Cómo reconstruir las vidas lesbianas
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Cómo reconstruir las vidas lesbianas

El grito colectivo no fue tanto una expresión de alegría sino el desahogo de una espera interminable. El fallo llegó después de dos años y veinte audiencias de una crudeza intolerable, que revivían el horror producido por Justo Fernando Barrientos, el acusado. Adentro y afuera de Tribunales se respiraba una energía al mismo tiempo efervescente, combativa, triste. Allí estaban lxs lesbianxs, poniendo el cuerpo por quienes ya no podían estar: Pamela, Roxana y Andrea. 

Barrientos fue declarado culpable del “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común en perjuicio de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y de homicidio agravado por las mismas circunstancias pero en grado de tentativa respeto de Sofía Castro Riglos”. 

Fue perpetua y crimen de odio. 

Ninguna sentencia podrá devolverles la vida a Pamela, Roxana y Andrea. Tampoco, restituir las rutinas que Sofía tenía antes del incendio. No hay reparación capaz de deshacer la muerte ni el rastro del odio en los cuerpos. Aunque el tribunal no le dio lugar a los pedidos de reparación para la sobreviviente, el colectivo LGBT+ seguirá reclamando.

“El pedido de reparaciones es un camino iniciado por las Abuelas, las Madres, les hijes y les nietes en los procesos por crímenes de lesa humanidad y genocidio -explicó Luciana Sánchez, abogada querellante de Sofía Castro Riglos-. Desde el juicio de Diana Sacayán nos inscribimos en esa lucha. Por eso insistimos con reparaciones específicas para Sofía. Sin embargo, el Tribunal decidió apegarse a una interpretación antigua del Código Procesal Penal y del Código Penal, y no concederlas”. La disputa no está cerrada. Sánchez adelantó que, una vez conocidos los fundamentos de la sentencia, previstos para el 19 de febrero, evaluarán recurrir ante la Cámara de Casación.

Cómo reconstruir las vidas lesbianas

Por primera vez desde la reforma del Código Penal de 2012, una sentencia reconoce el agravante de odio a la orientación sexual en el asesinato de víctimas lesbianas. Incluso antes del fallo, este juicio ya había abierto una dimensión hasta ahora ausente de los tribunales argentinos: la pregunta sobre qué significa Justicia frente a un lesbicidio y cuáles son las obligaciones de un Estado que no consiguió proteger las vidas de las víctimas, que obstaculizó de distintas maneras la investigación y que contribuye en múltiples dimensiones a perpetuar la violencia específicamente dirigida contra la comunidad LGBTIQ+.

El alegato de Luciana Sánchez, representante de Sofía y de Andrea, hizo de esta pregunta un programa político. No se limitó a solicitar la pena máxima para Barrientos sino que puso en el centro las medidas de reparación económica, políticas de acceso a la vivienda, transformaciones en las instituciones judiciales. También propuso convertir el escenario del crimen de odio en un espacio de memoria y exigió la rectificación pública del Poder Ejecutivo Nacional. En otras palabras: le devolvió al Estado una responsabilidad que no se resuelve solamente bajo la perspectiva punitivista de cuántos son los años que un condenado permanece en prisión. 

Lo que se disputa es, sobre todo, en qué condiciones pudieron vivir. Y ante todo, qué  le queda a la comunidad como bandera al repetir sus nombres: Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante, Sofía Castro Riglos.

UNA HABITACIÓN PARA CUATRO

La madrugada del 6 de mayo de 2024, cuatro mujeres compartían la habitación 14 de una pensión ubicada en Olavarría 1621, en el barrio porteño de Barracas. Pamela y Roxana eran pareja desde hacía al menos seis años. Andrea y Sofía también estaban juntas. Las cuatro habían formado una familia en condiciones de enorme precariedad económica y habitacional. En una habitación pequeña habían conseguido a un costo vital muy alto, permanecer juntas.

Sofía y Andrea habían atravesado situaciones de calle. En los paradores de la Ciudad de Buenos Aires no podían alojarse como pareja. Defendieron su deseo de estar juntas, incluso cuando hacerlo suponía permanecer en un lugar peligroso, por ser lesbianas. 

La dimensión política de una convivencia que, vista desde afuera, podía reducirse al hacinamiento demuestra al interior la profunda solidaridad y una decisión compartida de resistir la expulsión. Durante el juicio, Carolina Cymerman, abogada de los allegados de Pamela y Roxana, recuperó los insultos con los que distintos testigos se habían referido a ellas. Tortilleras, marimachos, raras, raronas, chorras, celosas, violentas, sucias y en el podio el adjetivo central: “Asquerosas”. 

Las declaraciones permitieron reconstruir un repertorio de prejuicios, o mejor dicho violencias, tan amplio como familiar que organizaba la vida cotidiana de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía en la pensión. Para preservarse, las cuatro limitaban la circulación por espacios comunes. Se cuidaban hasta al ir al baño, a la terraza o a buscar agua a la cocina. Su presencia era vigilada, y sus muestras de afecto despertaban más que rechazo, eso, “asco”. 

