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A DOS MESES DEL ACCIDENTE AMBIENTAL EN CATAMARCA SE DESCONOCE SI HUBO SANCIONES PARA LA EMPRESA

La minera Livent S.A volcó ácido clorhídrico en Catamarca y todavía se desconoce si hubo sanciones para la empresa, o las consecuencias a largo plazo de la contaminación.

Tras el derrame en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca/12 accedió a un informe que detalla que se derramaron 1032 litros de ácido clorhídrico. Hasta el momento no se conocían las características del material derramado, ni su cantidad.

Según el informe realizado por Livent, se derramaron 1032 de 1732 litros que transportaba el camión. Con la ayuda de «bandejas», y una bomba, se pudieron recuperar 700 litros del total que transportaba la cisterna. Y acá está uno de los grandes problemas, los informes son realizados por las empresas sin ninguna participación ni auditoria de los estados provinciales o nacionales

El ácido clorhídrico es uno de los líquidos más peligrosos que se utilizan para la disolución de metales. El accidente fue protagonizado por un camión proveedor de la empresa Minera del Altiplano SA-Livent.

Oficialmente se dijo que la investigación por las responsabilidades de la empresa en la contaminación ambiental «continúa». Y que constataron que la empresa realizó las «remediaciones solicitadas por el Estado, siguiendo los protocolos que establece el organismo minero». Afirman que se «determinó y constató que el PH del lugar está en los parámetros normales, y que la remediación general cumple con las condiciones que se exigen”.

El accidente se registró el sábado 4 de febrero de 2023 a las 19.45, cuando un camión cisterna de la empresa FMF que trasportaba ácido clorhídrico al 30% con destino a la Minera, volcó. Se produjo a 2 km del control policial en el límite del Salar del Hombre Muerto con la provincia de Salta. Las causas del siniestro habrían sido que las condiciones de circulación «estaban más complicadas de lo habitual», debido a que la calzada se encontraba con barro, y la banquina estaba blanda por efecto de las lluvias de ese día, más una maniobra inadecuada del chofer.

El informe no establece consecuencias a largo plazo de la contaminación en el lugar, o si las tareas de remediación fueron suficientes y adecuadas. Oficialmente tampoco se informó al respecto.

Según la empresa minera, el derrame se produjo en el mismo Salar, en la zona conocida como rugoso, por su morfología exterior de mezcla de sal y arcillas. «Es un lugar de muy baja actividad biológica y de pH mayores a 8, por lo que tienen también una capacidad buffer natural (la resistencia que tiene el suelo a cambiar el pH cuando se le adicionan sustancias ácidas o básicas)”, asegura la empresa.

Además, afirman que no es un lugar con vegetación ni cursos de agua asociados a la misma, y que en el momento de los trabajos que demoraron más de 3 días, “no se avistaron ejemplares de fauna”. Sin embargo, el análisis determinó que el primer derrame fue más profundo, tomó contacto con el nivel freático salino y que por las intensas lluvias penetró aún más.

Las tareas de remediación del suelo contaminado que estaba obligada la empresa a realizar, consistieron en cavar y quitar el suelo impactado con ácido y se lo dispuso en contenedores de 1m3 para su almacenamiento temporal y posterior disposición final, que fueron colocados en envases plásticos a la orilla del camino. Hubo zonas que fueron neutralizadas con cal.

Fuente, Catamarca12.

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    El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.

    La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.

    Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables

    La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen

    La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.

    En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.

    La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.

    Una excepción que amenaza con convertirse en regla

    Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.

    La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.

    Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.

     

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