Toto eligió una palabra peligrosa para pedirles paciencia a los argentinos. «Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos lo más rápido posible», dijo el ministro de Economía. La frase tendría poco de extraordinario si «deslomado» no fuera una palabra con historia reciente dentro del gobierno de Javier Milei. Es, precisamente, la expresión que quedó pegada a Manuel Adorni durante el escándalo que precedió su salida de la Jefatura de Gabinete.
El problema para Caputo es que la apelación al sacrificio oficial llegó acompañada por una admisión bastante menos confortable. El ministro reconoció que incluso dentro de dos años habrá argentinos que no llegarán a fin de mes. «Siempre va a haber alguien que esté mal», sostuvo al defender el programa económico y reclamar paciencia para que sus resultados alcancen al conjunto de la sociedad.
El pedido de paciencia de Caputo coincidió además con la presentación de su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025. El ministro informó bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones al cierre del año, contra $11.851 millones al comienzo, un incremento nominal de casi $7.700 millones.
El dato más llamativo está en la composición: declaró alrededor de $12.422 millones en depósitos en el exterior, mientras que sus ahorros en el país rondaron los $600 millones. Es decir, cerca del 95% de sus ahorros declarados estaban fuera de la Argentina y aproximadamente el 68% de su patrimonio estaba radicado en el exterior.
En el Gobierno la elección de la palabra no pasó inadvertida. «Parece el gobierno de los deslomados. Cada vez que alguno dice que se desloma, conviene agarrarse la billetera», ironizó ante LPO una fuente que conoce la interna libertaria.
La picardía tiene un antecedente demasiado fresco como para necesitar demasiadas explicaciones. Adorni había inaugurado involuntariamente esa categoría en marzo. Cuando tuvo que explicar por qué su esposa lo acompañó en un viaje oficial a Nueva York, dijo que quería tenerla cerca porque iba a pasar una semana allí «deslomándose».
La explicación, que pretendía transmitir sacrificio, produjo exactamente el efecto contrario. La palabra quedó asociada a los cuestionamientos sobre sus viajes y su patrimonio y se transformó en una etiqueta que lo persiguió hasta su salida del Gobierno.
La oposición incluso llevó el «deslomado» al Congreso cuando Adorni presentó su informe de gestión en abril. Hubo carteles, pochoclos y chicanas. Natalia Zaracho le dijo que ese día sí tenía «cara de deslomado» después de seis horas en el recinto. Para entonces, la palabra ya había dejado de pertenecerle al exvocero y se había convertido en una contraseña política para hablar del contraste entre la prédica de austeridad libertaria y las explicaciones que daban sus funcionarios sobre sus propios privilegios.
Caputo decidió ahora rescatarla del archivo en un momento particularmente sensible. Mientras pidió tiempo para que los beneficios del programa económico lleguen «a todos», también defendió que la economía avance a «dos velocidades».
Explicó que el Gobierno hizo una reasignación de recursos hacia los sectores generadores de dólares que, según su visión, habían sido castigados durante años. Para explicarlo apeló al fútbol: dijo que era como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández sentados en el banco. El ministro sostuvo que esa diferencia entre sectores no debería leerse negativamente y afirmó que el crecimiento estará impulsado por las exportaciones.
El discurso del ministro de Economía encajó perfectamente con el clima de Vientos de Cambio, la cumbre organizada por la Fundación Libertad y Progreso junto con Reason Foundation y Archbridge Institute en el Sheraton de Retiro
La organización presentó el encuentro como un «punto de inflexión para América Latina» y convocó a más de 40 expositores para discutir reformas económicas, libertad de mercado, y reducción del Estado. El cierre quedó a cargo de Javier Milei, que volvió a defender el ajuste fiscal y descartó flexibilizar la política monetaria y fiscal.
