Los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron su rechazo por «insuficiente» a la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof y acordaron un paro de actividades con gremios estatales.
Es una decisión importante, toda vez que los judiciales de la provincia están alineados con el líder del Suteba, Roberto Baradel, y forman parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Este lunes se desarrollaron las asambleas en las 20 departamentales, con el objetivo de tratar la ratificación o no del rechazo a la última propuesta salarial realizada por el gobierno, el viernes.
Esas asambleas ratificaron por unanimidad el rechazo a la última oferta salarial, consistente en un 3% de aumento para febrero, «por considerarla insuficiente para superar la inflación en curso de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2025».
Luego «se resolvió mandatar a la Comisión Directiva Provincial la realización de un paro total de actividades, reclamando al Poder Ejecutivo una propuesta superadora que contemple la equiparación y la superación de la inflación acumulada.
En el mandato se explicita, además, que dicha medida de fuerza sea evaluada para llevarse adelante conjuntamente con otros gremios del Estado bonaerense y durante la semana próxima».
LPO contó que Baradel no logra contener a las bases docentes luego de que les ofrecieran un aumento en línea con la inflación dibujada de Luis «Toto» Caputo.
Los docentes ya venían acumulando bronca tanto con el gobernador como con la conducción gremial, que aceptó un aumento en 2025 de apenas 25,9% pese a que la inflación oficial fue de 31,5%.
El jueves pasado, el gobierno bonaerense les ofreció a los gremios un aumento del 2% para febrero, pese a que la inflación dibujada de Caputo había dado 2,9%.
Ese índice se publicó en medio de la escandalosa salida de Marco Lavagna, que renunció al Indec porque no lo dejaron publicar el índice con la nueva medición que se estimaba en alrededor del 3,4%.
En tanto, los trabajadores estatales de ATE le pidieron a Kicillof una convocatoria urgente para retomar la negociación salarial tras la última oferta de un 3% rechazada por todos los gremios.
Apremiado por el descontento de las bases, los líderes de ATE debieron endurecer su postura frente a Kicillof y salieron a reclamar un acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025.
A través de una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, el gremio que conduce Claudio Arévalo pidió reabrir la discusión salarial e «iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo».
Por la mañana el gobierno anunció que levantaba las sanciones disciplinarias contra policías que habían abandonado el servicio. Era una acción concertada frente a la dureza de la protesta de uniformados que no aflojaba. Pero una vez más ese anticipo fue un búmeran que volvió duro. Quizá la imagen más elocuente fue que el jefe de policía de la provincia recibió insultos y hasta fue escupido por grupos que estaban frente a la Jefatura de Rosario. Los patrulleros siguieron hasta las 17 de la tarde estacionados, los efectivos a cara limpia sin prestar tareas y sus familiares en inmediaciones.
Así estaban a las 17.45 cuando Maximiliano Pullaro habló desde la Casa de Gobierno para anunciar por segunda vez en cinco días una recomposición salarial. La primera más que atemperar las protestas pareció echarles más leña.
La de este miércoles a la tarde todavía está en proceso de ser digerida pero implicó un desembolso más notorio. Ningún policía de Santa Fe que tenga tareas iniciales en la fuerza percibirá menos de 1.350.000 pesos. Los que presten tareas en la calle en las ciudades de mayor riesgo ganarán más de 2.300.000 pesos.
Eso implicó que tras una semana de protestas de intensidad sostenida el conflicto se levantara. Los policías apostados en Jefatura celebraron con expresiones de júbilo y abrazos el reconocimiento salarial que pasó a ser sustancial. Y que pese a ser más suculento para el personal que asume más riesgos, el que está en la calle, también alcanza a los efectivos no operativos, que son más del 60 por ciento del plantel de 25 mil policías santafesinos.
El aumento salarial se decidió frente a una crisis que parecía haber roto la cadena de mando policial y que arrinconó al gobierno santafesino, al que una protesta inorgánica pero masiva y muy visible socavó en su capacidad de negociación política. También deja en pie incógnitas sobre cuestiones de manejo de la autoridad.
La decisión de dar marcha atrás con las sanciones supone un problema ante una fuerza basada en un principio vertical de obediencia. Una especie de instructivo para la próxima vez ya que ante las medidas disciplinarias hubo primero desafío y después concesiones en el sentido de lo demandado.
Queda en pie una situación contradictoria. El gobierno de Pullaro aceptó levantar los pases a disponibilidad de 20 efectivos a los que señaló por abandono de servicio. Pero las denuncias penales que el mismo gobierno promovió ya tramitan por otra vía que es la del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este jueves a la mañana 11 de estos policías están citados por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Al mismo tiempo que Pullaro hacía los anuncios, los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina elaboraban la imputación que en unas horas formularán ante un juez.