Barrientos les decía “tortilleras asquerosas”. Su ataque no ocurrió en un vacío. Tuvo lugar en un espacio en el que el odio hacia aquellas lesbianas había adquirido, mucho antes de esa madrugada, formas cotidianas de legitimidad y una forma particular de camaraderia machista para el disciplinamiento hetero-cisnormado. 

EL ODIO NO NECESITA CONOCER NUESTROS NOMBRES

“Barrientos las mató porque las odiaba, y las odiaba por lesbianas y por mostrarse como lo que eran. (…) También quiso decirles a todas las demás que eso se paga con la vida.” El abogado Pablo Rovatti, a cargo de la defensa del hijo de Roxana, fue concluyente y se refirió particularmente al insulto “asquerosas” como disparador de una deriva particular. Porque el asco no opera solo como descalificación. Establece una frontera entre lo que se considera aceptable y lo que se imagina contaminante, impuro o merecedor de expulsión. Llevada al extremo, esa operación puede habilitar la extinción física.

Mientras “las chicas de Barracas”, como les dicen sus compañeras, descansaban, el acusado tiró en su pieza un explosivo casero. Cuando empezó el incendio, se quedó del otro lado de la puerta para impedir que escaparan. El fuego condensa brutalmente esa lógica. No se trató solo de un medio para matar, según sostuvieron las acusaciones, sino también de una forma de producir sufrimiento y destrucción sobre los cuerpos. La fiscalía y las querellas señalaron la elección del momento, el lugar, el combustible y la conducta posterior del acusado como elementos fundamentales para acreditar la alevosía, el ensañamiento y la motivación discriminatoria.

En ese sentido, quedó planteada una discusión que la sentencia no terminó de saldar: el nombre jurídico importa. Frente a las distintas dimensiones de la violencia que atravesaron el crimen, la querella exigió que la Justicia lo reconociera tanto como femicidio como lesbicidio. “Las obligaciones de debida diligencia reforzada que hay tanto sobre los derechos de las mujeres como hacia los derechos de las personas LGBTI+ nos obligan, como operadores de justicia, a visibilizar y a utilizar específicamente estos dos marcos de protección”, sostuvo Sanchez. Aunque el tribunal reconoció el agravante de odio a la orientación sexual, no adoptó ese doble encuadre. La discusión permitió ampliar la interpretación jurídica del ataque y poner en primer plano una dimensión lectura que excede a sus víctimas directas. “Ojalá el agravante de femicidio no haya salido porque el tribunal consideró que ellas se resistían, en términos wittigianos, a ser mujeres, a ser reducidas a la servidumbre sexual y doméstica que quería imponerles no solo Barrientos, sino también sus cómplices, que hoy no estuvieron sentados en el banquillo de los acusados”, dice Adriana Carrasco, periodista y militante lesbofeminista histórica, cofundadora de Cuadernos de Existencia Lesbiana y una de las voces que siguió de cerca el caso desde sus comienzos.

 En esa misma dirección, la participación de la Federación Argentina LGBT como querellante colectiva marcó un punto de inflexión: el crimen no solo había sido dirigido contra cuatro lesbianas, sino que también buscaba disciplinar a toda una comunidad. Lo que se había intentado presentar como un conflicto entre vecinos se convirtió en una discusión sobre los mecanismos estructurales de la violencia hacia las lesbianas. “Es histórico estar acá”, dijo Samanta Pedrozo, abogada querellante por la FALGBT.

CUANDO LAS VÍCTIMAS SON LAS CULPABLES

Barrientos basó su defensa en la victimización. En sus dichos dejó entrever que ellas se vivían peleando, y que iniciaron el fuego en una de esas discusiones. La hipótesis de una pelea entre las víctimas tiene un peso particular cuando se la observa a la luz de los estereotipos que atravesaron el juicio. Luciana Sánchez dedicó parte de su alegato a demostrar cómo la representación de las lesbianas como mujeres celosas, sucias, violentas o tóxicas funciona como un prejuicio extendido que deslegitima sus relaciones y les atribuye responsabilidad por las violencias que padecen.

Por eso el reconocimiento judicial de su vínculo afectivo tuvo importancia. Sofía consiguió ser admitida como querellante no solo por el intento de asesinato que sufrió, sino también en representación de Andrea, su pareja fallecida. Esto no fue automático: requirió una disputa específica para que su relación recibiera el mismo tratamiento jurídico que otras parejas. La igualdad formal de derechos no impidió que tuviera que reclamar ante la Justicia ser reconocida como parte de su familia.

UN ESTADO QUE MIRA PARA OTRO LADO

El proceso judicial fue particular. Dejó expuestas las dificultades institucionales para investigar el mismo caso. Y en este sentido, Sánchez planteó un recorrido que comenzó por el contexto de crisis económica y la situación de calle de Sofía y Andrea, subrayó las declaraciones de Milei en Davos hasta llegar al recorte en insumos para la investigación judicial y al ajuste que padece el hospital Bonaparte, donde se atiende Sofía Castro Riglos. Esta serie de irregularidades permiten comprender de qué manera la precarización de las instituciones anula una a una las posibilidades de obtener justicia.

