La paralización de la modernización del Tanque Argentino Mediano y la compra de vehículos Stryker usados a Estados Unidos no es un hecho aislado: es una definición política que resigna industria nacional, transferencia tecnológica y autonomía estratégica en nombre del alineamiento automático con Washington.
Por la Redacción de NLI
La política de Defensa del gobierno de Milei volvió a encender alarmas. Mientras se congela el desarrollo y la actualización del histórico Tanque Argentino Mediano (TAM), se avanza en la adquisición de blindados Stryker usados provenientes del Ejército de Estados Unidos. La ecuación es simple y preocupante: menos industria nacional, menos trabajo argentino y más dependencia externa.
El TAM no es un simple vehículo militar, señala el periodista Walter Onorato. Es uno de los desarrollos más emblemáticos de la industria de defensa argentina, fruto de un esquema mixto que combinó ingeniería local con aportes tecnológicos extranjeros, permitiendo durante décadas sostener capacidades propias de producción, mantenimiento y modernización. La actualización del sistema no sólo implicaba mejorar la flota, sino preservar conocimiento acumulado y una cadena industrial estratégica.
Sin embargo, bajo la actual gestión, ese proceso quedó virtualmente paralizado. Las restricciones presupuestarias y administrativas impactaron de lleno en la operatividad: incluso la compra de insumos básicos para mantenimiento se vio afectada, dejando unidades fuera de servicio. No fue la obsolescencia lo que frenó al TAM, sino decisiones políticas concretas.
En paralelo, el entonces ministro de Defensa Luis Petri firmó una carta de intención para adquirir vehículos Stryker a Estados Unidos. El anuncio, realizado en el Pentágono, dejó en evidencia que la operación excede lo técnico y se inscribe en un alineamiento geopolítico explícito.
Los Stryker son vehículos diseñados para transporte de tropas y operaciones de movilidad táctica. No reemplazan al TAM, no cumplen la misma función y, además, llegan usados, con menor vida útil y mayores costos de mantenimiento. Según trascendió, la operación implicó alrededor de 100 millones de dólares por 27 unidades, una cifra significativa si se considera que se trata de material ya utilizado en conflictos como Irak y Afganistán.
El contraste con otras alternativas regionales resulta elocuente. El blindado Guaraní, desarrollado en Brasil, ofrecía unidades nuevas, posibilidad de transferencia tecnológica y participación de componentes argentinos en su fabricación. Además de resultar más conveniente desde el punto de vista industrial, fortalecía la integración regional. Aun así, fue descartado.
Como señala Walter Onorato en EnOrsai, la decisión de abandonar la modernización del TAM y optar por Stryker usados implica resignar una cadena industrial propia y profundizar la dependencia externa, incluso pagando más por menos. No se trata solamente de una compra militar: es un modelo de país.
La llegada de las primeras unidades fue presentada como un avance en la modernización del Ejército. Sin embargo, los límites son claros: no son anfibios —una característica clave en un país atravesado por ríos—, no generan producción local y no transfieren tecnología. La supuesta modernización no impacta en la industria argentina ni fortalece capacidades estratégicas propias.
La paradoja es evidente. Mientras se justifica el ajuste con el argumento de la austeridad, se desmantela un proyecto nacional y se desembolsan millones de dólares en equipamiento usado importado. El recorte cae sobre la producción argentina; la billetera se abre para compras externas alineadas con la agenda de Washington.
Este episodio se inscribe en un marco más amplio que incluye la compra de aviones F-16 y el acercamiento a la OTAN. La defensa deja de pensarse como política de Estado con perspectiva soberana y pasa a funcionar como señal ideológica de alineamiento automático.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué autonomía estratégica puede sostener un país que abandona sus propios desarrollos para depender de material usado importado?
Lo que está en juego no es solamente un sistema de armas. Es el modelo de desarrollo. Y en ese terreno, el gobierno de Milei vuelve a elegir dependencia antes que soberanía.
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Las tensiones generadas la semana pasada en la policía santafesina tuvieron un marcado rebrote la noche del lunes. Grupos de familiares y allegados a efectivos activos volvieron a congregarse en la Jefatura de Rosario. Esta vez la situación fue más grave porque hubo patrulleros que no salieron a cumplir el servicio. También una decisión del jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, de desalojar por la fuerza a los que bloqueaban el ingreso del edificio policial. Lo que generó corridas, gritos y situaciones de conflictividad que se mantuvieron durante la madrugada.
