CAP. 3: «INVASIÓN» ESTRENO WEB

El Museo Felipe Bonoli tuvo su reapertura el día sábado, oportunidad en la que los asistentes pudieron apreciar los trabajos de restauración y mantenimiento que se llevaron a cabo durante la pandemia. La museóloga Magali Catriquir destacó la concurrencia de quienes se acercaron a disfrutar de la jornada, algunos lo hacían por primera vez y…

El juez federal de Rosario Gastón Salmain camina en la cornisa. Al llamado para ser imputado la semana próxima por una maniobra por diez millones de dólares se sumó la decisión del Consejo de la Magistratura de girar denuncias en su contra a la Comisión de Acusación de la entidad. Eso supone iniciar el camino que puede terminar en su destitución.

De modo unánime, la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles que se analice en la comisión de Acusación que preside el senador Luis Juez la medida cautelar que Salmain firmó en 2023 en favor del fideicomiso Attila, en la que ordenó al Banco Central de la República Argentina vender 10 millones de dólares al cambio oficial al financista que controlaba ese fondo, cuando regía el cepo bancario.

Esa decisión de Salmain posibilitó a los controlantes del fondo obtener los diez millones de dólares al cambio oficial para pagar una deuda contraída en el exterior cuando la brecha con el valor de la divisa en el mercado informal era marcada. El financista que controlaba el fideicomiso es Fernando Whpei quien está implicado por una extorsión junto al ex juez federal Marcelo Bailaque.

Whpei está llamado a indagatoria junto a Salmain en cinco días. El tercer convocado es el escribano santafesino Santiago Busaniche quien es lobista de la Justicia Federal y cercano a altos magistrados y servicios de inteligencia. A los tres los fiscales les endilgan haber armado una estrategia para que con la cautelar urgente se adquirieran dólares a precio oficial para transferirlos a la cuenta de un acreedor en el exterior.

Los audios que revelan la presión de un lobista judicial para extorsionar a un agente bursátil de Rosario

Los fiscales indican que, con el ardid, Busaniche se favoreció «por su aporte operativo» y Salmain por haber impulsado la medida como magistrado. Por esas acciones ambos solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia de cambio entre dólar oficial y blue lo que ascendía a unos 200 mil dólares. Esto supone para Salmain la imputación de cohecho pasivo agravado, vale decir cobrar un soborno por su gestión, agravado por ser magistrado y del delito de prevaricato, que significa impulsar una resolución que se sabe injusta. Salmain está citado para el martes que viene a audiencia de imputación.

También hay un hecho penal conexo por abuso de autoridad en su juzgado por lo que hace diez días su despacho fue allanado y le quitaron su celular. Un mes antes, por la cautelar del fideicomiso, también habían allanado su domicilio y confiscado otro teléfono, un I-Phone 17. En las dos ocasiones Salmain se negó a entregar la clave de acceso.

Le secuestran el celular al polémico juez Salmain de Rosario, que se negó a entregar la clave

Asimismo, Salmain está denunciado por la diputada provincial Lionella Cattalini por un pedido de coimas para acumular expedientes sobre los que no tenía competencia e implicaban a una misma persona, el ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna. El ex funcionario, implicado en tres causas penales, sostuvo ahora como arrepentido que a través de un enviado Salmain le pidió 100 mil dólares para unificar en su juzgado distintas causas que lo involucraban. En su declaración Vaudagna involucró como participante de esta intriga ilícita a un abogado de un conocido estudio jurídico del centro de Rosario.

Carlos Vaudagna

Además de estas acciones que ya ponen a Salmain en el sendero del juicio político, y no meramente de sanciones administrativas, hay otras tres expedientes por delitos atribuidos a Salmain que seguirán en trámite en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que preside el consejero abogado César Grau.