Uno de los baldes presuntamente utilizados para iniciar el fuego fue guardado por un bombero en una bolsa de consorcio común, sin cierre hermético; por eso se evaporaron los rastros del material inflamable que generó el incendio. Las muestras de sangre del acusado se analizaron un año después porque no había reactivos disponibles. Sus prendas nunca fueron secuestradas ni se buscaron restos de combustible en su cuerpo. 

Tampoco se incorporaron los teléfonos celulares de las víctimas, que podrían haber aportado información sobre sus vidas y las amenazas que recibían. Es decir, a esas deficiencias materiales se sumaron decisiones judiciales. El juez de instrucción que fue recusado, Edmundo Rabbione, rechazó un pedido policial de allanamiento de la habitación de Barrientos, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres nunca fue convocada. La paradoja es brutal: las instituciones responsables de investigar el crimen produjeron omisiones que luego pudieron utilizarse para poner en duda la responsabilidad del acusado.

Pero la dimensión estatal del caso no comienza con la investigación. Antes del incendio, Andrea y Sofía ya habían sufrido discriminación en los dispositivos habitacionales porteños. El juicio reconstruyó también el cierre del programa Acompañar, del que habían recibido asistencia, y las dificultades posteriores para garantizar la atención sanitaria de Sofía, en particular frente al ajuste presupuestario que atravesaron el Hospital Bonaparte y el Centro Ulloa. Una de las vulnerabilidades que más afectaba a Sofía y Andrea era la dependencia del sistema de vivienda de CABA. 

A esta trama material se superpone otra dimensión: la de los discursos públicos. Cuando ocurrió el ataque, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó la utilización de la palabra lesbicidio porque no figuraba en el diccionario de la Real Academia Española. Sánchez recuperó esas declaraciones para mostrar cómo desde las más altas esferas del poder se niega la existencia de una violencia específica. No se trata de establecer una relación causal directa entre un discurso y un asesinato, sino de comprender cómo esa negación legitima socialmente el prejuicio y degrada la posibilidad de protección a las víctimas.

La respuesta institucional tampoco fue lineal. La aceptación de la querella colectiva de la Federación Argentina LGBT, el reconocimiento del vínculo de Sofía y Andrea y la incorporación de los agravantes por violencia de género y odio a la orientación sexual en la acusación fueron conquistas de un proceso de disputa que se impuso a resistencias, omisiones y prejuicios.

Juzgar el crimen de odio contra Pamela, Roxana y Andrea como femicidio y lesbicidio habría reconocido dos dimensiones de violencias que no se excluyen: la subordinación patriarcal y el castigo hacia quienes desafían el orden heterosexual.

El nombre jurídico importa porque determina qué violencias se reconocen, qué responsabilidades se investigan y cuáles son las obligaciones del Estado. Pero la discusión no puede agotarse en el juzgamiento del crimen una vez consumado.

LA REPARACIÓN COMO PROGRAMA POLÍTICO

“Me siento inocente “ dijo Justo Fernando Barrientos ante el tribunal. No dijo solo que era inocente. Dijo que se sentía así. Su declaración se mide en la distancia entre la responsabilidad judicial y la inquietante percepción que el acusado tiene de sus propios actos. 

Durante la última audiencia, dos de las tres querellas pidieron que el acusado no sea expuesto a ningún trato cruel o inhumano y que se respeten sus garantías constitucionales, incluso si recibía la pena máxima atendiendo a la edad y condiciones vitales del homicida él mismo no escatimó crueldades para con las lesbianas . “No somos eso” respondió Van Calderón, integrante de la querella por la FALGBT. 

Para Sofía, la sobreviviente, la reparación que los jueces rechazaron incluía pedido de  atención psicológica y psiquiátrica gratuita y prioritaria, indemnizaciones por los daños sufridos, el reconocimiento de la pérdida de su proyecto de vida y una reparación por las pertenencias que el sistema judicial entregó a una persona ajena, que terminó descartándolas. También, una prestación económica por viudez.

Pero el petitorio no terminó allí. La querella reclamó que la Legislatura porteña evalúe expropiar el inmueble de Olavarría 1621 para convertirlo en un espacio de memoria con los nombres de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía. Que el Estado nacional difunda públicamente la sentencia y que el vocero presidencial comunique su resolución del mismo modo en que se había utilizado esa tribuna para descalificar a las víctimas.

Como garantías de no repetición propuso un programa de autonomía económica, social y cultural para las lesbianas, la eliminación de las disposiciones discriminatorias de los paradores porteños, un sistema oficial de registro de violencias contra personas LGBTI+, una unidad fiscal especializada, protocolos forenses y capacitaciones obligatorias con enfoque diferenciado.

