Colaboración

 

En la madrugada de este jueves un fuerte operativo de la Policía de la provincia junto a Gendarmería Nacional rodeó los predios de Fasinpat (ex Zanon) y Cerámica Neuquén, las emblemáticas fábricas recuperadas. Ambas están en conflicto ante los ataques del Gobierno y los tarifazos en la energía. Por La Izquierda Diario.

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Las gestiones obreras de Neuquén están atravesando una dura crisis, producto de los tarifazos, los ataques de los gobiernos y la negativa a otorgar créditos y financiamientos para la inversión en tecnología. En enero se sumó el corte de energía eléctrica en Cerámica Neuquén y este lunes el corte de gas en es misma fábrica y también en la ceramista Zanon .

Están reclamando que el Gobierno cumpla el compromiso de conseguir una reunión con un proveedor de gas para normalizar la situación y que Camuzzi restituya el servicio. Por eso el mismo lunes movilizaron a Casa de Gobierno, donde no recibieron respuestas, por lo que el martes cortaron la ruta.

Como el martes tampoco hubo noticias del Gobierno, el miércoles decidieron volver a la ruta. Pero un operativo de la Policía provincial y Gendarmería Nacional, que saturó la ruta y alrededores de las fábricas de efectivos y móviles, impidió el corte, aunque las y los obreros, acompañados por organizaciones solidarias, sostuvieron la protesta a la vera de la ruta, recibiendo el apoyo de la gente.

Ambas fábricas se encuentran sobre la Ruta 7, divididas por una calle, en lo que se conoce como “la ruta del petróleo”, camino a Vaca Muerta. Paradójicamente, en la provincia de Vaca Muerta, el Gobierno no puede garantizar el servicio de gas para dos gestiones obreras, al igual que para miles de familias que no acceden a ese servicio elemental. Como denunciaron los obreros, “no creemos que un gobierno que está más tiempo en Houston visitando petroleras que en Neuquén, no pueda conseguir en treinta días una reunión con una proveedora de gas”.

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Como en la dictadura

Si ese accionar ya revestía gravedad, lo de esta madrugada es un salto. Sin tener programada ninguna acción, igualmente la zona del Parque Industrial donde se encuentran las cerámicas amanecieron nuevamente rodeadas de policías y gendarmes. Claramente un accionar intimidatorio que tiene como principal responsable al gobernador Rolando Figueroa, que copia los métodos de Patricia Bullrich.

Como denunció el diputado del PTS-Frente de Izquierda, obrero de Zanon y secretario adjunto del Sindicato Ceramista, Andrés Blanco, “hoy Zanon y Cerámica Neuquén amanecieron rodeadas de policías, como en la dictadura. Así actúa Figueroa, igual que Bullrich. Queremos respuestas, no represión”.

Blanco aseguró que “por más que nos quieran intimidar con este despliegue policial, no nos van a amedrentar, porque acá está en juego el plato de comida de nuestras familias. Nosotros queremos trabajar, y vamos a defender nuestras fábricas. En 24 años de gestión obrera pasamos por represiones, intentos de desalojos, crisis económicas y montón de adversidades, pero acá estamos de pie y no nos vamos a quedar quietos”.

Por su parte Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista aseguró que “ahora discutiremos en la asamblea nuestro plan de lucha, pero lo que sí está resuelto, lo que sí está definido, es que vamos a seguir en nuestro plan de lucha defendiendo nuestra fuente de trabajo, y para exigir que nos larguen la luz, el gas y poder seguir produciendo. Eso ya es una decisión tomada, más allá que ahora al frente de la fábrica hay un impresionante el despliegue policial, que no nos van a amedrentar”.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-gobernador-Figueroa-militariza-fabricas-recuperadas-en-Neuquen

 

 

Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

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Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

 

 

La Justicia laboral ordenó suspender el sistema digital impuesto por ARCA tras una presentación de AEFIP, que denunció una maniobra unilateral del organismo para gestionar afiliaciones y desafiliaciones sindicales sin intervención del gremio. El fallo marcó la irrazonabilidad de que un empleador asuma para sí la posibilidad de afiliar o desafiliar a un trabajador a cualquier entidad. Por Infogremiales.

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La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) logró un fallo favorable por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N°17, que hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender el acceso digital al sistema SARHA. Este sistema, implementado por las autoridades del organismo en cuestión a principios de mayo, permitía gestionar automáticamente la afiliación y desafiliación sindical, lo que AEFIP consideró una injerencia directa en sus funciones como entidad gremial.

La acción judicial fue presentada el pasado 12 de mayo, cuando el sindicato denunció que el mecanismo había sido creado de forma unilateral por el empleador, sin consulta ni participación del gremio. Según AEFIP, esta herramienta viola el marco normativo vigente al reemplazar la intervención del sindicato en la gestión de altas y bajas de afiliados, constituyendo así un intento de socavar su legitimidad y representación.

En la sentencia a la que accedió InfoGremiales, el juzgado argumenta que «carecería de toda razonabilidad que el empleador asumiera para sí, y por su unilateral decisión, el acto formal de la inscripción (y eventualmente la renuncia o la desafiliación) del trabajador a cualquier entidad civil, gremio, asociación, cooperativa o club».

Y agrega que «La entidad gremial es la que tiene la facultad – y por tanto el derecho – de afiliar o de desafiliar a los trabajadores que pueda agrupar, en las condiciones previstas por las normas vigentes y por su propio estatuto«. Siguiendo esta línea, le da lugar a la medida cautelar y ordena suspender la aplicación del sistema.

Desde la Mesa Directiva Nacional del sindicato AEFIP destacaron que, a pesar del “accionar desleal y autoritario de la patronal”, el cuerpo de trabajadores se mantuvo unido junto a la organización sindical. AEFIP señaló que este fallo judicial ratifica el principio de libertad sindical y desestima “mediocres y repudiables políticas” dirigidas a debilitar la unidad gremial.

Finalmente, el secretario general Pablo Flores y el secretario adjunto Hugo Álvarez convocaron a los trabajadores a continuar fortaleciendo la organización sindical con unidad y solidaridad. “No hay libertad sin justicia para los trabajadores”, remarcaron en el cierre del comunicado.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-ordeno-a-arca-suspender-el-sistema-de-desafiliacion-sindical-careceria-de-toda-razonabilidad-que-el-empleador-asumiera-el-acto-de-inscripcion-o-renuncia-a-cualquier-entidad/