Hace, aproximadamente, 20 días en las intermediaciones de las calles América del Norte y Europa, del Barrio Pretto, se llevaron a cabo tareas de limpieza en un terreno baldío y se colocó el cartel de “No Arrojar Basura” correspondiente.
En el día de hoy, se encontró una gran cantidad de basura arrojada en el sitio mencionado. Es por ello, que una vez más la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita la colaboración de los vecinos del barrio para que no depositen desechos en lugares que no corresponde.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina estará presente hoy y mañana en el ‘Pedaleando por un sueño’ con una globa en la cual se llevarán a cabo distintas actividades de Educación Vial. También se sortearán seis cascos de motocicleta y seis cascos para niños para uso de bicicleta….
En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.
Un rompecabezas que encaja demasiado bien
Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.
Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.
Nada de eso fue improvisado.
La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)
En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.
El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.
Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.
El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”. El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.
ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política
En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.
Congelamiento de vacantes.
No renovación de contratos técnicos.
Reducción de misiones de inspección.
Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
Presión para acelerar liberaciones sanitarias.
En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.
Y la tormenta llegó.
El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles
La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.
Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:
“Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
“Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
“Los frascos manchados iban igual”.
“Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.
Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.
El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.
En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.
O como parte de una estrategia.
La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos
En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:
Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.
Es decir: si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.
Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:
Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.
Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.
Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos
El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:
“Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
“Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
“Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.
En lenguaje llano: menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.
Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.
CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.
Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense
Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:
Vaciamiento de la ANMAT.
Eliminación de inspecciones presenciales.
Aceptación automática de certificados de la FDA.
Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.
El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo: si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.
Todo esto, ¿a quién beneficia?
No a los pacientes. No a la industria nacional. No a las provincias ni al sistema sanitario.
Beneficia a:
Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.
Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.
Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria
La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.
Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.
Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.
Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.
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El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Un cambio de época escrito en letra chica
El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.
El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.
A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.
1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador
Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación
La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.
La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.
Ejemplo concreto
Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.
La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.
2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto
Limitación de la presunción de dependencia
La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.
Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.
Ejemplo concreto
Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.
El proyecto multiplica así la precarización legal.
3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos
Eliminación de la aplicación analógica de los convenios
Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.
Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.
Qué significa en la práctica
Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.
Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.
La reforma del principio protectorio
Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.
El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.
4. indemnizaciones: un recorte estructural
Redefinición de la base de cálculo
El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.
En particular:
Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.
Por qué es un cambio profundo
En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.
Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.
Otros efectos
Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.
5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual
Responsabilidad solidaria reducida
La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.
Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.
Legalización de la eventualidad rotativa
El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:
Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
La antigüedad se desdibuja.
La estabilidad desaparece en la práctica.
Ejemplo concreto
Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.
El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.
6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”
Bancos de horas
El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.
Vacaciones y licencias
El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.
Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.
7. economía digital: trabajadores de plataformas
Una categoría paralela sin derechos plenos
El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.
Esto consolida un modelo donde:
No hay estabilidad.
No hay indemnización.
No hay licencias pagas.
No hay aguinaldo ni vacaciones.
Es la formalización de un sector precario como “normal”.
8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador
El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.
Esto implica que, ante un conflicto:
El trabajador necesitará más pruebas.
El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
Los juicios podrán extenderse durante años.
Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.
conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino
La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo. Sus pilares son claros:
Desarmar la presunción de dependencia.
Debilitar la negociación colectiva.
Abaratar el despido.
Normalizar la tercerización.
Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.
Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.
El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.
En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.
ESCRIBE PARA LATAPA- DELIA ROSANA VAZQUEZ PERIODISTA Me acordé de este verso de la canción de Charly , como un símbolo de todo lo que ha cambiado para bien y no tan bien, en el periodismo. Cuando fui a estudiar a La Plata, soñaba distintas maneras de ejercer, pero fundamentalmente iba con la idea de…
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