En conjunto, estas demandas, que seguirán siendo reclamadas, configuran algo más que un pedido de reparaciones. Disputan las condiciones materiales de existencia de las lesbianas y de la comunidad toda. Una política de vivienda que no obligue a las parejas a separarse, un sistema de salud que garantice tratamientos, instituciones capaces de investigar sin reproducir prejuicios y un Estado que reconozca las violencias sin esperar a que se conviertan en crímenes de odio.

El reclamo devuelve una pregunta incómoda: ¿qué habría tenido que existir para que Andrea y Sofía no tuvieran que elegir entre vivir juntas o tener un techo? ¿Qué instituciones deberían haber intervenido frente a las amenazas? ¿Qué posibilidades de reconstruir su vida tiene hoy Sofía?

Asumir que lo ocurrido produce obligaciones hacia quienes sobrevivieron y hacia una comunidad que reconoce en ese crimen una amenaza dirigida también contra sus propias vidas, es la reparación. Y ante todo que no vuelva a repetirse. Nunca más.

EL DÍA DESPUÉS, LAS VIDAS LESBIANAS

Durante más de dos años, las organizaciones lésbicas, las familias, las querellas y el activismo sostuvieron un reclamo de justicia que fue también una disputa por la memoria. Cada audiencia permitió recuperar fragmentos de las vidas de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, conocer las violencias que atravesaron, pero también las decisiones con las que construyeron sus relaciones, sus familias y sus formas de cuidado.

El horror suele ocupar tanto espacio que termina desplazando todo lo que existía antes. Pamela, Roxana y Andrea eran mujeres adultas, con historias de trabajo, relaciones, familias, deseos y proyectos. Podrían estar hoy compartiendo una comida, trabajando, enamorándose, acompañando a sus hijos o simplemente envejeciendo. Ese futuro también fue destruido.

Sofía tuvo el 75% de su cuerpo quemado, y sobrevivió. Pero su existencia no puede quedar pausada en la condición de sobreviviente. La imposibilidad de declarar durante el juicio, acreditada por el Cuerpo Médico Forense, muestra las consecuencias que persisten. Recuperar su autonomía significa mucho más que garantizar su supervivencia, supone la posibilidad material de construir otro proyecto de vida.

Quizás una de las imágenes más conmovedoras que deje este juicio sea la del coraje de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía de no renunciar a la forma en que eligieron vivir y en una dimensión política profunda queda vibrando la urgencia de imaginar qué condiciones materiales, políticas y sociales necesitamos para que esa decisión no vuelva a costarle la vida a nadie. La condena castiga a un responsable, pero deja intactas muchas de las violencias que hicieron posible el crimen. ¿Cuántas perpetuas hacen falta para que una lesbiana pueda tener una casa, amar y envejecer sin miedo? ¿Qué justicia puede ofrecer un Estado que no supo protegerlas y que todavía se niega a reparar? El desafío es pensar detrás del aclamado castigo, como disputar las políticas, los derechos y las condiciones que hagan posibles vidas más vivibles para todxs.

“Para nosotras esta idea de ganar o perder es binaria, ficticia. Somos todos perdedores. Fue una masacre porque hay una persona pobre, vieja, condenada a prisión perpetua, y lo único que se genera es sufrimiento”, dijo Luciana Sánchez, ya fuera del tribunal. La calle repleta gritaba PRESENTES detrás de los nombres de cada una. “Nombrar lesbicidio al crimen es una reparación, pero veremos si efectivamente lo hacen. Seguiremos acompañando a Sofía, no solo con el sostenimiento cotidiano de su vida. Reparación también es antipunitivismo.”

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    Cuando trabajar era cosa de niños: la larga historia de una conquista que hoy llamamos derechos de la infancia

     

    Ciento cuarenta y tres esqueletos encontrados en los Países Bajos acaban de aportar una prueba estremecedora de algo que durante siglos fue considerado normal: que los chicos trabajaran como adultos. Las lesiones encontradas en las columnas vertebrales de niños y adolescentes que vivieron entre los siglos XVII y XIX permiten observar, literalmente sobre sus huesos, el costo de una infancia atravesada por el trabajo. Pero la historia también cuenta otra cosa: cómo, después de siglos de naturalizar esa explotación, la humanidad fue construyendo leyes, tratados y derechos para reconocer que un niño no es un trabajador pequeño, sino una persona en desarrollo que tiene derecho a estudiar, jugar, descansar, recibir cuidados y crecer protegido.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Hay veces en que la historia aparece escrita en documentos, en decretos, en libros o en archivos. Y hay veces en que aparece escrita sobre los propios cuerpos. Eso es lo que ocurre con una investigación publicada en el International Journal of Paleopathology, en la que especialistas analizaron los restos de 143 niños y jóvenes de aproximadamente 4 a 25 años que vivieron en tres comunidades de los Países Bajos entre 1650 y 1850. Las diferencias entre los esqueletos permitieron relacionar determinadas lesiones de la columna con las actividades físicas que realizaban durante una etapa de la vida en la que sus cuerpos todavía estaban creciendo. El resultado es una evidencia particularmente poderosa porque permite ver algo que los documentos históricos ya sugerían: para muchos chicos de aquella época, la infancia no era un tiempo protegido, sino una etapa en la que había que trabajar.

