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A DOS MESES DEL ACCIDENTE AMBIENTAL EN CATAMARCA SE DESCONOCE SI HUBO SANCIONES PARA LA EMPRESA

La minera Livent S.A volcó ácido clorhídrico en Catamarca y todavía se desconoce si hubo sanciones para la empresa, o las consecuencias a largo plazo de la contaminación.

Tras el derrame en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca/12 accedió a un informe que detalla que se derramaron 1032 litros de ácido clorhídrico. Hasta el momento no se conocían las características del material derramado, ni su cantidad.

Según el informe realizado por Livent, se derramaron 1032 de 1732 litros que transportaba el camión. Con la ayuda de «bandejas», y una bomba, se pudieron recuperar 700 litros del total que transportaba la cisterna. Y acá está uno de los grandes problemas, los informes son realizados por las empresas sin ninguna participación ni auditoria de los estados provinciales o nacionales

El ácido clorhídrico es uno de los líquidos más peligrosos que se utilizan para la disolución de metales. El accidente fue protagonizado por un camión proveedor de la empresa Minera del Altiplano SA-Livent.

Oficialmente se dijo que la investigación por las responsabilidades de la empresa en la contaminación ambiental «continúa». Y que constataron que la empresa realizó las «remediaciones solicitadas por el Estado, siguiendo los protocolos que establece el organismo minero». Afirman que se «determinó y constató que el PH del lugar está en los parámetros normales, y que la remediación general cumple con las condiciones que se exigen”.

El accidente se registró el sábado 4 de febrero de 2023 a las 19.45, cuando un camión cisterna de la empresa FMF que trasportaba ácido clorhídrico al 30% con destino a la Minera, volcó. Se produjo a 2 km del control policial en el límite del Salar del Hombre Muerto con la provincia de Salta. Las causas del siniestro habrían sido que las condiciones de circulación «estaban más complicadas de lo habitual», debido a que la calzada se encontraba con barro, y la banquina estaba blanda por efecto de las lluvias de ese día, más una maniobra inadecuada del chofer.

El informe no establece consecuencias a largo plazo de la contaminación en el lugar, o si las tareas de remediación fueron suficientes y adecuadas. Oficialmente tampoco se informó al respecto.

Según la empresa minera, el derrame se produjo en el mismo Salar, en la zona conocida como rugoso, por su morfología exterior de mezcla de sal y arcillas. «Es un lugar de muy baja actividad biológica y de pH mayores a 8, por lo que tienen también una capacidad buffer natural (la resistencia que tiene el suelo a cambiar el pH cuando se le adicionan sustancias ácidas o básicas)”, asegura la empresa.

Además, afirman que no es un lugar con vegetación ni cursos de agua asociados a la misma, y que en el momento de los trabajos que demoraron más de 3 días, “no se avistaron ejemplares de fauna”. Sin embargo, el análisis determinó que el primer derrame fue más profundo, tomó contacto con el nivel freático salino y que por las intensas lluvias penetró aún más.

Las tareas de remediación del suelo contaminado que estaba obligada la empresa a realizar, consistieron en cavar y quitar el suelo impactado con ácido y se lo dispuso en contenedores de 1m3 para su almacenamiento temporal y posterior disposición final, que fueron colocados en envases plásticos a la orilla del camino. Hubo zonas que fueron neutralizadas con cal.

Fuente, Catamarca12.

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    ¿Qué rol juega la mamá de Adorni en su declaración de bienes? La deuda que abre interrogantes sobre su patrimonio

     

    En medio del escándalo por sus viajes y su nivel de vida, la declaración jurada de Manuel Adorni dejó un dato clave que pasó casi desapercibido: una parte sustancial de sus deudas está contraída con su propia madre. El dato no es menor y abre preguntas sobre el origen, la trazabilidad y la consistencia del patrimonio declarado.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Tras la ausencia de explicaciones en la fallida conferencia de prensa brindada por el Jefe de Gabinete, preciso es volver a releer la última Declaración jurada presentada por Manuel Adorni correspondiente a fines de 2024, la que nos muestra que declaró apenas un patrimonio de $107,9 millones, lo que si bien representa un crecimiento del 76% respecto de 2023, no es nada en relación a su raid inmobiliario.

    Pero ese no solo habían aumentado sus activos. También crecieron —y mucho— sus pasivos: declaró deudas por $95,4 millones, es decir, un incremento del 178% en un año. Este punto es central: el crecimiento patrimonial está acompañado por un endeudamiento acelerado, algo que en sí mismo no es irregular, pero sí exige, dado su rol de funcionario, explicaciones claras sobre su origen.


    La madre como acreedora: un dato clave

    Dentro de ese esquema de deudas aparece un nombre que dispara las alertas: su madre, Silvia Pais, figura como una de las acreedoras. Según la información publicada,  Adorni declaró que incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en concepto de crédito. Los cotizó en 34.231.625 pesos.

