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El gobierno nacional confirmó que Juan Pazo renunció como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una novedad que LPO adelantó en exclusiva el sábado pasado.

Pazo, mano derecha de Toto Caputo, será reemplazado en ARCA por el actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, que responde a Santiago Caputo. De esta forma, el asesor gana una posición de poder clave dentro del Estado. Su ascenso tuvo el visto bueno de Karina Milei, que transita una tregua en la interna con el asesor.

LPO reveló que Pazo había decidido su renuncia agobiado por la tensión permanente del cargo, aumentada en los últimos tiempos por el achicamiento del superávit que está generando una presión adicional sobre el organismo recaudador.

Pazo tiene preparada su renuncia a ARCA y le buscan un nuevo lugar en el gobierno

De hecho, Pazo estaba involucrado en una fuerte pelea con la Unión Industrial Argentina porque quería cobrarle a las grandes empresas supuestas deudas de hasta 3 mil millones de dólares a partir del bloqueo de la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias).

Pazo estaba involucrado en una fuerte pelea con la Unión Industrial Argentina porque quería cobrarle a las grandes empresas supuestas deudas de hasta 3 mil millones de dólares

El gobierno informó que Pazo «volverá a desempeñarse en el sector privado», donde es socio de Toto Caputo en el sector agropecuario. De todos modos, agregaron que «seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro. LPO reveló que podrían ofrecerle que continúe en algún cargo en el Banco Nación, el BICE o Cancillería.

En lugar de Pazo se concretará el ascenso de Vázquez, un viejo conocido en el organismo recaudador. Funcionario de carrera, durante los 90 fue jefe interino de la Dirección de Inteligencia Fiscal y en el kirchnerismo fue jefe de la estratégica Dirección Regional Sur. En 2009 saltó a la famacuando, en plena guerra de los Kirchner con Clarín, ordenó un operativo con 200 inspectores en oficinas del Grupo, incluidas las del diario. 

El año pasado Vázquez fue ascendido por Caputo a jefe de la DGI y el diario La Nación publicó que tiene inmuebles no declarados: Vázquez compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. 

Vázquez será el tercer jefe de ARCA de la gestión Milei, después de Pazo y Florencia Misrahi. Su ascenso 

El 2025 termina bajo el signo de la misma tensión que lo atravesó, con una corrida sobre el dólar que el equipo económico está conteniendo a fuerza de quemar dólares que no tiene.

Este martes apareció el dato que estaba esperando el mercado: el miércoles y el jueves d ela semana pasada, Toto Caputo volvió a quemar dólares, supuestamente del Tesoro, para contener la divisa. Según el último registro oficial disponible, el 17 de diciembre vendió USD 77 millones y el 18 de diciembre otros USD 164 millones. 

Fueron USD 241 millones en 48 horas. Dólares que se supone, Caputo debería atesorar para enfrentar el vencimiento de más de USD 4.000 millones del próximo 9 de enero.

Según el último registro oficial disponible, el 17 de diciembre vendió USD 77 millones y el 18 de diciembre otros USD 164 millones. Son USD 241 millones en 48 horas. 

El cierre de la rueda de este martes volvió a mostrar esa calma forzada. El mayorista terminó en $1450. El blue cerró en $1505. Y los financieros, con bajas, quedaron en $1479 el MEP y $1531 el CCL.  Pero la temperatura se vio en el riesgo país, que subió a 575 puntos básicos, con los bonos soberanos en dólares cediendo en promedio. 

Esa misma planilla muestra el golpe en la caja del Gobierno. En «depósitos del Gobierno en moneda extranjera», el 17 de diciembre figura 2.000 con variación 77 y el 18 cae a 1.836 con variación 164. En criollo: se achica el colchón justo cuando todos preguntan por el pago.  

Con ese telón de fondo, los precios de los bonos dejaron de acompañar la narrativa oficial. En pantalla, el AL30 cayó 0,7%, el AE38 bajó 1% y el GD38 retrocedió 1%, entre otros papeles en rojo. Es el modo más sincero que tiene el mercado de decir que está haciendo cuentas que no cierran.