Este es un capítulo que seguirá frente a un tema complicado. Hubo una demanda laboral de parte de la policía reconocida por el gobernador. Pero en el marco de esos reclamos por condiciones de trabajo y de ingresos hubo policías sancionados que ahora serán imputados. La incógnita poderosa en términos políticos es si cometieron actos dolosos al demandar mejoras de trabajo que el mismo gobernador reconoce aunque su gestión los denunció penalmente.
En el mayor escenario de la protesta, el portón de Jefatura de Rosario por calle Ovidio Lagos, había una atmósfera de fiesta. Los policías sentían que habían torcido a su favor una demanda justa donde había efectivos que estaban por debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar con sus ingresos por debajo del millón de pesos.
«Es un aumento histórico», decía un comisario a LPO frente a la estación de servicio YPF. «Personas del escalafón técnico que no portan armas pasan de ganar 780 mil pesos a 1.300.000. Es más de un 50 por ciento de suba», graficó. Un comisario con veinte años de antigüedad pasa según los cálculos rápidos que se hacían en la zona de 3.500.000 a cinco millones de pesos.
Un día agitado
Este miércoles Pullaro se presentó a hacer los anuncios flanqueado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de policía de provincia, Luis Maldonado. El gobernador dijo a la prensa que sostener al jefe de policía a su lado en los anuncios era una revalidación explícita de su conducción. Por la mañana había sido insultado de arriba abajo cuando ingresaba a la Jefatura de Rosario y hasta hubo quien lo escupió. Pullaro deslizó que eso no lo hicieron policías activos sino actores mezclados en la protesta.
El piso salarial pasó a ser para policías y penitenciarios santafesinos iniciales de 1.350.000 pesos. «Ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835», dijo Pullaro en la conferencia de prensa que dio en la tarde del miércoles. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, las zonas de mayor demanda de servicio de seguridad en la provincia, recibirá un plus de 500 mil pesos, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.
«Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero», dijo Pullaro. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Los suplementos se estratifican en tres niveles. «No es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión», dijo el gobernador.
Pullaro hizo un reconocimiento a la policía a la que consideró fundamental para bajar los niveles de violencia. Dijo que en lo que va del año hay 13 homicidios. Y que hace solo tres años a la misma altura había 60. «Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos», dijo el gobernador. «No fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza», dijo.
Las idas y vueltas
El martes por la noche el gobierno asistía a dos jornadas de protestas sostenidas, como más de 60 patrulleros estacionados en la Jefatura de Rosario, un acuartelamiento a cielo abierto que obligó a que se utilizaran fuerzas especiales y hasta agentes penitenciarios para las tareas de custodia. En ese contexto a las 23.30 el ministro de Seguridad Cococcioni y su par de Economía Pablo Olivares acudieron a una reunión en Jefatura con referentes tras las negociaciones trabadas previamente.
Tras esa cita los ministros dijeron que la seguridad pública nunca se había resentido, que la operatividad siempre se mantuvo al 90 por ciento sin hechos graves y con todas las incidencias atendidas.
Pero Cococcioni marcó, como lo haría más tarde Pullaro, que todos los reclamos eran atendibles. Y entonces hizo el anuncio crucial en relación a las medidas disciplinarias, es decir, los veinte efectivos puestos en disponibilidad en Rosario. También había inicialmente 42 efectivos de la Policía Motorizada en Santa Fe con inicio de trámites para su desafectación provisoria.
«A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de inmediato al servicio ordinario. Esto implica que salen de inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados», sostuvo el titular de Seguridad. Su colega de Economía ponderó «la alta dedicación y la elevada carga horaria» del personal policial.
Ahí está un asunto que entronca casi en la definición sociológica del conflicto. Todo el gobierno reconoce que se trató de una crisis laboral donde los policías hicieron reivindicaciones por ingresos y mejoras de trabajo. «Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad», dijo Pullaro en la conferencia de prensa.
Solo que en una fuerza no sindicalizada la explicitación de los reclamos que esta vez estallaron es esporádica. ¿En qué lugar quedan entonces los que fueron denunciados por el mismo gobierno y mañana serán imputados? ¿Es conciliable que estuvieran haciendo una demanda laboral y al mismo tiempo cometieran actos dolosos por los que en unas horas serán imputados?
En materia de bienestar policial, Pullaro detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los «fines de ruta» hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que «no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios».
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: «Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales».
Finalmente, cerró con un mensaje político claro: «Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II».
De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.
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Juan Domingo Perón explicaba que sin ciencia y tecnología propias no hay soberanía, y sin soberanía no hay desarrollo posible. Exactamente a la inversa del proyecto libertario.
