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A DOS MESES DEL ACCIDENTE AMBIENTAL EN CATAMARCA SE DESCONOCE SI HUBO SANCIONES PARA LA EMPRESA

La minera Livent S.A volcó ácido clorhídrico en Catamarca y todavía se desconoce si hubo sanciones para la empresa, o las consecuencias a largo plazo de la contaminación.

Tras el derrame en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca/12 accedió a un informe que detalla que se derramaron 1032 litros de ácido clorhídrico. Hasta el momento no se conocían las características del material derramado, ni su cantidad.

Según el informe realizado por Livent, se derramaron 1032 de 1732 litros que transportaba el camión. Con la ayuda de «bandejas», y una bomba, se pudieron recuperar 700 litros del total que transportaba la cisterna. Y acá está uno de los grandes problemas, los informes son realizados por las empresas sin ninguna participación ni auditoria de los estados provinciales o nacionales

El ácido clorhídrico es uno de los líquidos más peligrosos que se utilizan para la disolución de metales. El accidente fue protagonizado por un camión proveedor de la empresa Minera del Altiplano SA-Livent.

Oficialmente se dijo que la investigación por las responsabilidades de la empresa en la contaminación ambiental «continúa». Y que constataron que la empresa realizó las «remediaciones solicitadas por el Estado, siguiendo los protocolos que establece el organismo minero». Afirman que se «determinó y constató que el PH del lugar está en los parámetros normales, y que la remediación general cumple con las condiciones que se exigen”.

El accidente se registró el sábado 4 de febrero de 2023 a las 19.45, cuando un camión cisterna de la empresa FMF que trasportaba ácido clorhídrico al 30% con destino a la Minera, volcó. Se produjo a 2 km del control policial en el límite del Salar del Hombre Muerto con la provincia de Salta. Las causas del siniestro habrían sido que las condiciones de circulación «estaban más complicadas de lo habitual», debido a que la calzada se encontraba con barro, y la banquina estaba blanda por efecto de las lluvias de ese día, más una maniobra inadecuada del chofer.

El informe no establece consecuencias a largo plazo de la contaminación en el lugar, o si las tareas de remediación fueron suficientes y adecuadas. Oficialmente tampoco se informó al respecto.

Según la empresa minera, el derrame se produjo en el mismo Salar, en la zona conocida como rugoso, por su morfología exterior de mezcla de sal y arcillas. «Es un lugar de muy baja actividad biológica y de pH mayores a 8, por lo que tienen también una capacidad buffer natural (la resistencia que tiene el suelo a cambiar el pH cuando se le adicionan sustancias ácidas o básicas)”, asegura la empresa.

Además, afirman que no es un lugar con vegetación ni cursos de agua asociados a la misma, y que en el momento de los trabajos que demoraron más de 3 días, “no se avistaron ejemplares de fauna”. Sin embargo, el análisis determinó que el primer derrame fue más profundo, tomó contacto con el nivel freático salino y que por las intensas lluvias penetró aún más.

Las tareas de remediación del suelo contaminado que estaba obligada la empresa a realizar, consistieron en cavar y quitar el suelo impactado con ácido y se lo dispuso en contenedores de 1m3 para su almacenamiento temporal y posterior disposición final, que fueron colocados en envases plásticos a la orilla del camino. Hubo zonas que fueron neutralizadas con cal.

Fuente, Catamarca12.

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  • La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni

     

    La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

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