Belén”, el film de Dolores Fonzi que competirá por un Oscar: cuándo se estrena en Neuquén

Belén”, el film de Dolores Fonzi que competirá por un Oscar: cuándo se estrena en Neuquén

 

Belén es la más reciente película dirigida por Dolores Fonzi, inspirada en un caso real de una joven tucumana encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo. El film, estrenado el 18 de septiembre en salas de todo el país, fue seleccionado para representar a la Argentina en los premios Oscar y Goya, consolidando a Fonzi como una de las voces más comprometidas del cine nacional contemporáneo.

La película se proyectará este martes 14 y miércoles 15 de octubre en el Cine Teatro Español de Neuquén, con funciones a las 19.30 horas y entradas a $2600 y $1300 para jubilados. Belén, la segunda obra de Fonzi tras Blondi, aborda con crudeza y sensibilidad la injusticia judicial y el impacto del machismo estructural en la vida de las mujeres, reflejando una lucha real que marcó un antes y un después en la discusión sobre los derechos reproductivos en Argentina.

La producción basada en hechos reales logró imponerse al resto de las candidatas: Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), La Mujer de la Fila (Benjamín Ávila), y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado (Hernán Rosselli). 

En febrero del próximo año se conocerá si Belén quedó entre las cinco producciones que competirán por la estatuilla a Mejor Película Internacional el domingo 15 de marzo de 2026.

Fonzi sostuvo que “esta es una historia de mujeres peleando por derechos de mujeres, la primera película que aborda la cárcel y la injusticia estructural que tienen los procesos judiciales en la vida de las mujeres a propósito de cosas que nos pasan solo a las mujeres. Un tema que fue impopular, el aborto, pero a la vez tan real en la vida de las personas; quizá no la cárcel, pero sí la amenaza de cárcel, que fue una amenaza concreta hasta el año 2020, cuando se sanciona la ley”.

La historia real detrás de la película Belén

El 21 de marzo de 2014, Belén (el nombre ficticio de la mujer que aún preserva su identidad) ingresó de urgencia al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y un sangrado abundante. El diagnóstico inicial de los médicos fue que había sufrido un aborto espontáneo.

Tras el episodio, la joven de 25 años fue denunciada penalmente por el personal del centro de salud y la acusación se transformó rápidamente en un proceso judicial que la llevaría a pasar tres años en prisión preventiva con una condena que luego sería anulada por el máximo tribunal de la provincia.

En primera instancia, la Justicia tucumana le impuso una pena de ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía. Finalmente, Belén estuvo privada de su libertad durante casi tres años, en un proceso que el propio juez señaló como «atravesado por prejuicios de género» y en agosto de 2016, se anuló la condena y se la liberó.

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  • La larga historia del Mossad en Argentina, las instrucciones para la SIDE, la PF y los viajes de Milei

     

    A muchos causan sorpresa o extrañeza los sucesivos viajes de Milei a Israel. Sin embargo, se trata del perfeccionamiento de relaciones que políticos argentinos mantienen, sobre todo con el Mossad, desde hace décadas. Con la pantalla de una empresa de seguridad llamada SIA, Security and Intelligence Addvising, agentes del Mossad, operan en el país desde antes del 2000. Por Koly Bader, para ANCAP.


    En su inicial página web (https://siacorp.com/ ) incluso se presentaban como EX Mossad y en 2014 sacaron este detalle de su descripción. Antes de ese cambio su dirección era Avda. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1793, ciudad de Buenos Aires. Hoy registran una dirección en Tel Aviv: 5 Druyanov St., 12º Floor Tel Aviv 63143, y en Buenos Aires en Gurruchaga 440 4º piso C1414DHJ. También tienen filiales en Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal, Uruguay, Rusia, España y Estados Unidos. Según su página web.

    Durante el gobierno de Julio Miranda en Tucumán, el gobernador, a instancias del entonces senador José Alperovich, los contrató para entrenar al Grupo Cero de la policía provincial. El Decreto 344/1 del 14 de noviembre de 2003, Expte. Nº 2214/110-D- 2003, Establece la contratación de los servicios de una organización privada de inteligencia. Según reza el decreto para “servicios de seguridad e inteligencia en el despacho del titular del Poder Ejecutivo y en dependencias de la Gobernación, como así también en la sede de la Representación Oficial de la Provincia en la Capital Federal.”