Temprano a la mañana el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció medidas drásticas. Separó dos circunstancias que calificó como claras. Por un lado, dijo que se debía diferenciar los reclamos legítimos de aumento y bienestar policial, que el gobierno había acompañado con medidas hace siete días, que admitió deben profundizarse. Pero remarcó que estos malestares fueron aprovechados por actores separados de la fuerza por corrupción que se plegaron a las manifestaciones.
Anunció que a veinte policías que hicieron abandono de servicio se los puso en disponibilidad, con quite de arma reglamentaria, chaleco y credencial. Y que se impulsaron denuncias penales en fiscalía porque se resintió el servicio de seguridad con un perjuicio a la comunidad. También admitió el ministro que esta vez aunque no se dieron situaciones graves el servicio resultó afectado porque unos 20 patrulleros sobre 80 del turno nocturno no salieron a la calle.
Tras los anuncios la situación no pareció desinflarse. Personas cercanas a los policías permanecían en el portón de la Jefatura rosarina donde había estacionados en el exterior no menos de 40 patrulleros.
También la medida tuvo su correlato en la ciudad de Santa Fe, donde unos 60 efectivos de la Policía Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Orden Urbano, fueron llevados hacia la División Judiciales de la Jefatura de la capital provincial, donde se les retiraron las armas, según contó la periodista Ivana Fux. Desde el lunes familiares, retirados y personas de civil se habían concentrado para protestar en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a LPO que la Subsecretaría de Control no había iniciado actuaciones en esa ciudad.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas y hacer reclamos que aglutinan a todo el personal.
La semana pasada con los reclamos escalando el gobierno otorgó 500 mil pesos a los policías de calle, 250 mil a los choferes de patrulleros y anunció medidas para la contención policial, en especial luego de que el suicidio de Oscar Valdez, un efectivo de 32 años en la Jefatura de Rosario generara demandas explícitas de atención a situaciones de precariedad de salud integral de las fuerzas de seguridad.
«La protesta legítima, el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo, nosotros los seguimos acompañando. Toda policía que hace correctamente su trabajo y que nos ha permitido llevar adelante una política de seguridad que ha bajado drásticamente los niveles de violencia que azotaban esta provincia la vamos a seguir defendiendo», dijo Cococcioni.
«Ahora sobre este reclamo legítimo se montaron y tenemos detectada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad. Esto nosotros no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad, que tanto trabajo nos costó poner en orden en la provincia de Santa Fe, es una línea que nosotros no vamos a dejar cruzar», sostuvo.
El ministro de Seguridad dijo que al menos 20 funcionarios policiales, «y seguramente algunos más que irán siendo identificados mediante labores investigativas que se están desarrollando», fueron puestos en disponibilidad. «Además, estamos haciendo actuaciones de todo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para que investigue posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales y desplazados de la Policía de Santa Fe, que claramente no se resignan a que han perdido la posición de poder y de privilegio que obtuvieron en otro momento».
Cococcioni dijo que esta madrugada, a diferencia de la semana pasada, hubo afectación de la prestación de tareas. «Si bien no ha afectado sustancialmente la seguridad esta medida, si objetivamente no menos de 20 unidades de patrulla urbana abandonan su servicio en plena jornada, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Y hasta me atrevería a decir que le acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por culpa de esa acción de incumplimiento de sus deberes funcionales».
«Se puede dialogar para mejorar las condiciones de trabajo, se puede organizar mejor las jornadas de trabajo, totalmente de acuerdo. Ahora, no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública, la seguridad de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Estas acciones ilícitas, antijurídicas y en algunos casos violentas, entendemos que quieren golpear la política de seguridad, que es una política de seguridad exitosa. A quien le guste, esta es la política que en conjunto con el gobierno nacional y con el Ministerio de Seguridad Nacional, está bajando el delito y está bajando la violencia, en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Así que acá es donde trazamos una raya que no estamos dispuestos a permitir que se cruce», subrayó el ministro.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas
Tras el anuncio de sanciones y el duro mensaje del ministro no dispersó durante la mañana a los allegados a los familiares y cercanos que seguían apostados frente a la Jefatura de Rosario. En ellos los reclamos eran de mejoras salariales, de prestaciones integrales para la salud mental en una profesión sometida a altos niveles de estrés, y a que resuelva cambios en el régimen horario, que complican el descanso adecuado para una enorme cantidad de suboficiales que están en las ciudades del sur de la provincia pero que son oriundos del norte y tienen que cubrir distancias de hasta 800 kilómetros cuando retornan. El policía con carpeta médica que se suicidó el sábado pasado en Jefatura era de Vera que está a 450 kilómetros de Rosario donde estaba asignado.
