Autor: Invitad@ Especial

Jorge Ferraresi recibió al primer candidato a diputado del peronismo, Jorge Taiana, y a uno de los representantes del sindicalismo en la boleta de Fuerza Patria, Hugo Moyano (h).

En un nutrido acto organizado en el Polideportivo Gatica, el intendente de Avellaneda puso de relieve el rol activo de los jefes comunales de cara a la elección del 26 de octubre.

«Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca», dijo Ferraresi, uno de los tres intendentes del peronismo que más diferencia sacó en septiembre.

En el peronismo hay quienes leen ese mensaje en clave interna. Una de las discusiones que cruzaron al peronismo bonaerense durante el año electoral fue el rol que tendrían los intendentes frente a una elección desdoblada.

Ahí, en el kirchnerismo habían advertido sobre la posibilidad de que algunos jefes comunales le bajen la intensidad a la campaña tras haber asegurado sus territorios.

Durante la actividad realizada también en el marco de uno nuevo aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón, Ferraresi sostuvo: «Perón siempre planteaba que la lucha era un proceso permanente, por eso todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al gobierno».

Ante eso, volvió a exponer su apuesta por Kicillof a 2027: «En la Provincia tenemos alguien que nos genera esperanza, alguien que genera la construcción diaria de un gobierno distinto, que es Axel Kicillof».

«Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit 0 y obra pública», agregó.

 Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca 

Po su parte, Taiana destacó que el gobierno de Kicillof «ha demostrado que se puede trabajar de otra manera y que hay otra Argentina posible».

Al advertir que el modelo de país de Milei «es inviable y no lo va a aceptar el pueblo», Taiana dijo: «Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña y que hay otro modelo. Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027».

Del acto participaron también la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra, la diputada provincial electa Romina Barreiro, además de otros dirigentes y funcionarios provinciales y locales. 

 Tras una ampliación exprés, Santa Cruz tiene dos cortes supremas con dos presidentes distintos. A pedido de Claudio Vidal, la legislatura nombró cuatro nuevos integrantes, que fueron avalados por el titular del tribunal Daniel Mariani. En paralelo, los cuatro antiguos miembros del TSJ, cercanos al kirchnerismo, removieron a Mariani y nombraron a y Reneé Fernández.

El tribunal superior de Santa Cruz tenía hasta hace 15 días cinco miembros. En una polémica sesión, la legislatura provincial aprobó una ampliación a nueve vocales por pedido del gobernador Claudio Vidal.

Tras la ampliación, fueron aprobados los pliegos de dos nuevos integrantes, el ex gobernador Sergio Acevedo y José Gonzalez Nora. El pasado viernes Mariani, cercano a Vidal, decidió tomarles juramento «ad referendum» de la opinión de sus colegas del tribunal. Fue una situación similar a la del efímero Manuel García Mansilla.

Poco tiempo después, Mariani se arrepintió y determinó que los nuevos integrantes eran jueces con todas las de la ley. Era tarde: los antiguos miembros del TSJ habían declarado nula la jura y removido a Mariani de la presidencia.

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Además, eligieron a Reneé Fernández, ex secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner como nueva titular de la Corte. Pero aún faltaba que se concretara otro capítulo de la trama, aún más insólito que el anterior.

La legislatura provincial aprobó los pliegos de otros dos jueces, Lucio De la Vega y Gabriel Contreras. Fue en un trámite exprés y durante una sesión extraordinaria convocada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, que, según afirman desde la oposición, no tenía la potestad de convocarla. Los elegidos ni siquiera pasaron por audiencias públicas ni las exposiciones habituales que realizan los candidatos.

Mariani no se autopercibió destituído: argumentó que como ya estaba aprobada la ampliación a nueve miembros, entonces eran necesarias 5 firmas para correrlo y solo había cuatro. Por eso, mandó a un empleado de la corte santacruceña a una librería a comprar un nuevo libro de actas para inscribir a De la Vega y a Contreras como jueces del máximo tribunal provincial.

Tras una presentación del gremio de los judiciales, los cuatro miembros antiguos dictaron una medida cautelar para impedir la aplicación de la ley que prevé la ampliación de la Corte.

Por la crisis económica, Santa Cruz Está al borde del abismo. Vidal le recortó un 45% del presupuesto al poder judicial. El sector no es ajeno al desbarajuste de las cuentas provinciales, que solo funcionan con 20 mil millones de un descubierto habilitado por el Banco de Santa Cruz, propiedad de la familia Eskenazi.

Los judiciales están con bronca: el nombramiento de los cuatro nuevos jueces le costaría a las arcas provinciales más de 5 mil millones de pesos por año. Para intentar doblegar a los miembros cercanos al kirchnerismo, los cinco miembros de la corte oficialista convocaron a una paritaria para los empleados de la justicia.

La ampliación de la corte tomó tan solo 15 días. No fue el único órgano clave donde intervino Vidal: también nombró dos nuevos integrantes del tribunal de cuentas, encargado de revisar y aprobar la rendición de gastos del gobierno.

José Luis Garrido, un diputado que responde al gobernador, presentó un proyecto para que la Javier Milei interviniera el poder judicial santacruceño. La iniciativa sería imposible de aplicar: el Congreso nacional no tiene ninguna potestad sobre otro poder que además es de una provincia. De avanzar, el gobierno nacional solo podría intervenir la gobernación.

La Junta Electoral bonaerense rechazó el pedido del gobierno de Javier Milei para disponer la reimpresión de las boletas, luego de abortar la candidatura de José Luis Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.

El tribunal, integrado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la titular de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, consideró que la solicitud es «material, temporal y jurídicamente inviable».

Desde Casa Rosada dejaron trascender que Milei no apelará el fallo de la Junta Electoral, pese a que constituye un duro revés para los comicios en un territorio donde ya perdió por una diferencia de dos dígitos el 7 de septiembre pasado.

En la resolución judicial, se resuelve que «las boletas únicas papel ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial, debiendo ser utilizadas en el acto electoral del próximo 26 de octubre en todo el territorio del distrito Buenos Aires». 

El problema para el oficialismo es que esas boletas llevan la cara de Espert al tope de la lista, algo que los consultores del gobierno consideran perjudicial para la performance electoral. De hecho, Milei tomó la decisión de bajar la candidatura del economista recién cuando Santiago Caputo le llevó encuestas en las que, supuestamente, los libertarios perdían por 20 puntos contra el peronismo en el distrito bonaerense.

La Junta Electoral fundamentó su decisión alegando que si aceptara el pedido del gobierno «comprometería la realización misma de las elecciones, la seguridad jurídica, la igualdad entre las agrupaciones políticas y el ejercicio pleno del derecho al voto». 

«Debe advertirse que ordenar una reimpresión total del instrumento de votación, en esta instancia del proceso, implicaría un riesgo cierto de frustrar la realización de los comicios, ya que los tiempos técnicos y logísticos requeridos tornarían inevitable la suspensión o postergación de la elección, circunstancia que no registra antecedentes en la historia electoral argentina, donde nunca se ha debido suspender una elección nacional por falta de boletas o instrumentos electorales», dice el fallo. 

También advierte que conceder el pedido del gobierno sentaría un precedente que podría comprometer en adelante la estabilidad del proceso electoral, ante hechos fortuitos.  «La solicitud debe ser rechazada, no sólo por su imposibilidad material, temporal y jurídica, sino también por sus consecuencias económicas, institucionales y operativas, y por el riesgo de generar un precedente contrario a la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral», asevera.