UNA BURLA DE MILEI: promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero frenó su aplicación hasta que haya presupuesto
El Gobierno oficializó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque su entrada en vigencia quedó suspendida. El Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, alega que no hay recursos suficientes y que sólo el Congreso puede habilitar los fondos necesarios.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un triunfo legislativo a medias
El Gobierno de Milei promulgó finalmente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que había sido vetada en agosto pero cuya sanción fue insistida por las dos cámaras. Sin embargo, burlándose de la decisión del Congreso, el Ejecutivo dispuso que la norma no entrará en vigencia hasta que el Parlamento defina de dónde saldrá el dinero para financiarla.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 681/2025, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, y publicado este lunes en el Boletín Oficial. En sus considerandos, el texto advierte que el presupuesto actual “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y que, aun reasignando partidas de los tres poderes del Estado, los fondos serían “igualmente insuficientes”.
El costo que el Ejecutivo no quiere asumir
El propio decreto detalla el impacto fiscal que, en su entender, implicaría implementar la ley:
- $2,16 billones para 2025 (0,26% del PBI).
- $4,7 billones para 2026 (0,47% del PBI).
Además, el programa Incluir Salud, que cubre prestaciones para titulares de pensiones no contributivas, debería afrontar $574.200 millones adicionales en 2025 y $1,23 billones en 2026.
El Gobierno insiste en que, sin una ampliación del presupuesto aprobada por el Congreso, ejecutar la ley significaría “desfinanciar funciones esenciales” como el patrullaje federal, la alimentación en cárceles o el funcionamiento de los tribunales.
Qué prevé la Ley 27.793
La norma —que tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga— declara la emergencia nacional en materia de discapacidad y establece un paquete de medidas, entre ellas:
- Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social.
- Actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Compensaciones para prestadores por el desfase entre aranceles e inflación.
- Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y un mecanismo de diálogo con organizaciones del sector.
- Beneficios impositivos para empleadores que contraten personas con discapacidad.
Todas estas disposiciones, sin embargo, quedan en pausa hasta que el Congreso apruebe las partidas correspondientes.
La legalidad de la suspensión
El Ejecutivo se ampara en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos” quedará suspendida si no prevé financiamiento expreso. También cita la Ley de Administración Financiera (24.156), que exige que toda ampliación de gastos indique sus fuentes de recursos.
El mensaje es claro: la pelota está ahora en el Congreso, que deberá incluir en el Presupuesto 2026 los créditos necesarios para poner en marcha la emergencia.
Reacciones y preocupación en el sector
Organizaciones de personas con discapacidad ven con alarma la maniobra oficial. Aunque celebran que la ley haya sido promulgada, advierten que la postergación puede dejar sin cobertura urgente a miles de beneficiarios y prestadores. Distintas ONG analizan presentar amparos para exigir que el Estado garantice de inmediato al menos los derechos básicos reconocidos.
Mientras tanto, el oficialismo defiende su decisión como un acto de “responsabilidad fiscal”, en línea con su plan de ajuste del gasto público. “No podemos comprometer recursos que no existen”, señalan en la Casa Rosada.
Lo que viene
El debate se trasladará al Parlamento, donde la inclusión de los créditos para la Ley 27.793 será un punto caliente en la discusión del Presupuesto 2026. Hasta que eso ocurra, las personas con discapacidad seguirán esperando que la emergencia que el propio Estado reconoció deje de ser letra muerta.