«Intentaron dividir con los anuncios, alimentos para unos pocos. Estamos pidiendo que el aumento sea para toda la policía, no para unos pocos», declaró el abogado Gabriel Sarla, un ex policía santafesino que estuvo la semana pasada como interlocutor de los que protestaban en las conversaciones ante el Ministerio de Seguridad que derivaron en los anticipos de beneficios no remunerativos.
«El conflicto ha tomado una escala que no queríamos», reconoció. «Era pacífico pero un hecho desafortunado anoche, cuando el señor Maldonado decidió reprimir, lo que hizo que los policías vengan a apoyar a sus familiares. Una mujer embarazada recibió gas pimienta», comentó el abogado a Cadena 3 Rosario.
Pero como resaltó LPO el día que se hicieron los anuncios, las mejoras económicas no llegan a la totalidad de la fuerza sino a un 40 por ciento que es la que realiza las prestaciones operativas de seguridad en calle. Y además se trata de sumas no remunerativas. Desde la zona de la protesta, un oficial le comentó a este medio por qué el cortafuegos ensayado por la provincia no satisface.
«Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario. Esto a los policías que tienen que viajar seis o siete horas ida y vuelta hacia sus destinos no les resuelve gran cosa», dijo el oficial con veinte años de servicio.
Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario
Esta es una de las protestas más fuertes surgidas en Rosario desde la muerte en 2005 del agente Diego Navarro cuando custodiaba un supermercado, que tuvo sin embargo una magnitud incomparable, porque la ciudad quedó entonces sin servicio policial, bajo el gobierno de Jorge Obeid. Lo que derivó en que más de 300 gendarmes fueran transferidos a Rosario para realizar tareas de patrullaje urbano.
Según fuentes de la Casa de Gobierno santafesina, la administración de Pullaro se propone cortar de raíz cualquier situación que implique una escalada del conflicto. En la calle pese a los anuncios disciplinarios la tensión no se había disipado.
«Yo estuve en el acuartelamiento cuando mataron a Navarro en el súper Azul en 2005», decía un policía con mando medio a LPO desde el lugar donde siguen los familiares. «Esa vez nos conformaron con un par de borcegos, con el retiro de las viejas pistolas 11.25 que se trababan como le pasó a Navarro y con el aumento del adicional. Pero ahora es distinto. La policía está mejor soportada en sus demandas y además hay una situación económica que vuelve comprensibles los reclamos», le comentó a La Política Online otro policía cercano a los 50 años desde las inmediaciones a Jefatura rosarina.
A partir de este domingo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina pone en marcha el ciclo ‘Mostrá tu talento’ en la biblioteca al aire libre de la Isla 58. Se trata de una propuesta destinada a quienes cantan o tocan instrumentos y que no se dedican profesionalmente a la música, y…
Los números de la cadena de supermercados La Anónima exponen el fuerte deterioro del mercado interno y el quiebre de la cadena de pagos en la economía doméstica. Una señal difícil de ignorar. El balance de una de las cadenas históricas del consumo masivo argentino refleja el enfriamiento de la economía y el deterioro del ingreso real.
La empresa de Federico Braun informó un fuerte aumento de la morosidad vinculada al financiamiento a clientes. El cargo por incobrabilidad alcanzó los $19.255 millones, contra $2.830 millones del mismo período del año anterior, un salto cercano a siete veces. El dato no sólo impactó en los resultados contables. Expone un problema más profundo: hogares que sostienen el consumo a crédito pero con creciente dificultad para cerrar el mes.
El negocio principal también acusó el golpe. Las ventas del segmento supermercados, que representan más del 87% de la facturación, retrocedieron 4,2% interanual pese a la apertura de nuevas sucursales. El fenómeno no es aislado. En el sector admiten que hay menos tickets y compras más chicas. El ajuste del gasto cotidiano se volvió visible incluso en regiones donde la cadena mantiene posiciones dominantes.
La rentabilidad acompañó esa tendencia. El resultado operativo cayó 46% y la ganancia neta se redujo a $9.709 millones, apenas el 0,65% de los ingresos, muy por debajo del margen del año anterior. Los costos laborales y operativos crecieron en línea con las paritarias y la adaptación de las estructuras a un menor nivel de actividad. El negocio sigue funcionando, pero con márgenes cada vez más estrechos.