    Operaciones del Mosad no son nuevas en América Latina. Agentes del Mosad han tenido responsabilidad directa en el tráfico de armas a Ecuador, Panamá y Colombia y operaron en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez por medio de sus agentes Víctor Manuel García, pretendido gerente de una compañía encuestadora que se adjudicó la dirección civil del movimiento militar contra Chávez, reconociendo que su comando de dirección lo tenía en Fuerte Tiuna, sede de la SIA.

    El Mossad es posiblemente la organización criminal más importante del planeta dejando incluso en segundo lugar a la popular CIA. Sus agentes son especialistas en técnicas de tortura, método “investigativo” que en Israel es legal en tanto se trate de árabes o palestinos. Es el único estado del planeta que se atrevió a legitimar la tortura por medio de resoluciones de su Suprema Corte de Justicia. Estos agentes son tenidos también como elevadamente entrenados y especializados en la falsificación de pruebas, documentos y hechos destinados a utilizarse en procesos judiciales para inculpar de cualquier delito grave a quien se considere “enemigo” si su carácter de tal no implicó violación de la ley alguna. (*)

    Instalado el Mossad en Tucumán, cuando José Alperovich resultó electo gobernador, son ellos los que registraron con aparatos electrónicos el despacho del gobernador y hasta su casa particular. Dos de ellos fueron todo el tiempo guardaespaldas de Alperovich casi hasta el final de sus tres mandatos.

    Imagen de José Alperovich. Foto: La Gaceta.

    Por su parte, el propio Alperovich viajó varias veces a Israel en supuestas vacaciones y su esposa Beatriz Rojkes , electa senadora nacional, hizo su primer viaje oficial a su patria de origen como la llamó.

    A la DAIA le gusta decir que José Alperovich fue el primer gobernador judío y Beatriz Rojkes la primera presidente judía de Argentina. Fue vice presidenta del senado por mandato de CFK y ante un viaje de la presidenta y Armando Boudou, ejerció el cargo por algunas horas. Era además presidenta del PJ tucumano.

    No obstante, las relaciones con el Estado de Israel nunca fueron transparentes. Pocos saben que Argentina es firmante, por medio de Alberto Fernández, de la “Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto” (IHRA por sus siglas en inglés). Se trata de un puntuado que define el antisemitismo en una forma tan ambigua que cualquier crítica a Israel puede ser tomada como antijudía o antisemita. Es preferible usar el termino antijudío ya que los pueblos semitas se originaron en el Cercano Oriente y el Cuerno de África. Los países actuales con mayor población semita incluyen a Etiopía, Eritrea, Israel, los países árabes (como Arabia Saudita, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Yemen, Palestina, Egipto, etc.) y partes de África del Norte. Tradicionalmente, se consideraba que descendían de Semita, hijo de Noé en la Biblia. Este grupo incluye a árabes, hebreos (judíos), arameos, acadios, fenicios, y otros.

    Pero sigamos. Tan ambigua es la definición del IHRA que en 2020 se emitió la “Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo” (DJA ).Es un documento que pretende delinear los límites del discurso y la conducta antisemita, en particular con respecto al sionismo , Israel y Palestina. Su creación fue motivada por el deseo de confrontar el antisemitismo y por las objeciones a la Definición de Antisemitismo de la IHRA , que, según los críticos, reprime las críticas legítimas al gobierno israelí y restringe la libertad de expresión] La redacción de la declaración se inició en junio de 2020 bajo los auspicios del Instituto Van Leer en Jerusalén por ocho coordinadores, la mayoría de los cuales eran profesores universitarios. Una vez finalizada, la declaración fue firmada por unos 200 académicos de diversos campos y publicada en marzo de 2021.

    Siendo la Argentina el país de América Latina con la más grande comunidad judía, no es extraño el especial interés de Israel en este país. Lo que, claro, no justifica nada y mucho menos la preferencia de políticos argentinos en sus métodos represivos y, en general, las políticas de un estado claramente violatorias de todo principio reconocido por la humanidad.

