Autor: Invitad@ Especial

 

El intendente de 25 de Mayo, el libertario Ramiro Egüen está decidido a desalojar un Centro de Salud inaugurado por Axel Kicillof hace semanas en ese distrito del centro de la provincia.

“Vamos a iniciar un desalojo con medida cautelar”, advirtió Mercedes Squillaci secretaria de Gobierno y esposa de Egüen. El municipio sostiene que la obra se construyó sobre un predio municipal sin ningún tipo de autorización.

Hace dos semanas el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que dispone allí la creación de un policlínico. “A través de un carta dejamos en claro que teníamos que comenzar a ejercer posesión sobre el inmueble, dimos un plazo de 24 horas para que hagan la entregan. No contestaron y enviamos una segunda carta”, dijo Squillaci.

Desde el gobierno de Kicillof desestiman las amenazas. “Por ahora estamos nosotros con el funcionamiento y gestión del centro de salud dado que el municipio no quiso hacerse cargo”, dicen desde La Plata y adelantan que rescindirán el convenio con el gobierno local para sumar esa unidad a la red de centros de salud de la provincia.

Kicillof enfrentó a un intendente de Milei por rechazar la gestión de un centro de salud 

Egüen comenzó su carrera política en el GEN. En 2023 ganó la interna de Juntos por el Cambio y más tarde se impuso en la elección de octubre derrotanto al camporista Herán Ralinqueo por apenas 57 votos.

En enero de este año definió su salto a La Libertad Avanza apostando a recibir obras y recursos de la Casa Rosada. Sin embargo, el diálogo con el gobierno nacional es casi nulo.

Nicolás Kreplak y Axel Kicillof en el centro de salud de 25 de Mayo.

Kicillof inauguró el centro de salud Ramón Carrillo a fines de mayo. Lo inauguró sin la presencia de Egüen. Desde Casa de Gobierno explicaron que la obra contaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, por lo tanto, la provincia tenía la responsabilidad de asumir la construcción del centro de salud. En tanto, el municipio debía armar los equipos médicos que garantizaran la atención.

Tras la negativa del intendente, el gobierno decidió hacerse cargo también del servicio. El nuevo CAPS cuenta con seis consultorios: cuatro de atención general, uno odontológico y uno ginecológico.

En tanto, el personal profesional estará constituido por un médico; siete enfermeros y enfermeras, ocho promotores de salud, un odontólogo, un médico generalista y una ginecóloga.

“Quiero llamar al intendente Egüen a la reflexión. No hay ningún motivo para que, por razones más vinculadas a la politiquería y la ignorancia, se quiera privar a la gente de algo tan importante”, dijo Kicillof durante la inauguración.

 

 

Dos organizaciones civiles, una especializada en cuestiones penales, le pidieron al presidente Javier Milei que rechace la renuncia solicitada por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. También solicitaron al Presidente del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti y al titular de la Comisión de Acusación en ese ámbito, el senador nacional Luis Juez, que procedan sin dilaciones a la suspensión y juzgamiento de Bailaque.

El magistrado rosarino está imputado en tres causas penales de delitos que de manera general los fiscales actuantes definieron como corrupción institucional. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dictaminó que los legajos abiertos en su contra son causal de destitución y lo citó a efectuar su descargo final para el próximo martes 17. Pero el juez hace tres días elevó un pedido de renuncia al Ministerio de Justicia de la Nación.

Renunció el polémico juez Bailaque, acusado de extorsión y vínculos con los narcos

Las organizaciones ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) pidieron que Milei y su ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona rechacen la renuncia. Los firmantes indican que la aceptación de la dimisión extingue el procedimiento en el Consejo de la Magistratura que lleva al posible juicio político. Y si eso pasa el juez además de evitar ese enjuiciamiento accede a una jubilación privilegiada.

“No se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo que consagra la impunidad institucional. Si esto se permite, cualquier juez acusado de corrupción sabrá que puede evitar el juicio político simplemente renunciando”, advirtieron. Desde las organizaciones suscriptoras califican de “maniobra” la decisión de renuncia. “En casi un tercio de los ya excepcionales casos que llegan al Jurado de Enjuiciamiento, no hay resolución de fondo porque se acepta la renuncia del juez denunciado”, afirman.

“La Constitución y los precedentes permiten rechazarla para que se garantice su juzgamiento”, señalaron desde ACIJ e INECIP. Esta última entidad está especializada en sistemas procesales y asesora en reformas judiciales a provincias argentinas y diversos países de América Latina.

Las dos organizaciones firmantes subrayan que “Bailaque es investigado por haber obstaculizado el avance de una causa penal a su cargo contra un líder narco y por la extorsión a un empresario a cambio de beneficios procesales, entre otros hechos.