Esa desconfianza también se expresó en redes. Andy Spinelli lo resumió con ironía filosa: «La fe que hay en el pago de cupones de deuda de Enero… es desbordante…». 

Sin consumo no hay Paraíso

En paralelo, volvió a moverse la otra palanca: la tasa. Las cauciones pegaron un salto que en de 8 puntos. Y como su relevancia, es que son tasas de referencia para el sistema bancario. La suba de tasas complica la aspiración del gobierno de bajarlas, para reactivar el consumo de una economía que volvió a cantar rojo.

El mecanismo es viejo, pero el timing es lo que llama la atención: «subiendo el caucho, bajando el dólar. Estaba $1500 con 20% de tasa. Para bajarlo a $1486, subís a 28% y además vendés en MAE a lo que dé, eso se llama estar desesperado», criticó otro analista financiero. 

En efecto, el Tesoro no solo vende dólares en el MULC para que el oficial no se escape. También interviene activamente el dólar MEP usando bonos que están en manos del Estado, en particular títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. 

La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ubicarse en el centro de la agenda política. Como ocurrió durante la gestión de Amado Boudou, cuando la Anses suspendió los giros de la Anses para cubrir el déficit previsional, la Provincia advierte que se encamina a un «precipicio» financiero.

El proyecto de Presupuesto 2026 expuso con crudeza la magnitud del déficit previsional: el gasto total del sistema previsional provincial ascenderá a $ 2,63 billones, mientras los aportes y contribuciones de los activos sólo llegarán a $ 1,81 billones, es decir, un 69% del total. El rojo operativo proyectado trepa así a $ 821.292 millones. Son los números de 2026. También Córdoba reclama a la Nación una deuda incobrable de 1 billón de pesos.

El cálculo incluye un dato clave: la Provincia prevé financiar con recursos propios al menos $ 417.292 millones, un 51% del déficit, debido a que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema. En 2025, tras la intervención de la Corte Suprema, Nación comenzó a enviar $ 5.000 millones en 12 cuotas fijas. Pero ahora hasta esta cifra está en duda.

Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los $ 20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido por la Nación.

En ese escenario, el legislador socialista aliado al PJ, Matías Chamorro, lanzó un globo de ensayo para meter pánico en los gremios estatales: presentó un proyecto para declarar la «Emergencia de la Caja de Jubilaciones».

Así, el Gobierno apunta a garantizar que el grueso de los jubilados (el 85%) recupere el 82% a través de un adicional no remunerativo, pero aplicaría una cláusula de «solidaridad previsional» para los haberes más altos: quienes cobren más de $ 2,5 millones recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. Es un golpe a los gremios más combativos -Luz y Fuerza y los municipales de la ciudad de Córdoba- y a los jueces.

Pero quien llevó el relato al extremo fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura: dijo que la Caja se encuentra «ante una situación crítica» y que, sin una intervención urgente, «ya se empieza a ver el precipicio».

Torres defiende que se aumenten los aportes personales un 4%. La hipótesis es que se podría avanzar con esa medida sobre los municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. Ese parece ser un límite que está dispuesto a cobrar: se trata de empleados que por alto nivel de conflictividad que tienen sus reclamos, tienen mala imagen. Cuando era intendente de Córdoba, a Llaryora le fue bien en términos de imagen cuando confrontó con los municipales.

En cambio, el Gobierno descarta medidas para ampliar los aportantes del sistema prolongando la vida activa de los 25 mil policías policías y de los 50 mil docentes, casi el 80 por cieno de la planta de personal.

A diferencia de cuando José Manuel de la Sota decidió confrontar con Amado Boudou y Cristina Fernández por la suspensión de fondos para la Caja (crisis que derivó en la creación de la «tasa vial», en 2012), ahora Llaryora debe enfrentar al vencedor en Córdoba de las elecciones nacionales sin margen para crear un impuesto de guerra, como fue aquel que se cobró durante casi tres años en cada carga de combustible.