Vivir la desigualdad sin renunciar a la esperanza
Ayer, martes 6 de octubre, en el anfiteatro de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París se realizó un acto inédito: la Universidad de Buenos Aires se movió hasta Francia para entregarle el Doctorado Honoris causa a François Dubet, el sociólogo francés referente en el análisis de la vida colectiva y la desigualdad social. El reconocimiento no se pudo hacer en la Facultad de Sociales de la UBA porque Dubet tiene problemas de salud que le impiden viajar. Por eso la propia École, que Dubet dirigió, alojó el evento, y el azar nos permitió participar a muchos investigadores argentinos que estamos en esta capital con estancias de investigación. Recurrimos a Dubet desde siempre, sobre todo cuando queremos evitar la simplificación de los argumentos o la comodidad de las categorías. Su obra ayuda a comprender lo que significa vivir en desigualdad sin renunciar a las esperanzas.
Ese día, muchas instituciones educativas en Francia permanecían cerradas en solidaridad con el movimiento estudiantil secundario. Hasta la École Normale Supérieure de Paris-Saclay, centro de élite que forma a la intelectualidad francesa, dió asueto y convocó a la movilización en el mismo instante en que se honraba la obra de quien ha dedicado su carrera a documentar los mecanismos por los cuales esa educación pública se desmorona.
Afuera, desde que asomaron las primeras luces del otoño parisino cientos de adolescentes de la capital y de los suburbios marchaban a sus liceos secundarios con redoblantes y banderas. Simultáneamente, las fuerzas de seguridad desplegaban una coreografía de contención. Concentradas en las inmediaciones de esas escuelas desde las primeras horas de la mañana, transformaron los accesos en espacios de vigilancia activa y patrullas ambulantes.
¿Qué mensaje reciben estos estudiantes cuando el Estado moviliza todo su aparato para detenerlos a ellos, que no movilizan más que sus cuerpos y sus voces? La represión se vuelve un acto de comunicación política: mientras los jóvenes toman sus escuelas para reclamar educación pública de calidad, el Estado ocupa el mismo espacio para afirmar que la disidencia será controlada.
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Todo empezó el 21 de septiembre, con un bloqueo en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, en el sur de París. En cuestión de días, la protesta se expandió hacia más de mil escuelas de todo el territorio francés.
Este acontecimiento dialoga con la pregunta que nos obsesiona a los analistas sociales latinoamericanos: ¿Cuánto pueden soportar las sociedades modernas antes de que sus contradicciones fundamentales se hagan visibles en la calle?
Desde que comenzó la protesta fueron detenidas casi 7.000 personas, el 90% de ellas menores de edad que exigen que haya maestros en sus escuelas. Pero el síntoma demanda ser auscultado, va más allá de la coyuntura política. Más allá del número de colegios secundarios cerrados o de la cantidad de detenidos (lo cual no deja ser un malestar individual y de sus redes de proximidad cuando le ocurre a cualquier joven), la pregunta es sobre todo lo que esta movilización revela sobre la naturaleza del Estado democrático contemporáneo y sobre las formas en que la desigualdad se reproduce no solo en términos distributivos, sino también en términos de acceso diferenciado a derechos sociales básicos.
A diferencia de los grandes movimientos estudiantiles de 1968, 1986 o 2005, esta generación no batalla contra una reforma educativa específica. No hay un enemigo legislativo identificable. Lo que existe, en cambio, es algo mucho más profundo: un estado de descomposición cotidiano de la educación pública que se manifiesta en edificios vetustos, clases sobrecargadas, profesores ausentes que nunca son reemplazados o los cargos se encuentran vacantes, la angustia permanente de un sistema de selección universitaria que genera incertidumbre existencial en adolescentes que no saben si tendrán acceso a futuro alguno.
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Los adolescentes franceses viven una incertidumbre que es al mismo tiempo económica y existencial. El ajuste fiscal de 68 mil millones de dólares que el gobierno de Sébastien Lecornu intenta implementar no es un número abstracto. Es la materialización de una decisión política de abandonar la educación pública, y esa decisión toma forma en la vida concreta de jóvenes que descubren, día tras día, que la república les ha fallado. A esto se le suma el problema de la devaluación de los títulos académicos, tema que Dubet ha documentado, mientras la escuela pública promete ser el mecanismo de movilidad social por excelencia. Si te esfuerzas, obtienes un título, consigues un buen empleo. Pero cuando esa promesa falla —cuando hay muchos graduados pero los empleos son precarios o inexistentes—, no se quiebra solo la oferta educativa material, evidente en la falta de maestros y edificios en ruinas. Se quiebra la promesa simbólica que le da sentido al esfuerzo.
La crisis educativa francesa no es coyuntural. No es solo presupuestaria. Es un quiebre del pacto social: el Estado prometió educación pública de calidad que abriría futuros. Ahora ofrece establecimientos deteriorados que producen títulos sin valor en el mercado laboral.
–Las burguesías nacionales se diluyeron en fuerzas económicas que nadie sabe bien dónde están –dijo Dubet al recibir el Honoris Causa –Las sociedades nacionales se volvieron sociedades multiculturales, de masas, y las diferencias entre los que ganan y los que pierden con estas transformaciones se profundizan. Muchas promesas de campaña se traicionan mecánicamente. Tuvimos, por ejemplo, la promesa de la democratización del acceso a la educación. Esto no fue así, y desembocó en grandes desilusiones que explican por qué los estudiantes de liceo están en la calle.