Por esas causas penales tres fiscales lo acusaron en audiencias ya formalizadas por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Le impusieron prisión preventiva domiciliaria por 90 días y un embargo en sus bienes hasta totalizar 600 millones de pesos. Estas medidas no pueden activarse en tanto el magistrado conserve fueros.

Bailaque tiene tres expedientes disciplinarios activos en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. “La aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo implicaría el archivo automático de estos procesos, lo que impediría avanzar hacia una eventual remoción por mal desempeño.

El Consejo de la Magistratura da un paso clave para destituir al juez Bailaque

Recordaron que el Consejo de la Magistratura sigue funcionando con una normativa derogada, a pesar de que ya pasaron tres años desde el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Congreso dictar una nueva ley.

“Es imprescindible que las autoridades nacionales actúen con decisión. La impunidad de quienes deshonran la función judicial socava la confianza pública en sus instituciones”, cierra la nota.

 

 

 Maximiliano Pullaro consiguió de la Legislatura de Santa Fe la venia para que la provincia tome financiamiento por 1.150 millones de dólares. 

La convalidación en Diputados tomó una única sesión en la que hubo confrontaciones últimamente inusuales con la coalición oficialista. Desde su banca el ex gobernador Omar Perotti rechazó la petición y otros colegas de bancada justificaron su negativa en el alto costo de acordar crédito en moneda extranjera y en la ausencia de un claro plan del destino de los fondos.

El endeudamiento solicitado es inusual en su volumen. Nunca la provincia fue a buscar al mercado de capitales de Wall Street los mil millones de dólares que ahora está autorizada a tomar y que solo requiere el aval de la Nación. Para tomar 150 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) los distintos bloques en Diputados acompañaron. Pero para la emisión de bonos para captar deuda por mil millones el gobierno se quedó solo. Apenas dos legisladores opositores se plegaron al pedido.

Pullaro busca USD 1000 millones en Wall Street para obra pública

El gobierno de Pullaro dice tener que recurrir a esta herramienta por dos grandes problemas de flujo. Uno es la caída de la recaudación por la menor actividad y otro el corte de transferencias de la Nación.

La principal bancada peronista, la que encabeza Perotti, le había dado a Pullaro sus votos para el proceso de reforma constitucional que empieza en un mes. Pero en este tema rompió momentáneamente la sintonía.

El antecesor de Pullaro objetó que no se hubieran recorrido otras vías de financiamiento para salir precipitadamente al mercado internacional. “Hay recursos en la Argentina. Hay recursos en Santa Fe. ¿Por qué no se agotaron las instancias con los organismos donde Argentina es miembro, como el BID o el Banco Mundial?”, se preguntó. “No hagan equivocar al gobernador. Ojalá los consejos que reciba lo ayuden a no equivocarse. Porque esta provincia está por encima de cualquier actor político”.

Su colega de bancada Marcos Corach declaró este viernes a Radio Dos de Rosario el rechazo del PJ. “No estamos hablando de un financiamiento planificado, justificado o transparente. Hablamos de 1000 millones de dólares a una tasa superior al 10%. No hay un cronograma de ejecución, no hay un plan detallado de obra, hay una estructura de pago que deliberadamente traslada el problema para los próximos gobiernos. Y hoy la provincia ya cuenta con 500 millones de títulos públicos, tiene vencimientos manejables. Más 630 millones aprobados por presupuesto para destinar a obra. Duplicar el endeudamiento es un despropósito e hipotecar el futuro”, sostuvo.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

Para Corach, que fue ministro en la gestión de Perotti, es un mal negocio endeudarse en dólares a estas tasas. “No tuvimos posibilidad de discutir. Cuando nosotros queríamos tomar endeudamiento el mismo Pullaro como diputado pretendía tener un plan detallado de en qué se iba a gastar la plata. Estaba bien. Nosotros a ese plan no lo tenemos”, dijo.

Hace semanas Pablo Olivares, ministro de Economía de la provincia, había señalado que había celeridad para tomar deuda exclusivamente para obra pública, por la falta de transferencias nacionales y el corte de recursos del gobierno central para esos fines, y que en Wall Street hay buena disponibilidad de hacerlo hasta julio, ya que por el verano boreal los recesos en el mundo financiero pueden dificultar el propósito.

“La Bolsa presta plata las 24 horas, los 365 días del año. No insulten nuestra inteligencia con que hay que apurarse porque vienen las vacaciones”, le devolvió Perotti.