    La historia sigue con la adquisición por argentina del programa informático Pegasus, de la inteligencia israelí, creado para el espionaje de todo tipo por medio de los artefactos electrónicos de uso masivo hoy en día.

    En el gobierno de Alberto Fernández y de la mano de su ministro del Interior Wado De Pedro, se firmó un convenio con la firma israelí Mekorot. De esta forma, hasta ahora, las provincias que han firmado convenios con Mekorot para la gestión del agua son: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. Estos acuerdos se han establecido para la elaboración de planes maestros hídricos y la implementación de asesoramiento técnico en la gestión del agua. Nada menos. Y con seguridad será una de las empresas que participe de las privatizaciones, por ejemplo, de Aysa

    En los viajes de Milei a Israel se vino consolidando y ampliando estas “relaciones carnales” con el estado genocida. En su ultima visita firmó un memorándum de acuerdo. En un hecho que el gobierno caracterizó en su página web como: “histórico sin precedentes, Javier Milei, y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron en Jerusalén, el Memorándum “En Defensa de la Libertad y la Democracia Contra el Terrorismo y el Antisemitismo”, donde “se comprometen a afianzar los lazos en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, impulsando la defensa de las libertades y la democracia”. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, “el Memorándum implica una cooperación sin precedente en contra del terrorismo, investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros “fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná”.

    Paralelamente y por denuncia del periodista de derecha Alconada Mon, el diario La Nación publica el «Plan de Inteligencia Nacional» de la SIDE, señalando que podría permitir el espionaje interno, incluyendo a periodistas, economistas y cualquier persona que critique al gobierno de Milei. Además, ha revelado haber recibido amenazas tras exponer este plan. La Comisión Bicameral del Congreso también ha expresado preocupaciones sobre la ambigüedad y los riesgos que plantea el plan. En notas posteriores, el cronista del diario La Nación agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”.

    Posteriormente la revista Crisis amplia la información y consigna, con facsímiles del documento:

    Dice Crisis: El tercer Lineamiento Estratégico lleva por nombre “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.

    Y mucho, mucho más que apunta claramente a la inteligencia interna.

    Casi simultáneamente y al retornar Milei de Israel, firma un decreto dirigido a habilitar a la Policía Federal a más espionaje e incluso habilitar detenciones sin orden de juez. Patrullaje en redes sociales sin orden judicial: La PFA podrá realizar tareas de «prevención del delito» en espacios digitales públicos, como redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de autorización previa de un juez.

    Detenciones sin autorización judicial: La reforma permite a la PFA detener a personas por hasta 10 horas si no pueden acreditar su identidad y existen «circunstancias debidamente fundadas» que hagan presumir que han cometido o podrían cometer un delito. Estas detenciones deberán notificarse a un juez, y los detenidos tendrán derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza. Sin embargo, especialistas han criticado la vaguedad de los criterios, señalando que podría habilitar detenciones arbitrarias basadas en sesgos policiales, una práctica que ha sido condenada en el pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, el DFI se enfocará en delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. Este departamento contará con subáreas especializadas, como Agencias Federales de Investigación y una unidad dedicada al combate del narcotráfico.

    Además, se prevé un aumento en el despliegue de agentes en provincias, especialmente en ciudades con alta incidencia delictiva como Rosario, para fortalecer la presencia federal.

    Nada de esto es casual. Aun cuando lo dispuesto es relacionado por la prensa con el FBI, se trata exactamente de la forma de operar del Mossad y las fuerzas de seguridad israelíes.

    No queremos ignorar las múltiples denuncias de la llamativa presencia permanente de soldados israelíes en el sur con el justificativo de “vacaciones”. Un verdadero lujo para simples soldados.

    Fuente: https://noticiasancap.org/2025/06/20/la-larga-historia-del-mossad-en-argentina-las-instrucciones-para-la-side-la-pf-y-los-viajes-de-milei/

     

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  • La Justicia busca pistas sobre “Pequeño Jota” y la célula criminal detrás del triple femicidio

     

    El triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) ocurrido en Florencio Varela continúa generando conmoción y mantiene en alerta a la justicia nacional. Las jóvenes desaparecieron el 19 de septiembre al subirse a una camioneta blanca en La Tablada y, tras ser asesinadas, sus cuerpos fueron despedidos por familiares este viernes.