    Los investigadores estudiaron restos procedentes de Middenbeemster, una comunidad rural vinculada a la producción lechera; Arnhem, relacionada con actividades industriales; y Delft, donde los enterramientos analizados correspondían a sectores sociales más acomodados. La comparación fue importante porque permitió comprobar que el trabajo infantil no producía exactamente las mismas consecuencias en todos los casos. En Middenbeemster aparecieron con mayor frecuencia determinadas lesiones vertebrales, entre ellas los llamados nódulos de Schmorl, modificaciones de los bordes vertebrales y alteraciones en las articulaciones. Los especialistas vinculan ese patrón con las cargas y esfuerzos físicos de determinadas tareas agrícolas, aunque advierten que estas patologías pueden tener causas múltiples y que no es posible deducir automáticamente el oficio de una persona solamente a partir de una lesión ósea.

    Lo verdaderamente inquietante aparece cuando esos huesos se cruzan con los documentos de la época. En determinadas comunidades agrícolas neerlandesas, los niños podían comenzar a participar en las tareas alrededor de los seis años o incluso antes. Sembraban, quitaban malezas, rastrillaban, cuidaban animales y, alrededor de los nueve años, podían incorporarse al ordeño y a la elaboración de queso. Con el crecimiento llegaban tareas todavía más pesadas, como mover estiércol o transportar cargas. En las ciudades industriales, entretanto, había menores ocupados en el hilado, el tejido, el cardado y otras actividades manufactureras. La documentación histórica incluso registra casos de chicos de apenas cuatro años empleados en una fábrica de cuerdas de Moordrecht, con jornadas que podían alcanzar las quince horas.

    El dato conmueve porque hoy resulta casi imposible imaginar semejante situación como algo aceptable. Pero justamente ahí está una de las grandes lecciones de la historia: muchas de las cosas que actualmente consideramos derechos elementales alguna vez fueron privilegios inexistentes, discusiones políticas o conquistas que encontraron una enorme resistencia. Durante siglos, que un niño trabajara no era necesariamente interpretado como una violación de sus derechos. Podía ser considerado parte de las obligaciones familiares, una necesidad económica o simplemente el funcionamiento normal de una sociedad en la que la supervivencia dependía del trabajo de todos sus integrantes. La idea moderna de que la infancia merece una protección específica fue construyéndose lentamente y no apareció de un día para otro.

    Del niño trabajador al niño con derechos

    La industrialización hizo todavía más visible aquella contradicción. Las fábricas, las minas y los talleres necesitaban mano de obra barata y los niños constituían una fuerza laboral particularmente vulnerable. Eran más fáciles de disciplinar, cobraban menos y podían realizar determinadas tareas en espacios reducidos. La expansión industrial convirtió así el trabajo infantil en un problema de dimensiones enormes, especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Pero sería un error imaginar que antes de las fábricas los niños no trabajaban: lo hacían en los campos, en talleres familiares, en tareas domésticas y en múltiples actividades económicas. La industrialización no inventó el trabajo infantil; lo transformó y, en muchos lugares, lo llevó a una escala que hizo imposible seguir ignorando sus consecuencias.

    La propia historia de los Países Bajos estudiada por los investigadores muestra esa diversidad. No todos los niños trabajaban de la misma manera ni pertenecían a los mismos sectores sociales. Los esqueletos de Delft permiten establecer un contraste con las comunidades donde el trabajo físico era más intenso, mientras que Arnhem presenta un panorama intermedio relacionado con la actividad industrial. El estudio demuestra, por lo tanto, que no alcanza con decir simplemente que “los niños trabajaban”: hay que preguntarse qué hacían, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones, para quién y con qué consecuencias sobre cuerpos que todavía estaban creciendo.

    La transformación de esa realidad fue lenta. A comienzos del siglo XX, en los países industrializados todavía no existía un sistema internacional de protección de la infancia comparable al actual y era habitual que los niños trabajaran junto a los adultos en condiciones inseguras e insalubres. La preocupación creciente por esa situación comenzó a traducirse en normas internacionales. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, impulsada por Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children. El documento planteaba que los niños debían contar con medios para desarrollarse, recibir ayuda especial en momentos de necesidad, ser protegidos frente a la explotación y acceder a una educación. Era todavía una declaración y no la arquitectura jurídica que conocemos hoy, pero representó un cambio fundamental: por primera vez comenzaba a afirmarse con claridad que la infancia merecía una protección específica.

    Después de la Segunda Guerra Mundial, aquella idea adquirió una dimensión todavía mayor. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció que madres y niños tenían derecho a cuidados y asistencia especiales y a protección social. En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño, que incorporó derechos vinculados con la educación, la salud y el juego. La diferencia conceptual era enorme respecto de aquellas sociedades en las que un chico podía pasar doce o quince horas trabajando: ahora comenzaba a consolidarse la idea de que el desarrollo de una persona pequeña requería tiempo, cuidados y protección, y que el Estado y la sociedad tenían responsabilidades concretas frente a ella.

