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Abierta la inscripción al XXXVI Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti

El Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti cuenta con la curiosidad de ser el más antiguo del país con su próxima 36° edición. Lo sigue el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con 35° Ediciones al completar noviembre próximo, pero más antiguo, ya que sus primeras ediciones datan del año 1954.

Comunican desde la organización que «En principio, se hará por streaming… pero si las condiciones cambian evaluaremos la posibilidad de pasar a modalidad presencial».

¡ATENCIÓN! El plazo para envío de trabajos es corto!!!

Se reciben cortometrajes de hasta 25 minutos
Categorías: ficción, documental y animación.

Calendario

1 de agosto: Lanzamiento Convocatoria
3 de septiembre: Cierre Convocatoria
14 de octubre: publicación Selección Oficial
4 de noviembre: Función de apertura
7 de noviembre: Anuncio de Premios

Formato de presentación

Los trabajos deberán presentarse como archivo de video (.mov / .mp4), en resolución 1920 x 1080, compresión H264.

Deberán ir acompañados de la ficha de inscripción a la cual pueden acceder en el siguiente enlace: https://forms.gle/FzBYBpUbQ397Kqek9

Puntos de recepción

Por Internet:
Opción 1: subir archivo a la cuenta del Concurso https://festivals.festhome.com

Opción 2: enviar para descarga directa a [email protected] (solo por los siguientes medios: Google Drive, Dropbox, habilitación descarga en Vimeo o Youtube).

PREMIOS

– Gran Premio del Jurado ($15.000 + estatuilla + diploma)
– Premio Patagónico Alberto Vilanova (destinado a realizadorxs nacidxs o residentes al sur del río Colorado) ($10.000 + estatuilla + diploma)
– Premio al Mejor Ficción ($7.500 + estatuilla + diploma)
– Premio al Mejor Documental ($7.500 + estatuilla + diploma)
– Premio a la Mejor Animación ($7.500 + estatuilla + diploma)

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    Una maniobra de Alberto Weretilneck complicó el mega proyecto para instalar un hotel de lujo y privatizar medio Cerro Catedral. 

    El gobernador de Río Negro buscó correr del medio a una concejal que se oponía a la inicitativa, pero no esperaba que su reemplazante tuviera una posición aún más contraria al masterplan de la empresa que controla el cerro.

    La posición de CAPSA, concesionaria del Catedral hasta 2056 e impulsora del proyecto, es irreductible: hotel 6 estrellas a 1200 metros de altura y loteo de 70 hectáreas para desarrollo inmobiliario.

    La iniciativa podría liquidar al comercio local, porque los visitantes ya no tendrían necesidad de pasar por la ciudad. También a los del cerro, porque la base se elevaría a 1200 metros. Si en lugar de hoteles se construyen departamentos de alquiler, el proyecto tampoco tendría impacto en la generación de empleo. Además, el costo de llevar electricidad y servicios debería ser absorbido por los vecinos.

    El proyecto necesita el apoyo de ocho de los once concejales barilochenses y hoy reuniría solamente cinco. Hay otros cinco concejales que rechazan el proyecto con distintos matices: algunos podrían apoyar el hotel, pero ninguno el hotel y el loteo a un precio muy bajo.

    Macri y el emir de Qatar detrás de la privatización del Cerro Catedral 

    El principal interesado en aprobar el proyecto es el gobernador, más aún que el intendente de Bariloche, Walter Cortés.

    En Bariloche no entienden la jugada del gobernador, que se llevó a la concejal Natalia Almonacid al gobierno provincial sin tener la certeza de que su reemplazante apoyaría la privatización del cerro.

    Hay quienes creen que el apuro está vinculado a las dificultades políticas crecientes que enfrenta el oficialismo provincial. «Si no pasa esta vez, es posible que después de 2027 le toque a otro partido», dijeron a LPO fuentes rionegrinas.

    Antes de que pudiera abrirse la discusión, Glenda Cohen, quien debía suceder a Almonacid, presentó su «renuncia irrevocable» a la banca. El siguiente en la lista es Lucas Pérez, pero ya no pertenece a Juntos Somos Río Negro, el partido del gobernador, sino que adhirió a Creo, el partido que lidera Aníbal Tortoriello, aliado con los libertarios.

    La falta de afinidad ideológica es el argumento de JSRN para pedir que no asuma, pero también tienen bajo la manga una causa por venta de licencias de conducir truchas que lo tuvo como involucrado.

    Si JSRN logra apartar a Pérez, la próxima en asumir sería una dirigente jubilada, que no desea renunciar a su pensión. El último titular es Claudio Otano, qué sí pertenece a JSRN y no está jubilado, pero está alineado con Gustavo Gennuso, el ex intendente de Bariloche que en los últimos meses se alejó del gobernador.

    Con seguridad, JSRN podría aportar dos votos, a los que se sumarían otro dos del PUL, el partido del intendente: el tercero de sus integrantes, Tomás Hercingonja, salió a criticar el proyecto. Comerciante barilochense, prometió no votar la iniciativa que podría traer graves dificultades a los locales del centro. El PRO aportaría un voto a la iniciativa que sumaría cinco escaños.

    Del otro lado, Facundo Villalba, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y Roxana Ferreyra ya anticiparon su rechazo.

    El proyecto

    En lo que se conoce como 1200m, en la línea de la actual aerosilla Cóndor habrá un hotel de lujo y ya visitaron el cerro enviados de importantes cadenas hoteleras para evaluar las posibilidades. Según fuentes al tanto del proyecto, Alberto Surace es el encargado de atraer a los inversionistas interesados. Se trata de un empresario ligado a la construcción y a concesiones viales y aeropuertos.

    Muy cerca del futuro hotel, sobre el reservorio de agua que se utiliza para generar nieve artificial, el concesionario buscaría hacer un loteo vip.

    En el estacionamiento sur de la base se instalaría otro de los loteos. Capsa propuso mudar el estacionamiento gratuito al actual puesto de la policía, ubicado a varios kilómetros. Además, en la zona conocida como Chapelquito se ubicaría otro desarrollo residencial.

     

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    Milei, Estados Unidos y Ushuaia: geopolítica de una entrega estratégica

     

    La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.

    Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur

    Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.

    Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.

    La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.

    La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político

    En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.

    La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:

    • encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
    • participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
    • la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.

    Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.

    Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur

    La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.

    Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:

    1. Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
    2. Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
    3. Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.

    Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.

    Una redefinición peligrosa de soberanía

    La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.

    Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico

    La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.

    Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.

     

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