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EN LA BOLSA DE VALORES SUBIÓ EL PRECIO DEL GATO

Si, y si tiene botas, más mejor.

La Ministra gorra de Inseguridad sacó de lo profundo de su sensibilidad una RESOLUCIÓN, que vale más que el Código Penal, que la minúscula constitución nacional, y que los pactos internacionales de derechos humanitos.

Ahora podemos vivir mejor, porque las súper fuerzas de seguridad federales capacitadas y altamente responsables, podrán cuidarnos mucho mejor, liberándonos del oscuro flagelo de la delincuencia.

Cuando digo oscuro, es en todos los sentidos, porque una estadística que surge de los grandes cerebros de Macri/Michetti dice que el 99,9999999 etc. de los delincuentes son oscuros, melenudos, sucios o hippies. El 0.0000001 restante son claritos, pero porque son teñidos.

El pequeño problemita, es que quien esto escribe, es morochón u oscuro (para hablar en la jerga del argentino medio), y con una carita que puede ameritar comerse una pequeña balita federal, pero la puede recibir contento, porque todo es en aras de la más mejor seguridad.

Saben para qué queremos más seguridad??, Para lo que importa hoy, incluso más que mi vida. Para defender que lo que es mío es mío: y lo tuyo es tuyo. Mi derecho de propiedad vale más que vos, lectora/or, salvo que seas de mí dominio.

La constitución liberal argentina basada en el modelo norteamericano estableció dentro de los derechos fundamentales que la propiedad es inviolable, y nadie puede ser privado de ella sin que medio sentencia previa fundada en ley; también se puso algo así, como el estado de inocencia, que más o menos significa que nadie puede ser condenado (declarado culpable) sin sentencia firme fundada en un juicio previo.

Además, el Código Penal estableció reglas claras para admitir la legítima defensa para los particulares o para los policías: tiene que haber agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. (Art.34 del Código Penal).

En el año 1.990 el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, estableció principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fijando de manera precisa la proporcionalidad, racionalidad, el uso del arma como última ratio, y la necesidad de preservar la vida.

Con la resolución de la Ministra con botas, damos un paso para defendernos, y tenemos que entender en esta hermosa Argentina, que la Constitución, la ONU y otras leyes, son detalles menores. Un super noble capacitado policía federal, prefecto o gendarme será ahora tan capo que podrá dictar una condena sin juicio previo, y debido a que nuestras fuerzas están tan preparadas, no se van a equivocar y seguro que el herido o muerto era delincuente o iba camino a serlo; y además morocho o latino o indio.

Para finalizar, es menester señalar con absoluta honestidad, que esto puede ser una ola que se viene, o una estrategia electoral o una ilustre idea de Macri/Peña/Durán Barba (y toda esa mersa), o una elucubración del piñón “it” diputado Olmedo; pero es muy esperanzador y humano que una gran parte de esta hermosa sociedad quiera seguridad y orden, bajo estos términos.

Así pienso en mi hijo y el futuro, y me siento feliz y ahora puedo dormir tranquilo.

Vamos todas y todos contra la inseguridad, porque cambiamos y si se puede.

Portada: Germán Busin

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    A través del ENACOM, Milei le perdona deudas millonarias a las empresas de telecomunicaciones

     

    El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.


    Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores

    Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.

    La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.

    El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.


    El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste

    Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.

    Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.

    No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.


    Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria

    La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.

    No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.

    La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.


    Un mensaje claro: incumplir paga

    Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.

    Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.

     

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