Javier Milei y su par paraguayo Santiago Peña esperan que Donald Trump les perdone la cuota de 1000 millones de dólares para formar parte de la nueva «Junta de la Paz» que inventó el presidente de Estados Unidos para reconstruir la franja de Gaza.
El «Board for Peace» fue creado por Trump como un espacio para promover soluciones pacíficas en zonas de conflicto, una competencia que tiene la ONU, cada vez más críticada por el republicano.
La semana pasada Trump puso en funcionamiento la junta que había anunciado en septiembre y la novedad fue la exigencia del pago de un canon para aquellos países que quieran sumarse para la reconstrucción de Gaza.
El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano leyó la letra chica de la carta de lanzamiento de la Junta de Trump y dijo que, si bien el documento menciona una contribución de USD 1.000 millones, la cifra no es un requisito exigible para la membresía general.
El artículo 2.2 inciso c de la carta establece que el período rotativo de tres años para los países miembro no aplicaría para aquellos que aporten más de USD 1.000 millones durante los primeros doce meses, una cláusula que sugiere la posibilidad de una membresía permanente ligada a una contribución extraordinaria.
Los paraguayos interpretaron que esta disposición está vinculada a un tipo de participación especial y no a la suscripción básica. Por eso el gobierno de Santi Peña aclaró que no realizará desembolso alguno. Se conforman entonces con ser miembros estándar de la Junta.
En el gobierno de Milei dijeron a LPO que esperan que Trump no quiera cobrarle a un aliado como la Argentina. Pagar la friolera de 1000 millones de dólares en un año en el que el país enfrenta vencimientos multimillonarios. Como anticipó este medio, Argentina arrancó el 2026 con un saldo a pagar de USD 57.000 millones de deuda para el próximo año y medio.
«Nos deberían eximir a nosotros», dijeron a este medio en el Ejecutivo. No descartan, de todos modos, ser beneficiados con una promoción exclusiva, como la de una línea de créditos para gozar de la suscripción premium al club de la paz de Trump. Si eso sucede, la Argentina tendría acceso a todo el material disponible para los miembros permanentes.
Mientras el presidente de YPF, Horacio Marin, se hace retratar como «El CEO del año», los números fríos de la petrolera cuentan una historia menos exitosa. El último trimestre publicado cerró con USD 4.643 millones de facturación, una pérdida de USD 198 millones y un flujo de caja negativo de USD 759 millones.
En los tres trimestres publicados del 2025 -faltan los números del último trimestre que se conocerán en marzo-, la petrolera de bandera bajo gestión libertaria, acumuló pérdidas por USD 150 millones. Y más preocupante: El flujo de caja libre, el dinero que queda después de pagar todo lo que hay que pagar, suma un rojo de USD 2.081 millones.
El agravamiento de la deuda completa el cuadro opaco de una gestión con muy buena prensa gracias al presupuesto desmesurado de publicidad -unos 100 mil millones de pesos sólo en 2025-. En diciembre de 2024 era de USD 6.800 millones de dólares y sobre el cierre de este año trepó a 9.595 millones. Un salto de más de 2.700 millones en pocos meses. Fuentes de la compañía afirmaron a LPO que estiman que, cuando se publique el último trimestre, el pasivo rozará los 11.000 millones.
El presupuesto de publicidad de YPF puede evitar que algunos medios miren sus números, pero no que lo hagan los inversores. LPO reveló que el rally que tuvieron las acciones de la petrolera desde que asumió Milei estaría tocando su techo y ahora el mercado quiere ver si Marin el balance de la compañía acompaña el relato libertario de una supuesta gestión exitosa.
Por ahora, para tapar los agujeros de su gestión, Marín remató activos estratégicos. El caso más escandaloso es Profertil. Una empresa líder en fertilizantes, con un Ebitda anual cercano a los 235 millones de dólares, una planta en Bahía Blanca que produce 1,3 millones de toneladas de urea y cubre el 60% del consumo local. Una máquina de dólares, como el propio Marín decía hasta que Economía empujó su venta, que casualmente quedó en manos de Adecoagro, empresa vinculada al máximo responsable de la política energética y ex CFO de YPF, Daniel González, que sigue teniendo peso en las decisiones de la petrolera estatal.
Se fumó Profertil para aguantar un año malo de precios y dejó hipotecado un activo estratégico. Marín es una máquina de tomar malas decisiones.
