Autor: Invitad@ Especial

El Gobierno de Neuquén mantuvo un nuevo encuentro con representantes de los consejos zonales mapuches para evaluar el avance de los relevamientos territoriales y el proceso de creación del Registro Especial de Comunidades. La reunión estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y reunió a funcionarios provinciales junto a coordinadores zonales.

Durante la apertura, Tobares remarcó la necesidad de sostener estos espacios de debate como parte de una política de construcción conjunta. Enfatizó que la provincia tiene una tradición de reconocimiento hacia el pueblo mapuche y que el diálogo es la vía para afianzar la institucionalidad, garantizar derechos y alcanzar soluciones duraderas a las demandas históricas.

Por parte de las comunidades, los representantes valoraron la continuidad de la mesa de trabajo. Luis Romero, de la zonal Raginche Kimvn, señaló que el ámbito de discusión permite avanzar en acuerdos para el registro de comunidades y en la organización de los relevamientos territoriales. En la misma línea, Carolina Quintupuray, de la zonal Lafquenche, destacó que el espacio abre la posibilidad de dar respuestas pendientes y llevar información clara a los territorios para que los lonkos acompañen con la firma de actas y presupuestos.

Entre los temas tratados, se recordó la importancia de formalizar las actas que legitiman a los consejeros zonales, un requisito clave para sostener la validez de los procesos administrativos. Asimismo, se debatió sobre el diseño del Registro Especial de Comunidades, previsto en el decreto 108/23, con el objetivo de definir su estructura y alcances de manera consensuada.

Además de Tobares, participaron el subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Grandi, el delegado regional Mario Bruce, equipos técnicos de la Unidad de Acción Intercultural y referentes de distintos consejos zonales, entre ellos Xawunco, Pikunche, Huiliches, Raginche Kimvn y Lafquenche.

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El gobierno de Neuquén confirmó este viernes dos nuevos despidos en la administración pública, en el marco de la política de tolerancia cero frente a delitos y faltas graves que impulsa el gobernador Rolando Figueroa.

Los casos involucran a una empleada que faltó durante casi dos años sin presentaciones de licencias ni certificados médicos y a un trabajador del sistema educativo que confesó y fue condenado por abuso sexual simple.

Una empleada sin presentarse a trabajar

La primera expulsión recayó sobre María Elsa Millaín, integrante de la planta permanente anualizada del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN), dependiente del Ministerio de Turismo.

La investigación interna determinó que entre el 25 de octubre de 2021 y el 10 de agosto de 2023 la trabajadora no asistió a su puesto sin justificación. Los auditores remarcaron que durante ese período no solicitó licencias, no presentó certificados médicos y se mostró esquiva a recibir notificaciones.

El sumario iniciado en agosto de 2023 concluyó que Millaín incurrió en abandono de cargo y mostró una “falta total de interés hacia su propio trabajo”. Ante esta situación, Figueroa ordenó recuperar los sueldos cobrados durante esos dos años y, en caso de no lograrlo, dio intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar acciones judiciales.

El segundo despido afectó a César Benedicto Neira, quien trabajaba como auxiliar en una escuela primaria de Junín de los Andes. El Consejo Provincial de Educación (CPE) ya lo había separado de su cargo tras una denuncia en su contra, pero el proceso administrativo quedó firme luego de que la Justicia lo condenara por abuso sexual simple contra una adolescente de su entorno familiar.

Neira reconoció los hechos en febrero de 2023 y recibió una pena de un año de prisión en suspenso. Con la sentencia confirmada, el gobierno provincial formalizó su expulsión definitiva de la administración pública.

Política de control y sanción

Desde su asunción en diciembre de 2023, Figueroa impulsa un plan de depuración del Estado provincial, que incluye sanciones y cesantías para empleados que hayan cometido delitos, actos de corrupción o incumplimientos graves.

El Ejecutivo neuquino destacó que también se le imprimió celeridad a sumarios heredados de la gestión anterior, lo que permitió resolver expedientes demorados que, hasta ahora, mantenían en funciones a trabajadores bajo investigación.

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El gobierno provincial anunció una inversión superior a los 3.600 millones de pesos destinada a la ejecución de obras de infraestructura en distintas localidades de Neuquén. La medida quedó oficializada este viernes con la firma de convenios entre el gobernador Rolando Figueroa, intendentes y presidentes de comisiones de fomento.

El acto se desarrolló en Casa de Gobierno y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset. Allí se rubricaron los acuerdos que garantizan aportes no reintegrables para proyectos vinculados al riego, la mejora de canales, el tratamiento de residuos y la incorporación de equipamiento, entre otros.

El monto total de los aportes asciende a $3.629.255.000. Según lo informado, las comisiones de fomento accederán a un monto fijo, mientras que los municipios que no perciben fondos de coparticipación recibirán recursos en función de la cantidad de habitantes. Entre los principales beneficiados figuran Vista Alegre, con más de $677 millones; Barrancas, con $229 millones; y Villa Pehuenia, con más de $223 millones, además de otros aportes a Caviahue-Copahue, Las Coloradas, Los Miches y Taquimilán.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, recordó que en 2023 se distribuyeron $7.500 millones en aportes, cifra que en 2024 trepó a $23.700 millones, lo que representa tres veces más inversión. Además, llamó a valorar el esfuerzo conjunto entre Provincia y municipios, resaltando que estas inversiones responden a necesidades históricamente postergadas.

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Un brutal parricidio conmociona a la ciudad de Resistencia, Chaco. Un hombre de 65 años, identificado como Rogelio Gauna, fue encontrado asesinado dentro de un freezer en su vivienda del barrio Vélez Sarsfield, luego de haber permanecido oculto allí durante una semana. El principal sospechoso es su hijo, Marcos Antonio Gauna, de 27 años, quien confesó haberlo matado.

La investigación comenzó cuando el hermano del acusado alertó a la Policía, preocupado porque no lograba comunicarse con su padre desde hacía varios días. Tras la denuncia, efectivos ingresaron a la vivienda y se encontraron con una escena macabra: el cuerpo de la víctima había sido colocado dentro del freezer.

El crimen y la confesión

Según confirmaron fuentes policiales, el homicidio ocurrió el 14 de agosto, durante una discusión familiar vinculada a la venta de bienes para la compra de drogas. En ese contexto, el joven habría ahorcado a su padre y posteriormente ocultado el cuerpo.

Marcos Gauna intentó desviar la investigación con versiones contradictorias, pero finalmente admitió el asesinato en sede policial. Tras la confesión, la fiscal Candela Valdez dispuso su inmediata detención por homicidio.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen y el Móvil Tanatológico, que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la correspondiente autopsia. También se relevan cámaras de seguridad de la zona para establecer los movimientos previos y posteriores al hecho.

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