    El 3 de enero, Javier Milei nombró a Adorni en el cargo de Subsecretario de Vocería Presidencial de la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia de la Nación “a partir del 14 de diciembre de 2023”. De acuerdo a la DDJJ anual, esa suma de dólares fue prestada por Silvia Pais, su mamá, y una añeja jubilada llamada Norma Zuccolo. Pais le prestó 16.109.000 pesos y Zuccolo, de 95 años, 18.122.625 pesos. Sumados, los préstamos equivalen al valor en pesos que el funcionario otorgó a los 42.500 dólares.

    Esto significa que parte de su financiamiento personal proviene del ámbito familiar directo, un «acomodo» bastante turbio y burdo para alinear algunos números.

    Quién es Silvia Pais

    Pese a su aversión por el Estado, Adorni literalmente bebió de su teta. No solo le sirvió para comrar su primer departamentito con su esposa Bettina Angeletti, tal cual dimos la primicia desde NLI en 2021, sino que su progenitora trabajó años en el mismo. Según Realpolik estuvo hasta 2021 prestando servicios en la Cámara de Diputados bonaerense. También se desempeñó en el municipio de La Plata, cuando Julio Garro en 2018 la contrató en la Secretaría de Salud para llevar a cabo las tareas de planificación, evaluación y revaluación del programa SUMAR.


    Por qué importa: el problema de las deudas familiares

    En términos formales, no hay ninguna ilegalidad en contraer deudas con familiares. Sin embargo, en el caso de funcionarios públicos, este tipo de vínculos financieros suele ser objeto de escrutinio por varias razones:

    • Dificulta la verificación independiente: a diferencia de un banco, no hay registros públicos claros sobre condiciones, tasas o plazos.
    • Puede funcionar como mecanismo de justificación patrimonial: ingresos o gastos pueden explicarse a través de “préstamos familiares”.
    • Reduce la transparencia real del patrimonio: aunque esté declarado, su trazabilidad es más difusa.

    En este caso, además, el dato cobra relevancia porque el volumen de deuda es muy elevado en relación con los ingresos declarados del funcionario.


    El contexto: gastos que no cierran con los números

    La aparición de estas deudas no se da en el vacío. Ocurre en medio de cuestionamientos por:

    • Viajes al exterior, incluido el uso del avión presidencial con su esposa.
    • Un vuelo privado a Punta del Este cuyo financiamiento no quedó del todo claro.
    • Sospechas sobre propiedades no del todo explicitadas en la declaración pública.

    En ese marco, el hecho de que parte del financiamiento provenga de su madre suma una capa adicional de dudas sobre cómo se sostienen esos niveles de gasto.


    Lo que dijo Adorni (y lo que no explicó)

    El propio Adorni defendió su situación afirmando que su patrimonio fue construido en el sector privado y que “todo está declarado”.

    Sin embargo, evitó dar detalles finos alegando la existencia de causas judiciales en curso, lo que dejó sin responder preguntas clave:

    • ¿Cuándo se contrajeron esas deudas familiares?
    • ¿En qué condiciones?
    • ¿Para financiar qué operaciones concretas?

    Una pieza más en un rompecabezas mayor

    El dato de la madre como acreedora no es un detalle menor ni anecdótico: es una pieza estructural dentro del esquema patrimonial declarado.

    En un contexto donde el propio funcionario enfrenta cuestionamientos por inconsistencias entre ingresos, bienes y gastos, las deudas familiares aparecen como un punto crítico que requiere mayor transparencia.

    Porque en política —y más aún en la función pública— no alcanza con declarar: también hay que poder explicar.

     

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  • En Tribunales cuestionan a los jueces de Cuadernos por aceptar que Centeno no declare

     

    En Tribunales hay malestar con los jueces de Cuadernos porque aceptaron que el artífice de la causa, el chofer Oscar Centeno, no se presentara a declarar como estaba estipulado.

    Tanto los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que integran el Tribunal Oral Federal n° 7 como la fiscal Fabiana León, reivindicada en los medios como «incorruptible», asumieron con naturalidad que el arrepentido colaborador no declare.

    El remisero está bajo un programa de protección de testigos y se acercó a Comodoro Py el jueves custodiado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero no quiso responder preguntas, lo que encendió una luz de alarma en Tribunales, puesto que su testimonio no es uno más.

    No sólo lo esperan los dirigentes políticos imputados, como Cristina Kirchner, sino los empresarios que están acusados y necesitan que Centeno aclare lo que en teoría escribió en los cuadernos que se quemaron.

    Hay casos como el del empresario Armando Loson, que denunció que parte de las menciones que se hacían sobre él en los cuadernos del chofer habían sido adulteradas.

    Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, los jueces del TOF 7.

    El difunto juez Claudio Bonadío justamente les decía a los empresarios acusados que tendrían la posibilidad de aclarar las inconsistencias que había en los escritos en la etapa del juicio. Por eso el silencio de Centeno arroja un manto de sospecha. La pregunta que recorre Tribunales es si Centeno puede hablar y explicar lo que escribió o si siempre siguió un guion.

    El caso de Claudio Uberti tampoco aporta transparencia en el proceso: el ex funcionario kirchnerista leyó su declaración y no aceptó preguntas.

    Fuentes judiciales aseguraron a LPO que la negativa de Centeno es un disparate que pone en tela de juicio todo el proceso.

    El martes, Cristina Kirchner impugnó las actuaciones judiciales de la etapa de instrucción de la causa y apuntó contra Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de extorsionar empresarios junto al falso abogado Marcelo D’Alessio para que declarasen contra ella.

     

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  • Tensión en la AFA: Casación aceptó debatir si la causa de la mansión de Toviggino vuelve al juez Aguinsky

     

    Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky abrieron el recurso de queja presentado por el fiscal de San Martín, Carlos Cearra, quien reclamó que la causa por la mansión de Pilar de Pablo Toviggino tramite en el juzgado penal económico de la Capital Federal de Mariano Aguinsky, en vez de desarrollarse en el juzgado de Campana.

    Aunque la resolución de los camaristas de la Casación no es sobre el fondo de la cuestión, habilitó especulaciones sobre la posibilidad que el tesorero de la AFA tenga que rendir cuentas en un juzgado menos permeable a su defensa, algo que constituye un desafío para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un amigo de la entidad que preside Tapia, que estuvo en varios festejos en la mansión de Pilar. 

    Pero que Casación haya abierto el recurso de queja no necesariamente significa que falle en el sentido que quiere el fiscal. Un importante operador judicial le dijo a LPO que, tras la audiencia fijada para el próximo 30 de marzo, el fallo de Casación podría terminar favoreciendo a Toviggino. «No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño», argumentó.

    El «arrepentido» de la AFA que puede complicar a Toviggino declaró en Estados Unidos

    Hoy la causa tramita en el juzgado de Campana del juez Adrián González Charvay, cercano al intendente de Pilar, el peronista Federico Achaval, a su vez, muy cercano a la AFA. Mientras que en Capital Federal, está Marcelo Aguinsky, un juez cercano a Patricia Bullrich, uno de los arietes del gobierno contra Tapia y Toviggino.

    Las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son escasas.

    De todas formas, la relevancia política del caso podría producir efectos impensados en la decisión de los magistrados. Un juez federal deslizó ante LPO que «las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son muy escasas». Es decir, contra la opinión del operador judicial consultado, casación podría fallar efectivamente que el caso regreso al juzgado de Aguinsky. «Si esto ocurre sería una bofetada al clan Mahiques», agregó.

    Los capos de la AFA, Pablo Toviggino y Chiqui Tapia.

    Los argumentos de los jueces para abrir la queja fueron coincidentes, hasta en la prudencia de no dejar que se vislumbre su posición sobre la cuestión de fondo. «Sin que esto implique en modo alguno adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Ministerio Público, declarar erróneamente denegado el recurso de casación deducido por esa parte y, en consecuencia, concederlo, sin costas», resolvió Carbajo.

    Tapia consiguió correr al juez de Patricia Bullrich de la causa AFA: hablan de una gestión Angelici-Peronismo

    Ledesma, por su parte, consideró que «corresponde hacer lugar a la queja» y acompañó la decisión de su colega.

    Borinsky fue más barroco pero suscribió a la postura de sus colegas de la sala. «Convocado a emitir opinión en tercer lugar, he tomado conocimiento, como consecuencia de la deliberación, de la coincidencia de opiniones sobre la admisibilidad formal de la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, la que se refleja en el voto concordante de mis distinguidos colegas preopinantes», sostuvo.

    No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño.

    El expediente tiene como imputados a los presuntos testaferros Luciano Pantano y su madre, que aparecen como propietarios de la mansión. El envío de la causa a Campana se produjo por una definición del juez Alberto Lugones, a cargo de la Cámara Federal de San Martín, basándose en la ubicación del inmueble investigado.

    Sin embargo, esa decisión desató la resistencia del juez Aguinsky y el fiscal Cearras. Los camaristas Carbajo, Ledesma y Borinsky deberán definir este conflicto de competencia el próximo 30 de marzo, en la audiencia prevista para las 11:30.

    La investigación busca determinar si la firma Real Central SRL, perteneciente a Pantano, es una pantalla de los dirigentes de la AFA, debido a que la empresa no podría justificar los fondos para pagar esa mansión valuada en más de 17 millones de dólares.

     

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