    También el mundo del trabajo comenzó a incorporar límites específicos. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, estableciendo un marco internacional para impedir que los niños ingresaran demasiado temprano al mercado laboral y vinculando la edad mínima con la finalización de la escolaridad obligatoria. En 1999, el Convenio 182 dio otro paso decisivo al establecer la obligación de eliminar las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la esclavitud, la trata, determinadas formas de explotación y los trabajos que puedan perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños.

    Pero el gran salto conceptual llegó en 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Allí la infancia dejó de aparecer únicamente como un objeto de protección para ser reconocida como un conjunto de personas titulares de derechos. La Convención establece que todo niño tiene derecho a la vida, al desarrollo, a un nombre y una nacionalidad, a la educación, a la salud, a la protección frente a la explotación y a ser escuchado, entre muchos otros derechos. Entró en vigor en 1990 y se convirtió en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia.

    Ese cambio no fue solamente jurídico. También modificó la forma de mirar a la infancia. El niño dejó de ser considerado simplemente como alguien que debía obedecer a los adultos y comenzó a ser reconocido como sujeto de derechos, con necesidades particulares derivadas de su edad y de su proceso de desarrollo. La idea del “interés superior del niño” pasó a ocupar un lugar central: cuando los adultos, las instituciones o los Estados toman decisiones, deben considerar prioritariamente cómo esas decisiones afectan a niños y adolescentes. No es una concesión sentimental. Es un principio jurídico y político.

    También fue una conquista argentina

    Argentina formó parte de ese proceso y fue incorporando progresivamente los estándares internacionales a su legislación. Un hito particularmente importante fue la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de ese año. La norma estableció un sistema integral de protección y tuvo como objetivo garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos por las leyes nacionales y por los tratados internacionales de derechos humanos.

    La diferencia con aquella infancia que aparece en los esqueletos neerlandeses es gigantesca. Un chico que en el siglo XVIII podía ser enviado a trabajar al campo desde los seis años, cargar pesos que afectaban una columna todavía en desarrollo o pasar largas jornadas en una fábrica, hoy está jurídicamente protegido por un conjunto de normas que reconocen su derecho a la educación, al descanso, al juego, a la salud, a la integridad física y a no ser explotado. Eso no significa que la realidad sea perfecta ni que el trabajo infantil haya desaparecido del planeta. La propia OIT advierte que persisten enormes dificultades de implementación, especialmente en sectores informales y rurales, allí donde la legislación puede existir pero los mecanismos de protección no alcanzan con la misma fuerza.

    Y esa última diferencia es fundamental. Los derechos conquistados no son derechos garantizados para siempre por el simple hecho de estar escritos en una ley. Necesitan instituciones, presupuesto, escuelas, sistemas de salud, protección social, inspecciones laborales y políticas públicas capaces de hacerlos efectivos. La historia de los derechos de la infancia no es únicamente una historia de declaraciones solemnes y tratados internacionales; también es la historia de sociedades que decidieron que determinados límites no podían volver a cruzarse y que un niño no podía quedar librado exclusivamente a las necesidades económicas de su familia o a las decisiones del empleador.

    Por eso aquellos 143 esqueletos encontrados en los Países Bajos cuentan mucho más que una historia arqueológica. Las lesiones de sus vértebras permiten reconstruir parte de un mundo en el que el cuerpo infantil podía convertirse en una herramienta de trabajo antes de terminar de desarrollarse. Las marcas quedaron allí durante siglos, como una especie de documento que nadie escribió deliberadamente. Y cuando hoy los investigadores las observan, no solamente reconstruyen cómo vivían aquellos chicos: también nos permiten comprender mejor por qué fueron necesarias las luchas sociales, las leyes laborales, la educación pública, los tratados internacionales y los sistemas de protección que transformaron progresivamente la idea misma de infancia.

    Hay una línea histórica que une aquellas pequeñas vértebras dañadas con la Convención de 1989 y con las leyes de protección que hoy reconocen derechos a millones de chicos. Es una línea larga, incompleta y todavía llena de problemas, pero también representa uno de los avances más importantes de la humanidad: haber entendido que la infancia no es una fuerza laboral disponible, ni una propiedad de los adultos, ni una etapa en la que todo está permitido porque “siempre se hizo así”.

    Un niño tiene derecho a ser niño.

    A estudiar sin que el trabajo le robe la escuela. A jugar sin que una jornada laboral le robe el descanso. A crecer sin cargar sobre sus hombros un peso que su cuerpo todavía no está preparado para soportar.

    Durante siglos, esas cosas no fueron obvias.

    Hubo que conquistarlas.

    Y quizás por eso las vértebras de aquellos niños neerlandeses siguen teniendo algo para decirnos. Porque donde hoy vemos derechos, alguna vez hubo cuerpos pequeños cargando pesos demasiado grandes.

