Vecinos de ambas localidades dieron a conocer las imágenes del sector que cedió, donde se encuentra una de las alcantarillas para drenar el agua.
Luego de señalizar el lugar se solicitó precaución a los automovilistas que circulen por el lugar.
En el sector se está construyendo un muro de contención que tiene el objetivo se consolidar ese tramo. Se indicó que las lluvias de los últimos días provocaron el socavón bajo el asfalto.
La ruta 39 que une a ambas localidades fue inaugurada el pasado 22 de abril. Foto: Google Maps/gentileza
Se estima que personal de la dirección Provincial de Vialidad neuquina procederá a la reparación del sector de esa ruta en los próximos días, siempre dependiendo de las condiciones climáticas invernales.
Un obra paradigmática
La pavimentación de la ruta provincial 39 es paradigmática por varias razones: esta traza era considerada el camino de ripio más transitado de la provincia, las comunidades de Andacollo y Huinganco reclamaron por años la llegada del asfalto y en la actual de gestión fueron escuchados. En un contexto nacional de retracción de la obra pública, Neuquén aplicó su propio modelo: en lugar de contratar por fuera del Estado, fortaleció a Vialidad provincial para que pudiera pavimentar la totalidad de esta ruta por administración.
Equipos y operarios del organismo vial provincial probaron su capacidad operativa y en un año cumplieron el objetivo. Esta prueba fue determinante para planificar otra obra de similares características por el mismo método: la próxima tarea de Vialidad será la pavimentación de otra ruta en el Alto Neuquén. Se trata de la ruta provincial 21 que une Loncopué con El Huecú.
El gobernador Rolando Figueroa inaugurará este martes el asfalto que une a las localidades de Huinganco y Andacollo, en el norte neuquino. Ese tramo de la Ruta Provincial 39 se transforma en la primera obra de infraestructura que finaliza la actual gestión de gobierno, a través de Vialidad Provincial. La obra tiene características muy especiales […]…
David Nazareno Ávila no es un caso más. Según laJusticia Federal, no solo compartía propaganda del grupo terrorista en redes sociales, sino que pedía ayuda para fabricar explosivos y atacar en territorio argentino. Las pruebas en su contra son alarmantes: mensajes en árabe, contactos con presuntos proveedores de armas y declaraciones donde expresaba su deseo de convertirse en mártir.
Con base en esta evidencia, los fiscales María Claudia Frezzini y Santiago Marquevich pidieron la elevación a juicio oral. Lo acusan de integrar una organización cuyo fin es imponer el terror, combatir ideas ajenas con violencia y promover el odio contra comunidades por razones de religión, nacionalidad o política.
La investigación comenzó mucho antes de su detención, tras detectar publicaciones en Instagram, TikTok y Facebook, además de intercambios en WhatsApp y Telegram. En estos espacios, Ávila difundía ejecuciones y atentados, alababa al Estado Islámico y alentaba a otros a sumarse a su causa.
Uno de los mensajes clave, fechado el 6 de octubre de 2024, revela sus intenciones, «la paz sea contigo hermano mío. ¿Dime cómo puedes ayudarme a atacar al gobierno sionista argentino?”, “tengo un contacto que me vende armas, pero necesito apoyo financiero (…) ¿me enseñarán a hacer explosivos para atacar?»
Luego publicó “quiero ser mártir en Argentina. En Argentina tenemos un gobierno sionista que apoya a Israel y debe pagar por sus pecados sionistas. Quiero llevar a cabo un ataque (…). Quiero aprender a hacer explosivos»,
El Estado Islámico, al que Ávila habría adherido, figura en el registro oficial de organizaciones terroristas del país. Para los investigadores, su vinculación iba más allá de la admiración ideológica: formaba parte de la estructura, recibía apoyo y se estaba preparando para actuar.
