Autor: Invitad@ Especial

 

Sebastián Pareja se niega a cumplir una orden judicial que, desde noviembre, lo intima a presentar un plan para reflotar más de 30 mil obras paralizadas en barrios populares por el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Con el ajuste draconiano en la obra pública que dictó el gobierno de Javier Milei, casi 350 mil familias que esperaban por la finalización de obras de agua, cloacas, energía eléctrica y vivienda en sus barrios, se quedaron con las manos vacías.

Por eso, vecinos de 39 barrios populares presentaron mediante el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una cautelar a la que hizo lugar el juez federal de Pehuajó, Héctor Heim, que le dio tres meses al Gobierno para hacer un plan alternativo que complete esas obras.

Sin respuestas, en febrero se intimó a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, que no hizo acuse de recibo. Por eso, en abril se libró un segundo oficio, esta vez dirigido directo a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana a cargo del armador de Karina Milei.

 A finales de mayo el juez Heim suspendió la liquidación del FISU y le aplicó una multa de 200 mil por día a Pareja hasta que cumpla en presentar un plan alternativo para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. 

Pero el silencio se estiró y el 8 de mayo pasado Milei decretó la disolución del FISU, la transferencia de sus recursos al Tesoro Nacional y declarados como de “libre disponibilidad”. Eso fue tomado por el Cels como una evidencia de incumplimiento deliberado a la cautelar de noviembre.

El juez federal Héctor Heim.

Por eso, a finales de mayo el juez Heim suspendió la liquidación del FISU y le aplicó una multa de 200 mil por día a Pareja hasta que cumpla en presentar un plan alternativo para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Contra la imposición de sanciones a Pareja, los abogados del Estado interpusieron un recurso que está en trámite. También, pidieron que se revoque la intimación a presentar un plan B para las obras y no consintieron la competencia del Juzgado.

En sus argumentos, los abogados del Ejecutivo rechazan que en una misma presentación se integren a 39 barrios: “Carecen de intereses individuales homogéneos”, dicen en alusión a barrios inscriptos en un mismo registro (Renabap) y con las mismas necesidad de obras. 

En sus argumentos, los abogados del Ejecutivo rechazan que en una misma presentación se integren a 39 barrios. “Se trataría de un colectivo de 39 colectivos que carecen de intereses individuales homogéneos”, dicen en alusión a barrios inscriptos en un mismo registro y con las mismas necesidad de obras.

Y señalaron que no hay necesidad de presentar un plan alternativo porque ya avisaron que eso se hará “una vez cumplido y ejecutado el esquema de priorización, sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios y en función de la situación económico-financiera existente en el país”.

En medio de todo eso, tanto el Cels como el defensor público oficial Pablo Lega le pidieron al magistrado que intime a Pareja frente al incumplimiento de la manda judicial. Al hacer lugar a ese pedido, el juez Heim libró otro oficio sobre el que acusó recibo el Gobierno el último viernes.

Ahora, le solicitó “en el plazo perentorio e improrrogable de 10 días” que indique, entre otras cosas, “si existe otra política pública destinada a garantizar el derecho a la integración socio urbana y derechos asociados ante el desfinanciamiento denunciado en esta causa”. Por lo pronto, Pareja se mantiene sin respuestas.

 

 

 

La droguería Suizo Argentina ya presentó un pedido de nulidad contra las medidas que impulsan el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, en el caso de las coimas que revelaron los audios de Diego Spagnuolo.

Fuentes judiciales comentaron a LPO que los abogados de la familia Kovalivker, dueña de la empresa vinculada a la operatoria de coimas que describió el ex titular de la Andis, impulsaron un pedido de nulidad en la noche del viernes, cuando resistían los allanamientos dispuestos por el juzgado. “Están desesperados por sacarles la causa a Casanello y Picardi”, dijeron.

Además, este domingo los representantes legales de la firma tramitaron un pedido para que el caso se archive, algo que ya sucedió cuando el fiscal Carlos Rívolo desestimó la necesidad de hacer una investigación, en enero pasado.  