Casi cuatro millones de personas quedaron fuera del subsidio para comprar garrafas tras el reemplazo del Programa Hogar por el nuevo esquema de subsidios focalizados del Gobierno.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno de Javier Milei decidió reemplazar el Programa Hogar por un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados y, en el proceso, dejó a casi cuatro millones de personas sin poder acceder al beneficio para comprar garrafas, según el reclamo formulado por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO). El problema no es solamente administrativo: detrás del reempadronamiento obligatorio y de la exigencia de completar nuevamente los datos aparece una transformación profunda de la política energética, en la que un derecho que alcanzaba a millones de hogares pasó a depender de un registro digital, de la evaluación individual de cada familia y de mecanismos de pago que no todos los usuarios están en condiciones de utilizar.
La situación adquiere una dimensión particularmente grave porque la garrafa no es un consumo suntuario ni una alternativa elegida por comodidad, sino la única fuente de energía disponible para millones de hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. De acuerdo con datos difundidos por DEUCO, existen alrededor de 4,8 millones de hogares sin acceso al gas por redes, mientras que el antiguo Programa Hogar tenía aproximadamente 3,9 millones de inscriptos que recibían una asistencia para afrontar la compra de garrafas. La sustitución del programa por un sistema de inscripción y evaluación focalizada convirtió, así, un universo de beneficiarios previamente identificado en una población que debe volver a demostrar que merece recibir una ayuda estatal.
Del Programa Hogar al laberinto del reempadronamiento
El cambio fue formalizado dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado después de la eliminación del Programa Hogar. La normativa establece que los usuarios de garrafas deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y ser admitidos para recibir el reintegro correspondiente. El mecanismo contempla una bonificación de $9.593 por garrafa de 10 kilos, con un máximo de dos unidades mensuales durante el período invernal y una durante los meses restantes.
Sobre el papel, el Gobierno presenta el nuevo sistema como una herramienta de mayor eficiencia y focalización. En la práctica, el cambio supone que miles de familias que ya estaban identificadas dentro del Programa Hogar deben atravesar nuevamente un proceso administrativo para acceder a una ayuda que, además, ya no funciona como el esquema anterior. El propio presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, reclamó que el trámite pueda realizarse presencialmente, justamente porque la digitalización obligatoria puede transformarse en una barrera adicional para quienes tienen dificultades de conectividad, acceso tecnológico o manejo de plataformas digitales.
La propia reglamentación muestra hasta qué punto se sofisticó el mecanismo burocrático. Para determinar quién recibe el beneficio, la Secretaría de Energía cruza información con ANSES sobre los ingresos de los integrantes del hogar, mientras que la inscripción y actualización de datos se realiza mediante el ReSEF. Una vez admitido, el usuario debe efectuar la compra utilizando mecanismos de pago vinculados a billeteras digitales interoperables, entre ellas BNA+ y MODO, para recibir posteriormente el reintegro.
El problema aparece cuando se observa la distancia entre la lógica administrativa del sistema y la realidad cotidiana de las familias que necesitan una garrafa para cocinar o calefaccionarse. Una política social puede ser perfectamente focalizada en sus objetivos y, al mismo tiempo, fracasar en su implementación si convierte el acceso en una carrera de obstáculos. La vulnerabilidad económica no siempre viene acompañada de conectividad permanente, dispositivos adecuados, cuentas bancarias, billeteras virtuales o capacidad para completar trámites digitales, y precisamente por eso los sistemas de protección social históricamente combinaron mecanismos automáticos con canales presenciales.
Una ayuda que además perdió poder de compra
Hay otro aspecto que no debería quedar oculto detrás de la discusión administrativa: el monto del subsidio también merece ser observado frente al precio real de la garrafa. El Gobierno fijó el reintegro en $9.593 para cada unidad de 10 kilos y estableció que ese valor podrá actualizarse tomando como referencia determinados costos vinculados al butano.
