Alerta en Neuquén por la “motosierra” de Milei al combate de incendios
El filo del desguace del Estado que realiza el actual gobierno nacional no deja pueblo, ciudad o provincia sin herir. Por un flanco u otro, ese recorte que anunció Javier Milei en la campaña y lo lleva a cabo sin pruritos, roza a cada uno de los pobladores de la Argentina.
En el desarmadero de burocracia y organismos nacionales que diseña Federico Sturzenegger y ejecuta Milei, no es el árbol que tapa el bosque sino la llama que amenaza la cordillera frondosa.
Nación se desentiende del combate de incendios
Este año el gobierno de la provincia del Neuquén ardió en aporte de recursos entre el 30 de enero y mediados de marzo por uno de los incendios más devastadores de la historia. Más de 15 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego en Valle Magdalena y no hubo límite para el combate con 17 medios aéreos, más de mil personas involucradas y una logística coordinada entre las bases en el lugar del siniestro y la Casa de Gobierno de Roca y Rioja.
Si ya la ayuda de Nación fue lenta y tibia en esa emergencia, la disolución esta semana del Fondo Nacional del Manejo del Fuego sembró una alerta no sólo en Neuquén sino en todas las provincias patagónicas que verano tras verano salen a socorrer bosques nativos, pobladores y bellezas naturales amenazadas por los incendios forestales.

¿Por qué se disolvió el Fondo?
Según consta en el Boletín Oficial, la medida se tomó luego de un informe de la Auditoría General de la Nación que detectó irregularidades graves en la administración del fondo. Entre ellas, se denunció la contratación de 62 personas en 2022 y 56 en 2023 que nunca comenzaron a trabajar, además de demoras y problemas en los procesos de compra de autobombas, vehículos imprescindibles para el combate directo de incendios.
También se destacó la falta de “informes de gestión, estadísticas e indicadores que midan la eficiencia y eficacia del fideicomiso”, lo que dificulta controlar su funcionamiento y destino de los recursos.
¿Qué pasará con los fondos y el Manejo del Fuego?
Desde el gobierno nacional se afirmó que los fondos y recursos serán transferidos a la Agencia Federal de Emergencias (AFEM), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, que ahora asumirá el control y la coordinación del combate al fuego.
Sin embargo, esta reasignación genera dudas y preocupación entre especialistas y organizaciones ambientales, que temen una reducción en la transparencia y en la inversión necesaria para enfrentar la creciente crisis de incendios en la cordillera patagónica.

¿Qué pasará en Neuquén ante otro incendio como en Valle Magdalena?
Las llamas incontrolables en los bosques de Neuquén y la Patagonia demandan de respuestas inmediatas, recursos urgentes y coordinación aceitada entre organismos provinciales y nacionales. ¿Qué pasará ahora con la cortapisa que pone el gobierno nacional a ese socorro ante la emergencia ígnea?
Por lo pronto, una fuente consultada por este medio aseguró que “ya desde el año pasado que nos acostumbramos a no esperar mucho de la Nación en el manejo del fuego. La buena intención que pueden tener desde la Administración de Parques Nacionales o del Plan Nacional de Manejo del Fuego se trunca al llegar a los escritorios de la ciudad de Buenos Aires”.
Sólo como un ejemplo caliente de lo que significó para el gobierno neuquino el combate de uno de los incendios más impactantes de los últimos años, se puede recordar el informe oficial sobre Valle Magdalena:
“El incendio comenzó el 30 de enero y requirió un enorme despliegue de recursos, con más de 1,000 personas y 17 medios aéreos involucrados en las tareas de contención, hasta que finalmente fue contenido en marzo. Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por vientos intensos del oeste, ráfagas aún más fuertes y humo disperso en los valles cercanos, junto con la compleja topografía del área y la escasez de lluvia, favorecieron la rápida propagación del fuego.
El 5 de febrero, la extensión del incendio obligó a sectorizar la superficie afectada, lo que facilitó la asignación de recursos y la planificación de las operaciones en terreno. El 7 de febrero, con una superficie de 12,273 hectáreas comprometidas, comenzó a llegar ayuda de otras provincias para contener el avance del fuego. Gracias al esfuerzo continuo de los brigadistas y al uso intensivo de medios aéreos, a partir del 13 de febrero el ritmo de propagación disminuyó drásticamente.
El 9 de febrero, varias familias de crianceros de las comunidades Aucapán y Chiquilihuín fueron evacuadas por precaución. Algunos fueron alojados en casas de amigos y familiares, mientras que 25 personas fueron derivadas al centro de evacuados establecido en la Escuela 187 de Junín de los Andes. El 15 de febrero, ante la expansión del incendio hacia la zona de Aluminé, se trasladó el campamento base a la estructura operativa de Rahue, con capacidad logística, planificación y operativa para aproximadamente 200 personas. Para ese momento, el fuego había afectado una superficie de 15,200 hectáreas.
Finalmente, el 3 de marzo, tras más de un mes de intenso trabajo de brigadistas, el Comando Conjunto informó que el incendio había sido controlado. Sin embargo, el equipo de respuesta, conformado por el Gobierno provincial y Parques Nacionales, continuó con las tareas de extinción total y monitoreo, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones de focos ígneos”.
Las alertas que los especialistas no callan
Un relevamiento satelital realizado por Greenpeace estimó que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron 31.722 hectáreas en la Patagonia. Esos incendios no solo destruyeron el bosque nativo, sino que también afectaron la biodiversidad, pusieron en riesgo la calidad del agua y la vida de las comunidades originarias y rurales que habitan la región.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que la eliminación del Fondo de Manejo del Fuego “le quita transparencia a los mecanismos de protección ante incendios y reduce la inversión en prevención, equipamiento y capacitación. El gobierno nacional sigue enfocándose solo en la emergencia, cuando es fundamental trabajar también en evitar que se produzcan incendios”.
Nápoli destacó además que, en términos generales, Argentina enfrenta una crisis climática muy fuerte, y que los niveles presupuestarios comprometidos para proteger los bosques nunca se alcanzaron: “Si seguimos manejando los bosques con una perspectiva económica y sin una política ambiental clara, el futuro no será alentador”.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, sumó su preocupación: “La negación o subestimación de la crisis climática por parte de los gobiernos nacionales y provinciales aumenta el riesgo de incendios de gran escala, como los que sufrió la Patagonia el verano pasado. La disminución de fondos puede traducirse en menos brigadistas, menos infraestructura y menos capacidad para responder”.
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