    Dos datos claves que complican la investigación

    Fuentes cercanas a la causa confirmaron que no existen investigaciones previas ni antecedentes sobre la banda sospechada, lo que complica el trabajo de la fiscalía, que debe avanzar sin un historial que sirva como punto de partida.

    Además, se verificó que no hay registros anteriores sobre el supuesto cabecilla conocido como “Pequeño Jota”, presunto líder del grupo. Ni la policía local, la Policía Federal, Interpol ni la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (PROCUNAR) cuentan con datos sobre su identidad o antecedentes. Se le atribuye nacionalidad peruana y una edad aproximada de 23 años, aunque su identidad real no ha sido confirmada.

    Esta situación abre la hipótesis de que la banda podría tratarse de una organización criminal nueva o de una célula vinculada a un grupo extranjero que opera en Argentina, posiblemente imitando modos de operación de narcocriminales mexicanos o colombianos.

    En las últimas horas, la fiscalía incorporó a la investigación a Matías Agustín Ozorio, un joven de la misma edad que “Pequeño Jota”, cuyo rol dentro de la estructura criminal aún está bajo análisis.

    Avances en La Matanza

    La causa pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, y cuenta con la colaboración de la DDI local. Hasta el momento hay cuatro detenidos: Daniela Iara Ibarra, Celeste Magalí González Guerrero, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva. Todos se negaron a declarar y, de los cuatro, solo Parra es de nacionalidad peruana, lo que ha generado que se los conozca informalmente como “Los peruanos”.

    Los allanamientos realizados hasta ahora buscan desarticular la organización, pero la falta de antecedentes sobre la banda y su líder mantiene un alto nivel de incertidumbre. La justicia deberá determinar si se trata de una estructura criminal emergente o de una célula con conexiones internacionales, mientras sigue avanzando la investigación.

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  • Neuquén celebró el talento juvenil y presentó a sus nuevos embajadores mayores

     

    Neuquén vivió una jornada especial con la entrega de la sexta edición de los premios Jóvenes Destacados, un concurso que este año rompió récords de participación con más de 3200 inscriptos.

    Las autoridades municipales celebraron la magnitud que alcanzó el certamen y destacaron que cada año crece el interés de los vecinos en mostrar lo que hacen. La secretaria de Derechos Humanos y otros funcionarios subrayaron que este espacio sustituyó a la antigua elección de una reina y que ahora la mirada está puesta en valorar las capacidades de los chicos y chicas de la ciudad, fomentando la participación y la inclusión.

    Entre las sorpresas de la edición 2024 se encontró el fuerte interés por la categoría innovación, que reflejó el empuje del Polo Científico Tecnológico y la economía del conocimiento en la región. Los ganadores recibieron premios vinculados a su especialidad: desde equipos de sonido para artistas hasta relojes deportivos o kits tecnológicos. Empresas y organizaciones también sumaron su apoyo con donaciones para reforzar el estímulo a los jóvenes.

    Foto: Prensa de la Municipalidad de Neuquén

    Ganadores de la edición 2025

    Niñez

    • Innovación: 1º Siembra del Pehuén (Escuela nº 197) y 2º QR de prevención de CiberBullying (Escuela nº 74).
    • Deporte: 1º Alma Mía de Patín Carrera (barrio Valentina Sur) y 2º Club Los Pumitas de Fútbol (barrio Confluencia).
    • Cultura: 1º Aukan Noceda de Relato Histórico (barrio Santa Genoveva) y 2º Nehemías Latorre de Títeres (barrio Bouquet Roldán).

    Adolescencia

    • Innovación: 1º Nahuel Rodríguez de Robótica (barrio Islas Malvinas) y 2º Jabones Orgánicos (CPEM n° 69, barrio Cuenca XV).
    • Deporte: 1º Sofía Flores de Break dance (barrio Toma Norte) y 2º Ariana Carrasco de Fútbol (barrio Barrio Nuevo).
    • Cultura: 1º Thiago Vidal de RAP y Hip-hop (barrio Limay) y 2º Olivia Bustos de Baile IDC (barrio Belgrano).