LPO describió la diferencia entre el despliegue de Rívolo y Picardi, quien actuó con celeridad y se hizo de la prueba para profundizar la investigación. “Picardi avanza con puño de hierro y pies de plomo”, sintetizó un camarista que reconoció el equilibrio del fiscal, y le atribuyó “firmeza” ante “cualquier obstrucción de justicia sin apurarse con pedidos de detención”.

Como el escándalo parece imparable para el gobierno, la inquietud de los Kovalivker comienza a manifestarse con maniobras dilatorias. Por un lado, Jonathan Kovalivker recién se presentó ante los tribunales 48 horas después de los allanamientos dispuestos en el country de Nordelta y, cuando entregó su teléfono celular, no facilitó las claves.

Por otro, Eduardo Kovalivker, padre de Jonathan, recién compareció el viernes pasado, alegando problemas de presión alta.

Los pedidos de nulidad de los dueños de la empresa buscaban evitar que personal policial se llevara computadores y un servidor de la droguería, algo que no se produjo hasta la medianoche del viernes. “El personal de la Fiscalía no se retira hasta que no se entregue el material”, repetían en Comodoro Py por aquellas horas.

La solicitud para archivar la causa constituye un trámite que muy probablemente será rechazado tanto por el juez interviniente como por el fiscal. Si la defensa de los Kovalivker apelara, el recurso debería ser abordado por alguna de las salas de cámara.

Fuentes al tanto de la investigación deslizaron ante LPO que “los planteos no son buenos pero muestran que están desesperados por frenar la causa”.

 

 

Patricia Bullrich tuvo que ir a la televisión a explicar la denuncia que hizo su ministerio para censurar periodistas y protagonizó un papelón.

La ministra de Seguridad negó que hubiera pedido allanar a Jorge Rial, entre otros de los apuntados de su denuncia. Pero el entrevistador Pablo Rossi hizo que un colega leyera la denuncia, en la que hay un apartado directamente titulado “Allanamientos”.

En ese apartado, Bullrich exigió a la Justicia el allanamiento de Rial, de Mauro Federico, de Franco Bindi y de Pablo Toviggino, el número dos del Chiqui Tapia, a quien la ministra acusa de participar de un complot con espías rusos para “derrocar” al gobierno.

Ese no fue el único momento incómodo que Bullrich pasó en la entrevista. Cuando Rossi le preguntó si ponía las manos en el fuego por los Menem, la ministra tuvo un fallido: “No hay ninguna expresión que me guste Menem… menos que esa”, se corrigió.

En otro tramo de la conversación, Bullrich lloró cuando hablaba de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto tras un operativo de Gendarmería contra los mapuches en Chubut.  “Nadie sabe lo que pasé esos 80 días, todos los días mi hijo me llamaba por teléfono porque veía el noticiero”, dijo la funcionaria.

El gobierno está llevando a los ministros a llorar a la TV con frecuencia: ya lo había hecho días atrás el de Salud, Mario Lugones, acorralado por la muerte de un centenar de personas por el fentanilo contaminado.

 

 

El Plan Verano fracasó. Con viento a favor, las medidas de contingencia para evitar apagones recién podrían estar listas para la temporada de 2027. Ahora la solución “excluyente” que apareció en escena es alquilar los buques generadores turcos de Karpowership, a precio estratosférico, para ganancia privada. 

De hecho, el precio es tan delirante que Economía ya tuvo que suspender una vez la iniciativa. Pero ahora apareció Alfonso Blanco, exsecretario ejecutivo de OLADE. Hombre de conexiones con apellidos conocidos en el PRO. Blanco es el “representante” de Karpowership en la Argentina y asegura llegada directa al ministro Toto Caputo, primo de Nicky, uno de los dueños de Edesur y Central Costanera, interesado en ser la “pata local” del fabuloso negocio de los buques turcos, que acaban de liberarse de su operación en Brasil.