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Lo notable de la estructura organizativa de este movimiento estudiantil es su descentralización radical. Los estudiantes secundarios franceses se organizan mediante bucles de Snapchat y videos de TikTok que alcanzan millones de visualizaciones, generando tracts específicos para cada liceo adaptados a sus realidades particulares. No hay líderes tradicionales. Cada establecimiento identifica sus propios problemas —ausencia de maestros, deterioro edilicio, presión del sistema francés de admisión a la educación superior — y eso converge en un movimiento nacional sin necesidad de centralismo. La movilización saltó de Île-de-France a la geografía nacional en cuestión de días, llegando no solo a las grandes ciudades universitarias sino también a pueblos que no tienen tradición de movilización estudiantil. Esto muestra algo crucial: el descontento no es localizado. La crisis educativa es estructural, nacional.
Las imágenes que deja la movilización serán inolvidables: a la marcha de los estudiantes se unieron trabajadores del sector público que están en huelga, bomberos que reclaman recursos, maestros con salarios atrasados. Y revelan algo fundamental: no se trata de conflictos aislados sino de una crisis sistémica que afecta múltiples generaciones y múltiples sectores. El 29 de septiembre, por ejemplo, en una sola jornada 300.000 personas salieron a las calles y se unieron a 170 manifestaciones.
En ese acto de marchar junto a los adultos la juventud descubre que sus reclamos no son caprichos generacionales sino síntomas de una problemática que también afecta a generaciones anteriores. Comparten la misma realidad: un Estado que ha abandonado la educación pública. Eso es a lo que el Estado teme. No les teme a los estudiantes que protestan porque hay goteras en sus aulas. Teme la convergencia de múltiples sectores que descubren que sus problemas son manifestaciones de una crisis de legitimidad más profunda.
Pero el Estado responde a esa convergencia no con política pública sino con represión. Los números de detenciones escalonan: 164 el 28 de septiembre, 440 el 29, 625 el 1 de octubre, 1.949 el 2 de octubre, casi 7000 el 6 de octubre. El Estado reclasificó las protestas de educativas como «violencia urbana» en cuestión de días. Prohibió manifestarse en las cercanías de escuelas cerradas. Cuando una protesta cuestiona no ya una política específica sino la viabilidad misma del sistema, el Estado no responde mediante el diálogo sino con represión. Pero esa represión no fue uniforme.
La represión policial más violenta ocurrió precisamente en los espacios donde viven jóvenes cuyas vidas ya estaban marcadas por la desigualdad estructural. Seine-Saint-Denis, territorio de mayoría trabajadora, de población migrante, donde jóvenes ya marginados por el sistema educativo descubren que la represión que reciben es todavía más severa. Los mismos jóvenes que viven en edificios deteriorados sin maestros reciben una represión de carácter excepcional cuando protestan. Eso no es «exceso» policial. Es lógica sistémica.
La represión dejó mandíbulas rotas, cegueras temporarias provocadas por granadas lacrimógenas, un chico de 15 perdió la mano por el impacto de una granada. La movilización le deja a la sociedad francesa su “Pablo Grillo”, adolescentes que terminaron en quirófanos por ejercer el derecho a la protesta social. En Argentina y Francia, la represión deja cuerpos marcados: amputados, ciegos, desfigurados. La policía de Bullrich, como la francesa hoy, castiga con mutilación permanente a quienes reclaman.
¿Cuántas dimensiones simultáneas de desigualdad convergen en el cuerpo de un adolescente de 16 años detenido durante una protesta? Hay desigualdad educativa: su escuela carece de maestros. Hay desigualdad en el acceso a la justicia: es juzgado mediante un procedimiento acelerado. Hay desigualdad territorial: la represión en su barrio fue más severa. Aunque votaría izquierda en cualquier encuesta, recibe represión de carácter conservador.
Hay otro dato revelador: el discurso del gobierno francés hacia los padres de los adolescentes que se movilizan. El Estado criminaliza a la familia obrera que no puede costear reparaciones por edificios públicos que el Estado mismo dejó deteriorarse. Es una transferencia brutal de responsabilidad. El Estado no invierte en mantenimiento educativo. Los estudiantes protestan. El Estado reprime. Y luego les cobra a los padres pobres por las consecuencias de su propia negligencia.
¿Y qué sucede en la conciencia política de un joven cuando descubre, a través de su cuerpo —literalmente a través del gas lacrimógeno, de la detención, del juicio expedito— que la república no le pertenece? ¿Cuándo aprende que exigir educación con maestros y sin goteras es considerado un acto de violencia? Esa lección política, grabada en la experiencia sensorial, deja marcas que ningún análisis posterior puede borrar completamente.
Para muchos de esos jóvenes, no es la primera experiencia de represión estatal pero sí la primera vez que el monopolio de la violencia del Estado se ejerce de manera directa sobre sus cuerpos, y porque se atrevieron a protestar.
La Francia de 2026 no es tan distinta a los territorios latinoamericanos que tanto estudiamos. Las estructuras de desigualdad pueden expresarse de maneras distintas, con recursos materiales diferentes, pero la lógica es la misma: cuando la población marginalizada reclama derechos básicos, el Estado responde con represión. Y esa represión produce, a su vez, radicalización o desencanto, pero nunca neutralidad.
Los adolescentes que bloquean liceos hoy, serán ciudadanos con historias de represión estatal mañana. ¿Cuánto de eso pesará en sus decisiones políticas futuras? Esta es la pregunta que debería obsesionar a cualquier análisis de la crisis actual de la república francesa.
Las fotografías de interior de esta nota fueron tomadas por Soledad Fernández Bouza, Rosy Sevilla y Eduardo Chávez Molina.
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