Marin vendió el 50% que tenía YPF en Profertil por USD 635 millones de dólares, algo así como tres años de Ebitda. Marín explicó que necesitaba liquidez para «amortiguar» la caída del Brent, que perforó los 60 dólares. Un barril criollo al revés. Sigue siendo un subsidio, solo que ahora se paga vendiendo patrimonio.
La línea profesional de YPF no disimula su enojo. «Se fumó Profertil para aguantar un año malo de precios y dejó hipotecado un activo estratégico», ironizó un directivo y agregó lapidario: «Marín es una máquina de tomar malas decisiones».
El diputado Benegas Lynch y el responsable del área energética, Daniel González.
En la misma lógica aparece Metrogas. YPF controla el 70% de la distribuidora, que tiene más de 2,25 millones de clientes y un Ebitda positivo de USD 198 millones. El plan es rematarla. Otra vez: activos rentables para sostener un esquema financiero fragilizado.
El remate continuó en los yacimientos convencionales, que benefició al ex macrista Javier Iguacel y otros amigos del poder. Pero la línea roja fue Manantiales Behr. No es un área menor. Está en la Cuenca del Golfo San Jorge y produce unos 25.000 barriles diarios de petróleo Escalante. Aporta cerca del 20% de la producción de Chubut. Es un campo donde YPF desarrolló recuperación secundaria y terciaria con inyección de polímeros. Innovación de desarrollo local aplicada a un yacimiento maduro.
La semana que pasó y luego de una sorda batalla interna, el directorio aprobó venderlo a libro cerrado por 575 millones de dólares. El comprador es Rovella Capital, una empresa de obras públicas sin experiencia en operación petrolera, involucrada en las coimas de la causa Cuadernos. De hecho, su titular, Mario Ludovico Rovella, fue señalado como el primer arrepentido en la causa Cuadernos. Para una empresa como YPF que cotiza en Wall Street y se llena la boca hablando de compliance, es una línea roja.
A esto se suma el fracaso del proyecto de GNL, que desde la petrolera prometia inversiones delirantes que llegaban hasta los USD 50 mil millones. Petronas se bajó cuando el Gobierno cambió de manera inconsulta la localización de la planta. Después se anunció a Shell, que también se fue. Hoy queda dando vueltas la italiana ENI, un jugador menor frente a los que se retiraron. «El GNL tiene potencial, pero el problema de Marin es que como hizo el kirchnerismo, se apresura a vender humo», explicó a LPO un petrolero.
Marín ha dedicado ingentes recursos a vender su figura. De hecho, en los primeros nueve meses de 2025, y según los balances, la compañía gastó nada más y nada menos que 88.057 millones de pesos en publicidad y propaganda. En dólares, alcanza casi los USD 75 millones sólo en 9 meses, lo que hace concluir que el año 2025 finalizará con USD 100 millones destinados al rubro.
El 16 de diciembre, Marín prometió que «esta semana o la otra» se firmaba el project finance con JP Morgan para Argentina GNL. Pasó más de un mes y nada. La mayoría de los medios publicaron el anuncio. Ninguno la demora. Por el contrario, el presidente de YPF fue premiado como CEO del año.
«Marín ha dedicado ingentes recursos a vender su figura. De hecho, en los primeros nueve meses de 2025, y según los balances, la compañía gastó nada más y nada menos que 88.057 millones de pesos en publicidad y propaganda. En dólares, alcanza casi los USD 75 millones sólo en 9 meses, lo que hace concluir que el año 2025 finalizará con USD 100 millones destinados al rubro», posteó el economista Hernan Letcher.
El problema es que el mundo no acompaña. Con Estados Unidos avanzando sobre el petróleo pesado de Venezuela, la oferta global puede aumentar y los precios estabilizarse en los niveles actuales. El Brent ronda los 62 dólares. El WTI, los 59. Y mientras Washington se apropia de crudo pesado, Marín liquidó activos de petróleo pesado bajo el argumento que son caros.
Protesta de petroleros frente a la sede de YPF en Chubut por el abandono de la Cuenca San Jorge.
Con el desprendimiento de áreas de producción convencional, YPF cargó al balance de 2023 un deterioro de activos por 2.288 millones de dólares. Después lanzó retiros voluntarios que dejaron un tendal social en Santa Cruz y Chubut: unos 8.000 trabajadores menos en la cuenca. Según surge de los balances bajo la etiqueta «mature fields», la empresa habría transferido unos 900 millones de dólares para financiar indemnizaciones. Vendió yacimientos, gastó cerca de 3.000 millones y nadie explica con claridad cuánto ingresó efectivamente.
