Lilita Carrió aseguró que Toto Caputo no tiene credibilidad, es un ministro caído, no puede hablar y hasta lo tildó de «taradito».
La líder de la Coalición Cívica analizó la crisis económica del gobierno de Javier Milei y el rescate que fueron a pedir a Estados Unidos.
«Acá hay un equipo económico caído. Porque si el que tiene que hablar es (Scott) Bessent, es porque no puede hablar el ministro. Y un ministro que no tiene credibilidad, es un ministro caído», afirmó Carrió en una entrevista en A24.
«Cuando el que tiene que hablar es el jefe del Tesoro de los Estados Unidos, es porque vos tenés un ministro caído. Porque el ministro no tiene autoridad para hablar», agregó la ex diputada nacional.
«Lo escuché el otro día, era un taradito hablando. Hacía campaña, decía ‘todo es culpa de la oposición’. No, es la culpa de todos los desastres que hicieron, sobre todo a partir de julio, pero desastres económicos. Y se los venía diciendo a Bausili ‘ustedes tienen que tener reservas, nosotros les aprobamos el acuerdo con el fondo, pero tienen que acumular reservas’. No lo hicieron», lamentó Lilita.
«No sé qué van a hacer, pero este equipo económico está caído. No tiene autoridad», completó.
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El ministro de Defensa vuelve a quedar bajo la lupa: un proyecto para vender 13.000 hectáreas en La Calera —una de las zonas más codiciadas del Gran Córdoba— genera sospechas sobre posibles negociados inmobiliarios con tierras del Estado.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta una nueva polémica que podría comprometer aún más su ya cuestionada gestión. En esta ocasión, se trata de un proyecto que contempla la venta de unas 13.000 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas en la localidad de La Calera, a apenas diez kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Según trascendió, el área militar en cuestión se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria del país, rodeada de barrios privados, emprendimientos de lujo y desarrollos urbanísticos millonarios. El eventual traspaso de esas tierras al sector privado podría representar una ganancia extraordinaria para empresas desarrolladoras, pero un nuevo vaciamiento patrimonial para el Estado nacional.
Pedido de explicaciones en el Congreso
La situación llegó a la Cámara de Diputados, donde el legislador Oscar Agost Carreño, del PRO, presentó un pedido de informes solicitando que el Ministerio de Defensa explique en qué condiciones se pretende avanzar con la venta y si hubo tasaciones, estudios de impacto o licitaciones previas.
Aunque el proyecto nunca fue formalizado oficialmente, fuentes legislativas confirmaron que existen borradores internos y evaluaciones de mercado en los despachos del ministerio, lo que sugiere que la operación está más avanzada de lo que el propio Petri admite públicamente.
Tierra pública, negocios privados
El predio de La Calera forma parte de una extensa franja de terrenos del Ejército, históricamente utilizados para entrenamiento militar y custodia logística. Sin embargo, durante los últimos años se transformó en un imán para el capital privado, con empresas interesadas en convertir el área en nuevas urbanizaciones premium.
En ese contexto, la participación del Ministerio de Defensa en cualquier tipo de negociación inmobiliaria genera sospechas sobre posibles transferencias de recursos públicos a manos privadas, en un esquema que recuerda otras operaciones opacas de la gestión Milei, donde las Fuerzas Armadas y el patrimonio nacional son puestos al servicio de intereses corporativos.
Petri bajo la lupa
El ministro ya arrastra acusaciones por la crisis de la obra social militar, que dejó a miles de afiliados sin cobertura plena, además de contrataciones con empresas bajo investigación judicial. A eso se suma su doble rol como funcionario nacional y candidato a diputado por Mendoza, lo que desató críticas por incompatibilidad ética y conflicto de intereses.
Con este nuevo episodio, Petri vuelve a quedar en el centro del escándalo, mientras crece la percepción de que la política de Defensa del gobierno libertario se orienta más a los negocios que a la soberanía.
Desde los sectores opositores ya se habla de una posible denuncia por administración fraudulenta si el proyecto de venta avanza, mientras que en Córdoba se multiplican las alertas por el impacto ambiental y urbano que podría generar la privatización de semejante extensión de tierra.
El Ministerio de Defensa, hasta el momento, no emitió ninguna respuesta oficial, reforzando las sospechas de opacidad y falta de transparencia.
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La investigación sobre el patrimonio de la familia del ex juez federal Marcelo Bailaque dio indicios de acciones presuntamente ilícitas que motivaron medidas judiciales. El jueves pasado los fiscales del caso pidieron allanar a una de las mayores constructoras de Rosario, con amplia trayectoria nacional, ante la presunción de que el juez no avanzó en una causa penal tributaria contra ella a cambio de un beneficio en provecho propio con un terreno.
