La Justicia habilitó que el gobierno apele el Financiamiento Universitario

La Cámara federal ordenó revisar una cautelar contra el gobierno que obligaba a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo determinó tramitar el recurso del gobierno contra la decisión de Martín Cormick. El juez había otorgado una medida para garantizar la actualización de los salarios y las becas estudiantiles.

Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, integrantes de la Sala III fueron quienes habilitaron la apelación del gobierno, algo que Cormick había rechazado en primera instancia.

También le otorgaron una apelación a Diego Santilli, que había sido multado con 100 mil pesos

La Justicia le impuso a Santilli una multa de 100 mil pesos diarios por el ajuste a las universidades

Sergio Fernández, uno de los jueces de la sala, había viajado junto a Javier Milei y Juan Baustista Mahiques a París. Es hermano del operador judicial Javier Fernández. 

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Dos adolescentes rescataron a cuatro personas en el lago Correntoso

     

    Dos adolescentes de 13 y 12 años evitaron una tragedia en el lago Correntoso durante la tarde del Día de la Madre y se convirtieron en verdaderos héroes locales. Violeta y Francisco, vecinos de Villa La Angostura, fueron los protagonistas de un impresionante rescate que permitió salvar cuatro vidas en medio de una situación desesperante.

    Ambos disfrutaban de la jornada sobre su tabla SUP cuando advirtieron que tres kayakistas estaban en apuros en el centro del lago. Sin dudarlo, se acercaron para ofrecer ayuda, pero al ver que las embarcaciones se tambaleaban decidieron regresar a la orilla para pedir auxilio y buscar chalecos salvavidas.

    “Ellos fueron los primeros en descubrirlos, socorrerlos y, al darse cuenta de que los iban a voltear de su tabla, comenzaron una vuelta desesperada hacia la orilla para dar aviso y llevarles chalecos a los kayakistas”, relató a Diario Andino la vecina Myriam Sucarrat, que presenció el hecho.

    Mientras los chicos pedían ayuda, un adulto, Mariano Giraldi, tomó su kayak y se lanzó al agua para asistir a las víctimas. Con gran esfuerzo logró sujetarlas, pero pronto comenzó a perder fuerzas. “Tuve que remar de espaldas porque no podía dar vuelta mi kayak, ya que arrastraba a las tres personas”, explicó luego, extenuado por el esfuerzo.

    En ese momento, Violeta y Francisco reaparecieron con su tabla y los chalecos. Al notar que Giraldi no podía continuar, improvisaron una maniobra de rescate: ataron una soga y comenzaron a remolcar a todos hacia la orilla.

    “Ellos fueron quienes trajeron a todos remolcando con su tabla hasta la parte donde hacían pie. Sin ellos, no lo habrían logrado”, destacó Sucarrat, emocionada.

    Entre gritos de aliento, los chicos completaron la hazaña. “Mariano los animaba gritándoles: ‘¡No paren de remar, ya llegamos!’ y todos alentaban a la chica para que no se duerma”, recordó la testigo.

    Una vez en la costa, vecinos y turistas corrieron para asistir a las víctimas con ropas secas y toallones. Los adolescentes, agotados y con las muñecas adoloridas por el esfuerzo, seguían colaborando. “Violeta y Fran demostraron una valentía admirable. Son dos chicos que no dudaron ni un segundo en poner su fuerza y su coraje al servicio de los demás”, expresó la vecina.

    En Villa La Angostura, la historia del rescate se multiplicó rápidamente. Los dos adolescentes se convirtieron en símbolo de solidaridad y heroísmo, protagonistas de un Día de la Madre que terminó con final feliz gracias a su enorme corazón.

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  • Dieron el informe final del caso $Libra: qué dice de Javier Milei

     

    (Por Sebastián Hadida, para NA).- La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.

    El documento, de 204 páginas de extensión y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.

    En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

    Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), “las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.

    En ese marco, no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.

    “Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.

    Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.

    También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

    En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».

    “Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en las consideraciones finales.

    “En efecto, del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores en el informe.

    La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, que se creó como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.

    Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país.

    Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada y como contrapartida provocó pérdidas millonarias para miles de usuarios.

    Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

    Con gran expectativa y a sala llena, la comisión ejecutó este martes su «last dance» y leyó el informe final, que incluyó un conjunto de consideraciones y recomendaciones.

    Al abrirse el debate, Marino, quien se quedó hasta las 4 de la mañana puliendo la redacción del informe, señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un «proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)».

    El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Publica.

    En tal sentido, el dirigente opositor y líder del Partido Piquetero aseguró que el «endorsement» a Libra de parte de Milei no fue un «error» involuntario sino «una decisión deliberada para eludir los controles estatales» y apuntalar un negocio privado.

    «El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy», consideró, y puntualizó que no se trata de «un hecho aislado» ya que Milei, junto a Novelli y Terrones Godoy ya habían sido parte de maniobras defraudatorias similares en el pasado reciente.

    «En nuestro rol de órgano de control político sobre el Poder Ejecutivo planteamos con total claridad que corresponde que el pleno del Congreso evalúe si el presidente de la Nación inclurrió en mal desempeño de sus funciones», enfatizó.

    Por su parte, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que existe un «patrón de conducta» o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un «daño muy grave a la credibilidad del país».

    Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”

    Christian Castillo (Frente de Izquierda) refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el mencionado posteo fue hecho en carácter de «ciudadano común».

    «Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común», desmintió el diputado nacional del PTS.

    El dirigente trostkista también retrucó lo afirmado por Milei respecto a que el contrato de Libra era «público».

    «Él intentó dar la idea de que se encontró de casualidad con algo que era interesante para la Argentina y que por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de ese link sin el cual toda la maniobra alrededor de Libra no se hubiera podido hacer», subrayó.

    Para Castillo, «ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona» sino solamente quienes «tuvieran información privilegiada» como el propio Milei, y lo relacionó con las múltiples reuniones previas que el presidente mantuvo con empresarios cripto como Hayden Davis y los intermediarios Novelli y Terrones Godoy.qMQYIA

    «Sin ese contrato no había posibilidad de estafa. No había posibilidad de hacer la maaniobra de rug pull», remató el legislador de izquierda.tal cual. Rodolfo, te agradecemos muchísimo estos minutos y conversar con nosotros sobre estos temas. Nosotros los agradecimos siempre. luego. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Abrazo grande.  Adiós. Bueno, charlamos con Rodolfo Hoyar, secretario general de Ate Nacional.

     

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