     

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    Cuando el cartero traía noticias de verdad

     

    Antes del celular y WhatsApp, el cartero era una figura central de la vida cotidiana argentina. Cartas, postales y telegramas construyeron una cultura de la espera.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Hubo un tiempo en la Argentina en que el sonido de una bicicleta frenando frente a la puerta podía despertar una expectativa inmediata. El cartero llegaba con una bolsa cargada de sobres, postales, facturas, revistas y telegramas, y durante algunos minutos podía convertirse en la persona más esperada de toda la cuadra. No existían los mensajes instantáneos, el correo electrónico ni la posibilidad de saber inmediatamente qué estaba haciendo alguien que vivía a cientos de kilómetros. Una carta podía tardar varios días y, precisamente por eso, tenía un valor que hoy resulta difícil de explicar. Había personas que esperaban durante semanas una respuesta, familias que recibían noticias de hijos que habían emigrado a otra provincia o a otro país y parejas que sostenían su relación a través de sobres que viajaban de una ciudad a otra. En aquella Argentina, esperar también formaba parte de comunicarse.

    El ritual de mirar el buzón

    El correo tenía una presencia mucho más importante en la vida cotidiana que la que conserva actualmente. El buzón podía estar junto a la puerta, en una pared o en la entrada del edificio, y abrirlo formaba parte de las pequeñas rutinas domésticas. Había días en los que solamente aparecían facturas y publicidad, pero bastaba reconocer la letra del remitente para que todo cambiara. El sobre se abría con cuidado, a veces utilizando un cuchillo de cocina o simplemente rasgando uno de sus extremos, y antes de leer ya existía una pequeña emoción: alguien se había tomado el trabajo de escribir y enviar aquello.

    Las cartas familiares podían contener varias páginas. Se contaban enfermedades, nacimientos, problemas laborales, viajes, cumpleaños, discusiones y novedades del barrio. Una persona que vivía lejos podía conocer la vida de su familia a través de una descripción detallada que hoy probablemente ocuparía varios mensajes de WhatsApp. También se mandaban fotografías, estampitas, pequeños recuerdos y postales. Para quienes tenían familiares en Europa, Estados Unidos u otros países de América, el correo era durante décadas uno de los principales vínculos con los argentinos que habían partido en busca de trabajo o nuevas oportunidades.

    Los noviazgos a distancia tenían también su propio lenguaje epistolar. Una carta permitía pensar durante horas qué decir, tachar una frase, volver a escribirla y elegir cuidadosamente las palabras antes de cerrar el sobre. Después comenzaba la espera. No había confirmación de lectura ni dos tildes azules: solamente quedaba confiar en que la carta hubiera llegado y esperar una respuesta. Esa demora obligaba a convivir con la incertidumbre de una manera que las tecnologías actuales prácticamente eliminaron.

    El cartero conocía el barrio

    La figura del cartero tenía además una dimensión profundamente territorial. Quien recorría todos los días las mismas calles terminaba conociendo a buena parte de los vecinos, sus horarios y sus casas. Sabía quién recibía cartas del interior, dónde vivía una persona mayor, qué domicilio correspondía a una familia que acababa de mudarse y qué casa estaba vacía porque sus habitantes se habían ido de vacaciones. El cartero formaba parte del paisaje cotidiano del barrio, del mismo modo que el almacenero, el diariero o el encargado de la estación.

    El correo argentino tenía, además, una importancia enorme para la administración de la vida cotidiana. Llegaban documentos, comunicaciones oficiales, facturas, revistas, diarios, tarjetas y todo tipo de correspondencia comercial. Antes de la expansión de las comunicaciones digitales, recibir determinada información podía depender literalmente de que un sobre recorriera correctamente una cadena de oficinas, centros de distribución y carteros hasta llegar a la puerta indicada.

    Y después estaban los telegramas. Su llegada tenía una solemnidad especial porque generalmente estaban asociados con acontecimientos importantes o urgentes. Un nacimiento, una enfermedad grave, una noticia familiar o un fallecimiento podían comunicarse mediante unas pocas palabras que llegaban en un papel mucho más pequeño que una carta. El telegrama tenía algo de acontecimiento en sí mismo: cuando alguien decía que había llegado un telegrama, todos querían saber inmediatamente qué decía.

    Las postales ocupaban otro lugar dentro de aquella cultura. Quien viajaba podía comprar una en Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Mendoza o cualquier destino turístico y enviarla a familiares o amigos. La imagen del lugar visitado aparecía en el frente y detrás se escribían unas pocas líneas. Muchas familias conservaban durante años esas postales en cajones o cajas. No eran solamente recuerdos de un viaje: eran pequeñas pruebas materiales de que alguien había estado allí y había pensado en quienes se habían quedado en casa.

    Del sobre al mensaje instantáneo

    La transformación comenzó lentamente y se aceleró con cada nueva tecnología. El teléfono redujo la necesidad de escribir para ciertas comunicaciones urgentes; luego aparecieron el fax, el correo electrónico, los teléfonos celulares y finalmente las aplicaciones de mensajería. La información dejó de depender de un cartero y pasó a circular prácticamente en tiempo real. La velocidad ganó lo que la espera perdió: hoy podemos saber en segundos si alguien recibió un mensaje, dónde está, qué está haciendo o si leyó lo que acabamos de escribir.