Los buques turcos necesitan amarre y tienen puerto asegurado en Central Puerto y Central Costanera, las usinas de la familia Caputo. Ahí está todo servido: la conexión a la red, la logística y hasta el combustible del Estado. No hay licitación. No hay competencia. 

Caputo adjudica a Santos Uribelarrea el negocio de las pilas gigantes que llevará el costo del mega de electricidad al doble en dólares

La injerencia de Nicky Caputo en este negocio sería tan determinante, que en la Secretaría de Energía es un secreto a voces que el ex funcionario macrista devenido en petrolero Javier Iguacel, habría colaborado en el armado de los pliegos. Como se sabe, Iguacel es muy cercano al “hermano del alma” de Macri.

La contratación de los buques turcos se suma a otra polémica licitación de emergencia, la de las pilas gigantes, que casualidad o no, también tiene como beneficiario a Nicky Caputo, como reveló LPO.

En ambos casos se trata de medidas de emergencia, parches, para evitar un colapso energético, que el propio gobierno dejó crecer por su decisión de parar obras estructurales que podrían haberla morigerado. La decisión de contratar estos buques turcos revive la polémica por la cancelación de la licitación de centrales eléctricas adjudicadas por Sergio Massa al final de su gestión: las Terconf. “Voltearon la construcción de esas centrales, para poder contratar cualquier cosa a dedo”, afirmó a LPO un exfuncionario de Energía. 

La contratación de los buques turcos se suma a otra polémica licitación de emergencia, la de las pilas gigantes, que casualidad o no, también tiene como beneficiario a Nicky Caputo.

La licitación Terconf fue lanzada en 2023. Buscaba sumar 3.340 MW de potencia térmica, distribuidos en 29 proyectos y con compromisos de inversión por alrededor de USD 4.000 millones. El precio promedio adjudicado: USD 17.831 MW por mes. 

Pero al asumir Javier Milei, el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anuló las obras ya adjudicadas con el argumento de que adjudicar contratos tan cerca del cambio de gestión resultaba “llamativo” y había que repasar los costos. 

Uno de los buques turcos de Karpowership.

 Tras la renuncia de Chirillo, Tettamanti lanzó un nuevo plan de almacenamiento, llamado AlmaGBA, para sumar 500 MW al sistema. La inversión estimada está presupuestada en USD 500 millones. En este caso, el costo del mega mensual en nodos críticos puede escalar hasta USD 20.800 MW por mes. Así y todo no pudo cumplir con los plazos, y las pilas gigantes recién podrán ser instaladas para el 2027. Lo notable es que el costo de generación de los buques turcos puede alcanzar hasta los USD 100.000 MW por mes. A eso hay que sumar el sobrecosto que aplique Nicky Caputo por poner su infraestructura. 

Esto no tiene nada que ver con un sinceramiento de precios, están inflando costos con negociados y lo van a pagar todos los argentinos en las boletas.

“La política energética de esta Milei lo único que consigue es disparar el costo. Argentina cuenta con todos los recursos para la generación, pero igual terminamos importando electricidad a precio de oro. Mientras tanto, es el conjuntos de los argentinos los que van pagar la factura mucho más cara de lo necesario. Esto no tiene nada que ver con un sinceramiento de precios, están inflando los costos con negociados”, agregó la fuente consultada. 

En efecto, los buques de Karpowership tienen un alquiler exorbitante. La empresa turca trae consigo fuertes cuestionamientos sobre su espalda. En Ecuador la demandaron por prometer 100 MW y, en cambio, producir apenas 12 MW algunos días, o fluctuaciones de 80 MW otros. En el Líbano, la casa matriz fue acusada de corrupción en contratos: la Fiscalía pidió incautar las barcazas y multarla con USD 25 millones. En Sudáfrica, en un contrato firmado en 2021 por 20 años, también enfrentó acusaciones de corrupción.