También alertó Perotti sobre los riesgos de tomar deuda en moneda extranjera. “Santa Fe no recauda dólares, pero tiene que pagar en dólares. Y cumplió, incluso con tres devaluaciones. Eso nos califica distinto frente a los mercados”. Asimismo subrayó que “el cumplimiento de las obligaciones permitió que la provincia mantuviera la mejor calificación de deuda del país”.

El diputado socialista Joaquín Blanco justificó la toma de deuda. Sostuvo que el proyecto con enmiendas introducidas definió en su artículo 1º la distribución del crédito: 50 por ciento para infraestructura productiva, 25 por ciento para infraestructura en salud y 50 por ciento para infraestructura en seguridad.

Afirmó que para garantizar transparencia se creó una comisión bicameral de seguimiento y control con participación de la oposición. “Justamente para que puedan también enterarse en tiempo real del proceso y una vez obtenido potencialmente el crédito, verificar que efectivamente ese dinero se invierte en obra de infraestructura y no tiene otro fin”, afirmó Blanco. “Santa Fe es una de las provincias menos endeudadas de la Argentina, que tiene una tradición de seriedad y responsabilidad fiscal”, dijo.

En la mañana de este viernes, Olivares manifestó satisfacción. El ministro recordó que al asumir había tres déficits remarcables. “Uno muy notorio en materia de seguridad, otro, en calidad educativa y un tercero, en infraestructura -principalmente productiva- que nos ponía en desventaja con las demás provincias a la hora de atraer inversiones. Es en ese punto donde justamente vienen a colación estos proyectos, que nos permiten ir mejorando esa capacidad productiva”.

Olivares destacó la ventaja de tener acceso a un “financiamiento en moneda dura, lo que significa tener mejores condiciones financieras, sobre todo en cuanto a plazos de devolución y de amortización, y mejores tasas de interés cuando uno las toma en relación con la evolución del tipo de cambio de largo plazo”, y explicó que “acá hablamos de plazos de 7 a 10 años, que si los comparamos con un financiamiento en pesos, estos son de 24 a 36 meses”.

Por último señaló, en relación al destino de los créditos: “Van desde rutas hasta caminos secundarios, pero fundamentalmente en energía, algo que hoy muchas industrias y empresas necesitan, como tramos de gasoductos, gasoductos de aproximación a industrias y potencia de energía eléctrica para áreas industriales”.

 

 

Militantes de La Cámpora cortaron este viernes el principal acceso a Mar del Plata. En la previa al fin de semana largo, la protesta por la condena a Cristina Kirchner se hizo sobre la Ruta 2 que une ese balneario con la Ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana.

“Cortan el acceso pisando el fin de semana largo. Quieren tomar de rehén a Mar del Plata. No jodan a la ciudad”, advirtió el intendente Guillermo Montenegro. Para el sábado la movilización está convocada en el emblemático Puente Punta Iglesias, en pleno centro de la ciudad.

Mar del Plata -uno de los principales puntos turísticos del país- se prepara para recibir a miles de visitantes y las protestas podrían alterar la actividad turística, el principal motor económicos de la ciudad.

La agrupación había definido para hoy un corte total sobre la Ruta 2, sin permitir la circulación de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. En la manifestación hubo proclamas en favor de la ex presidenta y acusaciones contra Héctor Magnetto a quien consideraron de “mafioso y cagón”.

“El pueblo argentino se moviliza para defender la democracia y las instituciones frente a una nueva embestida del Partido Judicial y los grupos concentrados de poder”, dijeron desde el Movimiento Evita.

Facundo ‘Apache’ Villalva -uno de los referentes de esa agrupación dijo que “nadie puede quedarse en su casa ante semejante injusticia, cuando lo que está en juego es la democracia y el futuro de nuestra patria”.

En tanto, desde el gobierno de Montenegro indicaron que realizarán una denuncia penal por pintadas en edificios públicos y locales partidarios.

Durante esta madrugada, aparecieron pintadas en la sede del EMTur y en un local de La Libertad Avanza. Desde la intendencia vinculan directamente a estos hechos con el clima de tensión política generado tras el fallo judicial.

 

 

Mauricio Macri encabezó este viernes el Consejo Nacional del PRO, en la sede partidaria ubicada en la calle Balcarce de la Capital Federal, y planteó que “cada distrito se dé su estrategia con dignidad”. 

La definición política se produjo después de un tenso contrapunto entre los dirigentes más cercanos al expresidente y los que ya decidieron pegar el salto hacia La Libertad Avanza.

De hecho, Macri estuvo lejos de pronunciar esa frase con orgullo, pese a que la repitió tres veces.