    Juventud

    • Innovación: 1º Puente con fideos secos (UNCo, barrio Río Grande) y 2º Lautaro Rojas de Escuela de Robótica (barrio Centro Sur).
    • Deporte: 1º Pedro Marquina de Natación Adaptada (barrio Melipal) y 2º Sebastián Balmaceda de Tenis de mesa (barrio Confluencia).
    • Cultura: 1º Cristian Amed de Canto (barrio Canal V) y 2º Matías Lino de Canto (barrio Villa María).

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  • Doble femicidio en Córdoba: la tragedia y las fallas del sistema de protección a las mujeres

     

    El doble femicidio de Luna Giardina (26 años) y su madre, Mariel Zamudio (54), ocurrido en Córdoba, ha desnudado una vez más las grietas en el sistema judicial y policial que debería proteger a las víctimas de violencia de género. La brutalidad del crimen, cuyo principal sospechoso es Pablo Laurta, un hombre con antecedentes de violencia familiar y ligado a movimientos anti-derechos, resalta una preocupante falta de respuestas eficaces ante las denuncias previas de las víctimas.

    Luna, estudiante de Agronomía, había huido de Uruguay tres años antes tras sufrir un intento de estrangulamiento a manos de Laurta. A pesar de haber denunciado su agresor y las restricciones judiciales impuestas, el sistema falló: Laurta logró burlarlas, cruzando la frontera ilegalmente y asesinando a madre e hija en su hogar. Las denuncias de Luna sobre el acoso constante fueron ignoradas, a pesar de que en varias ocasiones había pedido auxilio a las autoridades, y su madre, Mariel, incluso la escoltaba cada vez que llegaba al colectivo, temiendo por su seguridad.

    En una entrevista por AM Cumbre 1400, en el programa Cumbre a la Carta, Soledad Ceballos, especialista en comunicación feminista, denunció la ineficiencia de los mecanismos judiciales y policiales que “no deben fallar y volvieron a hacerlo”. La falta de acción de la policía y la justicia frente a Laurta, a pesar de contar con medidas de restricción y una orden de colocación de tobillera electrónica, dejó en evidencia una vez más la insuficiencia del sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia.

    El contexto machista y las luchas invisibilizadas

    Ceballos también señaló el vínculo de Laurta con grupos anti-derechos, como «Varones Unidos», que promueven discursos de odio y control sobre las mujeres. «Este tipo de grupos perpetúan patrones estructurales de desigualdad que fomentan la violencia machista», alertó la especialista.

    Este femicidio resalta cómo los mitos como el «síndrome de alienación parental» siguen siendo utilizados para revictimizar a las mujeres, minimizando el riesgo y la violencia que enfrentan.

    La violencia simbólica y la urgencia de acción

    El doble femicidio en Córdoba también deja en evidencia la normalización de la violencia simbólica en nuestra sociedad. Desde los medios hasta las conversaciones cotidianas, hay una desensibilización ante la violencia de género que permite que estos crímenes se repitan una y otra vez. «Si no logramos socialmente unir la violencia simbólica con el femicidio, seguimos estando en problemas», afirmó Ceballos.

    La pregunta que queda: ¿hasta cuándo?

    El caso de Luna y Mariel es un recordatorio brutal de los fallos institucionales y la ineficiencia del sistema para proteger a las mujeres, además de poner de manifiesto la violencia machista estructural que sigue funcionando en todos los niveles de la sociedad. La pregunta persiste: ¿Cuántos femicidios más deben ocurrir antes de que el Estado y la sociedad den respuestas reales y efectivas?

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  • Semaforazo por Grillo, un clásico de Escalada

     

    Festival 20 de junio, Foto de Ale Pérez

    Los semaforazos de los viernes, frente a la plaza principal de Remedios de Escalada, desde hace tres meses se convirtieron en una constante. Ayer, aprovechando el feriado, se armaron varias carpas y actividades. Estuvieron presentes el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús con posta de salud; hubo muestra de fotos de Romina Vermelha (Enfoque Rojo) y del Polaco; un puesto de serigrafía; variadas activaciones de arte y activismo; y la banda de música del hijo del médico que atendió a Pablo Grillo en el Ramos Mejía. Un festival versátil. Con la presencia inagotable de los jubilados, ejemplo de lucha de todas las causas. Otra de las tantas manifestaciones del amor que la sociedad demuestra ante la deshumanización del poder: ante la absoluta falta de amor. Si el odio alimenta a nuestro enemigo, el amor habrá de debilitarlo. Por ANRed.