Sin embargo, estimaciones difundidas por organizaciones vinculadas al sector ubican actualmente el precio de una garrafa de 10 kilos en torno de los $30.000 en algunos puntos del Gran Buenos Aires, lo que significa que el reintegro puede representar apenas una fracción del costo que debe afrontar una familia. Incluso antes de la actual discusión, el esquema había sido cuestionado porque el nuevo subsidio no acompañaba necesariamente la evolución del precio final que pagan los consumidores.
La comparación histórica permite dimensionar todavía mejor el cambio. El Programa Hogar había sido diseñado para subsidiar de manera directa la compra de garrafas en hogares de menores ingresos que no contaban con gas de red. El nuevo esquema abandona esa estructura y la reemplaza por una modalidad en la que el Estado primero identifica, registra, evalúa y finalmente reintegra, siempre que el usuario cumpla con todas las condiciones establecidas. El discurso de la eficiencia puede esconder, en este caso, algo mucho más concreto: una reducción del universo efectivo de personas que logran llegar hasta el beneficio.
Cuando el ajuste llega a la cocina
La discusión sobre las garrafas permite observar una de las dimensiones menos visibles del programa económico de Milei: el ajuste no solamente aparece en grandes partidas presupuestarias, organismos estatales o programas nacionales, sino también en decisiones que determinan cuánto le cuesta a una familia cocinar, calefaccionarse o sostener las condiciones mínimas de una vivienda.
Para quienes tienen gas natural por red, la discusión sobre una garrafa puede parecer lejana. Para millones de argentinos que viven sin infraestructura de gas, en cambio, se trata de un gasto cotidiano e inevitable. Por eso la eliminación del Programa Hogar y la posterior creación de un sistema de subsidios focalizados no puede analizarse solamente como una modificación técnica de los mecanismos de asistencia: implica redefinir qué responsabilidad asume el Estado frente a quienes quedaron fuera de la infraestructura energética básica.
El dato de los casi cuatro millones de personas que hoy no consiguen acceder al subsidio expone precisamente esa contradicción. El Gobierno puede afirmar que el beneficio continúa existiendo, y formalmente es cierto: existe un reintegro de $9.593 por garrafa para quienes logren ingresar al nuevo esquema. Pero una política pública no se mide únicamente por su existencia normativa, sino también por su capacidad efectiva para llegar a quienes la necesitan. Cuando millones de personas que antes estaban dentro de un programa deben atravesar un nuevo proceso de inscripción y una parte importante queda afuera, el problema deja de ser burocrático y pasa a ser político.
Porque detrás de cada formulario incompleto, cada usuario que no consigue registrarse y cada familia que debe pagar una garrafa a precio completo hay una escena mucho más sencilla y brutal: una persona intentando encender la cocina de su casa. Allí es donde las palabras “eficiencia”, “focalización” y “reordenamiento” encuentran su verdadera medida. Si el resultado del ajuste es que millones de hogares vulnerables tienen más dificultades para acceder a una fuente básica de energía, entonces el debate ya no es sobre la modernización de un subsidio, sino sobre qué modelo de Estado está dispuesto a garantizar las condiciones materiales de una vida digna.
Superado el traspié inicial, hasta el 30 de marzo continúa en la provincia de Córdoba el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) realizado por la Real Academia Española (RAE). Tiempo atrás el idioma, la lengua, eran una especie de espacio sagrado donde se acataba directamente una normativa proveniente de la Europa colonizadora, algunos de…
El postergado debate interno del peronismo sobre que hacer con la economía, en caso de volver al poder, tuvo este martes un muy interesante debate en la histórica sede del PJ en el barrio de Once.
Participaron del inusual encuentro la kirchnerista Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner: la economista albertista Mercedes D’Alessandro; el economista peronista ortodoxo Santiago Fraschina y el diputado nacional y uno de los líderes del peronismo de centro, Guillermo Michel.
