El Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti cuenta con la curiosidad de ser el más antiguo del país con su próxima 36° edición. Lo sigue el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con 35° Ediciones al completar noviembre próximo, pero más antiguo, ya que sus primeras ediciones datan del año 1954.
Comunican desde la organización que «En principio, se hará por streaming… pero si las condiciones cambian evaluaremos la posibilidad de pasar a modalidad presencial».
¡ATENCIÓN! El plazo para envío de trabajos es corto!!!
Se reciben cortometrajes de hasta 25 minutos Categorías: ficción, documental y animación.
Calendario
1 de agosto: Lanzamiento Convocatoria 3 de septiembre: Cierre Convocatoria 14 de octubre: publicación Selección Oficial 4 de noviembre: Función de apertura 7 de noviembre: Anuncio de Premios
Formato de presentación
Los trabajos deberán presentarse como archivo de video (.mov / .mp4), en resolución 1920 x 1080, compresión H264.
Opción 2: enviar para descarga directa a [email protected] (solo por los siguientes medios: Google Drive, Dropbox, habilitación descarga en Vimeo o Youtube).
PREMIOS
– Gran Premio del Jurado ($15.000 + estatuilla + diploma) – Premio Patagónico Alberto Vilanova (destinado a realizadorxs nacidxs o residentes al sur del río Colorado) ($10.000 + estatuilla + diploma) – Premio al Mejor Ficción ($7.500 + estatuilla + diploma) – Premio al Mejor Documental ($7.500 + estatuilla + diploma) – Premio a la Mejor Animación ($7.500 + estatuilla + diploma)
El día sábado a partir de las 19hs hasta las 23hs el equipo del EL GARAGE junto con la A.T.T.S (Asociación de Trans y Trabajadorxs) y la AHS Argentina (AIDS Healthcare Foundation) estarán con su stand en la Plaza de los Próceres realizando los test rápidos. Invitamos a todas las personas que quieran realizarse el test y también…
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
El desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires entró en una zona de turbulencias. La posibilidad de una elección en mayo se desvanece ante el fracaso del gobierno de Javier Milei de eliminar las PASO y ante la imposibilidad de la Legislatura de discutir un paquete de leyes tan sensible como las normas electorales.
Si el gobierno libertario no consigue eliminar la PASO, Axel Kicillof se verá obligado a llevar adelante la primaria bonaerense el mismo día en lo hace el gobierno nacional.
El artículo 2 de la ley 14.086 establece que cuando el Ejecutivo nacional convoque a primarias nacionales, la primaria bonaerense se debe hacer el mismo día. Esa ley se aprobó en el Senado bonaerense en 2009 sin ese párrafo. Sin embargo, Néstor Kirchner enfureció y ordenó sumar ese condicionante para evitar que Daniel Scioli (entonces gobernador) pueda despegar la elección provincial de la nacional.
Pero además, existe otra ley que impide un desdoblamiento para lograr una elección general en mayo. La ley 5.109 establece en su artículo 116 que las elecciones deberán realizarse en una fecha comprendida entre 30 y 120 días anteriores a la culminación del mandato del gobernador. Por tanto, ese plazo no le permite a Kicillof convocar sólo mediante decreto a una elección general en mayo.
Fuentes del Ejecutivo aceptan que la normativa actual complica el desdoblamiento. Pero también advierten que las complicaciones logísticas que Kicillof planteó el año pasado y con las que argumentó la necesidad de desdoblar se mantienen intactas. «Organizar elecciones concurrentes en la Provincia se presenta de muy difícil concreción», aseguran.
La afirmación es importante toda vez que existe cierta desconfianza en el arco político bonaerense respecto de la posibilidad de que Kicillof -en tanto candidato a la presidencia- gire en su discurso y prefiera avanzar con una elección concurrente (elecciones el mismo día, pero con sistemas diferentes).
Alejandro Dichiara.
Lo cierto es que las trabas que impone tanto la ley de primarias como la ley electoral se pueden sortear con modificaciones a esas leyes. Sin embargo, las condiciones para que senadores y diputados alcancen acuerdos mínimos parece imposible.
Ninguna de las dos cámaras de la Legislatura consiguió sesionar una vez en lo que va del año. La semana pasada el Senado pudo conformar las comisiones de trabajo después de fuertes tensiones dentro del peronismo. En Diputados el escenario no es mejor: este viernes se comunicaron algunas comisiones en medio de una interna que no se ordena.
En principio Diputados sesionará el 28 de mayo sin asuntos importantes. Los propios legisladores entienden que de llegar un proyecto importante del Ejecutivo, la Legislatura se vuelve a paralizar.
Por lo pronto, esta semana el secretario electoral del Juzgado Federal 1 que tiene la competencia electoral en la provincia destacó la implementación de la Boleta Única en Papel en el territorio bonaerense. Leandro Luppi dijo que fue «un diseño muy sencillo y un instrumento de comunicación electoral eficaz».
Verónica Magario.
Sin embargo, advirtió que la elección que se viene es general y que supone más cargos electivos que pueden complicar la votación. «Tenemos que tomar este éxito relativo con precaución y usar lo que hemos aprendido para trabajar muy en serio, comprometernos en las elecciones del año próximo», dijo en declaraciones que reproduce Buenos Aires/12.
El funcionario puso además luces de alerta ante la posibilidad de que las PASO no sean derogadas y que la elección nacional y provincial se realicen el mismo día. «Si volvemos a tener elecciones simultáneas con la Provincia, que va a sumar dos o tres categorías, puede ser complicado», dijo.
Aunque divididos, en el peronismo trazan líneas para dar forma a un calendario electoral que les permita retener el control de la provincia. Uno de los ejes tiene que ver con separar por completo la elección provincial de la nacional. Esto es definir por completo la elección en la provincia y ya con un gobernador electo, empezar a discutir las candidaturas de la elección nacional.
De ahí surge la fecha de mayo para la elección general en la provincia. Pasados esos comicios, recién ahí se abriría una discusión de cara al cierre de listas de la elección nacional.
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