El contraste apareció en otro lado. Mientras el consumo interno se debilitó, el negocio frigorífico creció 57,7% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales. La foto es elocuente: el mercado externo compensa lo que el mercado local ya no puede sostener. Una imagen conocida en la economía argentina, donde el sector exportador avanza mientras el consumo doméstico se repliega.
También el negocio financiero asociado a tarjetas propias mostró crecimiento, con una suba superior al 100% interanual, aunque todavía con un peso marginal dentro de la facturación total. En los hechos, el financiamiento deja de ser un incentivo a las ventas para convertirse en un riesgo. Cuando la mora sube, el crédito deja de empujar el consumo y pasa a revelar sus límites.
Detrás de la compañía aparece además una historia empresaria que excede al balance. Federico Braun forma parte de una de las familias más tradicionales del capitalismo argentino. Los Braun-Menéndez construyeron su poder económico en la Patagonia desde fines del siglo XIX, con estancias, comercio y redes logísticas. A comienzos del siglo pasado, el grupo amplió su presencia en el sistema financiero y mantiene hasta el día de hoy su participación societaria en el Banco Galicia a través de la red familiar que une a los Braun con los Escasany, uno de los núcleos tradicionales del empresariado local.
Federico Braun fue además uno de los empresarios que expresó respaldo público al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, especialmente en lo referido a la desregulación y la apertura económica. Ese posicionamiento no es menor. La paradoja es que el mismo proceso que promete ordenar precios y costos expone hoy el límite del mercado interno: cuando el ajuste avanza sobre ingresos y consumo, incluso las empresas más consolidadas empiezan a mostrar tensiones en sus balances.
En ese sentido, el resultado de La Anónima funciona como un termómetro. No es sólo la historia de una cadena de supermercados. Es la señal de un cambio en la dinámica económica: el consumo deja de ser motor y pasa a ser variable de ajuste.
Un periodista viajero nos lo cuenta: Ulderico Tegani, periodista italiano de la revista “Le vie d’Italia e dell’America Latina”, publicada por el Touring Club Italiano, experto reportero de viajes, describe detalladamente y con excelente pluma, como si pintara con palabras un cuadro de la Colonia Regina en 1928!!!! Entre otras cosas, cuenta el viaje en…
El Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) que arrastra deudas millonarias y viene cortando las coberturas en todo el país por falta de pago.
La medida fue oficializada mediante un decreto y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Un militar en actividad dijo a LPO que «hay expectativa y cautela con la decisión. Los jefes miliares habían hablado con Presti y estaban presionando para que el decreto saliera publicado esta semana, tras haberlo estado puliendo».
En el Gobierno lo ven como la solución definitiva a esta crisis que acumula más de 200 mil millones de dólares de pesos y afectó severamente a la cobertura de militares activos y retirados.
LPO reveló en exclusivo el caso de Mar del Plata, donde el Hospital Privado de la Comunidad de ese ciudad cortó el servicio por una deuda de 800 millones de pesos y que hay casos en donde los militares tienen que poner hasta 400 mil pesos de su bolsillo para una tomografía o 100 mil para un análisis de sangre.
Hay expectativa y cautela con la decisión. Los jefes miliares habían hablado con Presti y estaban presionando para que el decreto saliera publicado esta semana, tras haberlo estado puliendo
Por eso, más allá del entusiasmo de los ministros, los militares entienden que el proceso es delicado y complicado con un año de transición hasta la implementación nueva. «El impacto en los afiliados será el verdadero desafío, ya que en papel todo parece muy bien pero hay que ponerlo en funcionamiento», agrega.
El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones basado en el 80% de los ingresos destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales, 8% (Máximo) reservado para gastos administrativos y de funcionamiento y 12% (Excedente) que podrá derivarse a otras prestaciones sociales.
En Defensa sostiene que la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios, pero la realidad es que IOSFA empezó a presentar problemas durante esta gestión.
Otro militar consultado pone el ojo en el año de transición dado que «la gente se sigue muriendo todos los días. nadie le dice por ejemplo a la gente de Mar del Plata quien los va a atender porque están sin servicio médico. La deuda sigue estando y por mucho que lo disuelvan, ningún prestador privado les va a dar a nada si no le pagan lo que les deben».
Presti busca con este decreto relanzar una gestión marcada por las críticas por esta crisis IOSFA pero también por los salarios bajos que ponen a los militares en una situación de extrema urgencia.
El enojo interno es grande porque consideran que las prioridades de Presti están desfasadas de estas necesidades. «Se preocupa más porque los militares de alto rango puedan tener cargos políticos sin pasar a disponibilidad en lugar de resolver estos problemas que son urgentes», reprochan.