El juicio oral podría marcar un antes y un después en el abordaje del extremismo digital en Argentina. Las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la radicalización en redes, aunque silenciosa, puede convertirse en una amenaza real si no se frena a tiempo.
En virtud de ello, la unidad especializada en combatir el crimen organizado inició una investigación preliminar y, en abril del año pasado, efectuó la denuncia junto con la Fiscalía Federal de Campana ante el Juzgado Federal de esa ciudad, dado que en el sumario surgió que el sospechoso había mantenido reuniones en un centro comercial de Escobar, partido bonaerense comprendido en su jurisdicción. En esta ocasión, también se corroboró que Ávila había formado parte, por dos meses, del Ejército Argentino como voluntario en el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, aunque de allí lo echaron por cuestiones de competencia, rendimiento y disciplina, ya que, entre otras cosas, lo descubrieron hurtando en un supermercado.
El juez federal Adrián González Charvay delegó la investigación en el MPF que encomendó realizar tareas investigativas a la Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La fuerza federal hizo seguimientos y observaciones en forma encubierta, escuchas telefónicas, análisis de las redes sociales y designó un “agente encubierto digital” para interactuar con el sospechoso y/o los restantes integrantes de los canales y grupos de mensajería que integraba.
En base a los elementos de prueba reunidos, el MPF solicitó el 7 de enero pasado el allanamiento de los domicilios vinculados al sospechoso, ubicados en la localidad rionegrina de General Roca.
En aquellos procedimientos, realizados por personal de la PNA, se le incautó su teléfono celular, en el que se encontró la prueba fotográfica y de mensajería clave.
De esta manera, el 9 de enero se dispuso la detención de Ávila, mientras que el 14 de ese mes se le recibió declaración indagatoria.
Luego, se le dictó su procesamiento con prisión preventiva, que fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de San Martin, luego que fuera apelado por la defensa. Asimismo, se declinó la competencia en razón del territorio para que continue interviniendo el Juzgado con jurisdicción en la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, dado que la maniobra delictiva encontró su origen allí y también se desarrolló en dicho ámbito espacial.
Dos eventos masivos como la Fiesta de la Manzana y el Mundial de Motocross que se destacaron en estos últimos años, por convocar a miles de personas en toda la regióneste año no se realizarán, debido a la situación económica del país y también por el retiro de los fondos que aportaba el gobierno nacional. […]…
El hecho se registró el sábado 29 de marzo, alrededor de las 19.30, en la intersección de las calles Gelonch y España, en General Roca, cuando el imputado, que conducía una motocicleta Gilera SMX 200cc sin patente y en estado de ebriedad, descendió de la vereda y colisionó con otra moto.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Gelonch y España en general roca.
El impacto fue tan violento que Naguil sufrió lesiones graves que le provocaron la muerte una hora y media más tarde, mientras era atendido en el hospital Francisco López Lima. La identidad del docente fue confirmada posteriormente por las autoridades.
Este jueves 29 de mayo, el Ministerio Público Fiscal realizará la audiencia de formulación de cargos contra el conductor, acusado de homicidio culposo. Hasta el momento, el hombre permaneció en libertad mientras avanzaba el proceso judicial.
La Justicia argentina determinó que el futbolista Rodrigo Garro, que estuvo involucrado en un accidente donde un motociclista perdió la vida, sea acusado de homicidio culposo. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en General Pico, La Pampa, en la intersección de las calles 300 y 108….
Un hombre de 43 años que se desempeña como chofer de una aplicación de viajes está en grave estado tras ser baleado durante un robo en la provincia de Córdoba mientras los delincuentes son intensamente buscados por la Policía.
Según medios locales, el asalto ocurrió en lacallePedernera al 2500 en el barrio Corral de Palos, en la zona sudeste de la capital provincial, mientras que el Fiat Cronos de la víctima apareció abandonado en un descampado de la zona sudeste de la ciudad de Córdoba.