Enseguida, quedaron en evidencia las contradicciones. Teresa García pidió «radicalizar» la propuesta económica frente a los poderes concentrados, Mercedes D’Alessandro cuestionó el RIGI como parte de una nueva etapa de «neocolonialismo extractivista» y Guillermo Michel advirtió sobre las restricciones jurídicas, fiscales y financieras que enfrentará quien intente modificarlo. Jorge Capitanich cerró con sus típicos discursos enrevesados de buenas intenciones, pero llamó a recuperar la regulación peronista sobre las inversiones extranjeras.
La discusión se dio durante el cierre del curso sobre «Modelo Económico Justicialista» que trabajosamente viene desplegando Fraschina, que abrió la discusión con una advertencia sobre la necesidad de llegar a las próximas elecciones con un plan para gobernar.
«Prefiero un debate de cuál es la propuesta que el peronismo tiene que llevar a la sociedad argentina el año que viene», dijo Fraschina. Y explicó que tiene «dos intenciones: una, para generar expectativa en la elección, que ese es el programa que se está debatiendo y discutiendo, y la otra es porque si llegamos tenemos que gobernar y tenemos que tener perspectiva de una salida justicialista y desarrollista».
Fraschina advirtió que la discusión estará atravesada por los intereses económicos. «Los grupos económicos locales, los fondos de inversión quieren un peronismo disciplinado, un peronismo disciplinado desarrollista, que sea la alternativa al orden financiero para no discutir la matriz distributiva», afirmó. «Si el peronismo no discute la matriz distributiva no la discutirá nadie en la Argentina, porque el peronismo nació discutiendo la matriz distributiva desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social», sostuvo.
Incluso puso un límite al desarrollismo como objetivo autónomo: «Ni siquiera la industrialización es un fin en sí mismo para el peronismo, es un medio. Porque si la industrialización no va asociada a la justicia social, entonces no es peronismo desarrollista».
Los grupos económicos locales, los fondos de inversión quieren un peronismo disciplinado, un peronismo disciplinado desarrollista, que sea la alternativa al orden financiero para no discutir la matriz distributiva.
Teresa García recogió ese planteo y llevó la discusión un paso más adelante. «Nos vamos a equivocar si aparecemos lavados frente a los poderes concentrados, que nos están mirando, obviamente, y que intentan ponerle la mano en el hombro a cualquiera que ande con ganas de ser sumiso ante los planteos de los sectores de poder», dijo la vicepresidenta del PJ.
García rechazó que esa posición implique volver a una discusión del pasado. «No es un discurso antiguo este, no es una mirada antigua sobre la situación política, todo lo contrario», afirmó.
La diputada kirchnerista Teresa García.
Teresa García fue todavía más explícita cuando discutió qué perfil debería presentar el peronismo. «No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día, después del gobierno de Macri por un lado y luego del gobierno de Milei por otro», sostuvo. «Yo creo que el peronismo tiene que radicalizar su postura», afirmó García. Y remató: «Nosotros somos la antítesis de todo lo que vino sucediendo en el gobierno de Macri y de Milei».
Mercedes D’Alessandro tomó otro camino para llegar a una conclusión igualmente crítica. La economista sostuvo que el peronismo tiene que actualizar su discusión distributiva porque cambió el capitalismo. «Estamos entrando a un nuevo momento político, social, económico, no solo en Argentina, sino a nivel mundial», dijo. «La inteligencia artificial no es una cosa abstracta, es una transformación del capitalismo», sostuvo D’Alessandro.
D’Alessandro vinculó ese salto tecnológico con la brutal concentración de riqueza posterior a la pandemia. Los grandes empresarios tecnológicos, explicó, no solamente acumularon fortunas sino poder político. «Son personas que tienen ganas de hacer política, tienen influencia sobre los mercados, tienen un montón de poder», dijo. «Ellos son dueños de muchas de las plataformas que usamos todos los días: de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Ellos son dueños de las plataformas que usamos para comunicarnos, para vender, para comprar», afirmó. «Son dueños también de todo el desarrollo de inteligencia artificial y son dueños también de los data centers».
