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Toto Caputo mandó al Congreso el proyecto para reducir los subsidios por zona fría en las tarifas de gas, una ley impulsada por Máximo Kirchner en 2021, y choca con los gobernadores de provincias aliadas que perderían el beneficio.

La movida del gobierno incluyó también la regularización del Mercado Eléctrico Mayorista y, en su mensaje, el ministro de Economía expresó que persigue el sostenimiento de «la política económica de reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético, ordenamiento de las cuentas públicas y continuidad en las condiciones para el acceso y la utilización de fuentes de energías renovables».

Con el rediseño de Caputo, la cobertura de la ayuda estatal volvería al esquema histórico, que concentraba el alcance de la norma en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe de Mendoza y la Región de la Puna.

Esto implica que perderán el beneficio automático más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, varias zonas del sur de Córdoba y Santa Fe, y localidades de provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada: Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán. También localidades de La Pampa y La Rioja perderían el subsidio.

 Actualmente, rige la ley 27637 y de su articulado se desprende que el subsidio equivale a una tarifa diferencial que impacta al mismo tiempo sobre el precio del gas, el transporte y su distribución. Con la propuesta de Caputo, el subsidio solo se aplica al precio del gas, el pago se hace a los productores y se rompe la concordancia entre el porcentaje de la tarifa cubierto y la factura final.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que, además de achicar el alcance territorial, el proyecto del oficialismo establece que allí donde continúen los subsidios, «serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional con las modalidades que considere pertinentes».

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Además, los libertarios pretenden barrer la compatibilidad expresa del subsidio «con otros beneficios que pudieran corresponder a los usuarios».

Desde el bloque peronista comentaron que la iniciativa que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados «vuelve a intentar lo del Presupuesto de 2026», cuando la oposición terminó abortando un capítulo entero de la ley de leyes. 

Al cierre de esta nota, los diputados de LLA y algunos de sus aliados carecían de «línea» para defender el proyecto, tal como admitió un importante legislador libertario.

Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.

De hecho, un opositor al gobierno graficó la situación con una paradoja: «los descuentos por Zona Fría en gas ya no son un tema que le importe a la enorme mayoría de las personas en Mar del Plata o Bahía Blanca porque, en octubre del año pasado, casi el 50% de los votantes marplatenses eligieron a diputados nacionales que promueven su eliminación, así como el 54,08% de los bahienses».

Aún así, advirtió que «es difícil que el gobierno tenga los votos para este tipo de leyes». «No creo que consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno», dijo.

No creo que (el gobierno) consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno.

La ex vicegobernadora Gisela Scaglia, actual diputada por Provincias Unidas, consideró de todas maneras que «no está mal que los subsidios los implementen a las personas y no directamente a las zonas, es interesante que el esquema sea por condición económica, no es justo que alguien con recursos sea subsidiado». 

La legisladora santafecina valoró que «a diferencia del régimen anterior, donde el subsidio era general para todos los residentes de estas zonas, el nuevo proyecto establece doble condición para recibir la bonificación adicional por Zona Fría». «Por un lado, el usuario debe residir en la localidades contempladas por el programa y estar registrado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), y por otro, tiene que estar contemplado por criterio socioeconómico porque el beneficio ya no es puramente geográfico, sino que se destina a hogares con ingresos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales o que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)», explicó. 

En cambio, el cordobés Carlos Gutiérrez, que responde a Llaryora y Schiaretti, dijo que el gobierno nacional «ya no sabe qué más sacarnos a los cordobeses». «Si Caputo quiere eliminar estos subsidios, que empiece por CABA», lo chicaneó.

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Hizo estragos en la economía de las ciudades del interior la parálisis de la obra pública nacional, que absorbía una parte significativa del caudal de trabajadores locales y regionales de la construcción. Por eso, en varios municipios empiezan a pensan en alternativas para retomar la obra pública.

Un caso paradigmático en ese sentido es el de Chascomús, donde los bloques del oficialismo local alineado al massista Javier Gastón promueven un proyecto para crear un sistema de consorcios vecinales que financie su propio asfalto.

La iniciativa, que será tratada este jueves en el Concejo Deliberante local, se denomina «Programa Municipal de Ahorro Previo para Infraestructura Vial», la cual apunta a ser «una estrategia de autonomía municipal» ante el corte de la obra pública nacional.

En los considerandos de la iniciativa se plantea que la detención de las obras viales no solo afecta la transitabilidad y la seguridad, sino que también perjudica el patrimonio de los vecinos y el desarrollo productivo local.

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El programa propone la formación de «Círculos de Ahorro» por cuadra o sector con adhesión voluntaria. Para iniciar un «círculo», se pide que el 70% de los frentistas de una cuadra se sumen al plan. Con eso, el sistema se vuelve obligatorio para el resto bajo el régimen de contribución por mejoras.

Como protección ante la inflación se proyecta una Unidad de Metros de Asfalto para que el vecino pague por «metros cuadrados de obra». Al cancelar una cantidad de metros, el valor queda fijo para el contribuyente, independientemente de los aumentos futuros en el costo de los materiales.

 En Chascomús, el proyecto de Círculos de Ahorro prevé como incentivo un descuento del 15% para los vecinos que paguen al contado su plan de ahorro. 

Las etapas del plan estiman que los suscriptores abonen cuotas hasta cubrir el 50% del valor total de la cuadra. Una vez alcanzado ese porcentaje, el municipio garantiza el inicio de la obra y el saldo restante se amortiza en cuotas posteriores.

El proyecto prioriza el uso de pavimento articulado (intertrabado) y asfalto negro. Esta elección se debe a que el hormigón intertrabado es de fácil reparación, tiene un menor costo inicial y fomenta la compra a proveedores del distrito, además de generar empleo local para su colocación.

También, se estipula que todo lo recaudado irá a una cuenta afectada que garantice que los fondos de los vecinos solo puedan usarse para las obras de asfalto y no para gastos corrientes. El proyecto prevé como incentivo un descuento del 15% para los vecinos que paguen al contado su plan de ahorro.

Esta iniciativa surge en un contexto donde los intendentes vienen denunciando el impacto que está causando en sus economías la baja de los recursos que reciben por coparticipación y el derrumbe de la cobrabilidad de tasas.

Por eso, días atrás hicieron una presentación masiva ante el Ministerio de Economía nacional, reclamando que el gobierno de Javier Milei destina a obras en rutas y caminos los porcentajes que, por ley, debe afectar a esas tareas de lo que recauda del Impuesto a los Combustibles.