La dirección donde citaron al chofer de la app de viajes para robarle. Foto: Google Maps
Además, señalaron que el hombre fue hallado por los uniformados con un corte en la cabeza y un disparo en el abdomen, por lo cual fue trasladado hacia el Hospital San Roque.
Fuentes policiales informaron queel chofer de la app de viajes arribó al centro de salud con una herida cortante en la cabezay una herida de arma de fuego en el abdomen, por lo que quedó internado en grave estado, a la espera de una evolución en su salud.
La reconstrucción de los hechos apuntan a que el hombre fue citado a través de la aplicación al mencionado barrio de la ciudady al llegar fue baleado por dos delincuentes que le robaron el auto.
Luego, la Policía halló el Fiat Cronos negro abandonado a unas cuadras del lugar del asalto. El vehículo apareció en un descampado sobre la calle Pedro Escobar, a la altura del barrio Las Lilas. Finalmente,en el auto también estaba el revólver calibre 38 que habrían utilizado los ladrones para herir al conductor. Ambos todavía se encuentran prófugos.
La reciente confirmación de la Corte Suprema sobre la muerte del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba en Zapala marcó un cambio en esta investigación. Este pronunciamiento, viene a consolidar las pruebas y teorías que se habían ido desvelando en los meses anteriores, estableciendo con autoridad judicial lo que muchos sospechaban: la muerte de Córdoba fue […]…
Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.
Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.
Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con lamasacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.
Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.
La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.
Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.
La Justicia laboral ordenó suspender el sistema digital impuesto por ARCA tras una presentación de AEFIP, que denunció una maniobra unilateral del organismo para gestionar afiliaciones y desafiliaciones sindicales sin intervención del gremio. El fallo marcó la irrazonabilidad de que un empleador asuma para sí la posibilidad de afiliar o desafiliar a un trabajador a cualquier entidad. Por Infogremiales.
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) logró un fallo favorable por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N°17, que hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender el acceso digital al sistema SARHA. Este sistema, implementado por las autoridades del organismo en cuestión a principios de mayo, permitía gestionar automáticamente la afiliación y desafiliación sindical, lo que AEFIP consideró una injerencia directa en sus funciones como entidad gremial.
La acción judicial fue presentada el pasado 12 de mayo, cuando el sindicato denunció que el mecanismo había sido creado de forma unilateral por el empleador, sin consulta ni participación del gremio. Según AEFIP, esta herramienta viola el marco normativo vigente al reemplazar la intervención del sindicato en la gestión de altas y bajas de afiliados, constituyendo así un intento de socavar su legitimidad y representación.
En la sentencia a la que accedió InfoGremiales, el juzgado argumenta que «carecería de toda razonabilidad que el empleador asumiera para sí, y por su unilateral decisión, el acto formal de la inscripción (y eventualmente la renuncia o la desafiliación) del trabajador a cualquier entidad civil, gremio, asociación, cooperativa o club».
Y agrega que «La entidad gremial es la que tiene la facultad – y por tanto el derecho – de afiliar o de desafiliar a los trabajadores que pueda agrupar, en las condiciones previstas por las normas vigentes y por su propio estatuto«. Siguiendo esta línea, le da lugar a la medida cautelar y ordena suspender la aplicación del sistema.
Desde la Mesa Directiva Nacional del sindicato AEFIP destacaron que, a pesar del “accionar desleal y autoritario de la patronal”, el cuerpo de trabajadores se mantuvo unido junto a la organización sindical. AEFIP señaló que este fallo judicial ratifica el principio de libertad sindical y desestima “mediocres y repudiables políticas” dirigidas a debilitar la unidad gremial.
Finalmente, el secretario general Pablo Flores y el secretario adjunto Hugo Álvarez convocaron a los trabajadores a continuar fortaleciendo la organización sindical con unidad y solidaridad. “No hay libertad sin justicia para los trabajadores”, remarcaron en el cierre del comunicado.