No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día, después del gobierno de Macri por un lado y luego del gobierno de Milei por otro. Yo creo que el peronismo tiene que radicalizar su postura. Nosotros somos la antítesis de todo lo que vino sucediendo en el gobierno de Macri y de Milei.
Para D’Alessandro, ese control incluye además los datos con los que las plataformas pueden orientar consumos y comportamientos. «Cuando digo vendernos cosas digo desde el heladito y la pizza hasta un candidato político», afirmó.
La transformación también llegó al mercado laboral. D’Alessandro habló de alrededor de un millón de personas incorporadas a las plataformas y comparó ese universo con las cerca de 1,2 millones de trabajadoras de casas particulares. Describió una relación laboral en la que ya ni siquiera hace falta un jefe de carne y hueso: la plataforma asigna viajes, fija condiciones y administra premios y castigos.
«Hoy nosotros estamos frente a una nueva etapa de neoextractivismo, neocolonialismo extractivista». La economista planteó que la explosión de la inteligencia artificial y los data centers disparará una demanda gigantesca de energía. Es ahí donde ubicó el lugar que pueden ocupar Vaca Muerta, el petróleo, el gas y el litio argentino en la nueva economía global. «El litio, pero todo se lo damos sin encadenamiento local, sin que nos dejen ninguna regalía, sin retenciones», cuestionó.
«Esa es la inserción extractivista y colonialista en la que nosotros somos otra vez proveedores de materias primas, como antes. Somos los proveedores de energía barata para que ellos hagan la transición tecnológica y después nos vendan Meta, la nube donde guardamos nuestras fotos, Instagram», sostuvo D’Alessandro.
Y planteó: «Ahí tenemos un gran desafío: cómo vamos a hacer para capturar esa agenda también y ver qué vamos a plantear a esto, porque no vamos a detener el paso tecnológico».
El diputado Guillermo Michel.
El planteo de Guillermo Michel chocó con esa perspectiva cuando la discusión bajó a qué puede hacer efectivamente un próximo gobierno con el RIGI. Michel cuestionó el régimen de Milei, pero advirtió que los proyectos ya incorporados cuentan con garantías, estabilidad y mecanismos internacionales de resolución de controversias que limitan el margen para simplemente desarmarlo.
Michel marcó además una diferencia política con el pedido de radicalización de García. «A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado», dijo.
El ex titular de Aduana puso en cambio como prioridad la restricción presupuestaria. Planteó que un gobierno peronista deberá ejercer «un control estricto de lo que eran los ingresos y los gastos, sobre todo los ingresos del Estado, para tener las cuentas públicas saneadas».
Después entró en el sistema impositivo. «Por favor, no repitamos la estupidez que me repiten los consultores de los 184 impuestos como un verso», reclamó Michel. «Con cinco impuestos se obtiene la mayor parte de la recaudación», explicó, y enumeró IVA, seguridad social, Ganancias, derechos vinculados al comercio exterior y créditos y débitos bancarios. Michel también defendió mecanismos para hacer más progresivo el sistema.
A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado.
Recordó la devolución del IVA mediante tarjeta de débito y sostuvo que esa política «le quitaba la famosa regresividad al IVA, que es que pague el mismo impuesto siempre».
También fijó posición sobre Ganancias. «Para mí el ingreso de los trabajadores, no los altos ingresos, el trabajador, el que tiene Ganancias en una remuneración, eso no tiene que pagar impuesto a las Ganancias», afirmó.
El contrapunto con D’Alessandro se hizo más evidente al hablar de inversión. Michel defendió expresamente los regímenes de promoción. Recordó instrumentos utilizados durante gobiernos peronistas como la amortización acelerada de Ganancias y la devolución de IVA.
Michel coincidió con D’Alessandro en cuestionar que una minera pueda recibir beneficios y después importar todos sus equipos. Criticó «eliminar totalmente los derechos de importación y que la minera esté importando personalmente de China, porque eso no genera empleo en Argentina». Según Michel, los esquemas de promoción anteriores tenían «un punto de racionalidad» que el RIGI perdió. «Los esquemas anteriores buscaban activar el valor agregado en la cadena de proveedores locales», señaló.