En el discurso de cierre, el líder del PRO reconoció la fragilidad de su espacio, aún cuando machacó con la idea de “preservar la identidad”. “Hay que mantener la identidad”, sostuvo en un pasaje de su intervención pero al mismo tiempo admitió: “nos toca este año hacer la mejor de las malas elecciones”.

El pronóstico dejó demudada a la plana mayor partidaria, que hasta ese momento había tramitado acusaciones sin demasiada diplomacia.

El consejo estuvo atravesado por el durísimo cruce que diseñaron entre el titular del partido en Mendoza, Gabriel Pradines, la legisladora María Eugenia Vidal y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, contra el acuerdo que trama Cristian Ritondo con Karina Milei y Sebastián Pareja en provincia de Buenos Aires.

 ‘El gobierno termina mal por este modelo económico’, arriesgó uno de los dirigentes más cercanos a Macri. 

El mendocino Pradines fue el primero en tomar la palabra y se quejó de la conducta del bloque de diputados nacionales. “Le votan lo que quiere el gobierno”, consignó antes de recomendar que se siga “el ejemplo” del gobernador Alfredo Cornejo, quien a su criterio “negocia” el voto de sus legisladores con Casa Rosada.

Vidal y Ritondo tuvieron contrapuntos en la reunión.

En paralelo, Vidal advirtió que “no hay que echarle la culpa de todo a Milei”. “Tenemos que ver nuestros errores, no perder nuestra identidad”, expresó. Scaglia, en tanto, postuló que su camino con Maximiliano Pullaro era el indicado.

Los dardos parecían apuntar directamente contra Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Guillermo Montenegro, que no casualmente se habían sentado uno al lado del otro.

El jefe de la bancada en la Cámara Baja recogió el guante y objetó las críticas de sus colegas. “Me parece que es tarde para esta reflexión sobre las alianzas electorales porque ya pasaron seis elecciones”, habría contestado.

‘La economía había empezado a crecer pero se estancó’, dijo Lacunza en la reunión del PRO. 

Ritondo resumió que de 33 convencionales constituyentes en disputa en Santa Fe, el PRO metió cuatro, se perdió catastróficamente en la Ciudad de Buenos Aires, en Salta el macrismo quedó cuarto y en Misiones se obtuvieron alrededor de 6 puntos. “Yo estoy haciendo lo que pidió Mauricio: cuando llegó la ley bases, Mauricio nos dijo que hay que hacer lo correcto, no lo conveniente”, recordó.

También se permitió ser tajante en cuanto al acuerdo con los hermanos Milei y Pareja. “Yo voy a hacer una alianza porque tengo que cuidar a mis 13 intendentes y la única forma de hacerlo es con un acuerdo con los que miden 30 puntos”, aseguró.

Un dirigente macrista del interior trató de ser componedor a la salida del consejo. “En el mediano plazo, el PRO necesita ofrecerle a la sociedad el espacio de centroderecha que va a ir a buscar cuando pase esta hojarasca”, comentó a LPO.

Incluso, sostuvo que la lectura de Macri se basa en que su espacio político cuenta con “cuadros con experiencia de gestión”. “Nuestra visión republicana y nuestra experiencia es lo que la sociedad va a requerir”, agregó.

Del cónclave participó la plana mayor del partido, desde Ritondo y Vidal hasta el gobernador Ignacio Torres y Montenegro. También estuvieron presentes los interventores de Córdoba, Henry Leis; Corrientes, Clodomiro Risau; Salta, Leonardo Aguilar; Tucumán, Finocchiaro; y Tierra del Fuego, María Eugenia Chiarvetto.

Como acostumbra el PRO en cada reunión partidaria, solicitó un informe económico al último ministro de Economía del mandato de Macri, Hernán Lacunza.

Aunque se caracteriza por ser un expositor cuidadoso, deslizó que “el consumo no arranca”. Lo hizo un día después de que el Indec anunciara que la inflación de mayo fue del 1,5%. LPO explicó que los economistas asocian esa baja, entre otras cosas, a la caída del consumo.

“La economía había empezado a crecer pero se estancó”, resumieron sobre el análisis de Lacunza ante la consulta de LPO.

Esa perspectiva no es nueva en el partido de Macri. Durante 2024, la falta de dólares que tallaba antes del blanqueo exitoso había generado zozobra en el PRO, tanto que los macristas temían ser arrastrados por el eventual fracaso económico del gobierno libertario.

Ahora, habrían regresado las inquietudes sobre la suerte de Milei, ante la imposibilidad de acumular reservas y la caída rotunda de la actividad. “El gobierno termina mal por este modelo económico”, arriesgó uno de los dirigentes más cercanos a Macri.