Uno de estos hechos es la omisión de haber informado, cuando concursó como juez, que la Corte Suprema de la Nación por unanimidad lo dejó cesante cuando era empleado de un juzgado laboral, acusado de haber ofrecido una coima para direccionar un expediente hacia el tribunal donde trabajaba, eludiendo el mecanismo de sorteo. El caso lo mantiene como instructora la consejera Alejandra Prevítola.

Otro caso es la denuncia por haber generado un colapso en el ámbito civil de Rosario al excusarse masivamente de recibir expedientes jubilatorios cuando fiscales federales lo empezaron a investigar. Esto fue porque trascendió que Salmain había autorizado un record de embargos multimillonarios contra la Ansés por demandas previsionales lo que favorecía a determinados estudios jurídicos. La excusación de Salmain a tramitar expedientes jubilatorios produjo una congestión de causas que fue denunciada por su colega de fuero Natalia Martínez que recibió la avalancha de legajos que en el juzgado vecino se negaban a impulsar. Actúa como instructor el consejero juez Luis Lugones.

También tiene Salmain un legajo en esta comisión por una denuncia de la tabacalera rosarina Bronway por parcialidad manifiesta en una causa en favor de Massalin Particulares. Salmain ordenó a la ex AFIP que no lo otorgue a Bronway las estampillas para la venta de cigarrillos lo que favoreció a su competidora y dejó en situación de cesantía a 260 trabajadores. Interviene como instructora la consejera María Inés Pilatti Vergara.

Toto Caputo admitió este viernes la intención del gobierno de Javier Milei de no autorizarle al gobierno de Axel Kicillof parte del endeudamiento que la Legislatura provincial aprobó este jueves a la madrugada pero que requiere del aval de Nación.

«Lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación», dijo Caputo a A24.

Frente a esa amenaza de Caputo, Axel Kicillof salió al cruce tras un acto en La Plata: «Que lo apruebe y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar», dijo.

Fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por LPO cruzaron las acusaciones de déficit fiscal de Caputo y señalaron que el financiamiento pedido por Kicillof «busca garantizar el pago de servicios de deuda asumidos en gran medida en gestiones anteriores, particularmente durante la administración Vidal».

En concreto, el gobierno de Milei rechaza autorizar toda deuda que exceda el rollover. Para refinanciar los pasivos heredados, Kicillof pidió autorización de deuda por USD 1.990 millones.

Aparte de eso, solicitó tomar deuda por USD 1.045 millones. Ese monto es el objetado por Nación bajo la excusa de incumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal.

 Fuentes del Ejecutivo bonaerense consultadas por LPO rechazaron los argumentos de Caputo y señalaron que la Provincia «sobrecumple» el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento. 

De no aprobar Nación el pedido de endeudamiento que excede el rollover, lo que se cae para la Provincia es la posibilidad de acceso a créditos de organismos internacionales como la CAF o el Banco Mundial, a través de los cuales la administración Kicillof pretende financiar una serie de obras.

Fuentes del Ejecutivo bonaerense consultadas por LPO rechazaron los argumentos de Caputo y señalaron que la Provincia «sobrecumple» el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento.

En ese punto, detallaron que la ley citada por Caputo plantea servicios de deuda menores al 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios y que, hoy, este ratio asciende a algo más del 7% para la Provincia, muy por debajo del tope que fija la ley de responsabilidad fiscal.

Kicillof teme que el gobierno de Milei no lo autorice a tomar deuda

Semanas atrás, el gobierno bonaerense había expuesto su preocupación por este tema. Ahí, el ministro Carlos Bianco sostuvo que, en reuniones con distintos gobernadores, el Gobierno ofrece, a cambio de aprobar el presupuesto nacional, los avales necesarios para que las provincias puedan tomar deuda.

«Nos deben 13 mil billones de pesos, así que ya no sé ni de qué hablan los libertarios», acusó Kicillof este viernes y sostuvo que el financiamiento solicitado es para pagar vencimientos de deuda de la gestión Vidal.