También cuestionó el costo fiscal del régimen. Michel estimó que puede alcanzar un punto del PBI y tradujo ese número en unos 7.000 millones de dólares. «¿Qué son 7.000 millones de dólares?», preguntó, antes de compararlo con los recursos necesarios para mejorar los ingresos de los jubilados.
Pero ahí se separó del planteo más confrontativo que atravesó las intervenciones anteriores. Michel sostuvo que los beneficios otorgados a los proyectos RIGI no desaparecerán simplemente porque cambie el gobierno. Los contratos prevén distintos mecanismos de resolución de controversias y habilitan instancias internacionales.
El senador Jorge Capitanich.
Michel agregó una dificultad todavía mayor. «El principal régimen es YPF. Usted sabe que la accionista mayoritaria de YPF es el propio Estado», señaló. Es decir, el próximo gobierno podría terminar discutiendo un esquema del que participa una compañía controlada por el propio Estado argentino.
Así, frente a la idea de atacar el modelo asociado al RIGI, Michel puso sobre la mesa los límites jurídicos y fiscales de esa decisión. «La política se hace en la realidad», dijo.
El planteo no fue conservar el régimen tal como está, sino asumir que un próximo gobierno deberá convivir con parte de los derechos ya concedidos mientras modifica hacia adelante la política de incentivos.
La otra prioridad de Michel fue todavía más concreta: el Fondo Monetario Internacional. El ex funcionario sostuvo que el FMI sobreendeudó a la Argentina y calculó que el exceso del financiamiento respecto de parámetros razonables ronda los 32.000 millones de dólares. «Por cualquier criterio técnico razonable no debería haberse otorgado semejante volumen de recursos», sostuvo.
Según Michel, el endeudamiento argentino con el organismo supera largamente los parámetros vinculados a la cuota del país y a su capacidad futura de repago.
Michel hizo incluso una diferenciación que generó sorpresa en el auditorio. «Los bonistas actuaron de manera mucho más responsable que el Fondo Monetario Internacional», afirmó.
Su propuesta tampoco fue dejar de pagar. «Nos toca pagarlo, porque hay una continuidad del Estado, hay una continuidad de los gobiernos», dijo sobre las obligaciones asumidas por Argentina.
Lo que propuso fue «presentarse y discutir» con el Fondo Monetario, los bonistas privados y el Club de París una estructura de vencimientos vinculada «a la disponibilidad de generar dólares».
Jorge Capitanich quedó a cargo del cierre y eligió un registro mucho más doctrinario. Llegó con documentos, recordó su libro sobre economía peronista y arrancó con una arenga ante un auditorio compuesto fundamentalmente por militantes.
«A nosotros los peronistas no nos van a poder ganar nunca, porque somos muchos y somos muy persistentes. Y aparte somos los mejores y en esto no hay que tener falsa modestia», dijo el ex gobernador del Chaco.
Capitanich llevó una copia de una de las primeras leyes de inversión extranjera de Perón, para discutir el argumento de que poner condiciones al capital implica rechazar inversiones.
«Nosotros también tuvimos leyes que propiciaron la atracción de inversiones extranjeras directas», recordó. Pero destacó que aquellas normas planteaban «una regulación muy clara respecto al tema de remisión de utilidades, regalías, dividendos y liquidación de importación». Capitanich contrapuso ese modelo al RIGI y calificó a la administración libertaria como el gobierno «más gorila, más vendepatria de la historia argentina».
La escena final dejó así expuesta las dificultades del peronismo para sintetizar una propuesta económico y lo demorado que viene ese debate interno. Ante una platea militante todos podían coincidir en la crítica a Milei. La síntesis se volvió bastante más difícil cuando apareció la pregunta sobre qué hacer al día siguiente de volver al poder.
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