«La decisión de abandonar la explotación petrolera convencional, y focalizarse en Vaca Muerta, la petrolera de bandera deja de participar en el desarrollo hidrocarburífero de manera integral», explicó un ex directivo de la compañía, y subraya focalización en Vaca Muerta no responde a una apuesta por expandir la actividad, sino a administrar los frutos de una inversión que ya fue realizada en años anteriores y que hoy entrega producción casi por inercia. No hay una estrategia de inversión para que la actividad crezca. Por el contrario las inversiones se destinan a incrementar la capacidad de evacuación de la actividad existente»
El foco se desplaza así hacia negocios que generan ganancias inmediatas, y entre ellos la gastronomía aparece como una prioridad creciente en la agenda de Horacio Marín. No es una interpretación: de los anuncios realizados en los últimos meses, los únicos que tuvieron algún grado de concreción avanzaron en ese sentido.
El llamado personal del presidente de la compañía a un pequeño emprendimiento de empanadas expone el nivel de involucramiento directo con el negocio gastronómico
Desde la expansión del modelo de estaciones con oferta gastronómica propia hasta la intención de convertir a YPF en un jugador relevante del negocio de la comida rápida en una alianza con Mc Donalds, la compañía parece encontrar más dinamismo en vender hamburguesas que en ampliar su núcleo energético.
Tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de Brasil aliados de Jair Bolsonaro presionan para que el ex presidente de Brasil vuelva a la prisión domiciliaria.
Los magistrados son los dos que fueron designados por Bolsonaro en su gobierno como Kassio Nunes y André Mendonca y José Antonio Días Toffoli que fue el único de los los jueces de la Sala que decidió condenar a Bolsonaro a 27 años de prisión.
LPO reveló la semana pasada que quien viene negociando con Alexander de Moraes es Michelle Bolsonaro, la ex primera dama que está enfrentada con los hijos del ex presidente y trabajó en bloque con Tarcisio Gomes da Freitas, el gobernador de San Pablo para lograr el traslado a una cárcel con mejores condiciones.
Según informó Folha, la decisión de Moraes de conceder el cambio de condiciones podría ser una señal de un posible aval para volver a una domiciliaria. El punto de discordia es la campaña de los hijo del ex presidente contra la figura del juez y la narrativa vinculada a la falta de garantías y derechos en el proceso contra Bolsonaro.
Por eso, en la decisión que ordenó el traslado a Papudinha, el ministro afirmó que cumplir una condena no es una «estadía en un hotel» ni un «campamento de vacaciones» y refutó las críticas de los hijos del expresidente sobre las condiciones de la sala del Estado Mayor de la Policía Federal.
Los magistrados son los dos que fueron designados por Bolsonaro en su gobierno como Kassio Nunes y André Mendonca y José Antonio Días Toffoli que fue el único de los los jueces de la Sala que decidió condenar a Bolsonaro a 27 años de prisión
Cabe recordar que Bolsonaro intentó sacarse la tobillera electrónica para una supuesta salida a la embajada de Estados Unidos que los médicos justificaron como una confusión mental generada por su medican. Lo cierto es que por eso terminó con su paso a un régimen cerrado en Brasilia.
El estado de salud es un argumento para volver a la domicilia pero De Moraes garantizó una atención médica las 24 horas. No obstante, Folha cita fuentes judiciales que afirman el propio juez considera que lo más prudente es que cumpla la condena en su casa.
En ese marco, el rol de los tres jueces aliados y algunos funcionarios que suelen ser más garantista, como Gilmar Mendes, lo apoyarían. Si eso ocurre, la figura de Michelle Bolsonaro gana un terreno notable en la interna de la familia.
En redes sociales, la exprimera dama afirmó que las nuevas instalaciones son «menos perjudiciales para su salud» y le aportan «más dignidad», pero que seguirá adelante con sus esfuerzos para que regrese a casa.
Las instalaciones de la unidad del Distrito Federal tienen capacidad para cuatro personas, pero serán de uso exclusivo de Bolsonaro. El espacio tiene 65 m², con 10 m² de área exterior, e incluye un dormitorio, baño, sala de estar, cocina y lavadero. Por lo tanto, el traslado fue visto incluso en el Tribunal Supremo como un gesto de Moraes.