    En nuestro país la historia no parece repetirse nunca como una farsa. Ni a través del genio de Marx podemos entenderla. Y mucho menos cuando el afectado es alguien que está cerca: un vecino, un amigo, un hijo, un hermano, un colega. La historia contemporánea se mastica a sí misma en una tragedia que no termina de cerrar. El poder ciega. Se devora la vida. La infamia del poder es directamente proporcional a su grado de ceguera. Con la batuta deshace lo que tarde o temprano va a padecer. Y esto que suena a deseo no es una premonición: es el pronóstico del lugar donde la historia pone a quien se crea blindado, impune, o incluso ungido por alguna clase de inmunidad metafísica. Todo pasa, pero los registros existen. Y siempre quedarán sectores más o menos amplios de la población con algo de memoria respaldada por documentos probatorios irrefutables.

    Nada de lo que combate la actual gestión de gobierno nacional es casualidad: cultura, salud y educación tienen la memoria en común. Cualquiera de las tres que se perturbe afecta, de una manera u otra, a la memoria.

    El caso de Pablo Grillo es paradigmático

    La Gendarmería no le dispara a cualquiera. Al riesgo de vida de Pablo no lo causó tampoco la crisis o la mala suerte. No se trata de un efecto colateral. El poder censura la mirada. Rompe con todo lo que pueda registrar. Menoscaba el archivo, complota contra el memorioso historiador. Invierte en armas de destrucción y control. Modifica leyes a golpe de decreto. Se lleva por delante  garantías constitucionales, deroga derechos. Apunta a los ojos. A los oídos. Aturde. Soborna decires y promueve discursos unívocos, totalizantes. Cuanto más miedo, más violencia.

    Festival 20 de junio. Foto: Ale Pérez

    Contra todo esto, las armas de creación masiva

    Y parte de la construcción de esta memoria la viene llevando a cabo el barrio de Escalada, localidad donde vive Pablo. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos la vienen rehaciendo: con cada declaración, con el modo que tiene de agradecer Fabian Grillo, el papá de Pablo, a la salud pública cada vez que puede. En las formas en que viene manifestándose la militancia independiente u organizada después del hecho. En la proliferación de fotoperiodistas, fotógrafos independientes, ciudadanos comunes que se han asomado con sus dispositivos más o menos profesionales a la calle, o que se van sumando a diversos movimientos por primera vez. En la convocatoria de cada semaforazo, en los festivales como el de ayer o como el que se organizó para el primer mes de internación. Es cierto que lxs jubiladxs tienen mucho que ver con esto. Pero también esto los excede.

    La proliferación de las luchas es un reguero de pólvora. Ante esto, el poder tiembla. ¿Sus síntomas? Mayor inversión en armas; aumento de los sueldos de todas las fuerzas; aumento de efectivos y movilización de tropas como brigadas de apoyo antidisturbio; renovación de patrulleros, de carros hidrantes, de motos, de armas. Prebendas y entrega a policías de más de 130 viviendas que ya estaban asignadas a personas de la sociedad civil. Y por eso los decretos de emergencia, y por todo esto tanta violencia.

    El pueblo soporta mucho, quizás demasiado, hasta que un día se levanta.

    Festival 12 de abril. A un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: Andres Manrique

    El día del hecho: la evidencia pormenorizada que Bullrich niega

    En la manifestación de jubilados del 12 de marzo de este año, Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Sección de Empleo Inmediato de la Gendarmería Nacional, junto a otro soldado en funciones, se apostaron delante de los escudos de la gendarmería. Guerrero apoyó una rodilla en el asfalto y apuntó con su escopeta lanza gases hacia la línea de horizonte, luego de que el militar que se quedó a su lado parado señalaba hacia adelante. El cabo de rodillas apretó el gatillo y detonó la explosión que propulsó con una potencia no menor a 75 metros por segundo, el cartucho que puso en peligro la vida de un joven desarmado. Después, el gendarme se puso en pie, dio un paso hacia el costado, y el que había señalado a las personas que estaban a más de 60 metros, le dio un pequeño golpe en el hombro como quien felicita el procedimiento.