Por Walter Onorato para NLI
Hay textos que no envejecen: se actualizan. No porque el tiempo los haya tratado bien, sino porque las contradicciones que describen siguen vigentes —o incluso agravadas—. El capítulo dedicado a la ciencia y la tecnología en Modelo argentino para el proyecto nacional es uno de ellos. Allí, Juan Domingo Perón no sólo reflexiona sobre el desarrollo científico-tecnológico, sino que lo inscribe en una estrategia integral de liberación nacional, enfrentada de manera frontal al dogma liberal y a la dependencia estructural de los países periféricos.
El planteo parte de una definición clave: la tecnología no es neutra. Es poder social cristalizado, acumulable, transferible, comerciable, y por lo tanto, objeto de disputa política. Perón la define como una forma particular de “mercadería” inmaterial que entra en la producción, genera dependencia y condiciona las decisiones soberanas de un país cuando es controlada desde el exterior. Esta caracterización desmonta de raíz la visión tecnocrática que separa ciencia de política: para el peronismo, no hay desarrollo técnico sin proyecto nacional.
Perón escribe con claridad que los países de menor desarrollo relativo no pueden aceptar pasivamente la división internacional del conocimiento. La llamada “internacionalización del saber” —presentada muchas veces como cooperación desinteresada— encubre, en realidad, relaciones asimétricas de dominación. La dependencia tecnológica, advierte, es incluso más difícil de revertir que la financiera o la comercial, porque requiere largos procesos de acumulación, inversión sostenida y planificación estratégica. No se cambia de proveedor como se cambia de banco: se construye capacidad nacional o se profundiza la subordinación.
Este punto es central: sin base científico-tecnológica propia no hay liberación posible. La afirmación no es retórica ni abstracta. Perón la vincula directamente con la capacidad de decidir qué producir, cómo producir y para quién producir. La tecnología importada sin control nacional impone modelos productivos, ritmos de crecimiento y prioridades ajenas al interés popular. Por eso insiste en que toda incorporación tecnológica —sea externa o incluso nacional— debe estar gobernada por criterios políticos claros, orientados al modelo de sociedad que se busca construir.
En este marco, Perón rechaza explícitamente una política científico-tecnológica de tipo liberal. No hay aquí concesiones: la conducción del sistema científico debe estar en manos del Estado, con centralización estratégica y ejecución descentralizada. La ciencia no puede quedar librada al mercado ni a intereses extranjeros, porque su orientación define el perfil productivo del país. No se trata de acumular conocimiento por el conocimiento mismo, sino de identificar aquel saber indispensable para fortalecer el poder nacional de decisión.
El rol del científico y del tecnólogo ocupa un lugar destacado en el texto. Perón exige condiciones materiales y simbólicas para su desarrollo: estabilidad, reconocimiento social, remuneración digna, equipamiento adecuado y, sobre todo, utilidad social del conocimiento producido. Resulta especialmente contundente cuando señala la incoherencia de formar especialistas para luego expulsarlos —por falta de oportunidades— al exilio intelectual. La famosa “fuga de cerebros” no es un fenómeno natural: es una consecuencia directa de modelos dependientes que desprecian el conocimiento propio.
Hay, además, una dimensión ética profundamente peronista en esta concepción. Perón sostiene que el científico debe tener la capacidad de negarse a producir conocimientos que resulten perjudiciales para el país. Esta afirmación rompe con la idea liberal de neutralidad científica y plantea una responsabilidad social del saber, anticipando debates contemporáneos sobre tecnología, ambiente y desarrollo sustentable.
Finalmente, el texto propone incluso la constitucionalización de ciertos principios científico-tecnológicos, entendiendo que el desarrollo nacional no puede quedar sujeto a vaivenes coyunturales ni a gobiernos entreguistas. La ciencia y la tecnología, para Perón, son pilares estructurales del proyecto nacional, al mismo nivel que la industria, el trabajo y la justicia social.
Leído desde el presente, este capítulo funciona como una interpelación directa a las políticas de desfinanciamiento, extranjerización y mercantilización del sistema científico argentino. Frente al ajuste, la precarización y la subordinación tecnológica, Perón ofrece una hoja de ruta clara: planificación, soberanía y poder popular aplicado al conocimiento. No es nostalgia: es vigencia política.
A partir de este miércoles 17 y hasta el sábado 20 se desarrollará el primer Festival Regina Audiovisual (FRAV). En el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo se desplegará un programa de cuatro días de proyecciones cinematográficas. La inauguración será este miércoles a las 21 horas. En el predio se instalará la pantalla inflable del…
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