La nueva ubicación permitirá un mayor tiempo de visitas familiares, libre acceso a tomar el sol y hacer ejercicio a cualquier hora del día, incluyendo la posibilidad de instalar equipos de fisioterapia como una cinta de correr y una bicicleta estática.
El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.
Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores
Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.
La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.
El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.
El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste
Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.
Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.
No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.
Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria
La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.
No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.
La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.
Un mensaje claro: incumplir paga
Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.
Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.
Mediante el Decreto 24/2026, Milei convocó al Congreso a Sesiones Extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. En el temario aparece como prioridad la llamada “Modernización Laboral”, una iniciativa que apunta a recortar derechos históricos de las y los trabajadores bajo el eufemismo de la competitividad y que el Gobierno intenta aprobar con el menor debate posible.
El decreto firmado por Milei y Manuel Adorni formaliza la convocatoria al Honorable Congreso de la Nación en pleno receso estival. No se trata de una urgencia institucional ni de una crisis imprevista: el objetivo político es claro y está explicitado en el Anexo I, donde la reforma laboral ocupa un lugar central dentro de la agenda oficialista.
La convocatoria se extiende del 2 al 27 de febrero, un período acotado que reduce los márgenes de discusión pública y parlamentaria. En ese marco, el Ejecutivo busca acelerar proyectos sensibles que no logró imponer durante el período ordinario, entre ellos el proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Senado como mensaje 35/25.
Una reforma laboral para disciplinar al trabajo
Detrás del rótulo de “modernización”, el proyecto laboral de Milei retoma los lineamientos clásicos del ajuste estructural: flexibilización de las condiciones de contratación, debilitamiento de la negociación colectiva y reducción de costos empresariales a expensas de la estabilidad y los ingresos de los trabajadores.
La iniciativa no surge del diálogo social ni del consenso con las organizaciones sindicales. Por el contrario, responde a las exigencias de los grandes grupos económicos y a la agenda del capital financiero, que desde hace décadas presiona para “abaratar” el trabajo en la Argentina.
La inclusión de este proyecto en el temario de extraordinarias confirma que el Gobierno considera a los derechos laborales como un obstáculo y no como una conquista social. La estrategia es avanzar rápido, con el Congreso funcionando a media máquina y con la atención pública dispersa en pleno verano.
El Congreso como escribanía del ajuste
La convocatoria a extraordinarias también incluye otros temas de alto impacto, como la adecuación de la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo Unión Europea–Mercosur. Sin embargo, la reforma laboral aparece como el núcleo duro del programa de Milei, una pieza clave de su ofensiva contra el mundo del trabajo.
Al fijar un temario cerrado, el Ejecutivo condiciona el debate parlamentario y presiona a las bancadas para alinearse o quedar expuestas como “obstructoras”. Es el mismo esquema de imposición que Milei intentó desde el primer día de su gestión, ahora reciclado bajo la forma institucional de un decreto de convocatoria.
La designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador también figura en la agenda, pero funciona más como distracción política que como prioridad real. El verdadero interés del Gobierno está puesto en reconfigurar las relaciones laborales para consolidar un modelo de salarios bajos, empleo precario y sindicatos debilitados.
Febrero caliente y resistencia social
La reforma laboral no es un tema técnico ni administrativo: afecta de manera directa la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, la decisión de discutirla en sesiones extraordinarias anticipa un febrero de fuerte tensión política y social.
Mientras Milei insiste en presentar el ajuste como inevitable, crece el rechazo de los sectores sindicales y sociales que advierten que detrás de la “modernización” se esconde un retroceso histórico en materia de derechos laborales. El Congreso tendrá la responsabilidad de decidir si actúa como caja de resonancia del ajuste o como ámbito de representación popular.
Lo que está en juego no es una ley más, sino el modelo de país. Y el Gobierno de Milei ya dejó claro de qué lado está.
Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.
No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.
Seis casos, un mismo libreto
En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.
En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.
Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.
El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.
En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.
Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.
Patricia Bullrich estuvo en el caso Nisman. Bullrich estuvo en el caso Maldonado. Bullrich estuvo en el caso Facundo Molares. Bullrich estuvo en el caso Fabrizia Pegoraro. Bullrich estuvo en el caso Pablo Grillo. Bullrich estuvo en el atentado contra Cristina Fernández de… https://t.co/8WGLRkG2Qj
— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) January 18, 2026
Siempre antes, nunca después
El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.
Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.
Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.
La responsabilidad que no prescribe
La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.
Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.
