Las cámaras de seguridad de donde estaban las cajas de seguridad del Banco Nación fueron letales para un juez, acusado ahora de robarse 144 monedas de oro de una causa judicial cuando era secretario en la justicia federal de San Martín, Buenos Aires.
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de esa provincia aprobó por unanimidad la suspensión y apertura de juicio político al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Martín Poderti, por mal desempeño en sus funciones.
Los consejeros Luis Juez, Álvaro González, César Grau, Alberto Maques, Rodolfo Tailhade y María Fernanda Vázquez aprobaron la apertura del proceso contra Poderti, decisión que debe ser ratificada por el plenario del Consejo. El Consejo de la Magistratura lo preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Según la investigación de la comisión de Acusación, entre diciembre de 2019 y de febrero de 2023, cuando era secretario del juzgado federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Isidro, Poderti ingresó 19 veces a la caja de seguridad de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en el marco de una causa por presunto narcotráfico. La pesquisa indicó que alguna de las veces que fue al banco, Poderti estaba de licencia.
Para acceder a su cargo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Poderti obtuvo el acuerdo del Senado. En la comisión de Acusación se discutió si los hechos imputados habían sido evaluados por la Cámara alta al momento de asignarle el acuerdo para ser juez. Si esos hechos hubiesen sido evaluados, ni el Consejo ni el jurado podrían avanzar, porque implicaría un avance sobre otro Poder del Estado. Al no haber sido evaluados por el Senado, se pudo avanzar y Poderti quedó al borde del juicio político.
“Obsérvese (…) que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría ser, paradójicamente, un ladrón. En ese contexto, deviene imprescindible ordenar la inmediata suspensión del juez”, señalaron los consejeros.
Y advirtieron: “(…) Todas las imputaciones formuladas revisten una gravedad tal que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario”.
Además del juicio político que podría destituirlo, Poderti está procesado en una causa penal por el delito de malversación de caudales públicos y tiene un embargo de 190 millones de pesos.
Se realizará un juicio oral
El 9 de abril 2024, cuando Poderti ya era juez del TOF de Mar del Plata, se detectó el faltante de monedas. Durante la investigación, a partir de filmaciones y registros del Banco Nación sucursal San Isidro, se determinó que el magistrado ingresó 19 veces en el sector de cajas de seguridad. Los investigadores establecieron que, durante el tiempo que se desempeñó como secretario, Poderti fue la única persona que tuvo acceso a la caja de seguridad.
El magistrado reconoció esos ingresos y dijo que fue por “un exceso de celo profesional para resguardar documentación, papeles de trabajo muy sensibles”.
“Soy un funcionario honesto, lo he sido durante los 31 años de carrera judicial que tengo en mi haber. Me preparé durante todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que hoy ostento”, dijo Poderti en su defensa.
Las monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares, desaparecieron en una fecha que aún no se pudo establecer entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. Eran propiedad de Rodolfo Tamborini, que terminó absuelto por la Justicia.
A pedido del Ministerio Público Fiscal y la querella, el juez federal de San Martín Emiliano Canicoba, elevó la causa a juicio, lo que fue ratificado por la Cámara Federal con los votos de los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, integrante en representación de los magistrados del Consejo de la Magistratura. Para dicha ratificación tuvieron en cuenta que no se observó que se haya “afectado el derecho de defensa ni el debido proceso legal”.
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