    Pero esa velocidad también modificó la naturaleza de la comunicación. Escribir una carta implicaba detenerse, ordenar las ideas y producir un objeto que iba a viajar físicamente hasta otra persona. Un mensaje actual puede enviarse en pocos segundos y corregirse o reemplazarse inmediatamente. La carta, en cambio, quedaba allí como testimonio de un momento determinado. Décadas después podía volver a abrirse un sobre y recuperar una voz que ya no estaba, reconstruir una relación o recordar cómo pensaba alguien cuando todavía era joven.

    Por eso muchas familias conservaron cartas durante generaciones. Algunas aparecen todavía dentro de cajas antiguas, junto con fotografías, documentos y postales. Son archivos íntimos de la historia argentina, porque permiten observar cómo hablaban las personas comunes, qué preocupaciones tenían, qué palabras utilizaban y qué acontecimientos atravesaban sus vidas. La historia de un país no está solamente en los discursos presidenciales, las leyes o los grandes acontecimientos: también está en esas hojas escritas a mano que alguien guardó porque no quería perderlas.

    El cartero desapareció de la vida cotidiana como figura central, pero no dejó de existir. Continúa llevando correspondencia, documentos y paquetes, aunque su función quedó transformada por una sociedad en la que la comunicación personal viaja mayoritariamente por medios digitales. Aquella espera frente al buzón parece pertenecer a un mundo remoto, aunque apenas hayan pasado unas pocas décadas.

    Quizás por eso una carta antigua produce una sensación tan particular. No necesita una contraseña, una batería ni conexión a internet. Puede estar amarillenta, doblada en cuatro y tener una estampilla que ya no se fabrica. Al abrirla, vuelve a aparecer una persona y vuelve a hablar desde otro tiempo. Hubo una Argentina en la que las noticias viajaban en bicicleta, dentro de una bolsa de cuero y detrás de un sello postal; y quizá por eso, cuando finalmente llegaban, parecían importar un poco más.

     

  • Garrahan: el Gobierno y la dirección del hospital no se presentaron a la paritaria

     

    Como en la última reunión, no hubo propuesta de recomposición salarial para los trabajadores y profesionales del centro pediátrico nacional. ATE y APyT anunciaron movilizaciones para esta tarde y la continuidad del plan de lucha. Por Canal Abierto.


    El Gobierno nacional y el Consejo de Administración del Hospital Garrahan se ausentaron de la audiencia de negociación convocada en la Secretaría de Trabajo para discutir aumentos salariales con los trabajadores. Así, el conflicto en el centro de salud especializado en enfermedades oncológicas en niños, sube de nivel.

    Durante la última audiencia realizada el miércoles 4 de junio, ningún funcionario del Poder Ejecutivo concurrió al encuentro con los delegados gremiales, incumpliendo con la Conciliación Obligatoria vigente.

    Alejandro Lipcovich, delegado General de la Junta Interna de ATE, informé: “Como si esto fuera poco, anunció su retiro la presidenta del Consejo de Administración (Soraya El Kik). El Gobierno insiste en no hacer propuesta alguna de recomposición salarial para destrabar el grave conflicto. Mientras tanto, se agrava la crisis de sus funcionarios, repudiados por el conjunto del hospital. Deberían irse también Menehem, Dalmazzo y Pérez que están llevando al Garrahan al abismo de la mano de Milei y Lugones. ¿Cómo podría sostenerse el principal hospital pediátrico del país con enfermeras ganando salarios inferiores a la línea de pobreza?”.

    Gerardo Oroz, Adjunto, comentó: “Están a la defensiva, porque la rebelión interna se profundiza y porque el apoyo popular es enorme. Por eso, iremos a la Plaza de Mayo a las 16 horas, a defender el salario y la salud pública. Mañana a las 13 realizaremos asamblea para definir continuidad de nuestro plan de lucha”.

    Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, denunció: “Nadie cree el verso de que no hay plata. Plata hay. Con todo lo que le aumentaron a la SIDE en el último año y medio se podría costear fácilmente el incremento en el Garrahan. Queremos un Gobierno que priorice curar y no espiar”.

    El sindicato exige elevar el piso salarial de los trabajadores del hospital infantil a $1.819.121, que es el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) para cubrir los costos de una Canasta Alimentaria Mínima y acceder a otros bienes y servicios básicos. Esta cifra surge del relevamiento hecho por el sindicato utilizando como base los datos oficiales del INDEC.

    La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan también realizará hoy una nueva movilización a Plaza de Mayo en el marco de la denuncia de ajuste y falta de presupuesto por parte del Gobierno.

    Fuente: https://canalabierto.com.ar/2025/06/11/garrahan-el-gobierno-y-la-direccion-del-hospital-no-se-presentaron-a-la-paritaria/