las enormes dificultades de acceso y al histórico abandono académico de la región. Mientras Egipto y Nubia concentraban la atención internacional, enormes sectores del desierto oriental africano permanecían sin estudiar.

Ahora, esas tumbas de piedra revelan que allí existió una tradición cultural propia, distinta de las civilizaciones nilóticas clásicas. Las evidencias indican incluso que estos pueblos pudieron haber desarrollado vínculos comerciales y culturales con comunidades del valle del Nilo, aunque conservando rasgos funerarios muy particulares.

Uno de los complejos mejor estudiados, ubicado en Wadi Khashab, contiene más de 25 enterramientos humanos y animales distribuidos alrededor de una tumba principal. Allí aparecieron restos de ganado vacuno enterrado ceremoniosamente, una práctica que los investigadores asocian con el fenómeno conocido como “comportamiento centrado en el ganado”, presente en distintas culturas pastoriles del Sahara y África oriental.

Satélites, saqueos y guerra

El trabajo también expone una realidad brutal: muchos de estos sitios están siendo destruidos por la minería ilegal y los saqueos arqueológicos. En Sudán, además, la guerra civil volvió prácticamente imposible realizar excavaciones de campo, obligando a los científicos a depender casi exclusivamente de imágenes satelitales.

Paradójicamente, la tecnología espacial terminó permitiendo reconstruir parte de la historia de pueblos olvidados que vivieron hace más de seis mil años entre dunas, montañas secas y rutas pastoriles hoy invisibles.

Lo que emerge de las arenas del Atbai no es apenas un conjunto de tumbas antiguas. Es la prueba de que, mucho antes de los grandes imperios faraónicos, existieron sociedades complejas capaces de construir monumentos, desarrollar rituales funerarios elaborados y adaptarse durante siglos a uno de los ambientes más extremos del planeta.

 

 

La crisis económica, el deterioro del poder adquisitivo y el desgaste político empiezan a reflejarse con fuerza en las encuestas. Un nuevo relevamiento mostró que más de la mitad de los argentinos tiene una imagen negativa de Milei, mientras crece el malestar social y se profundiza el rechazo a la situación económica del país.

Por Roque Pérez para NLI

Los números confirman una tendencia que distintos estudios vienen marcando desde comienzos de año: el Gobierno pierde apoyo incluso entre sectores que acompañaron a Milei en el balotaje de 2023. Según distintos sondeos publicados en las últimas semanas, la desaprobación presidencial ya oscila entre el 55% y el 65%, en un contexto atravesado por inflación persistente, caída del consumo y salarios pulverizados.

La encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados reveló además que una parte importante de la población asegura que “ya no soporta” la situación económica actual. El dato expone un fenómeno que empieza a perforar el relato oficial sobre la supuesta recuperación: el ajuste impacta de lleno en la vida cotidiana y cada vez más familias llegan con dificultad a fin de mes.

El deterioro no aparece solamente en la evaluación económica. También se observa una fuerte caída en la valoración personal de Milei. La consultora CEOP Latam detectó que la imagen positiva presidencial cayó hasta apenas superar el 34%, muy lejos de los niveles que había alcanzado luego de las legislativas de 2025. Incluso, cuatro de cada diez votantes que lo apoyaron en el balotaje afirman que hoy no volverían a elegirlo.

Otro estudio, elaborado por Zuban Córdoba, mostró que el 65% de los encuestados desaprueba la gestión libertaria, el peor registro en varios meses. El informe vincula directamente la caída del Gobierno con los escándalos políticos, las denuncias de corrupción y el agravamiento de la crisis social.

En paralelo, otras consultoras vienen detectando un patrón similar: caída de expectativas, descreimiento respecto del rumbo económico y creciente agotamiento frente al ajuste permanente. La combinación entre tarifazos, salarios deprimidos y recesión empieza a erosionar incluso al núcleo duro libertario.

La situación también impacta en el plano regional. Un informe de CB Global Data ubicó a Milei entre los presidentes latinoamericanos con peor imagen del momento, tras registrar una fuerte baja en su valoración positiva.

Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener el discurso del “sacrificio necesario”, aunque los números muestran otra realidad: cada vez más argentinos consideran que el costo del modelo económico es demasiado alto y empiezan a expresar ese rechazo en las encuestas. La pregunta que empieza a recorrer la política argentina es si el Gobierno todavía tiene margen para sostener el ajuste sin que el deterioro social termine convirtiéndose en una crisis política más profunda.