    Contra todas las normas nacionales e internacionales que refieren rigurosamente cómo deben usarse las mal llamadas armas de fuego “menos letales” (pregúntenle a algún familiar de Fuentealba, el docente fusilado por una de estas escopetas); y contra los protocolos de Gendarmería, el Cabo apuntó con la mira paralela al suelo.

    Festival 12 de abril. A un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: Andrés Manrique

    Ese día, un fotoperiodista independiente se había puesto en cuclillas detrás del esqueleto en llamas de un mueble para encuadrar la línea de las fuerzas policiales. A las 17.18, el cartucho de gas que Guerrero había disparado, contra toda norma, le dio a Pablo Grillo en la zona frontal de la cabeza. El fotógrafo quedó boca arriba y los manifestantes a su alrededor lo asistieron. Alguien llamó a la ambulancia, el SAME llegó rápidamente. Y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Tenía un agujero en el cráneo, con pérdida de masa encefálica.

    Con la vida pendiendo de un delgadísimo hilo, el miércoles 04 de junio, luego de 83 días de terapia intensiva, Pablo Grillo salió de la terapia.  Desde entonces, está internado en una clínica de rehabilitación. Desde el día cero la familia y la comunidad lo acompañan. Su imagen recorrió el país y se lo espera en cada marcha, en cada manifestación, con carteles de toda índole que lo apoyan. Las cámaras de fotos se han convertido en armas de creación masiva.

    Los videos que fueron recolectándose a lo largo de los días, desde todos los ángulos, muestran los hechos. No hay manera de negar las evidencias o de taparlas, a menos que se tenga la intención expresa de mentir. No hay lectura ni interpretación válida. De un lado estaban las fuerzas del Estado con todo el aval institucional. Del otro, el ciudadano que movido por lo que está pasando precisa registrarlo con fotos, o quiere estar porque siente que allí puede aportarle algo a la sociedad.

    Festival 12 de abril, a un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: AndresManrique

    Durante las horas posteriores al siniestro (entendido también desde aquello que de su dócil naturaleza despliega su ominosa monstruosidad), e incluso varios días después, el país fue testigo de las mentiras sistemáticas de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad Nacional. Del modo en que contradijo las imágenes del hecho, que corrían en los noticieros, incluso a sus espaldas. Negó el material que se recabó mediante aportes de diversos periodistas, sobre el proceder abusivo de las fuerzas represivas que tenían órdenes de reprimir y cumplieron. Y justificó el despliegue de recursos y efectivos militares y policiales desmesurado cada miércoles de marcha, donde un grupo muy pequeño de jubiladxs los hace correr de una esquina a la otra, al grito de hop-hop-hop-hop, mientras se mantiene perimetrado todo el Congreso de la Nación con una vallada descomunal.

    Festival 12 de abril, el Polaco en plena muestra de fotos. Foto Andrés Manrique

    El 12 de marzo Héctor Jesús Guerrero le puso cuerpo al gatillo que apretó toda una línea de mando. Un mando que no lo ha llamado aún a declarar. Y que sigue negando todo. El cartucho que le rompió el cráneo al fotógrafo fue enviado directamente desde lo más alto del poder Ejecutivo. Sí, Javier Milei es primer responsable de este crimen. A quien le siguen, de muy cerca, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad Nacional; el director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; Héctor Ferreira, que es jefe del Destacamento Móvil 6, y el jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, todas autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas desplegadas esa jornada contra los manifestantes. Aún no ha sido llamado a declarar y la institución le ha asignado ya los abogados defensores.

    No hay reglas que midan al poder cuando, desbocado, actúa en contra de la organización. Pero tampoco existe el poder que se sostenga a base de decretos ni, mucho menos, de violencia. La legitimidad se construye de manera lenta y sistemáticamente, con mucha cintura y capacidad. Condiciones ausentes para esta gestión. La coacción se derrumba bajo el peso de su propia intolerancia. Pablo Grillo es un mojón que la Argentina tiene ahora como ejemplo de entrega, por la necesidad de mostrar.

    Porque tal como reza el cartel de un jubilado insurgente: «No es fácil hacer callar a un grillo».

     

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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