La autorización judicial para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de la esposa e hijos del magistrado, actualmente investigado en tres causas penales, había motivado una disputa cargada de tensiones entre la defensa del juez y los fiscales que la pidieron. Para estos es necesario indagar en la situación del núcleo familiar más estrecho a partir de las pesquisas en curso que forzaron a Bailaque -actualmente en prisión domiciliaria- a pedir la renuncia de su cargo, la que fue aceptada por Javier Milei el 26 de junio pasado.
La apertura del estado fiscal de la esposa de Bailaque permitió ver que a su nombre figura un inmueble del barrio privado Vida que explotó la empresa constructora Edeca SA, una de las más importantes del rubro como contratista de obras públicas en todo el país, la que por ejemplo construyó en Buenos Aires los estacionamientos subterráneos en la avenida 9 de Julio y que tiene muy importantes obras civiles, portuarias y desarrollos privados en distintos lugares de Argentina.
En este momento es la adjudicataria de la reconstrucción de la pista en el aeropuerto de Rosario. Lo fue del Museo del Deporte, de la avenida Jorge Newbery, de la cárcel de Piñero y del Hospital Alassia de Santa Fe. Fue subcontratista de Supercemento y es adjudicataria de obras de servicios en distintos municipios.
Edeca tuvo una causa penal tributaria por subfacturación de IVA en el juzgado que desde el año 2008 hasta hace dos meses estuvo a cargo de Bailaque. Según reveló a LPO un abogado que conoce ese expediente el trámite por delitos penales económicos se abrió en 2018. Tras una larga demora sin movimientos la causa terminó con un sobreseimiento por prescripción en 2024.
Marcelo Bailaque
La detección del inmueble de Edeca anotado a nombre de la esposa de Bailaque, que es funcionaria de la Justicia provincial de Santa Fe, disparó el allanamiento de esta constructora rosarina fundada en los años 70 por el empresario Roberto Podadera, que se caracteriza por su fuerte presencia en concursos públicos y privados para obras civiles e hidráulicas con gran afectación de maquinaria en distintas zonas de la ciudad. Actualmente a la compañía la conduce Marcelo Burgués, un ingeniero civil que fue escalando posiciones en la firma hasta quedar como CEO en el directorio.
La causa estuvo seis años en trámite hasta la extinción penal el año pasado que es cuando se advierte justamente que el juez que controlaba la denuncia habría dejado la causa dormida hasta la prescripción y la empresa denunciada por malversar el IVA le vendió a su esposa un terreno en el barrio Privado Vida Club de Campo, en Funes. Las oficinas de la firma Edeca fueron allanadas el jueves de la semana pasada por Gendarmería Nacional en su sede rosarina de Polledo 2527.
La apertura del estado fiscal de la esposa de Bailaque permitió ver que a su nombre figura un inmueble del barrio privado Vida que explotó la empresa constructora Edeca SA, una de las más importantes del rubro como contratista de obras públicas en todo el país
Ahora se impulsará una auditoría dentro del juzgado federal para establecer hasta dónde puede llegar la maniobra. También están actuando los peritos para realizar un informe socioambiental en la familia del juez Bailaque que se suma a la pesquisa financiera, fiscal y bancaria de esposa e hijos para determinar si las inversiones en inmuebles, servicios u ocios se corresponde con la licitud de sus ingresos regulares por sus empleos formales.
En forma paralela a esta pesquisa el fiscal Juan Argibay Molina solicitó también el allanamiento al abogado y escribano santafesino Santiago Busaniche, un lobista del Poder Judicial Nacional, a quien le secuestraron el teléfono celular.
Este allanamiento fue ordenado a raíz de los contenidos extraídos del teléfono celular del ex director regional de ARCA en Rosario Carlos Vaudagna. Este está imputado junto a Bailaque de haber participado en una extorsión contra el agente de Bolsa Claudio Iglesias quien reveló en audiencia que le pidieron 200 mil dólares para cerrarle una causa por lavado de dinero que tramitaba en el juzgado del ex magistrado.
El Intendente Marcelo Orazi entregó los premios a los tres equipos que completaron el podio de la Liga Municipal de Fútbol Femenino organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Los premios correspondieron a: Las Perlas (campeón), Las Inter (subcampeón) y Botineras (tercer puesto). En la oportunidad estuvo acompañado por el…
